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Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Aunque Carlos Cortés, en su podcast Charlas con Charlie, junto con Héctor Riveros, señalaba la posibilidad de que el panorama político del país fuese más lento y apagado de lo que parece , el movimiento de las figuras políticas nacionales y regionales de cara a las elecciones de 2026 podría estar revelando las tendencias que marcarán los próximos comicios, haciendo que ese panorama se agite conforme pasen las semanas y quede mucho más claro el mapa político con sus actores. Con el reciente triunfo de Donald Trump, el inicio de este período de revisión de la gestión del gobierno de Gustavo Petro y el arranque del calendario electoral, ya hay figuras políticas que han comenzado a madrugarle a la campaña y han anunciado su intención de presentarse como candidatos. Por ahora, estos son los últimos movimientos en ese aspecto, que muestran que la carrera es por el mote de “alternativo” y por ganarse los espacios de la independencia, ya sea en el espectro de la derecha, el centro o la izquierda. La carrera por encontrar a un nuevo “outsider” sigue conjugando las opciones en la derecha fuerte y en la extrema derecha Fuente:  Cuenta de X de Miguel Polo Polo Esta semana surgieron nuevos nombres para acompañar al de Victoria Eugenia Dávila, “Vicky Dávila”, en la carrera por la candidatura unificada de la derecha. Por un lado, los medios anunciaron las potenciales renuncias de Miguel Polo Polo y Jonathan Ferney Pulido Hernández, “JP Hernández” a sus curules en el Congreso por sus respectivos partidos, el Ecologista Colombiano (con quien Polo Polo tenía una disputa, debido a que la posición oficial del partido es a favor del gobierno) y el Partido Alianza Verde respectivamente. Aunque la renuncia de ambos congresistas aún no ha sido confirmada, mueve el tablero político dentro los bloques de derecha fuerte y extrema derecha, en los que ambos nombres tienen fuerza, y amplían el espectro de nombres que pueden terminar disputándose la candidatura de la derecha, a la que posiblemente lleguen todos en una consulta en marzo del 2026. No obstante, y aunque el nombre de Polo Polo y JP Hernández tienen amplias audiencias en redes sociales como X (anteriormente Twitter), YouTube y TikTok, si es verdad que tienen que enfrentarse a la popularidad que poco a poco ha ido tomando Vicky Dávila en un electorado que ya no observa con mucha confianza las opciones partidarias de la derecha institucional y en las que ha quedado haciendo ruido el segundo triunfo de Trump, junto con las medidas radicales que ha tomado en la primera semana de su mandato. JP Hernández es uno de los que llega mejor posicionados a esta etapa preelectoral. En las elecciones al Congreso de 2022 logró arrastrar 189.921 votos (según resultados de preconteo) dentro de la Lista de la Centro Esperanza, quedando en primer lugar y llegando al Senado con el apoyo de sus audiencias, que a hoy tiene más de 1,4 millones de seguidores en Facebook, 1,19 millones de suscriptores en YouTube, 163 mil seguidores en X, 1,3 millones de seguidores en TikTok y 275 mil en Instagram. Por su parte, Miguel Polo Polo se mide a una contienda a la que llega con un discurso bastante radical, mediado por los escándalos en los que ha estado involucrado frente a su discurso negacionista del conflicto armado y de las víctimas, que considera como “un invento de la izquierda” para desprestigiar a las fuerzas militares y de policía del país. Polo Polo llegó a una de las curules afro por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Fernando Ríos Hidalgo (hoy Partido Ecologista Colombiano) en 2022 con más de 35.253 votos, y busca ahora medirse en las elecciones presidenciales con una audiencia en redes sociales de 295 mil seguidores en Facebook, 333 mil seguidores en X, 5.700 suscriptores en YouTube, 174 mil seguidores en Instagram y 296 mil seguidores en TikTok. Ambos tienen cuestionamientos por el uso de estrategias sucias en redes sociales para hostigar y acusar a contradictores políticos. En el caso de JP Hernández, presuntamente utilizó su plataforma de redes sociales para hostigar al periodista Orlando Villar  después de que este publicara información que contradecía las afirmaciones del senador sobre su invitación a la toma de posesión del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Villar recibió amenazas a través de redes sociales tras la publicación, lo que llevó a organizaciones defensoras de la libertad de prensa a intervenir y solicitar protección para el periodista. Por el lado de Polo Polo, tuvo relevancia en los últimos meses, luego de que arrojara a la basura algunas botas de un homenaje artístico a las víctimas de 'falsos positivos' que se estaba realizando en la Plaza Núñez del Congreso . Este acto fue grabado en un video donde Polo Polo cuestionaba la cifra de 6,402 víctimas, afirmando que no estaba respaldada por entidades judiciales. Esta acción fue ampliamente condenada por políticos y organizaciones de derechos humanos, quienes lo acusaron de revictimizar a las familias afectadas y de difundir un mensaje negacionista del conflicto, donde ha desestimado su veracidad y ha insinuado que los familiares de las víctimas que buscan justicia están politizando sus tragedias para favorecer al gobierno actual. En ambos casos, han sido objeto de varias quejas disciplinarias.   Polo Polo apareció en los últimos días junto con María Fernanda Cabal, precandidata del Centro Democrático a la presidencia, y Abelardo de la Espriella, en un vídeo indicando sobre la urgencia de crear un bloque político que defienda a la democracia de la “crisis” a la que el gobierno Petro la ha llevado, indicando que tienen un grupo político llamado “Defensores de la Patria” y que, según De la Espriella, cuenta con más de 40 mil miembros. La presencia de De la Espriella ha generado de nuevo suspicacias sobre la posibilidad de que se lance también como precandidato. En aquel evento, que fue un conversatorio con otros activistas de derecha fuerte realizado en Barranquilla, De la Espriella señaló que pediría al gobierno de los Estados Unidos que suspendiera las visas a todo político que haya apoyado las iniciativas del gobierno, y señaló al gobierno Petro de ser una “mafia” que estaba aliada a grupos ilegales y que buscaba generar caos para perpetuarse en el poder en 2026. La campaña de los tradicionales es por el carril del “antipetrismo” Fuente: El País América Colombia Al mismo tiempo, las opciones políticas más tradicionales también se han ido moviendo en este inicio de precampaña electoral hacia 2026. Por un lado, David Luna renunció a su curul y a su actual partido, Cambio Radical, para anunciar que se lanzaría hacia la presidencia, al mismo tiempo que Humberto de la Calle también anunciaba una decisión similar, renunciando a su curul en el Senado y al partido Verde Oxígeno. Por otro lado, Cesar Gaviria envió una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando que se cambie la posición del partido hacia una postura independiente del gobierno. Luna, a quien le hemos hecho seguimiento desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad como una de las principales cabezas de la oposición institucional  y quien representa a varios de los sectores moderados de derecha en el Congreso, anunció en una carta al presidente del Senado, Efraín Cepeda, que renunciaría a su curul y a su partido Cambio Radical, con la finalidad de lanzarse por firmas, luego de que se conociera la intención de ese partido de apoyar unánimemente la candidatura de Germán Vargas Lleras, quien se vuelve a presentar por tercera vez a una candidatura presidencial por ese partido. Luna parte con una votación de 112.329 votos en las elecciones a Senado en 2022 y con una larga trayectoria electoral, luego de haber sido el candidato más votado en las elecciones al Senado en 2006 y de haber sido candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2011, donde quedó de quinto con sólo el 4,14% de los votos. La renuncia de Luna viene acompañada con una denuncia a un posible intento de reelección de Gustavo Petro  o una potencial suspensión de las elecciones, por lo que ha llamado a su nueva iniciativa “Frente Ciudadano Contra la Reelección y la Tiranía”, con la que busca recolectar firmas y construir un programa político en contra de lo que considera son los intentos del gobierno Petro por perpetuarse en el poder. Asimismo, Humberto de la Calle terminó renunciando también a su curul, luego de una larga pelea con Ingrid Betancourt, presidenta del partido Verde Oxígeno, el cual le dio el aval para presentarse en la lista de la coalición Centro Esperanza en 2022 y por la que De la Calle terminó regresando al Congreso. Aunque aún no está claro qué rol tendrá De la Calle en la futura campaña electoral de 2026, sí es claro que la renuncia se venía cocinando desde tiempo atrás, luego de que Betancourt declarara en varias ocasiones que estaba en contra de lo pactado en el Acuerdo de Paz y virara su partido hacia la oposición, mientras que De la Calle seguía sosteniendo posturas independientes, en algunos casos cercanas al gobierno. De la Calle obtuvo 187.307 votos en las elecciones pasadas y fue el segundo candidato más votado de la lista de la Centro Esperanza a Senado. Aun así, según sus propias declaraciones, posiblemente De la Calle pueda terminar llegando a alguna de las campañas de centro a apoyar a algunos de los candidatos  que emerjan de allí. La salida del partido Verde Oxígeno le permite hacerlo con libertad, sin incurrir eventualmente en cualquier acusación de doble militancia. En ambos casos, tanto las renuncias de Luna como la de De la Calle deben observarse en el marco de ejercicios de reconfiguración su relación con el electorado , presentándose como alternativas más cercanas a las demandas de los sectores políticos que representan, en el marco de la polarización política previa a las elecciones, más en un escenario de fragmentación política donde la legitimidad de los partidos políticos se ha venido erosionando y atomizando y donde los discursos políticos quieren canalizar el descontento social por fuera de ellos. De igual modo, estas renuncias —y otras que se darán en las próximas semanas— también son la manifestación de la disputa por el campo político del llamado “antipetrismo” , lo que denota que parte de estas elecciones se disputarán frente al balance de la gestión del gobierno y la defensa o rechazo de su programa político, que buscará conservar el poder con su propio candidato en 2026. Mientras se estaba discutiendo en el Congreso sobre la decisión del gobierno de declarar el Estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, el director del Partido Liberal, César Gaviria, le envió una carta al Consejo Nacional Electoral indicando que la postura de su partido frente al gobierno cambiaría hacia la independencia. Esto, luego de casi dos años de relaciones tensas entre la dirección de ese partido y el gobierno, en la que el partido se fragmentó entre el bloque de congresistas que apoyan las iniciativas del presidente Petro (y que se concentran en Cámara) y otro bloque que sigue en la oposición de facto. De hecho, la mayoría de las bases se encuentra volcada hacia el progresismo, y ha demandado en varias oportunidades que la dirección de su partido se entregue a un cuerpo colegiado o a otro director que represente sus intereses. No obstante, el control de Gaviria en el partido sigue siendo firme, más posteriormente a la Convención Liberal que se realizó a finales de octubre de 2024, en la que el expresidente logró imponer las reglas de juego y hacerse reelegir por los voceros del partido, que varios congresistas denunciaron que presuntamente apoyaron a Gaviria constreñidos por los apoyos electorales recibidos en 2023. Lo que sí deja claro la salida de los liberales del gobierno es que el Acuerdo Nacional, la iniciativa del gobierno por generar un gran frente político y social para movilizar sus reformas, termina de morir al romperse el último apoyo restante de los partidos tradicionales, que ya habían salido del gobierno en abril de 2023 y que han hecho equilibrismo en la independencia. Por otro lado, los liberales también se montaron en el bus que va por la carretera del “antipetrismo”, buscando ganar el voto de descontento hacia el gobierno en los departamentos del interior, especialmente en Cámara, donde esperan superar los votos del Pacto Histórico y ser la primera fuerza en esa corporación. La precampaña empieza con nombres que se están alejando de la política institucional y de los partidos políticos Fuente:   Semana.com El pasado 29 de enero, Revista Semana publicó una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC)  midiendo la intención de voto hacia los más sonados precandidatos presidenciales, a 1 año y 3 meses de realizarse la primera vuelta presidencial en Colombia. Según los resultados, Vicky Dávila lidera la intención de voto tanto en el bloque político de la derecha como a nivel general, con 36,4% y 12,7% respectivamente. Le siguen en esa intención Sergio Fajardo, quien tiene un 11,8% de la intención de los votantes y se llevaría una potencial candidatura de la consulta de centro, con 27,1% de apoyos, y Gustavo Bolívar, quien se quedaría con la nominación de la consulta de la izquierda, con 29,1% de votos y en un quinto lugar en la intención general a la presidencia, con 6,7% de la intención de los encuestados. Fuente: Semana.com Aunque es muy temprano para hacer conjeturas y el escenario preelectoral en el país aún sigue muy crudo (pues aún queda un mes y medio para que inicie el calendario electoral para le legislativo, a mediados de marzo, y 4 meses para que inicie el calendario electoral para las presidenciales, en mayo), sí es posible denotar que, por ahora, el termómetro político mide que la intención de la población colombiana está decantándose hacia figuras políticas que no se identifican fácilmente con estructuras políticas partidistas y que, por el contrario, han tratado de mostrarse como representantes directos de sus propios votantes. Haciendo la sumatoria de la intención de voto de candidatos con estructuras políticas y militancia frente a los que han hecho su vida política por fuera de los partidos (o no tan cercanos a los mismos), la balanza se inclina abiertamente hacia iniciativas particulares. El 43,8% de la base encuestada estaría dispuesta a votar por un candidato independiente o lejano a los partidos, frente a un 39,4% que votaría con algún candidato identificado con un partido político. Donde se nota más esta tendencia es en la consulta de la izquierda, donde 4 de los 6 candidatos más votados son figuras que tienen amplia presencia en las redes sociales y apoyo de las bases sociales y políticas que votaron a Gustavo Petro en 2022. Asimismo, en la consulta de la derecha, aunque en sumatoria la gente se decantaría por elegir a un candidato institucional, el apoyo hacia Vicky Dávila y la diferencia que le saca al segundo (Germán Vargas Lleras) demarca que también al otro lado del espectro político la intención de voto se concentra en figuras con amplia presencia mediática y sin una trayectoria política clara. Por ahora, el panorama político colombiano muestra una inclinación creciente hacia liderazgos que trascienden las estructuras partidistas tradicionales, privilegiando figuras con fuerte presencia mediática y un discurso de independencia frente a las maquinarias políticas. Lo que sí es probable es que la contienda de 2026 podría estar marcada por un voto cada vez más personalizado y emocional, donde el carisma y la construcción de marca política pesan más que la trayectoria institucional, denotando mucho más cierto desapego hacia los partidos, que están tendiendo a fragmentarse en un escenario de mayor polarización.

Por: Guillermo Linero Montes Históricamente se ha creído que los principales factores para hacer a los países más fuertes y más seguros, son el poderío armamentístico y el poderío económico. De hecho, desde la antigüedad se ha tenido por cierto que dichos factores determinan el grado de civilización. No obstante, en este tercer milenio, el entendimiento de las nuevas generaciones -reflexivas y sensibles, pero todavía por fuera del poder- los países llamados civilizados no lo son exclusivamente por sus riquezas materiales, ni por su poderío militar; sino por la cultura y la espiritualidad de sus ciudadanos. En el presente, desprendidos del individualismo capitalista de Adam Smith, son más quienes tienen por seguro que la riqueza de las naciones debe fundarse prioritariamente en la conciencia de cuidar el planeta -el medio ambiente- en el respeto a los otros -los derechos humanos- y en el remplazo del materialismo por el idealismo (cambiar el oro por las ideas). El filósofo francés André Malraux, aseveraba que el siglo XXI sería espiritual o no sería; es decir, que si nos vamos por el camino de las guerras, los efectos no son la satisfacción de un botín obtenido o la consecución para sí de un territorio ajeno, sino todo lo contrario: verbigracia, la guerra entre Rusia y Ucrania solo ha servido para convertir un territorio en campo de batalla y para reducir a su población a una triste ciudadanía soldadesca- o, como es el caso de la violencia de Israel contra Palestina, que solo ha servido para la aniquilación de la mayor parte de la población infantil de la Franja de Gaza. De haberse tenido la mentalidad dada al respeto de los derechos humanos, implícita  en la consigna de Malraux, los ucranianos estarían viviendo felices en su país, y los niños palestinos estarían jugando en sus calles con la alegría que les caracteriza. Con todo, la falta de conciencia de quienes aún detentan el poder y toman las decisiones escudados en el señorío de las armas, todavía hace vulnerables a la mayoría de países. En Colombia, por ejemplo, pese a la disposición del gobierno de Gustavo Petro, de alinear a su población en esa filosofía del respeto a los otros, y del cuidado medioambiental del planeta, la violencia en el Catatumbo lo ha conminado a combinar sus políticas de paz con actos de guerra para hacer frente militarmente a los grupos armados que como el ELN o las bandas criminales, persisten en priorizar la violencia como mecanismo de enriquecimiento. En contraste, las políticas económicas ligadas al poderío militar y a las ambiciones individualistas de riqueza, siguen, igual que las guerras, la senda de lo injusto y cruel. De tal suerte, los países faltos de riqueza monetaria dependen, en calidad de esclavos, de sus amos imperiales. En el caso nuestro, hemos dependido sumisamente de los Estados Unidos, que en los negocios mercantiles nos impone reglas desfavorables. Con todo, la tradición de nuestros gobernantes ha estado basada en obedecerles, solo y únicamente por el mero temor a su inescrupuloso poderío militar. Hoy, cuando el presidente Donald Trump, arremete contra la especie humana, con políticas de avasallamiento económico y amenazas de invasiones territoriales, empiezan a surgir voces libertarias -todas comprometidas con la protección al medioambiente y con el respeto a los otros- que ven posible la ampliación de las relaciones comerciales con distintos países, sin importar las distancias que geopolíticamente han dificultado los intercambios comerciales. Por fortuna, el desarrollo de los medios de trasporte, que por cuenta de los avances tecnológicos se han optimizado y reducido en sus costos, facilita en el presente una cobertura comercial global y sin fronteras. No en vano, hoy y por causa de las fricciones entre el gobierno colombiano y el estadounidense, se habla con bastante seriedad de la opción de integrarnos a los llamados Brics, que consiste en una asociación de naciones con fines económicos y comerciales, integrada por países tan distantes el uno del otro, como lo están Brasil y China. Sin embargo, tal posibilidad nos tendría que hacer pensar en dos situaciones: primero, que a los Estados Unidos no debemos desatenderlo en calidad de socio comercial, renegociando con ellos los tratados económicos vigentes sobre la base de una igualdad de condiciones-; y segundo, que en ningún caso, le acompañemos en términos de política general, en aquellos asuntos que atenten contra los derechos humanos y contra la protección del planeta. Esto último, pues las estrategias políticas y los criterios de humanidad expuestos por el actual presidente de los Estados Unidos, develan a un país auspiciador del irrespeto a las normas medioambientales y promotor de la desestimación de los derechos humanos.

Por: Diego Alejandro Pedraza, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad En el inicio del año 2025, la situación de orden público en Colombia ha sido afectada por la crisis humanitaria en el Catatumbo, la relación diplomática complicada con los Estados Unidos, los ajustes en el gabinete ministerial y las medidas adoptadas para enfrentar un presupuesto desfinanciado. En este contexto, persiste la pregunta sobre el manejo del escándalo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Este asunto sigue siendo relevante, en tanto los fondos desaparecidos continúan sin ser recuperados, sin una identificación clara de los responsables, y se mantiene una atmósfera de incertidumbre en las instituciones políticas del país, especialmente en los pasillos del Capitolio y los fríos espacios de la Casa de Nariño. El caso de la UNRGD es un ejemplo de corrupción y representa un punto significativo en la gestión del gobierno de Petro y el proyecto de cambio. En este caso, se presentaron conductas que se habían criticado anteriormente, y se priorizaron intereses personales en lugar de las necesidades públicas, con el fin de asegurar el apoyo necesario para la aprobación de las reformas del gobierno en un Congreso que enfrenta un creciente cuestionamiento. A pesar de que la atención pública se ha dirigido hacia otros temas, la justicia ha comenzado a actuar en las dos semanas posteriores al final de la vacancia judicial de fin de año. Nuevas investigaciones, audios filtrados y declaraciones de los involucrados indican que el caso está siendo reactivado y podría seguir siendo relevante en el transcurso de este año. Por ahora Olmedo López y Sneyder Pinilla, mantienen sus preacuerdos y siguen hablando de todos los implicados dentro del escándalo. El contratista Luis Eduardo López Rosero, un exasesor, Pedro Andrés Rodríguez Melo; el exdirector de conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto Gantiva; y Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado involucrado en el escándalo, también mantienen sus preacuerdos, se presentan a declarar ante las instancias judiciales y han comenzado a reintegrar parte de los dineros prometidos .  Pero este escándalo tiene más implicados y muchas líneas que hoy en día todavía no han terminado de esclarecerse.  Primera línea de investigación: Name, Calle y Sandra Ortiz Fuente: Semana.com Pero recapitulando, debemos volver al final del 2024 y a las tres líneas de investigación abiertas que tiene este entramado de corrupción. La primera de estas líneas relaciona a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, a quienes la Corte Suprema les abrió investigación el 5 de noviembre, tal y como lo reseñamos desde La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en este artículo . En el auto de apertura, la Corte señalaba a Name y a Calle de ser los receptores de un soborno de 4 mil millones para impulsar el trámite de las reformas del gobierno en el Congreso. Y es aquí en donde entra uno de los primeros eslabones de la cadena, Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones y exsenadora por el Partido Verde, quien, para la fiscalía, actuó como “la mensajera” y que por estos hechos está privada de la libertad desde el 18 de diciembre de 2024 . Los expresidentes del legislativo rindieron indagatoria ante la corte, primero Name el 25 de noviembre y luego Calle el 27 de noviembre. Ambos negaron los cargos y presentaron declaraciones para defender su inocencia, tras lo cual desaparecieron del foco público durante el fin de año. Sin embargo, sus nombres volvieron a ser mencionados por dos razones: primero, porque el Consejo de Estado fijó la audiencia de pérdida de investidura contra Name para el 3 de febrero , audiencia que había sido aplazada debido a la indagatoria de Name ante la corte el 25 de noviembre; y segundo, por las declaraciones de la exconsejera presidencial, Sandra Ortiz, en una entrevista con Noticias Caracol y Blu radio , en la que reiteró la acusación que la vincula como “la mensajera” en el caso de la UNGRD. En esa misma entrevista, Ortiz hace una serie de afirmaciones, como que todo ha sido orquestado desde un sector de la presidencia, que se han destinado más de 3 millones de dólares para desacreditar su nombre, que un hermano de una alta funcionaria del gobierno está involucrado y que el principal testigo del caso fue asesinado. Asegura que desea hablar, pero hasta el momento no ha proporcionado detalles concretos. Su defensa se limita a mencionar pruebas que la fiscalía desestimó durante el proceso. Asimismo, dirige su atención hacia Pinilla, como si intentara señalar un “eslabón débil”, pero no ha presentado la información que había prometido compartir, la cual sigue siendo esperada, especialmente considerando que, tras Olmedo, ella es la primera alta funcionaria implicada en el caso. Hasta ahora, el primer frente se mueve con cautela. Name se defenderá ante el Consejo de Estado por las acusaciones en su contra por tráfico de influencias. Calle se mantiene en el ojo del huracán por cuenta de las declaraciones de Sneyder Pinilla, quien presuntamente le llevó mil millones de pesos hasta Córdoba (lugar de residencia del representante), y Sandra Ortiz sigue privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía, camino a juicio en las próximas semanas . Segunda línea de investigación: La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público Fuente:  La Silla Vacía La segunda línea de investigación también reposa en los despachos de la Corte Suprema de Justicia y es contra los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, así como también contra el excongresista Juan Diego Muñoz a quienes la sala de instrucción les abrió formalmente investigación el día 12 de noviembre de 2024, tal y como reseñamos desde Pares anteriormente . Todos los congresistas implicados rindieron indagatoria ante la Corte Suprema entre finales de noviembre e inicios de diciembre de 2024. Todos optaron por guardar silencio, se declararon inocentes y sus declaraciones dejaron interrogantes.  Pese a lo anterior, los registros del Ministerio de Hacienda revelan cómo estos congresistas ingresaron al ministerio. Aunque en su momento argumentaron que su presencia respondía a asuntos relacionados con sus regiones, el 15 de diciembre de 2024, en una investigación de Noticias Caracol , se revelaron imágenes de las cámaras de seguridad del ministerio que registraron a los congresistas en compañía del exministro Ricardo Bonilla, la exasesora María Alejandra Benavides y el asesor de presidencia Jaime Ramírez Cobo, precisamente en los días en que se aprobaban los créditos en la comisión. Estos créditos, presuntamente, se utilizaron para ampliar el cupo de endeudamiento del Estado colombiano y el presupuesto de la UNGRD, que sirvió para asignar contratos en Arauca, Bolívar y Córdoba, los cuales al parecer fueron otorgados a estos congresistas. Desde entonces, se tiene poca información sobre ellos. Algunas fuentes en redes sociales han señalado que no aspirarán en 2026 para enfocarse en sus defensas, otros se han declarado inocentes en medios y otros más han desaparecido, como es común en los congresistas a quienes la Corte pone bajo investigación. Sin embargo, los rumores continúan y la posibilidad de que se emitan órdenes de captura en su contra aumenta conforme pasan los días. Tercera línea de investigación: Los ministros y Carlos Ramón Fuente: Infobae. La última línea de investigación está en manos de la Fiscalía y se centra en los exministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco y el exdirector del DAPRE e Inteligencia, Carlos Ramón González. Según las investigaciones adelantadas por el ente acusador y los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, fueron ellos tres quienes presuntamente ordenaron la compra de los congresistas con el fin de mantener el trámite de las reformas en el Congreso.  Los testimonios de López y Pinilla fueron ampliados por María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, quien afirmó ante la fiscalía que las órdenes relacionadas con las irregularidades investigadas fueron presuntamente emitidas por el exministro Ricardo Bonilla y que los llamados cupos indicativos eran asignados bajo la dirección del exministro de Interior, Luis Fernando Velasco, tal y como se mencionó anteriormente en este artículo . En medio de estos eventos, Bonilla y Velasco fueron apartados de sus cargos. Aunque han permanecido en silencio, en un reportaje exclusivo de la Revista Semana del 25 de enero de 2025 , se dieron a conocer audios y declaraciones en los que Olmedo López afirmó que el exministro Velasco mencionó que le estaban solicitando 80.000 millones en contratos para los congresistas, con el fin de obtener los votos necesarios para la aprobación de las reformas pendientes del gobierno. En esa misma declaración, Olmedo afirma que en el “conclave” en el que se dieron las órdenes de comprar congresistas, fue el exdirector de Inteligencia, Carlos Ramón González, quien ordenó y distribuyó los contratos según la negociación previa. Carlos Ramón también ha sido mencionado por la Fiscalía en la acusación contra Sandra Ortiz, quien presuntamente actuaba bajo las órdenes del exlíder del Partido Verde. Por ahora, todos se defienden desde los estrados judiciales, alegando su inocencia y señalando a Sneyder y a María Alejandra Benavides como fuentes de información falsa. Sin embargo, el alcance de las acusaciones en su contra es significativo, al punto que se ha sugerido que el modus operandi en el caso de la UNGRD es el mismo utilizado en la Comisión Primera del Senado. Esta situación ha puesto en entredicho los valores éticos con los cuales se negocia en el Congreso y ha abierto el debate sobre la necesidad de reformular los ejercicios de lobby institucional y las dinámicas de negociación entre ramas del poder público, para garantizar mayor transparencia. La “teoría” de los eslabones débiles Fuente:   msn.com Hasta ahora, todos han apuntado a lo que se podría considerar los “eslabones débiles”, aquellos que ocupan posiciones inferiores en la cadena de poder y que, aparentemente, están siendo señalados por los actores con mayor poder. Actualmente, parece que todos los focos se centran en María Alejandra Benavides, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz, quienes, como antiguos funcionarios, son los más cuestionados tanto por la opinión pública como por las acusaciones en su contra. Aunque la estrategia jurídica parece enfocarse en aquellos que se perciben como partes más vulnerables dentro de la jerarquía de poder, las acusaciones contra los altos funcionarios son relevantes. La responsabilidad de estos como tomadores de decisiones podría constituir la prueba clave de que ellos fueron los que emitieron las órdenes. El núcleo de este proceso radicará en la veracidad de las evidencias y en la capacidad del sistema judicial para cuestionar y evaluar la actuación de aquellos involucrados en la alta estructura del gobierno, así como aquellos en el Congreso que pudieron haber comprometido la función legislativa.

Por: John Correa Como es bien sabido, la transición energética global representa uno de los mayores desafíos del siglo XXI, al implicar un cambio profundo en la forma en que producimos y consumimos energía. Este proceso busca sustituir los combustibles fósiles por fuentes renovables como la solar y la eólica, con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático y alcanzar la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, su implementación enfrenta múltiples obstáculos, desde la dependencia de minerales críticos como el cobre y el litio, hasta problemas geopolíticos, legales y ambientales que condicionan su desarrollo. Este informe analiza las dimensiones clave de este proceso, integrando los desafíos globales y los casos específicos, como el de Colombia, que reflejan la complejidad de avanzar hacia un futuro energético sostenible. 1. Definición y objetivos de la transición energética La transición energética se define como el cambio hacia sistemas de energía limpia y sostenible, con el reemplazo de combustibles fósiles por fuentes renovables como la solar, eólica y geotérmica. Este cambio está guiado por objetivos como: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Diversificar las fuentes de energía. Lograr la sostenibilidad ambiental y económica. La Unión Europea, como actor clave, ha trazado metas ambiciosas para reducir su dependencia de proveedores externos, incrementando la extracción interna de minerales estratégicos y fomentando el reciclaje para cubrir el 25% de su demanda anual de materiales críticos para 2030.   2. Minerales críticos y su rol en la transición energética Para avanzar hacia la energía limpia, el mundo necesita minerales esenciales como el cobre y el litio, claves para tecnologías como baterías, vehículos eléctricos y redes eléctricas. Según un informe citado, se necesitarán 293 nuevas minas para 2030  para satisfacer la creciente demanda de estos materiales. Cobre:  Vital en la infraestructura eléctrica y sistemas de cableado. Litio:  Fundamental para baterías de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía. Níquel, manganeso y cobalto:  Componentes esenciales en baterías avanzadas. Tierras raras: Cruciales en turbinas eólicas y paneles solares. El desarrollo de estas minas enfrenta barreras significativas, como la duración de los procesos de exploración, permisos y financiamiento. Mientras que en EE. UU. construir una mina puede tomar hasta 29 años, países como Ghana y Laos logran reducir este tiempo a 10-15 años, facilitando el suministro de materiales críticos. 3. Retos asociados a la explotación de minerales críticos Los minerales necesarios para la transición energética presentan desafíos clave: 1.     Dependencia geopolítica: Los recursos están concentrados en pocos países. China, por ejemplo, domina el mercado de tierras raras, mientras que Chile y Australia son líderes en litio. Esta concentración crea vulnerabilidades en el suministro global. 2.     Impactos ambientales: La minería genera deforestación, contaminación del agua y degradación del suelo, contradiciendo los principios de sostenibilidad. 3.     Procesamiento y reciclaje: Aunque los reciclajes planeados (como en la Unión Europea) son prometedores, aún existe un déficit en la infraestructura global para procesar estos minerales de manera eficiente. 4.     Tiempos prolongados para la apertura de minas: La transición hacia tecnologías limpias requiere acelerar estos procesos, pero la regulación, especialmente en regiones como Europa y Norteamérica, puede ser un obstáculo. 4. Impactos del cambio climático y su relación con la transición energética El cambio climático es uno de los principales impulsores de la transición energética. Sus impactos incluyen: Fenómenos climáticos extremos:  Huracanes, inundaciones y sequías afectan tanto a la población como a la infraestructura energética. Aumento del nivel del mar y derretimiento de glaciares:  Estos fenómenos generan desplazamientos masivos y amenazan comunidades costeras. Desertificación:  La pérdida de tierras fértiles limita el acceso a recursos naturales. Estos efectos refuerzan la urgencia de adoptar sistemas de energía sostenible. Sin embargo, el cambio depende de superar barreras técnicas y políticas. 5. Caso Colombia: Cambios en la gestión energética y retos legales En Colombia, la transición energética está enmarcada por las recientes transformaciones en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ahora llamada Agencia Nacional de Energía . La entidad ha asumido nuevas competencias, incluyendo la gestión de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), como hidrógeno, eólica y geotérmica. Sin embargo, estas decisiones han sido ampliamente criticadas por: Falta de experiencia: La ANH carece de experticia en FNCER, lo que genera incertidumbre en proyectos como los parques eólicos offshore. Problemas legales: Las decisiones recientes, como la absorción del Instituto de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas (IPSE), han sido cuestionadas por su posible ilegalidad y falta de planificación. Entorno hostil: La inseguridad jurídica y la lentitud en la aprobación de licencias ambientales dificultan el desarrollo de proyectos clave. La transición energética en Colombia enfrenta un panorama incierto, donde las políticas deben equilibrar sostenibilidad, viabilidad económica y legalidad. Conclusión La transición energética global y regional enfrenta desafíos multidimensionales. Mientras los minerales críticos son la base tecnológica de este cambio, su explotación y suministro están marcados por tensiones geopolíticas, impactos ambientales y procesos lentos. Por otro lado, las políticas públicas, como las implementadas en Colombia, deben buscar un balance entre la innovación y la legalidad, para garantizar un futuro energético sostenible. El éxito de la transición energética depende de la colaboración internacional, inversiones en reciclaje, y un marco regulatorio que fomente el desarrollo responsable de recursos. A pesar de los retos, avanzar hacia la sostenibilidad es una tarea ineludible para mitigar los efectos del cambio climático y garantizar un futuro viable para las próximas generaciones.

La guerrilla del ELN emite su quinto comunicado, en el que aseguran, otra vez, que la guerra no la empezaron ellos, y que, todo este conflicto, es el resultado de las agresiones hechas por el Frente 33 del EMBF. Comunicado #5.

Por: Redacción Pares Desde el 2019 en Chile se sienten los vientos del cambio. Fue el primero país en Latinoamérica que vivió lo que se conoció como el estallido social. Al aumento de los tiquetes del metro impueso por el entonces presidente PIñera, se sumaron una serie de exigencias por parte de los chilenos en donde se pedía, entre otras cosas, enterrar una constitución arcaica, que olía a formol, ya que había sido impuesta por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Poco después, en el 2021, ganó las elecciones presidenciales el joven líder estudiantil Gabriel Boric quien juró hacer una serie de reformas que enterrarían para siempre a la dictadura y sus leyes.   Este 25 de enero Gabriel Boric consiguió su mayor victoria contra el fantasma de Augusto Pinochet: enterrar su sistema de pensiones. Con una votación que dejó un saldo de 118 votos a favor y 38 en contra desde el congreso se le dio luz verde  a la “reforma de pensiones a ley”. Según la más reciente encuesta de la consultora CADEM el 60% de los chilenos aprueba la propuesta que significa darle el portazo final a la dictadura de Augusto Pinochet. El entonces máximo dirigente chileno obligaba, desde 1981, a que el chileno de a pie financiara de manera integra su pensión sin esperar contribuciones de su empleado, ya fuera público o estatal.   La ministra del trabajo, Jeannette Jara, argumentó lo siguiente: "Hoy día se aprobó, después de 43 años, una reforma previsional que le cambia la cara a lo que la dictadura hizo en 1981 en este país"   De acuerdo con cifras oficiales, de los 600 mil jubilados en Chile, unos 300 mil reciben unos 350 dólares al mes que es sólo una parte del salario mínimo que en ese país está establecido en 500 dólares.   La reforma crea un seguro social y hará subir el monto de la pensión garantizada universal, eso quiere decir que si se tiene 65 años en Chile y no se pertenece al 10% más rico de la población y se reside en Chile, podrá beneficiarse con esta medida.   Para ello, se plantea que los primeros en recibir este incremento sean los beneficiarios de mayor edad, de 82 años o más, para quienes el alza se aplicará a partir de los seis meses posteriores a que se publique la reforma. Después les seguirán las personas de 75 años o más, para quienes el cambio se hará realidad en 18 meses, y finalmente serán los de 65 años o más, quienes verán reflejado esto dentro de 30 meses.   Independientemente de la minucia sobre la medida Boric logra conseguir las mayorías en el congreso para terminar de hundir y de paso exorcizar una ley que recordaba los peores años de una dictadura atroz.

Por: Redacción Pares Hasta el año 2008 Claudio Rosas, un periodista comprometido con causas perdidas, jamás se imaginó que podría crear una consultora que destrabara proyectos energéticos. Ese año, en la Chile profunda un recurso de protección interpuesto por una comunidad paralizó la operación del gas natural que ´dejó sin este servicio a más de 500 personas. La empatía floreció en él y se dejó llevar. El grupo español Natura le pide que interceda en un problema que amenazaba con extenderse por más de una semana y que le generaba a la empresa pérdidas que se contaban en millones de dólares. Entendió el problema, tanto que en una hora lo solucionó. Desde entonces su vida cambió por completo. La compañía española decide contratarlo. El periodismo, a veces, ayuda a la gente. Pero Claudio Rosas en este momento dedica cada gramo de energía en solucionar conflictos. Y no conflictos cualquiera, sino los que surgen cuando florecen las dudas en medio de la explotación de un recurso natural en una comunidad.   La experiencia lo ayudó tanto que en el 2013 crea Paralelo 7. Esta consultora es un puente entre las compañías extranjeras y paises, como Colombia, que tienen un conflicto interno. Cuando aterriza una compañía de afuera desconoce las complejidades que puede tener un pueblo. Paralelo 7 es capaz de traducirlos y avanzar. Tras 12 años de fundada ya tiene operación en diez parques fotovoltaicos, cuatro eólicos y ya tienen líneas de transmisión eléctrica. Después de estudiar la situación del país y de valorar a Brasil y México, Paralelo 7 escogió a Colombia. Según Claudio Rosas esta elección se dio por los siguiente motivos: “Colombia es un país hermano que ha pasado por procesos sociales profundos y que ha tenido que lidiar con un conflicto armado del que nosotros tenemos mucho que aprender. Y es esa misma sociedad la que hoy enfrenta el inicio de una transición energética un tanto desconocida para ellos, en lo que nosotros como chilenos sí tenemos bastante que decir, porque ya llevamos algunos años en ese proceso”.   Una de las banderas del gobierno Petro es la búsqueda de alternativas de energía que no atenten contra el medio ambiente. Es una aventura completamente diferente. Chile ya tiene un recorrido y por eso es tan importante la llegada de Rosas y sus sueños. Muchos de los lugares más ricos del país son disputados por grupos armados. Paralelo 7 maneja, en Chile, cuatrocientas antenas en una zona roja que, tal y como le dijo en su entrevista en Portafolio, “Tienen una proporción de violencia comparable a la de Colombia”.   La zona del Catatumbo ha sido, desde mediados de los años ochenta, un foco de disputa entre las guerrillas del ELN, EPL y las FARC -poco después llegarían, con toda su ferocidad, los grupos paramilitares- precisamente por su riqueza petrolera. Los atentados a oleductos, fenómeno que también se ve en Arauca, perpetrados por grupos como el ELN, son resultados de malas concertaciones entre la comunidad y las grandes compañías que explotan estos recursos. La garantía que se tiene para que tanto la comunidad como las compañías puedan tener tranquilidad que se hará el mejor trabajo sin dañar el ambiente, es una negociación previa efectiva.   En Colombia Paralelo 7 estará enfocado en proyectos eólicos y fotovoltaicos en zonas claves para la Transición como La Guajira, Buenaventura y posiblemente el puerto de Cartagena.   Mucha agua ha pasado por el molino desde que Claudio Rosas ahondó su vocación de servicio a algo tan vital para la gente como el uso responsable de los recursos naturales. Se debe tener la suficiente consciencia e integridad moral para hacerlo. Y es fácil darse cuenta, desde el primer apretón de manos, que Claudio Rosas la tiene.

Por : Katerin Erazo, Periodista El Gobierno Nacional está considerando la presentación de una nueva reforma tributaria en este año 2025, con el propósito de garantizar el equilibrio del Presupuesto General de la Nación (PGN) y sostener los proyectos estratégicos del país. Esta iniciativa surge en un contexto de tensiones políticas y económicas, luego de que la ley de financiamiento propuesta en 2024 fuera archivada por el Congreso, lo que obligó a la administración a realizar ajustes presupuestarios. El PGN de 2025, aprobado por decreto presidencial tras la negativa del Congreso a la propuesta inicial del Ejecutivo, contempla un gasto de $511 billones. Sin embargo, esta cifra quedó por debajo de los $523 billones que el Gobierno había solicitado, lo que llevó a un recorte de $12 billones en distintas áreas. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, ha señalado que el Gobierno busca alternativas para cubrir este faltante y, al mismo tiempo, establecer una estructura fiscal más estable a largo plazo. Entre las prioridades de la nueva reforma estaría la financiación de programas sociales y la recuperación de inversiones clave que fueron aplazadas debido a la falta de recursos. Uno de los sectores más afectados por los recortes ha sido la inversión en infraestructura, donde proyectos estratégicos han visto reducidos sus presupuestos. En este sentido, el presidente Gustavo Petro ha advertido que, si el Congreso no aprueba la reforma tributaria, varias de estas partidas podrían convertirse en recortes definitivos, impactando directamente a las regiones. El anuncio de una posible reforma tributaria ha generado un intenso debate en el ámbito político y económico. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de garantizar nuevos ingresos para sostener el gasto público y atender emergencias como la crisis humanitaria en el Catatumbo, sectores de la oposición cuestionan el impacto que mayores tributos podrían tener sobre la economía nacional. Desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP), su director, Alexander López Maya, ha defendido la iniciativa, asegurando que el actual esquema fiscal no permite atender las necesidades del país sin comprometer inversiones esenciales. López también ha criticado la postura de algunos sectores políticos que, según él, han bloqueado las iniciativas del Gobierno con fines electorales en lugar de priorizar el bienestar de la ciudadanía. En contraste, analistas y gremios empresariales han expresado su preocupación por el posible impacto de una nueva reforma tributaria en la inversión y el empleo. Algunos advierten que cambios en el régimen fiscal podrían generar incertidumbre y desincentivar el crecimiento económico en un momento en el que el país aún enfrenta desafíos en materia de reactivación productiva. Según Alejandro Chala , investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Más allá de la urgencia de recaudar nuevos recursos, el Gobierno ha planteado la necesidad de diseñar una política fiscal más robusta que evite la recurrencia de reformas tributarias en cada administración. El ministro de Hacienda ha indicado que la estructura actual del sistema de financiamiento público genera un problema estructural, lo que obliga a cada gobierno a buscar alternativas temporales para sostener el gasto. El desafío ahora será lograr un consenso en el Congreso para sacar adelante la reforma sin profundizar las divisiones políticas ni afectar el desarrollo económico. Con un panorama legislativo complejo y un margen de maniobra reducido, la discusión sobre el futuro de la política fiscal en Colombia promete convertirse en uno de los temas más relevantes del próximo año.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. En un mundo donde las fuerzas reaccionarias, excluyentes y fascistas avanzan fuertemente, la única alternativa que tenemos los sectores progresistas y de izquierdas es radicalizarnos. El ascenso de líderes y movimientos de ultraderecha no es casualidad. Es el resultado un sistema salvaje que, por décadas, ha precarizado la vida. En las últimas semanas hemos sido testigo de noticias catastróficas para los avances progresistas a nivel global, desde las políticas migratorias brutales de Trump en Estados Unidos, que criminalizan a migrantes, hasta el intento de Javier Milei en Argentina de eliminar el feminicidio del Código Penal, negando las violencias basadas en género. Estos hechos son parte de una ofensiva que busca destruir los derechos humanos y eliminar la diversidad. Frente a este panorama, desde Colombia, la apuesta debe ser radicalizar la democracia, y somos los sectores progresistas y alternativos quienes tenemos la responsabilidad de resistir y no abandonar este proceso, y más aún cuando ya logramos tener la primera presidencia de izquierda en la historia del país. Debemos insistir en un proyecto social y político que ponga en el centro la dignidad humana, la justicia social feminista y la sostenibilidad ambiental. En Colombia la radicalización del proyecto democrático es urgente. Después de décadas de conflicto armado, desigualdad y exclusión, la participación no puede manifestarse únicamente en los ejercicios electorales. Ahora, más que nunca, debemos seguir insistiendo en un proyecto colectivo que garantice la inclusión efectiva de todas las voces, especialmente de quienes históricamente han vivido la exclusión, las mujeres, las comunidades LGBTIQ+, las comunidades indígenas y afrodescendientes, el campesinado y migrantes. La democracia radical es la apuesta por una transformación, en donde la participación comunitaria es central y requiere un compromiso con la transparencia, la educación y el acceso a la información. Claramente enfrentamos desafíos enormes. La manipulación mediática es una herramienta poderosa que está en manos de los sectores más conservadores y retardatarios. En Colombia, hemos visto cómo estas estrategias han sido utilizadas para sabotear las agendas de paz y de diversidad, han estigmatizado a las juventudes que se movilizaron durante el histórico Estallido Social, y han criminalizado a los liderazgos sociales que defienden los derechos humanos. Y los medios de comunicación han sido cómplices, difundiendo fake news y descontextualizando información para favorecer a los poderes tradicionales. Reconociendo que muchos sectores ya están en campaña para ganar la presidencia en el 2026, desde el gobierno de Gustavo Petro tenemos la tarea de defender las agendas del cambio con argumentos sólidos y una comunicación precisa y contundente, reconociendo las fallas y corrigiendo lo que sea necesario. Asimismo, los sectores progresistas de izquierda debemos profundizar los ejercicios formativos y movilizadores que llamen a la ciudadanía a reflexionar sobre las transformaciones que necesitamos.   Aunque es importante, no les hago, necesariamente, un llamado a unirnos, porque entiendo las diferencias que existen entre las diversas organizaciones de izquierdas. Sin embargo, el llamado sí es a que, desde cada uno de sus sectores y agendas, fortalezcamos los espacios de diálogo y acción colectiva en contra del avance de las derechas en el país. En este escenario no hay espacio para tibiezas. La radicalización democrática se construye desde las bases, desafiando los discursos de odio. Diciéndole de frente a las Cabal, las Dávila y los Uribe, que NO PASARÁN y que no vamos a renunciar a la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad, esto no es negociable. Hoy, más que nunca, es tiempo de movilizar la digna rabia. Como dijo Petro: Los constructores de vida somos los revolucionarios, los constructores de muerte son los fascistas, así que escojan bien el campo.

Por: Redacción Pares El 24 de enero del 2022 el empresario Andrés Escobar fue citado por la Fiscalía por haber disparado contra una manifestación en el barrio Ciudad Jardín de  Cali el 28 de mayo del 2021. Cali fue el epicentro de lo que se conoció como el estallido social. Por su posición geográfica, que lo ha convertido en el centro de los caminos del occidente del país, de diversidad y también de conflicto, se generó un descontento debido a las políticas excluyentes del gobierno del entonces presidente Iván Duque. Lejos de dialogar, de escuchar a los que protestaban, la represión fue tan brutal que dejó más de 100 personas lesionadas en los ojos, debido a los disparos de balas de perdigones del ESMAD. Sumado a esto, en noviembre del 2019, en pleno centro de Bogotá, fue asesinado Dylan Cruz, un joven bachiller que lo único que hacía era manifestarse contra las medidas económicas del presidente Duque.   En Cali, en uno de los barrios más emblemáticos de esa ciudad, Puerto Rellena, se condensó el descontento ciudadano. Allí se hizo un monumento, el de la mano gigante y se cambió el nombre a Puerto Resistencia. Solo la pandemia pudo parar por unos meses a la gente que estaba decidida a hacer un cambio desde las calles. El 28 de mayo del 2021 los miembros de la Minga Indígena decidieron marchar hasta Ciudad Jardín, uno de los barrios más encopetados de Cali y también se manifestaron por los alrededores de la Universidad del Valle.   Entonces apareció la figura de Andrés Escobar, autodenominado empresario de la ciudad de Cali quien apuntó y disparó hacia los manifestantes. Las fotos fueron la prueba reina. Lo que mas perturba de estas fotos es ver que al lado de Escobar, casi que protegiéndolo, estaban agentes de la policía nacional. Por más increíble que esto parezca hubo gente poderosa, como la senadora María Fernanda Cabal, que defendió a este hombre, lo llamó héroe porque estaba defendiendo a los miembros de la comunidad de Ciudad Jardín y hasta le dio cobijo en su seno político para lanzarse al consejo de la ciudad. En donde no se quemó.   Escobar está acusado de los siguientes delitos: usurpación de las funciones públicas, violación de los derechos de reunión, empleo o lanzamiento de sustracción de objetos peligrosos, tortura, entre otros hechos. Mientras Escobar fue premiado a Daneidy Barrera Rojas, la popular Epa Colombia, tuvo que cargar con el peso de una justicia que a veces es desproporcionada. En noviembre del 2019, mientras la policía disparaba sobre manifestantes y los CAI se llenaban de jóvenes detenidos que eran muy maltratados, Epa Colombia grabó un video en donde aparecía destruyendo un Transmilenio con un martillo. La influencer creyó que ese contenido le iba a servir para grabar un video y viralizarlo desde sus redes. Pero la movida no salió como esperaba. Fue acusada y encontrada culpable de los siguientes delitos de los que era acusada: daño en bien ajeno agravado, perturbación del transporte público colectivo e instigación a delinquir con fines terroristas. La condena fue de cinco años de cárcel y está obligada a pagar 493 salarios mínimos. La influencer de 28 años ya había pagado 450 millones de pesos en multas por estos hechos y a pesar de eso no logró evadir la cárcel.   Epa Colombia se había destacado por sus emprendimientos comerciales. Sus keratinas habían sido un éxito y le habían permitido poner varias peluquerías en la capital. Su abogado ha ideado en una estrategia en donde incluye al presidente Gustavo Petro de quien espera la nombre gestora de paz o buscar algún beneficio por ser madre cabeza de hogar. Incluso intentaron que no fuera recluida a una cárcel común pero en la mañana de este 30 de enero fue ingresada al Buen Pastor de Bogotá.   Si, el chiste le salió muy caro, pero viendo que Andrés Escobar no sólo eludió la justicia sino que fue reconocido como concejal en Cali, la indignación sacude las redes sociales y se preguntan si en verdad todos los colombianos son iguales ante la ley.

Por: Redacción Pares La Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a Colombia a reconocer este miércoles 29 de enero, la responsabilidad por la impunidad que ronda desde hace más de 40 años los actos de detención, tortura, desaparición y muerte del estudiante universitario y miembro del partido comunista Luis Fernando Lalinde. Ocurrió en 1984, tres años después de que los narcos de este país se unieran para crear el MAS -Muerte a Secuestradores- un grupo paramilitar destinado a rescatar a sus familiares que habían sido secuestrados por grupos de izquierda. La semilla de las Autodefensas y los escuadrones de la muerte estaban sembradas. Aunque el presidente era un conservador progresista, el primero de los mandatarios que apoyó con decisión la salida negociada del conflicto con los grupos armados, Belisario Betancur, estaba rodeado por oficiales que demostraron su ferocidad  y su poca disposición al diálogo después de las lecciones de humildad que demostraron en la sangrienta retoma al Palacio de Justicia.   La persistencia de la mamá del joven estudiante, Fabiola Lalinde, fue determinante para que el estado colombiano por fin confesara su responsabilidad e impunidad en este crimen. El 3 de octubre de 1984 Luis Fernando Lalinde apenas tenía 26 años y viajó al municipio de Jardín en Antioquia, intentando rescatar a un guerrillero herido en combate perteneciente al EPL. Gracias a la gestión de Belisario se había conseguido establecer un cese al fuego con ese grupo. Sin embargo el ejército tenía otros planes. Lanzó la Operación Cuervos, destinada a detener subversivos. Hay que recordar que en esa época también estaba en la Casa Blanca un Republicano intransigente como Ronald Reagan. La guerra fría aún persistía y todo lo que oliera a comunista era metido en la misma bolsa de la criminalidad. Ese día de octubre fue detenido Luis Fernando. Su madre Fabiola, comenzó lo que ella llama “Operación Cirirí” que era preguntar todos los días por su hijo. Duró preguntando de manera incansable durante 4.428 días hasta que le entregaron el cuerpo del muchacho.   Sólo hasta octubre de 1997 se pudo realizar una ceremonia religiosa para darle paz. Su mamá, en ese momento, describió la esencia de Luis Fernando con unas breves palabras: “ En el gobierno de Belisario Betancur, en los 80, durante una tregua con la guerrilla colombiana, rota por los mismos militares, Luís Fernando, a punto de graduarse en sociología, militante del partido comunista, y que nunca dejó su trabajo con los pobres en los barrios populares, mientras prestaba una ayuda humanitaria en el traslado de unos guerrilleros heridos por el ataque de los militares que no respetaron la tregua, fue detenido por el ejército, torturado en el patio de una escuela rural y expuesto como trofeo ante los niños y demás habitantes de la zona, y luego asesinado y desaparecido. Fue el 4 de octubre de 1984”   Los responsables de esta desaparición, tortura y asesinato fueron los miembros del batallón Ayacucho quienes presentaron al joven estudiante de sociología como alias Jacinto, miembro del Ejército de Liberación Nacional.   Gracias a la operación Cirirí Fabiola recibió, el 18 de noviembre de 1996, por parte de la Octava Brigada del ejército nacional, una caja que contenía el cráneo y sesenta y nueve huesos de Luis Fernando. Sólo hasta el 2016 el ejército pidió perdón por su desaparición.   Hace más de una década el caso se trasladó a la Fiscalía pero aún así no se han presentado avances significativos en la investigación. En el día de ayer, 29 de enero, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado señaló la ineficacia de la Fiscalía a la hora de investigar este crimen “El tiempo transcurrido sin acciones investigativas oportunas entorpeció la pronta y eficiente administración de justicia,  y esto ha sido fuente de frustración y angustia para la familia Lalinde”   El Estado Colombiano se comprometió a acatar cualquier sea el fallo emitido y además dispondrá de medidas para intentar empezar a reparar a Fabiola, una de las mujeres buscadoras más persistentes del país.

Por: Laura Bonilla ¿Tienen futuro las negociaciones de paz? Muchas veces se dice que toda guerra termina en negociación. En la mayoría de los casos, esto es cierto, salvo en aquellos conflictos latentes que permanecen congelados, acumulando fuerza hasta el momento en que estallan, como ocurre en el Catatumbo. Quisiera decir que sí, que las negociaciones actuales tienen futuro. Pero el país no atraviesa su mejor momento. Si la tendencia se mantiene y estallan confrontaciones en Arauca, Guaviare y Nariño, la capacidad del Estado—civil y militar—será puesta a prueba. No está claro si saldremos victoriosos. La política de Paz Total nos dejó una lección fundamental: una mesa de negociación exige conocer con quién se negocia, cuál es su alcance, su propósito y qué herramientas existen para llevarla a cabo. Hoy, esta información es insuficiente, y el principal argumento para sostener los diálogos es que suspenderlos podría ser aún peor. El país no está preparado y las consecuencias podrían ser más graves. Pero la pregunta clave sigue siendo: ¿para qué se negocia? Las negociaciones, tal como están planteadas, solo generan alivios temporales si se cumplen condiciones que hoy no existen. Primero, el grupo armado con el que se negocia debe tener suficiente control sobre su tropa y el territorio. Eso requiere que sea el único actor armado en la zona, algo que no ocurre en ninguna región del país. Además, se necesita un grupo con suficiente fuerza y recursos para suspender actividades como la extorsión, que siempre requiere de la violencia. La segunda condición es que el grupo tenga un objetivo final que justifique su desaparición como organización armada. En el pasado, las guerrillas negociaron bajo la promesa de acceder al poder o lograr reformas alineadas con su agenda, como la participación política o la reforma agraria. Su representación social se basaba en estos objetivos. Sin embargo, el ELN, la única guerrilla activa, no tiene una meta clara que lo lleve a deponer las armas. De hecho, dejó en claro durante la negociación—hoy suspendida—que no las entregará hasta que todos los acuerdos sean cumplidos, convirtiendo esta exigencia en un cuello de botella para la Paz Total. Con los demás grupos ocurre lo mismo. Las facciones disidentes, hoy divididas en dos bloques (y que mañana podrían ser tres o cuatro), no tienen control suficiente para generar alivios en las zonas de disputa. Si un grupo baja la guardia, el otro toma ventaja. Si ambos están en una mesa, la violencia masiva puede disminuir, pero la confrontación continuará con consecuencias como confinamiento, asesinatos de líderes sociales y presión sobre las comunidades para acatar normas impuestas por los armados. El simple llamado del Gobierno al diálogo no cambiará estas dinámicas. ¿Significa esto que la negociación debe descartarse? No, pero debe replantearse. Es urgente separar la construcción de paz—llámese pactos, planes o programas—de dos factores: los vaivenes políticos de cada gobierno y las mesas de negociación. La paz debe traducirse en acciones sostenidas en el tiempo, como lo fueron el Plan Nacional de Rehabilitación o los Laboratorios de Desarrollo y Paz, que lograron avances significativos en estabilización regional. La negociación, por su parte, debería enfocarse en temas concretos: el desmonte de la violencia, la reincorporación de los combatientes y la justicia, sin perder tiempo en debates caducos sobre reconocimiento político y representatividad social de los grupos armados. Este enfoque permitiría una salida más pragmática al conflicto. P.D.  En nuestro libro ¿Plomo es lo que viene?  no solo advertimos esta situación, sino que propusimos esta misma salida a los cuellos de botella.