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Por: Laura Bonilla He de confesar que durante muchos años creí que el problema fundamental del país era que gobernaban los malos. Dejé de creerlo cuando, después del esfuerzo y el costo de haber denunciado los escándalos de la parapolítica, lo que vino no fue un cambio, sino una sofisticada adaptación. Con el tiempo, los escándalos se olvidan y aquellos grupos políticos que llegaron al poder a punta de “manejar” la intermediación con el Estado no solo han sobrevivido, sino que siguen en el poder. Y seguirán, porque, como dijo Petro, esa es la forma de hacer política: la que lo hizo perder en 2018 y la misma que lo llevó a la presidencia en 2022. Aprendí entonces una verdad irrefutable que procuro recordar cuando estalla nuevamente la indignación colectiva: cambia la gente, el mecanismo sigue intacto. La ratificación de Armando Benedetti, el escándalo en la UNGRD y los tentáculos políticos de Papá Pitufo, el más reciente escándalo de corrupción, donde incluso hay expresidentes mencionados, me lo confirman. Desde el Proceso 8.000 hasta la Pitufopolítica, pasando por la Parapolítica, el Cartel de la Toga y el caso Odebrecht, el patrón es el mismo: políticos que reciben dineros ilegales para campañas y, a cambio, reparten el Estado en favores, contratos y puestos. Hacen que la corrupción viva y que las economías ilícitas, contrabando incluido, tengan un nicho de protección. De hecho, el poder político en Colombia se sostiene sobre un hecho básico: nadie accede a la política ni al empleo público sin representación política. Cualquiera que haya trabajado en el sector público lo sabe, pero nadie lo menciona hasta que estalla un escándalo. Y estos escándalos no son más que placebos para hacernos creer que tenemos el control. Nuestra sociedad política vive en un estado de negación, o si se quiere, de disonancia cognitiva. Cada vez que se destapa un escándalo, reaccionamos con indignación, como si no supiéramos que esto es, en realidad, el día a día. Todos estamos atrapados en un sistema donde la recomendación es la moneda de cambio más importante del país. La llamamos “la dinámica”, “la política”, la “intermediación”, el “manejo”, pero en esencia es lo que sostiene nuestro sistema político: el intercambio de favores. Un contrabandista, Diego Marín, empezó a hacer negocios con los Rodríguez Orejuela a inicios de los años 90 y consolidó su imperio en el contrabando de todo tipo de productos. Durante décadas, este negocio ha sido altamente rentable, no solo por la evasión de impuestos, sino porque facilita el lavado de activos. En Colombia, el contrabando rara vez se ha visto como un delito grave. De hecho, en un país donde el Estado nunca ha sido capaz de garantizar bienes y servicios de calidad, muchos lo ven como una forma de supervivencia. En 1994, con la atomización del Partido Liberal, las campañas se hicieron más costosas y dependientes de individuos con aspiraciones propias, en lugar de estructuras partidarias. Esto benefició a los caudillos regionales, pero también abrió la puerta a empresarios ilegales que siempre han necesitado acceso a la política para evitar regulaciones, saltarse normas o mejorar su posición frente a competidores. Durante treinta años, múltiples gobiernos han recibido dinero del contrabando y, por esa vía, del lavado de activos. Eso significa que Papá Pitufo ha recomendado a diestra y siniestra: políticos de todas las banderas han gozado de su beneplácito y su dinero, y funcionarios recomendados han logrado romper la muralla de hierro de la movilidad social. Honestamente, ¿alguien cree que el hoy defenestrado contrabandista ha perdido un ápice de poder en estas décadas? Quería cerrar esta columna con una solución, una idea o una propuesta. No pude. En todos estos años cubriendo corrupción, escándalos, elecciones y políticas, he visto pasar incontables nombres en bases de datos, diagramas de red y demás. Cientos de políticos han ido a la cárcel y seguimos con un Estado diseñado a la medida de la clase política. Lo único que podríamos hacer es dejar de fijarnos en los nombres y empezar a desmontar los mecanismos. Pero claro, eso implicaría querer cambiar el sistema. Mejor esperemos el próximo escándalo.

Por: Iván Gallo La jerarquía, la antigüedad, es muy respetada por los militares. Sacar a cada general cuesta una inversión de dinero y experiencia. Por eso, cuando un presidente, antes de la Constitución de 1991, escogía a un general para que fuera su ministro de guerra -nombre que tenía antes el ministerio de la defensa- se le presentaba un problema con sus tropas. Desde la época de César Gaviria y de la misma Constitución del 91, se terminó esta complicación. Amparados en la Constitución del 91 se nombró como ministro de la defensa a Rafael Pardo. Un civil.   Esta tradición que duró 34 años la cortó, paradójicamente, un presidente de izquierda cuando el pasado 19 de febrero Gustavo Petro decidió que el reemplazo de Iván Velásquez será el general Pedro Sánchez quien lleva treinta años en la Fuerza aérea y se ganó buena parte del fervor popular después de ser conocido como el héroe que rescató a los hermanitos Mutucuy de la selva. Sánchez es experto en helicópteros que estuvo durante cuatro años en las fuerzas especiales y un hombre de confianza del presidente Esta decisión del presidente no sólo ha traído eco entre la sociedad civil que se pregunta ¿Por qué acabar con una tradición de civilidad si es justamente un mandatario de izquierda? Sino que también ha hecho ruido en las tropas, sobre todo en los generales más antiguos, que no entiende por qué Petro se saltó las jerarquías. Es muy difícil que oficiales con mayor tradición, que estaban en la lista de 29 generales opcionados para ser ministros, puedan hincarse ante alguien con tan poca experiencia. El respeto al escalafón es muy importante para los militares. Y Petro, amparado en su cúpula militar, también rompió esta tradición militar. Escogió a un general que estaba en el escalafón en el número 30. Es decir, Petro, con esta decisión, quedó mal con los dos bandos.   Antes de 1965, durante el gobierno del conservador Guillermo León Valencia, se llamaba ministerio de guerra. Durante todo el siglo XIX era un cargo que se consideraba un trampolín para ser presidente. Con Valencia el ministerio se llama de Defensa. El cambio de nombre sirve para significar que su objetivo principal función no sería el ataque sino la defensa del territorio ante el posible ataque de una potencia extranjera. Era difícil para un militar, vestido con sus atavíos, tuviera que ir al Congreso a recibir, por parte de civiles, una andanada de cuestionamientos. El general no podían dar opiniones políticas porque esto rompía la independencia y la liberación. El ministro tenía que contestar lo que tuviera que ver con el manejo de la tropa pero el resto tenía que responder el ministro del interior.   El último caso que muestra las complejidades de nombrar a un general como ministro de defensa, sucedió durante el gobierno de Belisario Betancourt. El conservador, que estaba decidido a llegar a acuerdos de paz con las guerrilas como el M-19 y las FARC, cometió un error, nombrar al general Fernando Landazabal como ministro de defensa. Desde su posesión en agosto de 1982 presentó una contradicción con su jefe inmediato: señaló que el principal responsable de la violencia en este país era el partido comunista. En 1984 Betancourt se reunió con miembros del M-19 para evaluar las condiciones de un diálogo de paz. Landazabal consideró esto un cachetazo y renunció inmediatamente al gobierno. En 1984 fue nombrado embajador en los Países Bajos.   Pero el nombre de Landazabal volvería a sonar en noviembre de 1985, cuando en un ataque demencial de un comando del M-19, liderado por Álvaro Fayad, se tomaron el Palacio de Justicia, generales cercanos al ex ministro de defensa, como Arias Cabrales, sacaron por unas horas del espectro de poder al presidente Betancourt y tomaron las riendas del caballo. El resultado fue la sangrienta recuperación del Palacio que terminó con 100 muertos -entre ellos 11 miembros de la Corte Suprema de Justicia- y una docena de desaparecidos.   Este precedente fue tenido en cuenta en la Constitución del 91 para dejar claro que los civiles deberían estar por encima de cualquier uniformado en el ministerio de la defensa. Por eso Pardo fue el escogido. Tener un ministro de defensa civil no es garantía necesariamente de respeto a los derechos humanos. Ministras como Martha Lucía Ramírez estuvo implicada en la sangrienta Operación Orión y ni hablar del bombardeo a civiles en el Putumayo por parte del ministro de defensa Molano durante el gobierno de Duque.   La decisión de Petro tiene que ver con el complejo panorama que presenta el país. A las crisis en Catatumbo y Chocó se suman los ataques en la madrugada del 20 de febrero al peaje de Villa del Rosario y la Parada. Diez explosiones sacudieron anoche a los cucuteños. Para expertos en el tema la decisión de Petro no necesariamente ha sido un paso en falso un retroceso, así lo marca León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación dice lo siguiente desde su red social X: “La designación de Pedro Sánchez como ministro de la defensa tiene dos caras: por un lado es volver a poner a un militar en un cargo que desde hace 33 años le correspondía a civiles, lo cual parece un retroceso; pero, por otro lado, significa ascender al comandante de la noble operación de rescate y salvación de los niños indígenas perdidos en la selva, todo un símbolo que contrasta con los ascensos de militares por perpetrar falsos positivos en tiempos de Uribe”.   Sin embargo no deja de ser un golpe para las luchas de la sociedad civil y de la izquierda que un militar vuelva a ser ministro de la defensa. Esto quiere decir que los militares se sacuden del control civil. Es regresar a la anquilosada Constitución del 86. Para evitar una tormenta el general Sánchez asumirá el ministerio de defensa como militar retirado. Aterriza en medio de un terremoto: la posible salida de 35 generales y almirantes y, a la vez, la conmoción que produce dentro de la sociedad saber que la tradición de civilidad dentro del ministerio de defensa la acabó el primer presidente de izquierda elegido democráticamente.

Por: Redacción Pares Llegamos a este punto de la historia porque dejamos atrás a los Neardenthales hace unos 100 años. Bajamos de los árboles, dejamos de cazar, inventamos la agricultura, luego las pirámides y los complejos sistemas económicos, la democracia y después la Inteligencia Artificial. Alan Turing, en su afán por derrotar a los nazis, creó un test para identificar robots de humanos. Sin pensarlo, el hombre que fue obligado a suicidarse por cometer el pecado de ser homosexual en la década del cincuenta, desarrolló las bases para la IA que está a punto de gobernarnos. En los sesenta se creó un sistema llamado ELIZA que servía para interactuar con una máquina. Era un modelo que buscaba demostrar que la ciencia no estaba tan atrás de la ciencia ficción. Era la época en la que Stanley Kubrick nos había bañado en ácido con su viaje interestelar de 2001 Odisea del espacio. La máquina resultó teniendo algo de empatía y asombró a los que la usaron.   No sabíamos de la magnitud del daño hasta que, en el 2014, la AlphaGo, un sistema creado para jugar Go, el milenario y complejo juego chino, derrotó, con facilidad y con jugadas absolutamente revolucionarias, al mejor jugador del mundo. La partida fue vista por cuarenta millones de personas a través de streaming.    Once años han pasado y la IA dejó de ser una promesa-amenaza, ya es una realidad. Millones de personas en el mundo se preguntan si no perderán sus trabajos, si las máquinas en algún momento no se rebelarán contra nosotros. Lo único cierto es que la alianza Elon Musk- Donald Trump para el monopolio de la IA debería darnos miedo.   Dos días después de su posesión, el 22 de enero del 2025, Donald Trump hizo uno de esos anuncios que paralizan el mundo: su gobierno invertiría 500 mil millones de dólares para construir el proyecto Stargate, la más descomunal de las IA que han existido jamás. En declaraciones a la prensa el siempre prepotente Trump afirmó: “Apúntense este nombre, Stargate, porque van a escucharlo mucho”. En una de las fábulas de Marvel el profesor Xavier, el líder de los X-MEN, crea un super computador llamado Cerebro que, como el Aleph de Borges, contiene en un punto todos los puntos. Xavier lo tiene para hacer el bien. ¿Qué sería de la humanidad si Trump tuviera a Cerebro? El primer afán del presidente norteamericano es dejar atrás a China en su competencia por la supremacía de la IA. Trump además afirma que el desarrollo de este proyecto le permitirá crear millones de empleos, sin dar mayores especificaciones. Pero, ¿Qué podemos esperar de un hombre que en el 2016 publicó una foto en Instagram durante una estadía en Alaska, con guantes y gorro, afirmando “Necesitamos más calentamiento global”.   La IA en unos cuantos años habrá superado en inteligencia a los humanos. Como ha sucedido en la historia del universo, las especies superiores terminan dejando atrás a las inferiores. Como un karma pagaremos nuestra astucia de ser creadores. Como al doctor Frankenstein su propio invención terminará devorándolo. Se han intentado aplicar un sistema moral eficiente a las máquinas pero, con su afán capitalista, es difícil que Trump se tome esa molestia. Lo que tenemos que ver es la historia del universo y de este planeta, donde las especies vienen y se van. Es probable que nosotros mismos inventáramos la cura para borrar para siempre la maldad humana.

Por: Redacción Pares El pasado 4 de enero del 2025 en su casa en el barrio Los Pinos de Mocoa, el ex alcalde de esa ciudad, Elver Cerón Chicunque, conversaba con su esposa y con el cantante Andrés Fajardo. Eran los primeros días del año y, como sucede en tantas otras partes del país, la quietud y el silencio rondaban las calles de este golpeado municipio. Por eso nadie vio llegar a dos hombres que parquearon su motocicleta frente a su casa, se acercaron a una de las ventanas y desde ahí dispararon. Cerón murió de manera instantánea. Sufrió el impacto de siete disparos. El cantante -quien también era abogado- Fajardo falleció en el hospital y la mujer fue declarada a las pocas horas como fuera de peligro. Según ha podido establecer la línea de democracia de la Fundación Paz y Reconciliación, el atentado se dio presuntamente por un ajuste de cuentas por deudas no saldadas por Cerón en su última administración.   Cerón era una figura prominente en Mocoa, siempre bajo las toldas del partido conservador. Fue alcalde en dos oportunidades, entre el 2004 y el 2007 y entre el 2012 y el 2015. Venía de quemarse en las pasadas elecciones locales de alcaldes pasadas. Sobre Cerón se han tejido comentarios siniestros,  alrededor suyo tanto que en el 2020 fue capturado acusado de ser el líder de “Los Achapos”, una banda criminal que se dedicaba a la explotación y comercialización de madera, según lo señala el diario El Colombiano. Fue declarado inocente. . Putumayo está en el eje del pulmón del mundo y la desforestación indiscriminada es considerada un delito grave. En sus mandatos los escándalos explotaban como tormentas y tenían que ver con controversias en la contratación pública, supuesto constreñimiento electoral y otros cuestionamientos.   No era la primera vez que detenían a Cerón. En el año 2017 la Fiscalía lo detuvo por la tragedia de Mocoa. Si bien en el 2017 no era alcalde, si omitió en su periodo tomar todas las medidas necesarias para evitar una avalancha que estaba cantada y que acabó con la vida de 336 personas y dejó a otras 400 heridas. Gracias a una movida de su abogado pudo quedar en libertad. La tercera vez que estuvo detenido fue en el 2018 cuando, por orden de la Fiscalía, fue capturado por una presunta desviación de fondos en su segundo paso por la alcaldía.   En el último informe de la línea de democracia de la Fundación Paz y Reconciliación, se señala que John Molina, candidato del Partido Conservador, AICO y  MAIS, uno de los dos más opcionados para ganar las elecciones atípicas a la gobernación del Putumayo, sigue siendo ficha del cuestionado ex alcalde Cerón. Ha sido cuestionado por doble militancia, por manejo irregular del sistema general de participaciones mientras fue representante legal de la Empresa de Energía del Putumayo. En estas elección el círculo que acompañó a Cerón lo viene apoyando. Algunos tan cuestionados como Gloria María Ortiz, suegra de alias La Gárgola,  narcotraficante y líder de la banda la Constru. Pero los señalamientos más duros que ha recibido Molina es sobre los supuestos apoyos de los dos grupos que mandan en ese departamento: los Comandos de Frontera y el Frente Raúl Reyes, ambos disidentes de las FARC. Incluso en los últimos días se ha difundido a través de redes sociales un video en donde un supuesto miembro de los Comandos de Frontera, llamado alias Don Mario, interrumpe una manifestación pública para gritar a los cuatro vientos su apoyo decidido a la candidatura de Molina.   Para saber más detalles sobre lo que pasará este domingo en Putumayo los invitamos a leer el siguiente informe:   LINK DEL INFORME: https://www.pares.com.co/post/graves-cuestionamientos-rodean-a-dos-candidatos-a-la-gobernaci%C3%B3n-del-putumayo

Por: Nataly Paez El pasado 14 de febrero, la Fiscalía General de la Nación (FGN) en cabeza de la fiscal Luz Adriana Camargo, llevó a cabo un acto público donde se presentó el informe de investigación y judicialización de delitos contra personas defensoras de Derechos Humanos, en cumplimiento de la sentencia SU-546 de 2023 de la Corte Constitucional, la cual declara un Estado de Cosas Inconstitucional [1] como consecuencia de la violación sistemática, masiva y generalizada de los derechos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. La Comisión de Seguimiento a la sentencia hizo parte del acto público de presentación del informe, allí Andrea Garzón y Soraya Gutiérrez voceras de la Comisión creada por organizaciones de la sociedad civil, insistieron en la necesidad urgente de implementar cambios significativos en la FGN para centralizar las investigaciones, difundir la sentencia del Estado de Cosas Inconstitucional en las fiscalías territoriales, garantizar que se investiguen los motivos detrás de los asesinatos, priorizar la identificación de los autores intelectuales y desmantelar las estructuras criminales responsables.   ¿Por qué es relevante la presentación de este informe? En el marco de la sentencia SU-546 de 2023, se reconoce la existencia de fallas estructurales en el cumplimiento de los deberes del Estado social de derecho, y se señala la persistencia de una frágil capacidad institucional por implementar de manera efectiva medidas de protección que salvaguarden la vida de los liderazgos sociales en el país. En ese sentido, en su fallo, la Corte Constitucional emite tres tipos de ordenes para atender tanto las fallas institucionales como la complejidad del fenómeno, entre estas órdenes se encuentran: (i) órdenes relativas a los casos concretos, (ii)  órdenes intermedias, (iii) ordenes estructurales para la adopción de un Plan Integral de Protección.   Estas órdenes involucran directa o indirectamente a la FGN, particularmente hay tres órdenes intermedias que fueron dirigidas específicamente hacia la entidad. Bajo este contexto, en la orden intermedia decimonovena la Corte Constitucional precisa la presentación de un acto público/ un informe anual que dé cuenta de las estadísticas de esclarecimiento frente a los delitos contra líderes sociales, identificando los patrones delictivos, y diferenciando las tasas de imputaciones, condenas o absoluciones. Es por esto que, la presentación de este informe adopta especial relevancia bajo un escenario de extrema vulnerabilidad donde los liderazgos sociales y personas defensoras de derechos humanos se ven expuestos a varios escenarios de riesgo en medio de la conflictividad armada existente en varias zonas del país. Con la presentación de este informe no solo se da cumplimiento a lo requerido por la Corte Constitucional, sino que también se visibilizan los avances, dificultades, falencias y limitaciones en materia de investigación y judicialización, ya que la presentación del informe destaca tanto los logros alcanzados, como los retos pendientes y los compromisos futuros de la Fiscalía. Esto incluye la necesidad de mejorar la efectividad de las investigaciones, fortalecer el enfoque territorial, la protección de las víctimas, y superar visiones reduccionistas basadas en entender la judicialización del autor material como un hecho suficiente para alcanzar el esclarecimiento.   ¿Cuáles son los hallazgos del informe? [2] El informe detalla un total de cinco apartados entre los que se incluyen: (i) una presentación de datos estadísticos sobre homicidios contra personas defensoras de derechos humanos investigadas por la fiscalía entre 2016 y 2024, (ii) un análisis de los patrones de criminalidad que obstaculizan el ejercicio del liderazgo social,(iii) una exposición sobre la metodología de investigación de las organizaciones criminales, (iv) un análisis de las dinámicas regionales de macro criminalidad, y (v) una descripción de algunos datos estadísticos sobre delitos diferentes del homicidio doloso, como: amenazas, delitos sexuales, feminicidios, y desaparición forzada. De manera general, los principales hallazgos de la fiscalía señalan que al menos 1.372 lideres y personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas entre 2016 y 2024 , de estos casos existe un total de 1.322 procesos con 1.381 víctimas, que son investigados por la fiscalía.   Se identificó que los hombres lideres y defensores de DD. HH son los mayormente afectados con un total de 1.149 víctimas, en seguida de las mujeres con 145 asesinatos, y la población LGBTIQ+ con un total de 35 victimas durante el periodo de tiempo mencionado. Además, se observó que en 227 casos la fiscalía finalizó el proceso a través de un fallo definitivo, el equivalente al 43% de todos los casos con imputación (527).  A su vez, la tasa de imputación respecto al total de 1.322 casos fue del 40% equivalente a 527 casos, lo que significa que casi en la mitad de los casos conocidos, la fiscalía ya identificó a los responsables y los vinculó a procesos judiciales. Asimismo, se identificó que en el 68% de los 1.322 casos de homicidio contra lideres sociales y personas defensoras de derechos humanos se perpetraron en el entorno rural . Estos hechos coinciden con la presencia de actores armados u otras organizaciones criminales que obtienen rentas de las economías lícitas e ilícitas. De la misma manera, se identificó que, estos casos de violencia homicida, además de ocurrir en la ruralidad, afectan a grupos de especial protección constitucional, como la población indígena o la población afrodescendiente. Por otra parte, se evidenció que el liderazgo comunal es el mayormente afectado con un total de 373 víctimas, enseguida del liderazgo comunitario con 223 casos, liderazgo indígena con 219 homicidios, liderazgo campesino con 119 víctimas, y el afrodescendiente con 49 asesinatos . De igual forma, se evidenció que el 52% de los homicidios contra personas defensoras de derechos humanos se concentró en cinco departamentos: Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander. Finalmente, como producto de la metodología de trabajo de la Unidad Especial de Investigación, se constató que las disidencias de la FARC-EP fueron responsables de 214 casos, equivalente al 40% de los 527 casos en los que la fiscalía ya vinculó a los responsables a un proceso judicial. Este grupo armado, se categorizan como el principal agresor, enseguida del Clan del Golfo con 90 homicidios y el ELN con 55 asesinatos. ¿Cuál es el camino a seguir? La presentación del informe sobre la investigación y judicialización de delitos contra personas defensoras de derechos humanos, en cumplimiento de la sentencia SU-546 de 2023 de la Corte Constitucional, representa un avance parcial en la lucha contra la impunidad, puesto que, aún existen desafíos significativos para garantizar la justicia y la protección efectiva de líderes y defensores de derechos humanos. Si bien se reconocen avances en las investigaciones, es fundamental mejorar su efectividad, asegurando que no solo se sancione a los autores materiales de los crímenes, sino también a sus autores intelectuales, quienes continúan operando y perpetuando las dinámicas de violencia. Para ello, es crucial fortalecer la coordinación intrainstitucional, garantizando un trabajo articulado entre la Fiscalía General y las fiscalías territoriales. La unificación de criterios y la correcta aplicación de los lineamientos en todos los niveles son esenciales para mejorar los procesos de judicialización. Asimismo, resulta imprescindible reforzar las relaciones interinstitucionales y multisectoriales , promoviendo una colaboración más estrecha entre la Fiscalía y otras entidades del Estado. Solo mediante una respuesta integral y coordinada se podrá fortalecer la confianza en el sistema de justicia, garantizar el derecho a la verdad y avanzar en la erradicación de la impunidad. Además, es fundamental priorizar a las víctimas en todas las etapas del proceso, asegurando su participación efectiva y el respeto por sus derechos. Para ello, es necesario ampliar y fortalecer los canales de comunicación y recepción de denuncias, así como establecer un sistema regular de reuniones con las víctimas que garantice su acceso a la información y su involucramiento en la toma de decisiones. Por último, se destaca la necesidad de continuar reforzando el enfoque territorial en las investigaciones, que tenga en cuenta las dinámicas criminales y las particularidades de cada región. Esto implica adaptar el trabajo de la Fiscalía a las realidades de los territorios y las condiciones específicas de las víctimas, asegurando así una respuesta más eficaz y contextualizada frente a la violencia que enfrentan los líderes y defensores de derechos humanos en el país. Referencias Fiscalía General de la Nación (2025).   Acto público informe investigación y judicialización de delitos contra personas defensoras de DD.HH.[Vídeo]. YouTube. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=yl1LI9rX6-M   [1] Es preciso recordar que, la declaración de un Estado de Cosas Inconstitucional se establece “cuando determinada población se encuentra expuesta a una situación de vulneración sistemática de sus derechos humanos, que no puede puede ser abordada a través del establecimiento de órdenes individuales, sino de medidas estructurales que puedan contribuir a la superación de la crisis” (Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil -COSESU, 2024) [2]  Para abordar los hallazgos de informe es necesario tener presente el concepto de esclarecimiento asumido por la Fiscalía, ya que hace algunos años se entendía el esclarecimiento de un delito como cualquier avance en la investigación, incluida la orden de captura, la formulación de imputación o el traslado de un escrito de acusación. Ahora, la Fiscalía precisó que esta metodología fue reevaluada, y actualmente el termino de esclarecimiento  se concibe bajo el número de sentencias de condena en firme y el logro de acuerdos avalados por jueces de la república.

Por: John Correa Colombia se encuentra en un punto de inflexión en su historia energética. En un mundo cada vez más orientado hacia la sostenibilidad, la transición a energías renovables se ha convertido en una prioridad para muchas naciones. En el caso colombiano, el gobierno ha adoptado un enfoque ambicioso para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y diversificar la matriz energética con fuentes limpias como la solar y la eólica. Actualmente, el país cuenta con 119 proyectos renovables en operación y 11 en fase de pruebas, lo que demuestra un compromiso por parte del Estado y el sector privado en el desarrollo de este sector. Además, el Plan 6GW ha permitido que el 10% de la electricidad provenga de la energía solar, un hito importante, pero aún insuficiente para lograr una transformación profunda.El panorama es alentador, pero también plantea desafíos considerables. Desde la falta de infraestructura adecuada para integrar estas fuentes de energía al sistema interconectado nacional, hasta las trabas burocráticas que retrasan la implementación de nuevos proyectos. A esto se suman las dificultades en la financiación, la viabilidad social de algunos proyectos y la necesidad de adaptar el sistema regulatorio para incentivar aún más el crecimiento del sector. Ante este escenario, surge una pregunta fundamental: ¿Colombia está realmente en camino hacia una transformación energética sostenible o estamos presenciando un esfuerzo insuficiente que quedará rezagado frente a las necesidades del país y el cambio climático global? El salto hacia las renovables   No se puede negar que el país ha avanzado en materia de energías limpias. El Plan 6GW, impulsado por el Ministerio de Minas y Energía, ha permitido que el 10% de la electricidad del país provenga del sol, incorporando 2.000 MW de energía solar a la red. Sin embargo, aunque la cifra es significativa, sigue siendo pequeña en comparación con la generación hidroeléctrica y térmica, que dominan la matriz energética.La realidad es que los avances en energías renovables no solo dependen de la cantidad de proyectos en marcha, sino de la capacidad del país para integrarlos al sistema eléctrico de manera eficiente. Es aquí donde surgen las preguntas clave: ¿Colombia tiene la infraestructura necesaria para sostener esta transformación? ¿Qué tan factible es alcanzar el 70% de energía renovable en los próximos cinco años? El Caribe y la crisis energética   Si hay una región que simboliza el desafío de la transición energética en Colombia, es la Costa Caribe. Durante años, esta zona ha sufrido por altos costos en las tarifas eléctricas y fallas en el suministro. La solución propuesta por el gobierno ha sido el desarrollo de 30 proyectos solares y eólicos en la región, lo que suena esperanzador. Sin embargo, la verdadera prueba será su implementación. La historia reciente nos muestra que los proyectos energéticos en Colombia no solo enfrentan retos técnicos, sino también barreras burocráticas, conflictos sociales y dificultades en la financiación. La pregunta es: ¿serán estas nuevas iniciativas capaces de romper con esa tendencia o terminarán atrapadas en el limbo administrativo? Empresas privadas: ¿aliados o actores secundarios?   Mientras el gobierno avanza con su estrategia, el sector privado también ha jugado un papel clave. Empresas como Enel Green Power, Zelestra y Celsia han invertido en grandes parques solares y soluciones de almacenamiento energético. Proyectos como Guayepo I y II, La Mata y la planta de baterías de Celsia en Palmira son ejemplos de cómo la inversión privada puede acelerar el proceso de descarbonización. Pero aquí hay una paradoja: aunque el gobierno promueve la energía renovable, muchos proyectos enfrentan trabas en su financiación y conexión a la red. Según expertos del sector, Colombia tiene más recursos que proyectos bien estructurados, lo que evidencia la necesidad de una mayor articulación entre el sector público y privado para garantizar que la transición energética no se quede en promesas, sino que se convierta en una realidad tangible para todos los colombianos.

Por: Redacción Pares* Los invito a dibujar escenarios para las elecciones presidenciales de 2026. ¿Quiénes estarán en segunda vuelta? ¿La izquierda pura y la derecha radical? ¿Dos candidatos al centro del espectro político? ¿O, acaso, algún outsider se colará en segunda y competirá con alguien del centro o de la izquierda?.   Para establecer estos escenarios es bueno echarles un ojo a las últimas encuestas y mirar hacia atrás, hacía lo que ha ocurrido en los últimos 15 años.   En la encuesta de Eco-analítica de febrero, los resultados arrojaron que Vicky Dávila, exdirectora de la revista Semana, lidera la intención de voto, con un 15,1 por ciento; le siguen Gustavo Bolívar, actual director de Prosperidad Social, con el 11,9 por ciento; el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, con el 11,5 por ciento; Germán Vargas Lleras, 5,2 por ciento; Claudia López, 4,6 por ciento; y María José Pizarro, 4,1 por ciento.   En la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, Vicky Dávila lidera la intención de voto con un 12,7 por ciento, seguida de Sergio Fajardo, con un 11,8 por ciento y Juan Manuel Galán, con un 7,8 por ciento, y luego Claudia López (6,9 por ciento), Miguel Uribe (6,8 por ciento) y Gustavo Bolívar (6,7 por ciento), se sitúan en posiciones similares, mientras que Germán Vargas Lleras alcanza un 6,2 por ciento y María Fernanda Cabal, un 5,6 por ciento.   Es muy temprano para dar por definitivas estas tendencias y seguramente pasaran muchas cosas en el camino hasta llegar a las citas electorales de primera y segunda vuelta en mayo y junio de 2026; pero ya tenemos la indicación de que Vicky, quien ha sacado ventaja de una oposición sin asco y de la abultada billetera de Gilinski, será una competidora importante, que el centro político y su variedad de candidatos estará en la puja y que las huestes de Petro y Uribe lucharán a brazo partido para no dejarse sacar de la contienda.    Ahora echémosle un vistazo a lo que ha ocurrido en las últimas campañas electorales:   En 2010 se avizoraba una dura contienda entre el uribismo y la izquierda radical, pero Andrés Felipe Arias -candidato preferido de Uribe- perdió la consulta conservadora y Uribe tuvo que recurrir a Santos, un candidato moderado de la derecha. Y en la izquierda Mockus le ganó la nominación a Gustavo Petro; entonces la competencia se libró entre dos candidatos del centro político. Santos, el estratega, con el apoyo del uribismo, ganó con ventaja la batalla.   En las elecciones de 2014, Santos, alejado de Uribe y con las banderas de la paz en sus manos, conquistó el apoyo de la izquierda para enfrentar a Óscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo, y ganó la contienda. La polarización se tomó la campaña electoral y la izquierda empezó a ser protagonista decisiva de segunda vuelta: sin ella no hubiera ganado Santos.   Pero en las elecciones de 2018 el uribismo, que había derrotado a Santos en el plebiscito por la paz, se convirtió nuevamente en el gran protagonista de la campaña electoral, mientras la izquierda, en cabeza de Gustavo Petro, desplazó al centro-derecha y se metió en segunda vuelta. La polarización entre la derecha dura y la izquierda fue el signo de la contienda y Duque y la derecha ganaron cómodamente la batalla.   El 2022 estuvo precedido de una serie de acontecimientos políticos y sociales que catapultaron a la izquierda: la pandemia, el estallido social, la desmovilización de las Farc, la derrota de Trump en Estados Unidos, el triunfo de varias fuerzas de izquierda en América Latina y el mal gobierno de Iván Duque.   El escenario parecía muy propicio para el triunfo de Petro, que ganó con holgura la primera vuelta. Pero, de un momento a otro, se creció Rodolfo Hernández -el outsider- y el escenario se tornó bastante incierto. Al final, la izquierda ganó, pero tuvo que recurrir a comprometedoras alianzas con una diversidad de personajes cercanos a Santos, o a César Gaviria o al Partido Verde.    ¿Cuál de estos escenarios se repetirá en la segunda vuelta de 2026? ¿O acaso se presentará algo inédito?   Si las encuestas actuales persistieran, Vicky Dávila llegaría a esta instancia al lado de alguien de centro político: Fajardo, Claudia, Galán o algún aliado del actual gobierno (Cristo, Roy, Murillo), quizá con apoyo de Petro. Sería una contienda entre una nueva derecha y la centro izquierda. Ahí tenemos el primer escenario.   Pero a Vicky le esperan muchas controversias y definiciones. No se sabe aún si mantendrá su condición de outsider y será la Rodolfo Hernández de 2026 o si, al final, aceptará la alianza con varias fuerzas de la derecha y se terminará pareciendo más a Fico Gutiérrez. No se sabe cuánto puede restarle ese afán de parecerse a Javier Milei. En medio de esos ires y venires puede sucumbir su candidatura.   También, en el centro del espectro político, pasarán cosas. Saltarán nuevos candidatos a la contienda y esta corriente se enfrentará al reto de superar la dispersión, buscar la unidad y afinar un discurso convincente de moderación en un ambiente de crispación entre la derecha y la izquierda.     El segundo escenario podría ser de polarización política entre la izquierda y la derecha más ligada al uribismo. En este escenario tendrían que saltar a los primeros lugares de las encuestas candidatos como Gustavo Bolívar o María José Pizarro, por el petrismo, y Miguel Uribe o María Fernanda Cabal por el uribismo. Algunos analistas descartan este escenario por el desgaste del actual gobierno y los problemas judiciales y las disputas que enfrenta el uribismo. Pero ya hemos visto que las estrategias de polarización son bastante eficaces y no es posible borrar de un plumazo a fuerzas que han sido decisivas en las últimas campañas.    Este escenario tiene en la actualidad, además, algunos bemoles. El tormentoso consejo de ministros televisado el 4 de febrero mostró a una izquierda con graves fracturas y a un Petro pensando que quizás sería mejor inclinarse por alguien del centro político para buscar una alianza que le garantice un triunfo contra la nueva o la vieja derecha. También se sabe que Uribe está buscando afanosamente un candidato por fuera del Centro Democrático que tenga un mejor registro en las encuestas y le facilité estar en la segunda vuelta.   Cabe un tercer escenario, con algún parecido a lo que ocurrió en el 2010. Que un moderado de la derecha le gane la nominación a Vicky Dávila y al uribismo y, en el otro lado, en las izquierdas, un moderado se ponga por delante de los candidatos más caracterizados del petrismo. No será fácil, porque en el ambiente de polarización que ha vivido el país los radicales tienen muchas posibilidades de hundir al centro.     Sé que este tipo de artículos con escenarios diversos donde el columnista no mete la mano al fuego por una corriente o candidato no son del agrado de mucha gente, pero abren un debate quizá interesante.   *Columna publicada originalmente en la Revista Cambio

Por: Redacción Pares   Uno de los karmas que debe soportar un mandatario son las críticas descarnadas en redes sociales. No importa el país, un presidente siempre va a ser tendencia y está expuesto al escarnio público y a ser el protagonista de noticias falsas que se viralizan con facilidad. Petro no es la excepción. El pasado lunes 17 de febrero las comunicaciones del gobierno habían anunciado que se realizaría un segundo consejo de ministro televisado. En último momento se canceló ese consejo. En redes sociales comenzaron las especulaciones y empezó a circular algo que sería una cadena de Fakes News: el presidente se encontraba hospitalizado por un problema de intoxiçación. Las especulaciones hablaban de consumo de licor y de sustancias ilícitas. Se llegó a especificar que la Fundación Santa Fe fue el lugar donde estuvo hospitalizado el presidente. La Fundación, debido a la intensidad de la tendencia, tuvo que emitir un comunicado desmintiendo la noticia.   Ante la gravedad de estas afirmaciones el presidente explotó y le pidió a la Fiscalía que empezara a investigar a los calumniadores. Petro alcanzó a identificar y a señalar uno de esos calumniadores. Se trataría del ex candidato al consejo de Floridablanca que se quemó con trescientos votos. Anaya afirmó a través de las redes sociales que Petro no sólo estaría hospitalizado sino que también podría estar muerto. La publicación de Anaya se dio a través de un video en la red social TikTok en donde se afirmaba que Petro estaría en “cuidados intensivos” y que estaba en peligro de muerte.   El origen de este rumor se origino después de que Petro visitara en la clínica Santa Fe a su hija Antonella quien estuvo hospitalizada el pasado sábado 15 de febrero. Petro, recién llegado de un desgastante viaje al medio oriente, tuvo que bajarse del avión a visitar a su hija quien fue internada por un cuadro viral.   A través de su cuenta de X Petro señaló del “ataque de Fake News” a  la “extrema derecha”. La Fundación Santa Fe divulgó en el 2020 una supuesta versión en donde Petro se había agravado por haber contraído coronavirus. Petro hizo una alusión a ese hecho y afirmó desde su cuenta de X: “No sé si con personas al interior de la fundación Santa Fe, que ya me ha pasado, por sectarismo de personas de allí, o de cualquier persona de por ahí,  se construye por la extrema derecha una campaña criminal de desinformación”.   Le quedará de para arriba al presidente poder convencer a la Fiscalía que se siga una investigación sobre los que lo calumnien en redes social ya que, a diario, como sucede en cualquier democracia, los descarnados ataques a través de X, TikTok, Facebook e Instagram son constantes, como sucede en cualquier democracia del mundo.

Por: Redacción Pares En los últimos 28 años Colombia ha tenido un poder silencioso, es el que irradia Diego Marín Buitrago. Es que desde los puertos más importantes del país el llamado Zar del contrabando movía 8 billones anuales en mercancías ilegales. Para esto tenía una red de funcionarios, de agentes de la POLFA e incluso han salido a la palestra nombres de presidentes de la república, como Andrés Pastrana e Iván Duque, quienes ejercieron presión para sacar a oficiales como el general Buitrago quienes estaban a punto de capturar a Papá Pitufo. De Duque y de Pastrana sólo se ha podido comprobar esa presión para sacar a Buitrago. No existen pruebas de contactos entre estos dos presidentes con el Zar del Contrabando.   Gustavo Petro está enfocado en traer al país a Papá Pitufo para que cuente sus verdades. El presunto contrabandista está preso desde noviembre en Portugal. Su defensa, desde esa fecha, ha intentado conseguir una protección con el gobierno portugués para no ser extraditado. Mientras tanto en el país el tema sigue siendo el de la relación entre el gobierno Petro y Papá Pitufo. Funcionarios muy cercanos a él como el embajador en Londres, Roy Barreras, han salido salpicados en el Pitufogate.   Y su nombre sobre todo ha salido manchado. Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, en declaraciones dadas en la Fiscalía, afirmó que Petro se reunió dos veces con Papá Pitufo. Eso sí aclaró que en la campaña no se recibió un peso por parte del señalado Zar del Contrabando. En estos encuentros estuvieron invitados empresarios de los sanandresitos. Rodríguez, quien ha sido cercano a Petro desde los años en los que el presidente formaba parte del M-19, afirmó que él no tiene certeza de que Xavier Vendrell devolvió los 500 millones de pesos que Papá Pitufo dio en efectivo para financiar la campaña del líder del Pacto Histórico.   La declaración la dio Rodríguez ante el fiscal Elkin Ardila. Fue el director de la UNP quien puso en el mapa el tema de Papá Pitufo cuando en el Consejo de Ministros televisado, señaló a Armando Benedetti en este lío el señor Benedetti no ha sido condenado, pero no significa que tal y como lo hizo en la campaña, termina dominándola y generando los ruidos que hoy tenemos.  No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones, pero comenzaron con él el tema del señor Pitufo , y no sé dónde van a terminar. Pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. Lo puedo sostener porque me lo dijeron".   Petro mismo reconoció que se vio una vez con Marín Buitrago: "Solo he visto a Marín una vez, tiempo después.  La única vez que vi a ese señor fue llevado por Daniel García, un exfuncionario de mi alcaldía del Partido Verde , que me lo presentó con otros señores como empresario del San Andresito. Le expliqué. sin saber quien era, que mi política consistía en transformar los San Andresito de espacios de contrabando, en espacios de producción nacional. No ofreció dinero para la campaña mientras estuve allí".   El escándalo de Papá Pitufo no sólo salpicaría a Petro y a funcionarios de su administración sino a los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos y Duque. Su llegada al país -que se daría en 8 semanas- sería fundamental para aclarar la verdad.

Por: Redacción Pares Desde Londres Roy Barreras recibió, vía la W radio, la noticia: era protagonista de un nuevo escándalo. Si, su nombre también apareció en la marquesina, al lado de Papá Pitufo. El actual ministro de comercio, Luis Carlos Reyes, aseguró que mientras era el presidente del congreso Barreras, con su eterna sonrisa, le pidió que designara dos recomendados suyos para puestos claves en la Dian de Buenaventura y Cali. Vale recordar que Diego Marín Buitrago, señalado como el Zar del Contrabando, manejaba la Policia Aduanera y a funcionarios de la DIAN como Omar Ambuila, y así pudo establecer y fortalecer su imperio del contrabando que le generaba 8 billones de pesos de ganancias anuales.   Según Reyes, Barreras le entregó dos hojas de vida de dos recomendados para ocupar altos cargos en la DIAN. Reyes fue director de esta entidad en los dos primeros años del gobierno Petro y fue uno de los funcionarios destacados de esta administración. Un día después de los señalamientos Barreras salió a la arena en la red social X donde escribió este mensaje: ¿Tanto temor le tienen a que juguemos algún papel en el destino de 2026? Nada opinaré por ahora sobre esa campaña electoral que se avecina, pero (vienen) una batalla y una guerra sucia que no deben detener a quienes, de buena fe, quieran construir para Colombia una solución estable y no odiadora”.   Cuando conocí a Roy Barreras entendí por qué la gente que lo rodea lo define como un tipo encantandor. Fue el 20 de junio del 2022, faltaban minutos para que Gustavo Petro fuera proclamado como el primer candidato de izquierda en ganar unas presidenciales en Colombia. Estabamos esperando los resultados en el Movistar Arena y Roy salió, con una chaqueta azul tipo salvavidas, a saludar a los medios. Los muchachos de Fucks News salieron a interpelarlo, a hacer el tipo de periodismo que les reporta tantos clicks, y Roy rápidamente dejó de ser el blanco de las bromas para bombardearlos a preguntas y reventarlos de risa. En ese momento Barreras ya estaba enfermo, tenía el cáncer de colon que se haría público en septiembre de ese año, pero en ese momento rezumaba salud.   Hijo de un médico caleño, Roy ejerció la medicina hasta llegar a los cuarenta años. Desde entonces ha sido uno de los operadores políticos más eficientes. Ha demostrado que no le importa el color político sino el poder del que manda. Por eso no tuvo empacho en crear, en la primera década de este siglo, el partido de la U, en honor al entonces todopoderoso presidente Uribe de quien fue uno de los escuderos más incisivos defendiendo su reelección. Cuando llegó Santos mudó de piel y fue uno de los defensores acérrimos del acuerdo de paz. La relación fue tan cercana que Roy nombró a Santos padrino de su segundo hijo.   En ese gobierno protagonizó un escándalo: fue señalado de adueñarse de la EPS Caprecom. La lucha por esa prestadora de salud llevó a la quiebra de la misma. Daniel Coronell, en una de sus columnas, lo bautizó como un Judas Iscariote de la política colombiana. Era demasiado flexible.   En la presidencia de Iván Duque se pasó a la oposición de centro. Duró 14 meses tratando de armar el centro hasta que las divisiones internas, traducidas en siete candidatos presidenciales, lo inclinaron a apoyar a Petro. Fue en enero del 2021, en plena pandemia. El lugar fue Florencia, Italia. Según ha contado Petro y el mismo Roy en varias entrevistas, la consolidación de la alianza no pudo ser más cinematográfica: ambos caminando por las empedradas calles de la cuna del Renacimiento. Allí acordaron una alianza que le garantizaría a Petro ampliar su espectro político. En las elecciones del 2018 había logrado un tope histórico para un candidato de izquierda: superar las barreras de los 8 millones de votos. Pero con Roy en sus filas estos votos se ampliaron hasta los 11 millones. Por eso, en la tarde del Movistar Arena, a Roy poco o nada le importaba que dos humoristas se burlaran de él.   Sus problemas de salud lo alejaron del gobierno. Muchos afirman que si se hubiera mantenido como presidente del Congreso, Petro no hubiera tenido los problemas que padecen sus reformas sociales. Se fue a la embajada en Londres y desde allá le empezaron a salpicar escándalos. En enero del 2023 la Fiscalía le abrió una investigación formal sobre una red de corrupción con recursos destinados para la paz en Colombia. Ese mismo año la Corte Suprema le abrió uan investigación por la supuesta entrega a dedo de un millonario contraro en el canal del Congreso. Y así, debajo de una roca, siempre le va a aparecer un nuevo escándalo, ya sea por supuesta corrupción o por sus acostumbradas traiciones. Dentro del progresismo figuras como Gustavo Bolívar han cuestionado su vinculación con el gobierno del cambio pero Roy siempre tendrá la calma necesaria para soltar un chascarrillo. Pocos han olvidado que, además de médico y político, este hombre es novelista, poeta y comediante. En el 2022 se estrenó en el stand up El culo de Antanas. El irresistible encanto de Roy lo ha salvado más de una vez. ¿Le seguirá alcanzando para las acusaciones que le vendrán encima por el caso Papá Pitufo?

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Nuevamente el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mediante Comunicado Público del Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, del 15 de febrero de 2025, decretó para el sur del departamento de Chocó, en la región del San Juan, un paro armado de 72 horas. Este irá desde el martes 18 de febrero hasta el viernes 21 del mismo mes.   Los paros armados son una vieja táctica de guerra, muy utilizada por el ELN en la región del Chocó, con la que ha buscado ejercer dominio territorial y protegerse de las agresiones armadas de otros grupos en medio de la guerra. En los dos últimos años han sido siete los paros armados de está guerrilla en el departamento; y ahora inaugura el 2025 con uno más.   Lo hace en la región del San Juan en Chocó, que es un territorio estratégico para los diversos grupos criminales que lo recorren y habitan. Desde él es posible comunicarse con el puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca, transitar a la región del Eje Cafetero y llegar con relativa facilidad a la capital paisa.   Por este territorio pasa buena parte de la cocaína que se exporta al exterior y los insumos que entran para su producción por el océano Pacífico. Además se extraen importantes rentas provenientes de la minería ilegal —como oro y otros metales valiosos—. También se viene explotando y comercializando de forma ilegal madera.   De allí que desde el 5 de febrero —justo en el momento en el que ELN vive otros conflictos armado en la región del Catatumbo, con el Frente 33 de la Disidencia de las Farc y con la Fuerza Pública colombiana— el Frente Ernesto Che Guevara viene enfrentándose con la subestructura San Juan del ‘Clan del Golfo’ o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en el municipio de Medio San Juan.   Una guerra a la que se le ha unido la Disidencia de Iván Mordisco, con la que se confirma que en todos los lugares, donde tengan presencia estos tres grupos —ELN, AGC y Disidencias de Iván Mordisco— se podrán tener confrontaciones armadas. Una guerra caracterizada por las alianzas estratégicas para enfrentar a sus enemigos.   El ELN considera que la Fuerza Pública, a pesar de contar con 340 efectivos en la subregión, no ha actuado como debiera en este conflicto. Este mantiene —según el Comunicado Público del 15 de febrero— una “publicidad engañosa” y responsabiliza al Ejército Nacional de la crisis humanitaria que se tiene.   Hasta la fecha el número de víctimas de este otro foco de violencia en el país ha sido 3.400 personas desplazadas —217 familias— y  un confinamiento forzado de entre 9 mil y 12 mil personas —2000 familias—. Pero dada la declaratoria de paro armado, está semana será todo el territorio el que se convertirá en víctima de la violencia —Itsmina, Nóvita, Sipí, Medio San Juan y Litoral de San Juan—.     En consecuencia, podríamos decir que con las actuaciones del ELN en Chocó se está gestando un nuevo “Catatumbo” en el país. La región del San Juan, al igual que todo el departamento, viene configurándose como un territorio donde se intensifica el conflicto armado por la lucha por las rentas ilegales.   Entre las múltiples problemáticas que genera esta guerra, como siempre, está los daños a la población civil, a ella se le vulneran de forma constante los derechos humanos. Un territorio que puso en 2024 a, por lo menos, la mitad de las víctimas del confinamiento forzado en el país —según el registro nacional fueron 20.720 de los 43.047 en todo Colombia—.   Y peor, es una problemática que tiende a agravarse, pues los instrumentos de poder que se usaban para el control o reducción del conflicto están desapareciendo. Entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, el Gobierno nacional usaba la presión de tener una mesa de diálogos con el ELN como estrategia para reducir este tipo de acciones, pero el fin de los diálogos de paz le ha quitado este recurso.   Además los acercamientos entre el Gobierno nacional con el Clan del Golfo y la Disidencia de Iván Mordisco —son débiles en el primer caso e inexistentes con el segundo—. Y si se lograra un acuerdo parcial de ceses al fuego, los efectos podrían ser pocos, pues no operarían para la guerra que se vive entre el ELN con estas estructuras armadas.   Ante esta situación, lo primero que hay que hacer es pedir con urgencia la presencia del Estado y sus múltiples agencias. Debe solicitarse un diálogo permanente entre el Gobierno central y los departamental del Chocó y locales. Y debe trabajarse en lograr la presencia de los organismos de protección y defensa de los derechos humanos.   Lo segundo es recurrir, paradójicamente, a la benevolencia de los mismos actores armados ilegales para que estos no se ensañen contra la población. El ELN, quien habla de un paro armado para la “defensa del territorio, las comunidades y sus poblaciones” (ELN, Comunicado Público del 15 de febrero de 2025), debe entender que la mejor manera de proteger la población es no confinarla, pues hacerlo violenta todas sus seguridades humanas —física, alimentaria, etc.—.   Por último, como sociedad civil —y allí están los medios de comunicación, las ONG, las organizaciones de base, entre otras— debemos unirnos para criticar a los grupos armados que están en el territorio por cualquier tipo de violencia contra la población. Denunciar, por ejemplo, al reclutamiento de menores, condenar el uso de minas antipersona —el 80% del territorio está afectado por estos instrumentos de guerra— y no aceptar ni el desplazamiento y ni el confinamiento forzado.   Debemos unirnos como país para cuidar a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Debemos exigir a la Fuerza Pública y las organizaciones del Estado su presencia, al igual que las organizaciones internacionales —como la Organización de Estados Americanos (OEA)— para que defiendan a la población. Finalmente, debemos insistir en que los grupos armados se comprometan con el no atropellamiento de la territorialidad. No debemos admitir un segundo “Catatumbo” este año.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Se caía de su peso que Javier Milei tenía que salir a dar la cara después del desastre financiero que ayudó a crear luego de promocionar desde su cuenta de X -dejando un trino fijado- una critptomoneda llamada $Libra. La acción, gracias a la promoción de Milei -quien ha afirmado más de una vez que él cobra por sus opiniones- subió hasta un 300% pero unas horas después se desplomó. Se estima que 44 mil personas perdieron plata y que sólo 10 personas se quedaron con 87 millones de dólares. Ante la crítica mundial Milei escogió un canal amigo, TN, y un periodista de su más absoluta confianza, Jonathan Viale para responder durante una hora por el escándalo. La entrevista le podría traer problemas judiciales a Milei. O al menos el descredito generalizado que ahora goza en buena parte de la población. Cuando el periodista le interpela por su responsabilidad Milei siempre la elude usando el absurdo como respuesta: "Aquellos que participaron lo hicieron voluntariamente. Es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol"   Después arrojaría una perla que será recordada durante mucho tiempos "Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo, si vos sabías que tenía esas características?"   La entrevista se emitió el domingo en la noche y no para de generar roncha, sobre todo después de que se filtrara un video en donde el periodista Viale y un productor del Canal TN deben detener al presidente porque en una de sus respuestas podría estar reconociendo un delito e ir a juicio. El video, que se ha viralizado en redes sociales, muestra el grado de protección que tienen los periodistas para con el presidente de los argentinos. A pesar de ser un medio amigo Milei sigue quedando muy mal parado y según opinión de televidentes y usuarios de redes queda reconociendo de la manera más burda la estafa. Milei es presidente de los argentinos desde diciembre del 2023. Es un outsider de la política y ganó las elecciones prometiendo reducir la burocracia a mínimos históricos. Desde que llegó al poder ha acabado con varios ministerios. Sus afirmaciones contra la comunidad LGBTIQ+ han provocado múltiples manifestaciones de rechazo. También decisiones como dejar de tipificar el feminicidio como delito han mostrado su talante claramente misógino. A pesar de ser un consentido de Donald Trump el presidente norteamericano no le perdonó a la Argentina la histórica subida de los aranceles. Cuando a Milei le preguntaron si habían sido 44 mil las personas que perdieron plata con la plataforma que él promocionó saltó de la silla de entrevistado escandalizado “no fueron más de cinco mil personas, la mayoría de los que invirtieron eran boots. Además a lo sumo serán cinco argentinos los que perdieron, la mayoría era gente de otros países”. En la entrevista quedó claro que ninguno de los afectados por esta estafa serán indemnizados. Esa plata se perdió para siempre.