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Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Fuente:  Cerosetenta, UniAndes. Con 274 votos a favor y sin ningún voto en contra, el MAIS, partido de origen indígena, aprobó la salida de los congresistas María José Pizarro, David Racero y Heráclito Landinez de su partido y la escisión de su bloque.  Esta decisión, junto con la aprobación del proyecto de unidad dentro de la Unión Patriótica y —de manera accidentada— dentro de la Colombia Humana, van poniendo un par de ladrillos más en el objetivo del gobierno de Gustavo Petro de consolidar un partido nuevo de unidad que recoja a los partidos dentro de la coalición del Pacto Histórico, con la que aspiran a repetir y superar el triunfo electoral que obtuvieron en las elecciones legislativas de 2022. Sin embargo, la salida de Pizarro, Racero y Landinez no estuvo exenta de ruidos dentro de su partido, desde donde señalaron que no entregarían su personería jurídica casi desde principios de 2024, cuando la idea de la unidad tomó fuerza, posterior a los pobres resultados del Pacto Histórico y de sus partidos en las elecciones regionales de 2023. Con la escisión del MAIS, queda por ver si el Polo Democrático Alternativo, el segundo partido de centroizquierda con mayor peso legislativo, decide por la unificación. Aunque sus directivas aprobaron el proyecto, están a la espera de que sus bases ratifiquen la decisión en un Congreso Nacional que fue aplazado indefinidamente , luego de que su dirección colegiada nacional electa tras la salida de Alexander López fuera impugnada por el Consejo Nacional Electoral. Hasta ese momento, el proyecto de unificación sigue avanzando, lentamente, esperando concretarse con miras hacia 2026, donde esperan tener suficiente fuerza y peso para imponerse en una futura consulta de centroizquierda frente a los candidatos que vengan del santismo, del centro que apoya al gobierno y de otros candidatos independientes. El que mucho abarca, poco aprieta Fuente:  Cerosetenta, UniAndes. En esta historia contábamos que la pretensión futura del Pacto Histórico estaba en el proyecto de unificación de esta coalición de partidos en una sola personería jurídica, tanto para competir en las elecciones legislativas como presidenciales de 2026. De esa pretensión, quedó que los 3 grandes partidos de centroizquierda e izquierda en Colombia (Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica, Colombia Humana) tenderían eventualmente a consolidar esta unión, a través de diferentes reuniones y asambleas, cuya finalidad era buscar la legitimación de este proceso ante las bases. No obstante, y a pesar de que las directivas de la Unión Patriótica por su lado y el Polo Democrático por el otro dieron luz verde para iniciar esta fusión, las tensiones internas alrededor de este proyecto han tendido a salir a la luz en los últimos meses. Inicialmente, en la Asamblea de la Colombia Humana , que terminó eligiendo a la congresista Gloria Flórez como su presidente, y que terminó con una fuerte disputa interna entre varios sectores de las bases del partido, que denunciaron que la mesa directiva fue cooptada por el llamado “bloque de congresistas” que terminaron pasando por encima de las decisiones de estas bases. Junto a ello, también ha existido un bloque dentro del Polo Democrático que ha señalado que no se puede perder la experiencia de organización y consolidación de diferentes sectores gremiales y sociales dentro del partido en un proceso de fusión en el que pueden terminar en condición de desigualdad frente a la Colombia Humana. Sumado a lo anterior, están los partidos de índole minoritario que reflejan intereses sectoriales de grupos indígenas y afro, que no quieren perder su personería porque sienten que deben conservar su representatividad y sus agendas propias, ante una agenda mucho más diluida en lo nacional, como la del proyectado Pacto Histórico. En este punto hay que observar la posición que tomó el partido MAIS desde inicios de este año para conservar su personería y buscar otras alternativas que permitieran su supervivencia como partido dentro del bloque de gobierno. En este sentido, han enarbolado la propuesta de lanzar sus listas propias al Congreso, y conformar un bloque de alianzas para las presidenciales. Esta estrategia ha sido la que más ha tomado fuerza dentro de la coalición, y ha llevado a que movimientos como Fuerza Ciudadana, Fuerza de la Paz y el partido ADA se hayan bajado del bus de la unificación, lo que ha terminado reduciendo la pretensión inicial del Pacto Histórico de convertirse en la principal fuerza de confluencia de las izquierdas y del progresismo en Colombia. ¿Existe una crisis de representación en el seno de la izquierda y de los progresismos? Fuente:  El Espectador. Esta fragmentación de los bloques de izquierda y centroizquierda ha sido un factor constante en la historia del país desde que estos partidos emergieron en la postrimería de la hegemonía conservadora. De hecho, han tendido a unirse y separarse casi de manera cíclica, respondiendo a los factores políticos, sociales y económicos de su tiempo. Todo esto, atravesado por la inclinación de un sector de las militancias por la lucha armada, y por los intentos de consolidar un proyecto político institucional que nunca termina de consolidarse. En ese sentido, proyectos como la Unión Nacional de Oposición (UNO) o el mismo Polo Democrático Alternativo en 2005 demuestran que estos bloques tienden a buscar unirse en momentos donde existe la necesidad política de hacerlo. En el caso de la UNO, ante el desmonte del Frente Nacional y la consolidación de una opción política amplia de izquierdas, y en el caso del Polo, ante la emergencia del Uribismo como proyecto político que rompió las lógicas bipartidistas y generaba un bloque político e histórico a su alrededor. Sin embargo, la desconfianza mutua y la competencia interna entre liderazgos y programas políticos ha terminado por fulminar estos intentos de unificación. En parte, porque han tendido a personalizar las disputas internas de tendencia más ideológica que conlleva al choque de estos liderazgos, y por el otro lado, porque ha tendido a priorizarse la identidad propia de estos sectores políticos que en la unidad táctica, especialmente ante su autonomía histórica y sus luchas previas. En ese marco es posible entender que parte de la disgregación del Polo Democrático, por ejemplo, se manifestó en los roces posteriores entre Carlos Gaviria y Gustavo Petro ante la búsqueda de un candidato a la presidencia en 2010, así como los choques entre Jorge Enrique Robledo y la dirigencia del Partido Comunista que terminaron con la expulsión del último en septiembre de 2013, y que emergieron en estos choques entre liderazgos internos. Por ende, la falta de unidad discursiva ha tendido a canalizarse en estas disputas entre los liderazgos. Además, existe cierta falta de unidad discursiva entre las demandas populares y los liderazgos dentro del progresismo. En cierto modo, algunos de estos liderazgos han intentado reducir la mayoría del discurso de los movimientos sociales al Plan Nacional de Desarrollo, así como han reducido la capacidad de autocrítica sobre los fallos del gobierno, lo que ha llevado a rencillas internas, especialmente entre congresistas, líderes de opinión de redes sociales y funcionarios. Los retos para la consolidación de un Pacto Histórico mucho más disminuido Fuente:  El País, Cali. Con el proceso electoral de 2026 asomándose, es claro que el proyecto de un bloque unificado de izquierda progresista masivo se va decantando  conforme las tensiones internas dentro de cada partido se resuelven a través de escisiones, fracturas y choques entre los diferentes bloques que componen a estas agrupaciones políticas. La Colombia Humana, el centro de este proyecto y el partido con mayor proyección de crecimiento posterior al triunfo electoral legislativo y presidencial del progresismo en 2022, sigue siendo el principal ejemplo de esta ruptura interna dentro de las bases. Desde que su Asamblea Nacional eligió nuevas directivas el 17 y 18 de agosto de 2024, ha estado en una crisis interna constante entre los nuevos cargos directivos electos (que sus detractores llaman “los congresistas”) y las bases que no aceptan esta mesa, y que consideran que la votación estuvo viciada. Tras la salida de más de 18 militantes el 21 de octubre de 2024, han surgido nuevas voces desde las bases que ha estado pidiendo que se mantenga la independencia del partido, al considerar que su integración dentro del Pacto Histórico podría llevar a la pérdida de una personería jurídica que se disputó durante años y que se había convertido en el objetivo de parte de la militancia. No obstante, tanto Eduardo Noriega, quien es uno de los enlaces del partido con el proyecto del Pacto Histórico, como Gloria Flórez, la recién nombrada presidenta de la colectividad, han indicado que estos sectores son minoritarios y marginales dentro de la pluralidad de bases y que han buscado desde el principio “torpedear” los procesos de organización interna del partido, como lo señalaron en este artículo publicado en El Espectador . Como hemos contado desde la Fundación Paz & Reconciliación en esta  y esta historia , las disputas dentro de las bases son importantes porque pueden volverse un obstáculo frente al proyecto de unificación futuro, más cuando la Asamblea Nacional del partido no ha terminado formalmente y durante los meses subsiguientes ha seguido sesionando de manera intermitente, esperando a que este mes de diciembre vuelva a reunirse para ratificar varias decisiones importantes, como el nuevo organigrama de la Colombia Humana (que se espera que sea el que se implemente en el Pacto Histórico en el futuro) y la elección de la nueva mesa directiva. Esta competencia interna por el monopolio de la representación tanto de la Colombia Humana como dentro del bloque de partidos del Pacto Histórico será fundamental, pues ante un escenario de nula coexistencia, el partido podría tender a romperse en el futuro entre sus facciones, más cuando no existe uniformidad ideológica ni disciplina interna que articule a los proyectos políticos diferenciados en un elemento común. También los choques internos entre las bases y las directivas, como el que ocurre dentro de la Colombia Humana y como el que recientemente sucedió dentro del MAIS entre los sectores que buscaban la unificación y los que querían mantener la independencia, se convierte en otro importante reto para la unificación. El riesgo radica en que, si no existe contención ni diálogo interno para mantener unidas a las bases, su descontento puede crecer, más si las mismas comienzan a sentir que existen fuertes disonancias y diferencias entre ellas. Esto ocurre en la Colombia Humana y fue narrado en El Espectador , entre las decisiones que se toman en Bogotá y las decisiones de las bases a nivel regional y territorial, donde en muchos casos no existe ni articulación, ni acompañamiento ni negociación frente a lo que deciden las directivas. Esto también ocurrió en la conformación de las listas municipales y departamentales a consejos y asambleas, así como en la elección de candidatos a las Alcaldías o la consolidación de alianzas con otros partidos en las elecciones de 2023. Con ello, el nuevo partido tendrá también que luchar con la acumulación de capital político y simbólico a través de la inclusión y la participación de estas bases con miras a 2026, especialmente tendiendo a buscar el apoyo de los sectores sociales que se han desprendido del mismo desde 2022, y que se puede rastrear en las cifras de aprobación del presidente en los últimos meses. Aunque, según la encuesta Invamer para el mes de noviembre de 2024 , la aprobación del presidente Petro está sobre el 35,7% y ha tenido un ligero repunte ( en el ponderador de La Silla Vacía se encuentra en 39%), es verdad que frente al porcentaje que obtuvo en la primera vuelta presidencial de 2022, ha bajo más del 5% de apoyo. Según la encuesta, esta pérdida está principalmente en las zonas urbanas del país, donde la aprobación llegó en noviembre de 2024 hasta el 34,9%. Hasta el momento, siguen existiendo esfuerzos por parte de los congresistas que están impulsando la unificación, de seguir construyendo las condiciones para que el próximo año el partido pueda emerger oficialmente. No obstante, las amenazas de ruptura, tensiones y competencias internas siguen poniendo en vilo a un proyecto que aún no termina de consolidarse y que, más allá de los discursos del presidente y de sus círculos de poder más cercanos , no termina de convencer.

Por: Sebastian Solano - Coordinador de la línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La Universidad de Pamplona, una de las Instituciones de Educación Superior más importantes del Norte de Santander, se encuentra en medio de un escándalo que amenaza con la autonomía universitaria y la gobernanza institucional. Lo que debería ser un proceso transparente y democrático para elegir a su próximo rector se ha convertido en un entramado de irregularidades administrativas, conflictos de interés y violaciones a las normativas internas de la institución. Se espera que hoy miércoles 4 de diciembre, Sea elegido el nuevo rector de la institución, en medio de un escenario poco transparente e ilegitimo para la comunidad educativa.  Con más de 60 años de historia y alrededor de 20.000 estudiantes, la Universidad de Pamplona tiene un impacto significativo en la región, no solo como centro educativo, sino como motor de desarrollo económico y social. Su estructura organizativa se rige por la Ley 30 de 1992 , que garantiza la autonomía universitaria, permitiéndole autogobernarse dentro del marco de la ley. Sin embargo, la autonomía no puede estar desligada del respeto a los principios de democracia, transparencia y justicia, valores que ahora parecen estar en riesgo. Ivaldo Torres, rector desde 2017, fue reelegido en 2020 tras cumplir con una evaluación satisfactoria del Consejo Superior Universitario (CSU), que certificó el cumplimiento del 80% de los objetivos de su plan de gestión, tal como lo exige el Artículo 26 del Estatuto General de la Universidad . Sin embargo, este mismo artículo establece claramente que un rector solo puede ser reelegido una vez. A pesar de esta restricción, Torres busca un tercer mandato, una maniobra que ha generado una ola de denuncias por parte de estudiantes, docentes y otros sectores de la comunidad universitaria.   El historial de Ivaldo Torres La gestión de Torres ha estado marcada por diversos cuestionamientos. Durante sus dos mandatos, su administración ha sido objeto de serias acusaciones legales y éticas. Según documentos oficiales, Torres enfrenta 11 investigaciones en la Contraloría General por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. Estas investigaciones incluyen contratos con sobrecostos y adquisiciones que carecen de justificación transparente. Uno de los casos más recientes es el contrato interadministrativo N.º 1840 de 2022, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Universidad de Pamplona por un valor de $151.136 millones, destinado a beneficiar a comunidades indígenas. La Contraloría emitió una advertencia especial  debido a los continuos atrasos en su ejecución, señalando un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos y posible afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. Por otro lado, se ha denunciado el uso de los recursos públicos de la universidad destinados a la contratación de medios regionales y nacionales para promover su imagen. Estas acciones, que se justificaron como estrategias de comunicación institucional justo en medio del calendario electoral. Entre los contratos más controversiales está el firmado con La Opinión S.A.S., por $14.760.000, destinado a la suscripción de ejemplares impresos y digitales, pero que en la práctica reforzó la proyección pública del rector. A este se suma un acuerdo con Publicaciones Semana S.A., por $67.830.000, que incluyó la producción de artículos y videos que exaltaron los logros de la administración, coincidiendo estratégicamente con el cronograma electoral. La lista continúa con contratos con COMUNICAN S.A. y la Fundación Las Dos Orillas, por montos de $35.700.000 y $14.280.000 respectivamente, enfocados en publicaciones que resaltaron los avances institucionales bajo la dirección de Torres. Si bien formalmente justificados como promoción institucional, estos contratos revelan una preocupante instrumentalización de los medios para fortalecer la candidatura del rector. El gasto de más de $130 millones en publicidad no solo la igualdad de condiciones con las demás candidaturas a la rectoría de la universidad, sino que también representa un abuso de poder que desvía recursos esenciales el bienestar universitario.    Irregularidades en el proceso de elección El proceso de elección del rector para el periodo 2025-2028 en la Universidad de Pamplona ha sido objeto de múltiples denuncias, evidenciando graves irregularidades que han puesto en riesgo los principios de transparencia, equidad y democracia institucional. Una de las irregularidades más significativas es la inclusión del actual rector, Ivaldo Torres, en la lista de candidatos habilitados, a pesar de que el Artículo 26 del Estatuto General  establece claramente que el rector solo puede ser reelegido por un único periodo tras cumplir con una evaluación satisfactoria. Esta habilitación, realizada por la Comisión Verificadora de Requisitos, ha sido ampliamente cuestionada debido a los vínculos administrativos entre sus integrantes y el rector. Según los documentos judiciales y administrativos, dicha comisión estaba compuesta por el secretario general, el director de la Oficina Jurídica y el director de Gestión de Talento Humano, todos ellos subordinados directos de Torres. Esto generó un conflicto de interés evidente, ya que el rector era simultáneamente juez y parte en el proceso. Otro aspecto controversial es la implementación de una consulta no vinculante, incluida de manera irregular en el cronograma electoral. Esta consulta, dirigida a estudiantes, docentes y egresados, no está contemplada en los estatutos de la universidad y ha sido criticada por la falta de garantías de transparencia en la plataforma utilizada. Según las denuncias, la herramienta tecnológica carecía de auditorías externas y presentaba vulnerabilidades que podrían haber facilitado la manipulación de los resultados. Ante las irregularidades, varios candidatos afectados presentaron acciones de tutela argumentando la violación de sus derechos fundamentales, como el debido proceso, la igualdad y el acceso a cargos públicos. Estas acciones buscaban, entre otras cosas, excluir a Torres de la lista de candidatos habilitados y anular la consulta no vinculante. Uno de los casos más destacados fue el presentado por Óscar Fabián Cristancho Fuentes  y César Augusto Parra Méndez , quienes también señalaron que la composición de la Comisión Verificadora y el Consejo Superior Universitario estaba comprometida por conflictos de interés. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Pamplona, encargado de resolver estas tutelas, falló en contra de los accionantes, declarando las solicitudes improcedentes. Este fallo generó controversia, ya que la jueza que tomó la decisión tenía una relación laboral previa con la universidad, lo que planteó serias dudas sobre su imparcialidad. La percepción de falta de independencia judicial ha incrementado la frustración de la comunidad universitaria, que considera que el sistema está favoreciendo la continuidad de Torres a pesar de las claras violaciones normativas. Adicionalmente, se han presentado recusaciones contra todos los miembros del Consejo Superior Universitario, máximo órgano encargado de tomar la decisión final en la elección. Estas recusaciones, sustentadas en el principio de imparcialidad, alegan que los consejeros no podían votar por Torres debido a su calidad de subordinados administrativos del rector-candidato. Sin embargo, estas recusaciones fueron rechazadas sin un análisis exhaustivo, lo que incrementó la percepción de parcialidad en el proceso​. El problema se agrava por la actuación de los consejeros, quienes, según las evidencias, se abstuvieron de adoptar posturas claras frente a las recusaciones y las denuncias de irregularidades. En particular, la falta de liderazgo del gobernador de Norte de Santander como representante del Consejo Superior, y de otros integrantes, ha generado un vacío institucional que ha dificultado una resolución objetiva de los conflictos. Esto contrasta con el mandato legal que les exige actuar con imparcialidad y garantizar el cumplimiento estricto de los estatutos universitarios​. La crisis ha movilizado a estudiantes, docentes y egresados, quienes han hecho un llamado urgente para que se restauren los principios democráticos en la universidad. Entre sus principales demandas están la realización de una auditoría independiente que revise todas las etapas del proceso electoral, la eliminación de la consulta no vinculante del cronograma y la exclusión de Torres de la lista de candidatos. Una de las acciones más significativas ha sido la recolección masiva de firmas por parte de estudiantes y docentes. Esta campaña, que comenzó a mediados de 2024, ha logrado reunir 5.000 firmas de la comunidad universitaria y de ciudadanos de Pamplona y sus alrededores con el objetivo de solicitar la exclusión de Ivaldo Torres de la lista de candidatos habilitados. El comité organizador de esta recolección presentó las firmas ante el Consejo Superior Universitario, argumentando que la participación de Torres en el proceso electoral no solo contraviene los estatutos, sino que también mina la confianza en la institución. Además, los promotores señalaron que este tipo de campañas son una forma de ejercer control social y hacer visibles las demandas de una comunidad que exige respeto por las normas y los valores democráticos. Otra acción clave ha sido la conformación de veedurías ciudadanas, integradas por estudiantes, egresados y líderes sociales. Estas veedurías han tenido como propósito monitorear cada etapa del proceso electoral, desde la publicación de las listas de candidatos habilitados hasta la realización de la consulta no vinculante y las sesiones del Consejo Superior Universitario. Estas observaciones han sido incluidas en informes presentados a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Educación Nacional, buscando que las autoridades tomen medidas correctivas. Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional, como ente encargado de supervisar las universidades públicas, ha permanecido en silencio frente a las denuncias y las pruebas presentadas. La ausencia de un pronunciamiento oficial ha dejado a la comunidad universitaria en un estado de incertidumbre, sin un árbitro externo que garantice la transparencia y la justicia en el proceso. La comunidad universitaria no solo se encuentra a la espera de soluciones inmediatas, sino también reformas estructurales que fortalezcan los mecanismos de control interno y aseguren que los futuros procesos electorales estén libres de irregularidades. Este caso es un reflejo de los desafíos que enfrentan las instituciones públicas en Colombia para mantener la transparencia y la legitimidad en sus procesos internos. Las irregularidades documentadas en este proceso electoral no solo afectan a la universidad, sino que también ponen en riesgo la confianza en el sistema de educación pública en el país. La respuesta a esta crisis será un punto de inflexión para la defensa de la autonomía universitaria y los principios democráticos. La comunidad universitaria y la sociedad en general esperan que se tomen medidas decisivas para garantizar que la educación pública se rija por los valores de justicia, transparencia y participación democrática.

Por: Diego Alejandro Pedraza, investigador de la Línea de Gobernabilidad y Democracia El nombre de John Abiud Ramírez Barrientos no tenía hasta hace poco alguna trascendencia dentro del espectro político nacional. Ramírez no pasaba de ser un político regional que había comenzado una carrera en uno de los departamentos con mayor cantidad de cuestionados para hacer política como lo es Santander.   Su figura nació en las entrañas del municipio de Girón, una localidad que ha experimentado un impacto significativo debido a la influencia de mafias y clanes políticos que han mantenido un control prolongado sobre la política regional.   Girón fue el fortín político del cuestionado Luis Alberto Quintero, mejor conocido en las huestes santandereanas como “El Loco”, quien fue alcalde del municipio en cinco ocasiones diferentes. Sus administraciones estuvieron asociadas a reportes recurrentes sobre presuntas irregularidades en procesos de contratación llevados a cabo desde la administración municipal. Además, Quintero fue mencionado por Ernesto Báez en relación con posibles beneficios derivados de su vínculo con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas.   Y aunque parecía que Quintero mandaría a perpetuidad, la transición llegó por cuenta de un pupilo suyo, John Abiud Ramírez Barrientos, quien con los años ha pasado a ser popularmente conocido como John “Avión”, que inició su trayectoria política bajo la influencia de Quintero y posteriormente estuvo vinculado al Clan Aguilar. Ramírez Barrientos ocupó el cargo de secretario de Desarrollo durante la administración de Richard Aguilar y recibió apoyo público de este último en su campaña a la alcaldía en 2016.   Ramírez, tras asumir el poder, inició la construcción de una estructura política con la capacidad de influir significativamente en el municipio, con proyecciones que, según diversos análisis, podrían tener capacidad para extenderse al ámbito departamental.   De John Abiud a John “Avión” Fuente: Publicidad política de Campaña de John Abiud Ramírez.   En la actualidad, han surgido dudas razonables sobre cómo este político regional alcanzó el estatus de líder electoral, con indicios de la construcción de una estructura de poder que algunos describen como un "clan", con vínculos que se extienden hacia esferas del poder nacional.   La transformación de John Abiud Ramírez Barrientos en una figura política influyente se puede explicar por las dinámicas de poder clientelar desarrolladas durante su administración. Entre 2016 y 2019, cuando se desempeñó como alcalde de Girón, Ramírez Barrientos consolidó su posición mediante la formación de redes políticas basadas en prácticas asociadas al clientelismo tradicional.   Durante su administración, se implementó una distribución de cargos y recursos acorde con las prácticas tradicionales de reparto burocrático. Según un informe de La Silla Vacía , los beneficiarios principales incluyeron a Luis Alberto Quintero, Mario Camacho (exgobernador de Santander, condenado por peculado y celebración indebida de contratos), Bernabé Celis (excongresista) y los senadores Jaime Durán y Miguel Ángel Pinto.   Además, Ramírez Barrientos gestionó el presupuesto municipal creando 7 nuevas secretarías, ampliando la estructura administrativa con la creación de 12 despachos adicionales, lo que resultó en más de 80 nuevos cargos de libre nombramiento y más de 200 contratistas adicionales. Durante su mandato, el presupuesto de la alcaldía experimentó un aumento del 222% entre 2016 y 2017, según un análisis previo realizado desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares).   La administración de Ramírez Barrientos se caracterizó por dinámicas asociadas al clientelismo, incluyendo presunta asignación de puestos, posibles irregularidades en la contratación de obras con presupuestos elevados y otras prácticas relacionadas con la gestión de recursos públicos. Estas acciones permitieron la consolidación de redes políticas y la acumulación de un capital económico cuya magnitud ha sido señalada como significativa por diversos sectores en el departamento.   El origen de un grupo político que apunta a ser un clan   Fuente: W Radio. El capital económico y político acumulado por John Abiud Ramírez fortaleció su influencia en el ámbito político local, permitiéndole consolidar su control en Girón. Tras la salida de Luis Alberto Quintero “El Loco” del panorama político, Ramírez Barrientos respaldó a Carlos Román, un aliado estratégico desde el Concejo Municipal, como candidato para sucederlo en la alcaldía.   Román ganó las elecciones regionales, consolidando el alcance político de Ramírez Barrientos. Sin embargo, en enero de 2021, una demanda por doble militancia llevó a su destitución, lo que generó la necesidad de convocar nuevas elecciones. En este contexto, Ramírez Barrientos promovió la candidatura de su exesposa, Yulia Moraima Rodríguez, quien resultó elegida como alcaldesa, demostrando una vez más el poderío absoluto del nuevo “cacique”.   El municipio enfrentó una serie de disputas legales, fallos judiciales y cambios en la titularidad de la alcaldía, que alternaron el cargo entre Carlos Román y Yulia Moraima Rodríguez. Al final del periodo, Carlos Román se distanció de Ramírez Barrientos, buscando consolidar su posición política de manera independiente y disputando la influencia del liderazgo previamente establecido.   Lo que pasa es que en esos años John Abiud adquirió un poder desmedido, cuando por medio del Partido de la U se hizo elegir director administrativo de la Cámara de Representantes en 2020, cargo en el cual se ha reelegido hasta el día de hoy. Este avance en la esfera nacional ha fortalecido su posición frente a otros actores políticos regionales, incluidos Carlos Román y diversos líderes santandereanos, quienes han temido el surgimiento de un nuevo grupo político en el departamento.   En 2023, Ramírez Barrientos reforzó su control político en Girón respaldando la candidatura de su hermano, Campo Elías Ramírez, para la alcaldía, buscando evitar escenarios de deslealtad política. Aunque el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la elección de Campo Elías Ramírez , el control político de John Abiud en el municipio sigue siendo predominante. En caso de que su hermano no pueda retomar el cargo, se prevé que el próximo mandatario municipal sea designado por su influencia directa.   En el mismo año, Ramírez Barrientos extendió su influencia a otros municipios del departamento, apoyando la elección de Elkin Reyes como alcalde de Oiba y de Edisson Cortés como alcalde de Guapotá, lo que termina marcando un esfuerzo por ampliar su alcance político más allá de Girón, consolidando su presencia en el ámbito departamental.   Cuestionamientos sin condena   Fuente:  El Espectador. John Abiud manda en la Cámara y gobierna en cuerpo ajeno, pese a que sobre su espalda pesan más de 7 investigaciones disciplinarias y diversos cuestionamientos que hasta el momento no han tenido condena alguna.   Solo por recordar algunos casos, se encuentra la controversia en torno a la fiesta de 15 años de su hija, cuyo costo se reportó en más de 400 millones de pesos. Además, se le cuestionó por la aprobación del estatuto tributario de Girón durante su periodo como alcalde.   Asimismo, fue señalado por Noticias Uno en relación con la construcción de una clínica en el municipio, un "elefante blanco" que comenzó en 2017 pero permanece inconcluso hasta la fecha, a pesar de haberse invertido $19 mil millones de pesos en su construcción. Además de estos casos, la Contraloría Municipal identificó hallazgos fiscales, así como denuncias e investigaciones relacionadas con la sobretasa bomberil del municipio, entre otros temas, que conforman el legado de Ramírez Barrientos en Girón.   En su gestión como director administrativo de la Cámara de Representantes, John Abiud Ramírez ha sido identificado por diversas acciones políticas. Durante su primer periodo (2020-2022), fue respaldado por el Partido de la U, lo que le permitió entregar presuntamente un contrato a la Empresa de Recursos Tecnológicos, vinculada a Ubeimar Delgado y Dilian Francisca Toro, por más de $50 mil millones de pesos. El contrato tenía como objetivo “implementar una solución tecnológica integral que contenga herramientas modernas e innovadoras de hardware, software y servicios conexos en la Cámara de Representantes” .   Y a pesar de continuar siendo apoyado por el Partido de la U, Ramírez Barrientos ha establecido vínculos con diversos sectores políticos, incluido el actual gobierno. Esta situación ha dado lugar a otros cuestionamientos, como el relacionado con las remodelaciones de las oficinas de los representantes, en las que se instalaron cámaras y micrófonos dentro de los espacios de trabajo de cada congresista. Este hecho fue denunciado públicamente por varios senadores y representantes , y se alegó que la instalación de estos dispositivos fue ordenada desde la Dirección Administrativa de la Cámara.   Pero el escándalo definitivo vino con su vinculación formal al caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En el cual se le ha vinculado por el lado de Sneyder Pinilla y por el lado de Andrés Calle.   En el caso de su relación con Pinilla, la Fiscalía ha señalado a Ramírez Barrientos de colaborar con él para gestionar recursos destinados a Santander, específicamente a los municipios donde el exalcalde tiene influencia. Estos recursos estaban destinados a la gestión de desastres; sin embargo, se ha reportado que hubo "fugas" dentro del monto total asignado. Según W Radio , se menciona que el monto podría superar los 500 mil millones de pesos, de los cuales casi 300 mil millones se destinaron a Girón.   En segundo lugar, John Abiud Ramírez ha sido vinculado al caso por su relación con Andrés Calle, según informa El Espectador . Durante la presidencia de Calle, presuntamente se adjudicaron y direccionaron contratos hacia personas cercanas a diferentes círculos políticos implicados en el escándalo de la UNGRD, así como a varios miembros del círculo de Ramírez Barrientos.   A pesar de estas implicaciones, el 20 de julio de este año fue reelegido para un tercer periodo en la Dirección Administrativa, como si los escándalos no le hicieran mella, como si él no estuviera relacionado o mejor, como si a nadie le importara en manos de quién están los recursos.   Actualmente, Ramírez Barrientos continúa consolidando su poder y expandiendo sus redes en el departamento de Santander, desde donde se anticipa que iniciará una nueva campaña electoral, ya que se acerca 2026.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenido En estos días el diario el Colombiano prepara un top con los mejores libros colombianos que se han escrito desde el 2000 hasta la fecha. En ellos se incluyen novela, no ficción y hasta novela gráfica. Estos fueron los cinco libros que recomiendo.   1. El desbarrancadero: La desazón suprema de Vallejo con la transformación de Medellín la cuenta en este, su novela más dura. Acá se desahoga mientras ve como su hermano Darío, compinche de juventud y juergas interminables, agoniza por culpa del SIDA. Un disparo a la familia paisa, a la figura sagrada de la madre, tal vez el último gran libro que escandalizó a la sociedad colombiana y también tal vez el último gran libro de Vallejo. Si quieren escuchar una plegaria contra la tranformación de Medellín -y eso que Fico en ese momento no aparecía en el horizonte- deben ponerse a leer ya esta obra maestra.   2. Lo que no tiene nombre: En mayo del 2011 Piedad Bonnet recibió una de las mejores de su vida, había recibido el premio Casa de las Américas por su obra poética. Veinticuatro horas después el teléfono volvió a sonar pero esta vez las noticias eran devastadoras: su hijo Daniel acababa de tirarse de un quinto piso en Nueva York, ciudad donde estudiaba artes. Tenía 28 años y llevaba buena parte de su vida arrastrando una enfermedad mental. Bonnet escribe entonces la gran novela colombiana sobre duelo, mitad ensayo, mitad desahogo, está a la par de otras novelas sobre el dolor como la de Joan Didion El año del pensamiento mágico. Una lectura fundamental para entender la pérdida de un ser amado   3. Volver la vista atrás: Este no es un libro sobre Fausto Cabrera y su hijo Sergio, esta es una historia sobre las condiciones en las que China empezó a hacerse una potencia a mediados de la década del sesenta y de la dureza del maoismo. Este es un libro también sobre el origen de una de las guerrillas más ferovorosas y fanáticas en Colombia y, por supuesto, es una novela de Juan Gabriel Vásquez, tal vez el autor más importante consolidado en este siglo.   4. La historia de las guerrillas en Colombia: Darío Villamizar hace este, el que tal vez sea el gran estudio sobre el origen y consolidación de los movimientos guerrilleros en Colombia. Lejos de cualquier acartonamiento académico la importancia de este estudio es que termina siendo un ensayo riguro, exhaustivo pero magníficamente escrito. Cualquier persona interesada en el tema -que al fin y al cabo es el gran tema del país- está obligada a leerlo.   5. Ursúa: William Ospina no es un novelista cuaquiera, en este relato se convierte en un Cronista de Indias, nada más y nada menos y se mete en una historia de conquista con toda su complejidad y salvajismo. Una novela que lo puso en la cima de los narradores colombianos y que, desde ese momento, no ha podido alcanzar cotas tan altas.

Por: Redacción Pares Ocurrió en el Foro abierto de ciencias de América Latina y el Caribe que tuvo a San Andrés como su anfitriona y cuyo tema central fue la Transición Energética. Una de las banderas de este gobierno ha sido el de establecer puentes para dejar atrás la dependencia con la extracción del petróleo y otras actividades relaciones con minería. Es un hecho fáctico que estas prácticas son un atentado constante contra el medio ambiente. En este escenario, y a tan sólo un mes de que se posesione oficialmente, Petro sorprendió con su ataque a Nicolás Maduro y al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Desde hace varios meses el presidente colombiano ha intentado marcar distancia con dos gobiernos que están en las antípodas de la democracia y que resume un extremismo ideológico que no comparte Petro.   En su intervención Petro afirmó que la gente en Venezuela ya no quiere a la revolución que arrancó Chávez en 1999 y con la que se han quedado con el poder. Esta fue una de sus frases. “Dejemos el petróleo y el carbón porque son el camino de la desigualdad social y de la muerte. Chávez no me lo entendió muy bien, y miren lo que pasa en Venezuela, que ya no saben si es democracia o si es revolución, ya el pueblo no los quiere. ¿Entonces vamos a seguir ese mismo camino?”   Contra Daniel Ortega también arremetió. A finales de los setenta, cuando lideró una revolución que lo catapultó al poder, jóvenes entusiastas como Petro y la plana mayor del M-19 respaldaron este levantamiento. Pero el tiempo ha pasado y Ortega parece un viejo dinosaurio, surgido de otra dimensión, un opresor que tiene en la miseria a su pueblo. Por eso Petro, bien cerca de él, en San Andrés, un pedazo de territorio que ha estado en disputa entre los dos países, habló sobre el líder de esa revolúción: “Él fue un revolucionario como yo, los colombianos fueron a pelear en el Ejército Sandinista. Estuvieron hombro a hombro con los nicaragüenses para derrotar al dictador y lo hicieron; fueron hombres del M-19. Por eso tenemos la autoridad moral de decirle a Ortega ‘aquí no entras’. Porque no vas a ser un revolucionario más que se pasa al otro bando y de libertador se convierte en dictador”.   En su intervención también le llovieron palos al Reino Unido quien tomó la decisión esta semana de volverle a pedir a los colombianos visa para entrar a Inglaterra. La respuesta del gobierno será la de pedirles a los británicos visa para entrar al país, algo que ha despertado críticas pues Colombia no está entre las obsesiones turísticas de los ingleses.

Por: John Correa Romero Foto: Ecopetrol La transición energética es un proceso global ineludible para enfrentar el cambio climático y promover un desarrollo sostenible. En este contexto, Colombia se encuentra en una posición privilegiada debido a su abundancia de recursos naturales y su compromiso creciente con la sostenibilidad. Este artículo explorará las principales oportunidades de crecimiento que el país puede aprovechar en su transición energética, abarcando aspectos como recursos naturales, inversiones, innovación tecnológica e impacto socioeconómico. Colombia cuenta con un potencial significativo para el desarrollo de energías renovables, especialmente en el ámbito de la energía solar y eólica. La región de La Guajira es un ejemplo destacado, donde los vientos fuertes y constantes hacen de esta área una de las mejores zonas del mundo para la generación de energía eólica. Proyectos como el parque eólico OWF Barlovento y otros 13 en desarrollo son un claro indicativo de este potencial. Además de la energía eólica, la radiación solar en Colombia es alta y constante a lo largo del año, especialmente en regiones como la Costa Caribe y los Llanos Orientales. La implementación de granjas solares, tanto a gran escala como en proyectos comunitarios más pequeños, está en auge gracias a convocatorias como la de comunidades energéticas y de municipios energéticos, dos propuestas del gobierno para cumplir con la meta de la democratización de la energía. Estas iniciativas no solo ayudan a diversificar la matriz energética, sino que también reducen la dependencia de fuentes de energía fósiles, contribuyendo así a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Inversiones y Políticas Públicas El gobierno colombiano ha mostrado un compromiso claro hacia la Transición Energética mediante la implementación de políticas y regulaciones favorables. La Ley 1715 de 2014, considerada como la ley de la Transición Energética, establece incentivos fiscales para proyectos de energías renovables, facilitando la inversión tanto nacional como extranjera. Esta legislación incluye beneficios como la deducción de impuestos sobre la renta, la exclusión del IVA para equipos y servicios, y la depreciación acelerada de activos. Estas medidas han sido cruciales para atraer inversiones en el sector energético. Además, la reciente firma del Pacto por la Sostenibilidad dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 refuerza el marco regulatorio y estratégico para promover un crecimiento sostenible. Este pacto incluye metas ambiciosas para la reducción de emisiones y el incremento de la capacidad instalada de energías renovables, alineando los esfuerzos nacionales con los compromisos internacionales adquiridos en el Acuerdo de París. Innovación y Tecnología La innovación tecnológica es otro pilar fundamental para la transición energética. Colombia ha avanzado en el desarrollo de tecnologías limpias y en la implementación de soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia energética. Ejemplos de ello son los proyectos piloto de almacenamiento de energía con baterías y la incorporación de sistemas inteligentes de gestión de la energía en redes eléctricas. La cooperación internacional y la participación en iniciativas globales han permitido al país acceder a tecnologías avanzadas y a mejores prácticas en el sector energético. Programas como el Fondo Verde del Clima y la Alianza de Energía y Clima de las Américas han proporcionado financiamiento y apoyo técnico para la implementación de proyectos de energía limpia en Colombia. Impacto Socioeconómico El impulso hacia una economía más verde también ofrece oportunidades de desarrollo socioeconómico. La creación de empleos en el sector de energías renovables es uno de los beneficios más destacados. Según estudios recientes, la expansión de proyectos de energía solar y eólica podría generar miles de empleos directos e indirectos en construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones. La capacitación de mano de obra especializada es otro aspecto crucial. Iniciativas de formación técnica y profesional están siendo implementadas para preparar a la fuerza laboral en nuevas tecnologías y prácticas sostenibles. Esto no solo mejora las oportunidades de empleo, sino que también eleva el nivel de competencias técnicas del país, posicionándolo como un líder en la región en términos de transición energética. Además, la descentralización de la generación de energía permite un mayor acceso a servicios energéticos en zonas rurales. La implementación de soluciones como microredes y sistemas solares autónomos en comunidades aisladas mejora la calidad de vida, reduce la desigualdad y fomenta el desarrollo económico local. Estos proyectos, a menudo apoyados por organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación internacional, demuestran cómo la transición energética puede tener un impacto positivo en las comunidades más vulnerables del país. Retos y Consideraciones Futuras A pesar de las oportunidades, la transición energética en Colombia también enfrenta desafíos significativos. Entre ellos se encuentran la necesidad de mejorar la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica, así como garantizar la estabilidad y la seguridad energética. La intermitencia de las fuentes renovables, como la solar y la eólica, requiere soluciones de almacenamiento de energía y una mejor gestión de la demanda. En este sentido, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Ministerio de Ambiente dieron un paso al frente a dar luz verde al licenciamiento ambiental del proyecto de la línea de Interconexión colectora, que representará el 6% de la capacidad instalada y el 9,6% de la demanda máxima del país. La línea de transmisión (a 500 kilovoltios) que une la subestación Colectora en el norte de La Guajira con la Subestación Cuestecitas, así como la construcción de la subestación Colectora. El tramo comprende 110 kilómetros, que llevaría la energía de unos 16 parques eólicos hacia el Sistema Interconectado Nacional (SIN). La participación de las comunidades locales en la planificación y ejecución de proyectos energéticos es crucial para asegurar el éxito de la transición. Los conflictos sociales y ambientales pueden surgir si las comunidades no son adecuadamente consultadas o beneficiadas por los proyectos. Por lo tanto, es esencial implementar prácticas de participación inclusiva y mecanismos de compensación justa. Desde el Centro de pensamiento oficina Caribe, creemos que Colombia tiene una oportunidad única para liderar la transición energética en América Latina. Aprovechando sus recursos naturales, políticas favorables, innovación tecnológica y el potencial de impacto socioeconómico, el país puede avanzar hacia un futuro más sostenible y próspero. No obstante, para lograr un éxito duradero, es necesario abordar los retos de infraestructura, inclusión social y gestión ambiental de manera integral y participativa.

Por: Redacción Pares La vitalidad de Alvaro Leyva sólo puede compararse a la de un Rolling Stone. Es una máquina de trabajo. No importa los problemas judiciales que pueda tener, no conoce otra cosa que el trabajo. Desde la semana pasada, en vez de preocuparse por organizar su defensa ante los cargos que levantó la procuradora y a la suspensión para ejercer cualquier tipo de trabajo público, Alvaro Leyva viajó primero a Madrid, en donde estuvo hasta el día miércoles y luego se fue a Egipto y en una serie de conexiones aterrizó a su destino final: Jerusalen.   Desde que era canciller del gobierno de Gustavo Petro adoptó una activa defensa de Palestina. En el momento del ataque de Hamás a Israel, el 7 de octubre del 2023, el entonces canciller estaba en París, en un Foro sobre paz y allí le afirmó a los medios que decidieron entrevistarlo una verdad que parece de perogrullo pero que debe defenderse y recordarse siempre “Palestina no es Hamás”. Pero más que adjetivos y condenas Leyva lo que buscó siempre fue establecer un puente en ese conflicto. En Colombia lo ha dado todo por la paz, hay que recordar que lleva participando en estos procesos desde la época en la que Belisario Betancur era presidente y buscaba encontrarle una salida negociada al conflicto con las FARC por allá en 1984.   Desde hace unas semanas y por cuenta propia el ex canciller estuvo indagando, según confirmó W Radio, cual era la posición exacta de Colombia en el conflicto Israel-Palestina. Después habría viajado por cuenta propia para reunirse con un grupo de especialistas en el tema y dar su grano de arena en un conflicto que parece entrará en una meseta ya que está cada vez más cerca un cese al fuego entre ambas partes.   Pero Leyva no se quedará sólo en Palestina. Fuentes cercanas a él afirman que viajará al Líbano para también poner su bandera blanca de la paz en ese país azotado por la invasión israelita. Leyva, a sis 82 años, aún tiene la vitalidad para hacer viajes de más de 12 horas y después llegar y sentarse a conversar durante días. Debido al conflicto con Palestina los sitios turísiticos en Israel están completamente cerrados así que el turismo se reduce al mínimo. El viaje de Leyva fue una iniciativa suya que espera pueda dar frutos en los próximos meses. Mientras en Colombia el rancho arde Leyva sigue buscando la paz en Oriente Medio.

Por: Redacción Pares Se llama Festival ultra en la Cámara Alta. Es un congreso que sería común y corriente si al terminar la Segunda Guerra Mundial los que ganaran hubieran sido los nazis. Los asistentes creen, por ejemplo, que la verdadera belleza de una mujer está en su capacidad para traer vida al mundo. Por eso cada aborto es un crimen inclasificable. El consejo que le dan a los que quieren revertir esto es ponerse a llorar, de rodillas, delante de cada iglesia, para que a la madre se le ablande el corazón y decida no hacerlo. Uno de los asistentes -ojo, no estamos hablando de locos sueltos, son políticos con poder en cada uno de los congresos que representan- afirmó que no sería mala idea la pena de muerte para algunos homosexuales. Ese fue el caso de la diputada Lucy Akello quien representa a Uganda.   A este congreso ha ido gente del circulo de confianza de Javier Milei, reconocido homófobo que es presidente de la Argentina y del duro presidente de Hungría Viktor Orbán. En Madrid en este congreso claramente antiabortista y homófobo hay representantes de cuarenta países. Quienes organizan son miembros del partido VOX y el encuentro se llama VI cumbre transatlántica por la libertad, la cultura y la vida. Allí participan los españoles Jaime Mayor Oreja, ex ministro del PP con José María Aznar, entre otros.   Colombia, con sus valores ultraconservadores, por supuesto que tiene representación. Se trata de la senadora Paola Holguín, fervorosa uribista, líder de cruzadas que abogan por las buenas costumbres. Ella pertenece a la colectividad del centro democratico. No viajó sola, la acompaña la senadora liberal Karina Espinosa Oliver, quien ha acaparado titulares por sus absurdas propuestas como la ley “Cero cacho” en donde pide cárcel a los infieles y hace poco, debido al escándalo que generó la canción +57 decidió lanzar una ley para practicamente prohibir el reggetón.   Reuniones como estas que cuentan con apoyo oficial de varios países dejan claro que el ascenso de la ultra derecha en el mundo, respaldada por el triunfo de personalidades como Donald Trump y Milei, es un hecho.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Leonor González Mina, conocida como la Negra Grande de Colombia, murió este 27 de noviembre de 2024, a los 90 años de edad, en Jamundí, Valle del Cauca —el mismo municipio que la vio nacer, el 16 de junio de 1934—. A pesar de su larga existencia, partió sin que el país le cumpliera su gran sueño: “Yo quiero morir con un país en paz”.   Esta confesión nos la hizo, precisamente, ocho años antes, el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, cuando la invitaron al acto de firma del Acuerdo Final de paz entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC).  Y después de interpretar, de manera magistral, la canción Violencia de nuestro gran compositor colombiano José Benito Barros Palomino ( https://www.youtube.com/watch?v=Nh4BxiMVF_o&t=116s ).   Una canción con la que los organizadores de este importante evento quisieron exorcizar la “maldita violencia” que se empeña en “teñir de sangre la tierra de Dios”. Compañera indeseable que acompañó a nuestra Negra, como sombra, siempre a su lado, por casi un siglo. De allí que al cumplir 82 años, en 2016, le pidió a Dios “Ojalá, ojalá realmente que esto que se está haciendo, que está dividido el país, que no sé qué, lográramos unirnos y tener un país en paz”.   Y es que Leonor nació, vivió y murió en un país en guerra. Vino al mundo en el momento en el que se estaba gestando la época de la Violencia en Colombia —según Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña, en su libro La violencia en Colombia: Estudio de un proceso social, este sangriento período tiene sus raíces en 1930—. En un territorio permeado por la lucha por la tierra y donde los campesinos y colonos estaban comenzando a sufrir los desmanes de los hacendados y grandes propietarios de la tierra. Le tocó en su niñez y juventud vivir todos los horrores de esta guerra civil.   Luego asistió, al cumplir los 30 años, al momento del surgimiento de las guerrillas colombianas. En 1964 nacieron las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un año después el Ejército Popular de Liberación (EPL); y con ellas, nuevamente, la violencia comenzó a apoderarse del país. Hasta que, al iniciar el siglo XXI —nuestra Leonor ya con 60 años— vio cómo se configuraba en el país la peor violencia de su vida, con el despliegue y la arremetida del poder paramilitar.   Por eso, cuando la invitaron a sus 82 años a interpretar la triste canción que José Barros le compuso a la Violencia —guerra que les tocó vivir a los dos— no dudó en ningún momento que era necesario cantar con pasión, ese sentimiento con que siempre Leonor interpretaba todas las canciones.   Nos recordó en noviembre de 2016, que a pesar de la firma del Acuerdo Final y el inicio del proceso de desarme y reincorporación de las FARC aún persistía el “llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto, es el llanto de Dios”.   Y por supuesto, el clamor de una venerable anciana con voz estentórea que se pregunta: “Violencia, maldita violencia, ¿por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración?”. He insiste  en su interrogar: “¿Violencia porque no permites que reine la paz?”.   Una paz esquiva, que presentía ella, no finalizaría con la reincorporación de las FARC; pero que la hacía soñar, una y otra vez, con que fuera posible para los colombianos. Un sueño altruista que la hizo desear el fin de la guerra: “yo no quisiera que estos niños que se están levantando ahora sufran como nosotros estamos sufriendo”. “Es muy duro que nuestro país siga así, realmente es muy duro. Nosotros deberíamos de estar en paz”.   A pesar de este dolor y está vida marcada por la violencia, Leonor sacó fuerzas para cantarle a la vida y mostrar la bondad con sus actuaciones en teatro y televisión. Como cantante, todos la recordamos por sus alegres músicas como “Yo me llamo cumbia” o “El alegre pescador. También, por las tristes pero encantadoras canciones del folclor afrocolombiano como “A la mina” o “Tío Guachupecito” ( https://music.apple.com/co/album/lo-mejor-de-mi-vida-la-negra-grande-de-colombia/989560936 ).   Y como actriz, entre los múltiples papeles está Hipólita, que le sirvió para personalizar la bondad y ternura de la mujer negra, que como la nana de Simón Bolívar, ayudó a formar el carácter de nuestro libertador. Un papel que trató de cumplir tanto en la pantalla chica como en la vida real, cuando al final de su vida se convirtió en la abuela de Juana, su única nieta.   Canciones y actuaciones que le sirvieron para convertirla en un referente de la música del Pacífico, y con ello mostrar y defender las tradiciones del litoral. Toda una vida dedicada a la cultura musical y que en 2024 fue reconocida por el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas con la Medalla de Oro en las Artes. La misma que recibió Teresita Gómez, otra negra gigante de Colombia.   Fue tanto su amor por el país y su gente que, incluso, por la vía de la votación popular, buscó entrar a la política en la década de 1990. Y en 1998 llegó a la  Cámara de Representante por Bogotá, donde obtuvo el apoyo electoral de 300 mil personas. Participación en política donde se le recuerda por la defensa de las víctimas de la violencia, las comunidades afrocolombianas y el acceso a la tierra.   De allí entonces que hoy debemos recordar a nuestra Leonor González. Y mantener vivo su deseo sagrado de trabajar por la vida y por la búsqueda de que en Colombia la gente muera “con un país en paz”. Que no se nos pierda este sueño. Estamos obligados a mantener viva la esperanza de que las leonoras que nacen y viven hoy no tengan la desdicha de la Negra Grande de Colombia, de no ver, al final de sus vidas, un país en paz.     * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares La mayoría de narcotraficantes que se metieron al negocio a finales de los años setenta lo hicieron por necesidad. Querían salir de pobres. Otros no. Uno de ellos era Fabio Ochoa Vásquez. Su padre, Fabio Ochoa Restrepo fue un empresario, ganadero, caballista colombiano que terminó metido, en parte por sus tres hijos, Fabio, Juan David y Jorge Luis, en la vorágine del narcotráfico. Una de sus hijas, Martha Nieves, fue secuestrada por el M-19. La respuesta de los Ochoa y de sus socios fue completamente despiadada. Empezaron a torturar y asesinar a todo lo que oliera a izquierda. Aún el país recuerda que en 1981, durante un clásico América de Cali- Deportivo Cali, cayeron sobre el estadio Pascual Guerrero miles de papeles en donde el MAS, Muerte a Secuestradores, se presentaba en sociedad. Empezaba así el germen del paramitarismo en Colombia.   Fabio Ochoa Restrepo tenía un criadero de caballos y un restaurante que se llamaba Las Margaritas. Era muy respetado en Medellín. Su abuelo fue Abelardo Ochoa González, creador de la primera feria ganadera de Colombia y distinguido con la cruz de Boyacá. Fue sobrino de Fidel Ochoa Vélez, reconocido veterinario paisa. La tradición de los Ochoa se rompe con Fabio Ochoa y sus hijos.   Es difícil encontrar miembros del Cartel de Medellín vivos. Aún es más impresionante que estén libres y que pertenezcan a las élites de la sociedad paisa. Así vive Jorge Luis Ochoa quien aún se ve en clubes de Medellín. Juan David murió en un infarto hace unos años. Fabio siguió delinquiendo.   Nacido en 1957 arrancó en este mundo a los veinte años. Por eso siempre le dijeron Fabito. Habría ayudado a su socio Pablo Escobar a ubicar y asesinar al piloto e informante Barry Seal. Desde entonces estuvo en el radar de la DEA. Fue capturado en 1997 por traficar 20 toneladas de cocaína. Salió libre pero sólo sabía hacer una cosa: traquetear. Por eso, una vez desmantelado el Cartel de Medellín, se enroló con el Cartel del Milenio de México. Fue capturado el 13 de octubre de 1999 y el presidente Andrés Pastrana autorizó su extradición en el 2001. Fue condenado a 30 años de prisión en una cárcel norteamericana.   A principios de este año fue sacado de una cárcel de alta seguridad por una de baja seguridad. Era el principio del inicio de su libertad. En el 2023 obtuvo, por su buen comportamiento, un 15% en rebaja de pena. Parte de esa rebaja se la ganó por sus estudios. Dentro de la cárcel Fabio Ochoa se inventó un dispositivo para crear energías limpias. En Medellín, una ciudad cuyo alcalde ha intentado borrar hasta el último vestigio del fantasma de Pablo Escobar, lo están esperando desde hace unas semanas. Su llegada podría concretarse en las próximas horas.   La cárcel de baja seguridad donde está es en Michigan. Esto quiere decir que tiene la pena cumplida por eso su deportación a Colombia es inminente.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El pasado 25 de noviembre, el Reporte Coronell de La W reveló que, en la última reunión de gabinete de ministros, un bloque de ellos se opuso a entrar, luego de pedir explicaciones por la presencia de Armando Benedetti, llamado por el gobierno para que se convierta en el nuevo asesor político de relaciones con el Congreso. La revuelta duró poco, pues el presidente salió a explicarles que Benedetti cumpliría funciones lejos de los consejos de ministros y sin capacidad de dirigir gente o tener relación alguna con ellos. No obstante, el caso de Benedetti ha denotado una vieja veta abierta que ya venía desde inicios del gobierno, y que se manifestaba en pequeñas tensiones entre diferentes bloques que luego fue creciendo hasta ahora, donde un sector de estos ministros ha adquirido suficiente fuerza para bloquear la realización de un consejo de ministros y manifestarse ante el presidente. Entender estos bloques que están emergiendo con fuerza implica entender cómo se configura primordialmente el poder alrededor del gobierno, qué sectores tienen mayor peso y qué representan para el gobierno. Este esfuerzo será complementado en el futuro con un informe que planea hacer una radiografía completa del gobierno Petro, de cara a quienes pueden ser los futuros “herederos” del progresismo en 2026. ¿Dónde se concentra el poder del gobierno de Gustavo Petro? En un primer acercamiento al gabinete ministerial y las entidades administrativas de presidencia más cercanas al presidente, es posible rastrear una serie de actores y grupos con los que se sostiene el poder de Gustavo Petro actualmente. Aunque estos grupos han variado debido a los remezones ministeriales y a los enroques estratégicos  que el gobierno ha tenido en esta primera mitad de su gestión, se sostienen por el momento en 9 grandes núcleos. Fuente:  Elaboración propia, Fundación Paz & Reconciliación. La mayor parte del poder del gabinete se concentra en un bloque conformado por 3 partes. Por un lado, un grupo de ministros y funcionarios que vienen desde los procesos propios de la Bogotá y la Colombia Humana  (que también fueron en su momento funcionarios de Petro durante la Alcaldía de Bogotá entre 2012 y 2015) y que son los que conforman, en su mayoría, parte del “ala dura” del progresismo. Hollman Morris, Gustavo Bolívar, Cielo Rusinque y Guillermo Alfonso Jaramillo hacen parte de este bloque, que suele caracterizarse por tener criterios de lealtad muy altos al proyecto político del progresismo y posiciones muy fuertes en la defensa de su programa político. Son parte de los sectores que han entrado en disputa abierta por los discursos de verdad con los medios de comunicación, los partidos tradicionales y la oposición de derechas. Este grupo tiene lazos fuertes con el segundo grupo del gobierno, conformado por un sector de tecnócratas de izquierda y centroizquierda , con perfiles académicos muy marcados y experiencia en lo público en sus sectores más allá de la Alcaldía previa de Petro, especialmente en consultorías y trabajos con organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional. Son un bloque importante porque han tomado fuerza dentro del gobierno, posterior a la COP16 y el posicionamiento de Susana Muhamad, MinAmbiente. Suelen tener posturas mucho más moderadas y mediadas por los conceptos técnicos que elaboran, diferente de las posturas más políticas del bloque de la Colombia Humana. Un tercer grupo que asoma tiene en común que llegaron al gobierno a través de las relaciones personales  que tienen con el presidente o con sus más allegados, como Iván Velásquez, MinDefensa; Astrid Cáceres, directora del ICBF o Juan David Correa, MinAgricultura. Este grupo es más variado, pero suelen tener también posiciones mucho más mesuradas políticamente. Por el lado del bloque que corresponde a cuotas entregadas a partidos del Pacto Histórico , hay menos funcionarios, pero muchos de ellos hacen parte también del grupo más cercano al presidente, especialmente desde las cuotas del Polo Democrático, en las que resaltan Alexander López, expresidente de esa colectividad y hoy director del Departamento Nacional de Planeación, igual que Luz María Múnera, consejera para las Regiones. Por el lado de Comunes, se encuentra Andrés Camacho, MinMinas. Estos nombres son importantes porque junto con Gustavo Bolívar e Iván Velásquez, hicieron parte del grupo de funcionarios que se abstuvo de asistir al consejo de ministros de esta semana hasta no tener una explicación de la llegada de Benedetti, de nuevo, al círculo más cercano de presidencia como asesor. El grupo de figuras cercanas al presidente por su militancia en el M-19 y en la AD-M19  es pequeño, pero ocupa lugares importantes frente a la seguridad de Petro, con Lemus en la Dirección Nacional de Inteligencia, Augusto Rodríguez como director de la Unidad Nacional de Protección y con Otty Patiño como comisionado de Paz. Este grupo ha adquirido relevancia porque, según reportes de La Silla Vacía, lidera parte del llamado “bloque de izquierda” que se ha opuesto a Laura Sarabia como directora del DAPRE y ha presionado de manera indirecta por su salida. Petro sigue conservando también un grupo de operadores políticos , que está ligado por una parte a los partidos políticos que tiene en la coalición de gobierno (y con los sectores conservadores y del Partido de la U que son cercanos al gobierno), y por otra que tienen relación con el Santismo, ya fuese programático (Luis Gilberto Murillo, Canciller) o pragmático y transaccional (Juan Fernando Cristo, MinInterior; Mauricio Lizcano, MinTIC). A este grupo, se supone, es que llega Armando Benedetti en su cargo de asesor para asuntos políticos del Congreso en la Presidencia, y genera ruido porque vuelve a darle fuerza a un bloque que el gobierno intentó minorizar con la llegada de Velasco al MinInterior y con la salida de Lizcano del DAPRE, pero que sigue siendo fundamental para mover acuerdos en el Congreso. Estos grupos son importantes porque permiten entender finalmente el ruido sobre los precandidatos que están comenzando a sonar desde el Pacto Histórico y el gobierno, y puede dar razón de cuáles son las principales tendencias del progresismo en disputa hacia la candidatura única del Frente Amplio hacia 2026. Por ahora, cada uno de estos grupos tiene figuras que están sonando y tomando fuerza, siendo Gustavo Bolívar quien encabeza la mayoría de las encuestas hasta ahora, seguida de María José Pizarro, Juan Fernando Cristo y Susana Muhamad, lo que implica que, por ahora, el bloque más duro del gobierno, el de la Colombia Humana, está tomando mucha más fuerza, por encima del bloque de congresistas, del bloque de operadores políticos, del santismo y de la tecnocracia del gobierno. Fuente: Noticias Caracol. Esto es importante porque permite entender que las tensiones dentro del gabinete no vienen mediadas solamente por discusiones éticas y morales sobre la pertinencia de negociar con actores que vienen de sectores políticos cuestionados y que tienen dinámicas transaccionales que pueden pasar por encima de los principios de un gobierno de izquierda que reniega hasta cierto punto del clientelismo, sino también porque denota que existe una competencia interna fuerte por llegar a la candidatura presidencial, que puede estar fragmentando las relaciones entre estos grupos. Una cuerda tensa que no termina de romperse Fuente: El Tiempo. El gobierno, tal y como lo contamos en este artículo , ha delegado parte de sus espacios de poder y burocracia a estos grupos de poder que giran alrededor suyo. Esto implica que la gobernabilidad, en gran medida, depende de lo que estos núcleos hagan y cómo se comporten ante la coyuntura nacional. El gobierno ha entregado estos espacios con dos propósitos principales, como lo comentábamos en esa historia . En primer lugar, para rodearse de su círculo más cercano y gobernar sin ataduras a acuerdos o compromisos políticos , ya que no desea ceder ante los partidos en el Congreso. Esta estrategia de distanciarse de los partidos quedó clara hace varios meses y se refleja en la progresiva salida de las cuotas políticas de estos del gabinete ministerial. En segundo lugar, para centralizar su gestión de manera más directa y eliminar obstáculos internos dentro de la burocracia que le impidan cumplir con su proyecto de gobierno  y sus decisiones de Estado, especialmente para contrarrestar la independencia del Congreso y de las Altas Cortes. Las cuotas otorgadas por el gobierno han comenzado a concentrar poder y a ganar relevancia de cara a 2026. Pueden tener impacto dentro de la futura campaña y estructura del Pacto Histórico, o incluso perfilarse como candidatos para el Congreso o posibles presidenciables. Lo único que parece unir a todas estas figuras en este momento es la presidencia de Gustavo Petro. Sin embargo, el gran desafío del progresismo ha sido la falta de una unidad ideológica desde el gobierno. Así, el proyecto progresista se encuentra vulnerable a la formación de facciones, tendencias y corrientes que, aunque cercanas en sus postulados, mantienen posiciones profundamente irreconciliables, como lo demuestran las disputas internas en sus bases políticas. Esto explica el caso de las agrias discusiones entre María José Pizarro y Gustavo Bolívar (Pizarro desde un grupo de congresistas con un origen diferente al de Gustavo Bolívar, que hace parte del círculo cercano de Petro y de la Colombia Humana, desde la Dirección de Prosperidad Social) frente a la posibilidad de que alguno de los dos sea candidato del Pacto Histórico a 2026. Del mismo modo, también explica lo choques entre Heráclito Landinez e Isabel Zuleta frente al tema de la reelección, así como el fuego amigo entre Ricardo Bonilla y Luis Carlos Reyes, ambos en disputa dentro de la lectura que el gobierno debe hacer de la economía desde el sector tecnócrata. Dos visiones del progresismo que comienzan a tomar forma Fuente: El Espectador La novedad del choque del gabinete de esta semana demuestra que las tensiones entre los diferentes grupos se han polarizado hacia una disputa entre las diferentes visiones del proyecto progresista. Desde inicios del gobierno Petro y antes, desde la misma campaña, ha habido un sector dentro del Pacto Histórico al que le ha generado ruido la llegada de los operadores políticos del santismo a la campaña. La presencia de Benedetti, Barreras y Prada generó cuestionamientos sobre la necesidad de apelar a estrategias tradicionales para alcanzar el poder, siendo justificado por algunos y denostado por otros. Esta polarización se había cauterizado hasta cierto punto con el primer remezón ministerial y la salida de una buena parte de las cuotas partidistas del gabinete (muy cercanas al grupo de operadores políticos). No obstante, comenzó a crecer de nuevo cuando no se materializó la salida de Lizcano del gabinete —terminando en el MinTIC—, con el regreso de Laura Sarabia al DPS (luego al DAPRE), y se terminó de reafirmar con la llegada de Cristo al MinInterior. También se agravó con el fracaso del experimento del presidente de buscar en sus aliados cercanos a los operadores políticos que pudieran mover la agenda legislativa. Aunque Velasco fue eficiente en un primer momento como MinInterior, la caída de la reforma a la salud y la ralentización de la agenda le llevaron a salir, del mismo modo que el gobierno tuvo que terminar apelando, de nuevo, a Lizcano, al mismo Roy y tuvo que traer de nuevo a Sarabia para que las negociaciones con el Congreso no se cayeran. La respuesta del sector más “duro” del gabinete y del ala izquierda no se hizo esperar, comenzando a mover la idea de que Sarabia había perdido eficacia en su papel de operadora política  (aunque Sarabia sigue siendo el principal puente del gobierno con el empresariado) y que era necesario reemplazarla, además de las tensiones existentes con el presidente por la creciente cantidad de funciones que ha adquirido , que ha sembrado desconfianzas en estos grupos y en el mismo despacho presidencial. Estas manifestaciones de autonomía de este bloque se acrecentaron con la llegada de Benedetti, cuando el bloque de ministros y funcionarios ligados a la Colombia Humana (Gustavo Bolívar; Daniel Rojas), a cercanías personales con el presidente (Iván Velásquez; Juan David Correa), a los grupos de movimientos sociales (Francia Márquez; Gloria Inés Ramírez), y a los partidos del Pacto Histórico (Alexander López, Andrés Camacho, Luz María Múnera) decidieron no ingresar al consejo de ministros del 25 de noviembre, luego de pedirle explicaciones al presidente sobre el rol que cumpliría Benedetti. A este grupo se sumaron Iván Cepeda y María José Pizarro. Por ahora, estas dos visiones del progresismo parecen fragmentar el proyecto político hacia 2026. Por una parte, la visión más transaccional y pragmática  va partiendo de la premisa de que el poder político debe ser construido a partir de compromisos estratégicos y acuerdos prácticos, incluso con sectores que, a priori, podrían considerarse alejados o cuestionables desde una perspectiva más purista. Es decir que, para consolidar el poder y avanzar en los objetivos del proyecto del gobierno Petro hacia 2026, es necesario negociar y ceder en ciertos aspectos, lo que implica construir alianzas pragmáticas para obtener recursos y el apoyo necesario para implementar cambios en las estructuras del Estado y abordar los problemas inmediatos del país. Por otro, existe un bloque más purista y radical , que se basa en la premisa de que el poder debe mantenerse limpio de alianzas con sectores que comprometan la autenticidad y la integridad ideológica del proyecto progresista. Desde esta mirada, defendida por la mayoría de las bases y de los círculos más cercanos al gobierno, el proceso de transformación social y política debe ser realizado sin transigir en principios fundamentales, buscando siempre formas de poder auténticamente populares y directamente comprometidas con la justicia social y la equidad. De la manera como estos candidatos se ubiquen frente a estas dos posiciones dependerá también si alguna de estas dos visiones determinará la proyección política del gobierno hacia 2026. Que Bolívar esté punteando en las encuestas implica que esta mirada más purista, defendida por él —a pesar de que ha buscado trabajar de la mano del alcalde de Medellín y otros actores desde otras orillas políticas— tiene más fuerza que una mirada más transaccional o moderada —como la de Cristo—, que un buen sector de las bases considera como “politiquera”. Por ahora, los grupos de poder que sostienen al gobierno (y que concentran parte de su autonomía) se siguen reubicando, transando y compitiendo entre sí por entronizarse como los futuros herederos del progresismo de Gustavo Petro.

Por: Diego Alejandro Pedraza, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El regreso de Armando Benedetti al círculo más cercano del presidente Gustavo Petro desató un sinfín de críticas, muchos ruidos y molestias profundas dentro del gabinete y en la ciudadanía en general.   Hasta el momento, las razones de su regreso no han sido confirmadas y se mantienen en el terreno de la especulación. Algunas figuras en la opinión pública mencionan su “capacidad política”, otros hacen referencia a Vicky Dávila (sin que se aclare la razón), algunos más señalan su influencia basada en secretos de campaña e incluso, se afirma que es su capacidad la que garantizará el trámite de las reformas de un gobierno que empieza a acercarse a su recta final.   Lo único cierto hasta el momento es que el exembajador ha regresado al palacio para ocupar una oficina en el tercer piso y desempeñar un papel en temas políticos junto al presidente de la nación. Lo relevante de este movimiento es que el presidente le debe a Benedetti de alguna manera, o en su defecto, lo considera una figura clave en su mandato. En cualquier caso, la decisión no deja de generar una sensación de rechazo en sectores del movimiento social, las bases y la población en general.   Cronología de un operador político   La razón central de la indignación no proviene del hecho de que Benedetti haya hecho carrera en diversas corrientes políticas, aunque esto influye. La reacción del país no se debe principalmente a que Benedetti haya sido en su momento un seguidor del uribismo, siendo una de las figuras más visibles de ese gobierno y un vocero destacado del Partido de la U (cuando este partido estaba bajo la influencia de Uribe) durante el período 2006-2010. Imagen 1. Álvaro Uribe y Armando Benedetti en la campaña de 2006. Después fue el gran aliado de Juan Manuel Santos, primero en la campaña de 2010 donde fue uno de los bastiones políticos del expresidente, fungiendo como mediador y como garantía de que el transito Uribe-Santos se daría según los intereses del gobierno saliente. Imagen 2. Armando Benedetti como presidente del Senado 2010-2011. La capacidad de Benedetti fue destacada por los dos expresidentes, tanto que en 2010 Juan Manuel Santos movió al Congreso para que lo eligieran primer presidente del Senado al inicio de su mandato. Se pensaba que Benedetti actuaría siguiendo las directrices de Uribe, funcionando como un punto de apoyo político que permitiría un mayor control sobre el gobierno de Santos por parte de Uribe y su círculo cercano, quienes confiaban en continuar en el poder de manera indirecta durante otros cuatro años.   Sin embargo, a partir de este momento, comenzaron los movimientos políticos de Benedetti. Al notar el distanciamiento entre el presidente Santos y el expresidente Uribe, Benedetti se alineó con el “santismo” y pasó a desempeñar un papel importante dentro de la estructura política que Uribe había dejado, ahora bajo el control de Santos. En este contexto, Benedetti optó por apoyar a quien, en su análisis, representaba la mejor opción disponible.   Benedetti continuó en el grupo “santista” hasta 2021, cuando, en medio de los eventos generados por el estallido social, decidió alinearse con el ala “petrista” y asumir un papel destacado en la campaña presidencial de Gustavo Petro.   Benedetti y el “petrismo”   Armando Benedetti ingresó a la campaña presidencial desempeñando un papel destacado, asumiendo funciones cercanas a las de un jefe de debate del candidato. Durante este proceso, mostró su habilidad como operador político, capaz de interactuar tanto con los altos niveles de la política como con las estructuras regionales que ejercen control sobre el poder local.   Con él, se unieron otros miembros del Partido de la U que decidieron abandonar su alineación con el tradicionalismo y transaccionalismo político en un contexto de crisis de esa corriente ideológica, mientras el país atravesaba una situación de conflicto social, con el silencio de Duque y una sociedad que demandaba el fin de las estructuras políticas tradicionales.   Con Benedetti no solo llegaron políticos, sino también Laura Sarabia, su anterior asesora, quien inicialmente ingresó a la campaña como aliada de Benedetti. Sin embargo, fue el mismo Benedetti quien decidió que Laura acompañara a Petro en funciones de secretaria privada. Este movimiento le garantizó a Benedetti mantenerse cercano al candidato durante la campaña. Benedetti confiaba en Laura y la consideraba clave para sus objetivos, pero en la dinámica política, los roles pueden cambiar, como ocurrió con Laura, quien adquirió un poder significativo en la sombra, lo que la llevó a convertirse en la mano derecha del presidente y jefa de gabinete.   Esta situación generó descontento en Benedetti, quien, movido por sus aspiraciones de poder, nunca quedó satisfecho con lo que tenía. Aunque no es que a Benedetti no le ofrecieran nada, simplemente no era lo que él esperaba. A pesar de esto, aceptó la embajada de Colombia en Venezuela, que, en el contexto de este gobierno, es considerada una de las embajadas más relevantes del país.   Aunque aceptó, se retiró de manera no deseada, ya que él buscaba un ministerio, el puesto de Laura, o posiblemente otro cargo, ya que con Benedetti no es claro qué es lo que realmente busca.   El cisma de los “15.000”   Los primeros meses de Benedetti en la embajada se caracterizaron por la calma y la discreción. Cabe señalar que Benedetti no se destacó por su alto nivel de productividad. Sin embargo, en junio de 2023, se produjo un quiebre cuando la Revista Semana publicó unos audios en los que Benedetti confrontaba a Laura Sarabia debido a que el presidente Petro no lo atendía.   En esos audios, Benedetti expresaba su frustración, reclamando a Laura por la desatención del presidente, y mencionaba detalles que captaron la atención pública. Habló de 15 mil millones de pesos, los cuales, según él, habrían sido producto de su trabajo de lobby en la costa atlántica. En los audios, Benedetti también se mostró agresivo hacia Laura, sugiriendo que, si él hablaba, se producirían consecuencias legales para varios involucrados.   El escándalo sorprendió al país, y el presidente Petro no tuvo más opción que retirar tanto a Benedetti como a Laura de sus cargos para protegerse a sí mismo, al proyecto y al gobierno. Sin embargo, el daño político ya estaba hecho, y asociarse con operadores políticos de reputación cuestionada dificultó cualquier posible recuperación en el ámbito político.   Regresan Benedetti y Laura   Unos meses después del escándalo, Laura regresó al gobierno como directora del Departamento para la Prosperidad Social, y posteriormente fue nombrada directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). A principios de este año, Benedetti regresó para ocupar el cargo de embajador de Colombia ante la FAO, un puesto que no existía y que tuvo que ser creado para asignárselo.   En la FAO, Benedetti permaneció en un perfil bajo y solo volvió a ser noticia cuando fue denunciado en España por su esposa, Adelina Guerrero, por una supuesta violencia intrafamiliar. Regresó a Colombia para dar explicaciones, y presuntamente, su esposa regresó al país. Después, Benedetti volvió a la FAO para continuar con sus funciones diplomáticas.   Su último regreso ocurrió la semana pasada, cuando ofreció una entrevista a la Revista Semana, en la que elogió la candidatura de Vicky Dávila, cuestionó al gobierno, sostuvo que no era posible reelegir el proyecto progresista y afirmó que volvía al primer círculo del gobierno para respaldar al presidente Petro en asuntos políticos.   En una declaración posterior, Benedetti informó al país que había enfrentado problemas de drogadicción y alcoholismo, los cuales ha estado tratando en un proceso de desintoxicación en México. Aunque este tema no debe ser considerado como algo excepcional, ya que cualquier persona puede atravesar situaciones similares, lo relevante del caso es que, durante ese período de desintoxicación, Benedetti continuó en su cargo como si nada hubiera ocurrido. Es pertinente preguntarse cuántos colombianos tendrían la posibilidad de continuar en sus trabajos mientras enfrentan un proceso de rehabilitación.   Tras esta entrevista, Benedetti apareció días después para presentar su renuncia formal a la FAO. Se reunió con el presidente Petro y Laura Sarabia, se tomó una foto y salió del Palacio de Nariño anunciando que regresaba al gobierno. Indicó que tendría una oficina en el tercer piso, junto a la oficina del presidente, y que trabajaría en estrecha colaboración con Laura Sarabia a pesar de los eventos previos.