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Por: Redacción Pares Foto: infobae Han sido dos semanas de absoluta complejidad y angustia para los militares asentados en el Cauca. Desde el pasado 12 de octubre el gobierno nacional y el ejército lanzaron sobre este departamento la Operación Perseo con la que buscaba recuperar territorio ganado por las disidencias de las FARC desde el año 2019 cuando en disputa con el ELN pudieron ejercer un control histórico que han tenido allí. En el primer trimestre en el que entró en juego la operación los logros son incontrastables, se han incautado 560 toneladas de cocaína y otras 100 de marihuana según ha revelado el ejército. Además se han capturado a doce miembros de la Carlos Patiño, la estructura armada que manda en esa región y se han desinstalado 500 artefactos explosivos. Además hasta hace unas pocas semanas no se dudaba que se había conseguido lo más importante: ganarse a la población civil.   Pero desde el pasado 6 de marzo la situación en el Cauca y particularmente en el Plateado se ha agravado para la fuerza pública. Una asonada, impulsada por la Carlos Patiño, obligó al repliegue de las unidades militares después de haber recuperado el sector de La Hacienda. Este fin de semana el ministro del interior Armando Benedetti viajó a ese departamento, habló con la comunidad y tocó uno de los temas más álgidos, el de la sustitución de cultivos. Parecía que volvía el control y Perseo continuaría con su andar sin contratiempos pero estos volvieron a aparecer.   En la noche del 12 de marzo, en la vereda La Esperanza del municipio de Balboa, en el Cauca, hombres pertenecientes presuntamente a la Carlos Patiño arremetieron contra la caravana del ejército que transportaba las piezas de un puente que iba a ser reconstruido después de su destrucción semanas atrás. Este puente seguía para comunicar a El Plateado con Argelia. El saldo no pudo ser más trágico, cinco uniformados fueron asesinados. El ataque se dio por un artefacto explosivo enterrado en uno de los costados de la vía. El escenario en el que se dan estos hechos es el del Cañón del Micay, el principal enclave cocalero del suroccidente del país y que se convierte además en uno de los corredores de la coca más representativos y efectivos.   El actual ministro de la defensa, el general Pedro Sánchez afirmó que se dará una recompensa de 300 millones de pesos por la información que se entregue para ayudar a la captura de los asesinos de los soldados. El norte del Cauca es uno de los leños que no se han podido apagar en el incendio de la guerra en Colombia.

Por: Andrés Paternostro, enlace regional Foto: Comfenalco Antioquia El Nordeste de Antioquia atraviesa un clima de tensión y zozobra tras el secuestro y asesinato de Jaime Alonso Gallego Gómez, conocido como "Mongo", un reconocido líder minero, político y defensor de los derechos humanos en la región. Su muerte, presuntamente a manos de integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), ha conmocionado a la comunidad minera y ha generado un fuerte reclamo de justicia. Gallego, presidente de la Mesa Minero Agroambiental del Nordeste Antioqueño y figura clave en la interlocución entre los trabajadores del sector y el Gobierno Nacional, había denunciado en reiteradas ocasiones los abusos de las autoridades contra la minería artesanal. Su desaparición fue reportada el 3 de marzo, cuando se dirigía a una reunión en Vegachí con supuestos integrantes de un grupo armado. Seis días después, su cuerpo sin vida fue hallado en la vereda El Jabón, con varios impactos de bala. Paralelamente, en medio de la ofensiva militar desplegada en la región para dar con los responsables de este crimen, el Ejército sostuvo un enfrentamiento con integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle del Clan del Golfo, en la zona rural del corregimiento de Liberia-Charcón, municipio de Anorí. Durante el operativo, fueron abatidos tres presuntos miembros de la estructura criminal, entre ellos dos cabecillas: alias "Barba Sucia", presunto líder de la unidad especial autodenominada Los Escorpiones, y alias "Acosta", jefe de escuadra. Esta confrontación, que se prolongó por varias horas, dejó un número indeterminado de heridos y evidenció la creciente disputa territorial entre los Grupos Armados Organizados (GAO) que buscan controlar la minería de oro en el Nordeste antioqueño. La situación ha agravado la vulnerabilidad de municipios como Segovia, Remedios y Anorí, donde el Clan del Golfo ha intensificado su proceso de expansión desde diciembre de 2024. El asesinato de Jaime Gallego: un crimen anunciado El asesinato de Gallego no fue un hecho aislado. Durante su trayectoria, el líder minero interpuso al menos 23 denuncias por amenazas en su contra (Santa Arango, 2025). Su desaparición y posterior homicidio reflejan la crítica situación de seguridad que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia, especialmente en zonas de conflicto donde los grupos armados imponen su control territorial. El presidente Gustavo Petro señaló al Clan del Golfo como responsable del crimen y exigió a las autoridades la inmediata captura de los presuntos responsables, entre ellos alias "Máximo" o "Sebastián". Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y capturar a los autores materiales e intelectuales. El 11 de marzo de 2025, con un profundo sentimiento de dolor e indignación, Jaime Alonso Gallego Gómez fue sepultado en Segovia. Su asesinato dejó una herida abierta en el gremio minero de las subregiones del Nordeste y Bajo Cauca. Miles de personas, entre familiares, amigos, mineros, líderes sociales y comunidades enteras, salieron a las calles en un acto de despedida marcado por la tristeza, la rabia y la exigencia de justicia. Al compás de bandas marciales y papalleras, su legado fue honrado con aplausos y consignas en defensa de la minería artesanal. Foto: Revista Región. https://web.facebook.com/photo?fbid=1077798791030862&set=pcb.1077799084364166 El futuro incierto del paro minero El asesinato de Gallego no solo dejó un gran vacío en el liderazgo del sector minero, sino que también profundizó la incertidumbre sobre las condiciones de trabajo y seguridad en la región. Ante este crimen, los mineros del Nordeste decidieron suspender el paro programado para el 10 de marzo, en señal de respeto y solidaridad con su familia. Sin embargo, la protesta no ha sido cancelada, sino reprogramada para el 21 o 22 de marzo, a la espera de un pronunciamiento claro de las autoridades (Periodista Digital, 2025). El paro minero surge como respuesta a las dificultades que enfrenta la pequeña minería en la región. Más de 17.000 mineros han expresado su preocupación por la falta de avances en la formalización de su actividad, la superposición de títulos mineros en zonas donde han trabajado históricamente y los operativos de control que han afectado la cadena productiva del oro, incluyendo el transporte de material. Además, han manifestado inquietudes sobre la seguridad jurídica de su labor y la necesidad de un diálogo más efectivo con las autoridades para buscar soluciones sostenibles. Entre los principales puntos de la protesta se encuentran la revisión de los títulos mineros, el fortalecimiento del Plan Único de Formalización Minera y garantías para ejercer la actividad sin ser considerados ilegales. También han solicitado mecanismos para la convivencia entre la minería artesanal y la minería a gran escala, debido a los cambios que esta ha generado en el territorio. Una región sumida en el temor El Nordeste antioqueño es una de las zonas más afectadas por la violencia en Antioquia y en Colombia, con una fuerte presencia de grupos armados organizados que disputan el control del territorio y de actividades económicas como la minería. La desaparición y asesinato de Jaime Gallego han puesto nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los líderes sociales y la impunidad que rodea estos crímenes. La ofensiva militar en la región ha incrementado la tensión, con combates constantes entre el Ejército y los grupos armados que buscan afianzar su control territorial. El Clan del Golfo, en particular, ha intensificado su expansión criminal en Anorí, Segovia y Remedios, intentando desplazar al ELN y a las disidencias de las FARC. Mientras tanto, las comunidades quedan atrapadas en medio de esta lucha por el poder, sin contar con una protección efectiva del Estado. Mientras la comunidad minera define sus próximos pasos, el asesinato de Gallego se suma a la alarmante estadística de líderes asesinados en Colombia. En lo que va de 2025, 34 defensores de derechos humanos han sido víctimas de la violencia, una cifra que sigue en aumento y que refleja la deuda histórica del Estado con quienes luchan por los derechos de sus comunidades (Fundación Agencia Periodistica de Noticias, 2025). El llamado de los sectores sociales es claro: el Gobierno debe garantizar justicia para Jaime Gallego y adoptar medidas urgentes para proteger a los líderes sociales. Sin seguridad y garantías reales, la actividad minera en el Nordeste antioqueño seguirá siendo un terreno de alto riesgo para quienes buscan condiciones dignas de trabajo y desarrollo para la región. Referencias Fundación Agencia Periodistica de Noticias. (09 de 03 de 2025). Ya son 34 líderes sociales asesinados en 2025. Obtenido de https://apnnoticias.com/ya-son-33-lideres-sociales-asesinados-en-2025/ Periodista Digital. (10 de 03 de 2025). Aplazan paro minero por asesinato de ‘Mongo’. Teleantioquia . Obtenido de https://www.teleantioquia.co/noticias/aplazan-paro-minero-por-asesinato-de-mongo/ Santa Arango, P. A. (10 de 03 de 2025). ¿Cuál fue el móvil del asesinato del líder social y minero Mongo? Esto dicen las autoridades. Teleantioquia . Obtenido de https://www.teleantioquia.co/noticias/cual-fue-el-movil-del-asesinato-del-lider-social-y-minero-mongo-esto-dicen-las-autoridades/

Por: Redacción Pares Foto: RCN radio Una guerra entre bandas azota las calles del barrio San Bernardo. En la noche del pasado 12 de marzo explotó un artefacto y, sobre la calle 3 con carrera 10, tres personas cayeron muertas después del atentado. Las dos bandas que se enfrentan son Los venecos y Los Costeños. Se disputan palmo a palmo unas cuadras que se han convertido desde el 2016, cuando el entonces alcalde Enrique Peñalosa decidió intervenir el Bronx, en las cuadras más peligrosas de la capital. La alcaldía de Galán ha intentado apagar el incendio con más gasolina. En los tres meses que se llevan de este 2025 se han hecho más de 120 capturas en ese barrio, se han incautado dos armas de fuego, dos granadas de fragmentación y 20 mil dosis. Pero aún las bandas ejercen poder y tienen poder de reacción y se defienden atacando.   La situación del San Bernardo viene siendo crítica desde hace nueve años. La decisión del entonces alcalde Enrique Peñalosa de tomarse el Bronx no estuvo acompañada de la debida reubicación de los habitantes de calle que estaban en ese lugar, así que simplemente cambiaron de calle. La de la noche del 12 de marzo es la tercera explosión en tres semanas en el barrio.  La primera de estas explosiones se dio el pasado 18 de febrero. En ese momento una persona murió y otras siete resultaron heridas.   Si un viajero del tiempo tomara una máquina y se fuera hasta el 8 de abril de 1948 y abriera sus compuertas en el barrio San Bernardo quedaría impactado con el contraste. En esa época, junto a las Cruces, San Bernardo era el barrio más distinguido de la ciudad. Las casas, los edificios tenían un claro estilo colonial, algunas veces gótico. Sobre la calle 6 con carrera 12 quedaba uno de los edificios más bonitos de la capital, se trataba del Laboratorio Nacional de Higiene. La furia que generó el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, los incendios que se generaron, la destrucción de la venganza, hizo que Bogotá cambiara para siempre. No sólo se acabó el tranvía sino que algunos barrios nunca fueron los mismos. Uno de ellos fue el San Bernardo.   Sobre la década de los ochenta aún era un barrio que no revestía mayores problemas de seguridad. Algunos de esos viejos caserones del siglo XIX aún se conservaban y se habían transformado en pequeñas fábricas de muebles. Ya no era un barrio de personas acomodadas, los ricos se habían ido desde el Bogotazo. Pero el conflicto colombiano sería determinante para que el barrio terminara la metamorfosis que lo ha convertido hoy en un lugar tan problemático. El movimiento de los ejércitos, la confrontación entre paras y guerrillas, el mismo despojo violento, salvaje, de las Autodefensas, les quitó la tierra a los que la trabajaban honestamente. Sin alternativas ramilletes de personas llegaron a Bogotá. Uno de los lugares donde aterrizaron fue al San Bernardo. Además allí se asentaron bandas de vendedores de droga. Sobre el año 2000 San Bernardo ya era uno de los lugares más problemáticos de la ciudad.   Se intentaron soluciones como la creación del parque Tercer Milenio y para el 2016 Peñalosa habló de hacer una intervención urbana pero esto nunca se dio. Ahora, en la alcaldía de Galán, el San Bernardo es un polvorín. El bazuco se vende en sus calles, es un lugar en donde no existen controles, ni autoridad. San Bernardo es otro pedazo de la capital que acaso se perdió para siempre.

Por: Redacción Pares Foto: todos somos Colombia Uno de los escándalos de este año que más ha pisado callos no sólo en este gobierno sino en anteriores ha sido el de los sobornos que ha venido implementando Diego Marín Buitrago en los últimos veintiocho años para convertirse en el Zar del Contrabando en Colombia. Según reconoció el estratega catalán Xavier Vendrell a la campaña del hoy presidente le habrían entrado 500 millones de pesos de parte de quien se hace conocer como “Papá Pitufo”. El general Buitrago, quien estuvo a cargo de la policia aduanera, denunció a través de la W Radio que tuvo problemas mientras ejerció ese cargo e intentó atrapar a uno de los delincuentes con más influencia y más bajo perfil del país. Afirmó que alguien muy cercano al ex ministro de defensa de Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo, pidió su cabeza, al igual que el expresidente Andrés Pastrana. Lo hicieron justo cuando estaba a punto de atrapar a Marín Buitrago. En ningún momento el general de la policía afirma que ni Pastrana, ni el circulo cercano a Holmes, tuvieron cercanía con Papá Pitufo o recibieron algún tipo de soborno. Lo que es fáctico es que pidieron su cabeza justo cuando adelantaba operativos para apresar al contrabandista.   Desde noviembre del año pasado Diego Marín está preso en Portugal. Lo que sorprende es que, aunque el gobierno Petro afirma estar moviendo cielo y tierra para traerlo de regreso al país y se sepa la verdad no sólo sobre la financiación a su campaña sino sobre la cantidad de gente que ha podido engrasar en su red de corrupción a lo largo de tres décadas delinquiendo al más alto nivel. Se estima que por concepto de contrabando Papá Pitufo puede llegar a hacer 8 mil millones de pesos anuales.   Pero, en diálogo con W Radio, el abogado de Marín Buitrago, Camilo Rojas, afirmó que Papá Pitufo no ha sido notificado sobre las solicitudes de extradición que está haciendo el gobierno colombiano. “Nosotros nunca tuvimos conocimiento de esta solicitud”. Para que se efectúe la extradición, según queda explícito en el artículo 510 del juego del procedimiento penal. Rojas afirmó lo siguiente sobre la ida de su defendido a Portugal y deja claro que, supuestamente, Papá Pitufo nunca tuvo intenciones de evadir a la justicia: “Él se entera después de mucho tiempo que se están gestionando estas solicitudes por parte del Gobierno y del mismo presidente (...)  Él asume que lo que está pasando aquí es un tema político distante de lo jurídico y decide quedarse en Portugal para solicitar el asilo ”. Además deja claro que nunca tuvo intenciones de irse.   Esto ya se ha superado y en este momento el trámite de extradición entre Portugal y Colombia ya se está dando. La llegada de Papá Pitufo parece inminente.

Por: Redacción Pares “Lo que viene será mucho más duro” La advertencia la hace Israel que este miércoles lanzaron una nueva ofensiva terrestre y aérea. Esta semana se reiniciaron con todo las actividades militares desde Israel hacia Palestina. Antes de esta incursión terrestre que se dio en el sur y que busca hacer un corredor para que Israel pueda moverse se realizaron una serie de bombardeos que han dejado más de 400 muertos. El ultimatum del ministro de la defensa israelí Israel Katz parece ser lo suficientemente fuerte: “Si no se libera a todos los rehenes israelies y no se expulsa a Hamás de Gaza Israel actuará con una fuerza nunca vista hasta ahora”.   La violencia indiscriminada a hecho que los hospitales en Gaza estén colapsados. Algunos incluso tuvieron que suspender los tratamientos de diálisis. Con excepción del gobierno norteamericano el mundo a reaccionado con estupor ante esta ofensiva. Con la reanudación de esta ofensiva contra Hamás se rompe con el alto al fuego, mientras se negociaba una segunda etapa de diálogos. En un comunicado el movimiento islamista palestino le pidió a los países amigos pedir que Estados Unidos pueda presionar a Israel para que haga un alto al fuego: "Llamamos a los países amigos que apoyan la justa causa palestina a presionar al gobierno estadounidense para que cese esta agresión y esta guerra genocida contra civiles sin defensa".   En las últimas horas los bombardeos se recrudecieron. En la madrugada de este jueves mataron al menos a 58 palestinos en toda Gaza. Tres hospitales fueron destruidos. El director del hospital al-Shifa, en entrevista a France 24, resumió la angustia que viven por el sofoco israelí con esta frase “perdemos uno a uno a los heridos que podían haber sido salvados”. Atacar hospitales, viviendas, mezquitas, habitaciones alquiladas para desplazados y refugiados y hospitales constituyen un crimen de lesa humanidad. Entre los 438 fallecidos se encuentran 170 niños, 80 mujeres y 55 ancianos. El hospital al-Shifa ha sido el blanco de los ataques israelitas desde la ofensiva de octubre del 2023 ya que acusó a Hamás de convertirlo en su cuartel general.   Desde Gaza se lanza un SOS mundial. Los hospitales están completamente destruidos y la ocupación impide la entrada al territorio de ayudas humanitarias o medicina. En los 42 días que duró la tregua 4.000 camiones cargados de suministros ayudaron a aliviar las necesidades de dos millones de personas asentadas en 113 mil tiendas de campaña.   La determinación con la que Netanyahu a reanudado la violencia contra Gaza ha generado las protestas de israelitas en Jerusalen. Sin embargo nada parece dañarle el sueño a un líder que está cometiendo, desde hace más dos de años, crímenes de guerra.

Por: Redacción Pares Foto: Juan Diego Cano, Presidencia En cada discurso las referencias del presidente a García Márquez son constantes. Es más, si existe un gran difusor en este momento de la obra de Gabo, más eficaz que Netflix, es Gustavo Petro. Busca que el mundo tenga como referente del país al autor de Cien años de soledad y no a Pablo Escobar. Gabo y Petro tienen vínculos fuertes así no se conocieran personalmente. Ambos son hijos ilustres del Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá. Ahí están en los mosaicos que cubren las paredes de esa casa colonial como testigos. Ambos se preocuparon por Colombia y sus desigualdades. Petro desde la insurgencia y la política, Gabo apoyando iniciativas de periodisma independiente y aguerrido como la inolvidable Alternativa, la única revista que ha circulado en kioskos apoyando “todas las formas de lucha”.   Se viene para el país una fecha crucial, el 6 de marzo del 2027 se cumplirán los 100 años del natalicio de Gabriel García Márquez. Desde ya la Fundación Paz y Reconciliación se prepara para este evento poniendo como ombligo del mundo a Aracataca. El pequeño pueblo del Magdalena donde nació Gabo ha sido víctima del olvido estatal. La hojarasca del tiempo ha amenazado con borrarlo. García Márquez sólo vivió allí ocho años edad en la que le confesó a su biógrafo, el inglés Gerald Martin, “me dejaron de pasar cosas” Testigo de su paso está la Casa del Telegrafista, la ruta de Melquiades y una estatua de lata dorada en el parque en donde se ve al artista con la que sería su amiga incondicional: la máquina de escribir.   Petro en el 2027 ya habrá entregado su banda presidencial a otra persona pero, para dejar claro la importancia que tiene para él García Márquez, quiere dejar sembrada la semilla de lo que será un gran homenaje, uno en donde, se planea, visitarán Aracataca los nobel de literatura que queden vivos entre otras actividades. Pero, sobre todo, la mejor exaltación a su memoria es conectar al pueblo donde nació, el verdadero Macondo, con el resto del mundo. Consecuente con eso García Márquez viajó en visita sopresa a Aracataca, acompañado por la ministra de cultura Yannai Kadamami y buena parte de sus ministros. El presidente estuvo ayer 13 de marzo en el corazón del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta, cuyo territorio forma parte de Macondo. Ese contraste entre el mar y la nieve fue lo que volvió loco no sólo a José Arcadio Buendia sino a conquistadores como Lope de Aguirre.   La razón de la visita de Petro es la entrega de 811 hectáreas al resguardo arhuaco de la sierra, sector Gunmaku, ubicado en Aracataca. Pero esta entrega de tierras tiene todo el poder simbólico que siempre a unido al presidente con el universo de Macondo. Con su visita arranca la celebración del centenario de Gabo, una fiesta que durará dos años.

Por: Redacción Pares-Enlace territorial Catatumbo El 7 de febrero del 2025 el presidente Gustavo Petro decididó televisar un consejo de ministros que, para muchos de sus integrantes, sería el último. Con un informe detallado, hecho por Armando Benedetti, su nuevo jefe de despacho en ese momento, le endilgaba la responsabilidad del fracaso de varias de sus políticas banderas a sus asesores más inmediatos. Al regaño se sumaba la indignación que generaba que Benedetti, una figura que no tiene nada que ver con el progresismo y sobre la que pesan varias acusaciones de maltrato de género, estuviera sentado al lado del presidente. Estos encontronazos generaron la salida de varios ministros como el de cultura, Juan David Correa o la de ambiente, Susana Muhamad, además de la del director del DAPRE. En su afán por defender a Benedetti Petro también se fue con todo contra algunos de sus funcionarios más leales como Gustavo Bolívar. Lo que pocos recordaban era la razón de ser de ese consejo: hablar de la crisis que afectaba y sigue afectando al Catatumbo.   A partir de allí no sólo los medios tradicionales sino también el gobierno decidió pasarle página al capitulo y poner otro tipo de agendas. Pero el conflicto sigue vivo. La guerra entre el ELN y el Frente 33 de las FARC sigue causando muertos y desplazamientos. Según el boletín número 53 sacado desde el PMU del Catatumbo, con corte al 17 de marzo del 2024 -60 días después de que empezaran los conflictos- este es el balance de víctimas: 86 homicidios, de los cuales siete son firmantes de paz, 3 líderes sociales, 72 particulares y cuatro menores de edad. Los firmantes también tienen 6 de sus miembros desaparecidos.   Hay 58.052 desplazados, de ellos 30.093 están en Cúcuta. Al principio de la contingencia el epicentro de las ayudas que recibían estas personas era el estadio General Santander, conforme han pasado los días estas han sido repartidas en algergues, algunos improvisados en carpas como el del Trigal del Norte, en donde la gente sufre por la inclemencia climática, 12.081 están en Ocaña, una de las grandes ciudades que colindan con el Catatumbo. Los niveles de confinamiento también son preocupantes. Son 19.468 las personas que no pueden salir de sus casas en el Catatumbo. Su capital, Tibú, tiene el 48% de confinados con 8.510. Teorama cuenta con 6.000 confinados y El Carmen con 3.750. Se han entregado a la justicia de manera voluntaria 157 personas. Sólo del ELN se han entregado tres de sus miembros.   Las últimas noticias que llegan desde el Catatumbo gracias a nuestros enlaces territoriales hablan de una contraofensiva del frente 33 de las FARC en donde han podido recuperar algunas de las zonas que le quitó el ELN desde el 15 de enero. Este fortalecimiento del 33 tiene que ver con el apoyo que han recibido de otras disidencias que operan en el Magdalena Medio y Antioquia. El foco de los enfrentamientos se han centrado en el corredor terrestre entre Versalles y el kilómetro 19 vía Tibú. En este ataque ocurrido el pasado 19 de marzo se registraron tres personas muertas. A la ofensiva del frente 33 se suma la acción del ejército quien le ha venido propinando golpes al ELN. El ejército también se ha ido contra las disidencias FARC. El pasado jueves le incautaron un considerable arsenal de guerra.   En la contraofensiva del frente 33 de las FARC los civiles también se han visto afectados. El pasado 19 de marzo el enlace territorial de esta fundación en el Catatumbo informó la retención de un líder comunitario de Ascacamcat.   El ELN ha respondido a través de ataques con francotiradores. De esta manera asesinaron a soldados a finales de febrero en zona rural de Teorama e hirieron a otro uniformado en la base militar de la Esmeralda, municipio de Convención. También se registró el 14 de marzo el asesinato de dos hombres en el área urbana de Tibú. El ELN estaría detrás de la serie de asesinatos selectivos que se están dando en las últimas semanas en este municipio.   Es bueno recordar el hecho de violencia más escabroso que ha sucedido en el Catatumbo y que fue el disparador de este nuevo capítulo de guerra.   Se llamaba Miguel Angel López. Con su familia había creado hace cerca de una década una funeraria llamada San Miguel. La tenían en Tibú, corazón del Catatumbo. Desde comienzos de la década del noventa cuando las FARC llegaron a orillas del río que lleva el nombre de la región, con el fin de controlar las rutas de la coca, un negocio lucrativo que dejaba 36 millones de dólares trimestrales a esa guerrilla, los cadáveres suelen aparecer a lado y lado de las vías, flotando en el agua, arremolinados en sus propias casas. La arremetida paramilitar de finales de los noventa no trajo sino más muerte, más desolación. Por orden de la casa Castaño y de Mancuso se creó el Bloque Fronteras para instalarse en La Gabarra y Tibú y controlar los laboratorios y las rutas. Sacárselos a las FARC. En 1999 hicieron decenas de masacres pero las peores, las más contundentes fueron las de Tibú y la de la Gabarra en donde los muertos se contaban por decenas. La funeraria de López fue la que muchas veces, sin cobrar nada, le daba sepultura a los muertos que se agrietaban tirados al sol, sin dolientes, sin paz ni siquiera después de la muerte.   Desde entonces el Catatumbo y su gente no han parado de tener miedo. Los acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y Rodrigo Londoño, máximo comandante de las FARC, trajo por unos años algo parecido a la tranquilidad, a la esperanza. Pero no se implementaron bien los acuerdos en el cuatrenio que mandó Duque. La paz se hizo trizas. Además el Estado fue incapaz de copar el terreno dejado por los ilegales. En el 2024 la cifra de muertos se disparó: fueron 514 las personas asesinadas. Pero se sabía que desde cualquier momento volvería el horror en todas sus dimensiones. La orden del COCE había sido, desde agosto del 2024, empezar a darse plomo con las disidencias FARC que están comandados por Andrey Avendaño. En el Catatumbo todos se conocen, hay empatía, incluso entre bandos. Por eso el Comando Central del ELN, según versiones que han circulado desde enero, ordenó el traslado de hombres desde Arauca para Norte de Santander y así poder usar el gatillo sin tanta mente. Este traslado de hombres se ha confirmado y se teme que el canal por el que se movieron hubiera sido por Venezuela.   En enero se instalaría la muerte. El ELN empezó a llegar a las casas de los firmantes de paz, tumbaban la puerta, los sacaban y los mataban. Y entonces otra vez la gente salió de sus casas como en la época de los paras. Dos meses y medio después se cuentan por más de ochenta mil las víctimas entre desplazados, confinados y asesinados.   Pero lo peor fue lo que le pasó a la familia de Miguel Angel López. Miguel Ángel López tenía una funeraria en Tibú, Catatumbo pleno. En el 2024 fueron asesinadas 515 personas en esa región. En la última semana es probable que los muertos se cuenten por docenas. Son muchos y algunos no se pueden enterrar. Los dejan en la vera del camino hasta que el sol los ponga verdes. El ELN manda y el desobediente las paga, dicen con los puños cerrados. López no hizo caso. López sacaba su carro fúnebre y se llevaba a los muertos y los embalsamaba y los sepultaba. El jueves pasado mientras iba con su esposa, Zuley Duran y sus dos hijos por la vereda Las Sillas, zona rural de Tibú, los detuvieron y les dispararon. Miguel, Zuley, y su hijo de 10 meses murieron ahí, en el carro fúnebre con el que se ganaban la vida. Al hijo mayor no le pasó nada.   En Bogotá esta historia se conoció en su momento. La indígnación duró poco. Ahora Catatumbo sigue olvidada, un punto más en el mapa manchado de rojo. El 20 de febrero el ELN atacó con todo a Villa del Rosario y a un peaje en plena frontera con Venezuela. Se le volvió a pedir ayuda al presidente quien ha desplegado fuerzas especiales del ejército a este lugar de conflicto y ayuda material a sus víctimas. Pero se necesita algo más, por ejemplo un concejo de ministros en Tibú, algo que les ayude a recordar a los colombianos que en el Catatumbo la guerra sigue ardiendo.

Por: Nataly Paez La crisis humanitaria desencadena el 16 de enero de 2025 en la región del Catatumbo, tras la ofensiva del ELN contra el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), ha afectado de forma directa a los firmantes del Acuerdo de Paz. De acuerdo a los datos registrados por la Defensoría del Pueblo (con fecha de corte al 22 de enero) se han documentado 6 firmantes asesinados, siete desapariciones, y 102 desplazados.   El recrudecimiento de la violencia en esta zona ha generado un clima de zozobra que pone en riesgo tanto la estabilidad de los procesos de reincorporación como la seguridad de las comunidades, de manera que las acciones violentas contra firmantes de paz en el Catatumbo puedan ser extensivas a otros departamentos.  De hecho,la Defensoría del Pueblo en su última alerta temprana 005-25, emitida el 10 de marzo de 2025, advirtió sobre un posible riesgo inminente que enfrentaría la población civil, particularmente las personas firmantes del acuerdo y el campesinado, de los municipios de La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego, en el norte del departamento Cesar. Se menciona que la advertencia tiene como epicentro el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Simón Trinidad de la vereda Tierra Grata, situada en límites entre los corregimientos de Sabanas de León, de Manaure Balcón del Cesar, y San José de Oriente, de La Paz.   Mapa 1  Focalización geográfica del riesgo  Fuente: Defensoría del Pueblo Este riesgo inminente se plantea como consecuencia de una posible expansión de la confrontación armada del Catatumbo hacia la franja de la Serranía del Perijá, donde se proyectan enfrentamientos entre el Frente de Guerra Nororiental- Manuel Pérez Martínez del ELN y el Frente 19 Simón Trinidad del Bloque Magdalena Medio- Gentil Duarte del EMBF. La Defensoría del Pueblo, argumenta que esta región del Cesar se ha caracterizado por su valor geoestratégico como zona de refugio/retaguardia, o como corredor de movilidad, de manera que si esta región antes les resultaba de interés a los grupos armados en conflicto, ahora, en el marco de una confrontación abierta, adquiere un mayor valor.   ¿Cómo afecta esta situación a la población firmante de paz?   La prospectiva de riesgo inminente descrita por la Defensoría, indica posibles afectaciones directas contra esta población, entre las que se incluyen: homicidios selectivos, desplazamientos masivos, desapariciones forzadas, estigmatización, amenazas, retenciones ilegales, y extorsión. Esta acciones dirigidas contra la población del mencionado ETCR hace parte de dinámicas de estigmatización a través de las cuales su proceso de reincorporación  es puesto bajo sospecha por determinados sectores sociales y políticos, que los asocian con las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP, aumentado así su nivel de riesgo y vulnerabilidad frente a una eventual expansión del conflicto al norte del Cesar.   Estas dinámicas de estigmatización, han sido empleadas como mecanismo para justificar agresiones contra firmantes de paz. Una muestra de ellos es que, el pasado 19 de enero de 2025, a través de un comunicado del ELN titulado “No eran civiles, jugaban a dos bandos”, en el cual el Frente de Guerra Nororiental afirma que los cinco firmantes de paz asesinados para ese momento en el Catatumbo, eran  miembros activos del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), razón por la cual su asesinato era “justificado”. Ante este panorama crítico para los firmantes de paz, es necesario preguntarse:   ¿Cuál es el balance actual de homicidios contra personas firmantes del Acuerdo de Paz entre 2017 y 2025?   El Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), identificó  que entre los años 2017 y 2025 (con fecha de corte hasta el 3 de marzo) se perpetraron un total de 442 asesinatos en contra de personas firmantes del Acuerdo de Paz. A partir de estas cifras, se evidenció un aumento sostenido de los homicidios entre 2017 y 2019, reflejando un período de alta vulnerabilidad para dicha población. Este incremento puede estar relacionado con la lenta implementación de medidas de seguridad y la reconfiguración de grupos armados organizados en territorios históricamente controlados por la antigua guerrilla de las FARC-EP.     Particularmente, e n 2017 se registraron 36 asesinatos, cifra que se duplicó en 2018 con 67 casos, y alcanzó su punto más álgido en 2019 con 79 homicidios.  A partir de 2020, se observa un breve descenso progresivo en los asesinatos, con un total de 75 homicidios, que se redujeron el año siguiente (2021) a 53 asesinatos. Decreciendo la cifra aún más en el año 2022 a 42 homicidios, y aumentando dos casos más para el año 2023, para un disminuyendo nuevamente en 2024 con 30 casos. Sin embargo, pese a la reducción sostenida de casos de homicidio, el 2025 inicio de manera violenta, consolidando a enero de 2025 como el primer mes del año más violento entre 2017 y 2025, con un total de 10 casos.   Gráfica 1 violencia homicida contra personas firmantes del paz entre 2017 y 2025 Por otra parte, los datos reflejan que la violencia homicida contra firmantes de paz no es uniforme en todo el país, sino que se concentra en departamentos con una fuerte presencia de actores armados, disputas por el control social y  territorial y economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. El caso de Cauca, con la cifra más alta de homicidios (81) es un reflejo de la reconfiguración de la violencia en este departamento, donde los actores armados continúan disputándose el control de corredores estratégicos. La situación es similar en departamentos como Nariño, el cual registra un total de 43 asesinatos, Antioquia 41 y Caquetá con 40. La débil presencia estatal y la fuerte presencia de grupos armados ha convertido a estos  cuatro departamentos como los que concentran el mayor nivel de riesgo de violencia homicida para firmantes de paz a nivel nacional.   Gráfica 2 violencia homicida contra personas firmantes del paz entre 2017 y 2025 diferenciada por departamento Estos datos, evidencian que tras casi una década de la firma del Acuerdo de Paz de 2016,la implementación de dicho acuerdo en materia de medidas de protección a población firmante es deficiente, permitiendo la reproducción de factores de riesgo que afectan especialmente a esta población en zonas con presencia de conflictividad armada. El bajo nivel de implementación de medidas de protección y seguridad para firmantes no es una problemática reciente, pues aproximadamente hace tres años la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por medio de la sentencia   SU020/22, en la cual constató las graves violaciones a la vida y a la seguridad de la mencionada población, reconociendo, los reiterados incumplimientos y la falta de voluntad política de las autoridades para ejecutar sus obligaciones de manera concordante con las normas legales y constitucionales que desarrollaron el componente previsto en el punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz (Corte Constitucional,2022).Asimismo, la directora de la Agencia para la Reincorporación, Alejandra Miller, en entrevista con El Tiempo reconoció las falencias de la implementación del acuerdo y sus implicaciones en materia de seguridad para los firmantes:   “Creo que este tema de la seguridad sin duda se ha venido deteriorando, entre otras causas, por la no implementación a tiempo del acuerdo de paz.[...] Por lo tanto, una solución estructural al problema de seguridad, que sin duda es una enorme preocupación para la reincorporación,  si a los firmantes los están matando no hay reincorporación que valga,  está en la posibilidad de que avancen las mesas de diálogo en el marco de la ‘paz total’”.   Por lo tanto, teniendo en cuenta este panorama, es necesario que el Estado Colombiano implemente de manera efectiva lo pactado en dicho acuerdo, adoptando integralmente las políticas de protección contenidas allí ,de manera que estas se focalicen en las regiones donde se enfrentan mayores riesgos. De la misma manera, es necesario fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a eventuales escenarios de riesgo, como el señalado por la Defensoría del Pueblo en el norte del departamento del Cesar. La advertencia de la Defensoría del Pueblo sobre un riesgo inminente contra la población firmante ubicada en la Serranía del Perijá, debe constituirse como insumo para la prevención y reducción del riesgo, que permita mitigar las afectaciones que se pueden desencadenar ante una posible expansión de la crisis humanitaria del Catatumbo hacia la franja de la Serranía del Perijá, previendo que las graves afectaciones padecidas por firmantes en el Catatumbo no se reproduzcan en el Cesar.   Referencias   -Defensoría del Pueblo. (2025). Alerta temprana de Inminencia 005-25 . Recuperado de https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/005-25.pdf   -Corte Constitucional de Colombia. (2022). Sentencia SU-020/22 . Magistrada Ponente Cristina Pardo Schlesinger. Recuperado de  https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/SU020-22.htm -El Tiempo. (2024 ). "Sin seguridad para los firmantes, no hay reincorporación que valga": Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación . Recuperado de: https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/sin-seguridad-para-los-firmantes-no-hay-reincorporacion-que-valga-alejandra-miller-directora-de-la-agencia-para-la-reincorporacion-3401831   -Defensoría del Pueblo de Colombia. (2024, 5 de marzo). Se agrava la crisis humanitaria en el Catatumbo: 36.000 personas desplazadas . Recuperado de: https://www.defensoria.gov.co/en/-/se-agrava-la-crisis-humanitaria-en-el-catatumbo-36.000-personas-desplazadas

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos En marzo del 2015 Fabio Rubiano estrenó en el Teatro Colón Labio de liebre. Durante cerca de dos horas los espectadores enloquecimos. Si una cámara hubiera grabado nuestros rostros nos hubiera visto reir y cinco segundos después estaríamos llorando. Es la historia de un paramilitar condenado al exilio en un país nórdico y de cómo debe convivir con sus pecados en soledad plena. Los fantasmas de una de las familias que masacró se le aparecen en su casa. Están enterradas sin nombre en algún lote en Colombia. Para que descansen tiene que nombrarlos, reconocerlos. La obra la escribió, la dirigió y la protagonizó Fabio Rubiano. Detrás de él todo su equipo del gran teatro Petra. La obra tuvo tanta relevancia que Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia, la presentó en el Colón. Los que no querían la paz crucificaron a Fabio Rubiano. “Guerrillero” le decían los que no saben nada, los que odian todo, hasta el perdón.   Todo lo que ha podido ganar en la actuación -uno de los oficios más azarozos en Colombia- lo ha invertido en este lugar en Teusaquillo, un caserón republicano que se compone de un barcito, un lugar para comer y, por supuesto, un teatrino. Es una de las pocas salas de teatro familiares que aún resisten en Bogotá. Durante la pandemia casi desaparecen. Pero no sólo la pandemia les afectó sino la Economía Naranja, el programa del tecnócrata Iván Duque destinado a fortalecer el sector cultural, una intención que nadie supo entender bien, que no sirvió para nada. Durante la cuarentena tuve la oportunidad de conversar con él. Se lamentaba que, a diferencia de otros países, como Alemania e Inglaterra, que se destinaron recursos para mantener sus espacios teatrales, en Colombia el teatro estaba lejos de formar parte de la canasta básica.   Fabio Rubiano se hizo famoso en todo el país empezando los años noventa cuando protagonizó una comedia que se pasaba los lunes a las 7 de la noche, Vuelo secreto. Hacía televisión porque le gustaba actuar pero su verdadera pasión era la dramatugia. Nació en el barrio Restrepo de esas familias de varios hijos que se ayudan entre otros para sobrevivir. Desde muy joven conoció al amor de su vida y a su socia, Marcela Valencia, actriz incomprable, con quien se casó y vivió por años pero no tuvieron hijos. La razón que dio Rubiano fue la de que era muy jarto “tener que querer a alguien por obligación”. Su hijo es el teatro Petra. De él no sólo vive su familia sino que es el único sitio en donde tiene la libertad creativa para hacer lo que quiere.   Fabio Rubiano ha sido, por culpa de un artículo publicado en la revista Semana, crucificado por la gente que no puede ver al presidente Petro. Como todo empresario que se dedica al arte Rubiano suscribió un contrato, esta vez con la JEP, para “realizar acciones comunicativas que permitan, a través del lenguaje del arte dramático, generar la comprensión social y la aprobación de los desafíos misionales de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Esto es pedagogía de paz, algo que deberían estar haciendo no sólo los grupos de teatro sino los medios de comunicación.   Durante el Estallido Social Rubiano fue una de las voces de los medios artísticos que más se hizo escuchar. Eso le están cobrando los odiadores profesionales. Sin embargo hay voces que seguimos apoyando a nuestro gran dramaturgo. El director de la fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, lo respaldó desde su cuenta de X: “Mi solidaridad con Fabio Rubiano, gran dramaturgo, con más de 20 años de teatro, actor de cine, teatro y televisión, director y fundador del teatro Petra, formador de talentos, que se ha metido en las entrañas del conflicto armado de las víctimas, atacan su compromiso”.   La manera como han mostrado su contrato con la JEP es casi un crimen. Lo exponen y crucifican como si fuera un ladrón, un político corrupto. Es realmente escandaloso que esto haya sido una noticia. Es realmente escandaloso que el artista en Colombia debe estar condenado a no ganar plata. El contrato lo hizo Rubiano con la JEP para seguir contando el conflicto, para crear memoria. Los que quieren que olvidemos los crímenes de estado y los del paramilitarismo son los que están crucificando a Fabio Rubiano. Eso no lo podremos olvidar jamás.

Por: Redacción Pares Desde la era Nixon, a mediados de los años setenta, se empezó a satanizar el consumo de drogas. Más que un problema de salud pública lo que le preocupaba a los Estados Unidos es la fuga de capitales. Paradójicamente, al perseguir la fabricación de drogas, se disparó inmediatamente el precio. Desde países como Colombia se fundaron carteles de droga que en unos cuantos años hicieron un imperio con el narcotráfico. Llegaron a tener tanto poder que respondieron la cruzada que lanzaban desde Washington creando ejércitos privados. La guerra contra las drogas hizo más rico al productor y dejó, en países como el nuestro, un río incontable de muertos.   El pasado viernes 14 de marzo se consiguió un logro histórico. La embajadora de Colombia en Austria, Laura Gil, encabezó el trámite de la resolución que fue presentada en la 68 Comisión de Estupefacientes en Viena. La resolución fue idea de la embajadora de Colombia en Viena y llevaba como título “Fortalecimiento del sistema mundial de fiscalización de drogas: vías para la aplicación eficaz”.   Según los datos mostrados por Gil y su equipo en Viena Colombia es responsable de el 5% por eso ella hace esta declaración en la Comisión de estupefacientes: "¿Por qué cada colombiano, cada colombiana siente que lo que llamamos el problema mundial de las drogas reposa sobre sus hombros?  Este es un este panel es una invitación dentro del marco de las convenciones a repensarnos para resaltar lo el significado del principio de responsabilidad común y compartida hoy en este momento".   La propuesta de Colombia, de crear una comisión de expertos que revise el marco de política de drogas a nivel mundial tuvo 30 votos a favor, 18 abstenciones y sólo tres votos en contra, Estados Unidos, Rusia y Argentina.   Entre las labores y retos más importantes que ha tenido Laura Gil como embajadora está la de sacar a la hoja de coca de la lista de sustancias peligrosas y consiguió que Bogotá fuera la sede de la Conferencia Internacional para reducción de daños HR 25.   Hay que recordar que en el 2024 Laura Gil lideró una propuesta para firmar por primera vez una declaración en donde se reconociera el fracaso de la política mundial antidrogas. Otra de las intervenciones destacadas de Gil en Viena fue la de introducir aspectos del medioambiente en la lucha contra las drogas teniendo en cuenta que si bien el cultivo y la producción de drogas devasta ecosistemas, también lo es que el uso del glifosato arrasa la vida humana y la naturaleza. Los párrafos introducidos por Colombia piden excluir la utilización de químicos tóxicos en la erradicación de cultivos ilicitos.

Por: Nicolás León Rodríguez El 2025 no ha sido un buen inicio de año en materia de seguridad para Bogotá. De acuerdo con las estadísticas entregadas por la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia de entre enero y febrero se han presentado al menos 175 homicidios, es decir, 10% más que en 2024, situación que ya venía en aumento cuando se evidenció un incremento superior al 11%. Otros delitos como la extorsión (3,9%), el secuestro (125%) y las lesiones personas (8,2%) también continuaron en aumento. El crimen gana terreno en Bogotá Al menos desde el 2019, la Defensoría del Pueblo ha venido alertando de manera reiterada la expansión y fortalecimiento de grupos de delincuencia organizada en Bogotá (Defensoría del Pueblo AT 023 – 19; 046 -21; 010 -21; 004 – 2024). Estas alertas evidencian la reaparición de acciones violentas de grupos desarticulados, la exacerbación de los reportorios de violencia por parte de estos para el control territorial y el control de las rentas ilegales y la consolidación de los santuarios criminales. Asimismo, la consolidación de gobernanzas criminales a través de los que se ejerce control de la vida de los pobladores en localidades como Mártires, Santa Fe, Chapinero, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Suba, Kennedy Bosa, Ciudad Bolívar entre otras. Asimismo, en estos documentos se alerta sobre la utilización de repertorios de violencia que generan mayor impacto en el orden público de la ciudad. Es el caso de los hallazgos, incautaciones y/o activaciones de artefactos explosivos, los cuales se utilizan como muestra del interés de estructuras armadas demostrar el poder han ganado estos grupos en la capital (AT 004-24). Extraído de Defensoría del Pueblo. AT 004-24. En consideración, los recientes hechos de activación de artefactos explosivos en el barrio San Bernardo de la localidad de Santa Fe ya habían venido siendo advertidos como parte de una dinámica de expansión de los grupos que hacen presencia en las UPZ La Sabana y Santa Isabel (en los Mártires) y Las Nieves y Sagrado Corazón (En Santa Fe), zonas aledañas a este barrio. En este sentido, es importante destacar la ubicación geográfica de San Bernardo como corredor estratégico para los barrios del sur al norte de la ciudad, así como un expendedor de estupefacientes para los barrios del centro y oriente de la ciudad. Los homicidios, por su parte, se han concentrado en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Usme y Santa Fe. Localidades estratégicas en las que organizaciones como Tren de Aragua, Los Camilos, Los Paisas, Los Venecos, Los Costeños, entre otras tienen presencia presencia y control territorial. En tal sentido, la evolución de la amenaza de las organizaciones delincuencias en la ciudad viene en aumento. Por un lado, por la intención de expandirse y controlar corredores estratégicos para la captación de rentas ilícitas, por otro, por la utilización de repertorios de violencia cada vez más cruentos que les permitan ganar ese control. ¿Incendiar el tablero? La estrategia de Galán  “ Implementar 125 Acción(es) conjuntas de intervención en áreas identificadas como críticas por la presencia de estructuras criminales ” es una de las macrometas del plan de gobierno “Bogotá Camina Segura”. Esta meta resume el accionar de la Alcaldía conntra de las estructuras delictivas en los últimos meses: intervenir en puntos estratégicos en donde se focaliza las actividades delincuenciales de estas organizaciones. Operativos, capturas, incautaciones. Hacer sentir que la institucionalidad manda. De acuerdo con el Alcalde Galán, en los últimos meses se han incrementado este tipo de intervenciones. El hecho más reciente intervención se dió en el barrio María Paz el pasado 17 de marzo, pero también destacan el gran operativo hecho en el barrio San Bernardo hace apenas una semana. Los problemas con este tipo de intervenciones son básicamente dos: por un lado, las respuestas por parte de las organizaciones pueden generar picos o nuevos ciclos de violencia; por otro, a costa de este riesgo, los resultados no son necesariamente efectivos si no están acompañados de una acción integral. Según la misma Alcaldía estas intervenciones habrían ocasionado la activación de artefactos explosivos en estas localizaciones. Desde Pares , ya se había alertado sobre la utilización de estos artefactos en 2024 en barrios como Claret en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el oriente de la ciudad en la Av. Circunvalar y en el barrio El Amparo y el barrio María Paz en la localidad de Kennedy. La mayoría de estas zonas habían tenido intervenciones de la Alcaldía con anterioridad. En entrevista con El País América,  el Secretarío de Seguridad Cesar Restrepo, reconoce los posibles efectos que tienen este tipo de intervenciones: “Hay dos formas de bajar la tasa [de homicidios]: acordar con los criminales para que no sean violentos [a cambio de dejarlos mantener sus negocios delictivos] o desmantelando el crimen, golpeándolos.  Nosotros no vamos a hacer acuerdos criminales, así que fuimos a la ofensiva ”. En tal sentido, barrios como San Bernardo, Santa Fe, Las Nieves, y otros barrios aledaños que asisten a la reconfiguración del control territorial por parte de estructuras criminales y de captación de rentas ilegales, se les suma las intervenciones recientes de las Alcaldías, generando un escenario que predispone el recrudecimiento de los repertorios de violencia. Asimismo, es necesario enfatizar que aunque se dé en el contexto de una competencia criminal, las víctimas no son únicamente pertenecientes a estas organizaciones. Contrariamente, la población de los barrios suele convertirse en escudo o ser fácilmente instrumentalizada por parte de los grupos, generando mayor riesgo de victimización. Desde el año 2019, la Defensoría lo ha venido alertando sobre esto en el contexto bogotano: “Este escenario complejo insta a las autoridades a evaluar los impactos de sus acciones para no aumentar la vulnerabilidad de la comunidad que habita, trabaja o visita estas localidades” (AT 046 de 2019). Por otro lado, aunque las intervenciones llegan a desestabilizar el desarrollo de la actividad delictiva, no garantizan una pérdida sobre el control de los negocios ilícitos por parte de estas organizaciones. Todavía más en barrios y cuadras de la ciudad que poseen un férreo control por parte de las organizaciones delincuencial. Para no ir tan a lejos, a casi un año del megaoperativo en Kennedy en el que participaron más de 500 uniformados de Policía , 90 hombres del Ejército , acompañados de helicópteros, drones y vehículos militares, realizaron numerosas incautaciones de estupefacientes, objetos cortopunzantes, armas de fuego y artefactos explosivos. Al día de hoy, María Paz y El Amparo, continúan siendo nodos de la criminalidad en la ciudad. En tal sentido, vale la pena preguntarse si desde el Distrito está haciendo uso de herramientas suficientes para la recuperación del control en estas zonas, o por el contrario (y como ocurre en El Amparo), a pesar de las intervenciones las organizaciones conservan su capacidad de para gobernar allí. Cabe mencionar igualmente, que el plan de Gobierno estipulo como meta la reducción de la tasa de homicidios a 8 puntos. lo que se traduce en reducirlos casi a la mitad de lo reportado en 2024 (15.1). En vista de lo expuesto en la estrategia de Galán, este objetivo parece cada vez más difícil de alcanzarse. Finalmente, durante 2025 la Alcaldía ha afirmado que se meterá de lleno con la recuperación del espacio público, sin embargo, no es clara la ruta a seguir luego de desarrollarse este tipo de intervenciones. Si se trata de una suerte de acontecimientos esporádicos, como ha sucedido en el barrio María Paz, o efectivamente hay una estrategia que permita acompañar la intervención policial para que las demás instituciones lleguen de manera integral a estas zonas. Hasta el momento, y con las consecuencias referidas, la criminalidad continúa aventajando a la Alcaldía de Galán.

Por: Paola Marín Dos hechos han puesto a tambalear las dos mesas que avanzan con las disidencias de las FARC-EP. Por un lado, la detención de “La Araña” [1] , negociador de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo que surgió tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia, genero serias dudas, sobre las garantías frente a los procesos de negociación. Y, por otro lado, la arremetida del ELN, en el Catatumbo, contra el Estado Mayor de Bloques y Frentes -EMBF- la cual dejo gran impacto en las filas de esta organización armada. Sin embargo, el fin de semana del 15 de marzo, se empezaron a ver salidas ante estos escenarios de crisis. ¿En que va la negociación con la Coordinadora Nacional – EB? Los días 14 y 15 de marzo del 2025, se reunieron nuevamente las delegaciones del Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional EB, con el fin de reactivar la mesa de negociación entre las partes. Dentro de los acuerdos, se resalto la necesidad de retomar los compromisos firmados el 12 de febrero del 2025. Entre estos compromisos, se destaca la instalación de tres subcomisiones claves: la subcomisión del Acuerdo #3 sobre Transformaciones Territoriales, que identificará los polígonos donde se ejecutará un Plan Piloto de transformación territorial para la transición a economías legales en los departamentos de Putumayo y Nariño; la subcomisión del Acuerdo #4 de Garantías de Seguridad para los diálogos de paz, orientada a la construcción de los documentos necesarios para la planificación y puesta en marcha de un Cese al Fuego Bilateral, Temporal y local/territorial; y la subcomisión del Acuerdo #5 sobre el Marco Judicial de la Paz Total, que abordará la situación jurídica de los combatientes pertenecientes a la Coordinadora Nacional EB, en conformidad con los instrumentos internacionales y las disposiciones constitucionales y legales vigentes. Para la implementación de estos acuerdos, se establecieron fechas específicas y mecanismos de trabajo. Se adelantará un Taller de Capacitación sobre el Cese al Fuego dirigido por la Embajada de Suiza y la ONU, programado para los días 1 y 2 de abril de 2025, seguido por una sesión de la subcomisión el 3 de abril. Posteriormente, la sesión #4 de la Mesa de Diálogos de Paz se llevará a cabo entre el 7 y 9 de abril con la participación de los Países Garantes, Entidades Acompañantes y Observadores Militares. Finalmente, el 10 de abril se realizará el relanzamiento oficial de la Mesa de Diálogos para evaluar los avances y presentar los compromisos alcanzados, con el respaldo de las comunidades como un factor clave para la sostenibilidad del proceso de paz. [1]   https://www.pares.com.co/post/la-detenci%C3%B3n-de-la-ara%C3%B1a-pone-en-jaque-los-di%C3%A1logos-territoriales-con-la-coordinadora-nacional-ej%C3%A9 Seguramente, uno de los avances más significativos se dará en el marco de la instalación de la subcomisión del Acuerdo #5 sobre el Marco Judicial de la Paz Total, que abordará la situación jurídica de los combatientes. Debido a que hasta el momento no se ha establecido un marco normativo claro que garantice una salida jurídica viable, al igual que la construcción de un mecanismo definido que regule su tránsito a la legalidad genera incertidumbre tanto para los miembros de la Coordinadora como para el propio Estado, especialmente en lo referente a su responsabilidad penal, los beneficios jurídicos a los que podrían acceder y la compatibilidad de su proceso con instrumentos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Transformaciones territoriales en el marco de las negociaciones con Calarcá. Por su parte, las delegaciones negociadoras del EMBF y de gobierno nacional, se reunieron en La Macarena, Meta, el fin de semana. Junto con entidades estatales, gubernamentales y organizaciones campesinas de diferentes partes de la región de la Amazonia, para participar de la construcción de propuestas territoriales conjuntas. Del espacio que tuvo una duración de 3 días, permitió consolidar compromisos fundamentales en la defensa de los derechos humanos y la garantía de los derechos campesinos en consonancia con la protección de las áreas naturales. En este sentido, las organizaciones resaltaron la necesidad de avanzar en un equilibrio entre el desarrollo rural y la conservación ambiental, asegurando mecanismos que permitan la sostenibilidad del territorio y el bienestar de sus habitantes. Reiterando la importancia de acelerar procesos de ordenamiento territorial y delimitación de parques, aspectos cruciales para evitar conflictos socioambientales y consolidar una gobernanza participativa en la región. Entre los puntos centrales de la discusión, la población manifestó la urgencia de avanzar en la consolidación de Zonas de Reserva Campesina como una estrategia clave para el reconocimiento de los derechos territoriales y productivos de las comunidades. Además, de insistir en la necesidad de fortalecer el diálogo y ampliar el cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el EMBF, dado que su vigencia está próxima a concluir el 15 de abril. La continuidad de este mecanismo es un paso fundamental para generar confianza en las negociaciones y evitar una escalada del conflicto en las regiones donde este actor armado tiene presencia. En las próximas semanas, se espera la realización del séptimo ciclo de diálogos entre el Gobierno y el EMBF, en el que se abordará la posibilidad de prorrogar el cese al fuego, junto con otros temas clave para la consolidación de acuerdos. Este nuevo ciclo representa una oportunidad para profundizar en los compromisos adquiridos en La Macarena y avanzar en la construcción de un marco de garantías que permita una paz más estable y duradera en los territorios. La expectativa de las comunidades y organizaciones presentes en el evento es que estas negociaciones conduzcan a resultados concretos en materia de protección territorial, derechos campesinos y desescalamiento del conflicto armado. Finalmente, es importante resaltar que en el marco de los diálogos territoriales y como parte de los compromisos adquiridos para fortalecer la paz y la seguridad jurídica en las zonas rurales, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el apoyo de la Mesa de Diálogos de Paz, entregó 63 títulos de propiedad a campesinas y campesinos en la región del Yarí, Caquetá. Desde la década de los 80’s no se entregaba un título de propiedad de tierras en la región. Por eso, este hecho se constituye en un hecho histórico, con la legalización de 8.200 hectáreas en la vereda El Triunfo de San Vicente del Caguán. Sin lugar a duda, esto representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las comunidades rurales que han habitado estos territorios por más de cinco décadas. La entrega de títulos no solo garantiza estabilidad y arraigo para 315 familias campesinas, sino que también sienta las bases para una política de acceso a la tierra en favor de la paz territorial. Este proceso se complementará con la legalización de 4.000 hectáreas adicionales, en respuesta a las solicitudes de campesinos que aún esperan la formalización de sus predios.