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Por: Redacción Pares El liderazgo social en Colombia ha estado marcado por la resistencia, la valentía y la lucha incansable de quienes, a pesar de las amenazas, la violencia y el desarraigo, han decidido alzar la voz por sus comunidades. En este informe se presentan cuatro historias de vida que reflejan la fuerza y el compromiso de mujeres lideresas que, desde distintos territorios y contextos, han enfrentado el conflicto armado, la desigualdad, la pobreza y el machismo estructural. A lo largo de la historia del país, las mujeres han jugado un papel fundamental en la defensa del territorio, los derechos humanos y la reconstrucción del tejido social. Sin embargo, su liderazgo ha sido invisibilizado y, en muchas ocasiones, atacado por quienes buscan perpetuar la violencia y las estructuras de poder desiguales. A pesar de esto, mujeres como “Rosa”, “Mabel”, “Yadira” y “Mariana” han demostrado que la resistencia no solo es una necesidad, sino una forma de existencia. El conflicto no nos borró Nunca aprendí a callar Vivir, liderar, vivir Bailar para existir Sus relatos nos llevan a diferentes rincones del país: desde Tumaco, donde Rosa encontró en la danza una herramienta de resistencia y sanación; hasta Nechí, donde Mabel convirtió su hogar en un refugio para mujeres que, como ella, fueron desplazadas y violentadas por la guerra. Pasamos por Buenos Aires, Cauca, donde Yadira desafió a los actores armados y al machismo estructural para abrir espacios de liderazgo femenino, y llegamos a La Gabarra, en el Catatumbo, donde Mariana, desde muy joven, entendió que su voz podía transformar la vida de su comunidad, incluso cuando eso significó enfrentar riesgos y amenazas. Las experiencias de estas cuatro mujeres evidencian las múltiples formas en las que la violencia de género y el conflicto armado se entrecruzan, afectando de manera diferenciada a las mujeres y dificultando su participación en espacios de toma de decisión. Sin embargo, también muestran cómo el liderazgo femenino ha sido clave en la construcción de alternativas, en la preservación de la memoria histórica y en la búsqueda de la justicia colectiva para sus comunidades. Estas historias busca visibilizar la importancia del liderazgo de las mujeres en contextos de conflicto, destacando su capacidad para transformar la realidad a través de la organización comunitaria, la lucha por la tierra, la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz. A través de sus testimonios, se evidencia cómo la sororidad, la comunidad y la lucha colectiva han sido herramientas fundamentales para enfrentar la adversidad y para demostrar que, a pesar de la guerra, la pobreza y la discriminación, las mujeres continúan de pie, resistiendo y construyendo un futuro más justo para las próximas generaciones. Clic Aquí

Por: Daniela Bernier Pacheco Cerrejón es una empresa carbonífera ubicada en el Caribe colombiano, que exporta carbón térmico, fuente que contribuye en conjunto con otros combustibles fósiles a la economía del país. ¿Pero por qué tomó esta medida? De acuerdo al comunicado de fecha 25 de marzo de 2025, el precio de carbón térmico exportado por vía marítima se ha vuelto insostenible. Y se preguntarán, ¿en qué afecta esto al país? y, ¿por qué podría ser esta medida sinónimo de una crónica de una crisis económica anunciada? Según el exministro de Minas y Energía Andrea Camacho, el 50% de la economía del país depende del petróleo y carbón, es decir, que tenemos una economía basada en combustibles fósiles, por lo que el país debe estar preparado para una baja en la demanda del petróleo, carbón y gas. Y es que muchos países a nivel mundial han venido abandonando el uso de combustibles fósiles por múltiples razones, como lo son la soberanía energética, la seguridad del suministro energético y la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI). En este sentido, esta medida anunciada por el Cerrejón es una alarma temprana de que en un futuro cercano nuestra economía podría sufrir crisis debido al valor del petróleo, el gas y el carbón térmico. ¿Qué medidas puede tomar el país para reducir esta dependencia económica de combustibles fósiles? Industrialización de productos agrícolas y biodiversidad: permitirá darle un valor agregado a la bioeconomía, farmacéutica y biotecnología y reducir así la dependencia de las exportaciones de combustibles fósiles. Fortalecer la economía digital a partir del desarrollo de tecnologías más limpias y amigables con el medio ambiente que contribuyen a su vez a nuevas fuentes de empleo y crecimiento. La diversificación de la matriz energética, a partir de la inversión en energías renovables, genera nuevas fuentes de empleo y,  mediante el desarrollo de tecnologías como el hidrógeno verde, se diversifica la matriz económica. Creación de incentivos fiscales y financieros que permitan una mayor inversión extranjera en proyectos sostenibles, que permitan mover la economía de los departamentos con vocación extractivista. Todas estas medidas permitirán reducir la dependencia económica de los combustibles fósiles y ayudarán a la aceleración de la Transición Energética Justa en el país, que permita una verdadera justicia social a partir de la diversificación económica, la inversión en proyectos de energías renovables y el impulso de la industrialización de productos agrícolas y biodiversidad.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista.  Ahora que se confirmó el nombramiento de Juan Carlos Florián como Viceministro de Diversidades en el Ministerio de Igualdad y Equidad volvió a desatar una cantidad de comentarios basados en prejuicios ridículos. La capacidad de un funcionario público no puede medirse por su pasado sexual, haya sido público o privado, y reducir la vida de Juan Carlos a su experiencia en la industria pornográfica es un acto violento que tenemos que rechazar y debe llevarnos a reflexionar sobre lo que realmente importa en la función pública.    Juan Carlos es politólogo y en su trayectoria profesional incluye experiencia en el sector público y privado. Su perfil profesional evidencia preparación, además de su labor como activista de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, el debate se ha centrado en su pasado como actor porno lo cual es inaceptable. Recordemos que ya en el 2023 sonó para este nombramiento, momento desde el cual fue atacado y expuesto, pero solo hasta ahora se hace oficial su nombramiento.    Estos ataques desde la putofobia y LGBTIfobia, basados en una absurda preocupación moral, demuestran el profundo desprecio que hoy persiste en la sociedad colombiana por la diversidad sexual pero también corresponde a una negación de la complejidad de la experiencia humana, que nos atraviesa desde lo social y lo político, pero también desde lo económico.     ¿Haber trabajado como actor porno lo invalida como sujeto político y lo obliga a abandonar lo público? NO.     Es necesario resaltar que, en muchos casos, el trabajo sexual es una forma de supervivencia, como el propio Florián ha manifestado en entrevistas. Estigmatizar a quienes lo ejercen profundiza la discriminación y les deshumaniza. Sin embargo, la morronguería colombiana demuestra la hipocresía de una sociedad que, según Pornhub, Colombia es el cuarto país en Latinoamérica y el decimoséptimo a nivel mundial en consumo de pornografía, pero que, a su vez, hoy estigmatiza y condena a quienes participan en ese tipo de producciones, instrumentalizando sus cuerpos y los despoja de sus derechos por cómo exponen su sexualidad. Esta doble moral es violenta y dificulta la protección de los y las trabajadoras sexuales.         En lugar de juzgar, esta es la oportunidad para para abrir discusiones importantes como la protección a las personas que ejercen actividades sexuales pagas, el abordaje de las problemáticas y denuncias de explotación en la industria porno, la garantía de condiciones dignas para quienes participan en dicha industria. Además del reto de eliminar las violencias que viven las personas de la comunidad sexual y de género diversa, que según la Defensoría del Pueblo  sólo en 2023 se presentaron “480 casos de violencia hacia esa población, 166 fueron a mujeres transgénero, 110 a hombres gais, 79 a mujeres lesbianas, 47 a personas no binarias, 43 a personas bisexuales y 35 a hombres transgénero”.    Pero también creo que es fundamental que los sectores progresistas aprovechemos este debate para continuar enfrentando a los conservadores y posicionemos en el debate público temas como el derecho al placer y la garantía de libertad y autonomía para decidir sobre nuestra sexualidad.     El Viceministerio de Diversidades tiene una tarea central en la articulación de las agendas de esta población, incluyendo la implementación de políticas para prevenir la violencia y la discriminación, todo esto, mientras también es víctima de esa violencia prejuiciosa por su pasado. El reto es enorme y para ello, se necesita conocimiento y compromiso, lo cual no está determinado por su orientación sexual o pasado laboral.    No le podemos dejar espacio a la morronguería, pues ¿qué clase de país creen que tendríamos si nuestro pasado sexual definiera los resultados en la función pública?     *A propósito de este tema, aprovecho para resaltar la reciente aprobación del CONPES 4147  Política Nacional Para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+, que tiene como objetivo disminuir las barreras económicas, sociales, culturales, institucionales, políticas y violencias asociadas a estructuras de discriminación y prejuicios por identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas que limitan los de derechos de la población LGBTIQ+.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad La semana pasada la exministra de Igualdad y vicepresidente de Colombia, Francia Márquez, recibió otro golpe. Esta vez, por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que tumbó la personería jurídica de su partido “Soy porque Somos”.  Este partido la había recibido el 20 de diciembre de 2023 por parte del Consejo Nacional Electoral , bajo el argumento de que tenía representación política tanto por la elección de Francia Márquez como vicepresidente, así como por la elección de Dorina Hernández como representante a la Cámara por el departamento de Bolívar dentro de la lista cerrada que se presentó a esta corporación en 2022. Este golpe se suma a otros más que la vicepresidente ha recibido en las últimas semanas, luego de los choques y el distanciamiento que ha tenido con el presidente Gustavo Petro —a partir de los cuestionamientos de las figuras que están llegando al gabinete y de los señalamientos de corrupción al interior del gobierno—; de su salida del Ministerio de la Igualdad; de las amenazas que ha recibido contra su vida ; de los roces con Carlos Rosero en medio del empalme dentro del mismo ministerio y del acercamiento que Márquez ha tenido con Carlos Caicedo y Daniel Quintero, con la idea de lanzar un nuevo proyecto político alternativo en el seno de la izquierda para disputarle este escenario al Pacto Histórico y al movimiento Unitarios. Con la pérdida de la personería jurídica del movimiento Soy porque Somos, ya son 4 los partidos que han perdido su personería, todos ellos cercanos tanto al bloque de izquierda y al Pacto Histórico, como al bloque de la Centro-Esperanza, por lo que se suma a la situación de Fuerza Ciudadana, Todos somos Colombia y En Marcha. Detrás de estas demandas ha estado la abogada Ximena Echavarría, chocoana, exdirectora jurídica del Partido Verde Oxígeno y exveedora del mismo partido. Desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad hablamos con Echavarría para entender con mayor profundidad sobre las razones de esta demanda, a la luz de la fragmentación política que vive el país y que está ambientando el escenario preelectoral de cara a 2026. “Mi deber (...) siempre fue ser una guardiana de la democracia del país” - Echavarría Fuente: Seguimiento.co Lo primero que aclaró Ximena Echavarría en sus declaraciones fue que la decisión de impugnar las personerías de estos partidos no fue premeditada bajo un argumento ideológico o político, sino como un ejercicio académico resultado de analizar la manera como estos partidos habían adquirido la personería. “Detrás de esto solamente estoy yo, no hay un político detrás pagándome para que haga estas demandas. Esto es una iniciativa propia que nace como un ejercicio académico. En el año 2023, después de que yo me quedé sin trabajo, tenía el tiempo para iniciar estas acciones, por lo que decidí hacerlo.” señaló. No obstante, en una entrevista al medio Seguimiento.co , Echavarría sí indicó que la presencia de partidos como Fuerza Ciudadana hacían daño a la política colombiana. En las palabras recogidas por el medio, Echavarría dijo que Fuerza Ciudadana “(...)es un movimiento político que es nocivo para la política colombiana. Y movimientos como este han llevado a que la gente se decepcione más de los políticos; yo veo en la política una herramienta para solucionarle los problemas a la gente y para uno servir, y movimientos como este y sus dirigentes decepcionan a los electores y a la gente”. Según Echavarría, Soy porque Somos, al igual que Fuerza Ciudadana, Todos somos Colombia y En Marcha, incumplieron con lo estipulado en el Artículo 108 de la Constitución Política de Colombia, que establece que los partidos deben superar el 3% del umbral de votos a Senado, así como obtener curules dentro del Congreso para poder solicitar o conservar su personería. Asimismo, estos partidos no cumplieron con lo estipulado en las sentencias de la Corte Constitucional SU316-21 y SU251-21, que otorgaron la personería jurídica a la Colombia Humana por haber participado en la elección presidencial y ocupar la segunda votación más alta por Estatuto de oposición, y a Nuevo Liberalismo por haber desaparecido debido a hechos victimizantes en el marco de la violencia y del conflicto armado. Este fue el concepto que tuvo en cuenta la Sección Quinta del Consejo de Estado para indicar que el CNE hizo una lectura pobre frente a estas personerías, especialmente porque tanto Soy porque Somos  como Todos somos Colombia  (por dar un ejemplo) inscribieron a sus candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes con avales de otros partidos. En el caso del movimiento de Francia Márquez, tanto la hoy vicepresidente como sus candidatos recibieron aval del Polo Democrático como parte de un acuerdo de los partidos con personería dentro del Pacto Histórico para inscribir a estas figuras en estas listas cerradas. Fuente: Consejo de Estado. Frente a esta interpretación, la trabajadora social y lideresa afro de Chocó, Luz Marina Becerra, quien declaró en el proceso como tercera interviniente , opuso en sus argumentos que era necesario mantener la personería jurídica de Soy porque Somos para romper la brecha de representatividad e incentivar la participación política de las mujeres afrodescendientes en un escenario de justicia racial y de género frente a la exclusión política en Colombia. No obstante, el Consejo de Estado tomó sus declaraciones a título personal y no los tuvo en cuenta en el momento del fallo. Así como los procesos contra los 4 partidos a los que Echavarría les tumbó la personería, iban otros procesos que la abogada chocoana estaba liderando como demandante frente a la nulidad de la elección de Carlos Amaya como gobernador de Boyacá y de Irene Vélez como cónsul en el Reino Unido. Echavarría consideró que Amaya había incurrido en doble militancia, debido a su apoyo abierto a candidatos de partidos que no estaban en su coalición Boyacá Grande , que integraban los partidos Alianza Verde, Dignidad & Compromiso, En Marcha, Colombia Renaciente y Verde Oxígeno. El proceso de Amaya terminó cayéndose también en la Sección Quinta del Consejo de Estado , en tanto el alto tribunal consideró que Amaya no había incurrido en doble militancia, como lo denunció Echavarría en la demanda interpuesta. Sin embargo, Echavarría sintió que igual tuvo una pequeña victoria en el tribunal: “El fallo fue en diciembre del año pasado (2024). Fue un fallo desfavorable para mí, donde el Consejo de Estado determinó que él no estaba en curso de doble militancia. Sin embargo, hubo un salvamento de voto y una aclaración de voto que me dan la razón. El salvamento vino de la magistrada Ana María Montoya, donde ella definitivamente determina que sí hubo un ejercicio de doble militancia —por eso ella no acompañó la decisión—, y una aclaración de voto de Omar Barreto, magistrado de la Sección Quinta, donde también acompañó la decisión, pero con unos reparos serios respecto de las definiciones de doble militancia”, indicó. Frente a la demanda de Irene Vélez ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, admitida por este tribunal el 15 de agosto de 2024, y que la abogada justificó en que su designación era irregular —ya que el acto administrativo que la nombraba daba la impresión de que ocuparía un cargo inferior (cónsul auxiliar), pero en la práctica, ejerció como cónsul general, con la finalidad de presuntamente eludir los requisitos exigidos para ese cargo—, Echavarría indicó que sentía cierta frustración por su posible nombramiento como directora de la ANLA. A este respecto, respondió: “me tiene muy triste este tema de Irene, porque yo siento que es evadir un fallo judicial posterior. Ese proceso en este momento yo presenté los alegatos de conclusión junto con un colega, Juan Sebastián Camargo Antolínez . Presentamos los alegatos de conclusión el año pasado, como más o menos en septiembre, octubre, y ese proceso ya iba para fallo. Estoy segura de que iba a ser un fallo desfavorable para la doctora Vélez, donde iban a declarar la nulidad del acto administrativo que la puso”. En ambos casos, Echavarría justificó estas demandas como un ejercicio de veeduría ciudadana. No obstante, en entrevista con El Tiempo de mayo de 2024 , también indicó que hizo estas actividades como manera de sobrellevar su ‘tusa’ política frente a la desilusión que le había causado su salida del Partido Verde Oxígeno. Mismo argumento que también señaló en esta entrevista. “La democracia está sufriendo un daño que de alguna manera tiene que ser solucionado” - Echavarría Frente a la fragmentación de los partidos políticos en Colombia, Echavarría indicó que lo que ella considera como una “excesiva” dispersión de nuevos partidos con nuevas personerías jurídicas afecta la democracia al generar confusión en los electores y al debilitar la financiación de los partidos políticos establecidos. Argumentó que la proliferación de partidos no garantiza necesariamente una democracia sana, sino que puede derivar en problemas de corrupción y en una menor representatividad real en el país. Según Echavarría, el Estado colombiano financia los partidos a través del Fondo Nacional de Financiación Política. Sin embargo, al aumentar el número de partidos, los recursos se dividen más, reduciendo el apoyo a los partidos ya establecidos. Esta falta de recursos limita la capacidad de estas colectividades para llegar a todo el país y motivar la participación política, en un contexto donde la abstención es un problema grave. Echavarría también señaló que algunos partidos pequeños, sin vocación de permanencia o poder, terminan convirtiéndose en estructuras dedicadas a vender avales en las regiones, lo que afecta la transparencia del sistema político. Es desde esa postura que defendió su acción de presentar nulidades contra el reconocimiento de partidos que, bajo su criterio, no cumplen los requisitos legales, argumentando que, si no tenían derecho a existir jurídicamente, tampoco debían recibir recursos del Estado. “La democracia está sufriendo un daño que de alguna manera tiene que ser solucionado y, en mi caso, consideré que la manera podía solucionarse ese problema era presentando las nulidades de los actos administrativos que reconocieron a esos partidos, pues porque si no tienen el derecho respecto de los requisitos jurídicos, ¿por qué van a tener un derecho respecto de los recursos del Estado para funcionar?” remarcó. Echavarría también habló de su disputa con el Partido Verde Oxígeno Fuente:  El Mundo, España. Frente a la denuncia que el Partido Verde Oxígeno interpuso contra Echavarría por presunta violación del secreto profesional y de incumplir con sus deberes como abogada en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Echavarría reseñó en esta entrevista, de manera muy breve, su historia dentro de ese partido, habiendo indicado que llegó a ser veedora nacional y directora jurídica del mismo, luego de haberse conocido con Íngrid Betancourt, de la que Echavarría expresaba sentir bastante admiración. “Yo llego a verde oxígeno en el 2022 como resultado del fanatismo y de una idolatría absurda hacia Íngrid Betancourt, porque siempre consideré que era la representación de lo que era el ejercicio político de una mujer transparente en Colombia. Siempre pensé que ella vivió situaciones difíciles en su ejercicio político por ser como era. Siempre me identifiqué mucho con sus maneras, con sus formas", recalcó. No obstante, Echavarría señaló que comenzó a recibir presunto maltrato psicológico y ataques por parte de Betancourt y de su equipo, luego de que la abogada comenzara a interpelar a la directora de su partido en varias decisiones al interior de la colectividad, lo que llevó a su salida en junio de 2023 y a una disputa jurídica en la que Echavarría demandó al partido por incumplimiento en el contrato laboral, junto con la posterior respuesta del Partido con una demanda por presuntas faltas a los deberes profesionales, por violar el secreto profesional, no entregar los bienes recibidos en virtud del cargo y no rendir cuentas, como lo señaló en su momento La Silla Vacía . Frente a este proceso, Echavarría indicó que “(…) el proceso terminó en diciembre del año pasado, justo el día que salió el fallo de Carlos Amaya. Ese mismo día [12 de diciembre de 2024] fue la audiencia donde dictaron el fallo de ese proceso disciplinario y el magistrado determinó que yo no había incurrido en lo que ellos alegaban. Se determinó que yo no había incumplido con mis deberes como abogada, que yo había entregado todos los informes, que yo no había usado de manera indebida la información del partido, o sea, salí absuelta. Sin embargo, el Partido apeló. Por ahora eso está en segunda instancia y desde entonces no sé qué ha pasado”. A modo de cierre La discusión entre representación y participación política en el escenario preelectoral colombiano sigue firme tras la decisión del Consejo de Estado. Ya son 6 partidos los que han perdido en general su personería en estos últimos años (sumando los 4 indicados en este artículo junto con Creemos, el partido de Federico Gutiérrez y Nueva Fuerza Democrática, de Andrés Pastrana) y podrían sumarse en el futuro Poder Popular, de Ernesto Samper y Gente en Movimiento, de Mauricio Lizcano. En todos, hay intentos jurídicos por revivir estas personerías, pero es poco probable que logren subvertir el argumento del Consejo de Estado, especialmente frente a lo que señala el artículo 108 de la Constitución. Hasta el momento, frente a la pérdida de la personería jurídica de Soy porque Somos, Francia Márquez señaló hoy 26 de marzo que también iba a apelar el fallo en todas las instancias jurídicas pertinentes , y que su partido seguiría existiendo a pesar de las determinaciones que ha tomado el Consejo de Estado.

Por: Germán Valencia  Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia  La decisión de archivar la propuesta de reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, por parte de ocho de los catorce congresistas que conforman la Comisión Séptima del Senado —dos de cada uno de los partidos Conservador y Centro Democrático y uno de cada uno de los partidos Liberal, ASI, Mira y Colombia Justa Libre—, ha dinamizado la arena política colombiana en 2025.     Este es un acto político que, a pesar de ser tomado por integrantes del Legislativo —quienes fueron elegidos por voto popular y representan a la ciudadanía— tiene la desventaja de poner nuevamente en la opinión pública la idea de que las decisiones políticas del país las toman élites y no el mandato ciudadano como lo promete el sistema democrático.     La decisión de archivo la tomó un puñado de representantes políticos, a quienes se les señala de defender los intereses de unas élites económicas. A estas últimas no les interesa para nada echar para atrás las ventajas que les entregaron las reformas laborales anteriores. Y están presionando a los partidos y legisladores para que se opongan a cualquier reforma que les perjudique.     La estrategia de los gremios económicos fue ponerle barreras a las propuestas de reforma lo más pronto posible. Con lo que buscan reducir los costos o inversiones para defender sus intereses. De allí que hayan decidido usar la opción de parar el proceso apenas se iniciaba la discusión en las comisiones del Senado, usando incentivos y poniendo de acuerdo a tan solo un puñado de sus miembros: ocho, que es la cuota más baja para que se hundiera la propuesta legislativa.     Este rechazo sirvió al gobierno Petro para levantar su voz de indignación y proponer la consulta popular como mecanismo para obligar al Congreso en pleno a discutir su propuesta de reforma laboral. Petro no quiere que se le recuerde como el presidente que no pudo cambiar nada debido a la oposición que tuvo en el Senado durante los cuatro años de mandato.     La idea del Gobierno es presentar al Congreso, en las próximas semanas, una serie de preguntas para que se discutan, aprueben y utilicen en la consulta popular. Preguntas directas donde se le dice al ciudadano que opine si está o no de acuerdo con que en el pleno del Senado —y no en una pequeña comisión— se dialogue la propuesta de reforma y se acuerden los cambios necesarios para este importante mercado laboral.     La ventaja de esta opción consultiva, es que con ella el Gobierno está cambiando la forma de decidir en la política. Está buscando pasar de la opción donde son las élites políticas y económicas las que decidan sobre lo colectivo, a una donde sea la ciudadanía, en su pluralidad, la que exija cambios y la dé línea al Legislativo para que tome las decisiones públicas.        Con la consulta popular el Gobierno busca activar en pocas semanas uno de los mecanismos democráticos más importantes consagrados en la Constitución y la ley. Le pide al pueblo que sea el mismo, mediante el mandato popular, el que obligue al Congreso a que legisle, a pesar del rechazo previo, sobre un tema en cuestión. Le devuelve al pueblo el poder.     Pero es una opción que tiene, al menos, dos problemas. El primero es que cuestiona al Legislativo y le resta legitimidad. Le quita parcialmente al Congreso el poder que posee, en su autonomía, de decidir qué es importante o no discutir para el país. La consulta le entrega a la ciudadanía el poder de obligar al Congreso a discutir unas reformas, a sí este no esté de acuerdo con la agenda programática.     La segunda desventaja es que la consulta popular la puede utilizar la clase política como instrumento para hacer campaña en las próximas elecciones. El 2025 se considera un año preelectoral, donde se preparan las campañas para la Presidencia y el Congreso; y dado que estos son los dos poderes donde se propone y discute la posible reforma laboral, la consulta popular podría instrumentalizarse y aprovecharse con fines electorales y no de mandato ciudadano.     Está propuesta de consulta corre el riesgo de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo hagan campaña política. El Gobierno buscará el apoyo popular recurriendo a la furia que tiene la mayoría de ciudadanos de que no se le quiera reconocer el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, el aumento de la remuneración en los días de descanso y el horario complementario.     Buscará el Gobierno que la gente salga a las calles y activen el poder ciudadano. Que le diga al Congreso y a los grupos de interés de la industria que los empleados quieren recuperar los derechos laborales. Que nuevamente se les permita la estabilidad laboral, para que se priorice el contrato laboral a término indefinido sobre el existente hoy por un tiempo definido. Y que desean recuperar los beneficios a que tienen derecho cuando trabajen en las noches y los fines de semana.     Los miembros del Legislativo, por su parte, buscarán: primero, rechazar la propuesta de consulta, buscando que no se les cuestione su autonomía legislativa. Además, nuevamente aparecerán los grupos de interés buscando presionar a los miembros del Congreso para que no se ponga en cuestión el actual modelo laboral —para los empresarios la siguiente etapa de consulta aumentaría las inversiones de campaña por él No—.     Segundo, de ser aprobada la consulta, se activarán todos los actores buscando que la gente vaya a las urnas o se abstenga —que vote o no—. Las campañas por el Sí y él No serán agresivas y las inversiones de los partidos y grupos de presión serán más altos. Aquí, será muy difícil explicarle a la ciudadanía que los efectos que se desea de la reforma en el empleo, inversión y crecimiento no se lograrán.     De allí que el poder de organizarse por una opción u otra será determinante y pondrá en ventaja a los grupos que mejor sepan hacer la tarea de apoyar o no las opciones que se tienen. En este camino, la teoría y la evidencia ha demostrado que los grupos pequeños y económicamente más sólidos llevan la ventaja sobre una ciudadanía más dispersa, poco cohesionada y sin recursos para hacer campañas.     Finalmente, si la gente sale a las urnas y dice sí, los debates en el Congreso serán duros. El pueblo habrá evidenciado el gran interés que tiene el tema laboral. Donde los ambientes del trabajador le interesan a muy diversos sectores: campesinos, microempresarios e incluso al del rebusque informal. Al fin y al cabo estamos en una economía donde prima el trabajo pago. Una economía colombiana basada en la utilización de trabajo barato y con difíciles condiciones para los jóvenes.      En conclusión, estamos en un momento candente de la política colombiana. Un momento donde se pone en oposición la opción de que sean las élites políticas las que determinen, como casi siempre se ha hecho, las reformas sociales, económicas y políticas; o la pluralidad de poderes que existen en la sociedad y que sea la ciudadanía la que tenga el poder de mandar sobre los poderes del Estado.     En todo caso, estamos en un momento muy valioso para la política. Son numerosos los actores que tienen interés en que se active o no el mandato popular. También serán muchas las consecuencias que se tendrán, incluso, podría dejar abiertas las puertas para convocar a una Asamblea Constituyente. En especial, en un momento preelectoral donde de nuevo se está en disputa entre los partidos por quien se queda o se va de la Presidencia y del Congreso.     * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.  ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Diego Alejandro Pedraza Corredor , Investigador Línea de Gobernabilidad y Democracia Desde finales de 2024, el área Metropolitana de Bucaramanga se encuentra en un limbo jurídico y en un limbo de poder por cuenta de los procesos por doble militancia que afrontan sus alcaldes. Empezando, obviamente, por el caso más relevante que es el fallo en primera instancia que existe en contra de Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga y seguido, por los casos de Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón y de Oscar Santos, alcalde de Piedecuesta.   En estos momentos, los tres alcaldes tienen un fallo de primera instancia que anula su elección por doble militancia en los comicios de 2023 y aunque los tres apelaron las decisiones, los antecedentes a este tipo de procesos hacen pensar que el panorama político de los mandatarios no es para nada favorable.   Y para completar, el panorama se agita aún más si se piensa, que, desde diciembre a hoy, algunos han perdido la gobernabilidad y, sobre todo, permitieron que los clanes y las estructuras se movieran para comenzar a preparar unas elecciones donde hay candidatos a granel, pocos destacables, muchas intrigas y, sobre todo, mucha desidia con la ciudadanía santandereana.   Bucaramanga: La caída del “Bukele” santandereano   Como ya se dijo, el caso más emblemático es el de Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga y auto reconocido como el “Bukele” santandereano. “El pastor” es una figura “criolla” de esas bien cómicas que se mantienen en el ojo del espectador político, su política de seguridad con “biblia en mano” y su radicalización excesiva lo hicieron entrar en el ojo político nacional.   Se convirtió en una figura conocida, destacado en sus primeras mediciones de popularidad, querido en las calles y apoyado por un concejo que empezó a verlo como la figura política necesaria para superar el desastre de 8 años en el que estaba sumida la ciudad. Sin embargo, Jaime Andrés se quedó en promesas y se decantó más por construir una burocracia poco efectiva dentro de la alcaldía.   El famoso “plan candado” para recuperar la seguridad de la ciudad no funcionó, la reestructuración de la malla vial y la semaforización quedó en veremos, los programas de casas comunitarias ni empezaron y la problemática con la Empresa Metropolitana de Aseo no se solucionó, al punto que las zonas álgidas de la ciudad permanecen sumidas entre el abandono y las basuras.   Pese a eso, Beltrán siguió con sus discursos populistas, cargados de odio y apalancados en esa tradición “derechista” nociva con la que se hizo elegir. Critico incansable del gobierno del presidente Gustavo Petro y critico absoluto de los gobiernos de Rodolfo Hernández (el primero en cuerpo propio y el segundo en cuerpo ajeno). La ineficiencia y la desidia de su mandato la logró contener con las fórmulas de la politiquería tradicional, lanzando culpas a otros, mirando el famoso “espejo retrovisor”, sin autocritica y con muy poca ejecución.   Lo que no se esperaba Beltrán, fue ese fallo del 12 de diciembre de 2024, con el cual el Tribunal Administrativo de Santander decidió anular su elección por incurrir en doble militancia. La razón no fue otra que el apoyo a Elkin Bello, quien aspiraba al concejo de Bucaramanga por el Partido de la U. Y aunque esta colectividad estaba dentro de la coalición que llevó a Beltrán a la alcaldía, su partido era Colombia Justa y Libres, lo que configura el caso de la doble militancia por apoyo, la cual ha sido hasta el día de hoy implacable y confusa con todos los políticos sin importar la corriente.   Con el fallo en la mano, Beltrán se fue a la plaza pública y como en un pulpito cristiano, anunció que apelaría la decisión, pero que en caso de que lo sacaran, Dios ya le había dicho que debía ser candidato presidencial. En medio de esas locuras y de ese populismo desatado, empezó un proceso en medio del cual Beltrán perdió el control del concejo, perdió el contacto con los congresistas y el apoyo de aquellos que lo llevaron al cargo.   Y ahí, con la gobernabilidad a medias, le salieron al paso los clanes y las estructuras políticas que comenzaron a poner nombres en la mesa para aspirar a la alcaldía, una baraja en donde han sonado desde antiguos conocidos como Carlos Parra hasta políticos tradicionales y avezados como Edgar Gómez Román.   El caso sigue en veremos, en despacho para sentencia desde la primera semana de marzo y mientras tanto, la ciudad abandonada, sin gobierno y con un escándalo nuevo que involucra al alcalde Beltrán, a su esposa Paula Ramírez, a su cuñado Oscar Ramírez y a su ex asesor Hernán Villamizar, quienes presuntamente están implicados en un caso de corrupción relacionado con el saqueo de la chatarra y el alumbrado público, con el cual supuestamente se estaba construyendo una red burocrática y transaccional que buscaba alimentar la estructura política de Beltrán.   Por ahora, ese caso también está en veremos.   Girón: John Abiud y su hermano se preparan para elegir sucesor   El caso de Girón es el mismo que el de Bucaramanga, toda vez que Campo Elías Ramírez fue notificado de que su elección se anulaba por doble militancia al haber apoyado a candidatos del Partido de la U y del MAIS a las listas al concejo, cuando su aval había sido entregado por la Liga de Gobernantes. Ramírez apeló la decisión y hasta el momento su proceso está en despacho para fallo definitivo del Consejo de Estado.   Ahora bien, el caso de Girón si dista en lo político de los otros casos en curso y la razón no es otra que el señor John Abiud Ramírez, actual Director Administrativo de la Cámara de Representantes y cabeza de la estructura política emergente más grande que tiene el departamento. Ramírez es el “dueño” del municipio, lleva siéndolo por más de 8 años, por eso ya comenzó a maquinar el nombre del posible heredero del poder. Hasta el momento, no ha lanzado un nombre fuerte, pero los rumores vuelven y hablan de que la candidata puede ser Yulia Rodríguez, su exesposa o alguna de las fichas fuertes de su primer mandato. Al final todo está en el ruido, pero lo que sí es claro, es que serán los Ramírez los que sigan moviendo el poder del municipio.   Piedecuesta: El pacto entre políticos   El último caso es el de Piedecuesta, donde el alcalde Oscar Santos terminó con su elección anulada por incurrir en doble militancia por apoyo. En este caso, por apoyar candidatos políticos de diferentes colectividades cuando su partido era el Partido Liberal.   Santos es cercano a la estructura del Senador Jaime Durán, quien es una de las cabezas fuertes del departamento y de Piedecuesta. Pero el caso de Santos es un clásico caso de políticos que hacen lo que quieren con la política. No es que Santos haya apoyado deliberadamente a candidatos de otras colectividades, es que los políticos creen que ellos están por encima del bien y del mal y se movieron a su antojo, creyendo que las veedurías y los ciudadanos no iban a protestar por esa doble militancia.   Al final, cayó en el juego político y en campaña, ese juego político termina siendo una quimera en medio del afán de votos y plata con el que se manejan las lógicas clientelares de un departamento como Santander. Hasta ahora no hay un nombre fuerte, pero los rumores hablan de que los clanes y las estructuras ya están haciendo acuerdos para poder finiquitar una candidatura común a todos.   ¿Y la ciudadanía?   Al final del caso, lo que nos debemos preguntar es ¿qué pasa con los ciudadanos? y ¿qué pasa con los gobiernos? Porque los municipios están abandonados, las políticas integrales de seguridad que fueron el eje de la campaña, están quietas y la manipulación del electorado está alcanzando niveles vergonzosos.   Se prepara el Área Metropolitana para unas elecciones atípicas, en medio del movimiento de los clanes y las estructuras políticas que se mueven a su antojo, manipulando el voto y cimentando las estructuras de la campaña del 26 que comenzó más temprano que en ocasiones anteriores.

Por: Redacción Pares Buenaventura ha sido escenario de una juventud resiliente, soñadora, pacífica y creadora, Desde el 2011 las juventudes vienen reclamando la adecuación del Centro de Atención Integral para la Juventud. A pesar de que en el 2023 se priorizo la iniciativa a través del proyecto “Mejoramiento y dotación al centro de Atención Integral para la Juventud”, en la actualidad el escenario no se encuentra habilitado para que los jóvenes puedan hacer uso adecuado. Este proyecto con una inversión de $1.575.225.819, que impactaría a 80.516 personas, tuvo una duración de seis meses para su ejecución. Con los recursos designados se planificó realizar: la adecuación de espacios como salones multiusos, oficinas, cancha múltiple, plazoleta para prácticas culturales, baños, cocina, caseta de vigilancia, zonas verdes, entre otros; y la dotación de aires acondicionados, equipo audiovisual, mobiliario de oficina, computadores, sillas, mesas entre otros insumos. Desde el 2023 estaba planificada la renovación de la obra, pero hasta la fecha los jóvenes no pueden acceder a las instalaciones del Centro de atención Integral. En el siguiente informe de la regional pacífico de Paz y Reconciliación se le pone la lupa a otra bofetada que reciben los habitantes de la ciudad puerto por parte del estado colombiano. La investigación de Pares afirma que, aunque si se llegó a condicionar los jóvenes aún no pueden hacer uso de ese espacio:

Por: León Valencia Hace poco se reunieron los partidos Liberal, Conservador, Nuevo Liberalismo y la U, también estaba invitado Cambio Radical, para buscar un acuerdo de cara a las elecciones de 2026.  Se trata de presentar un candidato único a primera vuelta para intentar, con mayor seguridad, el paso a segunda vuelta. Tienen el propósito, dicen, de unir a la centro derecha  y tomar distancia de Vicky  Dávila y del uribismo, distinción clave, porque tanto Vicky como el centro democrático y los lideres de las iglesias evangélicas han recibido con alborozo el ascenso de la nueva derecha de Trump, Milei y Bukele y están postulando sus ideas para Colombia.  Este anuncio se agrega a la decisión del presidente Petro de buscar una coalición que agrupe a la izquierda, a sectores de los partidos tradicionales que lo han acompañado en el gobierno  y a la fracción de los verdes afín a sus ideas. Un frente amplio que tiene en sus manos las palancas del gobierno central y la bandera de la consulta popular y las reformas sociales. Al tiempo se está intentando una escisión amigable del Partido Verde para dejar libres a los parlamentarios y líderes regionales que quieran moverse hacia otras toldas políticas, atendiendo, en especial, el llamado de Claudia López a conformar una nueva fuerza que acompañe sus aspiraciones presidenciales. Estos movimientos, cuando aún no estamos de lleno en la campaña, obligarán, tarde o temprano, a que el candidato que seleccione el Centro Democrático, se la juegue a una coalición con Vicky Dávila y las iglesias evangélicas en el afán de presentar una candidatura con arrastre en la opinión y con aparato político capaz de  competirle, con alguna opción de triunfo, a las coaliciones que se están formando en la centro derecha y en la izquierda. Obligarán también a Claudia López, a Sergio Fajardo Fajardo y a otros candidatos  de esta corriente moderada a pensar desde ya en una alianza para ir con posibilidades ciertas de cruzar la primera vuelta presidencial. Están forzados a formar una gran confluencia y a moverse muy rápidamente en la conformación de equipos y donantes a lo largo y ancho del país para ganarle a coaliciones con gran asiento regional y local y con caudalosos apoyos económicos. La conformación de estos cuatro bloques, no será nada fácil, el esfuerzo de concertación será enorme y la virulencia con la que se han adelantado los debates políticos en los últimos años  en Colombia no ayuda mucho. También cabe la posibilidad de que se mantenga la dispersión y a la primera vuelta concurran una variedad de candidatos con bajos registros de votación. Pero un panorama de  potentes coaliciones antes de primera vuelta cualificará el debate político y beneficiará enormemente la conformación de un nuevo gobierno. En principio le cerrará el espacio a un outsider tipo Rodolfo Hernández, es decir, empujará  a candidatos nuevos con algún arrastre en la opinión a ligarse a una de las alianzas so pena de ser irrelevante. Pondrá sobre la mesa los debates claves del país. Las reformas sociales que serán el plato fuerte de la izquierda; la seguridad que será el portaestandarte de la derecha y obligará a las demás corrientes a forjar ideas alternativas al modelo Bukele que seduce tanto a los líderes de esta corriente; la lucha contra la corrupción, relegada en el gobierno de Petro, y, en la cual, la centro izquierda tiene pergaminos, como quiera que encabezó la copiosa votación en la consulta popular anticorrupción; la política exterior del país en un mundo que está cambiando aceleradamente, haciendo añicos  los acuerdos de la segunda postguerra y redefiniendo el papel de las grandes potencias al ritmo de un desbocado Donald Trump.  El reto de Petro y del Pacto Histórico es enorme. Van a tener a todas estas fuerzas en una lucha abierta por sacarlo de la segunda vuelta. Será, seguramente, el trompo de poner, porque van a cobrarle todos los errores y limitaciones del primer gobierno de izquierdas en el país. Tendrá que mantener, a como dé lugar, la unidad con las corrientes del santismo que lo han acompañado en el gobierno y encontrar un candidato con arrastre en la opinión pública y con un férreo carácter y una probada habilidad para enfrentarse a la lluvia de críticas que le caerán encima. Esta diferenciación en bloques con características políticas definidas les sirve  a Claudia y a Fajardo para asumir que su visión de la vida pública comprometida con cambios sociales y derechos de minorías se ubica en la centro izquierda y para entender que ese lugar puede ser virtuoso para una campaña donde las transformaciones sociales graduales y concertadas estarán, sin duda, sobre la mesa. La centro derecha tiene fortalezas indudables. Esa confluencia de partidos tradicionales tiene en su haber a experimentados políticos, a administradores de postín, a líderes con un gran conocimiento del país como Germán Vargas Lleras; pero su lado flaco no es menor, representa a la vieja clase política tan denostada en las últimas elecciones y tiene pocas novedades para ofrecerle a un país ansioso de transformaciones ciertas.

Por: Laura Bonilla La política colombiana no se entiende sin los operadores. A veces son funcionarios electos, a veces no. Si están en el escalafón más alto del sistema serán senadores o ministros; los más avezados no necesitan figurar. Su rol no es conquistar a la opinión pública, sino garantizar que la maquinaria nunca se detenga. Y la maquinaria, al final, es el arte de traducir plata, contratos, favores y puestos en votos. Hace años, algunos analistas y politólogas acuñamos el término para describir a esta figura clave que se mueve con fluidez entre partidos, ideologías y gobiernos. La expresión caló porque refleja una realidad ineludible: en Colombia, ningún presidente ha llegado al poder sin operadores políticos. Ni siquiera Gustavo Petro. En buena parte del país, no son los partidos ni las campañas los que definen el resultado, sino la capacidad de estos intermediarios para negociar burocracia, votos y alianzas. Cargan con la logística electoral, los fondos de campaña y los riesgos de la compra de votos. Son, en esencia, empresas unipersonales que hacen lo que antes hacían los partidos políticos. Han estado en todos los gobiernos, sobreviviendo a crisis y cambios de lealtades. Armando Benedetti es el más famoso en este gobierno, pero cada uno tuvo los suyos. La ñoñomanía, la musapolítica  y todas sus variantes no son más que etiquetas para lo mismo de siempre. Mientras los políticos van y vienen, ellos permanecen. Son, parafraseando una expresión anglosajona, los hacedores de reyes. Y saben exactamente cuánto valen. Pero ser un buen operador no es para cualquiera. Hay reglas no escritas, códigos que garantizan la permanencia y la rentabilidad en el oficio. Para quienes aspiran a dominar este arte, aquí va un decálogo imprescindible. 1. Un buen operador sabe su lugar. Nunca pretenderá ser o verse más que el líder (o lideresa) en cuestión. Un operador exitoso sabe que está detrás del poder y que un paso al frente le puede costar, a él y al líder de turno, grandes problemas reputacionales. Un operador debe moverse en las sombras, pero su nombre debe sonar en todas las mesas de negociación. No necesita estar en la foto oficial, pero cuando alguien pregunte ¿quién arregló esto?, la respuesta debe ser inequívoca.   2. La lealtad no se improvisa, se negocia. El buen operador sabe que la lealtad es un valor al alza en el mercado y se encarga de venderla en consecuencia. Sabe, por tanto, que es el fusible que se quema y que correrá con esos riesgos en caso de que se necesite un sacrificio. Pero valdrá la pena. 3. El partido es un pretexto, no una identidad. Tener partidos políticos colectivos donde hay que negociar posturas, ideologías y demás, significa doble trabajo. En la medida de lo posible, el operador tendrá un partido propio donde él tome todas las decisiones y, por ningún motivo, deje de ser el jefe. La ideología es lo de menos. Los mejores operadores colombianos han sido liberales, conservadores, uribistas, y si la coyuntura lo amerita, hasta progresistas. Lo importante no es la ideología, sino la operabilidad. 4. Gobernar con los amigos no es nepotismo, es eficiencia. El mantra del buen operador es simple: “uno gobierna con los suyos”. No hay tiempo para experimentos meritocráticos ni concursos de méritos. Si alguien debe ocupar un puesto clave, que sea alguien que ya te deba favores y que, por supuesto, esté dispuesto a pagarlos. Ubicar la burocracia correcta, en el gobierno que sea, es una virtud que solo los amateurs desprecian. 5. Caer bien es una inversión estratégica. El operador político nunca cae mal. Puede ser amable o irreverente, culto o callejero, sofisticado o campechano, pero siempre debe generar cercanía. El carisma utilitario debe permitirle siempre hablar con todas y cada una de las vertientes políticas. Siempre debe tener un amigo en cada sector y, para ello, debe estar dispuesto a tejer una red de favores lo más amplia posible. Invertir en favores es invertir en el futuro. 6. No hay operador pobre. Si después de dos gobiernos un operador sigue siendo clase media, algo hizo mal. La política no es solo poder, es movilidad social. El buen operador nunca depende de un solo ingreso: tiene negocios paralelos, financistas estratégicos y siempre, siempre, un contrato esperando en algún ministerio. El lobby es el negocio más rentable en Colombia, y mejor aún si es en efectivo: menos impuestos, más libertad. 7. Todo se vende, todo se compra. Favores, cupos, contratos, avales. Nada está escrito en piedra y todo puede cambiar si la oferta es la correcta. ¿Moralidad? Claro, pero solo la suficiente para no levantar sospechas. Al fin de cuentas, es el sistema político. Sin ello, no se gana (ver el punto 6). Hay que recordar que hay muchas formas de pago. En un país donde la única forma de entrada al Estado es la recomendación política, todos y todas debemos al menos un favor. Nadie puede levantar la primera piedra. 8. Los votos no se improvisan, se construyen. Un operador no gana elecciones, las garantiza. Cada votante que debe un favor, cada líder comunal que recibe una llamada en el momento adecuado, cada candidato presidencial que sabe que sin ellos no llega a segunda vuelta, hace parte de la operación. Pero también el operador sabe que, en la mayoría de las regiones, la gente no vota sin transporte, logística y alimentación. Después de todo, lo único que muchas comunidades reciben del Estado es lo que el operador esté dispuesto a entregarles. 9. Si caes, caes solo. En política, el operador es un fusible reemplazable. Si las cosas salen mal, los grandes nombres lo sacrificarán sin dudarlo. Por eso, se cobra por adelantado. 10. Los reyes gobiernan, pero los operadores los hacen. La historia la escriben los vencedores, pero la diseñan los operadores. Los presidentes cambian, los ministros van y vienen, pero el operador sigue ahí, moviendo los hilos. Mientras los políticos de opinión gastan todos sus recursos en engancharse en peleas, redes y escándalos mediáticos, el operador sabe que su estructura está intacta. Y cuando llegue la hora de la verdad, siempre sabrán a quién llamar. Si, llegado al punto 10, usted se sintió incómodo o incómoda, sepa que yo también. Nuestro sistema político informal, en la sombra, es lo que es porque, independientemente del nivel de involucramiento, abarca a la mayor parte de la sociedad. Es cínico negarlo, porque esta forma de ejercer la política no solo perpetúa privilegios, sino que también ha sostenido la violencia en el país y, probablemente, seguirá siendo el centro de la política colombiana por años. Pero sería igualmente ingenuo pensar que la política de influencers e indignados será diferente: un cambio de discurso no es un cambio de sistema. Esta conversación, que no pudo resolverse con una u otra reforma política—porque las reformas tocan el sistema formal, no el informal—, pasa por reconocer la realidad sin cinismo, pero también por decidir si nos conformamos con ella o la enfrentamos de verdad.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenido Si, existen testimonio arrasadores sobre el Holocausto. El documental Noche y Niebla le mostró al mundo el horror que desataron los nazis. El realizador francés Alain Resnais, once años después de que los soviéticos descubrieran Auschwitz, abre el ojo del mundo y enseña las montañas de cadáveres, los rasguños en el techo, los pelos apilados en montículos, las latas de Zyklon vacías. Noche y niebla es el decreto por el que el Tercer Reich convirtió en política el exterminio de judíos. En apenas 32 minutos Resnais arrasa contra los negacionistas. ¿Cómo volvemos a creer en la civilización después de esto? Noche y niebla la pueden encontrar en la plataforma de Mubi    Otro francés, el exhaustivo Claude Lanzmann recogió testimonios de los sobrevivientes de los campos de exterminio y sin mostrar una sóla imágen de archivo nos regresa al infierno en Shoah, un megalito de diez horas. Este no sé donde se puede ver completo. Ninguna de las plataformas en Colombia lo ofrecen.   Fuera del circuito del cine comercial se ofrecen películas realmente significativas como El hijo de saúl o la inigualable Zona de interés, que se puede ver en nuestro país por Prime Video. Pero sin duda las dos películas fundamentales sobre el holocausto filmadas en Hollywood son la Lista de Schindler y El Pianista. Ambas, hasta diciembre del 2024, las podíamos ver en Netflix. Ya no están.   La primera de ellas fue realizada en 1993 por Steven Spielberg. Era un proyecto que estuvo a punto de realizar Stanley Kubrick pero su ambiciosa producción quedó varada como los ejércitos alemanes en el invierno ruso. Spielberg era resistido en ese momento por la crítica especializada. Creador del blockbuster con Tiburón en 1975, era visto como un cineasta de masas -como si Eisenstein no lo hubiera sido- y con mucha desconfianza creían que no iba a estar listo para un reto de ese tipo. Con un presupuesto de 22 millones de dólares Spielberg demostró su eficacia, recaudó 323 millones de dólares en todo el mundo y puso a hacer fila en el cine a jóvenes que jamás habían escuchado hablar del Holocausto. Sus tres horas y media no fueron un impedimento para que se convirtiera en un acontecimiento de multitudes. Ojalá el conflicto colombiano pudiera tener un narrador con la solidez de Spielberg para que no se nos olvide jamás la sangre que ha caído sobre esta tierra martirizada.   Entre los numerosos aciertos de la película se cuenta la elección de usar cámara al hombro, lo que le da a la película un tono documental que la hace aún más terrorífica -esto no sólo pasó, sino que está pasando, piensa el espectador- y un casting poderoso en donde descubre a dos estrellas que aún, tres décadas después, están muy vigentes: Liam Nesson y Ralph Fiennes.   Nueve años después Roman Polanski, quien era un niño polaco de 9 años cuando su madre murió en el campo de exterminio de Auschwitz, contó la historia de Wladyslaw Szpilman, quien en 1939 era considerado el intérprete más preciso de Chopin que eso, para un polaco, es como ser rey vallenato. Sus conciertos los transmitía en directo la radio polaca pero, apenas llegaron los nazis a Varsovia, todo se derrumbó para él. Sus padres fueron exterminados en campos de concentración y él pudo huir de ese horror refugiándose en una Varsovia completamente arrasada. Los recuerdos de Szpilman y los del propio Polanski se amalgaman en esta película monumental.   Como todos saben Polanski no sólo es un genio sino que también es un monstruo. Fue condenado por violar a una niña de 13 años en la casa de Jack Nicholson. Jamás pudo volver a los Estados Unidos desde su fuga en 1977. Aún así la academia le dio el Oscar en el 2002. Esta joya estuvo en Netflix hasta el pasado viernes. ¿Cuándo volveremos a ver estas películas? ¿Será que serán tragadas como nosotros en el río del tiempo?

Por: Guillermo Linero En su libro, Cómo Nace el Derecho, el jurista italiano Francesco Carnelutti explica con una prosa afable y apta para todos los públicos, la seriedad e importancia de hacer las leyes. En el mentado libro, compara ese oficio de hacer las leyes con el de un humilde constructor que, ladrillo tras ladrillo, erige un inmenso edificio. En efecto, los legisladores han de forjar, ley tras ley, el “gran edificio de la justicia social”. La justicia social, que no tiene otro propósito, cualquiera sea el tinte político de los legisladores y de los gobernantes, distinto a la protección de los derechos de los pobres y a crear políticas -precisamente leyes- para el desarrollo económico y equitativo de la sociedad entera. En tal sentido, los legisladores están obligados única y estrictamente a viabilizar las reformas que aseguren dicha equidad y no para obstaculizarlas. Empero, siendo la justicia tan amplia y universal, apenas hacemos uso de ella por medio del cerrado sistema del derecho- que en la gran ciudad de la justicia -para seguir el imaginario de Carnelutti- ocupa solo un edificio, el derecho, y un solo lugar, el Congreso, donde nacen las leyes que le dan forma, por ejemplo, al sistema de derecho colombiano. Una institución, la del Congreso, que de estar integrada por juristas y no por políticos (pues la mayor parte de estos últimos aspiran a ser, o lo son, jerarcas, emperadores, reyes y dictadores), y de no estar ocupada por quienes prefieren lo caótico, otros serían nuestros modos y maneras, y no estaríamos embelesados por las premisas de la “cultura traqueta” tales como: “el que reza empata”, de nuestra costumbre religiosa; “la gente de bien es la poseedora de bienes” de nuestra tradición moral y; “no es tan malo robar al estado”, de nuestra conducta cívica. Por tal razón, en Colombia, como en la mayor parte de los estados civilizados (no importa si ruines o bárbaros, sino los que siguen la noción de una civis), están llamados a fabricar las leyes quienes hayan sido elegidos popularmente, y no es requisito para ello que sean abogados o juristas. Así de claro lo explica el mentado profesor italiano: “Si los juristas son los obreros calificados del derecho, no todo en derecho es obra de ellos…. Las leyes, pues, están hechas, si no precisamente solo, por lo menos también por hombres que no han aprendido a hacerlas”. No obstante, es el derecho el método formativo más eficiente cuando se trata de progresar como grupo o como sociedad. Por esa importancia del derecho, las leyes han de crearse con la seriedad que se toma un constructor cuando, ladrillo tras ladrillo, forja un gran edificio que de caerse moriría mucha gente. En consideración a ello, no podemos esperar de quienes hacen las leyes nada distinto a un talante fabril especial, a una formación cognitiva mínimamente garante de nuestra seguridad y progreso, y que estén nutridos de correcta moral y de buenas costumbres; que tengan de rigor el cumplimiento de la ética y de la cívica, en fin, que entiendan, más por sentido común y por estar desprendidos de religiones e ideologías, cómo entre los mismos miembros de una especie no es connatural auto aniquilarse. Ya es hora de decirle adiós al temible hombre lobo de Hobbes. En los tiempos del siglo XXI, el siglo de los derechos colectivos y medioambientales, hay que vencer la incultura política y reconstruir, no en términos utópicos sino esperanzadores, la realidad de un futuro inmediato en el cual sea posible trabajar, festejar, jugar, disputar…, en sana convivencia. Con todo, valga decir que eso solamente ocurriría si al Congreso integrado por no juristas, un día empiezan a llegar personas, sino doctos en leyes, al menos con talante cívico y mediana escolaridad. En este contexto de iletrados, es natural que algunos senadores no puedan visualizar, por ejemplo, los efectos futuros de la reforma laboral. Si no saben poner en práctica el principio teleológico del derecho, no entenderán que si los trabajadores recibieran mejores sueldos crecería el consumo y por efecto infalible crecerían también las utilidades de los empleadores que surten las necesidades del consumo. Desafortunadamente, en las sociedades gobernadas por regímenes deshumanizados, cambiar en favor de todos resulta difícil y, cuando esta visión trasciende al ciudadano corriente y se vuelve común entre quienes tienen la responsabilidad de hacer las leyes y fabricar el derecho, entonces comienza el reinado de la mediana escolaridad, como es el caso de algunos senadores y representantes a la Cámara que han llegado allí por cuenta de las armas o el dinero, e incluso con sospechosos títulos universitarios. Por eso produce indignación que a 40 millones de colombianos -buena parte de ellos sin educación académica ni estabilidad económica- les dañen la posibilidad de su progreso social y familiar, seres como los ocho senadores que, desprovistos de talante ético y moral, hundieron la reforma laboral.

Por: Isabela Puyana Laura Peña Peláez es una mujer que desde la firma del acuerdo de paz con las FARC apostó por transformar un territorio como Puerto Asís en el Putumayo. Según un informe de la FIP sobre Territorio, seguridad y violencias basadas en género en Puerto Asís en el 2029, Puerto Asís es un municipio emblemático a nivel nacional por el desarrollo del conflicto armado en la región del Bajo Putumayo, el arraigo de la economía cocalera y la presencia de diversos grupos armados que han generado fuertes impactos humanitarios.   Con el inicio y desarrollo de los diálogos de paz en La Habana, se dio un desescalamiento de las acciones armadas entre 2015 y 2016. Diferentes dinámicas de violencia en la región se transformaron con la firma y el inicio de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. Aunque la desmovilización de las FARC ha sido positiva en términos de desescalamiento del conflicto, se ha generado un clima de incertidumbre entre las comunidades por cuenta de la profundización de algunas violencias, especialmente amenazas y regulaciones sobre la movilidad en zonas rurales. Es justo en ese contexto que Laura, una mujer de Armenia, Quindío llegó hace 12 años motivada por la posibilidad de generar cambios a través del trabajo comunitario y el cuidado de la naturaleza. “Desde que llegué a Puerto Asís me he dedicado a emprender en el tema turístico, sobre todo adelantando proyectos comunitarios, construyendo un tejido social, todo esto en la Vereda Playa Rica. Cuando llegué a esta vereda me abrumó el tamaño, el color y la riqueza de los ríos, sabía que el cuidado de las personas también depende del cuidado de esas corrientes”. Laura ha trabajado desde la Vereda Playa Rica, ubicada a 20 minutos de Puerto Asís en el Putumayo, donde vive una comunidad de pescadores que se ha comprometido durante años con el cuidado del medio ambiente: “Se dedican a pescar, sembrar árboles, proteger las semillas que alimentan a los peces y cuidar las especies”, dice Helena Toro, lideresa y representante de la comunidad. Playa Rica-Foto Laura Peña También hace parte de la Asociación ASOOPAP, esta es una Asociación de pescadores artesanales y productores agropecuarios en la que han trazado gracias al trabajo y guía de Laura cuatro líneas de acción: La pesca artesanal, la agricultura y el cultivo tradicional, la conservación del medio ambiente, los recursos naturales y el turismo de naturaleza comunitario. Según Laura, es a partir de estas líneas que es posible establecer reglas claras sobre cómo se desempeña cada trabajo para no generar impactos irreversibles a las especies y a las aguas. En el departamento del Putumayo y en especial en Puerto Asís, Laura se ha dedicado a ser guía profesional de turismo. Es la fundadora de la Agencia de Viajes y Operador Turístico Putumayo Tours que trabaja de manera comunitaria con habitantes de la zona para aprender sobre sus costumbres y para enseñar a los turistas a cuidar del ecosistema.  “Nosotros vivimos en una comunidad en Playa Rica ribereña. Vivimos a orillas del río Putumayo. El río Putumayo es nuestra columna vertebral desde la comunidad, pues se convierte en nuestro medio de vida desde la pesca, el recurso del agua del medio ambiente y también la carretera y el local de acceso para llegar a cualquier lugar: para ir al pueblo, para tener todos los servicios que necesitamos, como la salud, las compras y la educación”. Playa Rica-Foto Laura Peña Hoy Laura y la comunidad de Playa Rica son beneficiarios de del programa “Descarbonización del Amazonas” impulsado por Pares, la Fundación TEJ, el Centro de pensamiento de Transición Energética y Open Society, por el que recibirán una lancha con la cual se pueda hacer la sustitución de combustibles fósiles por electricidad con navegación fluvial incorporando paneles solares. Gracias a este proyecto, se busca disminuir la contaminación del agua, por la sustitución del combustible Diesel. También hacen parte de las escuelas TRANSFORMATEJ en las que se lleva conocimiento sobre bases conceptuales de la transición energética a las poblaciones. Laura asegura que las Escuelas pueden ayudar a inspirar nuevas alternativas de vida para generaciones futuras y que han alentado a la comunidad: “Nosotros en Playa Rica tenemos acceso limitado a la energía eléctrica, ya que sólo se vive con algunos paneles solares y empezar a tener estos espacios de la escuela de Transición Energética Justa tiene unos efectos muy importantes en la comunidad. Sin energías renovables en un futuro, no habrá turismo. Primero es poder capacitar, informar y dialogar sobre estos nuevos procesos. Ese es un punto muy ganador de estas escuelas y la transmisión de este conocimiento”. Laura Peña, quien viene trabajando como líder y fomenta el fortalecimiento de los lazos comunitarios afirma que estas iniciativas, que además se construyen con personas del territorio, ya que las clases las dictan profesores de la zona, son esenciales para fortalecer procesos comunitarios. Playa Rica-Foto Laura Peña “A nosotros la TRANSFORMATEJ nos está enseñando esas nuevas formas de la energía, de acceder al recurso, pero que, en este proceso de querer y necesitar la energía eléctrica, podemos tomar mejores decisiones a través de una transición, que sea más amigable más amistosa con nuestra naturaleza, nuestra casa, nuestro hogar, que es precisamente la selva y este paisaje amazónico”. Laura le apostó a vivir a Puerto Asís, no sólo porque cree en la paz, sino también por el amor a la vida y el cuidado de la biodiversidad coincide que la transición energética justa debe llegar a todos lados. “Creo que todas las áreas rurales de nuestra región necesitan saber y conocer estas alternativas de adaptación. Llegar a la selva, al territorio, a la llanura amazónica que es donde nosotros estamos. Las energías limpias renovables de una transición más amigable y que tenga un efecto más duradero deberían ser una opción para todos y sobre todo para la calidad de vida de las comunidades”.