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Por: Isabela Puyana El próximo viernes 21 de marzo volverán las clases sobre Transición Energética Justa en Puerto Asís, a través del proceso de formación y fortalecimiento de capacidades: TRANSFORMATEJ y del programa “Descarbonización del Amazonas” impulsado por el Centro de Pensamiento de Transición Energética Justa de la Fundación Pares, Fundación TEJ, y Open Society Foundation, se llevará conocimiento sobre las bases conceptuales de la Transición Energética Justa a comunidades de la zona. Uno de los objetivos de este programa es la entrega de una lancha con la cual se hará la sustitución de combustibles fósiles por electricidad con navegación fluvial incorporando paneles solares. Adicional a esto, la estrategia va de la mano de talleres y dinámicas pedagógicas que le expliquen a la comunidad lo que hay detrás de estos paneles. La primera sesión de TRANSFORMATEJ estuvo a cargo de Marlene Arévalo, quien desde el inicio del proyecto ha sido el enlace territorial de la Fundación Pares con la comunidad de Puerto Asís y los aliados en la zona. Ella hace parte de la Secretaría de Planeación de Desarrollo y Medio Ambiente del municipio como Coordinadora de Turismo y se ha preparado en temas de energías renovables y el cuidado del medio ambiente para capacitar a las comunidades beneficiadas, en este caso a la de Playa Rica. La Vereda de Playa Rica está ubicada a 20 minutos de Puerto Asís. Son 26 familias de la zona que han dependido de los combustibles fósiles para movilizarse por el Río Putumayo y nunca han tenido energía para atender sus principales actividades cotidianas y para llegar a la capital, sin embargo, hoy asumen un reto por el medio ambiente: ellos apuestan por el turismo ecológico y recibir esta lancha y este conocimiento por parte de TRANSFORMATEJ les ha traído esperanza. El primer tema que la comunidad de Playa Rica exploró en los talleres fue sobre la definición de la Transición Energética Justa, las energías renovables y el cuidado del entorno; asimismo, el taller que tendrán el viernes 21 de marzo se centrará en los conceptos legales de la transición energética y las leyes que influyen en la vida cotidiana. Según Marlene Arévalo, quien continuará como tutora, afirma sobre esta metodología: “Se busca que los participantes conozcan las normas y decretos más relevantes en materia de Transición Energética, comprendan sus derechos y obligaciones frente a la legislación y, sobre todo, se sientan empoderados para participar activamente en la construcción de un futuro energético más limpio y justo”.

Por: Isabela Puyana “El Amazonas es fuente de vida y el pulmón del mundo”, “es una región con gran diversidad, cultura y costumbres”, “la Amazonía significa ecodesarrollo”, “ es sinónimo de vida”. Estas fueron algunas de las frases con las que los asistentes a la primera mesa de diálogo multiactor en Puerto Guzmán definieron su región. El diálogo ocurrió el jueves 20 de marzo en torno al proyecto “Descarbonización del Amazonas” dirigido por Pares, la Fundación Tej, el Centro de pensamiento de Transición Energética y Open Society. Este proyecto, por el cual conversaron distintos sectores del Putumayo, busca entregar lanchas con las cuales se pueda hacer la sustitución de combustibles fósiles por electricidad con navegación fluvial, incorporando paneles solares. También se están implementando jornadas de formación para las comunidades beneficiadas a través de las escuelas TRANSFORMATEJ en las que se lleva conocimientos sobre bases conceptuales de la transición energética.   A esta primera mesa de diálogo que tenía el fin de desarrollar el tema de sostenibilidad, asistieron la comunidad beneficiada de la Institución Educativa Rural La Barrialosa de Puerto Guzmán, junto a otros actores del territorio como concejales, un diputado del Putumayo y personal de la Alcaldía Municipal.   En la sesión, dirigida por Nashry Zahgui, director del Centro de Pensamiento de Transición Energética de Pares, en colaboración del Ingeniero Jhon Correa y del enlace territorial de Pares en Putumayo, Henry Vieda, se identificaron los retos y oportunidades que puede tener para la comunidad la entrega de la lancha y la comprensión del uso y mantenimiento de los paneles solares. También se creó un panorama colectivo sobre los recursos técnicos, financieros y sociales del proyecto: “Deseo que este proyecto piloto de un muy buen resultado en nuestro municipio para que así podamos seguir implementando muchos más modelos como este, pero que además este sea el foco para poder mostrar dinámicas de impacto positivo para el medio ambiente”, afirmó Nolver Figueroa Delgado, diputado del Putumayo.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad De la relación rota con el Congreso emerge la apuesta del gobierno: la consulta popular como un “todo o nada” Aunque ya estaba cantado que la reforma laboral se caería, desde que los 8 senadores de la Comisión Séptima firmaron la ponencia de archivo del proyecto, el golpe simbólico quedó patente tras la votación que se dio en menos de 15 minutos, con un ambiente caldeado por las arengas de los representantes a la cámara del Pacto Histórico que hacían presencia en el recinto y que terminó en roces y gritos entre congresistas, unos llamando a que se medirían las fuerzas en las calles, otros a que la reforma laboral era un asunto irresponsable. La situación terminó por confirmar los temores del gobierno de que existe un bloqueo institucional contra su agenda de reformas. Esta vez, porque ni los llamados a la concertación del bloque de independientes (con la intervención de Jennifer Pedraza) ni los llamados a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el país (con las intervenciones de María José Pizarro y los senadores del Pacto Histórico de la Comisión Séptima) fueron suficientes para evitar el archivo. El bloque de congresistas opositores, amparado en la idea de que estaban siendo perseguidos por el gobierno, hablaron de que no había garantías para ninguna negociación. En el aspecto técnico, con un concepto de la ANDI que señalaba cifras catastróficas en caso de aprobarse la reforma laboral, no cedieron ante la declaración de que existía un aval fiscal para que se implementara la reforma. No es para menos. Aunque venía siendo un rumor en los medios, en horas de la noche se confirmó la renuncia de Diego Guevara como ministro de Hacienda. Según La Silla Vacía , la salida de Guevara se dio en un escenario de tensiones con el presidente, especialmente ante la necesidad de recortar presupuesto, luego de que la Comisión Autónoma de la Regla Fiscal (CARF) indicara que existe una crisis fiscal, ante el déficit en el recaudo de impuestos (que en enero llegó hasta el 12,3%). Con la urgencia del gobierno por ampliar el gasto público para mover proyectos y comenzar a presentar resultados a un año y 5 meses de terminar su mandato, las declaraciones del asesor designado por el MinHacienda para intervenir en la Comisión, Jorge Coronel, de que existía un aval fiscal para la reforma, no generó confianza entre el bloque de 8 senadores que querían el archivo. Que Guevara no estuviera tampoco ayudó. Con la amenaza de este mismo bloque de senadores de tumbar la reforma a la salud, que también fue aprobada en semanas anteriores en plenaria de Cámara y que precisamente pasó a la Comisión Séptima —donde en abril de 2024 también fue tumbada por ese mismo grupo—, las relaciones entre el gobierno nacional y el Congreso de la República quedaron heridas de muerte. Aunque el gobierno nacional sigue manteniendo sus mayorías en Cámara con el bloque de representantes cercanos que tiene tanto en la bancada de gobierno, como en el Partido Liberal, en el Partido de la U y en el Partido Conservador, es claro que en Senado no tiene la suficiente capacidad para mover sus proyectos. Menos cuando el costo de la transacción —es decir, del costo de las negociaciones y el valor de los intercambios políticos— en el Congreso supera ahora mismo el capital político que el gobierno puede mover allí. Ahora mismo, con la salida del Partido Liberal de la coalición de gobierno en enero de 2025, el gobierno tiene asegurado por lo menos 52 votos en la plenaria de esa corporación, cuya mayoría sigue siendo frágil y dependiente de negociaciones. Es en ese ambiente donde el gobierno ha hecho una apuesta arriesgada con la consulta popular como propuesta última, para mover los principios fundamentales de las reformas sociales que faltan por pasar o que se han caído en el camino. También es aquí donde el rol de Armando Benedetti adquiere mucho más sentido como ministro del Interior, pues la jugada del gobierno con su nombramiento es que haga viable y disminuya estos costos de transacción política dentro del Congreso, a través del carisma del hoy ministro y de la capacidad que tendría para negociar con muchos de sus excompañeros parlamentarios. Hay buenas razones para ello. Primero, porque ya los partidos han comenzado a poner posturas sobre la consulta popular. Por un lado, según El Tiempo , Cambio Radical y su líder natural, Germán Vargas Lleras, salieron a oponerse a la consulta e indicaron que sea cual sea su contenido, votarán negativo al proyecto. Por otro lado, de manera sorpresiva, tanto los sectores independientes del Partido Alianza Verde como el Centro Democrático señalaron que esperarían a conocer las preguntas para saber cómo iban a votar. Misma posición que los partidos tradicionales (Liberal, Conservador, De la U) que afirmaron que, aunque poseen bloques abiertamente antagónicos entre oficialistas y opositores al gobierno, buscarán sentar posiciones únicas o dejar libre el apoyo o el rechazo a la iniciativa. Siendo así, el gobierno contaría ahora mismo con los mismos 52 votos que tiene asegurados en Senado desde el inicio de la Tercera Legislatura, tal como lo hemos afirmado desde el informe de la Línea de Democracia y gobernabilidad donde hacemos seguimiento a las movidas de poder dentro del Congreso . La labor de Benedetti estaría, en ese sentido, en lograr el apoyo de la bancada del Partido de la U y tener votos clave en los sectores liberales y conservadores que son independientes y lejanos al gobierno, para superar la mayoría. No obstante, allí surge el segundo reto de la iniciativa que está impulsando el gobierno, que es el contenido de las preguntas, el elemento clave que permitiría que la consulta cuente con apoyos o termine hundiéndose en la plenaria del Senado. Ya el gobierno dio un primer atisbo de como serían estas mismas, cuando el presidente Petro indicó, en un evento de restitución de tierras ancestrales al resguardo indígena arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta , que su primera pregunta sería si el día se acaba a las 6 pm, en referencia a su propuesta de que el recargo nocturno comience a contarse desde las 7 pm y no desde las 9 pm, como ha venido siendo desde la reforma laboral del gobierno Uribe en 2003. La respuesta de la mayoría de los sectores de oposición y de los congresistas independientes no se hizo esperar y ambientan que el debate sobre la pertinencia de las preguntas se volverá un nuevo asalto entre la necesidad de concertar para que este tipo de iniciativas tenga aceptación y pase en el Congreso, o la posibilidad de que suceda un nuevo atrincheramiento de cada uno de los actores en sus posturas, el cierre de cualquier tipo de negociación y suceda el acto final que termine cualquier intento del gobierno por pasar sus iniciativas en el Senado y en la Cámara de Representantes. La “larga marcha” del progresismo: la movilización social responde en las calles, pero el reto es sostenerla Fuente: Sergio Saavedra, Fundación Paz y Reconciliación Un hecho es innegable: las manifestaciones del pasado 18 de marzo fueron masivas, tanto o más que las marchas del primero de mayo de 2023 y 2024, donde el gobierno, apalancado en las movilizaciones de los sindicatos y de los partidos del ala más izquierda de su bloque de gobierno, ha logrado reunir mucha gente. Y aunque el éxito de las manifestaciones no puede medirse solamente por la cantidad de sus asistentes, sí es verdad que en este caso la gente contestó al gobierno en las calles ante dos cosas fundamentales: el cantado hundimiento de la reforma laboral y la consulta popular. Ambas tuvieron suficiente calado porque responden a dos fenómenos. El primero tiene que ver con la reforma laboral como la expresión de varias de las principales demandas del movimiento social espontáneo que emergió durante los estallidos de 2019 y 2021, en tanto los principales puntos de la reforma (inicio del recargo nocturno a las 7 pm; aumento del recargo dominical del 75% al 100%; Incremento en la indemnización por despido sin justa causa; contrato laboral a término fijo para practicantes o aprendices, entre otros) buscaban responder a la necesidad de mejoras en las condiciones laborales, mayor estabilidad en el empleo y protecciones contra despidos injustos. Su hundimiento termina siendo un golpe mucho más fuerte hacia un amplio sector de la sociedad que esperaba estas mejoras, y que termina siendo un ignitor del descontento social. El segundo tiene que ver con la capacidad que ha tenido el gobierno para posicionar entre sus bases la idea de que existe un bloqueo político institucional en el Congreso de la República, que ha impedido que su agenda de reformas sea negociada y haya terminado siendo víctima de estrategias de ralentización y estratagemas legales para impedir su discusión y debate, tanto por conceptos técnicos como por consideraciones ideológicas. No obstante, aunque este discurso ha venido siendo sostenido por el presidente Petro desde mediados de 2023, tras el inicio de la segunda legislatura, ahora tiene más efectividad en tanto tocan una reforma social mucho más cercana a las necesidades inmediatas de la gente. El problema que tiene el gobierno es si tiene la capacidad de mantener el desgaste que implicará la discusión de la consulta popular a lo largo del tiempo que dure su trámite. Inicialmente, porque esta dependerá primero de que sea aprobada en la plenaria del Senado, donde, como lo señalamos en el apartado anterior, el gobierno no tiene suficientes mayorías. En caso de ser aprobada, el reto estará en dos grandes puntos donde el gobierno ha tenido problemas: por un lado, la capacidad de movilizar a sus bases para que comuniquen y hagan pedagogía sobre las preguntas de la consulta. Como antecedente, en 2018 Claudia López, Angélica Lozano y varios políticos en el país impulsaron la consulta popular anticorrupción bajo la campaña “7 veces SÍ” que, aunque tuvo bastante aceptación entre la gente, no cruzó el umbral de votos necesario para que alguna de sus preguntas se convirtiera en proyectos de ley. Mismo problema que tuvo la pedagogía alrededor del SÍ en el Plebiscito por la Paz de 2026, en la que los discursos conspirativos de la campaña del NO lograron movilizar a amplios sectores de la población y ganaron en aquellos comicios. Por otro lado, el gobierno tiene la tarea de convocar a sectores sociales que se han distanciado, ya fuese por desencanto o rupturas con el gobierno (como el movimiento feminista, que tras el nombramiento de Benedetti como MinInterior se ha alejado en su mayoría de Petro) o que directamente no están convencidos ni de que la consulta popular sea la salida, ni de que la agenda de reformas sociales sea la más adecuada. Varios sectores políticos le quieren apostar al llamado a la abstención (antes que a una campaña por el NO a esta consulta) como una medida más efectiva, apelando a que, en general, la cifra de abstencionistas en las elecciones nacionales en el país en promedio está por encima del 50%. Por ahora, el gobierno apuesta por trasladar el debate de las reformas a la ciudadanía, pero enfrenta un reto doble: no solo garantizar que la consulta sea viable políticamente en el Congreso, sino también que logre movilizar a una base electoral que, aunque el pasado martes llenó calles y plazas, hasta ahora no ha mostrado una respuesta más contundente a su llamado a la movilización. A eso hay que agregarle los tiempos, pues quedan solo 1 año y 5 meses de gestión, en las que el gobierno debe correr prácticamente una contrarreloj.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. En el marco del "día del hombre" que se celebró en Colombia el 19 de marzo, es clave preguntarles ¿cuándo dejarán de callar convenientemente? ¿cuándo dejarán de ser cómplices entre ustedes?  Porque, mientras reclaman, innecesariamente, un “detallito” por su día, nosotras seguimos contando a nuestras muertas y exigiendo justicia. Sólo hace dos semanas, como cada 8 de marzo, miles de mujeres salimos a las calles exigiendo justicia y rechazando la violencia que nos asesina a diario y una vez más, nos enfrentamos a hombres diciéndonos a las mujeres cómo comportarnos, pero no entre ellos cómo hacerlo. Será un “feliz día del hombre” el día en que no nos tengamos que enfrentar a hombres que nos acusan de excluyentes e intransigentes y nos juzgan de inconformes porque ya hemos logrado mucho y queremos más, o soportar que posen de aliados ocupando nuestros espacios con sus discursos vacíos, alimentados de su grosera condescendencia. Lo que esperamos, este día y siempre, es que reconozcan su agencia en la reproducción de las violencias basadas en género y que asuman su responsabilidad. Si tantas ganas tienen de ser reconocidos y felicitados, pues rompan el pacto patriarcal y acusen a sus amigos violentadores . Pero no, los hombres no pueden callar, convenientemente, porque siempre han sido los dueños de lo público y no se exponen entre ellos porque se cobijan en su complicidad. Les aterra la idea de ceder el micrófono, les cuesta detenerse un solo día y reflexionar sobre la urgencia de las demandas del movimiento feminista.   Pero las cifras no mienten y hablan por sí solas. Según el Mapa Latinoamericano de Feminicidios en América Latina y el Caribe, se registra un feminicidio cada dos horas, entre 2023 y 2024 se presentaron 8.933 casos en la región; y según el Observatorio Feminicidios Colombia, en el país se presentaron 886 casos en 2024, y ya alcanzamos 79 feminicidios en lo que va de 2025. Adicionalmente, según ONU Mujeres, a este ritmo, la igualdad de género en los cargos de poder tardará 130 años en alcanzarse. Apenas 28 mujeres ocupan jefaturas de Estado o de Gobierno en todo el mundo, el 22,9% de los ministerios clave están dirigidos por mujeres y solo 9 países del mundo se destacan por tener una paridad a cargo de ministerios. A pesar de esto, de cierta forma puedo entender la incomodidad de los hombres al ver miles de mujeres decididas a ocupar las calles, comprendo que es difícil sentir amenazado su privilegio, sin embargo, esto no se trata de ustedes, ni de la ridícula forma cómo reclaman reconocimiento por el tal día del hombre. Les recuerdo que no necesitamos hombres salvadores aliades, necesitamos hombres sensatos, porque las violencias que ejercen contra nosotras son inaceptables y no nos cansaremos de denunciarlos. No pararemos hasta que la violencia patriarcal sea eliminada. A diferencia de los reclamos absurdos y cínicos de los hombres cada 19M, pues cada 8M las mujeres volveremos a marchar porque el mundo sigue sin funcionar para nosotras, pues no nos moviliza el capricho, sino la necesidad de enfrentar a quienes se creen con derecho a disponer de nuestros cuerpos. Que quede claro que no vamos a parar de insistir en que esto tiene que cambiar. No se equivoquen, les guste o no, seguiremos ocupando las calles. Feliz, el día que dejen de matarnos.

Por: Natalia Reina 2024 será recordado como el año en donde los bosques en Colombia ardieron. 6.293 casos de incendios forestales, que dejaron más de 216 mil hectáreas afectadas. Esto despertó una pregunta y una inquietud, ¿Están preparados los equipos de bomberos en Colombia para contrarrestar estos percances? Por eso Pares le puso la lupa al cuerpo de bomberos de una población específica, Galapa en Atlántico. La priorización de dicho municipio se debe a la gran importancia que ha adquirido como corredor industrial de la región, y por ende, su pertenencia para la expansión del departamento. Adicionalmente, Pares conoció denuncias específicas sobre la actividad bomberil en Galapa, lo que motivo al presente ejercicio investigativo.   La maraña política también ha afectado al cuerpo de bomberos de Galapa. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Galapa lleva casi una década atendiendo las emergencias presentadas en el municipio. Sin embargo, en los últimos cuatro años, presuntamente, las distintas administraciones locales han puesto en marcha una campaña de desprestigio en contra del cuerpo bomberil; por lo que han señalado reiteradamente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios (CBV) como responsable del mal manejo de recursos públicos asociados a la gestión del riesgo. No obstante, tales señalamientos son contradictorios con la respuesta que dio el municipio a Pares frente a sentencias o documentos oficiales expedidos por los entes competentes en donde se constate y respalde tales afirmaciones.   Estas disputas provocaron lo siguiente: por dos años la administración municipal de Galapa, apoyada por el clan Char, dejó en riesgo y desprotegida ante cualquier emergencia a la ciudadanía . La alcaldía siguió cometiendo errores como contratar carros de bomberos que no cumplían con las funciones básicas de apagar un incendio.   Lo valioso de este informe es que muestra, con el caso del cuerpo de bomberos de Galapa, como una administración municipal, en donde tiene alta influencia el clan Char, puede apropiarse con los recursos usando a algo tan importante para un municipio como es su cuerpo de bomberos.

Por: Daniela Bernier Pacheco Las empresas de energía eléctrica en el Caribe continúan en crisis y la opción tarifaria propuesta por el Gobierno, ya no va más. El año pasado por las altas tarifas de energía y cortes del servicio, el Caribe se unió para marchar en contra de las empresas prestadoras del servicio eléctrico. En medio de esta coyuntura, en la que hubo hasta un vallenato protesta, en la que se narra la situación que viven la gente del Caribe; el Gobierno Nacional propone la opción Tarifaria asumiendo esa deuda millonaria, que comenzó con el martirio de la región en el año 2020. A inicios de año, el gerente de EPM señaló que Afinia una empresa prestadora de energía eléctrica en el Caribe, estaría en graves aprietos por las faltas de pago de subsidios, las pérdidas, entre otros factores que podrían colocar en riesgo del suministro eléctrico en departamentos como el Cesar y el Magdalena. Hace uno días, pidió ayuda a la liga de alcaldes, porque el apagón en la región Caribe sería una realidad si el Gobierno Nacional no paga la deuda por subsidios a la empresa. ¿Qué pasó ahora?, el Gobierno dentro de la propuesta de Ley de Financiamiento tenía previsto asumir los saldos de la opción tarifaria, beneficiando con esta medida a los estratos 1,2 y 3. Permitiendo así, la reducción del valor de la factura de energía para la población más vulnerable del país. Sin embargo, el ministro de Minas y Energía Edwin Palma, expresó a la FM, que esto ya no sería posible. “(…)Hay unos saldos de opción tarifaria, que le darían caja a las distribuidoras, ya no fue en la ley de financiamiento, que estaba planteada por el Gobierno Nacional, que decidió precisamente la bancada Caribe no apoyar en contra de los intereses del pueblo caribeño(…)” Si bien la bancada Caribe tuvo sus razones para tomar su decisión, lo cierto es, que con esta decisión envía un mensaje contundente a la región Caribe y es, que la opción tarifaria no va más, así, que si la situación energética del Caribe ya estaba critica ahora se agudiza más, porque el Gobierno, no cuenta con los recursos para asumir una deuda millonaria. Aquí, la bancada Caribe debe reflexionar, porque su decisión no contribuye al pueblo, pueblo que la eligió y que confió en ellas. Continuará la horrible noche en el Caribe y quizás, volveremos a ver el cielo estrellado y no por voluntad propia, si no por un apagón sin precedentes, que nos hará reflexionar una vez más de cuantos años más tendremos que esperar, para contar con un servicio digno, que no atente contra nuestra tranquilidad. Un Caribe entre velas y Esso Candela no quiero yo.

Por: León Valencia Les digo a los moderados, a los genuinamente preocupados por la gente, no hagan fila detrás de la derecha, no le crean todo lo que dice. Las reformas sociales y políticas que ha presentado Petro tienen demasiados problemas técnicos, dice la derecha y repiten sus tecnócratas, quizás sea así; el presidente, no tiene ninguna voluntad de hablar y oír y concertar y llegar a acuerdos, también podrían tener alguna razón; se trata de una estrategia de polarización en la que culpa a los ricos de los males del país y se postula como salvador de los pobres, sin duda hay algo de eso; la consulta popular apunta a calentar su electorado para las elecciones de 2026, puede ser la intención.   No voy a sacarle las castañas del fuego a Petro. Ni más faltaba.  No es mi oficio, ni creo que el presidente lo necesite, aunque sus feroces contradictores me endilguen el acertijo.   Pero, no nos digamos mentiras, a la derecha colombiana no le gustan las reformas sociales, o le gustan muy poquito, un gota a gota, cuando no le queda más remedio, un construir sobre lo construido, dice, no le gusta la movilización popular, así esté acudiendo a ella en los últimos tiempos, no le gustan las consultas a las poblaciones y a los territorios donde adelantan sus grandes proyectos económicos.   No les gustó la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo, el más técnico de los presidentes en los últimos sesenta años; no les gustó la paz de Santos, alguien de sus propias tropas, tan moderado él, tan concertador, una paz negociada durante seis años, debatida hasta la saciedad, sometida a plebiscito y vuelta a negociar con la derecha para suavizarla, para reconocer su triunfo en el plebiscito; no les gustó la consulta anticorrupción y no prestaron atención a su caudalosa votación y ahora se rasgan las vestiduras con los escándalos que han aparecido en este gobierno; tampoco le prestaron atención al gran campanazo del estallido social, a los siete millones de personas que marcharon en seiscientos municipios y prefirieron atacarla primero y descalificarla después por los graves desmanes de minorías vandálicas.     Están cómodos en el país que han dirigido siempre, o casi siempre, para qué cambiar, para qué aventurarse con las reformas. No importa que este país tenga el segundo lugar en la concentración de la tierra en el planeta; no importa que sea el número quince en bajos salarios en el mundo; no importa que sea uno de los más desiguales de América Latina; menos importa la segregación de territorios y de etnias en el Chocó, en la Guajira, en el Cauca, en fin, en medio país; tampoco importa que en el empleo informal y precario laboren más de doce millones de personas; y no se preocupan demasiado por las graves violencias acumuladas, o mejor, si se preocupan un poco, cuando esas violencias los agreden de modo brutal, cuando en su furor desataron el abominable secuestro.   Les digo estas cosas a muchos amigos del centro del espectro político genuinamente preocupados por la marcha del país, personas a las que de verdad les duele le gente, participo en algunos chats donde confluyen, discuto con ellas sobre la situación nacional; en diciembre, incluso, fui a República Dominicana donde pasaban vacaciones empresarios con inversiones en Colombia para responder a sus inquietudes, igualmente me encontré con emprendedores en el Caribe colombiano; también atiendo las preguntas que me hacen en reuniones y en las calles transeúntes bastante preocupados con lo que oyen y ven en los medios de comunicación.   Este país es de todos, les digo, este año crecerá la inversión, no le tengan miedo a invertir, el mismo gobierno, seguramente, echará mano de lo que no ha ejecutado para empujar sus proyectos sociales; no se dejen asustar por el fantasma del autoritarismo de la izquierda, esta izquierda, que ha sufrido como nadie la violencia, ni quiere, ni puede, romper el hilo democrático, es la ampliación a trompicones de la democracia lo que le ha permitido llegar a la presidencia.   Le digo a la derecha, acepté de una vez por todas la alternación, acepté la derrota presidencial de 2022, aglutinen sus fuerzas para disputar con lealtad la presidencia en el 2026, miren este país con otros ojos, con los ojos de la tolerancia, de la equidad, comprendan que la mayoría de los colombianos no están bien, que es necesario cambiar, no se irriten tanto porque por una vez y temporalmente han perdido la presidencia.   Acepten el reto de la consulta popular, denle su aval en el Senado, lo más probable es que no reúna los más de trece millones que demanda el umbral, es difícil en este país llegar a ese resultado, pero, aun así, sabremos cuanta gente quiere de verdad las reformas y cuánta gente es indiferente o adversa a las transformaciones, tendrán con ello una noticia más clara de que hacer en las elecciones de 2026.   Les digo a los moderados, a los del centro, no se dejen arrastrar por la derecha a una ciega oposición a las reformas, postulen su proyecto reformista y compitan con la izquierda en ese terreno, la consulta es un buen escenario para construir y difundir un discurso propio, el escenario electoral del 2026, será, muy probablemente, una disputa entre reformistas de todos los colores, la discusión sobre la necesidad de las transformaciones llegó para quedarse.

Por: Natalia Reina Las movilizaciones convocadas en las diferentes ciudades del país se caracterizaron por contar con masiva asistencia. A lo largo del gobierno Petro se ha empleado en repetidas ocasiones el llamado a las calles, como una estrategia de radicalización democrática para presionar al legislativo y demostrar el apoyo popular al gobierno; sin embargo, las movilizaciones de hoy poseen un factor distintivo: la reactivación de la ciudadanía no organizada o colectivizada, es decir, el ciudadano de a pie, que en recientes movilizaciones no había acudido en grandes proporciones. Si bien es cierto que se evidenció gran participación de actores gremiales como la CUT, FECODE o SENA, también se hizo evidente un porcentaje importante de marchantes que no responden a una agremiación en particular. Los liderazgos políticos de carácter nacional y regional acompañaron las convocatorias. En Bogotá hicieron presencia Antonio Sanguino (ministro de Trabajo), Guillermo Alfonso Jaramillo (ministro de salud) María José Pizarro (senadora del Pacto Histórico), Andrés Camacho (ex ministro de minas), Susana Muhamad (ex ministra de ambiente), Holman Morris (gerente de RTVC), entre otros. Ahora bien, los apoyos también provinieron de otras agrupaciones políticas, en Barranquilla marchó Dolcey Torres, representante a la Cámara, avalado por el Partido Liberal, perteneciente al Clan Torres y hermano de Euclides Torres. En Cali, tras muchos días de silencio y posterior a su salida del Ministerio de la Igualdad, la vicepresidenta, Francia Márquez se movilizó e intervino en la plaza pública, sosteniendo un discurso cercano a las bases populares. Se refirió a la necesidad de continuar respaldando las reformas sociales desde las calles, e hizo un llamado de atención a centrarse en las elecciones de 2026, afirmando “ no solo es salir a las calles, sino que ustedes deben tomar decisiones en las próximas elecciones, porque si siguen eligiendo al Congreso que han elegido, el pueblo seguirá sometido ”. Así mismo, insistió que su gestión en el gobierno ha enfrentado obstáculos “también tengo que decir que hay gente que llegó al gobierno a dañar lo que ustedes construyeron”. Por otra parte, las convocatorias de movilización surgieron en todo el territorio colombiano, en lugar de limitarse a las principales ciudades del país. De manera que, hubo movilizaciones en municipios como Buenaventura, Quibdó, Valledupar, Montería, Tunja, Tuluá, Guapi. De hecho, el Ministerio de Defensa, estimaba el avance de 188 marchas en todo el país. Las movilizaciones también se caracterizaron por no reportar hechos relevantes con los cuales se afectarán el orden público. Es importante mencionar que en Cali se dieron dos casos puntuales que si alteraron la movilidad; sin embargo, estos no se enmarcan en la jornada, pues los puntos en donde se presentaron no hacían parte de la ruta de movilización. Se trata de la quema de tres llantas en la autopista suroriental con calle 26, frente a la planta de EMCALI; así como, la quema de un bus del Sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO) frente a la Universidad del Valle en la avenida pasoancho, acciones cometidas por un grupo de encapuchados. Sumado a ello, la Defensoría del Pueblo resaltó la normalidad en el desarrollo de movilizaciones en ciudades como Bogotá, Valledupar,  Buenaventura, Santa Marta y Sincelejo.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El Alto Comisionado Consejero para la Paz, Otty Patiño, dio a conocer este 10 de marzo de 2025 la idea de crear un nuevo organismo para coordinar el tema de paz en el país, llamado Consejo Nacional de Implementación. Quiere en estos momentos realizar un rediseño institucional que permita la convivencia entre los organismos encargados de implementar el Acuerdo Final de Paz —firmado el 24 de noviembre de 2016, entre el Gobierno nacional y las ExFarc-ep— y la política pública de Paz Total —Ley 2272 de 2022—.   Con esta nueva organización nacional, el Alto Comisionado Consejero para la Paz busca articular en un solo organismo los temas de paz, tanto de implementación de acuerdos pasados como los actuales que se están logrando con los grupos armados con los que se negocia en la Paz Total. Un organismo colectivo que ponga en diálogo a la recién creada Unidad de implementación para el Acuerdo de Paz, dirigida por Gloria Cuartas, como las otras agencias encargadas de la implementación, como la Agencia de Renovación del Territorio (ART) o el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).   Esta es una idea en la que viene trabajando la oficina de Otty Patiño desde hace meses y con las que busca darle un giro a la maltrecha política pública de Paz Total. Pues, en el último año, y luego de la firma de varios acuerdos parciales con los grupos armados, se ha visto la necesidad de poner en armonía las diversas organizaciones que se encargan de implementar los acuerdos de paz a los que se llegue con los dispares actores armados ilegales.   Para el Gobierno, el Consejo Nacional de Implementación es una propuesta ambiciosa de matrimonio, entre el Acuerdo Final y la Paz Total. Una propuesta que de aceptarse y consumarse lograría poner en una sola morada o casa a la pasada política de paz Estable y Duradera del gobierno de Juan Manuel Santos con la política de Paz Total del actual gobierno de Gustavo Petro. Teniendo está última la pretensión de convertirse en política de Estado y que logre atar a los gobiernos venideros.   Desafortunadamente, esta propuesta de unión marital formal ya tiene un primer detractor. Según un comunicado conjunto de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) en su Componente Comunes está no es una proposición conveniente para el país. Pues, según los firmantes de paz, los dos posibles cónyuges tienen “un origen, una naturaleza constitucional y unos compromisos muy distintos”.   Para la CSIVI y el CNR el “Acuerdo de Paz de 2016 es un pacto de Estado que debe cumplirse con garantías y seguridad jurídica” mientras que “la Paz Total sigue siendo una estrategia en construcción, sin un marco normativo claro y con efectos inciertos para la estabilidad del país”. Es decir, la primera política tiene un amarre constitucional y unas disposiciones normativas que lo hacen viable y exigible a los gobiernos colombianos, mientras que la otra no tiene los desarrollos normativos y organizativos que la hagan entendible, aplicable y creíble.   Además de está diferencia organizativa e institucional, el comunicado conjunto deja ver el cuestionamiento que los dos organismos del Acuerdo Final tiene a la política de Paz Total. Reconoce que, aunque la Ley 2272 de 2022 hace referencia a la obligación del Estado de trabajar en la implementación del Acuerdo con las Farc-ep, está disposición se pierde con el énfasis que el gobierno Petro le ha puesto a la negociación política y el sometimiento de todos los grupos armados políticos y criminales.   Para los críticos, los diálogos de paz con los grupos armados ilegales no es apropiada, pues estos acercamientos están “otorgando beneficios políticos a grupos que continúan en armas y asesinan firmantes de paz”. De allí que estos dos organismos —tanto la CSIVI como el CNR— estén llamando a la comunidad internacional, a la Misión de Verificación de Naciones Unidas, a los Países Garantes y Acompañantes del proceso de paz con las ex Farc-ep para que se opongan a esta propuesta de matrimonio.   En el comunicado conjunto le piden a estos organismos que “insten al Estado colombiano a cumplir plenamente el Acuerdo Final de Paz”, pues, “sustituir los compromisos firmados por estructuras improvisadas que ponen en riesgo lo alcanzado constituye una violación al Acuerdo”. Quieren que este contrato matrimonial no se realice, el permitir está unión es como casar a dos partes que no pueden vivir en la misma casa, donde una de ellas ha mostrado fallos en la tarea de implementar un Acuerdo Final de paz.   Según los críticos al matrimonio, durante ocho años los gobiernos han mostrado que no son capaces de cumplir a cabalidad las promesas que tiene el Acuerdo Final y dudan mucho que con esta unión se logre cambiar la conducta irresponsable. Son muchos los retrasos, por ejemplo en tierras, en políticas de reforma rural o en tratamiento integral que debe dársele al problema de las drogas ilícitas: “Las tierras prometidas no han llegado en su totalidad, los proyectos productivos no cuentan con sostenibilidad, y la seguridad de los firmantes y sus comunidades está en crisis”. Logrando con ello una implementación que “sigue siendo frágil y fragmentada”.   Sin embargo, hay que decir a favor del proponente de matrimonio que es una idea muy sensata, coherente y con mucho potencial para la construcción de paz en Colombia. En la actualidad hay muchas instancias que trabajan de manera descoordinada en materia de implementación de acuerdos de paz. Y se requiere de un rediseño en la arquitectura institucional para que se logre armonizar esfuerzos y establecer responsabilidades. La construcción de paz requiere una gobernanza adecuada, que permita de forma eficaz cumplir con lo pactado.   También, es urgente poner en diálogo los diversos procesos de paz y acuerdos a los que se llegue. La política de paz, tanto la anterior de Santos como la actual de Petro, tienen en común el enfoque de la paz territorial. Buscan impactar el bienestar de la población que ha sufrido y sufre el conflicto; además con cambios claros y precisos en las veredas, municipios y regiones. Lo que haría el Consejo Nacional de Implementación sería poner en diálogo a las diversas organizaciones del Estado, reducir costos y aumentar efectividad.   Finalmente, estaría el Gobierno y el Congreso de la República dejando atada, de manera más segura, la política de Paz Total como política de Estado. En la Ley 2272 de 2022 se prometió a la ciudadanía que la búsqueda a la salida negociada al conflicto no debe ser asunto de uno u otro presidente, sino una tarea de largo plazo, que llegue el que llegue debe seguir implementando. La idea de unir un componente con fortalezas institucionales y organizativas con otro débil y sin desarrollo permitiría a la política de Paz Total la sobrevivencia y permanencia ante cambios de gobierno.   En conclusión, esta propuesta de matrimonio tiene unas ventajas considerables. En especial para la actual política pública de Paz Total. Pero le están apareciendo críticos que hacen advertencias sobre la inconveniencia de está unión. De allí que el presidente Petro deberá, antes de darle la bendición o permitir el registro ante una notaría, evaluar los pro y contra de esta nueva arquitectura de gobernanza. No vaya a ser que por arreglar una vida dañe otra con la unión que propone.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En la primera semana de marzo de 2025, la periodista María Jimena Duzán, en su podcast A fondo , puso el tema de la actualidad de la universidad. Planteó que estos centros de pensamiento se encuentran, en las últimas décadas, en mucho movimiento y transformación; y que las universidades en el mundo ya perdieron “el monopolio del conocimiento”.   Destacó la periodista y sus dos invitados que la humanidad está pasando, desde hace más de medio siglo, por una serie de revoluciones, como la  tecnológica y la digital; y que hoy se enfrenta, con mayor intensidad, al advenimiento de la inteligencia artificial (IA). Lo que está provocando que, como pasa con toda revolución, se esté cambiando nuestra forma de vivir y enfrentar lo cotidiano.   Entre los sistemas que se han afectado con estas revoluciones está el educativo, y en él el universitario. Hoy las universidades están abocadas a ser otras cosas o al menos labores distintas a las que históricamente han desempeñado. Desde su nacimiento, hace ya un milenio, las universidades nacieron monopolizando el conocimiento, y lograron, además de producirlo, acumularlo y transmitirlo de manera eficaz.   Pero hoy la IA está obligando a  las Instituciones de Educación Superior (IES) a repensar y cambiar la manera de actuar. Las máquinas de “pensar rápido”, construidas con la capacidad de enriquecerse con gran cantidad de información, pueden, usando los modelos predictivos con que se le alimenta, sugerir alternativas de solución o tratamiento de un problema específico.   Es aquí donde aparece el reto para los sistemas educativos, tanto el primario y secundario como el terciario —que comprende las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias—. Es en este entorno donde debe pensarse de nuevo la universidad. Reconocer que algunas de sus funciones las están asumiendo con mayor eficiencia los desarrollos tecnológicos.   La IA, que se ha construido con el esfuerzo humano, viene complementando las habilidades humanas del pensar. Incluso, dado el mayor poder de acumular y procesar información, puede ser más eficiente en algunas funciones que históricamente el ser humano ha realizado. Pero las capacidades humanas de ampliar su funciones o profundizar en algunas de ellas continúan.   El ser humano tiene el poder de pensarse y potenciar sus capacidades. Precisamente en momentos como estos, de cambios o crisis, es capaz de identificar los riesgos y oportunidades con el desarrollo de la IA en el sistema educativo. Proponiendo alternativas para que las universidades se adapten a los cambios tecnológicos.   El camino de la universidad es simple: debe seguir formando ciudadanos creativos, críticos y reflexivos. La función de la universidad no debe seguir siendo solo la de formar profesionales con un nivel de conocimiento técnico alto, pues la IA podría reemplazar muchas de estas funciones. Lo que se requiere es que cumpla su función humana de pensar, estudiar las diversas alternativas a la solución de problema, y que lo haga de una forma creativa.   También, que este pensamiento sea reflexivo y crítico. Profesionales capaces de comprender el entorno, de usar la información que tienen a su alcance para identificar caminos y elegir el más adecuado. Que discuta las consecuencias de tomar una decisión. No solamente que tenga en cuenta las mejoras en la productividad, sino que ayuden de manera efectiva y responsable a mejorar el bienestar humano y ambiental.   Formar una ciudadanía capaz de vivir en comunidad, reconociendo las diferencias que existen y proponiendo alternativas de convivencia, teniendo en cuenta los contextos. Un ciudadano que reconozca las diferencias, pero que sea capaz de comunicarse y convivir. Estamos necesitados de seguir pensando la democracia, los sistemas de gobierno y la convivencia humana y planetaria.   Como podemos constatar, los problemas de la humanidad seguirán siendo muy similares a los actuales. Seguiremos teniendo pobreza y desigualdad, riesgos con el cambio climático e inseguridad alimentaria, y problemas sobre las causas y consecuencias de los conflictos armados, entre otros. Pero las soluciones podrán ser siempre otras.   El papel de las universidades será formar profesionales que valoren la libertad de pensamiento, la crítica y el estar atentos a las valoraciones y elecciones sociales. Para que cuando se tenga que tomar decisiones, sepan considerar los efectos positivos o negativos que tienen estas en el bienestar social, en la redistribución de la renta, en la disminución o aumento de la pobreza y en el cuidado del planeta.   El reto de las universidades es invitar a los que lleguen a ella a usar el pensar. Que sean capaces de dudar de la información que le ofrece la máquina, pues puede que la información sea incompleta o inventada. De dudar de los modelos que las diversas ciencias les ofrecen para interpretar la realidad o corregir los problemas.   La idea no es tener miedo desde la universidad a los desarrollos tecnológicos y revoluciones. Lo que hay que hacer es aprovecharlos. Seguir el camino que la universidad ha construido desde que se fundó. Seguir usando la razón, pero profundizar en la actitud de construir un pensamiento crítico, reflexivo y crítico a lo largo de la vida.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Daniela Bernier Pacheco Desde hace un tiempo las noticias de hidrocarburos se encuentran asociadas a la crisis del gas que atraviesa Colombia y es que, se dice que el país va a entrar un desabastecimiento de gas sin precedentes. Tales suposiciones vienen desde el año pasado cuando el entonces ministro de Minas y Energía tuvo que desmentir en reiteradas ocasiones que no existía desabastecimiento de gas. Pese a las declaraciones del ex ministro Andrés Camacho, este año el asunto escaló al Senado de la República de Colombia, en dónde uno de los senadores estableció que existía un riesgo de desabastecimiento de gas y que de acuerdo a los datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos las reservas de gas pasaron de 2,82 terapíes cúbicos (TPC) en 2022 a 2,37 TPC en 2023, lo que representa una caída del 16 % y deja a Colombia con solo 6,1 años de autosuficiencia en gas. Por su parte el Ex ministro de Minas y Energía expresó que: “Nos sigue rondando el fantasma de la importación de crudo y de mayores importaciones de gas natural. La única manera de evitarlo es incentivando la exploración mediante la firma de nuevos contratos de exploración y producción, incorporando más barriles de petróleo y más gigapies de gas. No hay otra fórmula” . Esta incertidumbre acerca del desabastecimiento del gas del país se agudizo más cuando el presidente de la República en su red social X, expresó que había decidido que Ecopetrol debía entrar a intervenir en la importación y gas y comprarlo a Catar a precios razonables, pues así el monopolio de la importación del gas se acabaría. Teniendo en cuenta, las declaraciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y que el Gobierno Nacional dijo no más a los procesos de exploración y explotación de hidrocarburos, Colombia podría quedarse sin reservas de gas para el año 2029, pues habría que empezar a importarlo. El riesgo más grande del país en torno a la importación de gas o de cualquier otro recurso para el funcionamiento del territorio nacional pone en jaque la autonomía del país, pues el mismo se enfrentaría a una crisis sin precedentes al dejar el abastecimiento de gas en manos de los importadores. En este sentido, se hace necesario que la implementación de los biocombustibles se acelere y que proyectos como los de Sirius (el hallazgo más importante de la historia del país); un ejemplo claro de la dependencia del gas importado, es la Unión Europea, que se vio inmersa en una crisis de gas por el conflicto Rusia-Ucrania y que puso en riesgo el suministro de gas en los países que la conforman. Conservar el suministro de los recursos necesarios para el buen funcionamiento de los Estados en fundamental para evitar crisis sociales que puedan agudizar los conflictos internos, en este sentido, Colombia debe continuar con la Transición Energética, porque si no se toman las medidas ahora, más adelante los ciudadanos sufriremos las consecuencias de la dependencia de combustibles fósiles, es hora de avanzar, es hora de que se impulse y se diversifique la matriz de los combustibles en el país, para la vida y para el progreso de la Nación.

Por: Línea de Interculturalidad de Pares Foto: La Opinión El primer trabajo que tuvo Leo Matiz en México fue gracias a la recomendación de Porfirio Barba Jacob. Corría el año 1942 y el poeta colombiano, aún con seguidores en esa ciudad que alguna vez fue Tenochtitlán, le consiguió un empleo en la revista Así. Pero Barba Jacob le dio algo aún más valioso: un consejo que marcaría su carrera. Le recomendó visitar los cafés, escuchar las conversaciones de los borrachos, sumergirse en la atmósfera densa de cigarrillo y mezcal, absorber el color local. Matiz, con apenas 25 años, llegó a México con más experiencia de la que su juventud podía sugerir. Ya había trabajado para El Tiempo y la desaparecida revista Estampas. Había expuesto en República Dominicana y en El Salvador, pero al ver la inmensidad de la Ciudad de México, sintió miedo. No le aterraban los millones de habitantes que transitaban sus calles, sino el fantasma del fracaso.   Por entonces, los estudios Churubusco Azteca estaban en pleno apogeo. La industria cinematográfica mexicana competía con Hollywood, y de sus sets surgían estrellas como María Félix, Dolores del Río y Katy Jurado, así como grandes directores como Emilio “El Indio” Fernández y Juan Bustillo Oro. Pero la devoción de Matiz fue para Gabriel Figueroa, el legendario director de fotografía que incluso trabajó con Sergei Eisenstein, uno de los padres del cine soviético.   Mientras realizaba reportajes gráficos para la revista Así, en los que debía fotografiar paisajes —una tarea que no le entusiasmaba demasiado porque, como él decía, “el mejor paisaje es el rostro de un indio”—, comenzó a trabajar en el cine. Participó en varias producciones dirigidas por figuras como Julio Bracho y llegó a aparecer en los créditos de Fiesta Brava, una película de Richard Thorpe filmada en Hollywood.   Sin embargo, a Matiz no le interesaban tanto los escenarios como los seres humanos. A finales de los años 40 realizó una serie de retratos sobre los marginados de México. Cuando se los mostró a Luis Buñuel, el cineasta español, que por entonces intentaba afianzarse en la industria cinematográfica mexicana, este quedó impactado. Se dice que esa serie fotográfica inspiró Los olvidados (1950), la obra maestra con la que Buñuel conquistaría el Festival de Cannes y se consagraría mundialmente.   Pero si algo definió la estancia de Matiz en México, fue su relación con los muralistas. Admiraba a Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, de quienes aprendió sobre composición, iluminación y perspectiva. Siqueiros, en particular, se convirtió en su amigo cercano. Sin embargo, la amistad terminó en un agrio enfrentamiento. En 1947, Matiz descubrió que Siqueiros había utilizado 500 de sus fotografías como referencia directa en los murales que exhibía en el Palacio de Bellas Artes, sin darle crédito alguno. Indignado, el fotógrafo lo demandó. La represalia de Siqueiros fue brutal: utilizó toda su influencia para arruinarlo y, finalmente, incendiaron el laboratorio fotográfico de Matiz. Sin más opción, el joven de 27 años abandonó México.   Pero el destino siempre colocaba a Matiz en el lugar y el momento indicados. Si no hubiera dejado México, no habría sido testigo de El Bogotazo. El 9 de abril de 1948, estaba en Bogotá cuando el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán desató una revuelta sin precedentes. Matiz capturó el horror con su lente y sus imágenes fueron publicadas en revistas de prestigio mundial como Life y Selecciones de Reader’s Digest. Un año después, en 1949, fue reconocido como uno de los diez mejores fotógrafos del mundo.   Viajero incansable, recorrió el mundo en los años 60 y 70, retratando su esencia con una mirada única. Su legado es tan vasto como su vida. El 24 de octubre de 1998, a los 81 años, Leo Matiz falleció. En Aracataca, su pueblo natal, pocos lo recuerdan. Pero ahí están sus fotografías, testimonio de su grandeza, prueba irrefutable de que fue otro de los personajes ilustres de Macondo. Su obra es inmortal. Su nombre jamás será olvidado.