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Por: Iván Gallo - Editor de Contenido Tres veces le han cerrado el caso y tres veces se lo han vuelto a abrir. Las tres veces han dicho que Santiago Uribe Vélez, el hermano menor del expresidente, es inocente de haber creado Los doce apóstoles, una organización supuestamente creada en una de sus fincas, La Carolina, en pleno Yarumal. La última vez que afirmaron que el hombre no tenía nada que ver con eso fue en noviembre del 2024. La Fiscalía, que ya no es amiga de la familia, inmediatamente apeló este fallo. Los cargos de los que se le acusa a Santiago son graves, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Hay un testigo de peso en todo esto, un testigo que, como ha sucedido con todos los hombres que han intentado testificar contra los Uribe Vélez, ha sido sistemáticamente calumniado y acorralado.   Se llama Juan Carlos Meneses y fue el comandante de la policía de Yarumal desde 1994. En ese momento los Uribe Vélez ya eran una leyenda en Antioquia. Su hermano mayor, Alvaro, estaba a punto de ser gobernador de Antioquia. Eran cinco los hijos de un tipo muy poderoso, multimillonario, duelo de 26 fincas, llamado Alberto Uribe Sierra quien fue asesinado en extrañas circunstancias en 1983 mientras se bajaba de un helicóptero en las Guacharacas, una de sus haciendas más queridas. En ese operativo, que se le atribuyó durante mucho tiempo a las FARC, resultó herido Santiago. La leyenda uribista cuenta que Alvaro, apenas supo del incidente, voló en otro helicóptero hasta el lugar de los hechos e incluso repelió a los asesinos de su padre a punta de bala, pero nada de esto ha podido ser comprobado. Circularon rumores en Medellín -nunca comprobados- que no fue la guerrilla sino un ajuste de cuentas lo que provocó el asesinato del padre del expresidente pero esto nunca pudo ser comprobado. Políticamente Alvaro Uribe si ha resaltado haber sido una víctima de las FARC.   Meneses se sentó durante años con la rigurosa periodista Olga Behar y contó todo lo que vio en sus años como comandante de la policía en Yarumal. Habló de que en la Carolina, Santiago Uribe prestaba esta espaciosa finca -en donde incluso se criaban toros de lidia, actividad en la que los Uribe Vélez son expertos y fanáticos- para entrenar hombres que conformarían comandos paramilitares. Ese grupo de Yarumal, que, según Meneses, se había hecho no sólo para repeler a las FARC y al ELN, quienes extorsionaban a los hacendados “de bien” de la zona, sino para ejercer labores de “limpieza social” matando a consumidores de droga y potenciales ladrones, se hizo llamar Los doce apóstoles y estaba compuesto por dueños de criaderos de cerdos, comerciantes y hasta por el cura del pueblo que usaba su biblia para guardar su nueve milímetros. A los doce apóstoles, grupo activo desde 1992, se le atribuyen 533 asesinatos. La alianza con la fuerza pública fue fundamental para la expansión de este grupo en 1995 que luego se convertiría en el poderoso Bloque Mineros de las AUC.   Meneses llegó a reemplazar en 1992 al comandante Benavides quien fue sustituido luego de que se comprobara su apoyo a los Doce apóstoles de manera descarada. Una vez asesinaron a un señor de apellido Varela en la hacienda La Carolina. Después de asesinarlo lo pusieron en el capó de un jeep en donde le colgaron el letrero de “extorsionista de la guerrilla” y lo pasearon por todo el pueblo para que la gente entendiera como le iban a los guerrilleros en Yarumal. Tal acto provocó un escándalo y por eso lo destituyeron. Meneses cuenta que uno de los primeros que lo recibió en Yarumal fue Santiago Uribe Vélez, le puso a la orden sus hombres y sus recursos, además de la información que poseían con tal de darles duro a la guerrilla.   Meneses tiene encima una condena de 27 años de prisión por homicidio y lleva más de una década siendo testigo contra Santiago Uribe Vélez. El año pasado ratificó ante la JEP la acusación contra el hermano del expresidente. Los testimonios de Meneses han sido respaldado por otros testigos como el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y un trabajador de la finca llamado Eunisio Pineda Luján.   En la JEP se encuentra una resolución, la 2114 que reza lo siguiente: “Además de esta información conocida por mí y entregada por el Capitán BENAVIDES al momento de recibirle el puesto de Comandante de Distrito,  este dejó en evidencia también una estrecha relación de amistad con SANTIAGO URIBE VÉLEZ y demás ganaderos y comerciantes del sector auspiciadores del grupo de “limpieza social ”.   En el documento queda claro como era la interacción entre la SIJIN y los paramilitares “ El objetivo primordial de generar vínculos con la Policía Nacional era que ellos tuvieran tranquilidad en su actuar delictivo y que sus hombres al cometer los homicidios no fueran capturado s y al final, estos ganaderos, agricultores y comerciantes pudieran tener la tranquilidad que no les iban a ser extorsionados ni secuestrados y así disminuir la actividad delincuencial en la zona”.   Hasta el año pasado Meneses intentaba salir del país, con sus respectivas medidas de seguridad teniendo en cuenta su situación judicial -el homicidio de Camilo Barrientos en Yarumal, en 1994-, para encontrarse con su familia en Venezuela donde se encuentran refugiados debido a las amenazas que le ha implicado a Meneses ser testigo de Uribe Vélez.   La Fiscalía sigue recogiendo pruebas para abrirle una vez más el caso al hermano menor del expresidente. El testimonio de Meneses nunca ha presentado grietas y sigue manteniéndose sólido todo lo que dice. Sólido y coherente.

Por: Redacción Pares  Human Rights Watch, a través de su directora, Juanita Goebertus, presentó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el informe El catatumbo, abusos de grupos armados y desprotección estatal , en donde se presenta, a través de 65 entrevistas que se hicieron en terreno, la situación que se vive en esta región desde el pasado 15 de enero.    Con 86 homicidios, 58.052 desplazados y, 19.468 confinados, HRW pudo determinar algunas de las razones que desencadenaron la crisis.    Desde el año 2018 el frente 33 de las extintas FARC y el ELN habían convivido en ese territorio sin sobresaltos. Se vivía una calma chicha. Pero, la posición del gobierno, en cabeza del actual comisionado de paz, Otty Patiño, empezó a crispar los ánimos. Se pactaron proyectos productivos de cultivo de palma africana y otros con un grupo que aún poseía las armas. Esto empezó a generar resquemor dentro de las filas del ELN.    Goebertus, citando el informe, afirma que, dentro de la comunidad, se denunció que el gobierno tenía cierta "preferencia" con el frente 33 y que el cese al fuego sirvió para que esta estructutura se fortaleciera en el territorio. El 33 llegó a establecer carceles particulares en donde encerraba a gente con problemas de adicciones o delincuentes, ejerciendo funciones de gobernanza.     El ELN, desde mediados del 2024, venía amenazando con una confrontación en donde se verían afectados firmantes de paz y lideres sociales. Hasta el momento han sido siete los firmantes asesinados.    Unas de las conclusiones que sacó el informe de HRW es que no es aconsejable ceses al fuegos ni la firma de proyectos productivos con grupos que no hayan entregado armas. Además hace énfasis en que la situación en el Catatumbo es una prueba del fracaso de la Paz Total de Petro.    La subdirectora de la fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla, reaccionó ante el informe “Lo del frente 33 tiene matices, los diseños de las dos negociaciones eran distintas, mientras el ELN era una negociación nacional, la del Frente 33 estaba sobresaturada de acuerdos estaban dando resultados más rápidos y se querían implementar con mayor premura proyectos productivos. Claramente esto es un error del gobierno. Creo que tuvo que ver con la arremetida del ELN y con la crisis que sobrevino en la mesa con el ELN”.     En los próximos días Juanita Goebertus se reunirá con Otty Patiño y conversarán sobre el informe y le expresarán las inconformidades que hay con el gobierno por parte de una comunidad que se siente completamente abandonada, a merced de dos grupos armados feroces.

Por: Redacción Pares Desde este fin de semana el presidente Gustavo Petro ha denunciado el acaparamiento de medicamentos en bobegas de Audifarma en Bogotá. Algunos de estos medicamentos están destinados para tratamientos tan delicados como los que generan enfermedades tan complejas como la diabetes. El presidente ha señalado que este tipo de acaparamientos se debe al bloqueo que le quieren hacer a su reforma a la salud. Esa fue la razón por la que convocó a un nuevo consejo de ministros televisado. Petro le echó la culpa directamente a su predecesor, Iván Duque y a la familia Char de Barranquilla, por la crisis que vive la salud y que se deriva en la demora en la entrega de las medicinas. Sobre lo que hizo Duque dos semanas antes de que a Petro le fuera impuesta la banda presidencial lo calificó como "una marranada". El presidente se refería a un contrato millonario que dejó firmado Duque antes de dejar la Casa de Nariño y con el que le dejó el monopolio de la distribución de medicamentos a los Char. Además, por ese contrato, según el mandatario, los medicamentos en este momento valen el doble. En el consejo Petro pidió saber quienes eran los dueños de Audifarma y preguntó si detrás de esta empresa no estaba la poderosa familia barranquillera. Las dosis de insulina que estaban guardadas en las bodegas de Audifarma eran 133 mil. Por eso el presidente llamó "bandidos" a los dueños de estas prestadores de salud y los acusó de orquestarles un mal ambiente a través de los medios de comunicación de las que son dueños. El presidente, tiene viento en la camiseta, a pesar de que en el congreso fue hundida su reforma laboral, contó con amplio respaldo popular en las calles. Por eso se planean mas movilizaciones en apoyo a las reformas que ha propuesto el gobierno. Por parte de la oposición Alvaro Uribe puso como fecha el 20 de abril para que la gente salga a la calle, después de semana santa y exprese su rechazo a este gobierno.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos Perdón por llegar tan tarde. Hace cinco días se conmemoraron los 35 años del asesinato de Bernardo Hoyos. Perdón también por el oportunismo. Los medios ni las fundaciones deben tener una excusa para recordar a un mártir. Porque eso fue Bernardo, muy a pesar de su risa constante, de su modestia, de su renuencia a asumir una pose.   Bernardo Jaramillo Ossa sabía que lo iban a matar. Por eso se atrevió dos veces a reunirse con Pablo Escobar. Cuenta Alonso Salazar en la mejor biografía que se ha escrito sobre el capo, El Patrón del mal, que se reunieron en Coveñas y que Escobar quedó impresionado con el temple del líder de la UP. Le prometió que haría todo lo posible por detener la sombra de lo muerte que ya le alistaba la guadaña pero que esa orden estaba dada, que iba a ser muy dificil. Jaramillo respiró profundo y botó el aire, se resignó. Igual de algo nos tenemos que morir.   Es increíble que Bernardo tuviera apenas 34 años cuando lo mataron en el puente aéreo del Dorado. Es increíble que a José Antequera, otro líder duro, lo hubieran asesinado ahí mismo, en un lugar relativamente fácil de controlar para cualquier seguridad. A Pizarro lo mataron en otro lugar más improbable, con menos escapatoria: un avión. Muchos creen que Pablo Escobar le jugó una mala pasada a Jaramillo Ossa y que él mismo lo mandó a matar. Pero no fue él. Fue el Mexicano. Gonzalo Rodríguez Gacha, el que empezó el exterminio de miembros de la UP.   Después de la destrucción de Tranquilandia Gonzálo Rodríguez Gacha, según lo investigó Steven Dudley en su libro Armas y urnas, el jefe de finanzas del Cartel de Medellín desplegó toda su furia contra todo lo que oliera o pareciera de izquierda. Le echó la culpa a las FARC y golpeó al grupo político que se había derivado de las conversaciones de paz con esa guerrilla. Gacha empezó a exterminar miembros de la Unión Patriótica, pero al Mexicano lo mataron el 18 de diciembre de 1989 después de un operativo dado por la policía en Tolú. La posta para asesinar a Jaramillo Ossa la siguieron los hermanos Fidel y Carlos Castaño.   Contrario a Escobar que se declaraba, al menos de dientes para afuera, un hombre de izquierdas, los Castaños eran feroces anticomunistas. Buscaron como excusa el supuesto secuestro y asesinato de su padre a manos de las FARC para lanzar su batalla contra todo lo que fuera comunista. Pero, en realidad, los Castaño Gil querían acaparar tierras, por eso fueron los grandes terratenientes de Córdoba. La UP, a pesar de que ya les habían asesinado cerca de 1.000 militantes y a líderes tan importantes como Pardo Leal, aún tenía fuerzas. Jaramillo Ossa representaba esa frescura de la nueva izquierda. Abogado y bohemio amante de los tangos de 35 años, su bigote bonachón le hizo ganar el apodo de Garfield.   El senador tenía agallas. Tuvo que tomar la posta de la presidencia de la UP cuando mataron a Pardo Leal. En ese momento se convirtió en el hombre más amenazado de Colombia. Y no se cayó. No se cayaba. Nada lo amedrentaba. En uno de sus discursos más encendidos señaló a los que no querían la paz en Colombia: "No se puede hablar de paz, ni ser consecuente con la paz, cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos con la violencia hacia la población civil".   Iba calando entre los votantes que, estrellados después de ver cómo asesinaban impunemente a Galán en la plaza de Soacha, no sabían por quien votar. Sus llamados a la paz, su rechazo a la política de las FARC de asumir “todas las formas de lucha” incluidas las de la violencia, lo convirtieron en un candidato que podía ganar las presidenciales de 1990.   Pero no lo iban a dejar.   Andrés Arturo Gutierrez tenía 21 años cuando mató en el aeropuerto el Dorado a Bernardo Jaramillo Ossa. Trabajaba en una fábrica para hacer la tiza con la que se les saca punta a los palos de billar. Le pagaban una miseria y llegaba a su casa en Medellín con las manos reventadas. Un amigo de toda la vida, llamado Yerry, fue quien le hizo una oferta de trabajo que le cambiaría la vida. Le dio una foto de Bernardo Jaramillo y le dijo que ese era el señor que tenía que matar. Gutiérrez, en su ignorancia, no sabía que ese hombre de bigote y con aire bonachón era candidato presidencial de la UP, una fuerza política que estaba siendo exterminada por los escuadrones de la muerte. Igual no importaba quien fuera. Había que hacer la operación.   La realizó en la sala de espera del aeropuerto El Dorado. A pesar del poderoso esquema de seguridad y que dos agentes del DAS habían estado dos horas antes en el aeropuerto para reportar que “todo estaba normal” el detector de metales para pasar a la sala de espera, no funcionaba. Por eso Gutiérrez pudo ingresar la pistola que descargó sobre Jaramillo Ossa. Herido, el líder de la UP intentó pararse pero resbaló después sobre su propia sangre. Mariella, el amor de su vida, alcanzó a escucharlo decir “me mataron mi amor, me mataron estos hijueputas”. Jaramillo llegó sin signos vitales a un hospital en Kennedy. Gutiérrez, una vez disparó, alcanzó a tirarse al piso y a suplicar por su vida. Llegó herido a la clínica y se repuso. Regresó a Medellín y dos años después fue abaleado junto con su papá mientras salían de un parqueadero. Los verdaderos asesinos de Jaramillo Ossa no querían dejar rastro.   Una década después de su asesinato Carlos Castaño Gil publicó su autobiografía llamada Mi confesión, en ella afirma que no mató a Jaramillo Ossa. Pero está claro que fueron los paras quienes lo asesinaron. Hoy tendría 69 años y sería uno de los faros de una izquierda que en esa época emocionaba, que era vibrante, que no se corrompía. Nunca pudimos reponernos del asesinato de Jaramillo Ossa. Nunca y nadie, sobre todo los que somos de izquierda.

Por: Redacción Pares Osvaldo Bayer se consideraba un “anarquista y pacifista” a ultranza. En los 91 años que vivió fue un historiador, un periodista, un intelectual, un profesor, un sindicalista. Aunque nació en Santa Fé, siendo muy joven se trasladó con su familia al pueblo de Río Gallegos, en plena Patagonia. Alli vío la infamia. Conoció, de viva voz, el relato de los sobrevivientes del movimiento Patagonia Rebelde, una lucha protagonizada por los trabajadores en huelga conducidos por líderes locales y miembros de la corriente anarcosindicalista en el territorio nacional de Santa Cruz. Se estima que 2.000 trabajadores que luchaban por sus derechos fueron masacrados. Este hecho hubiera desaparecido de la memoria colectiva de los argentinos si Osvaldo Bayer no hubiera escrito el libro de no-ficción Los vengadores de la Patagonia Trágica, una obra basta de cuatro tomos, publicados entre 1972 y 1978. El último de los tomos se editó desde Berlín, ciudad a la que había huido Bayer después de que se instalara en la Argentina esa feroz dictadura.   En la entrada de Río Gallegos, hasta el pasado 25 de marzo, uno se encontraba con un monumento del rostro de Bayer recordando su obra épica. Ya el monumento no está más. Milei está comprometido a borrar la memoria de los argentinos. Sabemos que es un negacionista de la feroz represión de la junta militar contra sus contradictores. También quiere borrar cualquier atisbo de memoria sobre la reivindicación de los trabajadores. Por eso su gobierno, mediante personal de Vialidad nacional, demolió este martes el monumento a punta de retroescabadora. El presidente argentino justificó este hecho como parte de la “limpieza ideológica contra símbolos kirchneristas” que recuerda los más oscuros gobiernos fascistas que han pasado por ese país.   Pero los opositores a Milei no se quedarán con los brazos cruzados. Desde ya ha surgido un movimiento a través de redes sociales para restituir el monumento dedicado a Osvaldo Bayer y a la Patagonia Rebelde. El intendente de la localidad Pablo Grasso acusó a Mieli de “cobarde” por hacer este tipo de afrenta justo en el día de la Memoria, en donde se conmemora las atrocidades que cometió la Junta Militar. Un día que es feriado para los argentinos. Grasso considera que los argumentos que dio el gobierno para destruir el monumento fueron totalmente “falaces y mentirosos”. Grasso ya se puso en contacto con Oswaldo Villalba, el escultor de la obra, quien está dispuesto a volverla a construir. El monumento estaba puesto a 25 kilómetros de Rio Gallegos. Si el gobierno nacional hubiera anunciado la destrucción de la obra se hubiera encontrado resistencia popular. Milei lo hizo sin avisar. Por eso Grasso lo llamó “cobarde”.

Por: Redacción Pares Jaime Bayly se dio a conocer cuando era un veinteañero, en plenos ochenta en el Perú. Siempre fue un provocador. Sus primeras novelas tuvieron el espaldarazo de Mario Vargas Llosa, quien lo acogió como un discipulo. Desde muy joven se alineó a la derecha del espectro político. Incluso fue uno de los más entusiastas seguidores de la campaña presidencial abiertamente neoliberal con la que Vargas Llosa quiso ser presidente del Perú en 1990. Le ganó un ingeniero que pocos conocían pero que supo conectar con la gente, Alberto Fujimori.   Desde mediados de los años noventa su programa de entrevistas fue un hit. Se trasladó a Miami, la capital latinoamericana de la derecha, en donde se volvió uno de sus pocos referentes culturales. Su blanco a principios de este siglo fue burlarse de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de todo lo que oliera a izquierdas. En Colombia había gente que lo amaba y otros que lo odiaban. Su popularidad fue tan grande que en el 2010, cuando inició el canal NTN 24 tuvo un espacio en donde, la mayoría de las veces, enaltecía la labor del presidente Alvaro Uribe Vélez. En el 2023 su cadena de televisión, la que funcionaba en Miami, entró en crisis y él fue una de las cabezas que rodó.   A sus sesenta años sigue más cínico que nunca. Escribió una novela llamada Los Genios, bajo el sello de la prestigiosa editorial española llamada Galaxia Guttemberg. Pero, además, como está libre del pecado de pertenecer a un gran medio, puede decir lo que quiere a través de sus redes sociales. Abiertamente bisexual desde hace décadas, ha sido un defensor de todas las libertades, eso lo llevó a cuestionar algunos regímenes de izquierda. Pero dice estar tan asqueado de las tonterías de Milei, que llevó a promocionar incluso una estafa que perjudicó a decenas de miles de argentinos a través de sus redes sociales, del autoritarismo de Bukele, quien ha presentado sus megacárceles como uno de sus más importantes legados, y la brutalidad de Donald Trump quien está expulsando del país a latinoamericanos que incluso ya tenían un estatus migratorio, que ya se considera una persona de izquierda, lo dijo en este video que publicó a través de redes sociales y que ha constituido en una de las críticas más duras que ha recibido la derecha que ahora amenaza con apoderarse de este continente.   Este es el video.

Por: Redacción Pares Daniel Coronell reveló este domingo 30 de marzo los chats en donde se evidenciaría un caso de acoso sexual del general retirado Eduardo Zapateiro contra Liliana del Pilar Zambrano, pareja del coronel José Luis Esparza, quien fue sacado del ejército por orden del ex comandante de manera arbitraria en el 2020. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Gustavo Petro quien, durante el domingo 30 de marzo, lanzó trinos contra el ex oficial. Hay que recordar que Zapateiro renunció a la comandancia del ejército después de que Petro ganara las elecciones del 2022. Desde entonces entre los dos la relación está fracturada.   En su trino Petro dijo lo siguiente sobre Zapateiro: “Ya sabía. La biblia dice que no desearás la mujer de tu prójimo,  en Colombia se olvida muchas veces, pero no los hombres de armas; porqud sabemos que sí pasa eso (...) demuestras que eres desleal, y, un militar no puede ser desleal, porque si lo fuera con su compañero de armas,  traicionaría (...) a la bandera que dices defender, la Patria, el uniforme, el grado de general,  y, sobretodo, a ti mismo [sic]”. En uno de los apartes del extenso mensaje, Petro se refirió a Zapateiro como un traicionero, un vampiro y un falso guerrero.   “Tu te puedes matar por honor, pero no sabes que es eso, porque ayudaste a matar inocentes de tu pueblo.  Jóvenes que merecían vivir y amar, como no sabes hacerlo. No te puedes matar por amor, porque eres falso guerrero, como sí se matan los hombres verdaderos, porque no sabes qué es el amor y la hombría [sic]”. El presidente no se contuvo y siguió: “Eres traicionero y te faltan las ideas, y por eso no pudiste recibir mis ordenes, porque hacían que tu corazón se oscureciera,  pero no por las órdenes, y su claridad como el sol, sino porque los vampiros odian el sol, y su propia conciencia traicionera [sic]”.   Hace unos meses Zapateiro fue noticia por su vinculación con la gobernación del Tolima. El 5 de febrero las víctimas del conflicto rechazaron la designación de Zapateiro como asesor de seguridad de esa gobernación.   Hay que recordar que Zapateiro fue el comandante del ejército en tiempos de Iván Duque y ha sido cuestionado por episodios como el bombardeo a un bazar en Puerto Leguízamo, Putumayo, el 11 de marzo del 2022 mientras era comandante del ejército en tiempos de la presidencia de Iván Duque. Además se le ha relacionado con presuntas colaboraciones con grupos paramilitares. Así lo reveló la revista Vorágine en junio del 2022 cuando hicieron pública la declaración de un ex soldado ante un fiscal en la que detalla una presunta alianza entre paras y una unidad que estaba en cabeza del ex general. Gracias a esta colaboración las AUC habrían asesinado a un profesor.   Una de las organizaciones que salió a criticar el nombramiento de Zapateiro fue el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado, el MOVICE, quien en un comunicado expresaron “el más profundo rechazo” ya que “esta decisión representa un grave retroceso en la garantía de los derechos humanos y la construcción de paz en el departamento, pues abre la puerta a reproducción de prácticas que han favorecido la impunidad y la consolidación de estructuras paraestatales en el país”.   Zapateiro ha participado en política dando opiniones y movilizándose en contra del actual presidente de los colombianos Gustavo Petro. Vale la pena recordar que el 28 de julio del 2022, una semana después de que Petro ganara las elecciones presidenciales, el general pidió su baja. Un año después, en su libro El hombre del deber cumplido  explicó de manera extensa su versión de por qué había tomado esta decisión: no le perdonaba al nuevo presidente el haber hablado mal de soldados y oficiales, ni que afirmara que varios generales del país habían hecho pactos con el Clan del Golfo. “Yo no puedo ser comandante de este señor” dice en un apartado de sus memorias.   Hay que recordar también que durante la Feria del Libro de Bogotá del 2023 la moderadora para el evento en el que él presentó sus memorias fue Vicky Dávila, entonces directora de la revista Semana y hoy es una de las candidatas presidenciales. Uno de los ídolos de Zapateiro es el general Jesús Armando Arias Cabrales quien fue condenado a 35 años de cárcel por haber liderado la sangrienta retoma al Palacio de Justicia en 1985 que dejó más de 100 muertos.   Zapateiro regresa a la vida pública después de un retiro de dos años en su casa en Cartagena aunque, eso sí, nunca ha declinado, desde la red social X y participando en marchas, su feroz oposición al presidente Gustavo Petro.   El escándalo de Zapateiro apenas comienza. Según lo ha dicho el periodista Daniel Coronell, habría más pruebas del presunto acoso por parte del general a la pareja de uno de sus subordinados.

Por: Katerin Erazo, Periodista  En la mañana  de este 26 de marzo de 2025, en un video divulgado en redes sociales, Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco, reapareció en escena junto a un grupo de aproximadamente 150 combatientes del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC (EMC-FARC). Su mensaje, cargado de simbolismo y reivindicación, coincide con la conmemoración de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, máximo líder del extinto grupo guerrillero, quien falleció el 26 de marzo de 2008.  Durante su intervención, Vera Fernández exaltó la figura de Marulanda Vélez, asegurando que su legado permanecerá en la historia de las luchas revolucionarias en América Latina. "Su nombre será recordado cuando el de muchos políticos haya sido olvidado", afirmó el jefe de las disidencias, quien también aprovechó el momento para justificar la continuidad de su lucha armada y rechazar los procesos de paz adelantados en el país.  En su declaración, alias Iván Mordisco señaló que el 26 de marzo no solo es el aniversario de la muerte de Marulanda Vélez, sino que también representa el "Día Internacional del Derecho de los Pueblos a la Rebelión Armada". Con este argumento, reiteró su postura de resistencia y reivindicó la lucha emprendida por el extinto jefe guerrillero desde las décadas de los 40 y 50, fundamentada, según él, en principios marxistas-leninistas y en el pensamiento de Simón Bolívar.  El líder del EMC-Farc también dirigió críticas a los gobiernos de Gustavo Petro y Juan Manuel Santos, asegurando que los procesos de paz impulsados por ambos han traicionado los ideales de la insurgencia. "Nos levantamos contra la traición del mal llamado proceso de paz con Santos y del fraccionalismo de traidores que asaltaron el proceso con Petro", manifestó. Además, se refirió a la lucha revolucionaria como un derecho inalienable de los pueblos oprimidos, argumentando que está consagrada en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  En su discurso, también mencionó que el movimiento insurgente sigue enfrentando una "persecución sistemática" por parte del Estado y acusó al gobierno de Petro de continuar con la estrategia de "guerra sucia" que, según él, ha sido una constante en la historia de Colombia. "No han cambiado las políticas de exterminio contra los revolucionarios. Siguen asesinando campesinos, líderes sociales y excombatientes", denunció.  El video también mostró a los miembros de la disidencia armados y organizados en formaciones militares, lo que representa un desafío a la estrategia de Paz Total impulsada por el Gobierno. Las imágenes también evidencian el control territorial que mantiene el EMC-Farc en diversas regiones del país, especialmente en zonas rurales donde la presencia del Estado es limitada.  Por otra parte, alias Iván Mordisco instó a sus seguidores a fortalecer la organización y mantenerse firmes en sus ideales. "El mejor homenaje a Marulanda es continuar su legado hasta el triunfo de la revolución en Colombia", enfatizó, señalando que la lucha armada sigue siendo la única vía para lograr una transformación estructural en el país.  Según el análisis de la investigadora Paola Marín, de la Línea Paz, Seguridad y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la figura de Iván Mordisco se ha caracterizado por sus declaraciones contundentes contra el Gobierno. Su reciente aparición no es una excepción, pues era previsible que se manifestara en contra de lo que considera falencias del Acuerdo de Paz de 2016. Además, Marín destaca que el gobierno de Gustavo Petro ha sido el único, desde la firma del acuerdo, que ha intentado generar escenarios para su implementación. No obstante, tras casi una década, las medidas adoptadas siguen siendo insuficientes, a pesar de los esfuerzos coordinados por avanzar en la aplicación del pacto.  Por otro lado, la investigadora señala que el accionar del Estado Mayor Central se ha caracterizado por ataques constantes contra las instalaciones militares y el Ejército Nacional en general. Sin embargo, destaca que la respuesta de la Fuerza Pública ha sido contundente, lo que ha limitado el impacto de estas ofensivas. Aunque la situación en el Catatumbo y otras regiones afectadas por la violencia sigue siendo preocupante, el Ejército ha logrado contener la escalada de ataques, especialmente en el suroccidente del país, con énfasis en el departamento del Cauca, donde este grupo tiene una fuerte presencia.  Asimismo, Marín subraya que, pese a su discurso beligerante, cada reaparición de Iván Mordisco deja abierta la posibilidad de negociación. En ese sentido, no se descarta que en las próximas semanas surjan nuevos interrogantes sobre el curso de los diálogos con el Estado Mayor Central. La investigadora resalta que este gobierno ha mantenido una apertura al diálogo, aunque ha fijado límites claros en las negociaciones, especialmente en su postura frente al ELN y el Clan del Golfo, marcando diferencias con procesos anteriores. En este contexto, los llamados a la negociación por parte de los grupos armados podrían responder a condiciones más estrictas impuestas por el Ejecutivo.  Esta reaparición en video representa su primera intervención pública en 2025, tras la suspensión del cese al fuego por parte del Gobierno nacional el año anterior, lo que derivó en la interrupción de los diálogos de paz. En la actualidad, las autoridades analizan la autenticidad del material audiovisual y sus posibles implicaciones en la seguridad del país.

Por: Katerin Erazo, Periodista  El Gobierno  de Gustavo Petro enfrenta un nuevo obstáculo en su agenda legislativa, esta vez con la inminente caída de la Reforma a la Salud en la Comisión Séptima del Senado. Tras el reciente hundimiento de la Reforma Laboral, la administración prevé un desenlace similar para uno de sus proyectos más emblemáticos, lo que acentúa la fractura entre el Ejecutivo y el Legislativo.  El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció públicamente la posibilidad de una derrota en el  Senado  y dejó entrever que la estrategia del Gobierno apunta a insistir en el discurso de bloqueo institucional. Aunque el proyecto de ley sigue su curso, fuentes cercanas a la Casa de Nariño indican que su permanencia en el Congreso responde más a un trámite protocolario que a una verdadera expectativa de aprobación.   La Comisión Séptima del Senado, que ya hundió la Reforma en abril del año pasado, aún no ha radicado una ponencia de archivo ni ha nombrado ponentes, lo que genera incertidumbre sobre el momento exacto en que se tomará la decisión final.  En un acto público en Norte de Santander, el presidente Petro dejó clara su postura frente a la reforma: "No necesitamos del Congreso para reformar la salud (...) Esta reforma debe implementarse lo antes posible". Con estas declaraciones, el mandatario refuerza su idea de utilizar decretos y otros mecanismos legales para avanzar en su propósito sin depender del Legislativo.   En paralelo, su administración trabaja en la estructuración de una consulta popular que podría incluir puntos clave tanto de la reforma a la salud como de la laboral, a pesar de las dudas dentro del propio gabinete sobre la viabilidad de esta estrategia en un contexto de crisis del sistema sanitario y desabastecimiento de medicamentos.  Mientras el Ejecutivo busca sortear el revés legislativo, el expresidente Álvaro Uribe y otros sectores opositores han intensificado su llamado a la movilización social contra la reforma. Uribe, en un recorrido reciente por Medellín, instó a los ciudadanos a resistir las propuestas gubernamentales, argumentando que consolidan un modelo centralizado que pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud.   En redes sociales, el exmandatario ha insistido en la necesidad de rechazar el papel de las EPS como gestoras dentro del nuevo esquema propuesto por el Gobierno, calificándolo de un intento de estatización del sistema.  Por otro lado, en el Congreso, el proceso enfrenta cuestionamientos legales que podrían comprometer su validez. La representante Lina María Garrido advirtió sobre presuntas irregularidades en el trámite legislativo y presentó una acción de nulidad que cuestiona la legalidad de las sesiones extraordinarias donde se discutió el proyecto. Según la congresista, estas irregularidades podrían llevar a la Corte Constitucional a declarar la reforma inconstitucional, lo que representaría un golpe definitivo a la iniciativa del Gobierno. En una carta enviada al presidente Petro, Garrido enfatizó que la Reforma debía haber sido tramitada como un proyecto de ley estatutaria y por la Comisión Primera de la Cámara, lo que, según ella, vicia el proceso desde su inicio.  Con un panorama adverso en el Congreso y en las calles, la administración Petro enfrenta un momento crucial para su agenda de reformas. Si la Reforma a la Salud es finalmente archivada, el Gobierno deberá decidir si insiste en su implementación por otras vías o si reconfigura su estrategia para sortear la creciente resistencia política y social que enfrenta. Entretanto, la Comisión Séptima del Senado sigue sin definir el calendario para el debate, mientras el Ejecutivo redobla su discurso en favor de la consulta popular como una alternativa para impulsar sus reformas estructurales.

Por: Redacción Pares  “De malas”, así contestó, citando a la vicepresidenta Francia Márquez, Jaime Granados, el abogado que lidera la defensa que se le sigue a Alvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos, cuando se le preguntó si el ex presidente renunciaría a la prescripción de su caso que se cumplirá el próximo 8 de octubre. El juicio al ex presidente arrancó en el 2019 y, como lo estipula la ley en Colombia, a partir de las modificaciones que hizo el mismo granados, los casos tienen una fecha de vencimiento, algo que beneficia claramente a los poderosos que puedan pagar una defensa lo suficientemente sólida como para dilatar por años un caso hasta que este precluya.     La táctica de Granados ha sido dilatar lo más que pueda el juicio. Desde el bando de Uribe habían quejas por la supuesta animadversión que siente la juez Sandra Liliana Heredia hacia el expresidente, por eso, desde febrero, han estado intentando meter una tutela por una supuesta violación a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. La semana pasada la Corte Suprema admitió la tutela por lo que el juicio fue suspendido. Jaime Granados no podía disimular la satisfacción que sentía al poder lograr un aplazamiento más para su defendido. Eso sí, este fallo de la corte tenía que ser ratificado por el juzgado 55 del circuito. Este jueves 27 de marzo Granados tuvo que morder el polvo de la derrota ya que el Juzgado 55 afirmó que “no logra extraerse probatoriamente” la existencia de un impedimento para que Sandra Heredia siga llevando el juicio.     El juzgado 55 emitió un comunicado en donde dice lo siguiente: “Su  solicitud, además de ser ambigua, no se ajusta al elemento central al último supuesto de hecho  (...) la negativa a conceder un plazo adicional solicitado por la defensa  no comporta en sí mismo una concesión de beneficios para la contraparte, las víctimas o la recusada, y  menos aún envía un mensaje de hostilidad al conglomerado social”.    El pasado martes Granados había emitido un concepto sobre la juez Heredia afirmando que “no es imparcial” y argumentó que sus decisiones han vulnerado las garantías procesales en el juicio. Hay que recordar que Uribe renunció a su curul en el senado porque quiso ser juzgado por la Fiscalía. En el momento en el que arrancó el juicio el Fiscal General de la Nación era Francisco Barbosa, compañero de universidad del entonces presidente Iván Duque y alguien plenamente de los afectos del entorno uribista. La salida de Barbosa del cargo en el 2024 volteó completamente el juicio que se le llevaba al presidente.     Hay que recordar que el caso por el que se le abrió un juicio al expresidente no ha sido el único escándalo judicial que ha alimentado su dilatada carrera en la política. A Uribe también se le investigó por hechos anteriores a su presidencia como fue el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle quien denunció, antes de que sucediera, las masacres del Aro y La Granja perpetrada por paramilitares, como presidente se le ha investigado por casos tan aberrantes como el de los falsos positivos y el de las Chuzadas del DAS.    Lo que quieren justicia creen que es una buena noticia que se prosiga con el juicio y que el expresidente pueda demostrar su inocencia sin recurrir a maniobras dilatorias.

Por: Redacción Pares En una de sus últimas columnas en cambio el analista León Valencia hablaba del triste ocaso de un ex presidente como Uribe, quien llegó a disfrutar de más de un 70% de popularidad durante su primer mandato pero que, en vez de poder sumergirse en las mieles de una vejez tranquila -algo que un microscópico porcentaje de la población colombiana puede hacer- debe salir a gastar energía defendiéndose del apremio judicial. En este momento cursa un juicio por supuesta manipulación y testigos y soborno. El pasado 27 de marzo no fue un día muy bueno para él. El juzgado 55 desestimó la tutela impuesta contra la jueza Sandra Heredia y determinó que ella debe seguir llevando su caso. Las maniobras dilatorias por parte de su defensa, liderada por Jaime Granados, apuntaban a la preclusión. Se espera que esta no se de por el bien de la justicia. Uribe tiene el derecho de demostrar su inocencia sin estar pendiente de plazos de tiempo que le permitan salvarse.   Sumado a esto en la semana que termina la Corte Suprema de Justicia le abrió una nueva investigación a Uribe esta vez por la utilización de un vuelo durante su campaña al congreso cuyo costo es de 20 millones de pesos. Sobre el expresidente sus enemigos se han cansado de usar adjetivos y de señalarlo de decenas de crímenes. Lo único cierto es que, en concreto, de facto, estas son las investigaciones que enredan al expresidente además del juicio y la del vuelo durante su campaña al congreso.   La muerte del líder Jesús María Valle y las masacres del Aro y la Granja. Este caso lo tiene abierto la Corte Suprema de Justicia. El abogado del expresidente, Jaime Granados, ha intentado cerrarlos pero Uribe ha querido enfrentarlos. Estos hechos ocurrieron mientras él era gobernador de Antioquia. El acusioso abogado Jesús María Valle le insistía al entonces gobernador que él tenía información de que ocurriría una masacre en las poblaciones del Aro y la Granja por parte de los paramilitares. Lejos de tomar medidas y ordenar investigación para corroborar el tema, Uribe señaló a Valle públicamente. Las masacres del Aro y la Granja ocurrieron entre 1995 y 1997 y existe material probatorio que indicaría que desde la gobernación de Antioquia se habría destinado apoyo logístico a los paras en estas masacres. A Valle lo asesinaron en 1998. Estos crímenes han sido declarados de lesa humanidad por lo tanto no tienen el beneficio de la prescripción. Sobre esta investigación Uribe ha dicho que aunque tienen “miles de folios en mi contra, no hay nada creíble”.   En el 2017 Daniel Samper Ospina, quien ahora está enfocado en hacerle la vida a cuadros a Petro a partir de sus columnas periodísticas, tenía entre sus objetivos a Alvaro Uribe Vélez. Este respondió de manera desproporcionada llamándolo en un trino “violador de niños”. Lejos de disculparse unos días después grabó un video y ahondó aún más el problema. Hace 15 años Samper Ospina era director de la revista Soho en donde sus portadas eran provocadoras ya que casi siempre invitaban a un personaje de la vida nacional para que posara desnudo. Por eso Uribe lo acusó de hacer “publicaciones pornográficas con menores”. Después del rifi-rafe, ya que Samper Ospina reaccionó, el expresidente estuvo obligado a retractarse, pero eso no bastó. El periodista lo demandó por injuria y calumnia. Jaime Granados volvió a remangarse la camisa y contraatacó y lejos de retractarse el abogado emitió un comunicado donde decía lo siguiente: “ La violación a derechos del menor, en que ha incurrido el periodista, por la naturaleza del maltrato, es violación al menor, lo cual se desprende de la ley, lo entendemos como un tema ético por su relación con la familia y la sociedad, además de connotaciones morales de acuerdo con los valores de muchas personas”.   El otro gran escándalo que ha marcado la vida del expresidente fueron las Chuzadas que se hicieron desde el DAS a los opositores de su mandato. Por estas chuzadas cayeron los directores de la institución, Jorge Noguera, quien era uno de sus protegidos y María del Pilar Hurtado, quien ha hablado públicamente contra el expresidente. Esto acabaría con esta institución. Algunos investigadores como el periodista Julián Martínez han demostrado hasta la saciedad que estos hechos ocurrieron durante el segundo mandato de Uribe y que es imposible que el expresidente no supiera lo que estaba ocurriendo. Hasta el momento y a través de su red social Twitter, el expresidente ha afirmado que todo eso ocurrió a sus espaldas.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos He seguido esta noticia desde que salió El imperio del dolor  del periodista Patrick Radden Keefe. El gran periodista del New York Times planteaba en las más de seiscitentas páginas que componen este libro que la familia Sackler se había convertido en una de las más poderosas de Estados Unidos a punta de mentiras y de muerte. En 1996 decidieron sacar el Oxycontin, una opiáceo que, prometía, sólo enganchaba al 1% de los consumidores. Todo se basó en una agresiva campaña de lobby en donde convencieron incluso a la FDA, que es el ente regulador de los medicamentos en los Estados Unidos, de darle el visto bueno. También lograron subir a su bus, a punta de millonarios sobornos, a médicos expertos en dolor que recomendaban su consumo. El oxy, un derivado de la amapola, es una droga que sólo se puede recetar en pacientes que tengan un dolor extremo. Lo que hizo Perdue Pharma -la empresa de los Sackler- fue recetarlas para dolores de espalda, de cabeza y hasta para resacas. Todo para aumentar las ganancias. El resultado fue que hasta el 2021, fecha en la que Radden Keefe publicó su libro, habían más de 600 mil norteamericanos muertos por su consumo.   La pastilla no sólo se tomaba, también se despedazaba, se olía, se metía en las venas. El colocón era tres veces más fuerte que la heroína. Perdue Pharma intensificó el trabajo de sus visitadores médicos. Había que vender como fuera el producto. A los médicos se les consentía con viajes, con entradas a partidos de beisbos, con plata, todo con tal de que recomendaran a sus pacientes la Oxycontin. Para calmar sus escrúpulos les citaban un estudio en donde se afirmaba que el 1% de los opioides genera adicción. El estudio, que se citaba en grandes universidades, nadie lo había leído. Un grupo de investigadores descubrieron que se trataba de una carta al lector de cinco líneas que hizo para una revista médica un doctor en Nueva Inglaterra en 1980. Para el año 2000, cuatro años después de que la droga entrara en el mercado, ya los robos, las muertes y la miseria cundía en las calles de Estados Unidos por culpa del Oxycontin.   Y la familia Sackler seguía tranquila. Arthur, el patriarca, había creado Pardue Pharma primero haciendo laxantes, luego lanzó el Valium y se enfrentó en los años sesenta también contra la lupa de la justicia. Salió avante. Su táctica era pagarle a médicos reputados, especialistas, que hablaran de una especie de “penicilina para el alma”, así envenenaron a millones de norteamericanos con el valium. Arthur Sackler intentó hacer a su familia la más respetada de Nueva York. El MET tiene un ala con sus donaciones. Allí incluso pagó de su bolsillo -3 millones de dólares- el traslado del templo egipcio de Dendur quien hoy se puede contemplar en el museo. Era un hombre pequeño de aspiraciones faraónicas. Los Sackler, en su momento, eran considerados los mayores filántropos de Nueva York.   Robert, su sobrino, asumió la presidencia de la farmacia en 1996. Quería ser más grande que su tio. Que todos los patriarcas que lo veían por encima del hombro. Lanzó el Oxy y no le importó los rumores de muerte y corrupción a los que se vio asociado el apellido Sackler. En el 2000 empezaron varios fiscales a perseguirlos. No se le movió un pelo. En el 2006, cuando ya las muertes se contaban por miles, fueron sancionados con 700 millones de dólares, algo que les pareció ridículo. Fuentes cercanas a los Sackler afirmaron que esa plata era de caja menor, que ellos sabían que algún día tenían que pagar esa multa. Nada los tocaba, sus ganancias netas eran de 1.000 millones de dólares.   Pero el escándalo fue creciendo y la publicación de El imperio del dolor y la serie Dopesick hicieron que en todo el mundo se conociera la vileza de esta tradicional familia. Por eso las leyes se endurecioern contra ellos a la vez que se hicieron más visibles el reclamo de sus víctimas. En enero del 2025 se llegó a un acuerdo entre la Fiscalía de Nueva York y los Sackler, tenían que pagar una multa de 7.400 millones de dólares, una cifra histórica. Además de la multa los Sackler recibirían otro golpe: no podrán vender más fármacos en los Estados Unidos.   Mientras que con la cocaína y la marihuana las leyes norteamericanas son particularmente duras, con los opioides han sido flexibles, esto explica que la gente esté cada vez más enganchada a tranquilizantes y haya evitado afrontar el dolor y hacer cualquier cosa por evitarlo. Igual las decisiones judiciales que se tomaron con los Sackler no bastan para hacer justicia. Las familias de las cerca de 700 mil personas que han muerto en 30 años quieren verlos tras las rejas. Aún no se ha dicho todo en este caso.