Esto es lo que debe saber sobre el proyecto del Gobierno nacional para dialogar con capos

Por: Redacción Pares

El arquitecto de este proyecto, que consta de 51 artículos, es Armando Montenegro, el actual ministro de Justicia. El exfiscal se reunió con el Consejo de Política Criminal durante cinco horas, el pasado viernes 18 de julio, y redactó una herramienta que le permitiría al gobierno sentarse con los capos de las bandas criminales del país y convencerlos de que dejen las armas. Con esto, se encontraría el esguince necesario para que narcos puras sangre y sus bandas puedan encontrar un espacio dentro de la Ley de Justicia y Paz.

Hace 20 años, durante el gobierno de Uribe, se pudieron desmovilizar, al menos en el papel, 32.000 miembros de grupos paramilitares. La Ley de Justicia y Paz lo permitió, a pesar de todas las críticas que tuvo desde la sociedad civil. Ahora este gobierno piensa reencaucharla. Lo que se les ofrecerá a los capos de las bandas criminales son penas entre cinco y ocho años cuando, con la justicia ordinaria, tendrían que pagar hasta 40 años de cárcel. Estas penas no se cumplirían en cárceles comunes, sino en zonas de ubicación, granjas penales o centros de armonización.

Esta ley le va a permitir a rebeldes de procesos de paz anteriores, como Iván Márquez, poder repensar la paz, regresar a las mesas de negociación y dejar de lado la guerra.

El proyecto, por supuesto, ha traído críticas de personalidades como la senadora Paloma Valencia y la defensora del pueblo Iris Marín Ortiz, ya que hay aspectos polémicos como la posibilidad de que los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley conserven el 12% de su fortuna. Eso sí, deben cumplir ciertos requisitos, sobre todo dos que son irreductibles:

El acceso a este tratamiento penal no será automático, de acuerdo con el borrador. Las condiciones exigidas son múltiples y rigurosas: el grupo armado deberá haberse desmovilizado completamente; deberá entregar todos los bienes producto de su actividad ilegal; poner a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a los menores que integraban sus filas; cesar toda interferencia al libre ejercicio de derechos políticos y libertades públicas; renunciar expresamente a las economías ilícitas y comprometerse a procesos de transformación hacia economías legales. Además, deberá demostrar que no mantiene personas secuestradas ni retenidas.

Desde el punto de vista individual, cada miembro que aspire a acogerse al mecanismo deberá firmar un acta de aceptación de las condiciones establecidas por la ley y contribuir efectivamente al esclarecimiento de la verdad, mediante instrumentos judiciales y extrajudiciales. También se exigirá la participación en mecanismos no judiciales de memoria histórica, búsqueda de personas desaparecidas, reconocimiento de responsabilidad y reparación temprana a las víctimas. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podrá derivar en la revocatoria del beneficio y la reactivación del proceso penal ordinario

Por supuesto que va a ser difícil este proyecto que se entregó este 20 de julio, pues tendrá un camino empedrado para pasar. Montenegro, su arquitecto, lo defiende, afirmando que es una mezcla de justicia tradicional y sometimiento a la justicia. Sobre el proyecto en sí, ha comentado a El Tiempo:

“este proyecto es una tercera vía entre las experiencias de Justicia y Paz y de la jurisdicción especial producto de los Acuerdos de La Habana. Es una mezcla de justicia retributiva y de justicia restaurativa. Colombia debe tener la seguridad que aquí no estamos construyendo una alambrada de impunidad. Siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad"

A un año del final del mandato de Petro y con el congreso instalado, el hecho de que pase o no esta ley será determinante para conocer el futuro de la paz total.