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Por: Paola Marín Molano Recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó el hallazgo de restos óseos humanos en el Batallón de Logística del Ejército Nacional, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. Este sitio, que en el pasado fue sede de la Brigada XX, ha sido señalado como un espacio de detención, tortura y desaparición forzada de militantes e integrantes de partidos de izquierda durante la década de los noventa. La búsqueda en el batallón inició tras las confesiones del sargento José Leonario Dorado Córdoba ante la JEP, quien reconoció su participación en operativos de inteligencia militar que incluyeron seguimiento, tortura y asesinatos de líderes políticos y simpatizantes de movimientos como la Unión Patriótica, el M19 y el EPL. Sin lugar a duda, este hallazgo marca un hito, en los procesos de búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas del conflicto armado en Colombia, que, durante décadas, han exigido respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Gracias a la insistencia de organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS), se ha logrado visibilizar la importancia de dar continuidad a la búsqueda de personas desaparecidas en instalaciones militares. Este hallazgo ha generado expectativa frente a otros casos como el de Pedro Julio Movilla Galarcio, militante de izquierda y simpatizante del Partido Comunista Marxista Leninista, quien habría sido desaparecido y enterrado en el batallón en 1993. Sus familiares, junto con las organizaciones mencionadas, han insistido en la necesidad de continuar las excavaciones, pues existen indicios de que podrían encontrarse más cuerpos en la zona. El Caso de Pedro Julio Movilla Galarcio: Una Lucha por la Verdad y la Justicia Pedro Julio Movilla Galarcio fue un líder social y sindicalista, vinculado al Partido Comunista PCCML. Nacido en Montería, Córdoba, desde joven se involucró en movimientos estudiantiles y en la defensa de los derechos de los trabajadores, lo que lo convirtió en blanco de la persecución estatal. Su familia sufrió dos desplazamientos forzados debido a las amenazas y el hostigamiento constante, primero de Montería a Medellín y posteriormente a Bogotá. Fue en esta última ciudad donde, en 1993, Movilla fue víctima de desaparición forzada cuando dejó a su hija en el colegio John F. Kennedy. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó en 2022 la responsabilidad del Estado colombiano en su desaparición, señalando que la familia fue revictimizada al negársele el acceso a la justicia, incluso cuando su esposa presentó un habeas corpus que fue rechazado. (Corte IDH, 2022). Fotografía: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. La sentencia de la CIDH fue un paso fundamental para reconocer la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla como un crimen de Estado. En ella, se estableció que las fuerzas de seguridad colombianas realizaron labores de inteligencia sobre él y su familia, lo que evidencia una estrategia de persecución y eliminación de opositores políticos. Además, el fallo ordenó al Estado la entrega de la información recolectada sobre Movilla y la eliminación de cualquier referencia que lo catalogara como "enemigo interno", una práctica utilizada para justificar la represión contra militantes de izquierda y líderes sociales. Y también resalto el papel fundamental de las mujeres buscadoras, como su esposa, quien ha liderado incansablemente la lucha por la verdad y la memoria de su esposo, una lucha que comparte con muchas otras familias de desaparecidos en Colombia. La desaparición forzada ha sido un flagelo persistente en Colombia, según la Unidad para las Víctimas hay al menos 200.884 víctimas de desaparición forzada. (Unidad para las víctimas, 2025) Y de acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto, hay más de 80.000 casos documentados. (Centro Nacional de Memoria Historica, 2025) José Movilla, hijo de Pedro Julio y miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), ha continuado exigiendo justicia y verdad para su padre y miles de desaparecidos. Para las víctimas y sus familias, el Estado debe asumir su responsabilidad no solo en la búsqueda de los desaparecidos, sino también en el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los perpetradores y su judicialización. La impunidad ha sido una constante, y el acceso a la verdad sigue siendo una lucha desigual para quienes han padecido estas violaciones a los derechos humanos. (CAJAR, 2025). Finalmente, el papel de la JEP en este caso es clave, la implementación de medidas cautelares, como la que permitió intervenir en el Batallón de Logística del Ejército, responde al mandato de justicia transicional que busca garantizar el derecho a la verdad y la reparación para las víctimas. Además, la colaboración entre la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas demuestra que es posible avanzar en investigaciones concretas, siempre y cuando exista voluntad institucional y presión por parte de la sociedad civil. Este hallazgo ha reavivado la esperanza de las familias de los desaparecidos, incluyendo la de Pedro Julio Movilla. Aunque aún no se ha confirmado su paradero, este hallazgo representa un avance en la lucha contra la impunidad y un reconocimiento a la persistencia de las víctimas en su búsqueda. Referencias CAJAR. (2025). Familiares de Pedro Julio Movilla manifiestan que continúan en acciones de búsqueda de su ser querido . Obtenido de https://www.colectivodeabogados.org/familiares-de-pedro-julio-movilla-manifiestan-que-continuan-en-acciones-de-busqueda-de-su-ser-querido/ Centro Nacional de Memoria Historica. (2025). El conflicto en cifras . Obtenido de https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/portal-de-datos/el-conflicto-en-cifras/desaparicion-forzada/ Corte IDH. (2022). CASO MOVILLA GALARCIO Y OTROS VS. COLOMBIA . Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/movilla_galarcio_y_otros.pdf Unidad para las víctimas. (2025). Tablero de cifras . Obtenido de https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/

Por: Línea de Paz, Seguridad y Derechos Humanos Foto: Sergio Saavedra, Fundación Paz & Reconciliación El 13 de enero del 2025 Federico Gutiérrez ordenó borrar un mural en donde se le hacía un homenaje a las madres que duraron décadas buscando la verdad sobre lo que les había pasado a sus hijos. Una de ellas era Margarita Restrepo. Su hija, Karen Vanessa Restrepo, está desaparecida desde el 25 de octubre del 2002, unas semanas después de que Alvaro Uribe, como presidente de la república, ordenara la retoma de la Comuna 13 en la llamada Operación Orión. Como parte del caos de un país en conflicto, milicias urbanas del ELN se habían tomado ese sector de Medellín. Uribe, y su entonces ministra de defensa, Marta Lucía Ramírez, ordenaron apagar con fuego el incendio. Está probado que Orión fue una de tantas operaciones en donde la fuerza pública se unió con los paramilitares para conseguir un fin. Fueron dos noches en las que nadie durmió en la Comuna 13. Los sobrevuelos de helicópteros, la gente sacada de sus casas, los gritos, los disparos y luego el silencio, los encapuchados vestidos de militar dando órdenes en sus calles.   Para el 25 de octubre de ese año Don Berna era el dueño de la Comuna 13. Ese día desapareción Karen Vanessa Restrepo. Desde ese día empezó una búsqueda incansable. En algún momento hasta dudó de su salud mental de tantas veces que le repitieron que estaba loca. Y se lo decían sicólogas, abogadas que tenían prestigio. ¿Cómo no dudarlo si ellas ni siquieran habían pisado una universidad? Porque Margarita no estaba sóla en su búsqueda. Luis Elena Galeano, por ejemplo, busca a su esposo, Luis Javier Laverde Salazar, desde el 9 de diciembre del 2008. Lo único que se supo de él es que unos hombres lo bajaron de un bus mientras regresaba a su casa.   Foto: Sergio Saavedra, Fundación Paz & Reconciliación Las madres, hermanas, esposas, señalaban la Escombrera, afirmaban que debajo de esas toneladas de concreto estaban sus seres amados, buscados. Y las mujeres se unieron e iban cada día, con la foto del ser amado, a hacer guardia. Eran grupos de diez. Incansablemente, durante 13 años hasta que en el 2015 el Estado reconoció oficialmente que había que hacer una búsqueda en la Escombrera.   En Colombia la historia va en el caparazón de un caracol. Todo va lento, sobre todo cuando se trata de hacer justicia. En diciembre del 2024 la JEP encontró los primeros cuerpos en la Escombrera. Por el lugar donde estaban los orificios por donde entraron las balas se podría pensar en que fueron ejecutados. Se determinó que llevaban enterrados veinte años. Se formó toda una polémica entre la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la JEP. Aún no se han revelado oficialmente los nombres, las identidades, lo único cierto es que las cuchas tenían razón. Alborozados los jóvenes de la ciudad quisieron homenajear a las señoras que, gracias a su persistencia, pudieron ser escuchadas. Hicieron un mural pero Federico Gutiérrez simple y llanamente decidió borrarlo lo que despertó el efecto contrario: por querer borrar la memoria buena parte del país quería saber más sobre Margarita Restrepo y las madres que lo han dado todo para saber la verdad. Foto: Sergio Saavedra, Fundación Paz & Reconciliación   En esta entrevista Margarita Restrepo habla a fondo de sus años de búsqueda y no puede evitar dedicarle unos minutos al actual alcalde de Medellín quien está intentando hacer política con su dolor y el de los más de cien desaparecidos que posiblemente permanezcan debajo del concreto.

Por: Redacción Pares Fuertes críticas ha recibido el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con su propuesta de crear los Guardianes del Orden, una estrategia para recuperar la seguridad en la capital por medio de gente del común que prestarán servicios de vigilancia. Aunque estos civiles -ex policias y ex militares, gente con experiencia en manejo de conflictos- que ayudarán a coordinar y observar los problemas urbanos  como calles oscuras o basura acumulada que propicia situaciones de inseguridad, no estarán armados, si se le ha recordado a Galán experiencias nefastas del pasado cuando se  involucran civiles en labores de seguridad. Lo que más llama la atención es lo poca elaborada que está la propuesta ya que esta presenta lagunas que no ayudan a especificar sus funciones.   El distrito va a crear curriculums para formar a estos guardianes. Esta es una respuesta a los niveles de violencia de una ciudad en caos. Entre enero y febrero 175 personas han sido asesinadas en la capital. Los medios de comunicación le han preguntado a la alcaldía si estas funciones de los Guardianes del orden no son las mismas que podría cumplir un inspector de policía. La respuesta es que hay pocos policías para que ayudan a cubrir las necesidades que exige una ciudad con las complejidades como Bogotá. Los Guardianes del orden estarían, a diferencia de los inspectores de policía, en el minuto a minuto en las calles, observando y ayudando a imponer el orden.   Los Guardianes arrancarán sus labores en mayo, una fecha que está ya muy encima y no daría demasiado tiempo de preparación que es lo que se pretende. Se especializará en atender conflictos menores para liberar a la policía. Si la historia está ahí es para volver a ella cada vez que se puede. Y la historia de este país ha enseñado que no hay nada peor que darle roles que son exclusivos de la fuerza pública a los civiles. En 1994, mediante la ley 356, el entonces presidente César Gaviria y su ministro de defensa Rafael Pardo establecieron condiciones para regular nuevos “servicios especiales de seguridad privada”. Las FARC vivían un momento de expansión y Gaviria necesitaba recuperar lealtades dentro de los civiles en las poblaciones afectadas por el conflicto. El 27 de abril de 1995 se les dio el nombre por el que se harían tristemente célebres: CONVIVIR.   En Antioquia el entonces gobernador Alvaro Uribe Vélez usó estas cooperativas para combatir a las guerrillas. Nada pudo evitar que su poder se desbordara. Detrás de las CONVIVIR hay historias de masacres como la que sucedió en el Aro y la Granja. Fue apagar un incendio con gasolina. Si, los Guardianes del orden no estarán armados y sus labores se centrarán en resolver disputas vecinales, conflictos por ruido y problemas generados por el mal uso del espacio público, pero hay antecedentes de que estas fuerzas terminan desbocándose. Sumado a esto se dio vía libre a un debate en la Cámara de Representantes que busca flexibilizar el porte de armas entre civiles. Otra vez el populismo de la derecha promete soluciones inmediatas sin tener ni idea de cómo se apaga un incendio.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos Lo primero que se veía al entrar a la Posada Alemana, la inmensa propiedad que tenía Carlos Lehder en la entrada de la bajada donde empieza Salento, era un John Lennon hecho por el maestro Rodrigo Arenas Betancur. Cuando vino la debacle y Lehder, traicionado por su socio Pablo Escobar, fue entregado a las autoridades colombianas y después extraditado a los Estados Unidos, el John Lennon desapareció. Luego se ha presentado en varias exposiciones pero se sigue dudando de su autenticidad. Lennon era uno de los ídolos de un muchacho que se formó en los Estados Unidos y que a diferencia del resto de integrantes del Cartel de Medellín tenía algo parecido a lo que llaman “inquietudes intelectuales”.   Una de las características que ha hecho a Lehder una figura tan atractiva es el misterio que lo rodea. Se dice que a Pablo Escobar terminaron hartándolo sus excesos. El jefe del cartel de Medellín acostumbraba a vivir sus parrandas bajo la tranquilidad de un porro y esporádicamente se tomaba una Heineken, su cerveza favorita. Pero jamás adoptó la fiesta de un Tony Montana, encerrado frente a una montaña de cocaína. Lehder si. Si bien jamás se declaró bisexual si existían quejas -en un mundo tan machista como el del narcotráfico- de su supuesta afición por los escoltas jóvenes. Eso, en los años ochenta, era una excentricidad.   Se han dicho varias mentiras sobre Lehder. Es verdad que sentía admiración por Hitler y el nazismo. Se deslumbraba al ver una esvástica y se sentía orgulloso de su sangre alemana. Pero es inexacto decir, como he visto en varios reportajes, que el padre de Lehder haya pertenecido al nacionalsocialismo. Wilhem Lehder era un ingeniero alemán que llegó al Quindío en 1920. En ese momento Hitler era un cabo de apariencia triste, casi que miserable, que intentaba organizar un partido a partir de unos veteranos de la Gran Guerra resentidos y despechados por la derrota alemana y por el Tratado de Versalles que le imponía a Alemania unos castigos que estuvieron a punto de aniquilarla. Se casó con una muchacha quindiana llamada Helena Rivas y se metió en el negocio de la construcción donde hizo fortuna. Lehder, cuando se convirtió al narcotráfico, lo hizo más por ambiciones de poder que por aspiraciones económicas, ya lo tenía todo.   De joven pasó buena parte de su vida en los Estados Unidos. Sus papás se divorciaron y don Wilhem decidió enviarlo a internados en ese país que realmente odiaba. Sólo en las entrañas de Norteamerica ideó un plan para acabar con ese país: inundarlo de droga. Lehder, antes de que la cocaína le nublara el cerebro, era un genio en eso del narcotráfico. Vislumbró cual era la manera de hacerlo. A mediados de 1978 compró la mitad de un islote llamado Cayo Norman, en las Bahamas, muy cerca de las costas de la Florida. Si los aviones volaban bajito no podían ser rastreados por los radares de las autoridades norteamericanas. Así que los aviones arrojaban los paquetes llenos de droga y abajo lo recogían busos expertos que las ponían en lanchas rápidas y así las ingresaban a las costas norteamericanas. Empezaba el boom del narcotráfico.   Pero para Lehder la coca era el medio por el que pretendía conseguir un fin: el poder político. Creó en 1982 un  movimiento llamado Movimiento Latino y Nacional que incluso en 1984 consiguió arañar tres escaños en el congreso y fundó el periódico Quindio Libre. En una de sus delirantes entrevistas Lehder afirma que la cocaína será una especie de bomba atómica que derribará a los Estados Unidos y restituiría la dignidad de los pueblos del tercer mundo oprimidos por su imperio.   En 1987 todo terminó cuando fue sorprendido por las autoridades en una fiesta descomunal en una de sus fincas. La llamada salió del teléfono satelital de Pablo Escobar quien se vengaba de Lehder y sus desafueros, en uno de sus viajes con cocaína asesinó en la Hacienda Nápoles a uno de sus guardaespaldas por celos con una mujer. Supimos que se fue a vivir a Alemania cuando quedó libre pero no habíamos tenido imágenes de él por décadas hasta que lo vimos llegar al Dorado de Bogotá a donde deberá responder por crímenes cometidos en este país. Lehder representa uno de los capítulos más oscuros de nuestra ya bastante maltratada historia.

Por: Katerin Erazo, Periodista El 24 de marzo se llevó a cabo el Foro de Precandidatos del Centro Democrático, un espacio en el que figuras representativas del partido, como los senadores María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y Paloma Valencia, expusieron sus propuestas en materia de Reforma Laboral. El evento contó con la presencia del expresidente y líder de la colectividad, Álvaro Uribe Vélez, quien lanzó fuertes críticas contra la iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro y llamó a la ciudadanía a movilizarse para impedir su implementación. Durante su intervención, Uribe Vélez aseguró que el Ejecutivo pretende acabar con la contratación sindical, lo que, en su opinión, afectará gravemente la generación de empleo y la inversión en el país. Según el exmandatario, la reforma impulsada por el presidente Petro “insiste en una propuesta dañina que ya fue derrotada en el Congreso”, y exhortó a sus seguidores a recorrer el país para alertar sobre lo que considera un retroceso en materia laboral y económica. Desde su perspectiva, el Centro Democrático se opone a la Reforma porque la ve como un instrumento que incentiva el “odio de clases” y desalienta la inversión empresarial. En respuesta a la propuesta gubernamental, Uribe defendió su visión de una “economía fraterna”, un modelo que, según explicó, busca generar confianza tanto en los trabajadores como en los empleadores para garantizar estabilidad y crecimiento económico. Como parte de esta propuesta, destacó la necesidad de que las normas laborales incentiven el trabajo conjunto entre empleados y empresarios, asegurando que el bienestar de los trabajadores y el desarrollo del sector productivo deben ir de la mano. En ese sentido, el exmandatario recordó un estudio realizado por el fallecido exministro de Protección Social, Juan Luis Londoño, y el economista Santiago Montenegro, el cual concluyó que Colombia necesita crecer a un ritmo de al menos un 5% anual para reducir la pobreza y mejorar la equidad. Uribe enfatizó que esta teoría sigue vigente y alertó que con crecimientos negativos o mediocres “a ninguna parte vamos a llegar”. No obstante, advirtió que el país enfrenta múltiples obstáculos para alcanzar ese nivel de crecimiento, entre los que mencionó la inseguridad, la elevada carga impositiva y la falta de confianza de los empresarios para invertir. Uno de los temas centrales abordados en el foro fue la situación de los trabajadores que dependen de plataformas digitales de transporte y domicilios, un sector en constante crecimiento pero que, según Uribe, presenta serias deficiencias en materia de seguridad social. Durante su intervención, preguntó a los asistentes cuántos dependían económicamente de estas actividades y subrayó que el principal problema que enfrentan es la falta de acceso a protección social. Ante esta problemática, el expresidente reiteró su propuesta de que las empresas propietarias de plataformas digitales asuman entre el 60% y el 70% del costo de seguridad social de los conductores, mientras que estos pagarían entre el 30% y el 40% restante. Para Uribe, esta medida garantizaría una mayor cobertura en salud y pensiones para quienes trabajan en este sector sin comprometer su flexibilidad laboral. Además, hizo un llamado a fortalecer el gremio de los taxistas, asegurando que el Estado debe proporcionarles las herramientas necesarias para competir en igualdad de condiciones con plataformas como Uber y Rappi. “Queremos que los taxistas tengan las mejores plataformas y puedan estar al nivel de Uber y Rappi”, afirmó. En un tono más combativo, Uribe Vélez hizo un llamado a la movilización ciudadana en contra de la reforma laboral, señalando que su contenido pone en riesgo los avances logrados con la Ley 100 de 1993, de la que él fue parte cuando se desempeñó como congresista. Según el exmandatario, si bien el sistema de salud colombiano no es perfecto, ha permitido que los ciudadanos y el Gobierno puedan ejercer controles y exigir mejoras a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). “El sistema actual nos ha dado herramientas: los ciudadanos han podido interponer tutelas contra una EPS, los gobiernos han podido sancionar y cerrar EPS cuando han incumplido. ¿Ahora qué se va a hacer con el monopolio estatal que el presidente Petro quiere imponer?”, cuestionó Uribe, advirtiendo que un sistema manejado exclusivamente por el Estado podría generar nuevos problemas de acceso y calidad en la prestación de los servicios de salud. El llamado de Uribe a marchar se enmarca en un debate creciente sobre la reforma laboral, que en su segundo intento busca introducir cambios profundos en el régimen actual. Mientras el Gobierno defiende su propuesta como un mecanismo para garantizar mayores derechos y estabilidad a los trabajadores, la oposición advierte que su implementación podría generar impactos negativos en la economía y el empleo. El Centro Democrático, desde su rol de oposición, ha dejado claro que seguirá promoviendo alternativas a la reforma laboral del Gobierno, argumentando que su enfoque favorece la inversión y la creación de empleo sin afectar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el debate sigue abierto y se espera que el tema continúe generando fuertes discusiones en los próximos meses.

Por: Redacción Pares La noticia se repite una y otra vez. Cada mes aparece un titular parecido a este. Otra vez las disidencias de las Farc, buscando hacerle daño a la fuerza pública, termina siendo letal para la población civil. El pasado 26 de marzo estallaron siete artefactos en dos municipios, Piendamó y El Patía. Esa era la manera como la que se celebraba el natalicio de Manuel Marulanda Vélez, jefe supremo de las FARC. El saldo fue trágico, un soldado muerto y 88 civiles heridos. Los autores fueron el Bloque Occidental Jacobo Arenas, específicamente la columna Dagoberto Ramos y los frentes Jaime Martínez y Carlos Patiño.   Esta vez el terror vino con dos motos cargadas de explosivos que estallaron en Piendamó y El Patía. Pero también se registraron ataques en los municipios de Corinto, Toribío, Santander de Quilichao, Caldono y Cajibío. Donde se vivió con mayor intensidad esta ola de terror fue en Piendamó, sobre todo en el sector conocido como Las Panaderías. Una mujer que fue testigo del atentado le contó al diario El País como se desarrolló el mismo: “Esa gente lo que hizo fue dejar abandonada la motocicleta, cargada con explosivos, al lado de las vallas de la Policía que las usan para cerrar las calles en las horas de la noche; después, al tiempo detonaron este vehículo, no les importó que este sitio es uno de los más transitados del pueblo, porque es la zona comercia”.   Una vez estallaron los artefactos la policía reaccionó para ayudar a la población y ese fue el momento en el que los insurgentes empezaron a dispararle a los uniformados. Este sector de Piendamó es altamente comercial por eso se le conoce como el de Panaderías y Droguerias. Era cerca del mediodía y la gente estaba en la calle. Habían olvidado que ese día se celebraba un aniversario más del nacimiento de Manuel Marulanda Vélez. Ese miércoles 26 de marzo se registraron por lo menos diez ataques en el Cauca. En Cajibío el ataque tuvo una característica especial, se hizo a través de drones explosivos. El terror vino acompañado de un video de Iván Mordisco, jefe máximo de las disidencias en el Cauca exaltando a Manuel Marulanda como uno “de los guerrilleros más destacados en Colombia y Latinoamérica” y aseguró que su legado “es la luz que guía a las disidencias”. Además lanzó una perla, que el 26 de marzo debería considerarse como el día en que se celebra “El día internacional de los derechos de los pueblos a la rebelión armada” Mordisco, quien es uno de los insurgentes que abjuró sobre la firma de paz de las antiguas Farc, liderada por Timochenko, siguió criticando esta decisión del antiguo secretariado de haber pactado una paz sin tener en cuenta a la guerrillerada.   El video lo cierra con una frase que hiela la sangre ya que determina que la guerra no cesará: ”El mejor homenaje a Marulanda es continuar su legado, llegar al triunfo de la revolución en Colombia y sumarnos a la lucha global contra la explotación y la opresión”.

Por: Redacción Pares El pasado jueves en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación la directora de HRW, Juanita Goebertus, presentó el último informe de la organización centrado en el Catatumbo. El diagnóstico es desalentador y pone en entre dicho los ceses al fuego: después de entrevistar a 65 personas en terreno se evidenció que el Frente 33 de las FARC se ha beneficiado del cese al fuego e incluso ha suscrito proyectos productivos con el gobierno a pesar de que aún no han hecho un acto de dejación de armas. La confrontación con el ELN y este grupo, que se dio por el exponente crecimiento de las disidencias, ha dejado 56 mil personas desplazadas y 23 mil confinadas.   El 15 de octubre del 2024, a través del decreto 1280, el presidente Petro hizo una prórroga de seis meses más del cese al fuego con los siguientes bloques pertenecientes a lo que se conocía como Estado Mayor Central: Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, Bloque Comandante Gentil Duarte del Magdalena Medio y Bloque Raúl Reyes. Con las disidencias del Cauca comandadas por Iván Mordisco las negociaciones se rompieron después de la evidente poca voluntad de paz de este grupo y el asesinato sistemático de líderes sociales. Hasta este momento esta fracción de la disidencias de las FARC es el único grupo con el que el gobierno tiene pactados ceses al fuego.   Sin embargo esta medida, que se vence el próximo 15 de abril, podría no renovarse. Así lo ha dado entender el nuevo ministro de defensa Pedro Sánchez Suárez quien ha dejado en entredicho estos ceses al fuego en sus últimas apariciones mediáticas. En entrevista a Yamid Amat en el tiempo Suárez afirmó que existía evidencia “de una violación sistemática al cese al fuego por parte de estos grupos. No han cumplido”. En la misma entrevista afirmó que lo que necesita la población es que haya justicia y el cese al fuego no ayuda en ese aspecto. En este punto fue enfático “el cese al fuego no ayuda a la población” la explicación que dio se refiere a que, si no hay combates con el ejército, “se le traslada ese riesgo a la población”.   En el Cauca también se vive la guerra con toda su ferocidad. Esta semana, durante la conmemoración del natalicio de Manuel Marulanda Vélez, máximo líder histórico de las FARC, se realizaron atentados en lugares como Piendamó, Cajibío y El Patía, dejando a un centenar de civiles heridos. La posición del ministro de defensa es hablar de que en lugares donde el conflicto está arreciando, como el Cauca, lo que existe es una guerra de carteles, “como en los tiempos de Pablo Escobar”.   Los problemas de orden público se han ahondado este fin de semana después de que el viernes en la madrugada el ELN secuestrara a cinco operarios de Ecopetrol que buscaban reparar un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, roto después de un atentado de esa guerrilla. Los daños ambientales y económicos vuelven a ser incalculables.

Por: Redacción Pares Desde agosto del 2024 la población del Catatumbo le venía advirtiendo al Alto Comisionado de Paz Otty Patiño que se vendría una contraofensiva del ELN en el territorio. No había que tener poderes paranormales para predecir el futuro, en el ambiente ya flotaban las señales de lo que iba a suceder. Y efectivamente, desde el pasado 15 de enero la guerra ha vuelto a ser lo constante, la cotidianidad en este territorio colombiano. El número de desplazados, de confinados y el ensañamiento contra firmantes de paz ha sido diario. El conflicto, en vez de atenuarse, parece agravarse con el paso de los días. El Frente 33 va a paso firme buscando tomarse Filo Gringo. Las versiones sobre el disparador de la guerra han cambiado esta semana. Informes de inteligencia del ejército le apuntan a la pérdida de un cargamento de cocaína como la causa que perdió el polvorín. Lo único cierto es que desde hace décadas ha existido una disputa por el control territorial de una de las zonas más ricas estratégicamente hablando del país.   El Estado ha intentado hacer lo posible por tener un control que jamás ha ejercido en la zona. Para concretarlo ha concentrado la fuerza de 10.500 soldados desplegados en ese territorio. Los resultados están lejos de ser los esperados. Mientras tanto los cultivos ilícitos se han disparado. En un lapso de diez años han crecido de 8.000 hectáreas a 44 mil. Mientras esto sucede la población aún no encuentra respuestas concretas por parte del gobierno sobre un posible retorno o una normalización de la situación. La semana pasada Human Right Watch sacó un duro informe en donde se evidenciaba que el cese al fuego y los proyectos productivos firmados con el Frente 33 antes de que estos dejaran las armas, sirvieron para que este grupo se fortaleciera y expandiera sus alas.   Pero la nueva preocupación que tiene la gente en el Catatumbo es la degradación de la guerra de las dos principales estructuras armadas que mandan en ese territorio. Mientras el ELN sigue despojando a la población de su tierra, obligándola a marcharse de ahí, se tiene evidencia que el Frente 33 de las FARC está contratando sicarios de oficinas de cobro para hacer operaciones en el Catatumbo que terminan en asesinatos. Además en las últimas semanas se ha comprobado la utilización, por parte de esa estructura, de los sofisticados drones con explosivos. Estos artefactos sólo se habían utilizado dentro de la guerra irregular en el Cauca. Vale aclarar que el único país de Latinoamérica que cuenta con este material de guerra es Venezuela gracias a la influencia de los iraníes.   Cúcuta y su área metropolitana, que fueron escenario de una escalada de violencia a mediados de febrero, empiezan a temer que se repita la historia de hace dos meses. En el día de ayer 1 de abril fue activado de manera controlada por parte de la policía un explosivo que había sido colocado en la vía que comunica a Cúcuta con Puerto Santander. A pesar de estas inquietudes y de la escalada de la violencia aún no existen las respuestas que necesita Cúcuta y el Catatumbo por parte del gobierno colombiano.

Por: Redacción Pares Foto: las dos orillas La sala penal del Tribunal Superior de Bogotá este miércoles 12 de marzo rechazó por segunda vez y por improcedente una tutela presentada por la defensa de Álvaro Uribe Vélez que solicitaba suspender una vez más el juicio que se le sigue por presunta manipulación de testigos. El equipo de abogados del exmandatario ha dejado claro que una de sus estrategias no es sólo defenderse sino dilatar. Si el juicio se extiende hasta la segunda semana de octubre del 2025 queda anulado, prescribe y el presidente de una vez quedará libre judicialmente de toda sospecha. El blanco de los ataques ha sido la juez Sandra Liliana Heredia quien ha demostrado su entereza e imparcialidad, algo que parece lo hace sentir incómodo. El juicio, que ha sido transmitido vía streaming, ha mostrado como la jueza Heredia pone en su sitio y cada vez que lo requiere al expresidente.   Jaime Granados, cabeza de la defensa de Uribe, ha alegado que Heredia ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del acusado al fijar las fichas del juicio oral sin una concertación previa. Está claro que Heredia quiere hacer respetar el calendario y no darle resquicios a la defensa para posibles demoras.   Mientras tanto el sigue continúa. Carlos Eduardo López, “Caliche”, es el octavo testigo que ha hablado en el juicio que se le sigue a Uribe por presunta manipulación de testigos , su intervención continua hoy 13 de marzo. En la declaración que dio el pasado 12 de marzó afirmó que  conoció a Monsalve en una feria equina hace varios años, dijo que desde el 2011 quiere ayudar a Uribe no porque conozca a alguien cercano al expresidente o porque tenga además una relación personal con él sino porque es un patriota. La decisión de comparecer ante un estrado para defender a Uribe surgió después de que supiera de la entrevista que en el 2011 que le concedió Juan Guillermo Monsalve a Iván Cepeda y esto fue lo que lo motivó a darle su apoyo irrestricto al expresidente. “Caliche” sigue afirmando que Monsalve ha mentido cuando ha afirmado que Alvaro y Santiago Uribe Vélez ayudaron a crear en la Hacienda Las Guacharacas el Bloque Metro de las AUC. Incluso el propio López afirma que es amigo de Monsalve desde hace mucho tiempo y que puede estar completamente seguro que jamás perteneció a las autodefensas ni que le decían “Guacharaco” porque operaba en la Hacienda que fue propiedad de los Uribe Vélez.   El juicio prosigue este 13 de marzo y volverá a subirse al estrado alias “Caliche”. Otra de las estrategias de la defensa ha sido descalificar a Juan Guillermo Monsalve y a su ex esposa Deyanira Gómez, quienes son los dos testigos más importantes que existen para poder comprobar que Uribe si manipuló testigos, que es el delito del que se le acusa.

Por: Iván Gallo Foto: El País, WRadio El 30 de septiembre del 2024, un día después de haber sido asesinado Juan Carlos Rodríguez Agudelo, mejor conocido por su alias de Zeus, el Clan del Golfo emitió un comunicado denunciando que la operación llevada a cabo por el ejército se trataba de “una masacre oficial”.  En un aparte del comunicado se dejan leer frases como estas: “Los gaitanistas fueron reducidos y, en estado de indefensión, fueron ultimados, con alevosía y crueldad”.   Unos meses atrás, el 21 de abril del 2024, “Zeus” acaparó los titulares de la prensa colombiana. Junto con otros 17 internos se escapó de una estación policial en Cúcuta en donde estuvo detenido después de haber sido capturado el 10 de abril cuando se transportaba en una Toyota cargada de un arsenal considerable. Fue trasladado desde Pamplona a Cúcuta donde se dio la fuga. De las 17 personas que salieron del penal con él ocho fueron recapturados y otros dos fueron abatidos por la policía.   Zeus fue perseguido durante cinco meses por la fuerza pública. La operación para recapturarlo se llamó Operación Armagedón II. Fue ubicado en la zona rural de San Francisco, Antioquia. Junto a él cayeron siete de sus hombres pertenecientes al bloque Magdalena Medio del Clan del Golfo. Además de estos hombres fue asesinada una mujer de 51 años. Al momento de su muerte este ex oficial del ejército -alcanzó el grado de mayor general- contaba con una fortuna de 11.700 millones de pesos. Pocos días después de su muerte la DIJIN ocupó 13 bienes que le pertenecían.   Nacido en Tunja, el 16 de junio de 1969,  Rodríguez Agudelo ingresó a la infantería de marina en 1989. Hizo carrera en los noventa en las fuerzas especiales antinarcóticos del Caquetá. En el 2005, casi que paralelo al desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia, es explusado del ejército. En ese momento llevaba casi una década delinquiendo.   Se tiene registrado que desde 1997 trabajó con dos de los fundadores del Bloque Metro, David Hernández y Carlos Mauricio García Fernández el reconocido paramilitar apodado como Doble Cero. El Bloque Metro operó entre 1997 y el 2004 en el nordeste y el oriente antioqueño, el Valle de Aburrá y Medellín. Doble Cero tenía contacto con los hermanos Carlos y Fidel Castaño desde la fundación de los PEPES, la agrupación que conformaban los Perseguidos por Pablo Escobar cuya estructura terminaría transformándose en las AUC. Fue asesinado en Santa Marta en el 2004 por hombres al servicio de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.   Pero más cercano que al Bloque Metro resultaron siendo sus contactos con el cartel del norte del Valle. Se convertiría en el jefe militar de Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, quien, después de la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela, pasaría a controlar el 70% de la coca que se enviaba desde Colombia a los Estados Unidos en el lapso que va desde 1997 hasta su captura el 16 de septiembre del 2007. Además de enfrentarse a la fuerza pública Don Diego tenía un enemigo más despiadado, Wilber Valera, alias Jabón, otro capo de peso dentro de la organización y que fue el creador de Los Rastrojos, quien se independizó de su creador y que hoy en día, con vida propia, opera en por lo menos 23 departamentos del país. “Zeus” tenía la misión de cuidar a Don Diego por eso creó un ejército propio llamado Los Machos. Este grupo paramilitar participó en las siguientes masacres: la de Cajamarca en Tolima, 2003 y la de Potosí en el 2004.   Un año después es detenido y condenado a 15 años de prisión. En el momento de su captura le encuentran 30 millones de pesos en efectivo y 200 kilos de cocaina. Parte de su condena la pagó en la cárcel de Tolemaida pero, debido a los constantes excesos en fiestas, es trasladado a La Picota. En el 2018, como beneficio por su participación en la JEP, se le concedió libertad condicional. Participó en 10 sesiones en donde reconoció dos crímenes mientras llevaba el uniforme militar: el haber atentado contra miembros de la Unión Patriótica y el ser partícipe de los falsos positivos.   Se cree que su labor dentro del Clan del Golfo también tenía que ver con su capacidad de gestión a la hora de recuperar, a como diera lugar, bienes incautados a narcotraficantes que regresaban al país después de cumplir sus penas en el exterior.   Con su detención y posterior fuga de una cárcel en Cúcuta fue expulsado de la JEP en el 2024. Su agenda podría constituirse en la piedra angular para saber a profundidad cual es la relación entre paramilitares y fuerza pública.

Por: Iván Gallo-Coordinador de Comunicaciones Es por lo menos extraño que en las noticias no salga el nombre del colectivo José Alvear cada día. Estos abogados, cuya historia contaremos en el siguiente relato, se han convertido en un dolor de cabeza para Alvaro Uribe. Fueron ellos quienes lo arrinconaron y buscaron el arsenal de pruebas que tiene en este momento la Fiscalía y que, ha todo vapor, están buscando mostrar antes de que el caso prescriba. Uribe, quien todos los días después de las largas comparecencias que tiene que dar diariamente en su juicio, también se cuida de no nombrarlos. Uribe se reune con un equipo de ingenieros y jóvenes expertos en redes sociales para imponer a la brava la versión que circulará en internet. Es como si se hubiese hecho un pacto tácito entre medios y el expresidente: a él le corresponde cubrir su propio juicio ya que el tratamiento que se le ha dado al mismo es intrascendente en los grandes medios.   Por eso, una de las pocas veces que cayó en la trampa de nombrarlos fue el año pasado en donde los denunció públicamente por cometer la infamia, supuestamente de que lo estaban persiguiendo. En pleno juicio, en mayo del 2024, se refirió así de Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, afirmó que “me vienen persiguiendo desde hace 34 años” inmediatamente el CAJAR le recordó que  todo ha sido al contrario, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la que denunció la persecución de la que fue víctima el colectivo de abogados cuando Uribe fue presidente.   Recordemos las luchas del CAJAR.   Fue Eduardo Umaña Luna, mítico profesor de la universidad Nacional, quien les aconsejó a los jóvenes alumnos que empezaban a componer un colectivo de abogados, atraídos a defender las causas justas, que le hicieran un homenaje a un defensor de campesinos en los Llanos Orientales quien en 1953, mientras iba en su balsa por uno de esos indómitos ríos, se hundió para siempre. Como tumba tuvo una cruz de palo, nada más. Habría que llegar alguien tan memorioso como este profesor, fundador junto con Fals Borda de la facultad de Sociología de la Universidad Nacional, pare resucitarlo con sólo nombrarlo. El abogado se llamaba José Alvear.   Era el agitado e infausto año de 1980, tenían encima el yunque del Estatuto de Seguridad del entonces presidente Julio César Turbay Ayala, en la que se obsesionaba, con consentimiento de la ley, con impedir que el germen de cualquier tipo de revolución entrara en Colombia. Una vez más los militares poblaban América, Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, el Brasil del general Baptista, la Bolivia de la Junta de los Comandantes. Turbay, más que un presidente, parecía una caricatura. Su corbatín y su voz aflautada eran una invitación a la burla, a las imitaciones. El M-19 se ensañó contra su gobierno haciéndolo quedar en ridículo con golpes demoledores de publicidad como el robo de armas del Cantón Norte o la toma a la Embajada de República Dominicana. La manera que encontró él y sus generales de desquitarse fue reprimiendo.   En esa época este colectivo de abogados se llamaba la Asociación Nacional de Profesores, Asonalpro. La orden de allanamiento incluyó destrucción de documentos, de objetos, una intimidación total y absoluta. El faro de pensamiento es el profesor Eduardo Umaña Luna pero lo siguen jóvenes abogados como su hijo, Eduardo Umaña Mendoza, quien sería abaleado en su despacho por órdenes de los paracos 18 años después, Eduardo Carreño Wilches, hijo de una familia campesina que llegó desplaza de Boyacá en plena época de la violencia, Daniel Medina, Luis Castro Murcia, Rafael Soto Beltrán. Hay dos personajes que posteriormente se unirían al colectivo y que tienen historias muy atractivas. Uno de ellos es Rafael Barrios Mendivil, barranquillero que renunció de un cargo que le daba lustre y buen sueldo, el de ser asesor del director de control del Banco de la República, pero ante la amenaza de la instauración de un régimen con visos de dictadura, era mejor abandonar lo que tenía y ponerlo todo.   El otro gran personaje se llama Alirio Uribe Muñoz, nacido en Aratoca Santander y que debutaría en el fragor de las luchas sociales durante el gran paro de 1977 mientras apenas era un estudiante de bachillerato. Alirio tiene la energía fulgurante de los 17 años, así que mientras de día estudia en la Facultad de Sociología de la Nacional, de noche lo hace en la Universidad Católica con su carrera de derecho. Así que más que un abogado es un humanista. Eran 12 los abogados que estaban en esa época. Estaban en la mira del ejército por un hecho muy concreto, buscaban que los civiles no fueran juzgado por tribunales. Turbay, dando palos de ciego, detuvo a 1.200 personas a las que encerró en las caballerizas del Cantón Norte y algunas fueron sometidas incluso a tortura acusadas de pertenecer al M-19. Allí entran en contacto con comandantes del M que después pasarían a ser parte de la leyenda nacional como Iván Marino Ospina o Carlos Pizarro.   El Colectivo José Alvear pasó a ser la inspiración de jóvenes estudiantes de derecho que querían defender las causas justas. Uno de los lemas de una organización que ya tiene 44 años de existencia es la de no defender a nadie que esté procesado ni por narcotráfico, i por delitos sexuales, ni por secuestro de niños, ancianos o mujeres embarazadas”. Pero han defendido las causas sociales que generaron atropellos del Estado tan devastadores como la retoma del Palacio de Justicia, una estrategia urdida por la propia cúpula del Ejército para dejar entrar al M-19 al lugar y luego tener la excusa perfecta de contraatacar con fuerza desmedida. La retoma dejó desaparecidos, personas calcinadas y, lo más grave, acabó con los 11 magistrados de una de las Cortes Supremas de Justicia más intachables y prestigiosas de la historia.   Para la historia quedaron las trémulas palabras del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien suplicó por el cese del fuego que generaba la retoma con estas palabras dichas desde el baño de Palacio donde perdería la vida : “Estamos en trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos, tienen que pedirle al gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el ejército y la policía se detengan…Ellos no entienden, nos apuntan con sus armas. Yo les ruego: detengan el fuego porque están dispuestos a todo….Nosotros somos magistrados, empleados, somos inocentes…he tratado de hablar con las autoridades. He intentado comunicarme con el señor presidente, pero él no está. No he podido hablar con él…” El colectivo José Alvear tiene entre sus causas el de los desaparecidos de Palacio. Así como también han estado en el del asesinato del alcalde de Sabana de Torres, Álvaro Garcés Parra a mediados de los años ochenta por parte de los MASETOS. El MAS, Muerte a Secuestradores, fue creado en una cumbre que organizó el Cartel de Medellín después de que ordenaran el secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana menor del clan Ochoa, los hermanos socios de Pablo Escobar. Se crea un fondo común y se empieza a darle duro al M-19 y hasta a organizaciones estudiantiles. Si bien el modelo de autodefensa ya se había desplegado en Magdalena Medio, el MAS puede leerse como la semilla del paramilitarismo que vendría a sembrar el terror unos pocos años después.   Los abogados emprendieron la tarea de darle asesoramiento jurídico y defender casos emblemáticos como los asesinatos selectivos a miembros y líderes de la UP, como fue el caso de Álvaro Garcés Parra, alcalde de Sabana de Torres, en una combinación armada por miembros del ejército y del MAS. En algunos de los más de 100 casos que han afrontado han demostrado que los militares tienen las manos untadas de sangre. Los casos más emblemáticos han sido el del líder indígena Germán Escue, el de Wilson Gutiérrez Soler que fue torturado; el bombardeo de Santo Domingo, en Arauca,  el crimen de Manuel Cepeda, y las masacres de La Rochela y Mapiripán.   Vinieron los gobiernos, los abusos y, después de casi tres décadas de fundados, los integrantes del Alvear sintieron en la nuca la mano gélida de un gobierno autoritario. Así fue en los ocho años que duró la Seguridad Democrática. ¿Se acuerdan de las famosas chuzadas que ordenaban Jorge Noguera y la famosa Maria del Pilar Hurtado en el DAS? Buena parte de ella iban destinadas a sus líderes, los abogados Alirio Uribe y Reynaldo Villalba. Al primero incluso llegaban a esculcarle la basura para ver con qué debilidad personal podrían intimidarlo. Las amenazas, la persecución, volvieron, sobre todo entre los años 2003 y 2005.   Y casi veinte años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos les ha dado la razón. Determinó, ojo a la gravedad de la sentencia, que varias entidades estatales hicieron actividades de inteligencia contra los integrantes del CAJAR y entregaron esa información a grupos paramilitares que luego amenazaron a los defensores de derechos humanos. “El Estado creó una situación de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas”. Es decir, en vez de cuidarlos, el Estado les servía en bandeja de plata a los paramilitares a estos abogados para asesinarlos o amendrentarlos.   La sentencia determinó que el Estado violó 14 derechos entre los que se incluye el de la vida la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión. El Estado está en la obligación no sólo de pedir disculpas sino de hacer un acto reparador como el de crear un documental en donde se honre su memoria, sus luchas.   Con esto, sólo en parte, se verá restituida la vida y la honra de tantos defensores de derechos humanos que lo dieron todo para defender al que no tenía nada de la furia y poder del Estado.   Y a pesar de eso Uribe, en el juicio que le lleva en su contra y en donde ya le han hecho jaque al rey, intenta desestimarlos, cambiar una vez más la historia. ¿Le alcanzará?

Por: Redacción Pares Este 17 de marzo se presentó en el juicio que se le sigue a Alvaro Uribe el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Por motivos derivados de su estado de salud Mancuso lo hizo de manera virtual dando detalles sobre el escenario en el que Juan Carlos “El Tuso” Sierra se convierte en uno de los testigos estrellas en el caso que se le sigue al expresidente por manipulación de testigos. Afirmó que, “por razones humanitarias” la entonces senadora Piedad Córdoba le ofreció asilo político al ex paramilitar Sierra quien estaba preocupado por la seguridad de su familia. Los países que se le ofrecieron a Sierra fueron Venezuela o Argentina. Esto no se trató, como argumenta la defensa de Uribe, de una estrategia para darle una dádiva a Sierra con tal de que enlodar al líder del Centro Democrático sino que se estaba tratando de darle una mano a una persona que temía por su vida.   La reunión con Sierra se dio en Estados Unidos en el año 2009 y en ella estuvieron Rodrigo Lara, Iván Cepeda y Piedad Córdoba. Desde su extradición a los Estados Unidos en mayo del 2008 Mancuso se ha convertido en uno de los más acérrimos enemigos de Uribe. En la audiencia de hoy repitió lo que ya ha dicho en varias ocasiones: el entonces presidente ordenó su extradición, y la de otros 13 jefes paramilitares, para que no siguieran contando verdades. En el año 2004 los paras se desmovilizaron acogiéndose a Justicia y Paz. El compromiso de contar toda la verdad, entre las que se contaban las alianzas que establecieron las Autodefensas Unidas de Colombia con la fuerza pública y grupos empresariales, fue interrumpida por esta abrupta extradición. Las AUC pastaron en Colombia entre el año 1994 y el 2004, fue una década en donde el conflicto colombiano entró en una barbarie sin precedentes. Según la Comisión de la verdad las AUC están acusadas de 4.000 masacres y 260 mil muertos. En su declaración Mancuso afirmó que los crímenes de las Autodefensas fueron cometidos “en connivencia con el Estado”.   Pero fue aún más allá. Mancuso afirmó que uno de los logros de los que se siente más orgulloso Uribe, el de la seguridad democrática, con la que redujo sustancialmente el poder de las FARC, se logró gracias al apoyo de los paramilitares. “Fui enfático en expresarle a esa comisión que la política de seguridad democrática del presidente Uribe funcionó porque nosotros estuvimos detrás de ella”. Cuando Mancuso habla de comisión se refiere a la que encabezó Piedad Cordoba buscando la verdad de los paras contada desde las cárceles donde estaban recluidos.   El testimonio de Mancuso comenzó sobre las 8:40 de la mañana. Debido a problemas de salud el ex jefe paramilitar requiere de asistencia de oxígeno de manera constante. Desde el pasado 10 de julio del 2024 Mancuso se encuentra en libertad comprometido con contar la verdad del conflicto y con la reparación de sus miles de víctimas.   Otro de los que rindió declaración este 17 de marzo fue el periodista Juan Carlos Giraldo quien, mientras trabajaba para RCN, entrevistó al Tuso Sierra cuando este ya estaba libre. La entrevista se realizó en un hotel en los Estados Unidos y duró 15 minutos. Sierra quería conducir la entrevista hacia temas personales, de cómo había reiniciado su vida lejos de Colombia, algo con lo que Giraldo no estuvo de acuerdo.   Giraldo es el decimocuarto testigo que es interrogado en el juicio que se le sigue a Uribe.