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Por: Redacción Pares Hasta el momento, según Hollman Morris, no se ha comprometido un sólo peso para pagarle a Residente. Si bien el evento iba a costar 500 mil dólares, aún no se habían entregado. En la tarde del 7 de febrero los representantes de Residente afirmarón que el dinero que les iba entregar al cantante y a la producción de un concierto que ya estaba casi montado, debería ser entregado a artistas locales y otra parte destinarse a los miles de damnificados que sigue dejando la ofensiva del ELN en el Catatumbo. El presidente de RTVC, uno de los precursores del evento, no está de acuerdo  con estos argumentos ya que la misionalidad de esta red de medios es la de hacer conciertos, programas. “Nosotros estamos para hacer espectáculos”. Sin embargo dentro de RTVC se han presentado quejas por parte de funcionarios que afirman que les adeudan sueldos y que la parrilla en este 2025 está famélica por el recorte de presupuesto. Para algunos gastarse más de 4.000 millones de pesos en la traída de Residente para que hiciera un concierto gratuito en la Plaza de Bolivar, no era más que un despilfarro.   Residente, quien no se ha comunicado directamente con el gobierno ni con los responsables del evento, entre los que se cuenta además de Morris, el empresario Alejandro Villaveces, quien hasta hace muy poco era un feroz opositor de Petro, ahora se ha convertido, gracias por su amistad con Hollman Morris, viene recibiendo el beneficio de tener contratos con el estado.   Morris afirma que las deudas que tiene RTVC con algunos contratistas no es por parte del dinero sino porque se han hecho mal los procesos de contratación, siempre falta un papel y hay poca rigurosidad. Morris sigue escudriñando las razones por las que Residente canceló, se dieron cuenta que hubo bodegas en redes sociales, insultándolo, afirmando que era irracional gastar esa millonada con un país con tantas crisis económicas. Es que se presentaron varias tutelas para evitar que Residente se presentara. “Acá hay gente y poderes a los que un cantante como presidente, comprometido con Palestina y que históricamente ha hablado contra Uribe, que querían bloquearlo y lo lograron”. También le echó la culpa a consejales y algunos políticos   El Concierto de la Esperanza, desde su creación, está destinado a cantar sobre la unión lationamericana. Hollman, en W Radio, afirmó es que el concierto de la Esperanza quiere continuar, y quieren invitar con ese mismo recurso a artistas latinoamericanos y colombianos. Pero fue énfatico en que ese recurso debe destinarse a eventos culturales. Morris, en entrevista con Julio Sánchez Cristo, afirmó que el pueblo es el que pierde y el que carga con el peso de no poder ver, para el que nunca ha tenido los recursos para entrar a un concierto, ver un show de primer nivel.   La cancelación del concierto de Residente en la Plaza de Bolívar es un portazo a la gente que lo quería ver. Residente ya había firmado un contrato de 500 mil dólares y a último momento decidió que no lo haría. Por ahora, el único culpable de que Residente no venga es él mismo quien decidió a última hora no venir a Colombia.

Por: Centro de Pensamiento para la Transición Energética En la cuenca del río Putumayo, donde los caminos de asfalto se vuelven escasos y el agua se convierte en la principal vía de comunicación, las rutas escolares fluviales representan el único medio de transporte para cientos de niños y adolescentes que viven en veredas apartadas. Según datos del Ministerio de Educación Nacional publicados en el informe “Acceso Educativo en Zonas Rurales 2022”, cerca del 35% de los estudiantes del Putumayo dependen de lanchas o canoas para llegar a sus escuelas. Estas cifras reflejan la realidad de un departamento cuya geografía amazónica dificulta la construcción de carreteras, pero que al mismo tiempo cuenta con el río como una arteria vital para el desarrollo local. La importancia de estas rutas fluviales se hace evidente al analizar el registro de la Secretaría de Educación Departamental, que ha identificado al menos 70 trayectos escolares  en ríos y quebradas que recorren municipios como Puerto Guzmán, Puerto Asís, Orito y Villagarzón. Sin embargo, la precariedad de las embarcaciones y la falta de mantenimiento de muelles son obstáculos que ponen en riesgo la seguridad de los menores. Un reportaje del diario regional La Nación del Sur (mayo de 2023) denunció que varias de estas lanchas operan sin chalecos salvavidas suficientes, y que los motores fuera de borda, alimentados por diésel, sufren fallas constantes, dejando a los estudiantes varados en medio del río. Frente a este panorama, el gobierno nacional ha anunciado iniciativas para mejorar la movilidad fluvial en el Putumayo. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Transporte (septiembre de 2023), se destinaron aproximadamente 5.000 millones de pesos para reforzar la flota fluvial escolar, adquirir nuevas lanchas y capacitar a los operadores. Además, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 contempla la construcción y adecuación de embarcaderos en poblaciones donde, hasta ahora, los estudiantes debían subir y bajar del bote a la orilla de barro, exponiéndose a caídas e incluso ataques de animales silvestres. No obstante, líderes comunitarios y padres de familia han expresado que, si bien los recursos representan un avance, la carga de combustible  sigue encareciendo el servicio y afecta la continuidad de las rutas. Tal como informó la emisora Putumayo al Día  en junio pasado, cuando el precio del diésel sube, muchos conductores deciden no operar la lancha porque el subsidio estatal no cubre la totalidad de los costos. Esta situación deja en un limbo a los niños, cuyas clases se suspenden o se reducen. En este contexto, la Transición Energética Justa surge como una alternativa prometedora para garantizar la calidad y la sostenibilidad de las rutas escolares fluviales. La introducción de lanchas con motores eléctricos alimentados por paneles solares no solo disminuiría los gastos en combustible, sino que también reduciría la contaminación en el río. Además, se estima que estos sistemas son menos propensos a averías mecánicas, lo cual redundaría en una mayor seguridad para los estudiantes. Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia  (sede Amazonia) publicado en 2022 indica que la región del Putumayo recibe suficiente radiación solar para abastecer, a través de paneles fotovoltaicos, embarcaciones pequeñas y medianas dedicadas al transporte escolar. Así, la Transición Energética Justa podría garantizar que los estudiantes cuenten con un transporte seguro y constante, vital para disminuir la deserción escolar en esta región. Asimismo, la adopción de energías limpias serviría de ejemplo para otros sectores productivos y sociales, generando una dinámica en la que el cuidado del medio ambiente y la educación avancen de la mano. Con estas iniciativas, el Putumayo podría dar un paso firme hacia un futuro donde la canoa o la lancha que conduce a los más jóvenes a la escuela no solo sea un símbolo de esperanza, sino también un testimonio de la capacidad local para innovar y proteger su valiosa riqueza natural. En definitiva, las rutas escolares fluviales en el Putumayo simbolizan tanto las dificultades de una región con alta riqueza natural como la oportunidad de implementar soluciones innovadoras. Con el respaldo gubernamental y la adopción de energías limpias, el departamento podría asegurar que sus niños naveguen con confianza hacia la educación, abriendo camino a un futuro donde la luz del sol impulse no solo motores, sino también la esperanza de miles de estudiantes.

Por: Guillermo Linero Montes El presidencialismo como modelo democrático está fundado en el poder electoral; es decir, en los votos del pueblo que le apuesta a un programa de gobierno. No en vano se habla tanto del mandato concedido por el pueblo al elegido a la presidencia para que desarrolle a cabalidad su programa, y cumpla con las promesas hechas en campaña. De tal suerte, al posesionarse el presidente y al conformar su gabinete, debe tener en cuenta dos situaciones. La primera, es asegurarse que dicho equipo de gobierno esté realmente comprometido con la realización de las tareas signadas para garantizarle al pueblo el cumplimiento de lo prometido en campaña. Y la segunda, porque ello asegura el cumplimiento de la primera, consiste en integrar a quienes hicieron parte de la estrategia electoral. En efecto, aunque los presidentes se acompañen de asesores meramente técnicos y hasta de sabios conocedores de las necesidades de cada sector del gobierno, es menester que también se aseguren de incorporar a quienes coadyuvaron en el éxito electoral con la consecución de votos. El día 4 de febrero, en la reunión del concejo de ministros pudo apreciarse -por encima de las impertinentes reclamaciones de algunos integrantes del gabinete, y por encima de las opiniones de quienes tienen intereses, unipersonales o de partido, en que al gobierno le vaya mal- fue a un presidente consciente de la lealtad con aquellas personas que le acompañaron en la construcción de su programa presidencial, y -con cierto grado de objetividad pragmática- su lealtad con quienes le ayudaron en la consecución de votos para su triunfo electoral. Y subrayo esto, porque la mayor parte de los petristas, tanto como los amigos y enemigos del gobierno, han visto en Benedetti a un chantajista, porque borracho -en una conducta más de un costeño bullanguero que de un atildado cachaco de corbata- reclamó con exigencia amenazante, basada en la alta contribución económica y electoral que hizo a la campaña, su participación en el alto gobierno. De hecho, la vicepresidenta Francia Márquez, por ejemplo, obtuvo en su campaña de elección setecientos mil votos de los once millones que se necesitaron para ganar. De igual manera, es muy sabido que algunos otros ministros ni siquiera participaron en la campaña electoral o no alcanzaron a conseguir al menos cien mil votos. Mientras que el hoy jefe del despacho de la presidencia, Armando Benedetti -como bien lo sabe el país entero y los medios de comunicación- consiguió un estimable porcentaje de votos -tal vez tres millones de los once millones alcanzados por el entonces candidato Gustavo Petro. En tal suerte, querámoslo o no, Benedetti es alguien con legítimo derecho a desempeñar un apreciable cargo en la tarea de administrar al país. Por su parte, Laura Sarabia -hoy ministra de relaciones exteriores- a quienes muchos le resienten que sea nueva, que no haya combatido en el M19, que no se haya dado la pela como se dice con las posiciones de la izquierda y que no haya estado ni siquiera acompañando a Petro, como muchos lo vienen haciendo desde hace veinte o treinta años, estoy seguro que vislumbró al presidente Petro por su incuestionable inteligencia, y su capacidad para entender lo correspondiente al trasunto político, como es evidente en su efectividad y eficacia en eso de coordinar a los funcionarios del gobierno y, especialmente, en su palmario compromiso con el pueblo, sacando adelante proyectos del presidente que por primera vez están concebidos para beneficiar, no a individuos ricos y de poderío unipersonal, sino a la colectividad desprovista de riqueza y poder. Esas dos situaciones, “la realización de las tareas signadas para garantizarle al pueblo el cumplimiento de lo prometido en campaña” y la “incorporación de quienes hicieron parte significativa en la estrategia electoral”, creo que han puesto a Gustavo Petro frente a una decisión administrativa caracterizada por la lealtad y por sus ganas de que el gobierno funcione en pro del pueblo. Lo demás es pura alaraca de politiqueros y de los medios de comunicación comprometidos con los grandes empresarios y con los poderosos políticos que antes del gobierno del presidente Gustavo Petro, hicieron de este país un narcoestado.

Ejército Nacional de Colombia halla material de guerra del ELN en el municipio de Tibú. En la “caleta”, los uniformados encontraron y destruyeron controladamente, 2.645 artefactos explosivos elaborados artesanalmente. Link: https://www.semana.com/nacion/cucuta/articulo/ejercito-neutraliza-mas-de-2600-artefactos-explosivos-del-eln-distribuidos-en-varias-zonas-del-catatumbo/202549/?utm_medium=Social&utm_campaign=echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwY2xjawIS0YRleHRuA2FlbQIxMQABHay3ApFeuz45P8ehWr5OPfuQ9qdDK-U_lyPFiVzqSnK0T4pglIZprLxhqw_aem_5YEx_nawmpApJ_F01h7E2w#Echobox=1738199494  (medio nacional) . https://www.facebook.com/share/v/19QyQYMY6c/  (video - medio local)

Tras combates entre las guerrillas del ELN y el Frente 33 del EMBF, se confirma la baja de 13 combatientes del EMBF. Al parecer, el ELN también tuvo bajas pero se llevaron los cuerpos de sus combatientes. Entre los 13 occisos confirmados se encuentra alias “El mocho Olmedo”, quien sería cabecilla de la Columna El Negro Leonaver del EMB. Además, según medios nacionales, la población civil detuvo los carros fúnebres, y sacaron a varios de los occisos. En total, a Cúcuta llegaron siete de los 13 cuerpos reportados. Link: https://www.laopinion.co/judicial/trece-muertos-en-combates-entre-el-eln-y-disidencias-de-las-farc-en-teorama-entre-ellos   https://www.semana.com/nacion/cucuta/articulo/asalto-a-carro-funebre-y-resistencia-para-mover-cadaveres-la-otra-cara-de-la-guerra-entre-disidencias-de-las-farc-y-el-eln/202511/#Echobox=1738074648

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos De la única música que se es del rock por puro esnobismo y complejos de provinciano. En el 2004 estrenaron un documental sobre Joe Strummer, líder de The Clash, una de mis bandas favoritas. Le preguntaron a este radical y anarquista punketo quien era su ídolo. No lo pensó dos veces: Andrés Landero, rey de la cumbia. ¡Yo creía que el Rey de la Cumbia era Pacho Galán! En medio de mi mentalidad viciada por el colonialismo creí que se refería algún argentino o un londinense que tenía un seudónimo. Así que averigué por Landero.   Es un lugar común decir “llevaba la música en la sangre” pero ¡qué culpa tengo yo si eso a veces es verdad! Su papá era un gaitero de nombre Andrés Guerra, sin embargo parecía no admirarlo demasiado ya que se hizo famoso con el apellido de su madre que se llamaba Rosalba Landero. Ah, si, el músico que admiraba Joe Strummer había nacido en San Jacinto, Bolívar, Colombia. Su papá podría estar abocado a la rumba pero el joven Andrés era la reencarnación de un anacoreta. En las pocas entrevistas que le hicieron habló que una de sus grandes inspiraciones fue el sonido del campo. De joven, se internaban en el monte y se dejaba arrullar por el ruido que hacía los mirlos y las hojas de los árboles moviendose al ritmo del viento. Fue un naturalista.   Igual en las corralejas se convertía en una fuerte telúrica. Era uno de esos acordeoneros tan hábiles que el fervor popular lo señalaba que había hecho un pacto con el diablo, como sucedió con Paganini y su furioso acordeón, con Robert Johnson y la guitarra que hablaba. Pero su universo se iba a expandir gracias a Delia Zapata Olivella, la folclorista nacida en Lorica, Cesar, quien llevó la cultura del Sinú a los más sofisticados rincones del orbe. Ella lo llevó en su grupo, lo pulió, fue su maestra.   Los exitos no tardarían en venir. Lo curioso con esta clase de éxito es que llegó primero por Europa y los Estados Unidos que a través de nuestro país. “La pava congona”, “La muerte de Eduardo Lora” eran frescos, puro color local como se diría en el periodismo. Eran historias muy locales que se transformaban en universales por su capacidad de describir con magestria el lugar de donde nación, de donde se es.   Aunque aún hoy en día se le reconoce como el rey único de la rumba, Landero nunca se sintió cómodo con ese adjetivo. A lo mejor porque la música era su placer secreto. Cuando dijimos al principio de este relato que era un naturalista, porque se fundía en la soledad del campo para poder tener e interpretar su música, no lo hacía por una opción natural sino porque no podía saber nadie que él cantaba. Era una prohibición camuflada. El tenía que aprovechar los días de aguacero para que el agua que caía como martillos en los techos de zinc camuflara sus notas.   Se presentó en una docena de festivales vallenatos y en todas perdió. Fue rey pero afuera, no adentro. La leucemia empezó a minar su salud. El 3 de febrero del año 2000, en la clínica Enrique de la Vega del Seguro Social de Cartagena, Landero murió. Acá viene una frase que es cliché, un cliché a vevces miserable: murió y empezó la leyenda. Porque en vida Andrés Landero no pudo dimensionar lo que hemos descubierto un cuarto de siglo después: que nunca hubo un verdadero rey como él. Tuvo 25 hijos, de los que sobreviven 22 y que sus últimas palabras fueron destinadas a su último amor, Lastenia Alvis, que por favor la cuidaran, que nunca lo olvidaran. Y en realidad nadie lo olvidó. A los viejos dioses nunca se olvidan.

Por: Redacción Pares Desde la semana pasada se había tejido una serie de comentarios contra el Concierto de la esperanza, organizado por el ministerio de cultura, RCTV, y su director, Hollman Morris. A través del empresario Alfredo Villaveces se había podido hacer el puente con el prestigioso artista puertorriqueño. El costo para traer al artista había superado los 500 mil dólares incluido el pago al cantante y la logística. Esta tarde 6 de febrero, en medio de una semana borrascosa que incluyó el caótico consejo de ministros que en una decisión discutible fue televisado a todo el país, Residente terminó de completar una pésima para el presidente. El ex líder de Calle 13, a través de sus canales oficiales, anunció que se cancelaba la presentación argumentando que “no teníamos mucho conocimiento del evento”.   El concierto estaba programado para el próximo 2 de marzo en la Plaza de Bolívar y sería un espaldarazo para el alicaído gobierno de Petro. Se esperaban más de 80 mil personas. La información es lapidaria para el presidente ya que le da la razón a las críticas que había generado el evento: sería un despilfarro de dinero teniendo en cuenta la crisis humanitaria que viven regiones como el Catatumbo en donde en las últimas tres semanas se ha reportado el desplazamiento de más de cincuenta mil personas.   “En lugar de utilizar el dinero en un evento como este, sentimos que es mucho más productivo utilizarlo para apoyar a los artistas colombianos y su cultura local”   El 2025 no ha sido bueno para el presidente. En enero tuvo una confrontación vía X con el presidente Donald Trump en donde entraron en una guerra comercial que duró 18 horas y que fue atenuada por el ex canciller Luis Gilberto Murillo. El pasado martes 4 de febrero la decisión de televisar el consejo de ministro le trago más abucheos que aplausos a pesar del rating y que cerca de dos millones de personas vieron la transmisión. A esto se suma el conflicto que se recrudece en lugares como el norte del Cauca, el Valle y Norte de Santander. Además el aterrizaje de Armando Benedetti como jefe de despacho de Palacio ha provocado un aluvión de críticas.   El No de Residente es un portazo al gobierno que llega en el peor momento. Hay que recordar que el pasado 5 de febrero, junto con la renuncia de Jorge Rojas, director del DAPRE, decisión derivada del nombramiento de Benedetti, dimitió también el ministro de cultura Juan David Correa. Esta cartera estaba muy comprometida con el concierto de Residente. Aún no se conoce la reacción del gobierno ante esta negativa.

Por: Redacción Pares Pocas regiones del país se han comprometido más por la paz, desde la comunidad, que Buenaventura. Esta ciudad está lista para cerrar las heridas.  Al principio de este gobierno, en sus calles rebozaba el optimismo. El entonces alto comisionado de paz Danilo Rueda y el monseñor Jaramillo lograron sentar en la mesa a Shottas y Espartanos, reductos de la estructura criminal la Local, manejada por Diego Optra. La paz se convirtió tema de conversación entre los vecinos. La gente se apropió de la Paz. Se hablaba en términos técnicos, al proceso se le llamaba espacio de conversación sociojurídica. Los más de 80 días sin muertos, entre agosto y diciembre del 2022, alimentaba la ilusión.   Y, a pesar de los tropiezos, Buenaventura está lista para la reconciliación. Al igual que los grupos armados. Si tan sólo Otty Patiño mirara un poco más para esta región, y existiera un mayor compromiso con este espacio de conversación sociojuridica, los frutos demorarían menos en surgir. Este 5 de febrero se vence la tregua que se pactó entre Shottas y Espartanos, las dos bandas más determinantes en Buenaventura. A pesar de que este 2025 arrancó con 17 muertos en el puerto y que los Shottas se quejan que la tregua ha sido rota por los ataques de los Espartanos, en este comunicado reconfirmaron su voluntad de paz. La pelota está ahora en la cancha de Los Espartanos. Este es un momento determinante para reafirmar su deseo e intención de paz. La tregua debe ser asumida como un compromiso con la comunidad de Buenaventura que es la que está poniendo las víctimas y la que llora sus muertos. Pero el compromiso no sólo es de las bandas criminales sino que hay que hacer un llamado al gobierno nacional para rodear el proceso, la paz no es sólo una tregua sino una transformación del territorio y ahí es menester la intervención articulada del gobierno con sus ministerios. En Buenaventura no se está conforme con las acciones del gobierno. “Vienen por las fotos” dicen en el puerto, pero miran desde Bogotá a las comunidades y al proceso.   Entre las voces que se han manifestado por el anuncio de renovación de la tregua por parte de los Shottas está la de León Valencia, director de la fundación Paz y Reconciliación quien recomendó lo siguiente en su cuenta de X: “El Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, debería pararle bolas al proceso de negociación en Buenaventura, puede dar frutos a corto plaza y oxigenaría la Paz Total”.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista. Ante la absurda respuesta de la alcaldesa Ligia de Carmen diciendo que hay una campaña de desprestigio en su contra cuando se le cuestiona por el incremento de los hechos violentos en Buenaventura, me parece importante hacer un llamado a quien debería hacerle control político a la administración. La curul de oposición en el Concejo Distrital de Buenaventura está demostrando ser un verdadero desperdicio frente al control que debe estar haciendo. La actual concejala que ocupa la curul por Estatuto de Oposición, tiene el deber político de hacer oposición, pero, hasta ahora, ha optado por la pasividad junto con el concejo en pleno que es afín a la alcaldesa. En lugar de empezar el 2025 ejerciendo su función de impulsar debates de control político a los secretarios de despacho o de continuar exigiendo resultados de las empresas privadas que prestan servicios públicos (como ya lo ha hecho en el pasado), ha salido a promover colectas y donaciones en redes sociales para problemas que deberían resolver el gobierno local. Mientras la alcaldesa deja al azar divino la gestión pública, prácticamente burlándose del temor que siente la ciudadanía alegando campañas de desprestigio.   Actualmente, en Buenaventura, hay un silencio que evidencia una manguala de gentes y medios de comunicación que no quieren hacer ver el desastre que ha sido esta alcaldía, y nadie le dice nada. Es ahí donde debe entrar el papel activo de quien ocupa la curul de oposición.   En el primer año de gobierno de la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba la crisis en los servicios públicos sigue siendo una de las principales preocupaciones. Al persistente problema en el suministro de agua se le suma, el precario tratamiento de basuras y un alumbrado público cada vez más defectuoso, con calles y barrios enteros en la oscuridad. Adicionalmente, en las últimas semanas, los índices de violencia homicida en Buenaventura han escalado de manera alarmante, demostrando una falla en las políticas de seguridad.   Sin embargo, mientras la administración se queda corta en su labor, el papel de la curul de oposición se concentra en buscar donaciones y registrar en redes sociales eventos protocolarios. La oposición no está para suplir la ineficiencia de la administración con gestos simbólicos y dejar este rol abandonado genera un profundo desequilibrio en la acción de vigilancia.   Yo le hago un llamado al concejo distrital, y especialmente a la concejala de oposición a que promuevan debates de control político a las secretarías de gobierno y seguridad ciudadana, a convivencia, a mujeres y demás dependencias para revisar cuáles son las estrategias y soluciones ante tantos problemas que vive el distrito. No es favorable para la democracia que la actual administración de la alcaldesa esté operando con el aval, casi absoluto, del concejo distrital.   Asimismo, la ciudadanía también tiene un papel fundamental en este escenario de hacer veeduría y exigir transparencia a alcaldía y al concejo. Es necesario involucrarse en los espacios de participación ciudadana, respaldar los esfuerzos de las organizaciones sociales, no perder de vista que los derechos básicos como el agua, la seguridad y la iluminación no son favores, pero, sobre todo, debemos rechazar las declaraciones de la alcaldesa porque minimiza el temor que sienten cientos de familias en sus barrios cada que se deben esconder por las balaceras o deben enterrar a sus seres queridos.   Si la alcaldía no está dispuesta a trabajar con seriedad, es hora de que el concejo distrital sí lo haga.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En medio de la crisis de seguridad más fuerte en la historia de la región del Catatumbo y en uno de los momentos de violencia más duros del país en las últimas dos décadas, el Gobierno nacional se ha propuesto transformar económica y socialmente a esta región. Esto como una forma de atender la emergencia humanitaria y atacar de raíz los problemas estructurales del territorio.   Para lograrlo, el Gobierno ha dispuesto una serie de decretos —nueve en total hasta el momento—, entre ellos, uno inicial de Conmoción Interior —el 0062 del 24 de enero de 2025— con los que busca gestionar, inicialmente por 90 días y solo para el Área Metropolitana de Cúcuta y de los municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar, una serie de acciones con las que procurará cambiar la realidad económica y social de este espacio territorial.   Entre las disposiciones, hay unas de implementación inmediata y con efectos observados en el corto plazo. Como las que contiene el Decreto 118 del 30 de enero de 2025, dirigido al control operacional de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, nombrando un comandante militar para que desempeñe ocho funciones específicas. Cuyo objetivo se puede sintetizar en reducir la violencia armada y brindar seguridad a la población que habita el Catatumbo.   Es decir, el Gobierno pretende, mediante la creación de un mando unificado, con control operacional de la Fuerza Pública, garantizar la defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Convirtiendo a esta norma en la más urgente y prioritaria para retomar el control territorial donde hacen presencia varios grupos armados.   Lo mismo pasa con las disposiciones establecidas en el Decreto 120 del 30 de enero de 2025, propuesto por el Ministerio de Transporte y que habla sobre movilidad. En este decreto —complementario al 118—, se dispone la necesidad de garantizar para el Catatumbo la operación normal del transporte público. Lo que lleva a tomar medidas para que, en este servicio, se establezcan rutas, frecuencias y horarios que mejoren la seguridad de pasajeros y transportadores, y se eviten bloqueos y ataques a vehículos.   Lo mismo pasa con el Decreto 117 del 30 de enero de 2025, propuesto por el  Ministerio de Turismo, con el que busca impactar, de manera rápida, a este sector. No con el fin de llevar personas a visitar estos lugares, sino que los empresarios no abusen de las necesidades de la población. En este sentido se pretende entregar recursos para atender temporalmente a la población desplazada; ofrecer incentivos tributarios a hoteles y operadores turísticos para que ayuden con el alojamiento gratuito; y tener mayor control tarifario en la prestación de los servicios turísticos.   Dentro de los decretos también hay unos de implementación inmediata pero con efectos más en el mediano plazo. Como el que plantea el 121 del 30 de enero de 2025, asociado al Ministerio de Vivienda y relativo al  acceso al agua potable, el saneamiento básico y la vivienda digna. Con él se busca garantizar a la población desplazada —que rondan los 50 mil seres humanos— el acceso a estos servicios, en especial a las zonas afectadas. De allí que se autorice al Gobierno nacional a intervenir en la infraestructura de acueducto y alcantarillado ante fallas institucionales.   En esta misma lógica, están las medidas de protección laboral y de empleo. El Decreto 119 del 30 de enero de 2025 faculta al Estado para que apoye a los empleados públicos y también a sectores donde sea viable el trabajo remoto como forma de reducir la exposición a riesgos e inseguridades. En este sentido hay apoyos para destinar el auxilio de transporte a empleados y garantizar la conectividad digital y continuidad laboral. También se adoptan medidas para evitar despidos masivos y proteger la estabilidad del empleo en la región.   Finalmente, figuran, entre los nueve decretos, tres en los que tanto la implementación como las consecuencias se verán solo en el mediano y largo plazo. Estos son los que más cuidado hay que poner, pues son los que mayor efecto tendrán en la población; incluso, debido a la difícil implementación, podrían convertirse en la justificación para proponer una prórroga o alargamiento de las medidas de emergencia, hasta por seis meses más.   El primer decreto es el de protección de tierras y territorios. El 108 del 29 de enero de 2025 establece mecanismos para evitar la concentración irregulares de tierras en la zona afectada, tratando de evitar que ante el desplazamiento se apropien los oportunistas de los predios de los pequeños productores y campesinos. Además se insiste por parte del Estado en agilizar la titulación de tierras para víctimas del conflicto y excombatientes en proceso de reincorporación.   Está medida es muy apropiada y además atiende directamente la reforma rural integral que se propone en el Acuerdo de paz con las exFarc. Una acción que es fácil pensar pero que ha resultado de difícil implementación en Colombia, en especial, en territorios donde la ilegalidad y la informalidad es lo característico. De allí que será más compleja su implementación en tres meses.   Algo similar ocurre con el Decreto 107 del 29 de enero de 2025, relativo a la seguridad alimentaria y protección de cadenas productivas. Está norma busca, con acciones estatales, garantizar la producción agrícola y evitar el desabastecimiento en la región; entregar parte de las contribuciones parafiscales a la estabilización de la producción agropecuaria. Y  suspender restricciones en el acceso y distribución de alimentos en las zonas más afectadas.   Finalmente, el Decreto 106 del 29 de enero de 2025 que busca impactar los  medios de vida y el financiamiento agropecuario. Lo que se pretende con este importante decreto es crear mecanismos de financiamiento y alivio de pasivos para pequeños y medianos productores agropecuarios; la suspensión temporal de los procesos de ejecución de créditos de fomento agropecuario; y se propone habilitar esquemas de refinanciación de deudas para evitar la quiebra de productores locales.   Estos últimos decretos, como advierto, son los más importantes, pues buscan atender la problemática de fondo. Buscan apoyar a los campesinos, colonos y pequeñas empresas familiares para enfrentar el problema de las tierras, en su uso, propiedad y control. Son medidas adoptadas por el Gobierno nacional y que bien implementadas podrían ayudar mucho a cambiar las condiciones de abandono del Estado e ilegalidad de las actividades económicas.   En todo caso, son medidas que deben complementarse con otras que permitan las transformaciones reales y de largo plazo de la región del Catatumbo. Atender la seguridad, con la entrada de la Fuerza Pública, normalizar los servicios públicos de transporte, vivienda, agua potable y energía. Pero estas acciones son normales y necesarias. Se requiere de otras complementarias con las que se apunte a cambiar la dependencia de la senda del territorio.   El Catatumbo tiene una vocación extractivista minero-energética que hay que considerar —además del tradicional petróleo, se extrae, entre otros minerales, carbón y yeso—. También una alta dependencia de la población de la producción de hoja de coca. Y una vocación agrícola que, aunque importante por las condiciones geográficas —con productos como caña, café y plátano— es poco valorada por la población, debido a las dificultades en el transporte y la comercialización.   En este sentido, hay que tener en cuenta estas vocaciones tradicionales del territorio. Se debe aprovechar el momento para elaborar una hoja de ruta que permita el desarrollo territorial del Catatumbo, que ayude a atacar la inequidad social y económica, aprovechar la riqueza ambiental y avanzar en un modelo productivo sostenible, que vaya más allá de la producción de cultivos ilícitos y dañinos con el ambiente.   Finalmente, hay que tener en cuenta que es prioritario involucrar a la sociedad en las decisiones, para hacer de estos procesos de transformación algo más concertado y democrático. Hay que trabajar de la mano de los actores comunitarios, organizaciones sociales y comunidades indígenas. Incluso hay que buscar vincular a la comunidad internacional y al sector privado, para dejar capacidades instaladas. No hay que repetir la historia de llegar —ante crisis humanitarias—, atender la emergencia y retirarse del territorio. Hay que intervenir para lograr una transformación real y duradera de la región.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Daniela Bernier Pacheco Afinia hace parte del grupo EPM y opera en la región Caribe en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Cesar, Sucre y en algunos municipios del Magdalena; no obstante, al igual que Air-e se encuentra en crisis financiera, así lo indicó el gerente de EPM John Maya. Y es que según señala EMP, el Gobierno posee una deuda con Afinia de $700.000 mil millones de pesos por los subsidios que se otorgan a los estratos 1, 2 y 3 y un billón por opción tarifaria. Hasta la fecha expresó que no se han cancelado unos subsidios que vienen desde el segundo trimestre de 2024. Pues si bien el Ministerio de Minas y Energía ha emitido las respectivas resoluciones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha generado el desembolso debido al déficit de recursos del Gobierno. ¿Qué impactos genera en los usuarios este no pago por parte del Gobierno? Se decía que Afinia podría estar inmersa en un apagón, pero el gerente de EPM expresó que han venido realizando cálculos y análisis y hasta finales de febrero e inicios de marzo podrían tener recursos. Sin embargo, espera que se cancelen los subsidios porque si en el mes de marzo no hay pagos, habría que iniciar con racionamientos. En este sentido, estarían en riesgo de racionamiento 11 municipios del Magdalena y los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar. Y es que el problema de Afinia se agudiza más porque tienen un 40% de pérdida de energía. Por su parte, el Gobernador de Bolívar en su cuenta de X expresó que en compañía con los gobernadores de César, Sucre y Córdoba solicitaron una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional porque los usuarios de la región no pueden sufrir las consecuencias sociales y económicas del racionamiento. La crisis de Afinia y sus posibles consecuencias ya se vivió en su tiempo con Electricaribe S.A. E.S.P. y el año pasado, Air-e S.A.S. E.S.P. Aún se esperan medidas más drásticas para atacar el tema de la opción tarifaria y del pago de subsidios, viéndose como el principal problema la capacidad económica del Gobierno de atender este tipo de situaciones. Ahora al mismo, le tocará buscar la manera de inyectar recursos a Afinia para prevenir una crisis sin precedentes en los departamentos donde opera la empresa, pues esto implicaría afectar la vida y las dinámicas de las comunidades. Aquí la canción interpretada por Iván Villazón podría volverse realidad, pues la falta de energía podría generar afectaciones en la salud de muchos en razón de las altas temperaturas que se viven en la costa Caribe colombiana en estos meses del año. Referencias: Colprensa. (2025, 28 enero). “Si en marzo no se paga a Afinia, hay que tomar decisiones más radicales como un racionamiento”: gerente de EPM | El Colombiano.  El Colombiano .  https://www.elcolombiano.com/negocios/gerente-epm-advierte-que-si-no-se-paga-a-afinia-habria-racionamiento-energia-DG26462166 Yamil Arana. [@YamilHAranaP]. (2025, enero 29). Afinia es muy mala, pero más malo es quedarnos sin energía. https://x.com/YamilHAranaP/status/1884603839866626142?t=ykVL47OuPOe2Vt1ZcwnIEg&s=08

Por: Daniela Bernier Pacheco Las energías renovables se producen mediante diferentes recursos ilimitados e inagotables. A partir de diferentes tecnologías, esos recursos se pueden convertir en energía. Dentro del catálogo de las tecnologías se encuentra la energía eólica. La energía eólica, es aquella, que se da por la velocidad del viento, que golpea a los aerogeneradores, quienes transforman esta velocidad del viento en energía eléctrica. La energía eólica se puede clasificar en energía eólica on-shore, sobre terreno, como es el caso del parque eólico Jepírachi (hoy en desmantelamiento), ubicado en el departamento de La Guajira. Y la energía eólica off-shore, que se da dentro del terreno marino. La Guajira colombiana es privilegiada por recursos como el carbón, la sal, el viento. De acuerdo al documento La Revolución del viento en la Guajira, publicado por la Unidad de Planeación Minero Energética, en este departamento se cuenta con el viento más intenso del país. Es decir, que La Guajira, por sus condiciones, es potencia en energía eólica. Que en el país se desarrolle este tipo de tecnología es importante, porque a medida que la Transición Energética avanza, se requieren sistemas que permitan transitar de energías contaminantes como el carbón a energías limpias. Además, contribuye al tejido social, dado que cuenta con  un alto potencial para generar empleos fijos y temporales.   Dentro de esta tecnología, se encuentran los aerogeneradores, es decir, las grandes turbinas que toman la energía cinética del viento en energía eóliceólica. Posee diferentes componentes, que se pueden describir de la siguiente manera: Imagen tomada de Endesa Aspas:  Son las hélices del aerogenerador y se encargan de captar la energía cinética.  Rotor:  Es el encargado de transferir la energía cinética captada por las aspas a la caja multiplicadora. Multiplicadora:  Como su nombre lo indica, se encarga de multiplicar el número de vueltas que da el rotor a revoluciones más altas. Generador:  convierte la energía mecánica de la caja multiplicadora a energía eléctrica a través de la inducción electromagnética. Electricidad : es el flujo de energía a través de un cable conductor; es lo que resulta del proceso de generación de energía eólica.   Clases de aerogeneradores            Fuente: Elaboración propia.   Ventajas de la energía eólica ✔   La energía eólica,  al ser renovable, es una energía limpia, por lo que no produce gases de efecto invernadero. ✔   No genera contaminación en los cuerpos de agua. ✔   No es dependiente de combustibles fósiles. ✔   Si las condiciones climáticas son idóneas, puede generar energía por largos periodos. ✔   En sus versiones domésticas es de fácil instalación y no requieren de mucho mantenimiento.   Desventajas de la energía eólica ✔   Requiere de grandes extensiones de terreno plano en caso de que se implemente una granja eólica. ✔   Al ser una tecnología bastante ruidosa, se recomienda no ubicarlas cerca de asentamientos. ✔   Puede generar afectaciones los patrones de vuelo de algunas aves migratorias. ✔   Cuando son proyectos de gran escala, el mantenimiento requiere altos niveles de inversión. ✔   No existe un protocolo o una tecnología actualmente que permita descartar las aspas averiadas. ✔   Afectación al paisaje. Se puede concluir que la energía eólica es una fuente de energía renovable, que contribuye a la reducción de la contaminación y a las emisiones de gases de efecto invernadero. De igual manera, es una herramienta para que el país supere la dependencia de los combustibles fósiles y avance en la Transición Energética.             Clases de aerogeneradores