Se renueva la mesa de dialogo con Calarcá y aumentan las dudas sobre la territorialización de los acuerdos

Por: Paola Marín

El pasado 23 de junio de 2025, en el departamento de Caquetá, se reactivó oficialmente la mesa de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), liderado por Calarcá Córdoba. La reunión marca el reinicio de un proceso que había permanecido suspendido durante varios meses, desde el último ciclo formal en octubre de 2024. Según el comunicado conjunto, tanto el Gobierno como los comandantes del EMBF manifestaron su voluntad política para dar continuidad al diálogo, destacando la necesidad de realizar un encuentro amplio con las comunidades para definir las prioridades del nuevo ciclo. Esta reactivación también implicó un relevo en el equipo negociador: Gloria Quiceno asumió como nueva jefa de la delegación del Gobierno, en reemplazo de Camilo González Posso, lo que representa un nuevo impulso al proceso.

Aunque la reanudación de la mesa fue tomada como un gesto de voluntad entre las partes, aún quedan dudas sobre las etapas que han hecho parte de estas mesas territoriales, especialmente en lo que respecta a las Zonas de Ubicación Temporal. Frente a este punto, el Alto Consejero Para la Paz, de Norte de Santander afirmo en entrevista para el enlace regional de Pares, que la mesa de negociación se encuentra avanzando en el desminado de la zona en la cual se ubicaría la ZUT.  De igual forma, menciono que desde la consejería se entablo comunicación con la mesa de Gestoría de Paz del ELN, para avanzar en el seguimiento de temas humanitarios. Sin embargo, tras el atentado que realizó el ELN contra la Fuerza Pública en el municipio del Carmen. Surgen cuestionamientos sobre temas de seguridad y de como se saldara el riesgo de generar estas zonas, cuando aún se libran disputas entre el Frente 33 y el ELN en la región. Sumado a la preocupación por parte de la sociedad civil que habita en zonas aledañas a la ZUT.

De igual forma, es clave señalar, la reciente coincidencia geográfica entre la ZUT en Tibú y la denominada “zona binacional” la cual abarcaría zonas como Táchira y Zulia. Estas zonas plantean una intersección crítica entre apuestas institucionales por la paz y escenarios de alta conflictividad armada.  En tanto ambas iniciativas—una de carácter transicional en el marco del proceso con el Frente 33 del EMBF, y otra de cooperación internacional para el desarrollo fronterizo—confluyen sobre un territorio disputado, y que actualmente se encuentra en emergencia humanitaria resultado de la confrontación entre el ELN y el EMBF. También sobre este punto el Alto Consejero de Paz, menciona que la concertación de la Zona Binacional fue una decisión entre el Gobierno Nacional y la Cancillería junto con el Gobierno de Venezuela, sin tener en cuenta al territorio. Esto es crucial, porque, a pesar de que esta iniciativa podría ser una articulación de políticas públicas para el desarrollo económico y social transfronterizo, nuevamente marca una tensión entre la creación de instancias territoriales, alejadas de los territorios y superpuestas desde el centro del país.

Por ahora, retomando la reactivación de la mesa, es importante resaltar el llamado a la articulación con organizaciones sociales y sociedad civil. Como se destaca en el comunicado de la reunión entre el Gob Nacional y EMBF. Las organizaciones sociales y campesinas han seguido trabajando en la transformación de sus territorios, en iniciativas de formalización de la tierra y en la socialización de propuestas como las Zonas de Reserva Campesina. Este enfoque pone en el centro del proceso de paz a los sujetos territoriales que, continúan construyendo paz desde abajo, pese a la persistencia del conflicto armado y las tensiones con las instituciones de gobierno. En este sentido, la mesa retoma su curso no solo como una agenda entre actores armados y el Estado, sino como un espacio articulado con los proyectos y aspiraciones de las comunidades.

Paralelo a esta reactivación, se realizó la instalación del primer Comité Directivo del proyecto Sembremos Confianza. Esta iniciativa, nacida del IV ciclo de diálogos con el EMBF, se implementará en siete municipios del norte y Bajo Cauca antioqueño (Ituango, El Bagre, Briceño, Anorí, Valdivia, Segovia y Yarumal) y constituye una apuesta integral por el desarrollo rural sostenible y la restauración ambiental. Financiado por el Fondo Multidonantes para la Paz (MPTF) y liderado por Corantioquia en articulación con la Consejería Comisionada de Paz, la ADR, organismos de Naciones Unidas y autoridades locales, el proyecto combina la protección ambiental del Corredor del Jaguar con la reconversión productiva, la inclusión de mujeres rurales y el fortalecimiento del tejido comunitario en zonas profundamente afectadas por el conflicto armado, la minería ilegal y los cultivos ilícitos.

Finalmente, el reto fundamental de este momento político no radica únicamente en avanzar en mesas de diálogo o en suscribir compromisos programáticos, sino en asegurar que las transformaciones territoriales para la paz no sean transaccionadas entre el Estado y los actores armados, sino construidas desde y con las comunidades. La experiencia acumulada en múltiples procesos demuestra que cuando la implementación queda en manos de quienes han ejercido control armado sobre los territorios, se reproduce la lógica del poder violento y se margina la voz de quienes han resistido desde la organización social, la producción campesina y la defensa de la vida. Por ello, es indispensable que los acuerdos trasciendan el plano de la negociación política y se encarnen en la vida cotidiana de los territorios, mediante planes construidos de manera participativa, con enfoque territorial, étnico y de género, y con garantías de no repetición. La paz no puede seguir siendo una concesión sino debe ser una construcción colectiva.