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Por: Juan Manuel Velandia, Investigador de la línea de Democracia y Gobernabilidad Foto: MOE El pasado jueves, 6 marzo de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en conjunto con entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral MOE, presentó el calendario electoral que establece la hoja de ruta para las elecciones legislativas, programadas para el 8 de marzo de 2026 y para la elección presidencial, prevista para el 31 de mayo de 2026. Además, se anunciaron las distintas innovaciones con las que contarán los comicios, entre ellas, la implementación de la biometría facial como mecanismo para validar la identidad de los ciudadanos y la digitalización de todas las actas electorales, transición que, si se realiza a tiempo, resulta relevante para salvaguardar y fortalecer la confianza del proceso electoral y de la democracia. Calendario electoral para Congreso Con la apertura del proceso de inscripción de ciudadanos para las elecciones al Congreso, y del registro de los comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco, que tuvo lugar el 8 de marzo de 2025, el país ha entrado oficialmente en etapa electoral, dando inicio a un periodo importante para la configuración de estrategias y movidas claves que sacudirán el panorama político. El 26 de octubre de 2025 se realizarán las consultas populares, internas o interpartidistas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o de los grupos significativos, con el fin de tomar decisiones y definir sus candidatos. El 8 de noviembre de 2025, finalizará el periodo de registro de grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales y de promotores del voto en blanco. A partir de esta fecha comenzará la inscripción de candidatos para las elecciones legislativas y entrará en vigor la Ley de Garantías. El 8 de diciembre de 2025 concluirá el periodo de inscripción de candidaturas y el 9 de diciembre de 2025 iniciará el plazo para la modificación de candidatos inscritos el cual finalizará el 15 de diciembre de 2025. El 17 de diciembre de 2025, la Registraduría remitirá los listados de candidaturas a los órganos competentes para la certificación de causales de inhabilidad. El 8 de febrero de 2026 finalizará el plazo para la modificación de inscripción de candidaturas por causas constitucionales, legales e inhabilidad. El 1 de marzo de 2026 concluirá el periodo de actos púbicos de campaña. El 2 de marzo de 2026 iniciará el periodo de votación de colombianos en el exterior. El 7 de marzo de 2026 finalizará el periodo para realizar propaganda electoral y el cierre de pasos terrestres y fluviales fronterizos hasta el 8 de marzo de 2026, día de elecciones. Calendario electoral para Presidencia y vicepresidencia El 31 de mayo de 2025 iniciará el periodo de inscripción de cedulas para votar por cambio de residencia y el periodo de registro de Grupos Significativos de Ciudadanos y promotores del voto en blanco, así como recolecciones de firmas. El 26 de octubre de 2025 se realizarán las consultas populares, internas o interpartidistas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o de los grupos significativos, con el fin de definir sus candidatos. El 17 de diciembre de 2025 finalizará el periodo de registro y presentación de firmas de los Grupos Significativos de Ciudadanos y promotores del voto en blanco. El 31 de enero de 2026 iniciará el periodo de inscripción de candidaturas, entrará en vigor la Ley de Garantías y se dará como inicio las campañas electorales a la presidencia de la República por parte de candidatos inscritos. El 13 de marzo de 2026 se concluirá el periodo de inscripción de candidaturas y el 14 de marzo iniciará el periodo de modificación de candidatos inscritos el cual se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026. El 22 de marzo de 2026 la Registraduría remitirá los listados de las candidaturas inscritas a los órganos competentes para certificar causales de inhabilidad. El 30 de abril finalizará el plazo para la modificación de inscripción de candidaturas por causas constitucionales, legales e inhabilidad. En mayo 24 de 2026 se concluirá el periodo de actor públicos de campaña. El 25 de mayo iniciará el periodo de votación de colombianos en el exterior. Finalmente, el 30 de mayo finalizará el periodo de propaganda electoral y entrará en vigor la Ley Seca hasta el 31 de mayo de 2026, día de elecciones presidenciales. Como se mencionó anteriormente, el país ya se encuentra inmerso en la etapa electoral que definirá en 2026 al próximo presidente o presidenta de la República, así como a los nuevos congresistas. En tiempos donde los discursos restrictivos, prohibicionistas y de desinformación, ganan protagonismo en la agenda político-electoral, es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil asuman un rol activo desde la veeduría, el seguimiento y la investigación para la lucha y defensa de la democracia.

Por: Lizeth Serrato Contreras En los últimos días, el pozo de gas Sirius-2, ubicado en las profundidades del imponente mar Caribe colombiano, vuelve a ser noticia no solo por ser uno de los mayores descubrimientos de gas en la historia del país, sino también por ser el resultado de la articulación entre Ecopetrol y Petrobras, hecho que garantiza la transformación del panorama energético de Colombia y fortalecer su seguridad en el suministro de hidrocarburos.                      Sirius-2 se encuentra en el Bloque GUA-OFF-0, a unos 77 kilómetros de Santa Marta, allí se realizaron recientemente las pruebas de formación, evaluando un área de aproximadamente 100 metros del yacimiento, en donde se definió una alta productividad del gas. Estas pruebas incluyeron la recolección de muestras que serán analizadas en laboratorio para determinar la calidad y composición del hidrocarburo. El hallazgo de Sirius-2 llega en un momento clave para Colombia, cuando el país enfrenta una creciente demanda de gas natural, lo que ha tenido como efecto colateral el aumento de las importaciones para abastecer el consumo interno y cubrir las necesidades del país. Con la confirmación de estas reservas, se proyecta un fortalecimiento de la seguridad energética y una posible reducción en los costos del gas para los consumidores industriales y residenciales. Ecopetrol ha manifestado su intención de poner en producción el gas de Sirius-2 antes de 2029. No obstante, la efectividad en la gestión de los procesos regulatorios y operativos determinará si esta meta puede cumplirse en el tiempo previsto. A pesar del optimismo generado por este descubrimiento, la explotación de Sirius-2 enfrenta varios desafíos. Uno de los principales es la necesidad de completar los procesos de consulta previa con comunidades locales del territorio, un requisito indispensable para la obtención de licencias ambientales y la posterior construcción de infraestructura para su desarrollo. Otro aspecto crucial es la inversión necesaria para la explotación comercial del pozo. Se estima que la fase de exploración ha requerido una inversión cercana a los 1.200 millones de dólares, mientras que la operación a gran escala podría superar los 3.000 millones. Esto incluye la instalación de una línea de flujo submarina para transportar el gas hasta una planta de procesamiento en tierra, asegurando su distribución eficiente. El pozo Sirius-2 resulta ser una oportunidad histórica e invaluable para Colombia en función de la autosuficiencia energética y la potencialización del sector económico; sin embargo, su buen proceso de explotación dependerá de la capacidad del país para superar los desafíos regulatorios, ambientales y financieros que enfrenta este proyecto titánico.

Por: Centro de Pensamiento para la Transición Energética En las últimas semanas, ha tomado relevancia una noticia proveniente de la región amazónica cercana a Belém, donde se construye una carretera de 13 kilómetros con cuatro carriles que atraviesa un sector de selva protegida. Según reportes del diario brasileño O Globo  (c2025), la obra forma parte de los treinta proyectos “sostenibles” anunciados por el gobierno para modernizar la ciudad de Belém de cara a la Conferencia de las Partes (COP30), prevista para 2025 en Brasil. No obstante, la iniciativa ha encendido las alarmas de comunidades locales y organizaciones ambientales, quienes cuestionan la coherencia de este megaproyecto con los esfuerzos de descarbonización y protección del Amazonas promovidos en el mismo foro internacional. Una vía de “modernización” rodeada de controversia  El gobierno local ha justificado la construcción de esta megacarretera como una medida destinada a aliviar el tráfico y a dar acceso a nuevos desarrollos urbanos en la zona. Bajo la etiqueta de “proyecto sostenible”, se prometen carriles para bicicletas, pasos especiales para las especies nativas y un sistema de iluminación solar para todo el trayecto. Sin embargo, informes de la emisora Rede Amazônica (2025) confirman que se han deforestado decenas de hectáreas  de selva protegida para dar paso a la obra. El impacto en la biodiversidad local es innegable y contrasta con el discurso oficial que ensalza los beneficios del proyecto. Algunos analistas y ONG consultados por El País  (Brasil) han remarcado que, si bien la zona de Belém requiere modernización en infraestructura, la intervención directa en áreas protegidas no es compatible con los compromisos internacionales de reducir la deforestación y de frenar la pérdida de hábitats. Con la COP30 en el horizonte, y tomando en cuenta que Brasil ha reiterado sus metas de reducir drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero y la deforestación del Amazonas, surgen preguntas sobre la coherencia  de una carretera que acelera la fragmentación de la selva. Pérdida de hábitats y amenazas a la conservación  Las comunidades locales han manifestado su preocupación de que la vía intensifique la presión sobre la biodiversidad y aumente la posibilidad de invasión de áreas selváticas. Una organización ambiental —cuyo nombre no fue revelado en la prensa pero que aparece mencionada en una investigación de la revista Ecoa Amazônia — denunció que se había preparado para liberar especies rescatadas en esa zona, un plan que ahora queda suspendido por la construcción de la carretera y la pérdida de un corredor natural esencial para la fauna. Adicionalmente, agricultores de açaí han reportado la destrucción de árboles frutales en el trazado de la obra, lo que afecta tanto su sustento económico como la seguridad alimentaria en algunas veredas aledañas. La deforestación, aunque sea de “pequeñas” extensiones en comparación con el área total del Amazonas, actúa como un catalizador de desequilibrios ambientales mayores. Un estudio de la Universidade Federal do Pará (2024) destaca que incluso abrir caminos en la selva facilita la ocupación ilegal y la expansión de cultivos ilícitos o minería informal, multiplicando los impactos negativos para las comunidades tradicionales. En este sentido, el proyecto de 13 kilómetros de largo y cuatro carriles puede convertirse en un llamado de atención a futuro sobre la forma de concebir la “modernización” en la Amazonía. ¿Modernización vs. Descarbonización?  La iniciativa se promueve en un contexto de “descarbonización del Amazonas”, un objetivo en boga durante los últimos tres años, impulsado por países latinoamericanos y actores globales para preservar el papel de la selva como sumidero de carbono. El proyecto de carretera, dicen sus promotores, usará energía solar en la iluminación y tendrá infraestructuras verdes para mitigar el impacto ambiental. Sin embargo, ONGs como Greenpeace Brasil y el Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) han cuestionado la efectividad real de dichas medidas si no se tiene en cuenta el costo ecológico completo del desmonte de bosques y la fragmentación de corredores ecológicos. Asimismo, se menciona la creación de carriles para bicicletas y pasos elevados para fauna silvestre como un aporte a la movilidad sostenible, pero existen dudas sobre si esos elementos son suficientes para compensar la afectación directa sobre especies endémicas y el riesgo de aumentos de caza furtiva o atropellamientos de animales en la vía. El factor social y la legitimidad local  Uno de los puntos más sensibles radica en la pregunta: ¿qué tanto se ha consultado a las comunidades? Voceros de asociaciones campesinas y pobladores indígenas, entrevistados por Rede Amazônica , afirman que el proceso de consulta previa fue mínimo o inexistente, lo que genera roces y desconfianza. La promesa de “progreso” y desarrollo económico a menudo choca con el día a día de quienes viven de la agricultura local y dependen de la selva para su subsistencia cultural y alimentaria. Los agricultores de açaí, por ejemplo, han perdido una porción significativa de sus palmeras y no han recibido compensaciones claras por los daños. Reflexiones en el marco de la COP30  La Conferencia de las Partes, que se prepara para discutir la crisis climática y la necesidad de acciones más enérgicas para proteger el Amazonas, se ve empañada por estas señales contradictorias. Mientras se acuerdan planes globales de reducción de emisiones y de financiación para la conservación de bosques tropicales, en el terreno se construye una infraestructura que demanda deforestación en zonas con estatus de protección. El gobierno de Brasil ha insistido en que el proyecto es parte de un paquete de obras “sostenibles” que garantizarán empleos y modernización de la zona metropolitana de Belém. Sin embargo, expertos en conservación citados por la Sociedad Brasileña de Ecología  enfatizan la falta de estudios de impacto ambiental integrales y la urgencia de evaluar si la supuesta infraestructura verde (energía solar, pasos de fauna, etc.) bastará para equilibrar la balanza ecológica y social. En definitiva, el caso de esta megacarretera de 13 kilómetros en el corazón de la Amazonía protegida expone la tensión entre un discurso de descarbonización y preservación ambiental, y los planes de desarrollo que ignoran la complejidad de los ecosistemas y las comunidades locales. El interrogante central persiste: ¿es coherente avanzar con este tipo de megaproyectos —que destruyen coberturas vegetales y generan nuevas presiones— justo en el marco de una COP que pretende salvar el Amazonas? Para muchos habitantes y organizaciones de la región, la respuesta pasa por reevaluar la noción de sostenibilidad y priorizar la protección de la selva como acto inaplazable para enfrentar la crisis climática global.

Por: Redacción Pares “Muere con dignidad, no llores” En Youtube puedes encontrar la grabación. Es la voz de Jim Jones regañando a uno de sus fieles quien, después de ingerir una taza de cianuro revuelto con Kool-Aid, empezaba a manifestar los dolores de la muerte. Es difícil, cuarenta y siete años después de la tragedia de Jonestown, el que es considerado el suicidio en masa más escalofriante de la historia, juzgar las motivaciones que tuvieron estas personas para dejar su país, Estados Unidos, e internarse en la selva de Guyana a formar una nueva comunidad, siguiendo a un hombre que se ve en los videos que quedaron como un tipo desprovisto de todo tipo de carisma, con ningún atractivo físico determinante. Pero a veces la distancia del tiempo va borrando verdades. Al parecer Jim Jones, cuando fundó su iglesia, El templo del pueblo, en los años cincuenta, le habló con las palabras adecuadas a la gente que lo necesitaba. Más de la mitad de las personas que se fueron a Guyana, con él, 1.120 en total, eran de origen afroamericano. Estaban agotadas del racismo brutal que no parecía tener control en los Estados Unidos en la década del cincuenta del siglo pasado. A su iglesia iban personalidades como Angela Davis, algunos actores de Hollywood y políticos progresistas. Los que pudieron sobrevivir a la masacre en Guyana afirmaban que Jones era capaz de tergiversar todo lo que decían estas personas en su iglesia y adoptarlas a su discurso. El Templo del Pueblo lo abrió en Indianápolis. Su discurso contrastaba con el de cualquier pastor de almas norteamericano. Era socialista, completamente antioligárquico. Creía que el mal estaba en la desigualdad social y en los problemas raciales. Pero todo se tejía en el culto a la personalidad de Jones. Todo giraba en torno a él. Uno de sus hijos lo describe como un sociópata megalómano. Era abiertamente mujeriego y su esposa tenía que soportar sus devaneos. Un enviado de Dios podía tener el derecho a todos los placeres del mundo.   Uno de los cantos que se entonaban en el Templo del Pueblo decía lo siguiente: 'Nunca escuché hablar a nadie como habla él, desde que nací, nadie me habló de esa manera'". El templo del Pueblo empezó a verse como una extralimitación de la fe. Había gente que creía que Jim Jones era Dios. Jones empezó a verse perseguido, cada vez más paranoico por un evidente abuso de drogas. Se tuvieron que ir de Indianápolis para San Francisco, ciudad que resultó siendo el epicentro de la movida contracultural en Estados Unidos. Pero en 1975 compraron unos terrenos en Guyana y se fueron para allá, a América del Sur, al lado de Venezuela. Una de las ventajas que tenía Guyana era que podían esconderse en la selva y que la población hablaba inglés. Se internaron en la selva, construyeron un poblado en donde tenían su propia educación, no necesitaban del vil metal para vivir. Era el verdadero comunismo. A Jones lo acompañaban personas que en Estados Unidos no tenían nada. Al principio el experimento social parecía funcionar. Vivían de lo que producían las granjas comunitarias. Pero poco a poco empezaron a reportarse abusos. La gente se sentía atrapada en Jonestown -le pusieron así al pueblo por Jones, por supuesto- al llegar el pastor les retenía los pasaportes. Además, había conseguido un grupo de seguridad, un séquito armado con el que usaba la fuerza. Se empezó a hablar de las Noches Blancas, un rito por el que la comunidad pasaría a otra dimensión. Le vería la cara a Dios. Las noches blancas se trataba de darle tres opciones a la gente, o un suicidio colectivo o una fuga en masa hasta la URSS o enfrentarse a las fuerzas norteamericanas con armas. Preocupado por las denuncias el congresista por el estado de California, Leo Ryan viajó a Guyana, visitó Jonestown y comprobó que la gente estaba en contra de su voluntad. Intentó regresar a los Estados Unidos, traer una fuerza especial, liberarlos. Estaba acompañada por su equipo y por periodistas de CBS. Jamás pudieron salir de ahí. A Ryan el grupo de fuerza de Jones lo asesinó mientras esperaba un avión que lo sacara de la selva en una pista de aterrizaje. Murieron otras cinco personas en el ataque. En la noche del 18 de noviembre Jones mandó a llamar a toda la comunidad. Le dio un discurso aterrador que quedó grabado y que está subido en Youtube. En él los obliga a pasar a otro plano terrenal. Hay resistencia. Muchos padres no quieren despegarse de sus hijos. Los grupos de fuerza obligan a los fieles a tomarse el veneno. Algunos incluso son asesinados con disparos y flechas. Las madres lloran, suplican, y el líder lo que les pide es que tengan dignidad. Cuando ya todo está consumado Jones se pega un disparo en la frente. Al otro día el ejército norteamericano sobrevoló Jonestown. Desde arriba el piloto del helicóptero creía que los colores que se veían regados por el suelo eran papel picado, confetti. Cuando aterrizaron se dieron cuenta de la verdad: eran cuerpos humanos. Al principio el conteo dio 450 muertos. Creían que una parte de la comunidad había huido a la selva. Lo que no habían contado eran los niños. La mayoría de padres habían caído sobre los cuerpos de sus hijos. Al removerlos se dieron cuenta que más de 300 niños estaban aplastados debajo de sus padres. La noticia aún retumba, 918 personas fueron obligadas a quitarse la vida por culpa de un loco llamado Jim Jones que se creía Dios.

Por: Enlace territorial de Pares Foto: Cañón del Micay/ Foto: Radio 1040 AM/ Referencia El corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, ha sido escenario de una escalada de violencia atribuida a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, liderada por alias Iván Mordisco, cuyos ataques con artefactos explosivos y drones el 31 de enero dejaron dos civiles muertos y varios heridos, incluidos soldados, en el marco de una crisis de orden público, intensificada tras la muerte de alias “El Mocho” en un fallido atentado con un carro bomba. A pesar de la Operación Perseo del Gobierno para retomar el control de esta zona, la violencia persiste, como lo demuestra el ataque del 17 de febrero contra el hospital de campaña en construcción, calificado como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. Aunque no hubo heridos, el hecho puso en riesgo a la población civil y los esfuerzos por mejorar el acceso a la salud. (El Espectador, 2025; El Nuevo Siglo, 2025). La vereda La Hacienda, en el corregimiento de El Plateado, se ha convertido en el centro de operaciones de la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc, desde donde se han planificado ataques contra la Fuerza Pública y la población civil mediante el uso de drones con explosivos. Según el brigadier general Federico Mejía, esta ubicación estratégica ha permitido que el grupo armado ejerza presión sobre la comunidad y desarrolle tácticas de guerra irregulares. La Operación Perseo, lanzada en octubre de 2024 por el Gobierno Nacional, intentó recuperar el control de la zona, pero la disidencia ha respondido con ataques violentos y estrategias de manipulación de la población, lo que ha generado una crisis de seguridad en la región. En este contexto, el 6 de marzo se produjo una asonada en la que civiles, aparentemente presionados por la estructura armada, retuvieron a 29 uniformados, incluidos 28 policías y un militar, además de incendiar una tanqueta del Ejército, dejando como saldo nueve civiles heridos, entre ellos dos menores (Romolerux, 2025). El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció la retención de los uniformados como un acto de sevicia por parte del grupo armado, cuyos integrantes se habrían infiltrado vestidos de civil para perpetrar el ataque. Mientras el Gobierno coordina con la Fiscalía la identificación y judicialización de los responsables, el alcalde de Argelia, Osman Guaca, calificó la situación como un drama humanitario y pidió la desvinculación de la población civil del conflicto. Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, hizo un llamado urgente a la Fuerza Pública para recuperar el control territorial, advirtiendo que, sin una intervención social efectiva, la violencia seguirá escalando. La importancia geoestratégica de El Plateado, que concentra el 75 % de los cultivos de coca del departamento y conecta corredores clave para el narcotráfico, explica la persistencia del conflicto en la zona, donde el control territorial sigue siendo disputado entre el Estado y los grupos armados ilegales (Romolerux, 2025). En investigaciones posteriores del Ejército se han identificado a ocho integrantes de la estructura Carlos Patiño como los principales responsables de la retención de los uniformados. Entre ellos destaca Anderson Andrey Vargas Suns, alias “Kevin”, quien tiene un historial delictivo en los municipios de Argelia, El Tambo y Patía. Ha sido señalado como el líder principal, encargado de coordinar el tráfico de drogas y armas, así como de establecer alianzas con otros grupos armados. A su lado operan alias “Rayo”, su segundo al mando, quien se ha encargado de la logística para la salida de cargamentos de cocaína y marihuana; también se identifica a alias “Tabares” y alias “Giovanny Armero”, jefes de comisión; y alias “Edwar Ramírez”, líder de la compañía Samanta Gómez. Según el Ejército, Armero ha sido clave en la presión sobre la población, organizando a civiles para confrontar a las tropas. Alias Edwar Ramírez actúa como enlace entre los mandos de la disidencia y la comunidad, mientras que otros tres hombres —alias Zamora, Farley y Nelson o Gafas— han sido señalados como incitadores de los ataques, con Gafas identificado como un cabecilla con influencia política (Calero, 2025). El objetivo de estos cabecillas es mantener el control sobre los enclaves cocaleros, clave para la economía ilegal de la estructura, y garantizar la permanencia de la disidencia en la región. Las Fuerzas Militares han identificado puntos estratégicos como La Ceiba, El Basurero y el centro poblado de El Plateado, donde se han reunido cerca de 1.000 personas influenciadas por los disidentes para presionar la salida de la Fuerza Pública. El Ministerio del Interior denunció que los ataques a militares y policías continuaron incluso después de la liberación de los uniformados el 9 de marzo, cuando un grupo de personas, instigadas por las disidencias, incendió los lugares donde estaban acantonadas las tropas. Pedro Sánchez, ministro de Defensa, condenó estos hechos, afirmando que la retención de servidores públicos es un delito y reiterando la necesidad de restablecer el orden en la zona ante la creciente instrumentalización de la comunidad por parte de los grupos armados (Calero, 2025). El cambio en la estructura de mando también ha reforzado el control territorial de la disidencia mediante la presión sobre comunidades locales, el financiamiento de actividades ilegales y la ejecución de atentados selectivos. Alias Giovanny Armero, responsable de la manipulación de civiles y ataques a líderes sociales, ha sido clave en esta estrategia, al igual que alias Edwar Ramírez, quien coordina la explotación ilegal de recursos naturales y la instalación de explosivos para frenar el avance militar. Alias Gafas, exintegrante de las Farc y ahora cabecilla en el Bloque Occidental Jacobo Arenas, ha contribuido al adoctrinamiento de nuevos integrantes y al fortalecimiento del aparato propagandístico del grupo. Frente a esta reorganización, el Ejército ha desplegado 1.000 uniformados adicionales con apoyo de la Fuerza Aérea y la Policía para retomar el control del territorio, enfatizando que su misión no solo es militar, sino también social, mediante programas de sustitución de cultivos y fortalecimiento de la seguridad comunitaria (Patiño, 2025). Por su parte, el ejército ha reforzado su presencia en El Plateado, Cauca, con un dispositivo estratégico que incluye nuevos vehículos blindados, drones y unidades especializadas. Según la Tercera Brigada del Ejército, a pesar de los intentos del grupo armado residual Carlos Patiño por desestabilizar la región mediante el constreñimiento a la población y el uso de violencia para expulsar a las tropas, las Fuerzas Militares han retomado el control con el respaldo de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. La misión no solo se enfoca en la seguridad, sino también en el trabajo articulado con las comunidades, promoviendo alternativas de desarrollo dentro del marco de los programas de sustitución de cultivos ilícitos del Gobierno Nacional. La recopilación de pruebas sobre los recientes actos de violencia ha sido remitida a la Fiscalía para la judicialización de los responsables, dejando claro que la presencia militar en la zona es una garantía de orden y bienestar para los habitantes del suroccidente colombiano (Fuerzas Militares de Colombia, 2025). Finalmente, El 11 de marzo, un ataque con explosivos en la vía entre Balboa y Argelia, Cauca, cobró la vida de cinco militares y dejó 16 heridos, tres de ellos en estado crítico. Esta acción también es atribuida al Frente Carlos Patiño, la cual se dirigió contra una caravana del Ejército que transportaba un puente militar para mejorar la conexión entre las poblaciones de La Hacienda y El Plateado (Ministerio del Interior, 2025). La situación en el Cañón del Micay refleja una compleja disputa por el control territorial entre el Estado y las disidencias de las Farc. Mientras el Ejército Nacional y el Gobierno buscan retomar el orden, fortalecer la seguridad y promover alternativas de desarrollo, los grupos armados han recurrido a estrategias de violencia sistemática, incluyendo ataques con explosivos, hostigamiento a la población civil y la manipulación de comunidades para enfrentar a la Fuerza Pública. La instrumentalización de los habitantes de la región y la presión ejercida sobre ellos evidencia cómo el conflicto no solo se libra con armas, sino también a través del control social y la coacción. La respuesta del Estado, aunque ha incluido el despliegue de tropas y tecnología avanzada, sigue enfrentando retos en la consolidación de una paz efectiva, pues sin una intervención integral que aborde las raíces económicas y sociales del conflicto, la violencia y el narcotráfico seguirán perpetuando la crisis en esta zona estratégica. Referencias: El Espectador. (31 de enero, 2025). Esto se sabe del ataque con explosivos en el que murieron dos civiles en el Cauca. El Espectador . https://www.elespectador.com/judicial/urgente-dos-civiles-murieron-en-ataque-con-explosivos-en-argelia-cauca-noticias-hoy/ El Nuevo Siglo. (17 de febrero, 2025). Atacan con explosivos a hospital de campaña de Argelia, Cauca. El Nuevo Siglo . https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/atacan-con-explosivos-hospital-de-campana-de-argelia-cauca Romolerux, M. (7 de marzo, 2025). Radiografía de la guerra en La Hacienda, vereda que sería el centro de operaciones de disidencia de 'Carlos Patiño'. El Tiempo . https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-vereda-la-hacienda-en-el-plateado-seria-el-centro-de-operaciones-de-disidencia-carlos-patino-3433399 Calero, C. (10 de marzo, 2025). Estos serían los ocho responsables del secuestro de 29 uniformados en El Plateado. REVISTA CAMBIO . https://cambiocolombia.com/conflicto-armado-en-colombia/los-ocho-responsables-secuestro-29-uniformados-el-plateado Patiño, J. (10 de marzo, 2025). Este es el nuevo organigrama de delincuentes del frente Carlos Patiño, que ordena asonadas en el Cañón del Micay. REVISTA CAMBIO . https://cambiocolombia.com/conflicto-armado-en-colombia/el-nuevo-organigrama-delictivo-del-frente-carlos-patino-que-ordena Fuerzas Militares de Colombia. (10 de marzo, 2025). Llegamos más fortalecidos al corregimiento de El Plateado, Cauca. Sala de Prensa . https://www.cgfm.mil.co/es/multimedia/no ticias/llegamos-mas-fortalecidos-al-corregimiento-de-el-plateado-cauca Ministerio del Interior. (12 de marzo, 2025). Ministerio del Interior rechaza ataque con explosivos en Balboa, Cauca, en el que cinco integrantes de la fuerza pública fueron asesinados. Sala de Prensa . https://www.mininterior.gov.co/noticias/ministerio-del-interior-rechaza-ataque-con-explosivos-en-balboa-cauca-en-el-que-cinco-integrantes-de-la-fuerza-publica-fueron-asesinados/

Por: Redacción Pares Foto: sena.edu.co Ocho senadores de la Comisión VII del Senado le habrían dado el tiro de gracia a la Reforma Laboral, uno de los pilares del gobierno de Gustavo Petro. Estos son Alirio Barrera, Miguel Angel Pinto, Honorio Henriquez, Lorena Rios, Ana Paola Agudelo, Nadie Biel, Berenice Bedoya y Esperanza Andrade. Con estas firmas se conseguiría la mayoría que se requiere para archivar una de las reformas con las que el presidente pretendía cerrar un poco la brecha entre ricos y pobres en Colombia. Una de las razones esbozadas por estos senadores es la de que dicha reforma “no fomenta el empleo, ni combate la informalidad, y no concilia entre el bienestar de los trabajadores y la productividad del país” Así lo dijo al diario la República la senadora Nadie Blel.   Mientras tanto, en la tarde de este martes 11 de marzo, cientos de aprendices del SENA, apoyados por el senador Wilson Arias, uno de los líderes de este proyecto de ley, llegaron a la sede del congreso de la república para protestar por el posible hundimiento de la reforma laboral. Cerca de 400 mil aprendices se verían directamente afectados por la medida ya que con ella buscarían recuperar el carácter laboral del contrato de aprendizaje. Es decir se les cerraría aún más las puertas a los jóvenes de escasos recursos que van al Sena pensando en estudiar para poder aspirar a movilizarse socialmente.   En diálogo con Caracol Radio el director nacional de El Sena, Jorge Eduardo Londoño Ochoa, afirma que la reforma le serviría no sólo a los aprendices de esta institución educativa sino que también sería un espaldarazo para los empresarios de cara a lo que está pidiendo la OIT.  “una manera de adecuarnos a los mejores estándares que la OIT ha solicitado y que lo hizo específicamente para el caso que nos ocupa en la recomendación 208. Esta es una forma laboral progresiva y creemos que va a ser benéfica para los trabajadores  y trabajadoras del país y para los aprendices de nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA”.   El gobierno Petro no se quedará de brazos cruzados ante el inminente naufragio de la reforma y anunció la convocatoria de una consulta popular no sólo para decidir sobre esta reforma sino también sobre la de la salud que sigue empantanada en el congreso. Esta sería la razón de por qué es conveniente pasarla por intermedio de una consulta: “ Vuelve a pasar por el Senado pero ya en  una comisión, no de ocho, sino en plenaria. No querían que este proyecto pasara a la plenaria, pues ahora pasa pero no para definir el contenido del proyecto ya sino para decidir si se convoca al pueblo o no ”.   Mientras tanto algunos sectores de la derecha más recalcitrante han aparecido con frases provocadoras. Ante la decisión de los ocho senadores el representante a la cámara del Centro Democrático, Miguel Polo Polo afirmó su beneplácito con un “qué rico” a través de redes sociales. En la red social X escribió lo siguiente: “Se acaba de hundir la reforma laboral en Comisión Séptima. Ocho senadores de catorce firmaron la ponencia negativa, rechazando la reforma de la ministra comunista Gloria Ramírez.  ¡Qué rico! Ese adefesio arruina empresas ya no va más. Los empresarios del país pueden estar tranquilos . Y así también se hundirá la reforma a la salud. Dios bendiga a los senadores de la Comisión VII del Senado que no se vendieron a este gobierno”.   Vale la pena aclarar que la Reforma no está completamente hundida pero que será más tiempo perdido en la gestión de un gobierno al que le quedan 17 meses de vida.

Por: León Valencia La ministra de relaciones exteriores, Laura Sarabia y la embajadora en Viena, Laura Gil, insistieron este lunes en excluir la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas durante las sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se desarrollan en Viena. En los últimos años nuestro país ha insistido una y otra vez en los foros internacionales en la modificación de la política antidrogas que Estados Unidos le impuso al mundo desde hace más de cincuenta años.  Todo empezó cuando el presidente Richard Nixon anunció en 1969 que su fiscal general prepararía medidas para combatir el consumo de drogas en Estados Unidos. En 1970, se promulgó la Ley de Sustancias Controladas. Después,  el  17 de junio de 1971 ,  Nixon declaró a las drogas ilegales como el “enemigo público número uno” y anunció una “ofensiva total” que se libraría tanto dentro como fuera de las fronteras estadounidenses, con el fin de “enfrentar y acabar con el enemigo”. En ese día, quizás soleado, de Washington, empezó una gran tragedia para Colombia. Nixon creó un demonio para ponerlo a caminar por los campos de nuestro país.   Decía Nixon que dentro y fuera de las fronteras, pero ha resultado que el gran peso de la estrategia se ha desarrollado fuera de las fronteras convirtiendo el territorio colombiano en un escenario de guerra donde “Somos nosotros los que ponemos los muertos” dijo la canciller en Viena. Lo ponemos todo: la vida de los campesinos, en una guerra inútil; nuestra frágil democracia, sus elecciones, sus instituciones, al grave fuego del narcotráfico y la corrupción; y la salud de nuestros jóvenes en las  barriadas de las ciudades en las manos de los jíbaros.   Para conjurar este demonio el país ha ensayado políticas extremas y blandas según los gobiernos, de nada han servido, el diablo sigue ahí, impertérrito, señalando una y otra vez que sólo aboliendo la prohibición absurda mediante un nuevo pacto internacional sobre las drogas, es posible salir de la encrucijada, de la grave encrucijada, en que nos metió Nixon. La política extrema tuvo su momento  culmen en los gobiernos de Pastrana y de Uribe, en esos años  tomó el nombre de “Plan Colombia”. Fue allí cuando creció la inversión de Estados Unidos en la persecución a las drogas y se unificó la lucha contra los cultivos de coca con el combate a las guerrillas, una sola guerra. La erradicación forzada y las fumigaciones, el encarcelamiento de miles de campesinos, la confrontación entre las guerrillas y el Estado y la grave expansión de los paramilitares. En esos años se produjo más del cincuenta de los nueve millones de víctimas que ha dejado este largo conflicto armado. Fue el momento de la parapolítica, el mayor asalto a la democracia, que llevo a la condena judicial de 89 parlamentarios. También, uno de los puntos más altos de los cultivos de hoja de coca y de la producción de cocaína, jalonadas por las mafias, los paramilitares y las guerrillas. Al final  la desmovilización de los paramilitares alivió un poco, sólo un poco, la situación La política extrema no acabó con el fenómeno. Después vino una política intermedia, moderada, blanda, si se quiere, que hizo énfasis en las negociaciones de paz, en la sustitución voluntaria de cultivos, en la atención a las víctimas, en la flexibilización de la legislación frente el consumo, fue en los dos periodos de Santos, que culminaron en un acuerdo de paz con las FARC. Esta política disminuyó  los indicadores de violencia y aminoró las víctimas, pero los cultivos  y el narcotráfico siguieron vivos. Iván Duque fue un fallido intento de retomar el camino de Pastrana y de Uribe. Dejó atrás los esfuerzos de paz y la búsqueda de una nueva política ante las drogas y volvió al duro predicamento de la persecución, sin éxito alguno en el control a los cultivos de uso ilícito y en la disminución de la producción y el tráfico de drogas. La política extrema se había desgastado. A Gustavo Petro no le ha ido mejor y, con la cara que ha mostrado Donald Trump en el arranque de su gobierno, le puede ir peor.  Desde su posesión lanzó una política de paz total y empezó una campaña nacional e internacional por la legalización de las drogas. Al tiempo hizo el llamado a un acuerdo nacional para darle un cobijo cierto a la reconciliación.  En ese empeño volvió a la sustitución voluntaria de cultivos y  propuso iniciativas concretas como la compra de la hoja de coca a los campesinos y ahora, en Viena, lanza la idea de excluir la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas. La respuesta a estas políticas no ha sido buena. Los grupos ilegales han aceptado sentarse a nueve mesas de negociación, pero no han disminuido sus negocios y sus violencias y sólo pequeñas fracciones parecen estar dispuestas a la desmovilización y al desarme en lo que resta del mandato. La derecha no le ha parado bolas al acuerdo nacional y al contrario ha escalado su discurso de vuelta a la mano dura con la esperanza  de la percepción de inseguridad y violencia le darán la presidencia en el 2026.     Y, entre tanto, Donald Trump ha parado la cooperación humanitaria y tiene en estudio la inversión militar en la contención de la producción y el tráfico de drogas ilícitas. Es decir, entramos en un limbo en el que Estados Unidos declina sus compromisos económicos para atender una guerra en buena parte inventada por ellos y tampoco se avienen a la regularización y  la legalización de las drogas. Como dicen los campesinos: “ni rajan, ni prestan el hacha”.

Por: John Correa Fuente: Energía Estratégica Colombia enfrenta una crisis energética cada vez más evidente. La disminución de las reservas de gas natural ha llevado al país a depender de importaciones y a considerar nuevas fuentes de energía. En este contexto, la geotermia aparece como una alternativa atractiva. Sin embargo, el entusiasmo por esta tecnología no puede nublar un análisis crítico de sus implicaciones. El proyecto de la empresa CHEC en el Valle de Nereidas busca desarrollar la primera planta de energía geotérmica en Colombia, con una capacidad de 30 megavatios. La idea de aprovechar el calor del subsuelo para generar electricidad parece alineada con los esfuerzos por diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Pero, más allá de la narrativa de transición energética, es fundamental cuestionar si este tipo de proyectos realmente representan un avance sostenible o si, por el contrario, son otra expresión de la misma lógica extractivista que ha marcado el modelo energético del país. La geotermia es promovida como una alternativa limpia y constante en comparación con fuentes de energía intermitentes como la solar y la eólica. Su capacidad para operar 24/7 sin depender de factores climáticos la convierte en una opción atractiva. Sin embargo, sus beneficios no deben hacer que pasemos por alto sus costos y limitaciones. La tecnología geotérmica no es tan libre de impacto como se suele afirmar. A pesar de ser menos contaminante que el carbón o el gas natural, sigue generando emisiones de CO₂ y puede afectar la estabilidad de los ecosistemas donde se implementa. En el caso del Valle de Nereidas, el proyecto se ubica en una zona ambientalmente sensible, a escasa distancia del Parque Nacional Natural Los Nevados. Es difícil ignorar las implicaciones que una obra de esta magnitud podría tener en los páramos, que son ecosistemas esenciales para la regulación del agua y la biodiversidad. Además, la historia del desarrollo geotérmico en Colombia no ha sido precisamente alentadora. Intentos previos, como los realizados en los años 80 y 90, fracasaron debido a factores técnicos y financieros. Ahora, bajo el pretexto de la transición energética, se vuelve a apostar por una tecnología cuya viabilidad aún no ha sido completamente probada en el país. Impacto Ambiental y Conflicto Social Más allá de los beneficios energéticos, el proyecto de CHEC enfrenta una fuerte oposición por parte de comunidades locales y organizaciones ambientales. La construcción de infraestructura en una zona de alta montaña no es un asunto menor. La alteración de suelos, el ruido de la maquinaria y el tránsito constante de vehículos pesados pueden afectar gravemente la fauna y la flora del lugar. Para los defensores del medio ambiente, la geotermia en el Valle de Nereidas es una amenaza directa a los páramos y a las fuentes de agua. Aunque CHEC ha asegurado que tomará medidas de mitigación, como la reforestación y la implementación de tecnologías silenciosas, la realidad es que el daño ecológico ya ha sido minimizado en otros proyectos industriales con resultados desastrosos. El Movimiento Socioambiental Kumanday, una de las voces más críticas contra el proyecto, advierte que la geotermia podría tener consecuencias irreversibles en el equilibrio hídrico de la región. No es un temor infundado. La extracción de calor del subsuelo puede alterar las dinámicas geológicas y afectar las reservas de agua subterráneas, poniendo en riesgo no solo el ecosistema, sino también el acceso al agua de las comunidades cercanas. Adicionalmente, el proyecto geotérmico de CHEC pone sobre la mesa el eterno dilema entre desarrollo y conservación. La promesa de generación de empleo y progreso para las comunidades es el argumento más recurrente de quienes defienden la iniciativa. Sin embargo, es justo preguntarse si estos beneficios realmente compensarán los posibles daños ecológicos a largo plazo. La Trampa de la Transición Energética El discurso sobre la transición energética en Colombia está cargado de contradicciones. Mientras el Gobierno y las empresas petroleras hablan de diversificación de la matriz energética, las inversiones en proyectos renovables siguen siendo marginales en comparación con las que se destinan a los hidrocarburos. Ecopetrol, por ejemplo, sigue dependiendo de la explotación de petróleo y gas mientras incursiona tímidamente en energías renovables. Su reciente incursión en la geotermia, en alianza con Baker Hughes y CHEC, parece más una estrategia de relaciones públicas que un verdadero compromiso con la sostenibilidad. ¿No es contradictorio que una empresa cuya base sigue siendo la extracción de combustibles fósiles ahora intente liderar la transición energética del país? La geotermia, en este sentido, corre el riesgo de convertirse en un simple parche dentro de un modelo energético que se resiste a transformarse en profundidad. Si realmente se busca una transición justa y sostenible, la discusión no debería centrarse solo en qué tipo de energía se produce, sino en quién la controla, cómo se distribuye y quiénes son los beneficiarios reales de estos proyectos .   ¿Realmente Necesitamos la Geotermia? El proyecto geotérmico del Valle de Nereidas abre un debate necesario sobre los costos y beneficios de la transición energética en Colombia. Si bien es innegable que el país debe reducir su dependencia de los combustibles fósiles, no todas las alternativas renovables son automáticamente positivas. La geotermia, aunque presenta ventajas en términos de estabilidad energética, no está exenta de impactos ambientales y sociales significativos. En un país donde los conflictos socioambientales por proyectos energéticos han sido constantes, es imprescindible que el desarrollo de nuevas tecnologías no repita los errores del pasado. La pregunta que Colombia debería hacerse no es solo si debemos apostar por la geotermia, sino cómo garantizar que cualquier proyecto de energía renovable sea verdaderamente sostenible, justo y beneficioso para la mayoría de la población .Porque si la transición energética termina sirviendo únicamente para perpetuar las dinámicas extractivistas, entonces habremos cambiado de fuente de energía, pero no de modelo.

Por: Isabela Puyana La Misión Aracataca propuesta por Catalina Valencia, directora de la Línea de Cultura de Pares tiene el objetivo de convertir al Municipio, lo que muchos dicen que debería ser el Macondo de Gabo, en un territorio donde se potencie el desarrollo sostenible, a partir del turismo cultural y la consolidación del patrimonio alrededor de la literatura del premio Nobel, sus narrativas y mirada de pasado y futuro.   Catalina Valencia afirma que es por esto que Pares, La Fundación Gabo, la Gobernación del Magdalena, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Energías y la Universidad del Magdalena proponen desarrollar esta gran misión que aborde la consolidación de infraestructura cultural y digital junto a las comunidades que habitan el territorio. Para continuar formalizando alianzas en el municipio León Valencia, director de la Fundación Pares y Catalina Valencia se reunieron junto al alcalde de Aracataca Leiter Salgado para socializar el proyecto que iniciará desde este mes de marzo del 2025 y tiene el fin de celebrar el Natalicio de Gabo en el 2027. Después de esta reunión se concluyó que el 1 de abril se reunirán todas las organizaciones y aliados en el natalicio de Leo Matiz, artista cataquero, reconocido a nivel mundial y amigo de Gabo para darle inicio a la Misión Aracataca. A esta celebración asistirán las comunidades, colectivos, artistas internacionales y desde allí se compartirán planes sobre este proyecto por el arte, la cultura, la conectividad y el futuro de la región. Durante esta jornada que ocurrió hoy en Aracataca también hubo una reunión con organizaciones culturales y respesentates del turismo concientes de la importancia del legado que ha dejado García Márquez para la región, pero que trabajan a diario por las carencias que tiene Aracataca para exponer la riqueza del Municipio. "No tenemos capacidades de recibir turistas que se alojen adecuadamente en un hotel, tampoco guías que manejen un segundo idioma, tampoco jóvenes que conozcan a profundidad la obra de Gabo porque este municipio es el que tiene cifras de menores lectores, exige un ansia por el aprendizaje pero no tenemos cómo acceder a esto" asegura Rodolfo Rodríguez, líder y guía turístico de Aracataca Así pues, este es un proyecto que inicia hoy y que será un camino hacia  el 2027, el natalicio de Gabo, para transformar una región que tiene en su corazón a este escritor y las ganas de exponer su arte, de hacer más por su cultura, en medio de la soledad y el Macondo que a falta de recursos aún no ha sido contado.

Por: Centro de Pensamiento para la Transición Energética En la historia reciente de Colombia, la lucha por la equidad de género y la participación de las mujeres en procesos decisorios ha cobrado cada vez más relevancia. El sector energético, durante décadas asociado a roles mayoritariamente masculinos, comienza a transformarse en sintonía con la Transición Energética Justa (TEJ)  que impulsa el país. Si bien los retos siguen siendo enormes, las iniciativas académicas, gubernamentales y comunitarias vislumbran un camino que privilegia la inclusión y reconoce el aporte fundamental de las mujeres en la construcción de un futuro sostenible. En el marco de la Ley 2099 de 2021, conocida como la Ley de Transición Energética , Colombia se comprometió a impulsar proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Desde el año pasado, varios de estos proyectos han incorporado un componente de equidad de género, respondiendo en parte a lineamientos del Ministerio de Minas y Energía que buscan elevar la participación de las mujeres en el sector. De acuerdo con datos compartidos en una crónica de Revista Semana (2025), el 30% del personal técnico en nuevos parques solares del Caribe colombiano son mujeres, un porcentaje inédito hasta hace unos años. Aun así, es claro que el país debe aspirar a aumentar esa cifra, especialmente en cargos de dirección y toma de decisiones. Ahora bien, la experiencia de “comunidades energéticas” es otro frente en el que la participación femenina sobresale. Según un artículo de El Tiempo (2024), organizaciones como la Red de Mujeres por la Energía y el Ambiente (RMEA) han impulsado talleres de formación para líderes comunitarias, fomentando su rol en la planeación y administración de proyectos de autogeneración. Desde la perspectiva de estas mujeres, la TEJ no solo consiste en dejar atrás los combustibles fósiles, sino también en garantizar que los beneficios económicos y sociales de la energía limpia se distribuyan equitativamente. Muchas de ellas han asumido cargos de coordinación en emprendimientos colectivos que van desde la fabricación de estufas eficientes hasta la gestión de granjas solares. Por su parte, diversas instituciones académicas han comenzado a investigar el nexo entre género y transición energética. En la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, un grupo interdisciplinario publicó un estudio a mediados de 2024 que documenta cómo la inclusión de mujeres en proyectos eólicos mejora la adaptación de la infraestructura a las necesidades de la comunidad local. El estudio refiere que, al visibilizar las tareas de cuidado y el uso doméstico de la energía, se optimiza el diseño de las instalaciones, se reduce el riesgo de conflicto social y se promueve la sostenibilidad a largo plazo. No obstante, la brecha de género persiste. En el sector minero-energético, alrededor del 22% de los puestos de trabajo son ocupados por mujeres, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). A esto se suman obstáculos como la falta de acceso a créditos y apoyos estatales, las dificultades de movilidad en zonas rurales y el estereotipo de que los oficios relacionados con la electricidad y la ingeniería son “masculinos”. En consecuencia, el impulso a la formación técnica y profesional de las mujeres resulta fundamental para acelerar el cambio. La Transición Energética Justa, entendida como la sustitución gradual y equitativa de combustibles fósiles por energías renovables, puede, pues, convertirse en una oportunidad para reivindicar el rol de las mujeres en la construcción de un país sostenible. En palabras de líderes comunitarias entrevistadas por Semana , la equidad de género fortalece la innovación y potencia el impacto económico y social de los proyectos energéticos. Además, las mujeres suelen liderar iniciativas de economía popular y de cuidado ambiental, promoviendo un uso más racional de los recursos. A propósito del Día de la Mujer, resulta urgente reconocer que la participación de las mujeres en la transición energética no es solo un asunto de justicia social: es una condición necesaria para el éxito de los proyectos de energía limpia y para la adopción de tecnologías acordes a las realidades locales. Dar espacio y recursos a las mujeres en la toma de decisiones, la capacitación y la investigación de nuevas fuentes de energía, se traduce en propuestas más inclusivas y en territorios más resilientes. En última instancia, el rostro de la transición energética en Colombia se pinta con el liderazgo de miles de mujeres que, desde distintos rincones del país, iluminan el camino hacia una matriz energética menos contaminante y más justa. Su compromiso y visión plural continúan demostrando que sin equidad de género no hay transformación real, y que el futuro energético de Colombia es también el futuro de sus mujeres.

Por: Lizeth Serrato Contreras Colombia ha dependido históricamente de sus propias reservas de gas natural para abastecer la demanda doméstica e industrial. Sin embargo, durante el pasado 2024 resonaba en Colombia la situación del gas y el desabastecimiento que se aproximaba frente a la alta demanda del recurso de más de 40 millones de personas, frente a ello a finales del año pasado algunas empresas comenzaron a importar el combustible y Ecopetrol no será la excepción.  El panorama actual es alarmante. Las reservas de gas natural solo alcanzan para 6 o7 años, lo que genera inquietud y desconcierto sobre la seguridad energética del país. El fracking figura como una opción inviable debido a los parámetros establecidos desde el Gobierno Nacional. Ante este escenario, la única alternativa inmediata es la importación de gas natural, y Ecopetrol ha estructurado dos proyectos estratégicos en Buenaventura y La Guajira para garantizar el suministro hasta que los nuevos proyectos offshore en el Mar Caribe comiencen su producción comercial en 2029 o 2030.  A partir del 2026 Ecopetrol iniciará la oferta del producto importado y ha decidido que esta gestión del combustible se haga desde dos proyectos uno en Buenaventura y otro en el departamento de La Guajira. Según manifestó David Riaño, vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición de Ecopetrol, “i identificamos las dos mejores alternativas para Ecopetrol que cumplen con los criterios de disciplina de capital y que nos permitirán poner gas adicional al mercado para atender la demanda que se espera en los próximos años” (2025).   Se sabe que el proyecto en Buenaventura cuenta con un avance significativo, pues Ecopetrol ya firmó el primer contrato de servicios de regasificación en beneficio a la empresa Puertos, Inversiones y Obres S.AS . Por otro lado, se encuentra el panorama Guajiro, de este proyecto se conoce que, a pesar de estar más demorada que el de Buenaventura, las importaciones se llevarán a cabo utilizando la plataforma de Chuchupa B, área que ya cuenta con el campo offshore propiedad del mismo Ecopetrol.   La decisión de Ecopetrol de importar gas es una respuesta necesaria y pragmática a una crisis inminente. No obstante, no debe convertirse en una solución permanente. La dependencia de las importaciones de gas podría traer consigo riesgos financieros, políticos y ambientales a largo plazo. Colombia tiene una oportunidad histórica para consolidar su transición energética. Para ello, es fundamental que el Gobierno y el sector privado trabajen en una visión de largo plazo que incluya inversión en exploración y producción de gas en el Mar Caribe para reducir la dependencia de importaciones. También es necesario acelerar proyectos de energía renovable garantizando incentivos fiscales y financiamiento para desarrollos sostenibles. Además, se requiere una regulación clara y estable que permita equilibrar el mercado energético y evitar que los consumidores paguen precios excesivos. Si Colombia no toma medidas estructurales ahora, en el futuro enfrentará una crisis energética aún mayor, con una dependencia del gas importado que podría volverse insostenible. Este es el momento de apostar por una estrategia energética integral que garantice seguridad, sostenibilidad y competitividad a largo plazo.

Por: Natalia reina  Mientras el Chocó enfrenta una grave crisis de seguridad y requiere acciones estructurales urgentes, Jhoany Carlos Alberto Palacios, uno de sus dos representantes a la Cámara, sigue ejerciendo su cargo a pesar de estar inhabilitado por la Contraloría para ocupar funciones públicas y ser investigado por la Procuraduria . Así las cosas, continúa disfrutando de privilegios de su investidura, como un sueldo de más de 40 millones, tiquetes nacionales y un equipo de asesores para su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL); al tiempo que, en su paso por la Corporación ha radicado proyectos de ley de carácter simbólico, como homenajes a figuras religiosas, lo que conduce a preguntarse sobre la pertinencia de su gestión en medio de las crisis que afronta su departamento.   Desde hace un par de semanas la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba ha insistido en la necesidad de poner el foco de atención en su departamento. En febrero de 2025 en medio de la Cumbre de Gobernadores la mandataria en cuestión manifestó  su preocupación por la crisis humanitaria que atravesaba el Chocó. Recientemente, la defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó  de al menos 11 focos de emergencia humanitaria en el país a raíz del accionar de grupos armados, siendo la subregión del San Juan, en Chocó, uno de los puntos críticos. Incluso, desde la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, ya se han hecho advertencias  sobre la situación.  Por otra parte, los indicadores económicos del departamento no mejoran. Para el trimestre móvil de noviembre de 2024- enero 2025, Quibdó, capital del Chocó, registró la tasa de desocupación más alta del país, alcanzando el 30,9% ; que además, fue superior al reporte de ese mismo municipio para el trimestre móvil octubre- diciembre de 2024, que había registrado 28,2%.    Posicionar las agendas regionales, como asuntos de priorización y atención por parte de las entidades nacionales es uno de los principales retos de los alcaldes, gobernadores, y representantes a la Cámara. Sin embargo, para el caso de Chocó, la representatividad con la que cuenta en corporaciones como la Cámara de Representantes es poca, pues únicamente dispone de dos curules, en contraste con otros departamentos como el Valle del Cauca, que posee 15 representantes. Si bien es cierto que el número de curules responde a la configuración del sistema electoral la realidad es que pese a la multiplicidad de obstáculos que presenta el Chocó y la atención pública que requiere, las voces de políticos chocoanos en el legislativo son pocas y con cuestionamientos a sus espaldas.  Chocó cuenta con dos representantes a la Cámara, ambos pertenecientes a clanes políticos relevantes. En primer lugar, se encuentra Astrid Sánchez Montes de Oca, abogada de la Universidad de la Sabana y especialista en derecho procesal penal y en derecho administrativo. Pertenece al Partido de La U, fue senadora de la República para el periodo 2010-2014; y ha sido elegida consecutivamente como representante a la Cámara (2018-2022; y 2022-2026). La congresista ha sido señalada por presuntamente haber cometido fraude electoral en las elecciones de 2010, pues el Consejo Nacional Electoral determinó la anulación de 4.000 votos  a su favor.  Sánchez Montes de Oca, pertenece a un clan político que lleva su mismo apellido; debido a que su familia tiene importante trayectoria en las contiendas electorales. Por un lado, su hermano Odín Sánchez, exconcejal de Quibdó, exdiputado y excongresista, condenado en 2010 por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica; puntualmente por presuntamente hacer parte del proyecto  “Por una Urabá Grande Unida y en Paz”.   Del mismo modo, su otro hermano Patrocinio Sánchez es un líder político de la región, fue elegido gobernador de Chocó para el periodo 2008- 2011; sin embargo, en 2011 fue destituido  tras ser condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de peculado culposo, por presuntas irregularidades en contratos del sector salud mientras ejercía como alcalde de Quibdó entre 2001- 2003. En las pasadas elecciones locales de 2023, Patrocinio fue candidato a la Gobernación de Chocó, siendo derrotado por la actual gobernadora, Nubia Córdoba, del Clan Cordobismo.   El segundo representante a la Cámara por el Chocó es Jhoany Carlos Alberto Palacios, perteneciente al Partido Liberal y al Clan Cordobismo, el cual posee gran relevancia en la política local y se le asocia con el liberalismo. Palacios es abogado y especialista en derecho laboral; fue alcalde de Istmina y previo a su llegada al Congreso fue asesor del ex representante a la Cámara, Nilton Córdoba -condenado en enero de 2024 por su presunta participación en el “Cartel de la Toga” - .   Adicionalmente, el actual representante fue gobernador del Chocó en el periodo 2016-2019, cargo que le ha suscitado múltiples investigaciones. Según la W Radio , hasta noviembre de 2024 en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia había 11 procesos abiertos en contra de Palacios. En ese mismo sentido, algunos de los cuestionamientos están asociados a presuntas irregularidades en la construcción de la primera etapa de la Universidad Tecnológica del Chocó en Istmina; presuntas irregularidades en una licitación pública  dirigida a pescadores artesanales; y presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato por más de 13 mil millones de pesos que tenía por objeto rehabilitar cuatro kilómetros de vía  entre Riosucio-Belén de Bajirá- Caucheras en Chocó; entre otras.  El 11 de junio de 2023 la Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal  contra Palacios, quien además fue sancionado con una multa de 18.333 millones por presuntas irregularidades cometidas cuando fungió como gobernador; puntualmente, el hoy congresista habría estado involucrado  en la pérdida de recursos públicos, al aprobar actas de pago que contribuyeron al abandono de una obra por 24 mil millones de pesos, para la construcción de un sistema de gas natural en Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto.   Adicionalmente, el ente de control inhabilito a Palacios para contratar con el Estado, así como para desempeñar cargos públicos por cinco años, iniciando en 2023 y finalizando en 2028. Pese a todo lo anterior, Palacios continúa fungiendo como congresista, pues no existe un proceso formal que determine la pérdida de investidura .  En algunos sectores de la región, Palacios es conocido como “el bagre enjabonado” pues ha sido objeto de múltiples señalamientos e investigaciones y siempre logra “resbalarse” en medio de ellos sin mayores complicaciones. De hecho, en 2022, Caracol Radio  afirmó que Jhoany Carlos Alberto Palacios era el congresista más investigado por la Procuraduría. Sin embargo, el 10 de diciembre 2024 el Consejo de Estado admitió una demanda que podría dejar en entredicho el apodo atribuido al congresista; se trata una demanda por pérdida de investidura, la cual ya surtió la etapa probatoria.   En el marco de dicho proceso, el pasado 26 de febrero de 2025 el Consejo de Estado llevó a cabo la audiencia pública del caso, en la que se presentaron los alegatos de conclusión de las partes. El principal argumento de la demanda sostiene que es causal de pérdida de investidura que: “ El numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 296 de la ley 5 de 1992, consagran que los congresistas perderán su investidura por violación del régimen de inhabilidades y, en ese mismo sentido, el numeral 4 de la ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, consagra como otras inhabilidades, haber sido declarado responsable fiscalmente ”. Así como, la inhabilidad para desempeñar cargos públicos impuesta por la Contraloría.   Sin embargo, la defensa del demandado y el procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado mencionaron en la audiencia, que la inhabilidad emitida no se encontraba vigente en el momento de elección del Representante, pues esta empezó a regir en agosto de 2023, y Palacios se posesiono en julio de 2022.   El proceso de la demanda prosigue y mientras tanto, transcurrido más de un año posterior a la inhabilidad impuesta por la Contraloría, Palacios continúa sesionando en la Cámara de Representantes. Sin embargo, ¿Qué ha hecho el congresista por su departamento? Según el informe de gestión 2023-2024  publicado por el mismo representante en la página de la Corporación, se menciona que, durante el período en cuestión, Palacios fue autor únicamente de tres proyectos de ley:  Cuasimodo del Santo Eccehomo, el cual tenía como propósito que la Nación rindiera homenaje por la contribución al corregimiento de Raspadura y sus habitantes que desde el año 1802 se cimentó en su historia religiosa las acciones milagrosas del Santo Eccehomo de Raspadura.   Campeonato Amistades de San Juan, este proyecto de ley pretendía declarar evento de interés deportivo, cultural y turístico el campeonato de fútbol amistades de San Juan, realizado en el municipio de Medio San Juan.  Quibdó Distrito Ambiental, dicho proyecto buscaba elevar a Quibdó a la categoría de Distrito Ambiental, Biodiverso, Pluriétnico y Ecoturístico, con el fin de proteger la diversidad biológica de la región.  Teniendo en cuenta, las pocas curules que disponen departamentos como Chocó, cabe preguntarse ¿Cuál es la pertinencia e incidencia real que poseen proyectos de ley como los presentados por Palacios, en medio de la compleja situación de su región? ¿Los cargos de representación en efecto están representado las necesidades e intereses actuales de los electores? ¿Quiénes deberían posicionar las agendas alrededor de la situación de seguridad, atención en salud, construcción de vías, reducción del desempleo, entre múltiples problemáticas en el Chocó?  Tan solo en el año 2024, Pares dejó en evidencia las presuntas irregularidades en el PAE en diferentes municipios de Chocó , como presuntos vínculos de algunos contratistas y operadores del programa en Alto Baudó, con políticos de la región; incumplimientos y retrasos de hasta 3 meses en el pago de las manipuladoras de alimentos en Quibdó; e incluso municipios como Bagadó, que no poseen la totalidad de documentos públicos porque “ se la llevó el río ”, y mientras tanto no existen mecanismos para hacer veeduría a programas sociales altamente cuestionados en dicho departamento. Sin embargo, son lo chocoanos quienes tienen la última palabra frente a la gestión de sus representantes.   Ahora bien, la continuidad o no de Jhoany Carlos Alberto Palacios en la Cámara de Representantes, está en las manos del Consejo de Estado. Por el momento el Consejero Ponente, Luis Antonio Rodríguez deberá estudiar el caso para posteriormente discutir en conjunto con la Sala Especial de Investidura, la ponencia que presente Rodríguez. La fecha de citación aún no ha sido definida. Así las cosas, el congresista sigue ocupando su curul hasta que se emita una notificación formal ante la Corporación en cuestión.   En caso de presentarse dicho escenario, el escaño de Palacios sería ocupado por el siguiente candidato con mayor número de votos obtenidos en las legislativas y perteneciente al Partido Liberal, en tanto que esta fue la agrupación política que avaló al representante; este sería, Omar Francisco Vidal Rojas, quien actualmente es secretario del Interior de Chocó, cargo al que tendría que renunciar en caso de aceptar una silla en el legislativo.   Por lo pronto, con dos curules en la Cámara de Representantes y múltiples obstáculos por mitigar, el Chocó enfrenta un doble desafío: uno, el posicionamiento de agendas regionales en la esfera nacional a través de representantes que incidan efectivamente; y dos, la presencia de políticos cuestionados e incluso con inhabilidades impuestas por entes de control, cuya labor parlamentaria podría quedar en entredicho, en términos del impacto real para el departamento.