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Por: Iván Gallo - Editor de Contenido Primero, esto no se trata de una pelea como la que tienen los uruguayos con los argentinos en el caso de Gardel. Acá lo que hay es desconocimiento por parte de los colombianos. San Juan del Cesar es un municipio a una hora del aeropuerto de Valledupar. Se llama así pero es de la Guajira. Carrizal es una vereda de este pueblo y allí queda La Junta. Yo no sabía. En la plaza central de San Juan del Cesar no hay una estatua del Cacique. Tan sólo está otro Bolívar de bronce. Este no está cagado por las palomas. Al mediodía, en San Juan, puede estar haciendo unos cuarenta grados. Las montañas que rodean el valle se ven límpidas, torneadas, como rodillas de mujer y el cielo es de un azul incandescente. Acá todavía existe el azul. Las grandes ciudades están lejos. El parque está recién construido. Durante tres años las toldas verdes lo cercaban. ¿No sé por qué razón toda remodelación en cualquier parque de Colombia demora tanto? La respuesta es obvia, por la corrupción hijo.   Me enteré que La Junta es una extensión más de San Juan del Cesar la misma noche que llegué. Mientras esperaba por el administrador del hotel que tenía que registrarme me senté en una mecedora de mimbre. Me mecía, cerca de la medianoche, y con los ojos a punto de apagarse, cuando vi la figura de Diomedes. No, los asesinos de mujeres no regresan como fantasmas. Están condenados a la desaparición, a la nada. Así que era un dibujo de Diomedes estampillado en la pared del hotel. Abajo, una biografía decía que el vallenatero había nacido a un par de Kilómetros de Saraje, el hotel en mención.   Nació un 26 de mayo de 1957 en un rancho de techo de zinc que no ha cedido a las inclemencias del paisaje. Porque, para llegar a la casa de Diomedes, hay que pasar dos ríos y un camino empedrado. En medio de la nada la única música que se escucha es el revoloteo de los gavilanes cazando y, si se agudiza más el oído, también se percibirá como el agua de la corriente choca contra las piedras.   Tal y como lo contó en su momento el cronista Alberto Salcedo, en el que es el mejor perfil del cantante, Diomedes, al principio, era un joven pobre, ferozmente disciplinado, que iba de finca en finca cantando sus coplas como un viejo heraldo. Lo único que consumía antes de cualquier recital era un caldito de gallina para aclarar la voz. Lejos de él cualquier bebida espirituosa o sustancia alucinógena.   En San Juan del Cesar dio sus primeros pasos. Pero nadie parece recordarlo. Entre el 12 y el 15 de diciembre se celebrará en este lugar unas ferias y fiestas. El invitado estrella será Silvestre Dangond. No se anuncian homenajes al Cacique. La Junta es una entelequia de casas abandonadas. El epicentro debería ser San Juan. Tuve que entrar a Wikipedia para comprobar cuantos habitantes tiene este municipio. Me sorprende el número, 43 mil. ¿A dónde se han ido? Las calles que rodean la plaza central, siempre abrazadora, están desiertas. Claro, es la una de la tarde. Lo único que vive son cuatro perros dormidos al frente de la catedral. Se que están vivos porque me quedo viéndoles la pasa hundirse. Como las hojas de los árboles, los perros no se moverán jamás. A la entrada del pueblo hay un letrero de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, justo al lado de la estación de policía. Ese día me encuentro con el ex comandante de las Farc Joaquín Gómez, quien vive en Pondores, Conejo, a 30 minutos de camino y me dice que no me preocupe, que esos son un poco de desocupados que ponen esos letreros para asustar a la gente, pero que todo está bien. Igual, acá nunca ha estado nada bien.   Parado, frente al Concejo del municipio, veo uno de esos extraños milagros de los municipios colombianos: los edificios que rodean la plaza son puro Art Decó. Deben tener unos ochenta años y son hermosos. Porque a pesar del olvido San Juan del César sigue manteniendo una belleza digna. Antes de que los españoles lo fundaran en 1701 este lugar estaba habitado por Tupes, Coyaimas y Marocazos. Los cañones europeos los terminaron. Después vendría el desprecio de Bogotá y el olvido.   Ni siquiera los fanáticos de Diomedes pueden ubicar geográficamente a su pueblo. A mi no me gusta el vallenato, pero deberían saberlo. San Juan se muere entre los grupos armados y la indiferencia. Lo que creo es que deberían quitar la estatua de Bolívar y poner un acordeón en la plaza central. El olvido a Diomedes no me molesta. Pero el vallenato no debe morir jamás.

Por: Redacción Pares En días pasados la página de la fundación Pares recordó la infamia del Pacto de Chicoral, en donde terratenientes y políticos se amangualan, bajo la égida de Misael Pastrana, en ese entonces presidente, para sabotear los intentos de Reforma Agraria promovidos a comienzos de la década del setenta por el presidente Lleras. Entre las reacciones que despertó el artículo nos llamó profundamente la atencíon esta introducción al texto que hace el historiador Javier Guerrero y que remarcan una administración nefasta e inmoral ya que, hay que recordar -siempre hay que estar recordando en Colombia- obtuvo las elecciones de manera ilícita en el tristemente célebre fraude de 1970 en donde se vio perjudicada la ANAPO y que fue la excusa para que surgiera otra guerrilla en Colombia, la del M-19. Además sus medidas ayudaron a que la violencia en el país se profundizara. Es muy interesante como los grandes medios han intentado “tapar” el desastre que significó el cuatrenio de Pastrana.   Pastrana, creador además del UPAC, destruyó la ilusión de que el país aspirara a tener una clase media sólida. Nos pareció tan valiosa la reflexión del historiador guerrero que trasladamos acá sus palabras:   “Misael Pastrana había llegado por un escandaloso fraude electoral a la presidencia en 1970. En 1971 el país estaba incendiado con las universidades cerradas y una escandalosa masacre de estudiantes en Cali. Luego agenció uno de los grandes retrocesos que tuvo durante el siglo XX, el camino hacia una reforma agraria: el pacto de Chicoral. En 1961 había sido creado el INCORA y Carlos Lleras había impulsado la ANUC para defender esta reforma casi inocua consistente en titulación de baldíos y algunas compras de tierras incomodas para sus dueños, pero al fin y al cabo Reforma.   En adelante la violencia fue ascendiendo, las tomas de tierras fueron recurrentes y la violencia terrateniente contra los campesinos se hizo normal. La curva de crecimiento de todas las guerrillas también fue creciente, la muerte de líderes de ANUC y de líderes campesinos se hizo normal y empezó el segundo ciclo de la guerra civil más larga de América Latina que aún no termina porque el narcotráfico se alió con sectores del Estado, el empresariado, las fuerzas armadas y con partidos políticos para aniquilar a la ANUC, el partido Unión Patriótica y llevarse por delante el sindicalismo y a todo tipo de oposición.   Los años 90 fueron la destorcida al crecimiento de las guerrillas que se empezaron a financiar con actividades ilegales, especialmente el narcotráfico y el secuestro, dando comienzo a un ciclo de mercenarios y paramilitares que agudizó el problema y destruyó las instituciones permeándolas por las mafias regionales de los señores de la guerra. En estos tiempos de guerra civil se transformó en mercados locales de violencia que controlan la política en las zonas de guerra porque de alguna forma controlan muchas alcaldías y algunas gobernaciones desde donde controlan el congreso. Por eso vale la pena comprender cual fue el aporte de 1970 a este desorden nacional y a esta guerra que no termina”.   Treinta años después su hijo, Andrés Pastrana, terminaría de ponerle los clavos al país con otra administración desastrosa. Pero eso es tema para otro artículo.

Por: Redacción Pares Laura Sarabia ha sido uno de los nombres que más han generado titulares desde que arrancó este gobierno. Muy a su pesar pasó de ser una figura de bajo perfil dentro del equipo del entonces senador Armando Benedetti al foco de odio de opositores al gobierno y al sector más progresista del petrismo quienes la vieron siempre con un patito feo. Pocas entrevistas políticas sirven para conocer a un personaje en el periodismo actual, por eso es Martha Soto debe llevarse un aplaudo de pie. Logró que Sarabia se abreriera. La entrevista salió el pasado jueves 28 de noviembre con este título: “Jamás me imaginé estar en un torbellino de odio, en una hoguera de las vanidades” A diferencia de otras funcionarias del gobierno como Sandra Ortíz, Laura Sarabia volvió a hacer gala de control, inteligencia emocional y respuestas medidas, pero, gracias a Marta Soto, pudimos leer entre líneas su agobio, su desesperación y está claro que la política la ha quemado.   El torbellino en estos dos años lo ha podido resistir gracias a su juventud, a su disciplina. Quedó claro que, a pesar de la aversión que pueda sentir por una figura como Armando Benedetti, ella seguirá en el gobierno hasta que su jefe máximo, Gustavo Petro, disponga lo contrario. En uno de los apartados Laura Sarabia resume cómo han sido sus últimos meses, acosada no sólo por la agenda diaria, las malas caras del circulo cercano de Petro y las declaraciones de su ex niñera, Marelbys Meza, La verdad, jamás me imaginé estar envuelta en un torbellino de odio y de una hoguera de vanidades de muchos sectores. Cada fin de semana, desde los últimos 2 años, espero cuál es la nueva historia que tienen por contar. O cuál es el nuevo capítulo en el cual supuestamente participé. Esa ha sido mi vida durante los últimos 2 años y eso no cambiará. Todos los días respondo si el Presidente me quiere, si el Presidente me saca de las reuniones, si el Presidente y yo tenemos unas discusiones o si estamos peleados. Creo que ya a lo último lo hemos tomado jocosamente.  Nos reímos de la creatividad de todas estas noticias y creo que, como le digo, esto pasa por muchos intereses. Por ahí dicen que al burro se le ven las orejas en estos casos”.   La entrevista es el retrato de un desgaste. A Marta Soto, Sarabia le aclaró que todo lo que tendrá que decir sobre su ex jefe, Armando Benedetti, se lo dirá a la Fiscalía. Y, entre todas las preguntas, la que le hace Marta Soto sobre como debe convivir con el odio que siente por ella el círculo íntimo de Petro la señora Sarabia contestó lo siguiente: Por mi puesto, por el papel que he desempeñado y por lo que he significado los últimos 3 años al lado del Presidente, porque no solo ha sido en el gobierno, sino un año en campaña. Cuando estaba embarazada. Dos: lo único que tengo es mi nombre y lo voy a defender hasta el último momento y como una leona porque es lo único que tengo y por eso estoy acá. Y tercero: soy la primera persona que trata todos esos temas con el Presidente. Que le muestra qué salió, qué están diciendo, que yo me relacioné con tal, que me reuní con tal, que le recibí a tal persona. Pero todo ha quedado en fantasías,especulaciones, rumores porque hoy no hay una sola prueba. Cada cosa que llega mis abogados la entregan a la Fiscalía. Gracias a Dios duermo tranquila.   A sus 30 años lo único que quiere Laura Sarabia no es un cargo público sino el tranquilo silencio que sólo tienen los cuarteles de invierno.

Por: John Jairo Correa Foto de Paisminero.co La Guajira y Cesar, dos departamentos colombianos tradicionalmente enfocados en la extracción de carbón, se encuentran en un momento decisivo en materia de minería. Con la transición energética global en marcha y la búsqueda de alternativas al carbón, el cobre se perfila como la próxima gran oportunidad minera en estas regiones; sin embargo, la experiencia acumulada a lo largo de décadas de explotación de carbón deja una lección ineludible: no se puede repetir el modelo de desarrollo que solo ha dejado pobreza, desplazamiento y devastación ambiental. Un Recurso Estratégico para la Transición Energética El cobre es esencial para la transición energética por sus propiedades de alta conductividad y durabilidad, necesarias para la fabricación de vehículos eléctricos, redes de transmisión, sistemas de energía solar y otras tecnologías sostenibles; en este contexto, el cobre en La Guajira y Cesar es visto como un recurso de alto valor, y empresas mineras como Max Resources y Carbomás han iniciado proyectos de exploración y explotación, sin embargo, el entusiasmo por la “bonanza” de cobre debe ser moderado, pues los resultados de la explotación de carbón en la región han sido devastadores. La Experiencia del Carbón: Una Herida Abierta En La Guajira la explotación de carbón por empresas como Cerrejón ha sido sinónimo de promesas incumplidas y daño social, la minería de carbón, que comenzó hace más de 40 años, no ha logrado mejorar las condiciones de vida de la población; al contrario, La Guajira continúa liderando los índices de pobreza multidimensional en Colombia y presenta tasas de desnutrición y mortalidad infantil alarmantes. Además, el desplazamiento de comunidades indígenas y afrodescendientes ha sido una consecuencia directa del avance minero, mientras que ecosistemas vitales, como el río Ranchería, han sufrido impactos irreversibles. La pregunta que surge ahora es: ¿por qué el cobre debería ser diferente? Aunque el gobierno y las empresas mineras aseguran que esta vez será diferente, la realidad muestra que el cambio hacia una minería social y ambientalmente responsable ha sido más retórico que práctico. ¿Qué mecanismos existen realmente para asegurar que esta nueva explotación de recursos no repita el patrón de devastación del carbón? Un Futuro que Promete, pero ¿a qué Costo? Foto de LA GUAJIRA HOY.COM Los proyectos de cobre en Cesar y La Guajira prometen generar empleo, infraestructura y recursos para las comunidades, pero es esencial observar con escepticismo estos compromisos. La explotación del cobre, como cualquier otra minería a gran escala, conlleva serios riesgos de contaminación de fuentes hídricas y de degradación del suelo, afectando la agricultura y el acceso al agua en una región donde el recurso es escaso y vital para la supervivencia de las comunidades. En esta etapa de planificación, las empresas como Max Resources y Carbomás destacan la realización de consultas previas y su intención de trabajar con las comunidades. Sin embargo, en La Guajira, las comunidades han visto con recelo las promesas de responsabilidad social de otras empresas mineras. La minería de cobre, especialmente si se realiza a cielo abierto, podría provocar efectos ambientales irreversibles, como la destrucción de ecosistemas que sustentan a las comunidades y el desvío de recursos vitales hacia la operación minera en lugar de mejorar la calidad de vida local. La Necesidad de un Cambio Profundo en el Modelo de Desarrollo El gobierno y las empresas mineras deben tomar en cuenta que, en la actual coyuntura ambiental y social, no es viable continuar con un modelo de explotación que solo beneficia a un reducido grupo de inversionistas y deja a las comunidades en una situación de mayor precariedad. La transición energética no puede construirse a costa de la naturaleza y las poblaciones vulnerables. Para evitar que esta nueva bonanza de cobre termine como la del carbón, es crucial implementar modelos de explotación que prioricen el desarrollo sostenible y respeten los derechos de las comunidades. ¿Qué significa esto en la práctica? Primero, el cumplimiento estricto de la consulta previa debe ser el pilar de cualquier proyecto minero. Las empresas deben asegurar que las comunidades no solo sean informadas, sino también que participen en la toma de decisiones y que reciban una compensación justa por el uso de sus territorios. Segundo, el monitoreo ambiental debe ser exhaustivo, evitando la contaminación de ríos y fuentes hídricas esenciales para la vida en estos departamentos. Tercero, los beneficios económicos, como las regalías y empleos, deben enfocarse en reducir las tasas de pobreza y mejorar las condiciones de salud, educación y alimentación en la región. Hacia una Nueva Ética Extractiva El cobre puede ser un recurso estratégico para Colombia y el mundo, pero no puede convertirse en la “maldición” que el carbón significó para La Guajira y Cesar. Si las autoridades y las empresas fallan en escuchar las demandas de las comunidades y en implementar medidas efectivas de mitigación y compensación, se perpetuará un modelo extractivista insostenible, que solo profundizará la crisis ambiental y social de la región. Es hora de repensar el extractivismo y desarrollar una nueva ética que equilibre las necesidades de desarrollo con el respeto a la vida y a la naturaleza. En un país que aún busca reconciliarse con su historia de violencia y pobreza, el verdadero progreso no se mide en toneladas de cobre extraídas, sino en el bienestar y la dignidad de sus comunidades.

Por: John Jairo Correa Romero Fuente: Ministerio de Energías Las comunidades energéticas en Colombia representan una iniciativa esencial en la transición energética, promoviendo un modelo de generación de energía distribuida y sostenible. Sin embargo, su implementación ha encontrado múltiples obstáculos, principalmente en las regiones rurales y vulnerables donde la estructura económica y social aún depende de actividades extractivas. Uno de los mayores desafíos para la consolidación de estas comunidades es la dependencia de la financiación externa y la falta de mano de obra calificada para operar y mantener las instalaciones de energías renovables​​. Dependencia de Financiación Externa La dependencia de financiamiento externo limita la sostenibilidad de las comunidades energéticas, ya que los recursos necesarios para iniciar y mantener estos proyectos suelen provenir de fondos internacionales o préstamos de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Aunque esta inversión inicial es fundamental, la falta de recursos internos y capacidades para gestionar y escalar los proyectos genera una dependencia que puede ser insostenible a largo plazo. La financiación externa también puede implicar condiciones que no siempre se alinean con las necesidades locales, creando una falta de autonomía en la toma de decisiones​​​​. Fuente: IPSE Falta de Mano de Obra Calificada Otro desafío fundamental es la carencia de personal capacitado en tecnologías de energías renovables en comunidades rurales. La escasez de programas de formación en estas zonas hace difícil contar con técnicos y profesionales locales que puedan operar y mantener los sistemas de generación de energía, lo cual incrementa los costos operativos y dificulta la autogestión de los proyectos. La implementación de energías renovables requiere conocimientos específicos en instalaciones fotovoltaicas, eólicas y mantenimiento de equipos, entre otros, áreas en las que muchas comunidades carecen de experiencia​​. Fuente: Guida del GAS Implementación de Granjas Fotovoltaicas como Alternativa de Sostenibilidad Para reducir la dependencia de capital externo y fomentar la sostenibilidad de las comunidades energéticas, una alternativa viable sería el desarrollo de granjas fotovoltaicas. Estas instalaciones permiten que las comunidades compartan recursos y generen economías de escala, lo que puede reducir costos y hacer que el proyecto sea más autosuficiente. La implementación de granjas fotovoltaicas permitiría a las comunidades acceder a una fuente de ingresos estable a través de la venta de excedentes de energía a la red nacional, fortaleciendo su autonomía financiera y contribuyendo al desarrollo económico local​​. La transición energética en Colombia a través de comunidades energéticas enfrenta grandes desafíos que deben abordarse de manera integral. Es crucial que se fortalezca la formación técnica en energías renovables en las comunidades rurales, mediante programas educativos y alianzas con instituciones técnicas y universidades. Además, fomentar el modelo de granjas fotovoltaicas puede contribuir a la sostenibilidad y a la reducción de la dependencia de financiación externa. Si se logra un desarrollo gradual y comunitario, las comunidades energéticas en Colombia no solo contribuirán a la diversificación de la matriz energética, sino que también promoverán un modelo de desarrollo económico inclusivo y sostenible.

Por: John Jairo Correa Foto: Ministerio de Minas y Energía La transición energética ha emergido como un pilar clave en la agenda global frente a la crisis climática y la necesidad de diversificar las matrices energéticas. En Colombia, un país caracterizado por su riqueza en recursos renovables, los avances son notables, pero los retos son igualmente significativos. Este artículo aborda las perspectivas técnicas y socioeconómicas de esta transición en el contexto nacional. Avances hacia una matriz energética sostenible Colombia ha mostrado un progreso alentador en los últimos años, posicionándose en el puesto 35 del Índice de Transición Energética (ETI) del Foro Económico Mundial en 2024, un avance desde el puesto 39 en 2023. Este progreso refleja el fortalecimiento en la regulación y la implementación de políticas dirigidas a fomentar las energías limpias. Actualmente, el 83.4% de la energía generada en el país proviene de fuentes renovables, dominadas por hidroeléctricas, mientras que las fuentes no renovables ocupan el 16.6%. Sin embargo, el verdadero desafío radica en diversificar aún más la matriz energética hacia tecnologías eólica y solar. En este sentido, para 2024 se han planificado 66 nuevos proyectos de energías renovables, con una capacidad estimada de 3,040 MW y una inversión proyectada de USD $2,200 millones. Retos estructurales y administrativos El potencial de Colombia para las energías renovables es inmenso: se estima un potencial solar instalable de 8,000 GW y un potencial eólico marino de 48.8 GW. No obstante, el camino hacia una transición efectiva enfrenta varios desafíos: Burocracia e Ineficiencia Administrativa : Hasta el 70% del tiempo de los desarrolladores de proyectos se destina a trámites y permisos. Los retrasos en licencias ambientales y conexión a la red son obstáculos persistentes. Financiamiento Insuficiente : De los 66 proyectos planificados, más de la mitad no ha alcanzado el cierre financiero, lo que limita su ejecución. Pobreza Energética Persistente : Aún, 18.5% de los colombianos vive en pobreza energética, un problema especialmente agudo en áreas rurales. Hacia un modelo justo e incluyente El concepto de transición energética justa adquiere relevancia en un país donde las desigualdades económicas y sociales son marcadas. Las estrategias deben incluir: Reubicación y reconversión laboral : El sector de combustibles fósiles emplea al 7% de la fuerza laboral en regiones productoras. Es crucial garantizar oportunidades en el sector de energías limpias para estas comunidades. Comunidades Energéticas : Iniciativas como la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas han priorizado más de 2,400 comunidades para integrar tecnologías limpias y reducir la pobreza energética. Perspectivas económicas y climáticas Los beneficios potenciales de la transición energética en Colombia son amplios. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el país podría convertirse en uno de los productores más competitivos de hidrógeno verde para 2050, con costos estimados en USD $1.1/kg. Además, la eficiencia energética podría generar ahorros anuales de hasta USD $1,500 millones. Colombia tiene la oportunidad de liderar la transición energética en América Latina, transformando su matriz energética, potenciando la economía local y promoviendo la inclusión social. Sin embargo, para aprovechar este potencial, es imprescindible abordar los desafíos administrativos y financieros, fortalecer la educación y capacitación en el sector, y priorizar políticas que garanticen la equidad y la sostenibilidad a largo plazo. La transición hacia una sociedad movida por el sol y el viento no es solo un compromiso ambiental, sino una inversión en el futuro económico y social del país.

Por: Redacción Pares Mucho se ha hablado de la necesidad que ha tenido el gobierno de contar con aliados como Armando Benedetti o Roy Barreras, avezados operadores políticos quienes fueron claves a la hora de conseguir votos fuera del espectro del progresismo. Poco se ha hablado de lo útil que fue para Petro las sugerencias de Gustavo Bolívar que lo acercó a estrellas de la televisión, de la farándula y de la música. En febrero del 2021, cuando a través de una reunión vía Zoom se dio la patada inicial a lo que se conocería como el Pacto Histórico, la persona que leyó la proclama fue Margarita Rosa de Francisco. Fue un acierto. La opinión de peso de la escritora y actriz la convirtieron en una estrella de la opinión política, hasta el punto que ya suena para ser candidata al senado.   Otras personalidades, como Susana Boreal, se dieron a conocer durante el estallido social y fueron creadas, amoldadas y lanzadas al estrellato de la política según el criterio de Gustavo Bolívar. Sin títulos a nivel profesional, se dio a conocer en el 2021 donde apareció en un video dirigiendo una orquesta de 400 niños tocando en el centro de Medellín. Fue una escena surreal y hermosa. Fue su inicio en la política. Su nombre - o su seudónimo- se hizo conocido en todos los medios del país. Bolívar la convenció para lanzarse a una lista cerrada a la Cámara en Antioquia. Increíblemente llegó al congreso.   Y entonces el país empezó a darse cuenta de su nula experiencia. No sabía ni lo básico, ni siquiera cuantos departamentos tiene Colombia -dijo que tenía 38 departamentos- y no sabía cómo se firmaba una proposición. Sumado esto aparecieron otros escándalos más delicados como las denuncias de profesionales que trabajaron en su UTL por maltrato laboral. A esto se le sumó que de manera espontánea afirmó que era una consumidora asidua de marihuana, “me encanta, la fumo todos los días” y para acabar de completar el paisaje quedó demostrado que había contratado a su ex pareja, con un sueldo superior a los nueve millones de pesos y quien no cumplía los requisitos básicos para hacerlo.   El nuevo escándalo en el que se metió la pupila de Bolívar fue por la ligereza -sin dar cifras, sin ningún tipo de rigor- para descalificar la educación que dan los colegios en Colombia. Esta fue una de las frases de su discurso en la Comisión Sexta de la Cámara: Yo siento que  obligar a un niño a asistir al colegio es obligar su tiempo  en un lugar donde muchas veces no quiere estar. Esto  no garantiza que reciba educación de calidad”,  afirmó la congresista, mientras señalaba que el sistema educativo del país  “está mandado a recoger”.   Fue tendencia de redes sociales durante dos días. Los medios le dieron con todo. Pero la fe en Susana Boreal por parte de Bolívar, su maestro, es a prueba de cualquier tipo de ridículos. No se sabe si los regaños se envían internos, pero públicamente todo está bien.

Por: Daniela Paola Bernier Pacheco El Decreto No. 1403 de 2024 modificó las disposiciones del Decreto 1073 de 2015 en cuanto a los lineamientos de política energética en materia de autogeneración y producción marginal. Tal acto obedece a que a través del memorando 3-2024-035033 del 2024 la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Minas y Energía emitió concepto sobre la necesidad de actualizar las disposiciones en cuanto a la autogeneración y producción marginal de energía. En este punto, es menester precisar que la autogeneración de energía es aquella producción de energía por una comunidad y/o empresa para su propio consumo y que la producción de energía marginal es una categoría de generación eléctrica en donde las plantas cuentan con una capacidad instalada menor a 20 MW. Pero ¿por qué surgió esta necesidad de actualizar las disposiciones? Según el Decreto, es para exista un mayor aprovechamiento de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) por parte de los autogeneradores y los productores marginales; quienes podrán desde ahora hacer uso del Sistema Interconectado Nacional (SIN) para consumir la energía eléctrica en sitios diferentes donde la producen. Sin duda, esto contribuye a una Transición Energética Justa porque brinda una mayor flexibilidad para los productores marginales y para quienes desean autogenerar su propia energía en sitios diferentes de donde la consumen. Con el decreto, los autogeneradores y productores marginales que no inyectan excedentes de energía a la red, no requerirán autorización para la conexión al Sistema Interconectado Nacional o Redes en las Zonas No Interconectadas (SIN). Por otra parte, el Ministerio de Minas y Energía se encargará de definir las reglas para los autogeneradores y productores marginales que hagan uso del Sistema Interconectado Nacional (SIN) para entregar los excedentes o para consumir energía en sitios diferentes a los de producción. Con esta disposición, se engrana la parte regulatoria con las necesidades del país actuales en materia energética, así mismo, se da un mejor aprovechamiento de los recursos renovables y se da paso a una Transición Energética Justa, al quitarse las autorizaciones para aquellos autogeneradores y productores marginales que no inyecten excedentes. Sin duda, es una medida acertada, que actualiza la normativa a los retos que enfrenta hoy la Transición del país en materia de energía.   Referencia: Ministerio de Mina y Energía. (22 de noviembre de 2024). Por el cual se modifica el Decreto 1073 de 2015, en relación con los lineamientos de política energética ca en materia de autogeneración y producción marginal. [Decreto 1403 de 2024]. https://normativame.minenergia.gov.co/normatividad/7081/norma/

Por: Redacción Pares Desde mediados del 2021 la guerra en el río San Juan se agravó. Palmo a palmo el territorio era disputado por el Clan del Golfo y el ELN. Los principales perjudicados fueron, como siempre, la comunidad. Así que podemos afirmar que la crisis humanitaria que se vive en esa parte del Chocó cumple tres años.La invasión de paramilitares al río Sipí provocó, nada más en febrero del 2023, cuatro desplazamientos masivos. Las comunidades lo han dicho de todas las formas:  “sin cese al fuego multilateral de todos los grupos y actores armados es difícil que se puedan concretar los alivios humanitarios”.   En Colombia se cumple cabalmente ese aspecto de la ley de Murphy que reza “lo que está mal tiende a agravarse” el fin del cese al fuego con el ELN el 3 de agosto del 2024 terminó de profundizar aún más la crisis. Pero lo peor es que desde el 2021 el Consejo Comunitario General del San Juan ACADESAN, le solicitó al entonces presidente Iván Duque 50 medidas de protección. Estas fueron negadas. En plena campaña a la vicepresidencia Francia Márquez se comprometió con estas comunidades a agilizar las medidas. El proceso se empantanó.   Como lo publicó en su momento el diario El Espectador, ACADESAN no acepta un modelo de protección individual, no están interesados en la parafernalia de escoltas, chalecos y carros porque eso incluso llama más la atención, quieren una protección colectiva. Lo que se busca es que el Estado haga presencia en un territorio olvidado, sacudido por la falta de oportunidades y sobre todo por la guerra.   ACADESAN cubre 72 comunidades que integran 15 mil personas. Ellos han resistido desde los años 80 los brutales megaproyectos y a la guerra. Lo que los rodea es el paraíso. El lugar más biodiverso del mundo, pero llevan décadas azotadas por el conflicto. Sus derechos culturales y económicos han sido constantemente violados.   Sin duda en este gobierno han habido avances pero se necesitan concretar estas medidas de protección. Por eso actores como Fabio Rubiano, Margarita Rosa de Francisco y el musico Edson Velandia le piden al presidente hacer realidad estas medidas en el video que presentaremos a continuación. Se necesita que el presidente ordene a sus ministros que esto se lleve a cabo de manera inmediata. Para la protección de la vida no se debe esperar un sólo minuto.

Por: Laura Bonilla Desde el año 2012, se habla del retorno Emberá en Bogotá, más que por una deuda de restauración de sus derechos, porque Bogotá no los quiere .  Es una verdad que, por cruda y dolorosa, no deja de serlo. Hoy a los retornos les llamamos soluciones duraderas . Las organizaciones de derechos humanos que han acompañado este proceso se cansan de repetir, gobierno tras gobierno, que para que un retorno dure, el lugar al que se retorna debe ser digno y la decisión de regresar debe ser voluntaria. Doce años llevan los Emberá siendo una pelota que se arrojan entre los gobiernos nacionales y distritales. Cada cuatro años cambian los liderazgos (a veces cada dos, a veces con más frecuencia) y todo vuelve a empezar. La ciudad da lo que tiene. En el caso de los Emberá, como en el de muchos desplazados, Bogotá les ofreció una ventana a la mendicidad como medio de ingreso. Y pese a las miradas frías de los transeúntes, se gana más en un día bailando en un semáforo para entretener a los citadinos que en un mes con uno de los famosos proyectos productivos que siempre se presentan como alternativa de ingreso para las familias y cuya probabilidad de éxito no supera el 10%. De 100 proyectos productivos comunitarios, 90 mueren en menos de cinco años. Bogotá también tomó la vulnerabilidad de las niñas y mujeres Emberá y la usó como justificación para el abuso, la explotación sexual y el trabajo forzado, normalizados muchas veces en los sistemas patriarcales que también son propios de nuestros pueblos indígenas. Cuando se tomaron el Parque Nacional, la misma ciudad los repudió. Quizás porque, juntos, viviendo y acampando allí, encontraron su mejor arma de protesta: incomodar a los citadinos. Nueve veces ha intentado Bogotá subir a las familias Emberá en buses y "devolverlas a su territorio". Muchos bienintencionados creen que volver a los resguardos en Mistrató y Pueblo Rico no solo es lo mejor, sino que allí podrían rehacer su proyecto de vida adaptado a sus costumbres y tradiciones. Pero la verdad es otra. Cuando se hizo el censo de las familias Emberá en Bogotá, las 1.300 personas que manifestaron querer retornar voluntariamente no querían quedarse para siempre. Se convirtió en un modo de vida el ciclo de llegar a la ciudad, incomodar hasta más no poder a los ya hipersensibles bogotanos, subirse a un bus, recibir algo de ingreso por unos meses y volver a empezar. Una especie de nomadismo urbano interinstitucional . Los números me llaman la atención: hace doce años eran 648 personas. Hace siete meses fueron 1.300. Hoy son aproximadamente 2.000 personas —hombres, mujeres y niños— que regresan en 40 buses a Bogotá. Cuando uno logra conversar, fuera de cámaras y grabadoras, con alguno de sus liderazgos, las razones para no volver a Mistrató y Pueblo Rico son más que lógicas. Allá no hay ingreso. Mientras duran las rentas, se puede vivir; sin ellas, no hay cómo sobrevivir. En doce años se pierden las habilidades para cultivar la tierra, y, seamos sinceros, como han sido las cosas en Colombia, con ese patriarcado a veces soterrado y a veces explícito, después de que las mujeres tuvieron, así fuera, una porción de ingreso, volver atrás se siente como una gran derrota. Les va mejor a los que se quedaron y, de alguna manera, se integraron a la ruda Bogotá. Por eso se vuelve, por eso ahora son dos mil personas que intentan una vez más este modo de supervivencia. Siete meses han pasado desde las fotos que se tomó el gobierno distrital con el nacional anunciando la acción más innovadora que, por fin, iba a llevar seguridad alimentaria y desarrollo a "los territorios", con un acompañamiento decidido del gobierno distrital para sacarlos de aquí y del gobierno nacional para retenerlos allá. Lo que ocurrió en estos meses es tan innovador que ha ocurrido nueve veces. No me sorprende. Aquí, a la misma política pública, se le cambia el nombre, el enfoque y dos palabras más, y se hace exactamente lo mismo. Pero me queda una pregunta para mis lectores: después de doce años yendo y viniendo, más tiempo viviendo que yendo, ¿no sería suficiente para que cualquier persona sea considerada tan ciudadana como otra?

Por: Oscar A. Chala y Diego Alejandro Pedraza, investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El ambiente alrededor del sonado caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) ha tomado un segundo aire en las últimas semanas, primero con el auto proferido por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que abrió formalmente la investigación contra Iván Name y Andrés Calle antiguos presidentes del Congreso durante la época del escándalo.  Días después el turno les correspondió a los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, así como también contra el excongresista Juan Diego Muñoz, quienes, siendo miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, presuntamente movieron de manera ilegal recursos para beneficio propio.  Aunque los parlamentarios mencionados están presuntamente ligados a uno de los casos de corrupción más graves durante este gobierno, la cadena no termina ahí, pues las órdenes y los manejos del dinero se dieron desde el gobierno mismo y ahí varios funcionarios han sido mencionados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, cabezas de este entramado. El acelerador de la Fiscalía Fuente:  Revista Cambio Es en medio de ese ruido y del hecho de que la Fiscalía actuaba de manera lenta que se comenzó a hablar de una “fiscal de bolsillo”. Sin embargo, en las últimas semanas se conoció que la Fiscalía, a diferencia de lo que se pensaba, sí estaba actuando en medio del proceso. La Fiscalía General de la Nación de Colombia anunció entonces, el 15 de noviembre, que imputará a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Estas imputaciones se llevarán a cabo en una audiencia programada para el 29 de noviembre. Por otra parte, la misma Fiscalía indicó que logró un preacuerdo con 6 de los acusados por este escándalo . Este preacuerdo consistió en la aceptación de culpabilidad por parte de los involucrados en delitos como concierto para delinquir, soborno, peculado por apropiación y falsedad en documento público y privado. Este acuerdo también incluyó penas de prisión y la obligación de reintegrar sumas significativas de dinero que fueron apropiadas indebidamente. Los preacuerdos se alcanzaron con Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad; el contratista Luis Eduardo López Rosero, un exasesor, Pedro Andrés Rodríguez Melo; el exdirector de conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto Gantiva; y Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado involucrado en el escándalo. En total, la Fiscalía espera reintegrar más de 10.024 millones de pesos por parte de los implicados. Por el lado de la exconsejera y exsenadora Ortiz, deberá someterse a la imputación que se hace por Ley 906 de 2004, es decir, por el código de procedimiento penal actual, muy diferente a los congresistas quienes son juzgados por el condigo de procedimiento anterior, conocido como la Ley 600 del 2000.  Será entonces la Fiscalía la que impute los cargos y la justicia ordinaria deberá decidir sobre la culpabilidad y responsabilidad penal de Sandra Ortiz en el marco de este escándalo que ha puesto en duda la honestidad del mismo gobierno. Del mismo modo, también será la justicia la que apruebe los preacuerdos alcanzados con los 6 implicados en el caso. Aunque Sandra Ortiz ha salido a los medios a decir que ella es inocente, que la imputación está “inflada” y que se le está atacando por su condición de mujer, las pruebas en su contra parecen ser relevantes y su nombre sigue apareciendo en diversas etapas del proceso. No es que a Sandra se le considere el “eslabón débil”, sino que su actuación fue inadecuada y, dentro de la cadena criminal que se ha constituido, su papel es el “menos importante”, ya que se ha establecido que la señora Ortiz no ordenó, sino que actuó como “mensajera”. Ella era la encargada de mover el dinero que presuntamente terminó en manos de Iván Name y con el cual se buscaba agilizar el trámite de las reformas en el Congreso de la República. Y… ¿Los otros? Fuente:  El Heraldo Ahora bien, si Sandra era la encargada de las coimas y los movimientos de la plata, la pregunta que se hacen los colombianos es ¿de dónde vinieron las ordenes? Aquí está el centro de todo este asunto, porque según lo que ha podido conocer la opinión pública, en este entramado estarían metidos el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el ex director del DAPRE y del Departamento de Inteligencia, Carlos Ramón González, el exministro de Interior, Luis Fernando Velasco y unos funcionarios que hacían parte del círculo cercano del ministro Bonilla, entre esos, María Alejandra Benavides, su asesora de confianza y quien presuntamente coordinaba el proceso de entrega de coimas con Olmedo López. Según Transparencia por Colombia , la falta de claridad sobre el rol que altos cargos del gobierno pudieron haber tenido sobre este entramado es parte de los pendientes que queda por resolver frente a este caso, especialmente ante el riesgo de que haya existido una presunta desviación de 100 mil millones de pesos desde la Agencia Nacional de Tierras, y que también respondería a las causas fundamentales que llevaron a este caso. Del mismo modo, tampoco existe claridad sobre la identificación de los actores financieros involucrados en el caso, más cuando presuntamente estos dineros también fueron transados a través de criptodivisas. No se tiene aún una identidad clara del prestamista de los dineros, ni de los mecanismos utilizados para transferir estos mismos. Las nuevas revelaciones y lo que se sabe hasta el momento del caso de la UNGRD Fuente:  Red+ Noticias Según la reconstrucción realizada por La Silla Vacía a finales de julio de 2024, junto con las nuevas revelaciones que Noticias Caracol y otros medios han realizado desde entonces hasta el 26 de noviembre, esta sería la línea de tiempo que narraría lo que sucedió dentro del escándalo de la UNGRD. La primera referencia se da en octubre de 2023, cuando comenzaron a realizarse pagos en efectivo a altos funcionarios del Congreso. Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD, declaró ante la Fiscalía que se entregaron 4 mil millones de pesos en sobornos a Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Estos pagos fueron realizados entre el 12 y el 14 de octubre del presente año. Según Pinilla, los sobornos fueron obtenidos de prestamistas y luego reembolsados por Luis Eduardo López Rosero, un contratista vinculado al caso de los carrotanques. El 12 de diciembre, Pinilla y López entregaron más dinero a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones y ficha del Partido Alianza Verde dentro del gabinete Petro, quien se encargó de llevar la maleta con los 1.500 millones de pesos restantes a la casa de Iván Name. Por otro lado, el 27 de noviembre de 2023, se llevó a cabo una reunión en la Casa de Nariño, específicamente en la oficina del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Este encuentro, calificado por los testigos ante estos medios como un "cónclave", reunió a altos funcionarios del gobierno, incluyendo a Olmedo López (exdirector de la UNGRD), Ricardo Bonilla (ministro de Hacienda), Guillermo Jaramillo (ministro de Salud), Gloria Ramírez (ministra de Trabajo) y Carlos Ramón González (director de inteligencia). Según los testimonios de Olmedo López (exdirector de la UNGRD) y Sneyder Pinilla, en esta reunión se discutió la estrategia para garantizar el apoyo legislativo a los proyectos del gobierno Petro. Esto incluyó el supuesto uso de sobornos para influir en congresistas clave. El núcleo de la estrategia giraba en torno al manejo de contratos millonarios, los cuales se utilizarían como herramienta de negociación política. Este esquema no solo buscaba asegurar la aprobación de reformas, sino también consolidar alianzas en el Congreso. López y Pinilla, colaboradores clave en el caso, indicaron que la reunión marcó el punto de partida para lo que se convertiría posteriormente en el entramado de corrupción más importante que ha sucedido en este gobierno. Un día después del cónclave, el 28 de noviembre, se llevó a cabo una reunión virtual por la plataforma Teams. Los registros de usuarios indican la participación de Alejandra Benavides, asesora en ese momento del Ministerio de Hacienda, y los congresistas Wadith Manzur, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Karen Manrique, quienes hacen parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Este encuentro marcó el inicio de una serie de reuniones con el objetivo de influir en las decisiones del Congreso en beneficio del gobierno nacional, a través de los recursos de la UNGRD. El 4 de diciembre, la congresista Karen Manrique, representante por las curules de paz de Arauca, visitó el Ministerio de Hacienda, donde fue recibida por Benavides. Manrique fue llevada posteriormente al despacho del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en lo que se señala como una reunión clave en el entramado de corrupción. Según la Corte Suprema, estas reuniones fuera de los procedimientos habituales buscaban asegurar el respaldo político de la congresista en la Comisión Interparlamentaria. Tras ello, el 5 de diciembre hubo dos reuniones en MinHacienda, ambas con la participación de congresistas y altos funcionarios ministeriales. Llama la atención la ausencia del director de la Comisión de Crédito Público, pese a la relevancia técnica de su área. Según la Corte, esto evidenció un enfoque político más que técnico en la organización de estos encuentros. Los congresistas participantes fueron Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Karen Manrique, quienes discutieron posibles aprobaciones de créditos y beneficios para proyectos. Entre el 11 y el 14 de diciembre, se intensificaron los encuentros entre congresistas y funcionarios del MinHacienda. Estas reuniones sirvieron para afinar los detalles de la aprobación de créditos y contratos. La presión de los congresistas sobre el equipo técnico de la UNGRD, según testimonios, era evidente. Ese mismo 11 de diciembre, el Ministerio de Hacienda autorizó la transferencia de $700 mil millones a la UNGRD. Esta asignación de recursos tenía como propósito formal financiar proyectos destinados a comunidades vulnerables, pero los testimonios revelaron que gran parte de estos fondos se desviaron a actividades ilícitas. La rapidez con la que se movilizó el dinero fue motivo de preocupación para los propios funcionarios de la UNGRD, como se evidencia en comunicaciones internas que posteriormente fueron filtradas. El 14 de diciembre, Jaime Raúl Cobos, asesor de la Presidencia, presionó directamente a Olmedo López y a Sneyder Pinilla para que agilizaran la asignación de contratos por 92 mil millones de pesos. En un cuadro de Excel que circuló entre los funcionarios, se detallaban los proyectos y los beneficiarios finales, dejando evidencia de la conexión entre los contratos y los compromisos políticos. Cobos habría enviado un mensaje claro: "Necesitamos tu ayuda, Sneyder. A Carolina ya le envié un cuadro", subrayando la urgencia de cumplir con estos compromisos. Luego, Bonilla le escribió un mensaje a Pinilla, indicando preocupación por el destino de los recursos para los proyectos viabilizados. Fuente:  Noticias RCN El 15 de diciembre, el representante Wadith Manzur relevó a Karen Manrique como vocero de los congresistas en una reunión final con funcionarios del Ministerio de Hacienda. Según la Corte Suprema, este periodo coincidió con un cambio drástico en el comportamiento legislativo: los congresistas dieron 13 conceptos favorables a créditos del Gobierno, en contraste con solo cinco conceptos emitidos en los cinco meses anteriores. Ese mismo día, se llevó a cabo un par de reuniones en el Ministerio de Hacienda. Primero, López y el ministro tuvieron una conferencia, y luego Bonilla le solicitó a Alejandra Benavides que garantizara el cumplimiento de los compromisos con los congresistas. El exsubdirector Pinilla expresó posteriormente que estos compromisos incluían la adjudicación de contratos con sobrecostos, como el de los carrotanques destinados a La Guajira. El 21 de diciembre, Alejandra Benavides pidió a Pinilla un reporte sobre el avance de los contratos. Según mensajes filtrados, Benavides preguntó: "¿Qué mensaje le doy al ministro respecto al cumplimiento?". El 22 de enero, Karen Manrique visitó la oficina de Olmedo López para discutir los contratos pendientes. En sus notas, López escribió: "Una de las congresistas llega a mi oficina a preguntarme e impulsar los contratos... le entrego mi libreta y dígame de qué se trata". Fuente:  El Tiempo Posterior a ello, el 14 de febrero, Benavides volvió a contactar a Pinilla para insistir en un reporte sobre los proyectos del ministro Bonilla, señalando que los compromisos seguían pendientes. Ocho días después, el 22 de febrero, estalló el escándalo por los sobrecostos de los carrotanques para La Guajira, que abrió la ‘caja de pandora’ dentro de la UNGRD, luego de los reportes de prensa de W Radio y El Tiempo, que reportaron un desfalco cercano a los 20 mil millones de pesos. Los 40 carrotanques, destinados a suministrar agua a las zonas más pobres de La Guajira, fueron comprados, pero nunca fueron utilizados de la manera prometida. La falta de transparencia en el proceso de contratación fue uno de los detonantes de la investigación. Tras la denuncia de los medios, el 29 de febrero de 2024 Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, presentó una denuncia penal contra Olmedo López por la compra irregular de los carrotanques. La investigación desde Transparencia reveló que las empresas adjudicatarias no tenían experiencia en transporte y que se coordinaron para inflar los precios artificialmente. Ese mismo día, Olmedo López renunció a su cargo como director de la UNGRD, luego de que el presidente Gustavo Petro le ofreciera el puesto a Carlos Carillo, quien asumió la dirección de la entidad. La gestión de López también estuvo marcada por una serie de contrataciones anómalas en el suministro de maquinaria amarilla, particularmente en Uribia, La Guajira, donde se destinaron más de 63 mil millones de pesos a proyectos vinculados al senador conservador Carlos Trujillo. Esta situación desató cuestionamientos sobre la influencia política del senador Trujillo dentro de la UNGRD y su relación con el gobierno Petro. A inicios de noviembre de 2024, la Corte Suprema en un auto abrió investigación y llamó a indagatoria a Iván Name  y a Andrés Calle por este caso. En las nuevas revelaciones hechas por la Alta Corte, se reveló que Carlos Ramón González, entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), le solicitó a Olmedo López gestionar contratos por valores de 60.000 millones de pesos para Iván Name y algo más de 10.000 millones de pesos para Andrés Calle, según lo reportó Infobae . Además, la Corte Suprema indicó que los dineros que Name y Calle recibieron de los contratos de la UNGRD sirvieron presuntamente para financiar las campañas de familiares cercanos . En el caso del expresidente del Senado, parte de esos recursos terminaron en la campaña de su hija, María Clara Name al concejo de Bogotá, mientras que, en el caso de Calle, algunos de esos recursos terminaron en las campañas de Gabriel Enrique Calle, su hermano, a la gobernación de Córdoba, y en la de Gabriel Alberto Calle, su padre, a la Alcaldía de Montelíbano. La gran deuda del gobierno nacional con la agenda anticorrupción Fuente:  Noticias RCN Cualquier decisión que se tome en el caso de corrupción dentro de la UNGRD va a terminar golpeando la legitimidad de un gobierno progresista cuyo programa político se había articulado en un discurso anticorrupción. Ese golpe viene dado, entre otras cosas, porque este caso se da en el seno de una unidad que está adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), con funcionarios cercanos al gobierno, nombrados por el mismo presidente y que hacen parte de sus círculos más cercanos del poder. Además, porque este escándalo termina socavando la legitimidad del “Frente Amplio” como discurso que justifica el acercamiento a otros actores políticos por fuera del progresismo, pero que defienden el programa político el gobierno. Primero, porque termina generando dudas razonables sobre si ese “frente amplio” debe construirse con actores políticos cuestionados por irregularidades en su paso por la vida pública, y segundo, porque si admitir a estas figuras implica también aceptar, de manera implícita o no, las prácticas clientelistas como parte de procesos de negociación política. El problema que tiene el caso de corrupción de la UNGRD es que denota que existen bloques dentro del mismo gobierno que presuntamente han apelado a la distribución material de recursos y beneficios desde la burocracia y los aparatos estatales hacia sectores de la clase política, del Congreso y contratitas privados, a cambio de su apoyo político para mover la agenda legislativa en Senado y Cámara, de promover y financiar candidaturas regionales o incluso de permitir procesos de acumulación privados con dineros públicos. En últimas, los recursos del Estado terminan por convertirse en una herramienta de reproducción de poderes políticos existentes, asumiendo un rol transaccional. Aunque el gobierno pidió perdón ante el pleno del Congreso en la instalación de la tercera legislatura por el caso de la UNGRD, es cierto que los avances de este en una política anticorrupción se han quedado estancados. Según el último informe de Transparencia por Colombia que hace seguimiento a este caso , no existen controles efectivos y los ejercicios de rendición de cuentas o veeduría estatal siguen siendo débiles frente a estos casos, al igual que se mantiene cierta debilidad en las respuestas de los entes de control penal y fiscal, que solo se han movilizado en tanto la Corte Suprema ha empezado a tomar decisiones. De igual modo, las respuestas institucionales no han bastado para evitar que estos casos se sigan presentando en el tiempo. La Superintendencia de Salud el 30 de octubre de 2024 descubrió otro entramado de corrupción dentro de las interventorías a varias EPS , ordenadas por el gobierno a inicios de este año, en el que destaparon posibles irregularidades en entidades como Coosalud (no intervenida), Asmet Salud, Emssanar y Servicio Occidental de Salud (SOS). En particular, las revelaciones de la Supersalud se concentraron en el rol de Mario Andrés Urán, exasesor de Coosalud, quien presuntamente manipuló la asignación de contratos entre estas EPS y diversas IPS. Las auditorías revelaron que Urán habría centralizado pagos y favorecido a ciertos proveedores, lo que afectó la distribución de los recursos destinados a la salud pública. Además, se identificaron pagos a terceros para funciones que deberían haber sido ejecutadas por empleados de las EPS, lo que contribuyó a inflar costos innecesarios. Posterior a estas revelaciones, el entonces superintendente Luis Carlos Leal salió de su cargo a solicitud del gobierno nacional. En mayo, el gobierno propuso una Mesa Técnica para la Lucha Contra la Corrupción, que tampoco ha emitido conceptos hasta el momento, ni tampoco ha generado ni tenido diálogos interinstitucionales para hacer seguimiento interno a potenciales denuncias de corrupción dentro de la burocracia del Estado. Junto con lo anterior, tampoco se ha construido la Estrategia Nacional contra la Corrupción que estaría a cargo, en parte, de esta mesa técnica, y que no ha evitado que casos como el de las denuncias contra algunas interventorías dentro de las EPS puedan ser sujetos de seguimiento o sean prevenidas a tiempo.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad ... Todos los llamados líderes de esta nueva derecha han salido en santa alianza contra este fantasma. José Manuel Restrepo desde la tribuna de los técnicos, Vicky Dávila desde su plataforma mediática cargada por más de tres millones de seguidores, Miguel Uribe Turbay señalando que esta marcha era un “atisbo de unidad necesaria”, Paloma Valencia tratado de señalar que era una contestación frente al gobierno, David Luna, entronizado como el más moderado de los opositores y Diego Santos, que compareció como el único autocrítico luego del resultado de la misma. Al terminar el día, la verdad emergió a la luz: esta ha sido una de las convocatorias menos masivas que la oposición ha tenido desde que comenzó a movilizar a sus sectores sociales y políticos a las calles, un par de meses después de la llegada del gobierno de Gustavo Petro. Según datos oficiales en prensa , la marcha convocó a 15 mil personas en Medellín, 4 mil personas en Bogotá y en Cali, 1000 personas en Manizales, y un promedio de entre 10 y 150 personas en el resto de las ciudades del país. En Barranquilla, adujeron falta de garantías de seguridad para cancelar la marcha. En otras ciudades, solo hicieron plantones por unas horas. Exceptuando en Medellín, la mayoría de las convocatorias no logró movilizar a los sectores sociales que a inicios de 2023 llenaban la mayoría de las calles y plazas del país. Es claro que existe un fuerte desgaste en la movilización como herramienta política, y que la disparidad de mensajes, demandas y objetivos ha disgregado un mensaje que ya en 2022 se había fragmentado cuando la consulta de la derecha no obtuvo más del 10,67% de los votos del caudal electoral nacional (4.145.691 votantes) y tuvo que acomodarse a una campaña sin orientación ideológica como la de Rodolfo Hernández en segunda vuelta. El mea culpa que hizo el editor y columnista de El Tiempo, Diego Santos, puede interpretarse allí, tanto como un reflejo de esa incapacidad de la derecha tradicional y del uribismo por movilizar a muchos más sectores de la sociedad más allá de las burbujas mediáticas en redes como Facebook, Instagram y X (anteriormente Twitter); así como la falta de lectura y traducción de la derecha de los mensajes y demandas de la gente, del mismo modo que expresa cierta disputa egoísta entre liderazgos dentro de este bloque por lograr llevarse la candidatura presidencial de estos sectores sociales y políticos, junto con la imposibilidad, hasta ahora, de articular sus propios intereses en un discurso único. La crisis de representatividad no es un mito Fuente:  El Espectador. No obstante, ¿qué es lo que explica que con el paso de los meses estas manifestaciones, que lograron concentrar a importantes sectores sociales, políticos y económicos del país, se hayan visto mermadas en su convocatoria? Por un lado, existe un desgaste de la movilización social como herramienta de acción directa contra el gobierno . Tanto por el lado de las bases sociales del Pacto Histórico como de la oposición de derecha, existe fatiga por los llamados a tomar las calles cada cierto tiempo sin mayores resultados visibles en estas manifestaciones. Esto ocurrió con las marchas convocadas para el mes de abril, que buscaron presionar al Congreso para que no aprobara la reforma pensional del gobierno, pero que no tuvieron mayor eco en las votaciones. Más o menos es desde esta fecha que poco a poco las marchas de la derecha han ido perdiendo fuerza en su convocatoria. Junto a ello, también existe una dispersión amplia en las demandas, objetivos y mensajes que estas marchas convocan, que no siempre están articuladas . Desde cuestionamientos específicos a elementos y artículos de las reformas del gobierno, pasando por críticas generales y hasta llegar a discursos más extremos sustentados en el fundamentalismo conservador de los provida o la extraña mezcla de “hispanistas libertarios” que han pasado de las redes a las calles, ha llevado a una falta de enfoque que diluye el mensaje político. Sin ese discurso, la identificación de la gente con un programa y un proyecto político se hace mucho más difícil. Lo anterior también va unido a una desconexión que se manifiesta entre las bases sociales que se movilizan y las críticas que los principales líderes y figuras de opinión de la derecha enarbolan . Aunque su mayoría ha concentrado su discurso en cuestionar las políticas y la agenda legislativa del gobierno, ninguno ha promovido una agenda política que tenga suficiente legitimidad y capacidad persuasiva y convincente para resolver problemas como la seguridad, la informalidad laboral, la corrupción, las deficiencias en el sistema de salud y pensional, junto con el recrudecimiento de la violencia. Esto nos lleva a considerar que la baja afluencia en las manifestaciones del 23 de noviembre y otras en los últimos meses denotan que esta oposición de derechas, además de fragmentada, está sufriendo de una crisis de representatividad ambientada en la crisis del uribismo como proyecto político, y la emergencia de unas nuevas derechas mucho más radicales y reaccionarias, como lo hemos venido señalando en estas historias. Esta crisis viene dada porque los mecanismos discursivos de esta oposición de derechas no están logrando impulsar y movilizar un consenso dentro de su propio bloque , lo que ha llevado a la emergencia de candidaturas que han comenzado a hablar desde la antipolítica (como lo indicamos en esta historia frente a la precandidatura de Vicky Dávila) y desde el desdén hacia las mismas recetas y soluciones institucionales que no han funcionado, que al mismo tiempo movieron el voto hacia candidaturas como la de Iván Duque en 2018. Según datos de La Silla Vacía frente a la diversidad política en el Congreso entre 2010 y 2022 , la mayoría de los congresistas tanto en Senado como en Cámara han tendido a estar entre la derecha y la centro derecha, siendo en su mayoría figuras que han venido del sector de la política y de lo público, y en el que no existe casi representatividad de liderazgos sociales, académicos ni de organizaciones de la sociedad civil. Esta falta de representación de otros sectores sociales, junto con una defensa del estatus quo, su asociación frente a los intereses de algunas élites económicas y políticas que las respaldan (como ciertos sectores del empresariado que se han manifestado desde el Consejo Gremial, la ANDI, Fenalco, entre otros) ha llevado a esa crisis ideológica interna que tiene como principal reflejo aquella crisis de representatividad a la que aduce Santos cuando habla de que las marchas  solo terminan llenas de ancianos, de algunas personas de estratos altos, de reservistas y retirados de la fuerza pública y el ejército, y de activistas ciudadanos. Existe una crisis de confianza en la acción directa y en la movilización en las calles Fuente:  Revista Semana. Los sectores sociales y políticos cercanos a la derecha en Colombia estaban un poco deshabituados a manifestarse en las calles del país desde, al menos, casi más de 15 años. Las últimas grandes marchas multitudinarias que convocaron se realizaron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando las marchas contra el secuestro y contra las FARC lograron movilizar a más de 4 millones de personas en Colombia (hay cifras que varían entre 1,5 y 2 millones de personas sólo en Bogotá el 4 de febrero de 2008). Tras ello, el repertorio de la movilización en las calles se trasladó a los grandes movimientos sociales estudiantiles, agrarios y sociales que respaldaban el proceso de paz entre 2010 y 2021, cuando estos sectores de derecha los observaron como estrategias de desestabilización al orden institucional y a conspiraciones desde bloques de la llamada “extrema izquierda” (primero la guerrilla, luego a Gustavo Petro) para utilizar estas manifestaciones como instrumentos políticos que buscaban promover agendas ideológicas (el “castrochavismo”, la “ideología de género”) y la destrucción de las bases sociales del país (la familia, el Estado, la propiedad privada). Desde allí, y con el triunfo de Gustavo Petro en 2022, muchos de estos grupos comenzaron a buscar en las calles la respuesta ante lo que consideraban que era una “crisis de legitimidad” con la llegada del nuevo gobierno, y provisionalmente lograron canalizar la mayor parte del descontento frente a las medidas que posteriormente Petro tomaría y le llevarían a reducir su aprobación en las encuestas. No obstante, la falta de resultados, los objetivos poco claros e inalcanzables por parte de muchos de estos activistas ciudadanos y políticos convocantes, la carencia de liderazgos carismáticos y la dispersión de los mensajes llevaron a que las marchas se convirtieran más en rituales de autorreafirmación de valores, que a la canalización de un proyecto político alternativo desde la derecha. Junto a ello, con el pistoletazo que dio inicio a la precampaña electoral hacia 2026 el anuncio de los 5 precandidatos del Centro Democrático, junto con el anuncio de Vicky Dávila de tener intenciones electorales y renunciar a la dirección de Revista Semana, parece que la competencia por consolidar un bloque de poder y un proyecto de gobierno mucho más integral se dará en la capitalización del voto y la competencia político-electoral. La disonancia entre la disputa en el campo de lo electoral y la antipolítica como nuevo discurso Fuente:  El País América - Colombia. Sin embargo, está claro que existe un descontento social con las recetas tradicionales que la mayoría de los políticos de derecha están impulsando como medidas para resolver las principales problemáticas sociales que movilizarán el voto hacia 2026, como el reencauche de la idea de seguridad democrática y de la confianza inversionista de la que habla Miguel Uribe, o de la necesidad de mantener la estabilidad y responsabilidad fiscal del país, por parte de opositores más institucionales como David Luna. Esto ha llevado a la emergencia de discursos que parten de la desconfianza hacia los políticos como el centro de sus programas políticos, como en el caso de la importación del modelo de Javier Milei en Colombia por parte de María Fernanda Cabal o Vicky Dávila, centrada en una fuerte desregulación estatal, un proceso de liberalización del mercado y de promoción de la iniciativa privada mucho más agresivo, centrado en las políticas públicas nacionales y regionales, en una reducción drástica de la burocracia del Estado y una doctrina de seguridad basada en la reestructuración de la fuerza pública y la reincorporación de suboficiales y oficiales cuestionados por crímenes de lesa humanidad y contra la población civil. La tensión ahora en la construcción y consolidación de ese bloque de poder radica en quién es capaz de aglomerar tras de sí a la oposición de derechas frente al gobierno más allá de la crítica discursiva, y quién puede traducirlo en términos electorales, especialmente frente al cambio de estrategia que parece que han tomado los grupos y sectores que conforman a esta oposición, y que pretende decantarse en la consulta de la derecha en 2026 como escenario final para resolver esta disputa. Por ahora, y como lo señalábamos en este artículo, Vicky Dávila está aprovechando su postura antipolítica y el fenómeno Trump para poder articular en su discurso a estas nuevas derechas que están buscando una figura con carisma y capacidad de articulación entre diferentes sectores para construir una narrativa unificada y un programa viable y amplio hacia 2026, pero aún no genera suficiente consenso para atraer a estos mismos sectores de la política que cuestiona y critica. Fuente:  X (anteriormente Twitter). Del mismo modo, parece que, al igual que el gobierno, la oposición está parqueando las marchas, que no lograron diluir en el aire al fantasma que ahora mismo los tiene sumidos en una crisis de identidad, de ideología y de acción. Todas las apuestas están en las elecciones de 2026.