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Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La última semana de marzo de 2025 se generaron dos hechos que describen muy bien la dinámica actual de la política de paz y seguridad del gobierno Petro con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por un lado, se manifestó, por parte de dos de los comandantes del ELN, la postura de guerra total que esta organización tiene en el país con los diversos grupos armados —legales e ilegales, desde el Ejército Nacional hasta la “Banda la 33” como nombran ellos a las disidencias de las FARC—.   Por el otro, la publicación y firma del Decreto 0356 del 27 de marzo de 2025, donde se da a conocer el Acuerdo número 4 entre el frente disidente del ELN Comuneros del Sur para establecer el “Procedimiento de destrucción de material de guerra de Comuneros del Sur”. Lo que evidencia que está en marcha el proceso de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) de esta agrupación y con ello en firme el primer acuerdo final de paz del gobierno de la Paz Total.   Este contraste entre la manifestación de “guerra total” del Comando Central (COCE) y “paz total” de una fracción disidente pone en evidencia los dos frentes de actuación que tendrá el Gobierno Nacional con la agrupación subversiva más vieja del continente. En los próximos años el país se verá abocado a lidiar —positiva y negativamente— con las dos dinámicas de guerra y paz que mantiene con el ELN.   Las dinámicas de guerra las conocemos todos en la actualidad. Esta comenzó a configurarse de manera definitiva desde mediados de enero de 2025, cuando el Frente de Guerra Nororiental del ELN decidió emprender un proceso de exterminio del Frente 33 de las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo. Una situación que ha dejado, por lo menos, varias docenas de muertos y millares de víctimas de la sociedad desplazadas y confinadas.   Una dinámica que se ha extendido a los departamentos del Chocó, Antioquia y Bolívar, por no nombrar a todas las regiones donde tiene presencia esta guerrilla. En el Chocó el ELN se enfrenta al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo y a la misma disidencia de las FARC. Y en el sur de Bolívar y el bajo Cauca antioqueño se enfrenta de manera reiterada con el EGC, por el control territorial y las rentas ilegales que dejan los yacimientos de oro.   Una situación de guerra contra varios ejércitos —legales e ilegales— que quedó confirmada la última semana de marzo de 2025, cuando dos de los comandantes del ELN —Luz Amanda Pallares, alias “Silvana Guerrero”, y alias “Ricardo”, que dirigen el Frente de Guerra Nororiental— afirmaron que la política de paz del Gobierno fracasó y que su postura, en el resto de mandato Petro, será de guerra: “la Paz Total es un fracaso total, y la paz total se convirtió en guerra total”.   En oposición a esta afirmación de la dirigencia del ELN, el 27 de marzo el Ministerio de Defensa Nacional dio a conocer el Decreto 0356 donde, en ocho artículos, se describe y reglamenta la fase del desarrollo e implementación del Acuerdo número 4 y del Protocolo III de “Destrucción de Material de Guerra de Comuneros del Sur”. Con el que se avanza en el proceso de DDR con el Grupo Armado al Margen de la Ley (GAML).   Allí se deja claro que la política de Paz Total está entregando los primeros frutos —o al menos los que desea la mayoría de la población—, que es la dejación de armas por parte de una agrupación ilegal armada. En el Decreto aparecen explícitas las responsabilidades en el procedimiento para la recepción, registro, control y destrucción del material de guerra de la organización armada, por parte del Gobierno Nacional.   El proceso de DDR inicia con la recepción, registro, control y destrucción de todo el armamento —municiones y material bélico— por parte de la Fuerza Pública, en cabeza del Ministerio de Defensa. La idea es que este proceso se lleve a cabo una vez el grupo esté concentrado en zonas territoriales, especialmente en el municipio de Samaniego. Y durará tres meses (Artículo 2 del Decreto).   Una primera fase que estará acompañada por el componente internacional —a cargo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA)— y el componente nacional —liderado por la Procuraduría General de la Nación— (Artículo 3 del Decreto). Quienes se encargarán de verificar que se dé la completa recolección y destrucción del material bélico. Lo que constituye una medida de construcción de confianza entre las partes y una garantía para la población civil.   Finalmente, se tiene programado que a partir del 27 de junio, al finalizar esta primera fase, se entregará a la Presidencia de la República un informe de las “acciones adelantadas, los resultados obtenidos y las contingencias presentadas en la ejecución del procedimiento”. Fase a la que le seguirá una segunda de tránsito a la legalidad de los miembros de la organización armada.   Esta será una segunda etapa donde se logre la desmovilización y reinserción de los acogidos a la paz. Allí se discutirán asuntos de justicia transicional, se ratificará el compromiso de los desmovilizados de apoyar a la Fuerza Pública en unos planes de desminado humanitario en la región donde tenían presencia, y se hará un trabajo integral contra minas antipersonal, que ya se viene ejecutando en el territorio.   A la par de este proceso de DDR se ejecutarán acciones que permitan  el retorno de pobladores desplazados por la guerra, la atención a niños y niñas que hayan estado en condición de reclutamiento en el frente disidente del ELN; al igual que se abordará el tema del tratamiento de casos de desaparecidos locales. Para el grupo reinsertado y para el Gobierno será muy importante en la fase de posconflicto el fortalecimiento de las autoridades étnicas y comunitarias de la zona.   La decisión de tomar este otro camino que dirige a la construcción de paz y que inicia con pie firme con la ejecución del proceso de DDR, la tomó Comuneros del Sur en septiembre de 2024, cuando anunció, desde la Mesa de Co-Construcción de Paz Territorial, que se procedería con la dejación de armas en los próximos meses; lo cual comenzó a ocurrir desde el 8 de febrero de 2025 y se pone en firme al final de marzo.   En esta lógica el país se enfrenta en el primer semestre de 2025 a dos situaciones muy distintas con el ELN. A un frente de guerra total, liderado por el Frente Nororiental, quien ha manifestado su intención de profundizar el conflicto armado interno y alejarse de una posibilidad de paz durante el gobierno de Gustavo Petro.    Y otra de Paz Total, en la que está involucrada inicialmente la disidencia del ELN Comuneros del Sur. Y que con el Decreto 0356 del 27 de marzo de 2025 se deja en firme la continuidad del proceso de dejación de armas, de uno de los grupos armados con los que el gobierno Petro ha entablado diálogos de paz.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: León Valencia Se inicia el juicio a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de estado en Brasil, el 8 de enero de 2023, y en mis recuerdos emerge intrigante el asalto al Capitolio en Estados Unidos el 6 de enero de 2021 promovido por Donald Trump. Dos intentos de golpe de Estado con tantos parecidos y tan graves consecuencias para la democracia que incitan a compararlos. Es más, hay la hipótesis de que el primero inspiro el segundo. Tengo, además, el temor de que la afrenta a la democracia de Bolsonaro tenga el mismo desenlace que la de Trump.   Lo primero que hicieron Trump y Bolsonaro fue difundir allá y aquí que les habían robado las elecciones donde buscaban su reelección. Tamaña afirmación para dos hombres que ejercían el poder en dos regímenes presidencialistas, dos regímenes donde pocas cosas escapan al ojo del presidente. Alegaron con vehemencia y sin recato el fraude y urdieron la grave maniobra para desconocer los resultados electorales y mantenerse al mando.   Era temprano el 6 de enero, en Washington, cuando Donald Trump y Rudy Giuliani, pronunciaron ante una manifestación, en el parque público de La Elipse, convocada con el ostentoso nombre de Save América , airados discursos con la espina del supuesto fraude electoral. Las palabras empujaron a una turba de manifestantes a marchar sobre el Capitolio y a irrumpir en una acalorada sesión del Congreso para intentar que las elecciones de 2020 fueran anuladas. El disturbio dejó varios muertos y numerosos detenidos y a un país asombrado por una osadía que sólo había ocurrido en un lejano año del siglo XIX.   En Brasilia el asalto a la plaza de los tres poderes y la irrupción en el Congreso ocurrió el 8 de enero, una semana después de la posesión de Inacio Lula da Silva como presidente del país. La acción estuvo precedida de manifestaciones y disturbios promovidos por los partidarios de Bolsonaro a lo largo y ancho del país durante varias semanas. Los asaltantes fueron repelidos y en pocos días las autoridades formularon cargos contra 1400 bolsonaristas implicados.   Tanto en el primero como en el segundo intento de golpe, se pudo ver que no se trataba de algo improvisado, de un desborde espontáneo de los manifestantes que concurrieron al mitin de Donald Trump o los que llegaron a la Plaza de los Tres poderes  en la ordenada Brasilia. Los artefactos explosivos que quedaron regados en los alrededores del capitolio en Washington y las numerosas pruebas que ha recolectado el Tribunal Supremo sobre la implicación de Bolsonaro en el intento de golpe en Brasil dejan al descubierto sofisticadas conspiraciones para impedir la presencia de Biden y de Lula a la cabeza del gobierno en EEUU y Brasil.   Trump, en todo caso, dejó menos huellas que Bolsonaro en el proceso golpista. Su presencia en la escena del crimen la mañana de la marcha sobre el capitolio y sus arengas contra las elecciones son pruebas de su interés en producir una ruptura del hilo constitucional, hasta ahí nomás. En cambio, a Bolsonaro se le atribuye el borrador de un decreto encontrado por la Policia Federal en la residencia de uno de sus correligionarios, una minuta   do golpe , un documento en el que se plasma el plan para establecer un estado de defensa  que anularía los resultados de las elecciones.   Las conspiraciones fracasaron gracias a la división en las filas de Trump y de Bolsonaro y a la resistencia de las instituciones democráticas. Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, estaba en el capitolio validando la votación presidencial y al mismo tiempo, su jefe, Donald Trump, estaba agitando las banderas del fraude. Se ganó el mote de traidor en la furiosa diatriba de Trump. El plan de Bolsonaro no recibió la aprobación del general Freire Gomes comandante del Ejército.   El intento golpista de Trump falló, pero no su aspiración a un segundo mandato. Las investigaciones judiciales no pudieron contra su enorme poder económico y su reiterada vindicación de su triunfo electoral. También la eficaz campaña de que se trataba de una persecución política en cabeza del Partido Demócrata. Más de la mitad de los electores del país le creyeron el relato adobado con una proliferación de falsas noticias a través de su entramado de redes sociales. Trump regresó triunfante y recargado a la Casa Blanca en enero de 2025.   El camino de Bolsonaro no parece tan despejado como de Trump. Hay grandes obstáculos en el camino del político brasileño. Las pruebas son más contundentes y el apoyo ciudadano a sus ideas no es tan categórico. Pero la absolución o la prolongación de un proceso judicial sin resultado a la vista, puede jugar a su favor. La posibilidad de su regreso al poder no se puede descartar.   Tendríamos así dos golpes demoledores a la democracia en el hemisferio. No se puede medir el efecto contagio que puede tener en la región la grave impunidad de Trump y de Bolsonaro. Crucemos los dedos para que, al menos en Brasil, no ocurra lo que aconteció en los Estados Unidos.

Por: Redacción Pares En marzo hubo 20 homicidios en Buenaventura. En lo que va del 2025 son 50 las personas asesinados. Francia Márquez el pasado domingo le exigió al ministro de defensa y al alto comisionado de paz un consejo de seguridad. Esto se hizo de manera virtual el pasado 1 de abril. En Buenaventura se encuentran tan ahogados que las calles están vacías e incluso los padres no están mandando a sus hijos a estudiar ni al colegio, ni a la universidad. La mesa sociojurídica aún no se levanta, las puertas siguen abiertas al diálogo. En algún momento hubo esperanza. Casi noventa días sin crímenes. Ahora todo cambió. Regresaron la extorsión, el asesinato, la desaparición y las fronteras invisibles. Además, según el ministro de defensa, la mano del ELN es evidente en una alianza con los Espartanos, sobre todo en el bajo Calima. También se cree que la estructura de las ex FARC, Jaime Martínez, tendría lazos con los Shottas. Por eso hay miedo.   Es importante para los lectores de nuestra página saber de dónde surgieron los Shottas y los Espartanos.   Desde los noventa la paz se rompió en el puerto de Buenaventura. Las siete plagas de Egipto se han ensañado contra él. Guerrillas, Paras, bandas criminales y corrupción son los componentes del remolino que amenaza con tragársela. En 1999 las FARC se tomaron la hidroeléctrica de Achincayá con 200 empleados adentro. La noticia incluso le dio la vuelta al mundo. Fue un secuestro espectáculo, algo parecido a las tomas simbólicas que hacían el M-19 o el mismo ELN en los noventa. Lo que pedían, con la toma, era una rebaja del 30% a las tarifas de energía. Pero igual no dejó de ser violento. Además de ser un punto de inflexión.   Según el informe de la Comisión de la Verdad la primera masacre que se cometió en Buenaventura data de 1995 en el sector de las Zabaletas. Las Farc ejecutaron a cinco jóvenes acusados de haber robado a turistas. Desde entonces la violencia no ha parado. En 1998, según lo afirma El Espectador, llegó el frente urbano Manuel Cepeda al mando de Milton Sierra. Se instalaron en los barrios de la ciudad y empezaron a reclutar jóvenes. Los fueron metiendo en la guerra y de eso se acostumbraron a vivir.   Porque la desigualdad siempre va a ser la explosión que enciende todo. El Puerto de Buenaventura mueve el 44% del comercio exterior del país. Moviliza hasta 18 millones de toneladas al año. Además el 90% de la carga que llega de Asia al país ingresa por este puerto. Y nada de esto queda para sus habitantes. Las cifras de pobreza de Buenaventura son poco menos que desgarradoras. En el casco urbano el 63.5% son pobres pero la cifra se dispara aún más en lo rural en donde el 91.6% de los hogares viven en situación de pobreza.   Por acá, en la primera década de este siglo, se establecieron los paras. En el año 2000 hubo una reunión entre Vicente Castaño y comerciantes del puerto quienes estaban hartos de la presencia de las FARC. Hicieron la fácil, al no confiar en la fuerza pública decidieron financiar a los paracos y así llegó el Bloque Calima, comandando por el despiadado Ever Veloza, alias H.H. En el informe de la Comisión de la Verdad se dejan ver los nombres de los comerciantes que estuvieron de acuerdo con el aterrizaje de los paras: Julio Martínez, Julio Aristizabal, Stewart y Jessica Armitage. No sabían que estaban alimentando un monstruo.   Entonces, en la guerra por el control del puerto entre Farc y paras, ocurrieron 19 masacres entre los años 2000 y 2003. 117 personas asesinadas. Se desplazaron 36.154 personas según el informe de la Comisión de la Verdad. Los paras fueron volteando, a punta de sueldos más altos, a los propios pelados que formaban parte de la milicia de las FARC. Una vez más, como ha sucedido en la guerra colombiana, un muchacho sólo se cambiaba de uniforme a cambio de más billete. Las convicciones políticas no existen.   Cuando los paras se desmovilizaron quedaron sus rezagos, las esquirlas de la guerra. En Colombia cuando un grupo armado muere parecen renacer en su lugar varios más. A casi veinte años de este hecho, según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación Mapa del delito: inventario de organizaciones delincuenciales en aglomeraciones urbanas en 2023, en la actualidad existen tres guerras en curso en Buenaventura: la primera es entre Shottas y Espartanos quienes se eternizaron en la disputa por diferentes zonas de la ciudad. Viven de la extorsión y del microtráfico. En la zona rural del Bajo Calima el Clan del Golfo y el ELN viven en constante enfrentamientos. En la zona rural del sureste de Buenaventura el EMC tiene combates con el ELN y un remanente de la Segunda Marquetalia.   Los integrantes de los Shottas y de los Espartanos, en su gran mayoría, han pasado por todos estos procesos de violencia, vienen de las viejas estructuras de las FARC que luego pasaron a ser del Bloque Calima y luego, después de la desmovilización, se transformaron en bandas como la Local, La Empresa y los Rastrojos. Cuando estas se disuelven se crean estas dos organizaciones que hasta el miércoles 6 de marzo se habían sentado a conversar sobre sus diferencias, interesadas en ingresar en la Paz Total que les proponía el gobierno colombiano.   Según el Informe Colombia 2020 de El Espectador, el delegado de los Shottas para hablar con el gobierno, Wilmer Carvajal Ortegon, apodado Tocayo, perteneció al frente 30 de las extintas FARC. El otro vocero de esta organización, José Jimmy Rivas García, incluso tuvo intenciones políticas al lanzarse a las elecciones de Juntas Administrativas Locales por el partido de la U en el año 2011. Entre los seis negociadores que llegaron a reconocerse de los Espartanos ninguno perteneció a las guerrillas y todos eran sobrevivientes de bandas como La Local o La empresa. Según el ya mencionado informe de la Fundación Paz y Reconciliación, los Shottas surgen como una escisión de la banda La Local que desde el 2019 venía fracturándose luego de la llegada de su nuevo cabecilla Diego Optra que empezó a crear rencillas dentro de la misma organización. Luego de varios atentados y un robo fallido a un barco con coca, se dividió la banda entre Shottas y Espartanos. Los primeros son más cercanos a Diego Optra. Shottas fue el nombre que se le dio a la banda a raíz de una película jamaiquina. En ese país ese es el nombre que se le da a los delincuentes.   Actualmente mantiene presencia y control de territorial en las comunas 5, 7, 8, 11 y 12 del Distrito de Buenaventura, donde desarrolla actividades extorsivas, incluyendo el control de precios de productos de la canasta básica y de uso diario, así como el tráfico de estupefacientes. Cuenta con una cantidad de integrantes de entre 600 y 1.000, principalmente jóvenes, que han mantenido una disputa con Los Espartanos, y más recientemente con una facción de la antigua banda La Empresa llamada Los Chiquillos, aliados de Los Espartanos. Según las fuerzas de inteligencia, mantendría alianzas con la Columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia, disidencias que operan en zona rural de Buenaventura. Se ha identificado que sus principales cabecillas son Diego Fernando Bustamante Segura, alias “Diego Optra”, Wilber Andrés Valencia Cuero, alias “Cachetes”, Jairo Gamboa Viáfara, alias “La Garra” y alias “Andrés”.   Los Espartanos están encabezados por alias Mapaya, personaje que protagonizó la disputa con Diego Optra por el control de La Local. El número de integrantes de esta organización también podría llegar a 1.000. Amenazas, homicidios y desapariciones son la marca con la que se mueven los espartanos.   Se han llegado en las últimas semanas a ciertos acuerdos. Uno de ellos es el compromiso de no reclutar menores. A veces lo cumplen, a veces no. Aunque la sociedad civil siempre abogará por el diálogo, lo cierto es que se les está acabando el tiempo a ambas bandas. La voluntad de paz ya debe verse de manera inmediata.

Por: Redacción Pares y Centro de pensamiento Titiribí, el pueblo de Antioquia, se fundó por una mina, el Zancudo. Desde el siglo XVIII aventureros, busca vidas de otros municipios como Santa Fé de Antioquia o Rionegro, habían descubierto la riqueza de una mina cercana al río Cauca y que estaba ubicada a 60 kilómetros de Medellín. Un siglo después, en 1848, se fundó lo que se conocería como la Sociedad del Zancudo. Mucho tiempo atrás en ese lugar había un volcán. Sus propiedades convirtieron su suelo en un pozo de fertilidad y también de oro y de plata.   El terreno pertenecía a María José Ramírez Castañeda, una de las primeras mujeres políticas de Antioquia. Tenía la sangre azul de los conservadores y la visión que muchos hombres de empresa anhelaban tener. Cuando fundó la Sociedad del Zancudo la empresa costaba 10 mil pesos. Al morir, 14 años después, esta se había cotizado en 100 mil pesos. Sin embargo el dueño de la empresa era José María Uribe Restrepo, también conservador, como dictan sus apellidos.   Durante décadas esta empresa no paró de crecer hasta convertirse en una de las empresas más grandes de Colombia. En un artículo publicado en el Colombiano y escrito por David González se resume la importancia de la Sociedad del Zancudo en estas palabras: “La Antioquia que conocemos hoy en día tiene sus cimientos en la actividad minera de aquellos tiempos”.   Para 1863 la empresa tenía fundición propia, explotaba carbón y lo más impresionante: había creado su propio banco. Con él absorvieron a la competencia. Fue un proceso de expansión veloz y monstruoso. Su impacto se vio en el desarrollo no sólo de Antioquia sino en toda la región bañada por el río Cauca. El progreso se manifestó no sólo en la minería sino en las siguientes actividades: la construcción de ferrocarriles, la ganadería, el comercio, el montaje de industrias como la pólvora, las chocolaterías, los molinos de maíz, los cultivos de caña de azúcar y el tabaco. Pero, tal vez lo más importante, es que la Sociedad del Zancudo fue un semillero inagotable de nuevos ingenieros. El dueño a finales del siglo XIX, en donde la empresa vivió su época de mayor esplendor, fue Coriolano Amador, nacido en Medellín y el italiano Juan Bautista Mainero, quienes se preocuparon por darle la máxima capacitación a los encargados de explotar la mina para hacerlo de la manera más limpia y segura. Por eso crearon, en 1886, la escuela de Minas.   La empresa fue un ejemplo de cómo el país se iba tecnificando. Desde que llegaron los españoles a estas tierras soñaban con explotar el oro. Se inventaron un mito, veían brillos dorados en cada selva que descubrían, que aniquilaban. El Dorado sólo trajo muerte. Sólo hasta La Sociedad del Zancudo se pudo sacar el máximo provecho a los tesoros enterrados en una montaña. Los extranjeros llegaron con su tecnología para explotar las dos minas que correspondían a la sociedad, el Zancudo y los Chorros. La fiebre del oro, que cegaba vidas en California y Australia, llegaba a Colombia. En 1852 se constituyen dos empresas con capital extranjero,  los ingleses le metieron la ficha a La Frontino Gold Mines y Francia a la Compañía Francesa de Segovia. Los antioqueños, por otro lado, crearon la Compañía Minera de Antioquia.   Con los billetes del banco del Zancudo se les pagaba a sus trabajadores. Pero la decadencia llegaría pronto. Para 1927, con la muerte de sus dos dueños, la empresa empezó a convertirse en cenizas. Desde 1907 la prosperidad de la mina empezó a languidecer. La disminución de ganancia por tonelada de material empezó a disminuir. El oro, además, se iba agotando. En 1927 terminó la aventura. Lo que quedó fue una tecnificación, una prosperidad que convirtió a Antioquia, a pesar de sus evidentes y aberrantes desigualdades, en uno de los departamentos más prósperos del país.   A finales del 2024 el último vestigio que quedaba de la Sociedad del Zancudo se volvió polvo. La Capilla de Santa Bárbara en Titiribí, donde alguna vez los mineros se encomendaban a la virgen para preservar sus vidas, se derrumbó. Del Zancudo sólo quedó el silencio.   Pese a que en el Zancudo todo era polvo y recuerdos, a lo lejos se vislumbraba una chispa de esperanza en los rieles de la mina, pues con la Evaluación Económica Preliminar (PEA), anunciada por la minera Denarius Metals se estableció que el Zancudo aún conserva una viabilidad económica tan llamativa como el oro mismo, por lo que quien la posea podrá generar un flujo de efectivo a corto plazo. Lo que, sin duda, es atractivo, para quienes deseen explotarla porque sus retornos son considerables.   Con este estudio también se logró determinar que la mina posee una vida útil de 10 años y se prevé que genere ingresos netos que ascienden a los 1,000 millones de dólares, que provendrían de una venta aproximada de 576,000 onzas pagaderas de otro y 8,8 millones de onzas pagaderas de plata. Con este proyecto se busca estimular la economía local, generando beneficios al municipio de Titiribí y las comunidades aledañas. El Zancudo como el ave fénix puede resurgir de las cenizas, el polvo y el silencio, pero con su resurgimiento, pueden generarse conflictividades por los tesoros que se encuentran aún en sus montañas.

Por: Oficina Pares Pacífico Vladimir Bravo tenía 24 años y era una de las estrellas del equipo de fútbol Deportivo Oros del Pacífico. El domingo 30 de marzo compró unas salchipapas en el barrio La independencia. Nunca pensó que sería lo último que iba a hacer en su vida. Unos hombres, en dos motocicletas, lo balearon. La joven promesa murió en ese lugar. Nadie se explica por qué lo mataron. Sus entrenadores, su familia, constatan que era un muchacho concentrado en una sola obsesión: poder comprar una casa a punta de goles. Ese domingo fueron asesinados en Buenaventura seis muchachos. Buenaventura, en lo que va corrido del 2025, lleva registrado, según la Fundación Paz y Reconciliación, cincuenta homicidios, cincuenta homicidios, una cifra que sobrepasa el primer trimestre del 2023 y 2024 juntos. En esas fechas se contaron 33 asesinatos. En el año 2021 Buenaventura ocupó la casilla 13 entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo. La tasa de homicidios era de 51 por cada 100 mil habitantes. Un año después, con la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño y su política de Paz Total se llegó a pensar que los viejos fantasmas quedaban atrás. Las dos estructuras criminales más temibles de la ciudad-puerto, los Shottas y los Espartanos, decidieron sentarse en un espacio de conversación sociojurídico, avalado por el gobierno y por la iglesia católica. Incluso llegaron a jugar un partido de fútbol para pactar la paz. Durante tres meses Buenaventura no registró asesinatos en la zona urbana. Se respiraba otro aire. Se acabaron por un momento las fronteras invisibles, el reclutamiento de menores. Había esperanza. Pero todo eso terminó. La tregua entre Shottas y Espartanos se había venido renovando con dudas, sin certezas. El 5 de febrero era la fecha donde caducaba. Pero, a fuego y sangre esta se rompió a mediados de enero. Esto disparó las cifras de homicidios. Nada más en marzo del 2025 se registran 20 asesinatos. Esta situación, ha generado Zozobra, angustia y confinamiento. El pasado fin de semana en las calles de Buenaventura asustaban. No había gente en las calles, y la usual música retumbante le daban paso a un silencio atronador. Triste. No cabe duda de que Shottas y Espartanos ejercen control territorial. Ellos dicen lo que va, dicen lo que no se da. Se han tenido que cambiar las dinámicas de la vida cotidiana. Como en pandemia las universidades han decidido cerrar sus puertas y dar sus clases de manera virtual. Los padres y madres no mandan a sus hijos al colegio. Afirman que no hay seguridad para hacerlo. Las zonas en donde se focaliza la violencia son las comunas 10 y 12 en la localidad 2. Allí las venganzas entre un bando y otro y las fronteras invisibles rigen la vida de los habitantes. Y sin embargo, desde la sociedad civil, aún hay un espacio para la esperanza. De acuerdo a los recientes pronunciamientos las dos estructuras, han dicho que tienen voluntad de paz, lo que no existen son condiciones para el sometimiento y para la tregua. En marzo la delegación de paz del gobierno hizo público un acuerdo que llegaron con Shottas y Espartanos para que se comprometan a no reclutar niños y niñas para el uso de la violencia. Exhortamos a las estructuras a cumplir su compromiso con la paz. El asesinato de Vladimir Bravo sirvió para que el país mirara a Buenaventura. Ya se ha dicho sobre la necesidad de pasar a la acción. Los gremios del puerto ya alertan sobre la escalada de violencia que traerá su impacto sobre la economía. Los viejos demonios vuelven a atenazar Buenaventura. Sus calles están vacías y, sin embargo, la llama de la esperanza en una salida negociada del conflicto se mantiene viva desde las organizaciones sociales, quienes cada día contribuyen a la construcción de la Paz. La paz se construye en medio de las diferencias, el llamado es a la articulación del gobierno local, departamental y nacional.

Por: John Correa Romero La reciente decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) de archivar la propuesta para incrementar el precio de escasez en el cargo por confiabilidad marca un hito preocupante en el panorama energético colombiano. Lo que pudo haber sido una medida clave para corregir desequilibrios en la señal del mercado se convirtió, por omisión, en un mensaje negativo para inversionistas y actores del sector eléctrico. Este artículo analiza cómo esta decisión puede socavar la seguridad energética nacional, obstaculizar la expansión del parque de generación y poner en riesgo la viabilidad de la transición energética. El precio de escasez es el detonante del mecanismo de cargo por confiabilidad. Su valor determina cuándo los generadores deben entregar la energía comprometida en condiciones críticas, como sequías prolongadas. Con la resolución CREG 101 066 de 2024, este precio se fijó en $359 COP/kWh para plantas de bajo costo. La nueva propuesta buscaba elevarlo a $540 COP/kWh, una medida lógica para reequilibrar los riesgos asumidos por los generadores. Sin embargo, el gobierno optó por retirar dicha iniciativa. Esta acción equivale a ignorar las señales del mercado y forzar a las plantas a operar con márgenes cada vez más estrechos. Expertos como Alejandro Lucio han advertido que un precio de escasez artificialmente bajo implica que, ante una crisis, las empresas generadoras podrían verse obligadas a comprar energía cara en bolsa y venderla a precios regulados bajos. Esta ecuación de alto riesgo y bajo retorno desincentiva la inversión. En consecuencia, varias empresas han manifestado su intención de no participar en la nueva subasta de expansión del cargo por confiabilidad, prevista para 2029-2030. Esta falta de interés podría traducirse en una menor capacidad instalada para atender la demanda futura, abriendo la puerta a apagones. Las subastas pasadas han promovido las energías renovables, pero estas no tienen la capacidad de respaldar la totalidad del sistema por su intermitencia. El modelo necesita tecnologías firmes como las térmicas para mantener la estabilidad. Pero con reglas poco claras y precios poco competitivos, ni renovables ni térmicas se sienten incentivadas. Mientras tanto, el gobierno insiste en discursos de transición energética que no se traducen en condiciones reales para ejecutarla. El archivo del ajuste al precio de escasez no es solo una medida técnica archivada: es una decisión política con consecuencias estructurales. La inseguridad regulatoria, sumada al desfase entre oferta y demanda, anticipa un escenario preocupante para 2027 y 2028. Las advertencias de gremios como Andeg y Acolgen son claras: sin incentivos claros y sin un marco de confianza, la expansión energética está en riesgo. Colombia no puede darse el lujo de seguir improvisando. Es momento de repensar el diseño del mercado energético para que sea funcional, sostenible y alineado con los objetivos reales de confiabilidad y transición energética.

Por: Redacción Pares El pasado 29 de marzo las calles de las principales ciudades de Brasil se llenaron de gente. Lo hacían con rabia feroz. Los rumores de que el Congreso pensaba amnistiar a los condenados por el golpe de estado con el que Bolsonaro pretendía derrocar a Lula, eran cada vez más sólidos. Pero el pueblo no lo podía permitir. La memoria estaba fresca. Mientras Brasil siente vergueza por su selección de fútbol, están orgullosos de su cine. Una de sus películas, Aún estoy aquí, que cuenta la historia real de un ex legislador brasileño que fue secuestrado bajo la dictadura militar brasilera, que de paso fue la más duradera y la menos documentada del continente. El ejercicio de memoria que ha hecho esta película ha sido tan efectivo que el filme, que acaba de ganar el Oscar a mejor película extranjera, es la más taquillera de los últimos 22 años.   La única forma de repetir que la barbarie no regrese es asegurarse que Bolsonaro pague por lo que hizo. Esta semana los cinco magistrados que integran el Supremo Tribunal Federal abrieron un proceso en su contra por liderar un golpe de estado en el 2022. Cuando perdió las elecciones el 30 de octubre de ese año, una estrecha derrota con Lula Da Silva, dos millones de votos le impidieron la reelección, misteriosamente se encerró en su casa. Durante dos días no emitió ningún comunicado. Desde el bando de Lula no esperaban que Bolsonaro, un hombre de reacciones violentas, a veces irracionales, reconociera su derrota. Y no, no estaba escribiendo nada, tan sólo estaba planeando, según lo ha establecido el Supremo Tribunal Federal, un golpe de estado. Para esto contaba con tres generales, el entonces comandante del ejército, Marco Antonio Freire Gómez, a quien le pareció una locura la proposición, el jefe de la fuerza aérea, Carlos Almeida Batista, quienes ni siquiera quisieron escuchar del tema y le cerraron la puerta de esa proposición en la cara a Bolsonaro. El único de los oficiales que lo estuvo pensando fue el almirante Almir Garnier.   El Supremo Tribuna Federal tiene las pruebas suficientes y la intención de llegar hasta las últimas consecuencias en esta decisión. La idea habría empezado a gestarse en el 2021 tras la anulación de las condenas a Lula Da Silva. Con esto el líder del partido de las trabajadores sería un escollo muy difícil de vencer para Bolsonaro. Por eso, desde ese momento, tendría un plan b, el de tomar por las armas lo que las urnas le negarían. El plan se llamaba “Puñal verde amarillo” haciendo alusión a la bandera de Brasil. Un extracto de la denuncia dice lo siguiente: Las investigaciones revelaron una aterradora operación para ejecutar el golpe, en la que incluso se admitía hasta la muerte del presidente y el vicepresidente electos de la república, así como la del ministro del Supremo Tribunal Federal [...] El plan fue diseñado y puesto en conocimiento del entonces presidente de la república, que él acordó"   Una vez asesinado Lula y su círculo íntimo se haría un decreto para asentarse en el poder por medio del golpe. Lo que le preocupa a los brasileros es la intención del Congreso de archivar esta acción. Aún están frescas las imágenes. El 30 de diciembre del 2022 Bolsonaro se fue del país, refugiándose en los Estados Unidos porque sabía lo que vendría en Brasil: una irrupción planeada por parte de sus seguidores que quisieron impedir que Lula llegara al palacio de Planalto, los manifestantes también asaltaron el Congreso. Era la barbarie. Ese día la policía detuvo a 1.500 vándalos.   Hay pruebas suficientes no sólo para inhabilitar a Bolsonaro para las elecciones del 2026 - a pesar de todo no ha perdido el fervor de millones de sus seguidores- sino para ponerlo preso.   En Sao Paulo la avenida Paulista se llenó de gente y los brasileros pidieron justicia. Esta sólo puede llegar con una condena contra Bolsonaro. No se puede olvidar la barbarie que pasó. Las heridas tienen que verse para que no vuelvan a ser repetidas jamás.

Por: Catalina Valencia No es una exageración, basta con recordar la historia. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, organizó purgas artísticas que calificaron al cubismo y al surrealismo —los movimientos más potentes de comienzos del siglo XX— como “arte degenerado”. Obras fueron retiradas de las galerías, los museos intervenidos. Algunas piezas se quemaron, otras fueron robadas por coleccionistas inescrupulosos e insaciables, como Hermann Goering. Se organizaron quemas de libros: Kafka, Freud y Proust eran considerados aberraciones. Desde la Inquisición, no se había visto un ataque tan devastador contra el arte como el del nazismo. Hoy, con angustia, vemos cómo algunas actitudes de Donald Trump parecen calcadas de ese sombrío episodio histórico. El 8 de febrero de 2025, Trump despidió a los miembros del consejo de administración del Kennedy Center para las Artes Escénicas y se nombró a sí mismo presidente. Desde entonces, él mismo se encarga de definir la programación de uno de los centros culturales más respetados de Estados Unidos. Una de sus primeras decisiones fue cancelar los eventos con artistas drag. Al igual que Hitler prometió una era de arte nacionalsocialista exaltando cuerpos perfectos y cabelleras rubias, Trump anunció el cierre de puertas a las expresiones artísticas estadounidenses contemporáneas para dar paso a una supuesta “edad de oro del arte y la cultura”.   La única muestra de sofisticación que ha dado Trump fue decir que su película favorita era Ciudadano Kane. Fuera de eso, ha librado una batalla abierta contra el buen gusto y el criterio. El “caballero anaranjado” es sinónimo de inodoros dorados y cascadas de cristal. En sus dos ceremonias de investidura, tuvo dificultades para encontrar artistas dispuestos a cantar el himno nacional. En Hollywood, su figura provoca un rechazo casi unánime.   Esta semana leí una entrevista en Deutsche Welle al pianista húngaro András Schiff, que resume el estado de perplejidad en el que vivimos desde el pasado 20 de enero. “Trump, el vicepresidente Vance y el terrible Elon Musk han traído al mundo una fealdad que antes era desconocida”, dijo Schiff, refiriéndose en particular a la toma del Kennedy Center.Y no se ha detenido ahí. Trump ordenó el cierre de la oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Galería Nacional de Washington. Eliminó USAID, lo que provocó la cancelación de la ópera As One. También desmanteló el Comité Presidencial para las Artes y las Humanidades a comienzos de febrero. El problema con Trump y con Musk es que son exactamente lo que aparentan. Para ellos, el arte no es más que un trámite burocrático que debe ser eliminado con la motosierra que les regaló Milei.

Por: Guillermo Linero Montes  Cuando aludo a la codicia del presidente Gustavo Petro, no lo hago refiriéndome a su talante humano, que está muy distante de lo codicioso; lo hago motivado por sus continuos usos al término codicia  para señalar a quienes con egoísmo se oponen a sus reformas, cuya esencia es la equidad social y el amparo de los menos favorecidos. La palabra codicia, también la ha usado el presidente para referirse -como lo hizo en la Segunda Conferencia Mundial de la OMS- a la indolencia de los amos del mundo y a su desinterés por cambiar la fuente de sus ingresos económicos, pese a los daños que al planeta y la especie ocasionan sus negocios.  En efecto, el presidente Gustavo Petro -en algo tal vez singular dentro del contexto académico en que se estudian los hechos político-sociales- le endilga a la codicia, y con ella a los codiciosos, la grave y vergonzosa inequidad del país. El presidente no culpa exclusivamente a la barbarie pasada de la barbarie presente, como suelen hacerlo algunos investigadores sociales, al aseverar que la violencia en Colombia se debe a una “tradición de odios y venganzas”.  En consecuencia, por fidelidad a dicha postura tradicional, o línea de investigación académica, cuando se trata de estudiar la violencia política y social que nos embarga, descontamos las causas primeras -las motivadoras del odio y de la venganza- y privilegiamos el análisis de sus meras consecuencias: el deseo de hacerle daño a sus rivales (el odio) y la satisfacción obtenida si este daño finalmente es producido (la venganza). Lo cierto es que poco se han preocupado los investigadores sociales, por hallar las “causas” promotoras de “efectos” que se materializan en sentimientos de odios y venganzas.  De la violencia, los federalistas culpaban a los centralistas y viceversa; los liberales a los conservadores y estos respondían con igual señalamiento; ahora los izquierdistas culpan a la extrema derecha y los partidarios de la derecha a la extrema izquierda. Un debate que, en dicho contexto de partidos políticos opuestos, connota que sus conductas de exagerada avaricia no responden necesariamente a la codicia de un ciudadano X, sino al interés colectivo de un partido cuya pretensión es acceder al poder.  Hoy, cuando ya es un secreto a voces que la corrupción es la madre de todos los males nacionales, se visibiliza -y de ahí la tesis del presidente- la codicia de quienes perteneciendo o no a partidos o fuerzas políticas, única y estrictamente persiguen satisfacer sus avideces. De hecho, cuando la corrupción tipifica un concierto para delinquir, lo que hay detrás no es siempre el interés de un partido o fuerza política, casi siempre se trata de la complicidad de dos o más codiciosos. Y esto es así, pues la codicia no persigue el poder político o gubernamental, no, la codicia significa inequívocamente el deseo insaciable de riqueza, que es un impulso mental anómalo y unipersonal, no necesariamente ligado a pretensiones de poder político o gubernamental.  De tal suerte, podría decirse, por ejemplo, que Santander fue un codicioso y Bolívar un generoso, que Laureano Gómez fue un codicioso y Jorge Eliécer Gaitán un promotor de la equidad social; o podemos decir que Manuel Marulanda codiciaba obtener el poder para el pueblo por medio de las armas y su contrario, el expresidente Álvaro Uribe, teniendo el poder y las armas, codicia estrictamente la riqueza.  La tradición católica siempre ha considerado nociva la conducta del codicioso, tanto que la biblia incluye en la última de sus diez prohibiciones sagradas, este tajante mandamiento: “ No codiciarás los bienes ajenos ”. Con todo, mucho después de escrita la biblia, Thomas Hobbes le concede a la codicia cierta justificación, al considerarla parte de la naturaleza humana “ por su tendencia a la auto-conservación. Esta característica innata hace que los hombres sean egoístas, esencialmente en su necesidad de supervivencia ” 1 .  Pero, la realidad es que a los codiciosos no los mueve la auto-conservación, como lo argumentaba el autor de Leviatán, sino los mueve un espíritu egoísta. La mayoría de los codiciosos carecen de la llamada neurona espejo -responsable de la empatía- y carecen de problemas económicos graves; es decir, solo los impulsa la mera ambición de obtener riqueza, y por lo general la consiguen sin miramientos. A los codiciosos los excita el deseo de acumular para sí mismos y para sus allegados  y, por ello, de corriente les dicen “hambrientos”, pues no disimulan su avaricia insaciable.   En los tiempos del imperio romano “ la codicia era una especie de heroína que prefería a los valientes (a los carentes de compasión y surtidos de armas)  y los premiaba con el botín por su victoria  (igual que las bonificaciones y premios dados por los falsos positivos)  y, por ende, hacía ascos a la cobardía  (promoviendo el talante traqueto, de ofensas y amenazas) , hacía ascos al desapego o a la indolencia  (como lo hacen quienes esconden los medicamentos sin importarles que mueran los enfermos)  y, ya obtenida la codicia, no quedaba más que seguir mirando el espectáculo, ya confundidos actores y espectadores  (de lo que en el presente, por ejemplo, se encargan con eficiencia delincuencial los medios de comunicación)” 2 .  Y para terminar, vale resaltar esta frase de Tácito, que describe la naturaleza insaciable y desvergonzada de los codiciosos: “ Luego de haber abandonado la guerra, ni siquiera pedían la paz ” 3 ; y esta otra de Marcos, VIII:36: “ ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma ?”.   1 Pinilla-Rodríguez Diego. “El egoísmo en el pensamiento de Thomas Hobbes” En: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-554X2020000300241   2 Hermosa Andújar Antonio. “El Poder de la Codicia. Tácito y la destrucción de Cremona”. En: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-879X2021000200   3 Idem.

Por: Lizeth Serrato Contreras Cuando se habla del Caribe, se habla del sol, del mar y de las fiestas; sin embargo, la Transición Energética le ha dado un vuelco al panorama y al concepto de la Región y le ha dado un rostro más verde a los discursos. Y a propósito de Transición Energética Justa en el país, el Caribe también se piensa desde un imaginario concreto: Caribe = Panel solar, pero el gran Hidrogeno rompe este pensamiento y durante la última semana da grandes pasos en el sector.  Ahora Colombia duplica su producción de hidrogeno entre 2023 y 2024 alcanzando cerca de 416 toneladas por año y multiplicando sus cifras por 12, convirtiéndose en una de las apuestas más prometedoras para la Transición a escala mundial. Sin embargo, este crecimiento exponencial no debe ocultar las dificultades que aún enfrenta la adopción masiva de esta fuente de energía limpia. A pesar de los avances, el hidrógeno verde sigue siendo una minoría en el consumo total del país. El 76% del hidrógeno utilizado en Colombia sigue siendo gris, lo que significa que su producción genera una alta cantidad de emisiones que contaminan la atmosfera. Por otro lado, el hidrógeno azul, una opción intermedia que reduce parcialmente su impacto ambiental, representa el 20% del consumo, mientras que solo el 4% proviene de electrólisis, el método más limpio. Este panorama hace visible que, aunque la producción de hidrógeno renovable crece, su adopción sigue siendo simplista en comparación con opciones con más residuos contaminantes, pero más económicas.  Los proyectos estratégicos han sido clave para este avance. Iniciativas como Coral de Ecopetrol, con 5 MW de hidrogeno verde en la refinería de Cartagena, ha marcado un precedente en el país y posiciona al Caribe como una potencia en el sector. Actualmente existen en Colombia 36 proyectos en diferentes fases de desarrollo, demostrando que el interés del sector privado y la inversión extranjera están jugando un papel fundamental para que el país no se quede atrás en la carrera del hidrógeno.  Pero, ¿es suficiente este crecimiento para asegurar un cambio realmente significativo en la estructura de la matriz energética del país? La realidad es que aún falta mucho camino por recorrer. El hidrógeno verde es clave para la descarbonización de industrias difíciles de electrificar, como la refinación, la producción de fertilizantes, la industria alimentaria y la producción de acero. Sin embargo, sin incentivos claros y políticas públicas agresivas, su desarrollo seguirá siendo lento.  Ahora se viene para el país un escenario clave para seguir poniendo sobre la mesa el tema del hidrogeno como pieza clave para la TEJ, el IV Congreso Internacional de Hidrógeno, que se llevará a cabo en Bogotá el 1 y 2 de abril de 2025, será una oportunidad crucial para discutir estos avances y desafíos. En este evento, la Asociación Hidrógeno Colombia y el Consejo Mundial de Energía presentarán un balance del crecimiento del sector y explorarán estrategias para acelerar su implementación.  El potencial está y se sabe que existe, pero la pregunta clave sigue siendo: ¿logrará Colombia transformar su infraestructura y regulación para que el hidrógeno verde pase de ser una promesa a una realidad masiva? La respuesta dependerá de las decisiones que se tomen, el tiempo que se tarde en tomarlas y del compromiso del país con una transición energética verdaderamente sostenible.

Por:  Oficina Pares Pacífico  “Donde antes la violencia silencio las voces, hoy llega la emisora de paz para entregarle a la comunidad la posibilidad de que sus voces no sean silenciadas, sino que puedan amplificar lo que pasa en el territorio”   – Leonard Rentería, Líder-director Emisora de Paz en Buenaventura  Buenaventura es una ciudad que cree firmemente que las iniciativas de paz lideradas por la sociedad civil son clave para erradicar la violencia en el territorio.  No es casualidad que diversas organizaciones comunitarias, sociales y étnicas trabajen incansablemente por construir y aportar a la paz desde sus propios ámbitos. En este contexto, la emisora de Paz se convierte en una aliada fundamental para difundir y dar visibilidad a las iniciativas que la comunidad genera en favor de la reconciliación y la convivencia pacífica.  El 2 de diciembre de 2024 , marcó el inicio de un ciclo significativo para la ciudad: la inauguración de la emisora de paz . Este acontecimiento representa un hito importante, ya que busca fortalecer los procesos de divulgación ciudadana y garantizar que las voces de la sociedad civil de Buenaventura sean escuchadas en el marco del Sistema de Medios Públicos (RTVC). A través de este medio, la comunidad tiene la oportunidad de participar activamente en el debate público, compartiendo sus experiencias y contribuyendo a la construcción de una paz duradera.  El rol de las emisoras de paz en Colombia   Las emisoras de Paz son una estrategia contemplada en el punto 6.5 del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Estas emisoras tienen como propósito fundamental generar espacios de diálogo, memoria y participación comunitaria, además de visibilizar las iniciativas ciudadanas que promuevan la paz. Su enfoque se centra en la difusión de contenidos que fomenten la cultura, el arte y los proyectos orientados a la reconciliación, especialmente en aquellas regiones donde el conflicto armado ha tenido un impacto directo. Actualmente, el Sistema de Medios Públicos cuenta con 20 emisoras a nivel nacional, cumpliendo así con el 100% de lo establecido en el punto 6.5 del acuerdo de paz.  En el caso de Buenaventura, una ciudad que ha experimentado altos índices de violencia y desigualdad, la emisora de paz representa una oportunidad única para que las voces de la comunidad sean escuchadas. Mediante programas radiales, entrevistas y espacios interactivos, esta emisora se convierte en un puente de conexión entre diversos actores sociales, fomentando el diálogo y la participación activa de la comunidad en la construcción de acciones de paz.  El destacado líder social y defensor de los derechos humanos, Leonard Rentería, encargado de dirigir este medio radial en Buenaventura, resalta que “la emisora de Paz es un espacio abierto a la comunidad, diseñado para visibilizar lo que ocurre en el territorio en relación con sus iniciativas de paz. Además, busca dar voz a las comunidades rurales y urbanas que aportan a la transformación del territorio”.  La emisora de Paz en Buenaventura se puede sintonizar a través de la frecuencia radial 104.9 FM de la radio nacional de Colombia. Su programación está diseñada para visibilizar la riqueza cultural del territorio, promoviendo la música local con el programa “Música de mi territorio” , además de fomentar el diálogo y la pedagogía sobre el acuerdo de paz mediante “Encuentros de Paz” . El programa “Colombia al aire”  se dedica a reflexionar sobre las realidades que vive la comunidad, dándole voz a los habitantes del territorio para compartir sus iniciativas y apuestas en la construcción de paz. Finalmente, “El Atardecer”  es un espacio donde las comunidades, organizaciones locales, sociales y étnicas de Buenaventura tienen la oportunidad de compartir sus esfuerzos y compromisos con la paz en la ciudad.  Muchos líderes y lideresas, organizaciones sociales y autoridades étnico-territoriales han transitado del estruendo de la violencia a las voces de la paz. Aquellos que han vivido y siguen viviendo en medio del conflicto, quienes han padecido el dolor de la guerra y han sido víctimas de un flagelo cada vez más devastador, hoy se levantan para hacer un llamado a la paz. A través de sus relatos, visibilizan la importancia de construir nuevas narrativas y de cuidar y proteger el territorio.  Recientemente, RTVC anunció un significativo aumento en el número de oyentes de Radio Nacional de Colombia, que pasó de 147,000 a 206,000 oyentes diarios, reflejando el creciente interés y apoyo por la emisora de paz. La consolidación de este medio en Buenaventura representa una oportunidad única para seguir promoviendo el diálogo sobre la paz, con las comunidades como los principales actores en la construcción de narrativas positivas que redefinan el territorio.  Desde la Oficina de PARES Pacífico ,  hacemos un llamado a todas las organizaciones y liderazgos en Buenaventura, quienes, desde sus comunidades y barrios, trabajan incansablemente cada día por construir la paz. Los invitamos a compartir sus experiencias y esfuerzos en la construcción de paz, ya sea a nivel local, comunitario o territorial, para que el país conozca y reconozca el impacto que tienen en la transformación social. Es momento de que, finalmente, las voces de la paz  sean escuchadas en cada rincón del país, visibilizando los procesos que surgen desde la base, con el compromiso de aquellos que apuestan por un futuro de reconciliación, justicia y esperanza.

Por: Juan Manuel Velandia, investigador de la línea de Democracia y Gobernabilidad  Las elecciones atípicas son procesos electorales que se realizan por fuera del calendario electoral ordinario, con el fin de cubrir la vacancia absoluta de un mandatario y elegir una nueva autoridad por el tiempo que resta del periodo constitucional, cuando esta vacancia se registra faltando 18 meses o más para la terminación de dicho periodo.  Después de las elecciones territoriales que se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023, según datos de la Registraduría Nacional, entre el 2023 y 2025 se han realizado 23 elecciones atípicas en el país: 1 Referendo; 1 Consulta; 6 Concejos; 11 Alcaldías; 2 Consultas Popular; 1 Junta Administradora Local; 1 Gobernación.  Asimismo, están programadas cinco elecciones atípicas en el país entre marzo y mayo de 2025 con el objetivo de elegir nuevos alcaldes, entre ellas la de Chiriguaná en el Departamento del Cesar.  El proceso electoral atípico para elegir a un nuevo alcalde en Chiriguaná, se presenta, luego de que se conociera la destitución por parte de la Corte Suprema de Justicia de José Carmelo Galiano, por el delito de celebración de contratos sin requisitos legales, relacionado con la ejecución de dos contratos durante su gestión como alcalde del municipio para el periodo 2004-2007.  Galiano, ganó en 2023 avalado por el Partido de la U con 6.095 votos, sin embargo, en septiembre de 2023 mientras se encontraba en campaña, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Chiriguaná lo condenó mediante sentencia en primera instancia a 54 meses de prisión, una multa de 106,24 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 66 meses.   Dicha sentencia fue apelada por Galiano y su equipo defensor ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, la cual, en abril de 2024, confirmó la condena en segunda instancia. Es importante resaltar que cuando existe la segunda instancia, es posible presentar un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, recurso que fue interpuesto por Galiano y su equipo. No obstante, en octubre de 2024 la Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso extraordinario de casación, dejando en firmé la sentencia en segunda instancia por lo que Galiano tuvo que apartarse del cargo.  Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, la gobernadora del departamento, Elvia Milena Sanjuán, designó a Óscar Garrido Batística como el alcalde encargado y convocó a nuevos comicios para elegir al nuevo alcalde del municipio el 30 de marzo de 2025.  EL MAPA POLÍTICO DE LAS ELECCIONES ATÍPICAS A LA ALCALDÍA DE CHIRIGUANÁ, CESAR Y SUS PERFILES     Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, son tres los candidatos inscritos: José Gregorio Vides Zuluaga quien cuenta con el aval del Partido Ecologista Colombiano; Augusto Botero Martínez respaldado por el partido Fuerza de la Paz y Juan Carlos García Mejía quien se inscribió a través de la coalición “Chiriguaná de Todos” conformada por el Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Conservador. De los tres aspirantes, García Mejía emerge como la opción principal para quedarse con el voto de los ciudadanos gracias al apoyo con el que cuenta por parte de las grandes estructuras políticas del departamento y de los clanes políticos.      ¿Quiénes son los candidatos?     José Gregorio Vides Zuluaga.     Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de José Gregorio Vides Zuluaga.  Es comerciante y estudiante de Administración Pública de la ESAP, inició su trayectoria política en el 2015 cuando fue candidato a la Asamblea Departamental del Cesar por el Partido de la U, para el 2023 fue candidato al Concejo de Chiriguaná por el Partido Liberal.    Augusto Botero Martínez     Fuente: Imagen tomada de la Registraduría Nacional del Estado Civil  Es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública y especialista en gerencia de salud de la Universidad Popular del Cesar, en su pasado ha sido concejal del municipio por el Partido Liberal.    Juan Carlos García Mejía   Fuente: Imagen tomada del Instagram personal de Juan Carlos García Mejía  Es Ingeniero Civil y especialista en Gerencia de Proyectos de Construcciones. Su trayectoria política inició como concejal del municipio para el periodo 2004-2007 por el Partido Conservador, desde ese entonces empezó a construir sus alianzas con las grandes estructuras políticas en el departamento.     En el 2009 fue candidato a la Alcaldía por primera vez, obteniendo el segundo lugar. Posteriormente en 2012 fungió como secretario de Planeación del municipio, cargo al que renuncio para ser candidato a la Alcaldía por segunda vez para el periodo 2016-2019, obteniendo nuevamente el segundo lugar.    En 2019, presentó su tercera candidatura para la Alcaldía para el periodo 2020-2023, pero una vez más finalizó en segundo lugar. Finalmente, en 2023, García Mejía se postuló por cuarta vez a la Alcaldía para el periodo 2024-2027, sin embargo, en esta ocasión terminó en tercer lugar.     García Mejía con la bendición del clan Gnecco Fuente: Imagen tomada del Instagram personal de Juan Carlos García Mejía  Juan Carlos García Mejía se postula por quinta vez a la Alcaldía de Chiriguaná y todo indica que está podría ser la definitiva. Como se mencionó anteriormente, cuenta con el respaldo de las grandes estructuras políticas y de los clanes del departamento.    Entre los grandes eventos de campaña, García Mejía ha estado rodeado de diferentes miembros y aliados del Clan Gnecco, durante su cierre de campaña en Rincón Hondo, estuvo acompañado ni más ni menos por el representante a la Cámara, Alfredo Ape Cuello Baute, líder del partido Conservador y cuestionado por PARES  . Ape Cuello ha tenido múltiples investigaciones, en 2009 fue investigado por presuntos vínculos con los paramilitares, pero la investigación precluyó  en 2010, porque según la Corte Suprema  de Justicia no había material suficiente para seguir con ella. Asimismo, fue asociado a los "Bulldozer", un grupo de ocho congresistas investigados presuntamente por haber participado en el escándalo de Odebrecht y también nombrado como presuntamente participe en el escándalo de los OCAD-Paz.    En ese mismo evento también se presentó el senador José Alfredo Gnecco, heredero de uno de los clanes políticos más importantes del País e investigado por la Corte Suprema de Justicia  presuntamente por haber pagado un soborno de $150.000.000 al exfiscal anticorrupción condenado por el Cartel de la Toga, Luis Gustavo Moreno.   Otro de los apoyos importantes con los que cuenta García Mejía es con el de Jorge “El Popo” Barros Gnecco, sobrino de la dueña y líder del clan, Cielo Gnecco, ha sido el diputado de confianza del Clan Gnecco en la Asamblea del Cesar”. Según nuestro informe de precandidatos cuestionados  en 2023, Barros Gnecco, en sus inicios habría sido muy cercano a Jorge Gnecco Cerchar, quien estuvo vinculado en la creación del Bloque Norte de las AUC junto con Salvatore Mancuso. Además “El Popo” Barros en los últimos años fue una las personas más cercanas a su primo, el gobernador suspendido Luis Alberto Monsalvo Gnecco, imputado por la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de corrupción en contratación en el marco de pandemia del Covid-19.  Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Instagram de Jorge “El Popo” Barros Gnecco     El clan Gnecco es el clan político con más nexos con paramilitares en el país. Su patriarca Jorge Gnecco Cerchar fue uno de los precursores del paramilitarismo. Tuvo su propia Convivir llamada ‘Sociedad Guaymaral Ltda’, y mantuvo varias reuniones con jefes paramilitares como Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.