Por: Redacción Pares La Federación Nacional de Departamentos -FND- entidad que ha servido como fuente de poder y trampolín para personas como Felipe Córdoba, actual Contralor General, ahora parece servir a los intereses del actual director, Carlos Camargo Asís, quien se perfila como próximo Registrador Nacional. Camargo es exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, elegido por el Partido Conservador y el Centro Democrático, y responsable de archivar la investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga por la presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña. También es yerno de la exsenadora Nora García Burgos y primo de David Barguil, senador conservador contra quien actualmente cursa un proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado por sus inasistencias a las plenarias del Congreso. Desde que llegó a la entidad en septiembre de 2018 impulsado por el presidente Iván Duque, Camargo ha entregado contratos de la Federación Nacional de Departamentos a diestra y siniestra privilegiando a exmagistrados del Consejo de Estado, familiares de los actuales magistrados y renombrados políticos que podrían favorecer sus propios intereses. Entre los contratos se encuentran algunos ejecutados en periodos de tiempo y fechas insustentables, otros con el mismo objeto contractual y algunos que se caracterizan por implementar la técnica de la puerta giratoria. Se evidencia, por ejemplo, el favorecimiento a oficinas de exprocuradores que están asesorando a gobernadores en procesos disciplinarios, así como a exmagistrados del Consejo Nacional Electoral -CNE- que se encuentran asesorando a gobernadores inmersos en procesos por delitos electorales ante dicha entidad. Pares encontró un total de 10 contratos con exmagistrados o familiares de los actuales magistrados del Consejo de Estado tales como: Rocío Araújo, Enrique Gil, entre otros, y con políticos y abogados aliados de quienes impulsaron la elección de Camargo en la Federación; entre estos se encuentra la exsenadora Olga Suarez Mira, Eduardo Montealegre y la hija del exprocurador Alejandro Ordóñez. Triangulación para asegurar la Registraduría Triangulación es el nombre más exacto. Camargo le da contratos a personas cercanas a magistrados y exmagistrados, y a cambio, estos beneficiarían procesos de congresistas conservadores y Camargo así aseguraría el apoyo de unos y de otros para su elección como Registrador. Entre los contratos suscritos por la FND resaltan los entregados a Liliana del Rosario Araújo y Ciro José Muñoz, hermana y primo hermano de Rocío Araújo Oñate, magistrada de la sección quinta del Consejo de Estado. La sección encargada de los temas electorales. A su vez, Muñoz fue magistrado del Consejo Nacional Electoral y su contrato de 26 días con la FND apunta a asesorar a los gobernadores en los procesos que se surten contra ellos por delitos electorales en la entidad que justamente presidió. Cabe preguntarse si dicho contrato podría ejecutarse en tan corto lapso de duración, a qué procesos brindó su “consultoría” y si deberíamos los colombianos pagar esto con nuestros impuestos. Otro magistrado de la sección presuntamente favorecido por Camargo es Alberto Yepes, quien dejó su cargo hace poco más de un mes, y cuya esposa, Sonia María Castro, fue contratada para asesorar a los departamentos sobre la normatividad que rige los de juegos de azar. Entre los contratistas también se encuentran los exmagistrados del Consejo de Estado Enrique Gil Botero, quien prestó sus servicios directamente a la oficina del director; Martha Teresa Briceño, cuyo contrato se centra en actividades que no son particulares a su experiencia, específicamente en el cálculo de giros menores a los departamentos por parte del Sistema General de Participación y la cuantificación de los daños causados por estos; y Alier Eduardo Hernández Enríquez, quien además es amigo personal de Ramiro Pazos, actual magistrado de la sección tercera y vicepresidente de esta Corte. Por otro lado, se evidenciaron contratos con el exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado, Juan Camilo Morales Trujillo; con el conjuez de la sección segunda de esta misma Corte y también abogado del congresista Ape Cuello y la exgobernadora Oneida Pinto, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, cuyo contrato presenta el mismo objeto contractual que el de la exoficial de la sección tercera del Consejo de Estado y exsecretaria del Tribunal Nacional de Garantías del Partido Liberal, Malka Irina Guerrero Castillo. Un contrato igual de vago en su objeto que los dos anteriores, es el del conjuez del Consejo de Estado, Mauricio Fernández Rodríguez, quien además se desempeñó como abogado defensor de los senadores del Centro Democrático y el Partido de la U, Ernesto Macías y Eduardo Pulgar en los procesos por pérdida de investidura que enfrentaron ante este tribunal. Contratos con aliados y cercanos al Consejo de Estado Un caso ejemplar, a pesar del bajo monto del contrato, es el de la excongresista conservadora de Bello, Olga Suarez Mira, aliada del uribismo en Antioquia, cuyo contrato con la Federación de Departamentos se ejecutó en plena época navideña, entre el 17 y 31 de diciembre de 2018, con el objeto de asesorar a la subdirección Gobierno y Regiones y a los departamentos en el seguimiento y cumplimiento de sus planes de desarrollo, así como en la promoción de la incorporación de iniciativas departamentales en proyectos de ley y en el seguimiento legislativo, época durante la cual el Congreso de la República no sesiona. Otro caso es el de la firma de abogados que preside la hija del exprocurador y ahora embajador de Colombia ante Naciones Unidas, Alejandro Ordóñez, María Alejandra Ordóñez, cuyo contrato con la FND busca el acompañamiento jurídico a los gobernadores en materia disciplinaria. Ordóñez es muy cercano al hoy Consejero de Estado, Rafael Suárez, quien fue su procurador judicial, así como de Nicolás Yepes, magistrado de la sección quinta , quien fungió como su procurador delegado y está a cargo del proceso que cursa actualmente contra David Barguil en el Consejo de Estado.

Por: León Valencia Muy certero el llamado de María Claudia Tarazona, esposa del asesinado precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay ¡Qué se haga justicia! Dijo, al llegar al Capitolio Nacional, este lunes, donde el cadáver de Uribe Turbay reposaría en Cámara Ardiente durante dos días.   Está muy bien que en este momento dramático se intensifiquen los llamados a la serenidad, a tranquilizar los ánimos, a evitar los mensajes de odio, a buscar un pacto de no agresión entre los partidos y los líderes políticos que compiten en esta campaña por el congreso y por la presidencia. Si esto, que no creo, permite aliviar un poco la polarización, le viene muy bien a la tormentosa campaña de 2026.   Pero descubrir a los determinadores de este asesinato sería el punto de inflexión de esta larga historia de atentados contra figuras claves de la política nacional. Estoy seguro de que, si la Fiscalía logra desentrañar las motivaciones de este crimen y descubre, sin margen de duda, quienes lo ordenaron, el panorama de la violencia política cambiaría de manera radical.   El atentado a Uribe Turbay es un coletazo de las viejas violencias. Si desnudamos quien o quienes están detrás, prevenimos otros golpes y damos otro paso adelante en la superación de la violencia política. De eso no quepa la menor duda. Si la justicia se equivoca en esta oportunidad seguirán estos coletazos que traen del pasado los fantasmas de una violencia que inundó de sangre la competencia política.   Un atentado de este tipo siempre tiene atrás una grave y poderosa motivación. Ninguna persona o grupo se va a poner a organizar una compleja y oscura operación invirtiendo cuantiosas sumas de dinero, tejiendo una sofisticada estructura con experimentados delincuentes, corriendo los más temerarios riesgos, si no tiene potentes intereses económicos y políticos.   Pablo Escobar y las mafias de los años ochenta y noventa se metieron en una gran empresa criminal para acabar con la extradición y proteger los más jugosos negocios ilegales, en ese camino mataron a diestra y siniestra y perpetraron magnicidios, se aliaron con jefes políticos tradicionales, corrompieron a importantes operadores de justicia; los paramilitares le agregaron a esta misión el propósito de acabar con la izquierda y conquistar el poder local e influir decisivamente en el poder nacional; por otro lado, las guerrillas, en su estrategia de tomarse el poder y realizar una revolución, incurrieron en graves atentados personales, acudieron al secuestro y golpearon a civiles a lo largo y ancho del país.   No hay que ser un gran gurú para saber que algo muy importante hay detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Quizás no de los alcances del pasado, pero nunca un producto de la irritación que produce la polarización y su lenguaje, o un hecho casual o una acción de retaliación, estas cosas, de ninguna manera, son los motivos, de este crimen tan minuciosamente planeado. La misión de la fiscal Luz Adriana Camargo es ir al fondo de los hechos. Me da la impresión de que está a la altura de este gran reto.   Según veo, no tiene una aspiración política a la vista, factor que en otras oportunidades ha contaminado la majestad de la fiscalía; tiene  la suerte de tener en sus manos a seis delincuentes que muy probablemente participaron en la ejecución del atentado; mantiene abiertas todas las líneas de investigación y, según sus propias declaraciones, no descarta hipótesis o no dirige sus pasos hacia un solo lado; y, hasta el momento, tiene controlados los investigadores evitando que se filtren informaciones claves que se convierten en pasto fresco de los especuladores y también de los determinadores del crimen.   Tendrá, eso sí, que soportar presiones y tomarse su tiempo. No decline señora fiscal, vaya a su ritmo, valore a cada uno de los implicados, mírelo a la pepita de los ojos, no se deje engañar.  Los capturados, empezando por José Arteaga Hernández, alias el costeño, delincuentes comunes que llevan en su prontuario extorsiones, porte de drogas, robo, delitos de bajo coturno, temerosos de la reacción de quienes los contrataron, no soltarán prenda en las primeras de cambio o intentarán confundir a la Fiscalía y desviar la investigación.   Mantener a estos delincuentes lejos de los determinadores del crimen no será fácil. En Colombia se cuentan por centenas los autores materiales o los testigos de grandes crímenes, asesinados a manos de sus jefes o de sus perjudicados.   Señora fiscal no se asuste si los determinadores detentan un gran poder político o económico o son reyes en la ilegalidad. La señora jueza Sandra Heredia ha dado una gran lección.

Por: Centro de Pensamiento En el marco del proyecto de descarbonización del Amazonas , la Institución Educativa Rural Gallinazo, en Puerto Guzmán, Putumayo, puso en marcha un proceso de fortalecimiento comunitario centrado en la gestión sostenible de residuos. La iniciativa parte de una ficha de formulación elaborada por la propia comunidad, que define como meta instalar un sistema básico de separación, acopio y educación ambiental para estudiantes y familias de la vereda. El proyecto —“Gestión sostenible de residuos en la IER Gallinazo”— se orienta a la realidad local del corregimiento, con el foco en contribuir al manejo de los residuos en el territorio. El diagnóstico fue claro, no existe un sistema formal  para el manejo de residuos sólidos. Esto se traduce en acumulación de basura al aire libre, proliferación de plagas, contaminación de suelos y riesgos para la salud; la carencia de un depósito adecuado y de hábitos de reciclaje agrava el problema y deteriora la calidad de vida de la comunidad escolar y sus alrededores. Las descripciones están soportadas en evidencias como fotografías, testimonios vecinales y la observación de desechos en ríos cercanos, así como en la constatación de que no hay puntos designados para el manejo de residuos. Los resultados esperados están alineados con una transición energética justa en clave de escuela y territorio: comunidad informada y sensibilizada, puntos de acopio en lugares clave, participación activa en campañas de limpieza y una reducción visible de residuos en espacios públicos. Estos resultados se medirán con indicadores de participación, volúmenes de material reciclado mensualmente y disminución de basura acumulada. Tales métricas permiten evaluar la sostenibilidad del proceso y corregir rumbos a tiempo. La sostenibilidad es el corazón del fortalecimiento. La comunidad propuso un comité de gestión de residuos  que mantiene el sistema, establece campañas permanentes y busca alianzas con instituciones públicas o privadas. Además, contempla un esquema de ahorro comunitario : recursos recaudados a través del reciclaje se reinvertirán en el mantenimiento de los puntos de acopio y acciones de sensibilización, cerrando el ciclo pedagógico–operativo–financiero. Este fortalecimiento no es un esfuerzo aislado, se integra a la descarbonización del Amazonas al disminuir la quema de residuos y las emisiones asociadas al transporte de basura, y al formar a estudiantes y familias en prácticas que cuidan el entorno  y sientan bases para otras tecnologías limpias (como la lancha solar escolar). Gallinazo demuestra que la transición comienza en la escuela, con organización, indicadores y gobernanza comunitaria.

Por: Daniela Bernier Pacheco En medio de un encuentro con representantes de la Unión Europea y representantes del gremio del sector de hidrógeno en Colombia, se anunció que actualmente hay 36 proyectos de hidrógeno en las regiones Caribe, Andina y Pacífico.  Por su parte, Alberto Menghini,  jefe de cooperación de la Unión Europea,  expresó: "desde la Unión Europea hemos estado mirando a nuestros países aliados alrededor del mundo, buscando socios energéticos, aliados de largo plazo, y Colombia es un país al que miramos con enorme interés porque tiene un gran potencial y es un país con el cual compartimos valores y perspectivas. Además, ya tiene un largo recorrido en producción y aprovechamiento del hidrógeno y, en este momento, está trabajando muy intensamente en la transición hacia el hidrógeno de bajas emisiones”. El ministro de Minas y Energía,  Edwin Palma también señaló: "De esta forma, nos posicionamos como un aliado estratégico clave para la Unión Europea, alineado a los compromisos del Gobierno nacional con la transición energética global. Estamos trabajando en impulsar medidas regulatorias para que el hidrógeno producido en nuestro territorio sea considerado de bajas emisiones; otra, para definir los requisitos y condiciones para la implementación de proyectos de hidrógeno blanco. También queremos establecer disposiciones para Agentes de la Cadena de Valor del Hidrógeno, y crear la Comisión Intersectorial para la Gobernanza del Hidrógeno y/o sus derivados”. Es decir, que con estos proyectos Colombia se posiciona como líder en esta materia no solo en Latinoamérica, sino también a nivel de la Unión Europea; dichos proyectos permiten evidenciar que estos tipos de proyectos son necesarios para avanzar hacia la diversificación de la matriz energética nacional, la reducción de emisiones y el fortalecimiento de la sustentabilidad. Sin embargo, no todo es línea recta. Existen retos regulatorios, técnicos y financieros. La industria insiste en definir claramente incentivos, establecer contratos de largo plazo y asegurar infraestructura adecuada para transporte y almacenamiento del hidrógeno. Asimismo, es necesario promover una   Transición Energética Justa, que incluya diálogo comunitario y participación de las zonas con más pobreza energética, que permitan la transformación del territorio y el tejido social. En conclusión, Colombia ya encendió motores para consolidarse como epicentro del hidrógeno limpio en América Latina. Con una combinación de proyectos robustos, regulación en desarrollo y redes internacionales de cooperación, el país se mueve con determinación hacia un futuro energético más sostenible e inclusivo. La hoja de ruta está marcada: si se supera la complejidad operativa, Colombia tiene la oportunidad de liderar la Transición Energética regional con visión y competitividad global. Referencia: Ministerio de Minas y Energía. (2025, agosto 6). El Ministerio de Minas y Energía prende los motores del hidrógeno limpio y lanza un mensaje claro: Colombia lidera en América Latina . https://www.minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/el-ministerio-de-minas-y-energia-prende-los-motores-del-hidrogeno-limpio-y-lanza-un-mensaje-claro-colombia-lidera-en-america-latina/

Por: Andres Paternostro- Enlace regional En lo que va del año 2025, el municipio de Anorí ha sido escenario de hechos que han sembrado miedo y zozobra entre la población rural. El pasado 15 de febrero, un campesino de 64 años fue víctima de un artefacto explosivo cuando se dirigía a trabajar a un terreno en la vereda Tocamocho. Sin percatarse, pisó un artefacto que le causó la amputación de su pierna izquierda y graves heridas en su otra extremidad (Laverde, 2025). Meses después, el 4 de junio, dos jóvenes de 15 y 17 años perdieron la vida tras activar un artefacto explosivo mientras realizaban labores de minería artesanal. Los adolescentes ingresaron a un bosque ubicado en la vereda Tocamocho, en el sector Alto del Zapatillo, en busca de un palo que necesitaban para su actividad. Allí, sin saberlo, pisaron un campo minado que les arrebató la vida (Muñoz Medina, 2025). Las minas antipersonal (MAP), los artefactos explosivos improvisados (AEI) y las municiones sin explosionar (MUSE) están dejando una huella silenciosa pero devastadora en el departamento de Antioquia. La violencia que representan no solo persiste, sino que parece intensificarse en medio del reacomodo de actores armados y de las dinámicas del conflicto que ha está viviendo el departamento de Antioquia. Una de las principales causas del reacomodamiento territorial de los grupos armados no estatales en el departamento de Antioquia es el proceso de expansión del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, que en los últimos tres años ha aumentado su intención de controlar territorios donde históricamente han operado grupos guerrilleros. Esta avanzada territorial se consolidó tras la ruptura de los diálogos del Clan del Golfo con el Gobierno Nacional, motivada por la “…presunta participación del EGC en el Paro Minero que tuvo lugar en las subregiones del Nordeste y Bajo Cauca antioqueño durante los meses de marzo y abril de 2022. Según el Gobierno, esta estructura armada ilegal habría orquestado y financiado actos de vandalismo ocurridos en el marco de dicha protesta” (Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos, 2023). La proliferación del uso de artefactos explosivos en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño es una problemática que ha generado preocupación en el gobierno departamental, local y las comunidades afectadas. No solo por las afectaciones causadas en las personas y comunidades, sino también por la poca capacidad que tiene las instituciones y comunidades para responder  y enfrentar esta problemática que no solo responde a factores del conflicto armado sino también a efectos geopolíticos como: el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la disminución de la cooperación Europea, las cuales apoyaban con recursos técnicos y económicos las labores del desminado en varios territorios del departamento. Cifras y subregistros Antioquia continúa siendo el departamento con mayor número de víctimas por artefactos explosivos en Colombia. Según datos de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), entre 1990 y mayo de 2025 se han registrado 2.677 personas afectadas en este territorio, lo que equivale aproximadamente al 21,3 % del total nacional, que asciende a 12.585 víctimas (Acción Integral Contra Minas Antipersonal - AICMA, 2025). Dentro del departamento, el municipio más afectado por este flagelo es Tarazá, ubicado en la subregión del Bajo Cauca, con 278 personas víctimas de artefactos explosivos. Esta cifra no solo lo posiciona como el más golpeado de Antioquia, sino que además lo ubica como el cuarto municipio con mayor número de víctimas en todo el país (Acción Integral Contra Minas Antipersonal - AICMA, 2025). En los dos últimos años los informes “Balance Humanitarios 2024” y “Retos Humanitarios 2025” del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertan sobre un preocupante aumento en el número de víctimas en Antioquia: de 48 casos en 2023 a 91 en 2024, lo que representa un incremento del 89,6 %. Esta tendencia ha encendido las alarmas en el departamento, especialmente en zonas rurales y de alta presencia de actores armados, donde la población civil se enfrenta a crecientes riesgos por la presencia de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explosionar (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2025; Comité Internacional de la Cruz Roja, 2024). No obstante, estas cifras contrastan notablemente con los registros oficiales de la AICMA, que reportan solo 47 personas afectadas por MAP/MUSE en 2023 y 25 en 2024. Esta disparidad pone en evidencia una problemática estructural en la gestión del riesgo por artefactos explosivos en Colombia: el subregistro y la fragmentación de la información. Este desfase estadístico puede deberse a múltiples factores. Por un lado, muchas víctimas no logran ser reportadas formalmente debido al miedo, la falta de acceso a canales institucionales o la desconfianza en las autoridades. Por otro, las metodologías de registro pueden diferir entre entidades: mientras la AICMA se basa en reportes oficialmente verificados, el CICR obtiene información directa del terreno a través de sus acciones humanitarias. A ello se suma la débil articulación entre las entidades encargadas del monitoreo y la atención a las víctimas, lo cual dificulta una comprensión integral del fenómeno. Tabla 1 Número de Víctimas por MAP/MUSE  en Antioquia, Clasificadas por Subregión (2022 - 31 de mayo de 2025) Subregión Municipios Total de víctimas Bajo Cauca Cáceres (17), Caucasia (2), El Bagre (7), Tarazá (10), Zaragoza (5) 41 Nordeste Amalfi (4), Anorí (7), Guadalupe (2), Remedios (2), Segovia (18) 33 Norte Briceño (9), San Andrés de Cuerquia (1), Valdivia (13), Ituango (4) 27 Urabá Apartadó (7), Carepa (2), Chigorodó (1), Mutatá (2), Turbo (4), Vigía del Fuerte (1) 17 Oriente Argelia (1), San Carlos (2), San Rafael (1), Sonsón (5) 9 Occidente Dabeiba (1), Santa Fe de Antioquia (1) 2 Magdalena Medio Yondó (2) 2 Suroeste Nariño (1) 1 Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Base de datos de víctimas por MAP y MUSE de 1990 a fecha de corte de la Acción Integral contra Minas Antipersonal. El análisis de estos datos por subregiones refleja que la mayor concentración de víctimas por artefactos explosivos en Antioquia entre el año 2022 y 2025 se encuentra en la subregión del Bajo Cauca, con un total de 41 registros, seguido del Nordeste con 33 y el Norte con 23. Estas tres subregiones concentran más del 70 % del total de víctimas registradas en estos últimos años, lo que refleja la persistencia del conflicto armado en estas zonas estratégicas para los tres principales grupos armados organizados que tienen presencia en el departamento -Clan del Golfo, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF)- y se disputan el control territorial, la minería ilegal y las rutas del narcotráfico. La reconfiguración del conflicto: ¿más grupos, más minas? Uno de los factores que incide en la proliferación de artefactos explosivos en los territorios es la presencia de grupos armados organizados (GAO) y los procesos de reconfiguración del conflicto armado asociados a disputas por el control territorial. La magnitud de la contaminación con minas antipersonal (MAP), munición sin explosionar (MUSE) u otros artefactos explosivos depende, en gran medida, del tipo de presencia que ejerzan estos grupos en cada zona. En territorios donde un solo grupo armado ha logrado consolidar un control territorial permanente, es decir, donde ejerce autoridad de facto, regula la movilidad, impone normas, cobra extorsiones, administra justicia y controla tanto economías legales como ilegales, la contaminación suele ser menor. En estos escenarios, la organización no requiere utilizar artefactos explosivos como herramienta de defensa, ya que no enfrenta disputas con otros actores armados y la presencia del Estado —especialmente de la fuerza pública— suele ser limitada. Tampoco necesita emplear minas u otros artefactos para imponer control social, pues ya cuenta con estructuras de gobernanza criminal consolidadas que regulan el comportamiento comunitario sin necesidad de violencia explosiva. Por el contrario, los territorios que se encuentran en disputa armada, es decir, donde dos o más GAO buscan controlar el mismo espacio, tienden a registrar altos niveles de contaminación con artefactos explosivos. En estos contextos, los grupos recurren a las minas, trampas explosivas y otros mecanismos para: ·       Contener el avance de estructuras armadas rivales. ·       Limitar las operaciones de las fuerzas militares del Estado. ·       Restringir la movilidad de la población como mecanismo de control social.   Estas prácticas generan un entorno de alta vulnerabilidad para las comunidades, marcado por enfrentamientos, desplazamientos forzados, confinamientos y amenazas constantes. Comprender estas diferencias en los tipos de presencia armada es clave para explicar por qué algunos territorios están fuertemente contaminados con artefactos explosivos, mientras que otros no. En las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, esta dinámica es particularmente evidente. Durante los últimos tres años, varias zonas han transitado entre el tener una presencia consolidada y estable —históricamente asociada a guerrillas como el ELN o las extintas FARC-EP— a convertirse en escenarios de disputa violenta debido al proceso de expansión del Clan del Golfo. Este grupo ha intentado ocupar territorios controlados anteriormente por insurgencias, hoy disputados por disidencias como el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), en el caso de Antioquia con presencia de los frentes 36, 4 y 18. Esta recomposición del mapa armado ha intensificado el uso de artefactos explosivos como arma de guerra, dejando profundas afectaciones humanitarias en las comunidades. Según el Mapa de estructuras armadas ilegales en Antioquia (2024) de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), en 121 de los 125 municipios del departamento hay presencia de al menos un grupo armado no estatal (GANE), y en 29 municipios hay presencia de dos o más estructuras armadas. La mayoría de estos se concentran en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, donde la disputa territorial se traduce en una creciente contaminación con artefactos explosivos y en graves riesgos para la población civil. Elaborado por: Línea de Paz, Seguridad y DDHH, Fundación Paz & Reconciliación (2024) Fuente: Infovisibles, registro en prensa, monitoreo de acciones armadas. Estas actividades generan rentas mensuales por miles de millones de pesos, lo que convierte su control en un objetivo estratégico de alto valor para los actores armados. Esto explica por qué estas subregiones concentran el mayor número de personas afectadas por artefactos explosivos año tras año. EMunicipios como Valdivia, Tarazá y Cáceres —según el informe de monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)— conforman uno de los 15 enclaves productivos del país. Este enclave, ubicado en las subregiones del Norte y el Bajo Cauca, registra aproximadamente 5.908 hectáreas de coca sembradas (2023, pág. 45). El control de estas rentas ilegales es uno de los principales motores de la reconfiguración de las dinámicas territoriales del conflicto armado. Como evidencia de ello, se ha identificado una alianza temporal entre el ELN y el EMBF para resistir la expansión del Clan del Golfo sobre territorios de alta importancia económica como Tarazá, El Bagre, Cáceres, Remedios, Segovia, Valdivia, Ituango y Anorí. Estos municipios, además de su riqueza en recursos, tienen ubicaciones estratégicas que conectan el interior del departamento con salidas hacia el mar Caribe o hacia otros departamentos como Bolívar y Córdoba. Estos procesos también se han visto influenciados por políticas nacionales recientes, particularmente por la implementación de la estrategia de “Paz Total” impulsada por el Gobierno nacional. Aunque bien intencionada, esta iniciativa ha generado vacíos de poder en algunos territorios, lo que ha derivado en reacomodos violentos y disputas entre estructuras armadas como el ELN, las disidencias del EMBF y el Clan del Golfo. Artefactos explosivos como herramientas de control: no solo defensa, también miedo. A nivel comunitario, la presencia de artefactos explosivos genera múltiples afectaciones que son vividas de manera colectiva. Estas van desde impactos psicológicos —como la ansiedad, el miedo permanente y el estrés— hasta hechos victimizantes como el confinamiento, las restricciones a la movilidad, el desplazamiento forzado y la muerte. Se trata de afectaciones profundas que trastocan la vida cotidiana de comunidades obligadas a habitar territorios altamente contaminados por minas antipersonal (MAP), munición sin explosionar (MUSE) y otros artefactos explosivos improvisados (AEI). Para muchas comunidades que han convivido históricamente con estos dispositivos, la presencia de artefactos explosivos ha significado la necesidad de modificar sus dinámicas de vida, prácticas culturales y formas de relacionarse con el territorio. Un ejemplo claro es la zona sur del municipio de El Bagre, específicamente en el corregimiento de Puerto López y sus veredas, donde, según testimonios de sus pobladores, los grupos armados no estatales vienen instalando minas desde inicios de los años 2000. Aunque esta práctica no es nueva, en los últimos meses se ha intensificado, generando muertes tanto de personas como de animales, y confinamientos prolongados de comunidades enteras. En al menos cinco veredas, los habitantes han permanecido encerrados hasta por cuatro días consecutivos, sin poder movilizarse. (Lider social , 2025) En este corregimiento, actualmente disputado por el Clan del Golfo (EGC), el ELN y el EMBF, la contaminación por artefactos explosivos ha obligado a la población a restringir el acceso a ciertos sectores del territorio como mecanismo de autoprotección. Sin embargo, la preocupación más reciente de estas comunidades radica en el uso de nuevos artefactos explosivos, instalados en caminos veredales de tránsito obligatorio. La última víctima fue un adulto mayor, fallecido en junio de 2025, quien activó una mina en un área que no había sido identificada previamente como zona de riesgo. Este hecho ha encendido las alarmas, pues evidencia que la instalación de artefactos se está dando en sectores estratégicos para el desplazamiento rural, elevando el riesgo para toda la población (Lider social , 2025). Ante esta situación, la Administración Municipal de El Bagre ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional, en especial a la Consejería Comisionada de Paz (CCP), para que se prioricen de manera inmediata las acciones de desminado militar en esta zona del Bajo Cauca. La Alcaldía argumenta que esta modalidad permite una intervención más ágil frente a la urgencia humanitaria, en comparación con los procedimientos del desminado humanitario, que suelen requerir más tiempo para su implementación. La situación no es distinta en el Norte de Antioquia. En el municipio de Valdivia, las comunidades de La Llana, La Coposa y Raudal viven en constante estado de zozobra debido al aumento en el uso de estos artefactos. Según reportes locales, se han registrado muertes recientes por activación de MAP, incluso en caminos donde los explosivos son observables a simple vista. Una de las víctimas fue un joven de 28 años que, según testigos, fue forzado a recoger los cuerpos de varias personas fallecidas durante un combate entre dos estructuras armadas a comienzos de 2025, activando una mina en el proceso (Lider Social , 2025). Los enfrentamientos y el uso indiscriminado de artefactos explosivos han generado no solo confinamientos, sino también desplazamientos masivos. Más de 76 personas han sido afectadas en La Llana y La Coposa, obligadas a abandonar sus hogares y desplazarse hacia la cabecera municipal en busca de protección. Algunas familias han retornado, mientras otras han optado por autoalbergarse en municipios vecinos, según información de la Alcaldía Municipal. (Mi Oriente , 2025) A estas situaciones se suma un hecho reciente que agrava aún más el panorama: el saboteo a las acciones de desminado humanitario en Antioquia. El 2 de julio de 2025, la organización internacional The HALO Trust, reconocida por su labor de desminado en Colombia, fue amenazada por el Frente 36 de las disidencias de las FARC mientras operaba en los municipios de Campamento, Angostura y Anorí. El grupo armado declaró a la organización como “objetivo militar” y le ordenó abandonar el territorio en un plazo de 12 horas, bajo señalamientos infundados de colaborar con agencias de inteligencia extranjera. Este hecho obligó a suspender las operaciones y evacuar al personal humanitario, interrumpiendo un trabajo vital para la protección de la población civil. Lo ocurrido constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y pone en evidencia los riesgos que enfrentan las organizaciones que intentan reducir el impacto de la guerra sobre las comunidades. Además, deja claro que en territorios como los del Norte de Antioquia, donde la disputa armada está activa, el desminado no solo enfrenta dificultades logísticas, sino también amenazas directas por parte de los actores armados ilegales (Tamayo Escalante, 2025). Indiscutiblemente, estas afectaciones están dejando una marca profunda en la memoria colectiva de las comunidades. Vivir bajo el miedo constante, la incertidumbre y la imposibilidad de habitar libremente el territorio deteriora gravemente el tejido social y genera procesos de desarraigo. Las comunidades no solo enfrentan el riesgo físico de los artefactos explosivos, sino también una erosión emocional, cultural y relacional que fragmenta la vida en comunidad. Por todo esto, se hace urgente y necesario que las acciones de desminado humanitario en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia no se detengan ni se posterguen. Estos territorios, profundamente golpeados por la violencia y la disputa armada, requieren respuestas integrales y sostenidas que garanticen no solo la seguridad física, sino también la posibilidad de reconstruir la vida comunitaria con dignidad y en paz. Bibliografía Acción Integral Contra Minas Antipersonal - AICMA. (30 de Junio de 2025). Acción Integral Contra Minas Antipersonal . Obtenido de Estadísticas de Asistencia Integral a las Víctimas de MAP y MUSE: https://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/estadisticas-de-victimas Comité Internacional de la Cruz Roja. (2024). Balances Humanitarios 2024-Colombia.  Obtenido de https://www.icrc.org/es/document/colombia-balance-humanitario-2024 Comité Internacional de la Curz Roja. (2025). Retos Humanitarios 2025-Colombia.  Obtenido de https://www.icrc.org/es/publicacion/retos-humanitarios-2025-colombia Laverde, M. (17 de Febrero de 2025). ¡Lamentable! Un campesino pisó una mina antipersonal mientras hacía labores de campo en zona rural de Anorí . Obtenido de H13N: https://www.h13n.com/lamentable-un-campesino-piso-una-mina-antipersonal-mientras-hacia-labores-de-campo-en-zona-rural-de-anori/307896/ Lider social , C. (22 de Julio de 2025). Entrevista artefactos explosivos. (I. PARES, Entrevistador) Lider Social , C. (15 de Julio de 2025). Entrevista artefactos explosivos. (I. PARES, Entrevistador) Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. (15 de Septiembre de 2023). El Clan del Golfo intenta expandirse en Antioquia. Obtenido de Fundación Paz y Reconciliación: https://www.pares.com.co/post/el-clan-del-golfo-intenta-expandirse-en-antioquia Mi Oriente . (14 de Mayo de 2025). Cerca de 76 desplazados en Valdivia por combates entre ilegales y uso de explosivos . Obtenido de Mi Oriente : https://mioriente.com/antioquia/76-desplazados-valdivia-combates.html Ministerio de Minas y Energía de Colombia & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (Junio de 2022). Colombia: Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota 2023. Obtenido de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): https://www.unodc.org/documents/colombia/2022/Junio/Informe_Colombia_Explotacion_de_Oro_de_Aluvion_Evidencias_a_Partir_de_Percepcion_Remota_2021_SP_.pdf Muñoz Medina, L. (4 de Junio de 2025). Dos menores de edad fallecieron luego de ingresar a un campo minado en zona rural de Antioquia . Obtenido de Infobae: https://www.infobae.com/colombia/2025/06/05/dos-menores-de-edad-fallecieron-luego-de-ingresar-a-un-campo-minado-en-zona-rural-de-antioquia/ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). (Septiembre de 2023). Colombia. Informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilicitos 2022.  Obtenido de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): https://biesimci.org/fileadmin/2023/documentos/informe_de_monitoreo_de_territorios_afectados_por_cultivos_ilicitos_2022.pdf Tamayo Escalante, N. (07 de Julio de 2025). Misión internacional de desminado fue violentada en Antioquia: ¿qué se sabe de la intimidación? La ONG se pronunció. El Tiempo , págs. https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/lo-que-se-sabe-de-intimidacion-de-las-disidencias-de-las-farc-a-mision-internacional-de-desminado-en-antioquia-3468680 .

Por: Gobernanza, Transición Energética y Paz En el corregimiento de Puerto Vega (Puerto Asís, Putumayo), la instalación de un purificador de agua en la institución educativa no es un detalle logístico: es un hito en la ruta de descarbonización del Amazonas  que venimos impulsando en el territorio. En contextos rurales, donde la energía limpia, el agua segura y la gobernanza comunitaria deben caminar juntas, esta dotación mejora la salud, refuerza la permanencia escolar y crea condiciones para que otras soluciones de la Transición Energética Justa arraiguen y se sostengan en el tiempo. La propia ficha del proyecto parte de un diagnóstico concreto: la escuela carecía de un sistema en buen estado para potabilizar el agua, exponiendo a niñas, niños y docentes a enfermedades gastrointestinales y a interrupciones de la jornada académica. El impacto inmediato es medible en bienestar: con agua potable en el restaurante escolar y puntos de consumo, disminuyen los episodios de diarrea y otras infecciones; se reducen inasistencias por enfermedad; se estabilizan los horarios de clase. El documento del proyecto destaca explícitamente que garantizar agua segura reduce enfermedades transmitidas por agua contaminada y eleva los niveles de higiene y bienestar  para la comunidad educativa. En términos de resultados educativos, más días de clase aprovechados significan mejores aprendizajes y menos brechas para estudiantes que ya enfrentan largas distancias y transporte fluvial. Hay, además, un  efecto de confianza institucional.  En territorios donde la prestación de servicios es intermitente, el acceso continuo a agua segura envía un mensaje potente: la escuela es un espacio cuidado y confiable. Eso incide en la decisión cotidiana de las familias de enviar a sus hijos, en la motivación del personal docente y en la capacidad de la comunidad para organizar actividades pedagógicas y alimentarias sin sobresaltos. El proyecto no se limita a “instalar y ya”: contempla actividades de sensibilización para integrar el cuidado del agua al currículo y a las prácticas familiares, multiplicando el alcance más allá del aula. ¿Por qué esto también es transición energética ? Porque la TEJ no consiste solo en paneles o lanchas solares; requiere capacidad instalada (conocimiento, hábitos, organización) para operar tecnologías limpias sin depender de combustibles fósiles ni de asistencia externa permanente. Una escuela con agua segura puede sostener mejor su alimentación escolar, sus horarios extendidos y su componente técnico—incluida la formación para operar embarcaciones solares escolares, talleres de mantenimiento o viveros fotovoltaicos—sin pausas por alertas sanitarias. En términos de “energía social”, el purificador reduce la tensión de crisis recurrentes y libera tiempo de docentes y cuidadores para actividades productivas y educativas ligadas a la transición. En el plano comunitario , la implementación activó redes locales: directivos, docentes, familias y aliados del proyecto de descarbonización se coordinaron para la recepción del equipo, su puesta a punto y la definición de responsables de uso y mantenimiento. Esa gobernanza cotidiana—actas, checklists, roles—es la misma que exige la operación de microrredes solares o de una lancha eléctrica: procedimientos claros, responsables rotativos y cultura de cuidado. Convertir el acceso al agua en un ejercicio de corresponsabilidad acelera el aprendizaje organizativo que después se traduce en mejores indicadores para las tecnologías energéticas. El caso de Puerto Vega confirma algo que suele pasar desapercibido: la transición energética empieza por lo básico.  Con agua segura, la escuela estabiliza su servicio educativo, protege la salud y legitima su papel como centro de gestión comunitaria. Ese “suelo fértil” permite que los siguientes pasos—lanchas solares para transporte escolar, iluminación eficiente, sistemas fotovoltaicos para refrigeración de alimentos—no sean “proyectos sueltos”, sino parte de una ruta integral de descarbonización  que mejora la calidad de vida y fortalece la autonomía territorial. En Puerto Vega, un purificador es mucho más que un filtro: es un habilitador de la transición justa y de la paz cotidiana en la escuela y el barrio.

Por: Iván Gallo Coordinador de Comunicaciones Horas antes de que fuera condenado a 12 años de cárcel, Álvaro Uribe Vélez recurrió a su vieja táctica —la que bien cara le ha salido—: intentar enlodar a Iván Cepeda, asociándolo con las FARC. Una de las razones esbozadas fue que las FARC tenía un bloque llamado Manuel Cepeda Vargas. Uribe, como tantos otros colombianos, cayó en la trampa de creer que podría catalogar fácilmente a Iván Cepeda. Se ha instalado en el imaginario que Iván Cepeda es comunista. Mentiras. Su exilio voluntario en Bulgaria, su trasegar por los países de la Cortina de Hierro lo llevaron al convencimiento que el comunismo era un sistema que se envejecía con rapidez. Esto lo llevó a una confrontación trascendental, la que tuvo con su papá. Manuel Cepeda es una leyenda, pero no es nuestra intención hacer una hagiografía. Es indudable que se convirtió en un símbolo del genocidio de la UP, pero también se le recuerda como uno de los dirigentes más duros e inflexibles del Partido Comunista.   El día que lo mataron, ese 9 de agosto de 1994, Manuel Cepeda se devolvió tres veces a su casa. Era uno de los hombres más perseguidos del país. Vivía en una casa cerca de la avenida de las Américas. Justo ese día, marcado no por el destino, sino por los paramilitares y oficiales del ejército que planearon su muerte, se devolvió en tres ocasiones. En ninguna de esas tres veces su hijo, Iván Cepeda, le pudo dar el beso de despedida. Iba en una camioneta blanca, eran las nueve de la mañana cuando le dispararon a unas pocas cuadras del lugar donde vivía. Iván vio el cadáver y sacó de su chaqueta la que sería la última columna que escribió para Voz, el semanario que dirigía con pulso firme desde hacía 20 años. La columna estaba dedicada a un hombre de teatro, muy cercano al partido comunista colombiano, que vivía exiliado en suelo ecuatoriano y que acababa de ser asesinado. Un aparte de la columna decía esto: “Leo, risa leonina, que bajo tierra parece decirnos: no dejen compañeros de alistar un acto de teatro, una canción, una pintura, que digan que Colombia y sueña”. Manuel Cepeda Vargas tenía 54 años. La narrativa oficial ha querido dejar a Manuel Cepeda como un comunista radical, acaso un stalinista, que apoyaba la lucha armada, enfermo por la revolución cubana, un tipo serio, acaso intransigente. Nada más alejado que esto. Cepeda era un poeta. Un tipo de una sensibilidad que lo emparentaba más con un artista que con un stalinista. Escribía versos. Uno de ellos decía:   ¿Cómo una tierra tan divinamente hermosa puede ser tan desdichada? ¿Cómo el éxtasis de los ríos costeños o las lagunas del Páramo de las Delicias en lugar de formar dioses forman esclavos?   Desde los veintinueve años Cepeda estuvo al frente de la Juco. Se enamoró perdidamente de una joven diez años menor que él, Yira Castro, una periodista aguerrida cuyos reportajes denunciaban la brutalidad policial. Fue perseguida duramente durante el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay. Una enfermedad la postró siendo muy joven. Murió en 1981. Iván Cepeda creció en un hogar en donde lo más importante era la justicia. Su padre pagó esto muchas veces con la cárcel. La primera vez que lo metieron preso fue en 1964, después de publicar un reportaje en el semanario Voz en donde mostraba a uno de los campesinos sobrevivientes del infame bombardeo a Marquetalia. Los hostigaron, los acorralaron. Se tuvieron que ir a vivir a lo que entonces se llamaba Checoslovaquia.   De esos años Iván Cepeda no recuerda demasiado. Lo que le queda son las antigüedades que su papá fue coleccionando en los viajes que hizo en esos años por la cortina de hierro. Aún tiene un reloj del siglo XIX, conseguido en Moscú; un cuenco tallado en Budapest, desde ese momento su interés por el arte se acrecentó. La familia Cepeda-Castro regresó a Colombia en 1969. Estaba más decidido que nunca a luchar por los que no tenían nada. Pero lejos de cualquier mamertería quería crear grupos de teatros en los barrios, convencía a escritores para hacer lecturas de poesía revolucionaria. Creía que podría ser más poderoso un verso que una consigna. Un joven que lo conoció en los años setenta le dijo al periodista Steven Dudley: “Nos enseñó que el artista debe estar comprometido con la gente. Nos enseñó que hay que ser revolucionarios honestos. La revolución comienza con nosotros, decía”.   Apasionado por la historia, por las antigüedades, hay una anécdota que resume ese fervor. Un día, Manuel encontró un hueso en un parqueadero. Llamó a sus hijos, empezaron a excavar, en una aventura que los metía en una atmósfera de Tin-Tin a los Cepeda. Cavaron tanto que los Cepeda encontraron un antiguo cementerio. La policía llegó e incluso hizo allanamiento. Fue una aventura inolvidable.   Pero Manuel Cepeda era un tipo riguroso, por supuesto. Desde 1985, cuando la UP fue creada gracias a los acuerdos de paz de La Uribe. En esa época, Iván veía todo desde la distancia que le proporcionaba estar viviendo en Bulgaria, en donde comprobó que el modelo soviético no era el más confiable. Cuando regresó, en 1988, vio el desfile de entierros a los que estaban condenados los miembros del partido al que pertenecía su papá. Tenía miedo de que le fuera a pasar algo.   Manuel, además de político, era un aguerrido periodista. Denunciaba el evidente plan de exterminio al que eran sometida esta colectividad. En 1991 fu elegido representante a la Cámara. Como congresista, descubrió la existencia del “Plan golpe de gracia” con el que la cúpula militar, apoyada por grupos al margen de la ley, buscaba arrasar con lo que quedaba de la UP. Acompañado por Hernán Motta, Ovidio Marulanda y Carlos Lozano le hicieron una visita al entonces ministro de Defensa, Rafael Pardo, para denunciar, con pruebas, el plan. La respuesta de Pardo les mostró que estaban condenados: “No les creo”.   En una intervención realizada el 9 de octubre de 1993, Manuel Cepeda demostró que no le tenía miedo a la muerte: “Hay una serie de altos mandos poderosos, el general Emilio Gilberto Bermúdez, el comandante de las Fuerzas Militares y general Harold Bedoya, el comandante de la II división, el comandante de la IX Brigada, el coronel Rodolfo Herrera Luna, al mando de potentes destacamentos militares que se oponen al curso de las negociaciones, y que se destacan por su anticomunismo profesional”.   En efecto, el Plan Golpe de Gracia se ejecutó. Cae Manuel Cepeda y su familia, sabiendo lo que le espera con la justicia colombiana, decidió emprender la lucha sola, oficiando incluso como investigadores. Un año después de los hechos reciben una llamada. Iván Cepeda visita la cárcel de Neiva junto con su esposa, Claudia Girón, quien respetada profundamente a su suegro y se involucró de lleno en esta arriesgada investigación. Allí un policía, que estaba detenido por una masacre, les cuenta que conoce a los dos suboficiales que oficiaron como sicarios en ese crimen.   Se trataba de Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador. Unas semanas después de los hechos, los asesinos estaban borrachos en un bar en Neiva y comenzaron a alardear del asesinato de Manuel Cepeda. Pero no solo tenían a un testigo, sino que también tenían, por una serie de hechos fortuitos, el arma que fue disparada, una Walther 9 milímetros que había usado incluso en varias masacres. Pero nadie hizo nada. Los oficiales que mataron a su papá continuaron activos. Empezaron las amenazas. Cepeda y Girón se fueron del país. Regresaron en 2002. En 2005 crean el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE.   Ese año, la Corte condena a los dos oficiales. Pero Iván Cepeda busca que caigan las cabezas que dieron las órdenes. Estaba convencido de la participación del general Rodolfo Herrera Luna, quien murió de un infarto durante la investigación. Hacen llamadas al apartamento de Iván y Claudia. Ya no tienen miedo de las amenazas, incluso algunas les dan risa. A veces los criminales improvisan rap para improvisar. Una, dirigida a Claudia, decía el siguiente estribillo: “Sí, como no, no me diga cómo no, nena malparida, cuídese que la voy a matar, y a Iván también”. No eran Residente, pero echaban para adelante con sus versos mal hilvanados. Igual, Claudia e Iván sabían que jugaban con fuego.   En mayo de 2009, Iván Cepeda, acompañado de Piedad Córdoba y de Danilo Rueda, viaja a Nueva York, y habla con Don Berna, quien estaba recluido en el Metropolitan Correctional Center. El excomandante paramilitar vio a la cara a Iván Cepeda, y le pidió perdón por la muerte de su padre. Don Berna señaló a José Miguel Narváez, nombrado subdirector del DAS por Álvaro Uribe en 2005, como uno de los instigadores del asesinato. Pero ahí no puede terminar la cadena.   Cepeda reunió suficientes pruebas como para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por acción y omisión del derecho a la vida de Manuel Cepeda Vargas. El 9 de agosto de 2011, acompañado por su hermana María y su esposa Claudia Girón y del colectivo de abogados José Alvear, quienes lo acompañaron fielmente, y sin esperar nada a cambio en este proceso, recibía la expresión de perdón por parte del entonces presidente Juan Manuel Santos en el Capitolio Nacional.   Apenas se empezaba a hacer justicia. Iván Cepeda, igual, quiere que quede claro, en la historia oficial, que no solo Don Berna, Carlos Castaño y dos oficiales estuvieron detrás del Plan Golpe de Gracia. Que en este asesinato estuvieron vinculados generales, los mismos que denunció su papá en el Congreso. No descansará hasta que la verdad sea única. Irrefutable y dura.   Ahora, muy a su pesar, la gente quiere que sea presidente. Sería la primera víctima del conflicto armado en ser presidente.

Por: Redacción Pares En enero de 2023, los que creemos en la paz, en la reconciliación, sufrimos un golpe durísimo. El esperado Museo de la Memoria sería un elefante blanco. La confirmación llegó después de un estudio que comprobaría que la obra no solo estaba retrasada, sino que no cumplía con la reglamentación colombiana de sismorresistencia. En ese momento, la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica era Ana María Trujillo, quien recibió el listón después de la partida de Darío Acevedo. En el informe entregado y difundido en su momento por Colombia+20 de El Espectador había un apartado llamado Comentarios y alertas a la construcción del proyecto Museo de Memoria de Colombia, estaba dirigido a María Gaitán quien sería -y es aún- la nueva directora, en él se lee la siguiente recomendación:  “Reiterar la posición del  Centro Nacional de Memoria Histórica  al respecto de la mala calidad de los concretos arquitectónicos a la vista que están ejecutando en el proyecto de obra civil del Museo de Memoria de Colombia en fachada, placa del umbral y muros interiores”. Desde ese momento sabíamos que el sueño no se iba a cumplir. El Museo de la Memoria es vital a la hora de cerrar las heridas del conflicto. En teoría, tendría seis pisos y un sótano; tendría 14.000 metros cuadrados en donde reposaría toda la información requerida para entender el conflicto armado. Pero todo esto se convirtió en una pesadilla, en motivo de burlas y memes. Lo llaman la baticueva por sus cuernos incomprensibles. A una ciudad tan maltratada como Bogotá le salió otro adefesio, un edificio que nació siendo una ruina. El responsable directo de este crimen arquitectónico es la constructora española OHLA, una de las seis más poderosas empresas de España. Con el del museo sería su segundo fracaso en Colombia, ya que ellos estuvieron detrás de la construcción del aeropuerto del café. El 7 de septiembre de 2020, OHLA firmó un contrato por 64.000 millones de pesos para construir el edificio. Este proyecto formaba parte de los compromisos que adquirió el gobierno de Santos a la hora de firmar la paz con las FARC. La obra tenía que estar lista en 2022, pero los problemas ya mencionados detuvieron una construcción que se quedó en un 78 %. En el año 2024, la Contraloría General encontró cinco hallazgos disciplinarios y tres fiscales, que alcanzan los 13.000 millones de pesos. En febrero de 2025 hubo otra noticia que desalentó a los que siempre vimos como una ilusión y una posibilidad clara de reconciliación este monumento: sería declarada como “obra inconclusa”, ya que no se cuenta con el presupuesto que se necesita para terminarlo. El museo está desfinanciado, nadie quiere dar un peso. Se ha pedido plata al Departamento de Prosperidad Social y al gobierno, pero no han querido soltar un peso para su culminación. Por eso se ha manejado la posibilidad de que sea declarado obra inconclusa. Eso quiere decir que lo más probable es que se tumbe y se aproveche el lote. El problema se hizo más profundo cuando, en diciembre de 2024, el Ministerio de Hacienda solicitó la devolución de 24.690 millones que estaban destinados para terminar el edificio. En este caso, el contratista incumplió y también el Estado. Y por eso, como dijo hace poco un influencer en redes, el museo parece un búnker soviético gris olvidado en medio del caos urbano. Lejos de representar el dolor de las víctimas, lo que quedó fue un edificio con una estética penitenciaria que no tiene en lo más mínimo un contexto no solo de conflicto, sino de la ciudad donde está. Duele el despilfarro ante una de las obras que iba a representar mejor el dolor de la guerra.

Por: Iván Gallo Coordinador de Comunicaciones Es fácil llegar a Aracataca. Desde Santa Marta se debe tomar un bus y, en 90 minutos, está en ese lugar que alguna vez fue descrito como una región encantada. En cada esquina hay murales de Gabriel García Márquez. No necesitan haber leído por completo su obra ni reseñarles que los más grandes críticos del mundo creen que Cien años de soledad  es una obra más importante incluso que El Quijote . Ellos se conforman con saber que Gabito es uno de los trece hijos que tuvo el telegrafista. Aracataca es un destino turístico improbable. No cuenta con una infraestructura hotelera acorde con su importancia literaria, hay problemas con el agua, se va seguido. También hay problemas con el servicio de energía eléctrica, pero bueno, eso no debe ser inconveniente si debes estar dos noches en Macondo. Si vas al parque un jueves en la noche podrás contemplar una iglesia construida en 1903, que parece la más clara declaración de sincretismo en América Latina. Sus agujas apuntan al cielo, como si recordara los años de Bizancio, es blanca como la punta de la Sierra Nevada y al frente está, en bronce, una estatua de García Márquez escribiendo en una máquina. En esa plaza central también está el niño con la cola de cerdo, el último de los Buendía, con el que termina Cien años de soledad  y, de paso, cumple la profecía de Melquiades que advertía sobre el peligro del incesto. A la vuelta de la iglesia está la Casa del Telegrafista, el lugar donde trabajaba Gabriel Eligio García, el papá del nobel, y una de las casas más bellas que tiene el municipio. A dos cuadras de la iglesia está la casa natal de los Márquez. La edificación, según nos cuentan los orgullosos vecinos, ha cambiado desde 1952, fecha en la que Gabo regresa con su mamá, Luisa Santiaga, a vender la casa que compró alguna vez el abuelo del escritor, el coronel Nicolás Márquez. Sabemos que fue la referencia para muchos de sus personajes, y que el haberlo perdido, cuando tenía ocho años, marcó su ida de Aracataca y el comienzo de otra vida. A sus biógrafos, Gabo siempre los ha despistado con este dato: “A mí me dejaron de pasar cosas hasta los ocho años”. Para los que afirman que se olvidó de Aracataca, esto es una reconvención. Para Gabo, lo más importante sucedió en Aracataca. Los turistas podrán ver la única parte que permanece intacta en la casa, y es el cuarto de los Guajiros. Ahí están los mismos pedazos de tabla con la que se construyó la casa hace 120 años. Hay un pivijay hermoso cuyas raíces siguen moviéndose, pero no hay que confundirlo con el árbol donde fue amarrado José Arcadio Buendía, después de convencer a la familia y a Macondo de que sus invenciones y conocimientos habían superado los límites de la razón humana. Ese era un castaño “que fue asesinado” —el término lo usó uno de los cuidadores de la casa— por un rayo, hace más de veinte años. El árbol que queda apenas tiene noventa. Noventa años tienen muchos señores que pasan sus tardes en sus mecedoras, en las entradas de las casas. Ellos son felices si uno se acerca y les pregunta por Gabo. Alguno podrá recordar la época, a mediados de los años cincuenta, cuando el escritor regresó al pueblo por temporadas, decidido a descansar después de vender por toda la región enciclopedias. En esas correrías lo acompañaba Rafael Escalona, su amigo infatigable. Si está con suerte, uno de esos señores podrá recordar alguna rumba con Gabo, a punta de ron caña, un antiguo trago de la región. A dos cuadras de la casa museo está un camellón recientemente construido, en donde los cataqueros pasan sus tardes de sofoco, que conecta con la legendaria estación del tren en donde ya no se detiene. Pero, eso sí, dos veces por día se ven los vagones llenos de carbón pasar por el pueblo desde el Cerrejón. De la estación, está a 100 metros de un río de aguas cristalinas y piedras tan grandes como huevos prehistóricos. Pero el viaje no termina acá. Los japoneses dicen “Un pueblo no puede tener gente mala si tiene buena comida” y la sazón de Aracataca —sus fritos, sus jugos— son maravillosos. Aracataca ahora tiene festival. Desde este 2025, arrancó y su gastronomía deleitó a los cientos de visitantes que llegaron entre el 2 y el 3 de agosto. Aracataca merece una oportunidad de ser conocida. Si está en Santa Marta no se la pierda. Más allá de los murales de Gabo, de su casa, de una iglesia de agujas que apuntan al cielo, de sus atardeceres de rojo furioso y de su cercanía con la Sierra Nevada, hay que darse el gusto de conocer a la gente que vive en Macondo. Esa gente es Colombia.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. Durante todo el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha especulado sobre supuestos amoríos extramatrimoniales, cosa que hace parte de su vida privada pero que se ha convertido en alimento para el morbo político que desplaza el debate sobre asuntos importantes de Estado y descalifica a todas las mujeres cercanas al presidente convirtiéndolas en sospechosas de ser su “moza”. Hemos escuchado que la excanciller Laura Sarabia, la coordinadora del gabinete del Ministerio del Interior Juliana Guerrero, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes Yannai Kadamani Fonrodona, o la presentadora y mujer trans Linda Yepes, entre otras, quienes han tenido que soportar comentarios que, en vez de analizar sus capacidades profesionales, reducen su presencia en la esfera pública a un supuesto intercambio de favores sexuales. Históricamente cuando una mujer asciende a posiciones de poder, sus competencias se ponen en duda. Desde la derecha hasta la izquierda recurren a la misma estrategia de descalificación de las mujeres. La sospecha sobre su sexualidad como atajo al poder son irrespetuosas y deslegitiman su presencia y liderazgo, reforzando la idea de que una mujer no llega a dichos escenarios por méritos profesionales. El problema con esta dinámica es que desvía la atención del debate sobre la gestión pública hacia chismes y moralismos que poco aportan a la deliberación y profundiza el marco patriarcal en el que la vida sexual de las mujeres se convierte en un argumento para invalidar sus logros. Y no se trata solo de Petro y la posibilidad de los supuestos amoríos, esta estrategia es reproducible contra cualquier mujer que habita es escenario público, de cualquier ideología, lo cual es inaceptable. Lo que debería alarmarnos es que estos señalamientos constantes afectan los esfuerzos por alcanzar la paridad y fortalecer el liderazgo femenino. Los datos de ONU Mujeres muestran que en Colombia las mujeres somos el 52% de la población, pero son menos del 20% en el Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales, sin contar las cifras sobre cargos directivos. Y si ya es difícil llegar a esos escenarios, el costo es mayor cuando para mantenerse en un cargo se está acompañadas de rumores sexuales. Esto sucede porque el patriarcado ha deslegitimado históricamente el mérito de las mujeres con la idea de que solo los hombres progresan por mérito. Pero también porque persiste una mirada machista que estima el cuerpo femenino como nuestra única “herramienta”. Además, este desmérito se constituye como un castigo a las mujeres que rompemos roles tradicionales y nos proyectamos con independencia, por eso, a través de acusaciones que ponen en duda nuestras capacidades buscan disciplinarnos públicamente y enviar un mensaje que reprime a otras mujeres que aspiren a lo mismo. En este contexto, ese moralismo funciona como un mecanismo de control que nos afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Esta vigilancia sobre nuestros cuerpos y sexualidad se sustenta en un aparente debate ético pero el mensaje es que si eres mujer y destacas pues eso responde a la instrumentalización de tu cuerpo. Adicionalmente, si se reduce a las mujeres en política al papel de “mozas”, perdemos referentes femeninos en los espacios de toma de decisiones, afectando la posibilidad de centrar la discusión en las capacidades y enfoques que como mujeres se pueden aportar. El debate no debería ser cuántas o quiénes son las “mozas” del presidente, sino por qué seguimos aceptando que la sexualidad femenina sea una herramienta en lo público. Si no cuestionamos esos códigos, la próxima generación de mujeres lideresas tendrá que seguir enfrentando techos de cristal todavía muy sólidos, pues mientras nos distraemos con chismes, el patriarcado sigue ganando.

Por: Iván Gallo Coordinador de Comunicaciones En la madrugada de este 11 de agosto, se hizo oficial la muerte de Miguel Uribe Turbay. La lucha por su vida duró dos meses. El sábado le realizaron una sexta intervención quirúrgica intentando sacarlo del coma, irle quitando la sedación, pero todo fue inútil. Tenía 39 años. Desde 1990, con el asesinato de Carlos Pizarro, el país no vivía una situación de violencia tan exacerbada. Las diversas manifestaciones de dolor y afecto cubren todo el espectro político. El primer gran hecho de violencia política en el país fue el asesinato, frente al Congreso de la República, del general Rafel Uribe Uribe, por dos campesinos de Ragonvalia, Norte de Santander, a hachazos. Esto fue en 1914. Pasaron poco más de treinta años para que, en hechos que jamás fueron completamente esclarecidos, fuera baleado, en plena carrera Séptima de Bogotá, Jorge Eliécer Gaitán. El país ya venía presentando un cuadro crítico de violencia política. Durante los años 1946 y 1948, los liberales, sobre todo en los municipios más alejados del país, vivían una persecución encarnizada. Los muertos se contaban en ramilletes. El discurso incendiario de Laureano Gómez era una de las razones. En ese momento era canciller, y su influencia era bastante nociva para la estabilidad de la paz. Eso, que ahora llaman polarización, era una guerra encarnizada entre dos bandos, los liberales y los conservadores. Gaitán, en sus discursos, iba anunciando que la violencia iba a explotar, que había manos que estaban detrás de él y querían borrarlo. Para conmemorar a las víctimas liberales de la violencia, Gaitán anunció y lideró una marcha del silencio. Fue tan potente esa marcha que muchos decían que, si no le hacían daño, nadie podría parar al caudillo en la búsqueda de la presidencia. El 9 de abril de 1948 a la 1:05 de la tarde, mientras salía de su oficina en el edificio Agustín Nieto, fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán. Recibió tres disparos. El señalado como asesino fue Juan Roa Sierra, un hombre de 27 años apocado por la falta de oportunidades que se aferraba a lo paranormal, a esperar que el Mohán, que supuestamente habitaba el cerro de Monserrate, le dejara un tesoro, a que su anillo de calavera, legado rosacruz, le diera poderes para superar lo que parecía, de manera irreversible, una vida consagrada a la derrota. Tenía una hija que mantener, una madre cuyas críticas debía acallar, y una esposa que recuperar por eso, cuando le ofrecieron cinco mil pesos para matar a Gaitán, estaba tan desesperado que ni siquiera tenía para comprar un revólver. El que le encontraron, ese mediodía del viernes 9 de abril, no le servía ni el gatillo. Por eso, la teoría que han manejado, estudiosos del Bogotazo, es que Roa Sierra fue apenas el señuelo, una carnada para evadir al verdadero asesino, el que disparó con certeza tres veces. Pocos minutos duró vivo Roa Sierra. Dos policías intentaron salvaguardarlo de una turba, metiéndolo en la droguería Granada, pero los emboladores, ofuscados por los agitadores, tumbaron las rejas, las puertas; sacaron a Roa, y le destruyeron la cabeza, pegándole con sus cajas de embolar. Incluso le tiraron una zorra encima. Y Bogotá fue encendida, parcialmente destruida, sobre todo en el centro. “Vengadme, si caigo”, dijo Gaitán. Los dirigentes liberales, como Darío Echandía, Turbay o López no podían dirigir a una masa que llevaba en andas, como a un pelele, el cuerpo desnudo de Roa Sierra. Desde la radio se desinformaba. Se decía que el ejército estaba de parte del pueblo gaitanista, que los cadáveres de Mariano Ospina, Laureano y toda la corte liberal colgaban de la lengua, en los faroles de la Séptima. La verdad, como lo narra Fidel Castro, un testigo de excepción, en ese entonces, un joven estudiante cubano que había venido a Bogotá a actividades relacionadas con la Conferencia Panamericana que se realizaba en esta ciudad, no hubo organización. Fue un grito furioso y también desarticulado de rabia, que terminó con 3.000 muertos, producto de la represión del ejército, de los ataques espontáneos entre la gente que, al ver que no podrían conquistar el Palacio de Nariño, se dedicó a saquear, a emborracharse y a desahogarse con las armas que encontraran, fueran fusiles o machetes. Colombia tuvo la oportunidad de revolución, pero no lo logró. El Bogotazo, eso sí, no solo cambiaría para siempre a la capital, sino también al país. Nada volvería a ser como antes. No poder resolver el misterio de quiénes fueron los que mataron a Gaitán, ahondó aún más una crisis que no termina.

Por: Iván Gallo Después de dos meses luchando por su vida, Miguel Uribe Turbay murió este 11 de agosto en la clínica Santa Fé. Quien disparó contra el candidato del Centro Democrático fue un joven de 15 años que fue neutralizado después del atentado. Alcanzaron a quitarle el arma y en este momento está detenido. Mientras estaba en el suelo, sujetado por policías, el muchacho gritaba lo siguiente: “Déjenme darle los números. Pero si no me sueltan... Déjenme darle los números”. No es la primera vez que un menor de edad ataca y asesina a un candidato presidencial, de hecho el país vivió un momento muy oscuro entre 1989 y 1990. Este fue el recorrido. Fue un muchacho que vivía en la calle a quien escogió John Jairo Alias Tascón, alias Pinina, sicario de confianza de Pablo Escobar, para que condujera un bus, robado previamente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cargado con 500 kilos de dinamita, para hacerlo estrellar al frente de la sede principal del DAS. Pablo Escobar y sus socios tenían en la mira al director de esa entidad, el general Maza Márquez, y si tenían que volar un edificio entero lo harían. El saldo no pudo ser más trágico: murieron 63 personas, algunos funcionarios, otros bogotanos que tuvieron la suerte de estar en el lugar y el momento equivocado. El cráter que dejó fue de cuatro metros de profundidad por trece de diámetro. Quedaron arrasados 300 locales comerciales del sector de Paloquemado. Por la violencia del impacto algunos cuerpos fueron pulverizados. En ese momento, 6 de diciembre de 1989, ser colombiano era un acto de fe. Del muchacho que condujo el bus no quedó nada. Ni siquiera le pagaron el anticipo prometido. Ese fue el año en el que el Cartel de Medellín decidió declararle la guerra al Estado. La modalidad que usaron fue la de los suizos. Así los puso el circulo de confianza de Escobar a todos esos “peladitos que no valían nada” “Desechables de comuna” que querían hacer cualquier cosa con tal de dejarles algo a su familia o de poder disfrutar, así fuera por unos minutos, de unos Nike de última generación. De adolescentes estaban compuestos los ejércitos formados por Pablo Escobar, sacados de los barrios más pobres de Medellín. A uno de esos pelados también lo engatusaron para hacer otro de los peores ataques que perpetró el Cartel de Medellín. El 27 de noviembre de 1989 un avión de Avianca haría la ruta Bogotá-Cali. Se sabía que César Gaviria, quien había tomado la posta dejada por Luis Carlos Galán después del asesinato, se subiría a la aeronave. Por eso, Dandeny Muñoz, alias la Quica, encargado de hacer el operativo, le recomendó a un muchacho que acababa de conocer llevar un maletín, un portafolio, y abrirlo cuando el avión hubiera despegado. A cambio le pagaría un montón de billetes. César Gaviria nunca se montó al avión pero la orden no fue reversada. El avión explotó sobre el cielo de Soacha. Murieron 110 colombianos.    Andrés Arturo Gutierrez tenía 21 años cuando mató en el aeropuerto el Dorado a Bernardo Jaramillo Ossa. Trabajaba en una fábrica para hacer la tiza con la que se les saca punta a los palos de billar. Le pagaban una miseria y llegaba a su casa en Medellín con las manos reventadas. Un amigo de toda la vida, llamado Yerry, fue quien le hizo una oferta de trabajo que le cambiaría la vida. Le dio una foto de Bernardo Jaramillo y le dijo que ese era el señor que tenía que matar. Gutiérrez, en su ignorancia, no sabía que ese hombre de bigote y con aire bonachón era candidato presidencial de la UP, una fuerza política que estaba siendo exterminada por los escuadrones de la muerte. Igual no importaba quien fuera. Había que hacer la operación. La realizó en la sala de espera del aeropuerto El Dorado. A pesar del poderoso esquema de seguridad y que dos agentes del DAS habían estado dos horas antes en el aeropuerto para reportar que “todo estaba normal” el detector de metales para pasar a la sala de espera, no funcionaba. Por eso Gutiérrez pudo ingresar la pistola que descargó sobre Jaramillo Ossa. Herido, el líder de la UP intentó pararse pero resbaló después sobre su propia sangre. Mariella, el amor de su vida, alcanzó a escucharlo decir “me mataron mi amor, me mataron estos hijueputas”. Jaramillo llegó sin signos vitales a un hospital en Kennedy. Gutiérrez, una vez disparó, alcanzó a tirarse al piso y a suplicar por su vida. Llegó herido a la clínica y se repuso. Regresó a Medellín y dos años después fue abaleado junto con su papá mientras salían de un parqueadero. Los verdaderos asesinos de Jaramillo Ossa no querían dejar rastro. Yerry tenía otra misión. Matar a Pizarro. El candidato presidencial por el M-19 abordó un avión Bogotá-Barranquila. El verdadero nombre de Yerry era el de Germán Gutiérrez Uribe. Cuando el avión llevaba 15 minutos de vuelo, el joven sicario se levantó al baño, sacó una Mini-Ingram 380 y le pegó 13 balas en el cuerpo y la cabeza del ex comandante del M-19. Los miembros del DAS que formaban parte del cuerpo de seguridad de Pizarro le dispararon a Yerry sin mediar palabra. No quedaron testigos. Los suizos fueron uno de los capítulos más oscuros de la guerra del Cartel de Medellín contra el Estado colombiano y mostró hasta qué punto se degradó. La vida no valía nada.   La historia se repite y, después de este 11 de agosto, cuando Miguel Uribe perdió la lucha con la muerte, se necesitan políticas que eviten que este loop de violencia se siga extendiendo.