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Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El 31 de octubre pasado, en medio de abucheos y con presencia de la fuerza pública, el Partido Liberal, en una convención que debió realizarse hace 4 años, terminó reeligiendo a César Gaviria como su director. Acusado de irregularidades y de haber cambiado las reglas de la convención para favorecer a su sector político, el expresidente y exsecretario de la OEA se terminó imponiendo ante la camarilla de congresistas que había reunido en su interior el representante Alejandro Carlos Chacón, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. En una elección en la que se simplificó las tensiones del partido entre la cooptación de la dirigencia por sectores tradicionales o el llamado “petrismo”, el gobierno terminó perdiendo su pulso, a pesar de tener apoyos dentro de las bases liberales, y dio combustible para que se conformara un primer atisbo de alianza política entre sectores tradicionales que buscan arrebatarle la presidencia en 2026. En este escenario, esta convención terminó siendo un medidor de qué tanta fuerza tiene el gobierno por fuera de sus propias bases y bloque de poder, y termina manifestando otra de las facetas de la fragmentación de los partidos políticos en Colombia. La fragmentación de los partidos tradicionales no deviene de Petro, sino a causa y a pesar del mismo. Una crónica de la jornada. Fuente:  La Silla Vacía. La convención fue convocada tras un prolongado periodo de seis años sin reuniones de este tipo, lo que generó críticas desde dentro del partido sobre la falta de democracia interna y cuestionamientos sobre posiciones autoritarias de su director. Se había señalado que Gaviria había retrasado el evento para mantener su posición de poder, que se había mermado desde las elecciones de 2022, cuando el partido no presentó candidaturas a la presidencia y de último momento dejó en libertad a su militancia para apoyar al entonces candidato Petro. Las tensiones aumentaron con algunas denuncias de que las reglas para la elección de directivos, publicadas un par de noches atrás a la convención, no eran claras, lo que llevó a algunos congresistas a expresar su descontento públicamente, como sucedió con el representante Juan Carlos Losada. El evento se programó para recibir a aproximadamente 1100 delegados (de los cuales llegaron 776), quienes discutirían no solo la elección del nuevo presidente del partido, sino también el rumbo político hacia las elecciones de 2026 y otros cargos directivos dentro del partido. Se esperaba que se abordaran temas cruciales como la relación del partido con el gobierno actual, ya que existe un sector que busca que el liberalismo salga de la coalición de gobierno. La convención comenzó en medio de un ambiente tenso. Hubo abucheos dirigidos al presidente Gustavo Petro y denuncias sobre la exclusión de ciertos miembros y medios de comunicación del evento. Luego, la policía debió intervenir después de que la misma mesa directiva impidiera la participación de liberales pertenecientes a las listas competidoras de Gaviria y todo desembocara en golpes y empujones cerca de la tarima. A pesar de ello, Gaviria fue reelegido director del partido con 582 votos frente a los 128 obtenidos por la lista colegiada de Alejandro Carlos Chacón, representante de Norte de Santander, y los 11 obtenidos por la lista de Luis Fernando Velasco, quien había sido considerado como el candidato del gobierno. El evento incluyó discursos de bienvenida por parte de autoridades locales y una intervención inicial de Gaviria. Sin embargo, el inicio se retrasó considerablemente debido a problemas logísticos y protestas internas. Algunos de los participantes expresaron su frustración con la dirección actual y pidieron una mayor democratización dentro del partido, que a la final no se dio. Tras su reelección, Gaviria se enfrentó a críticas por las acusaciones de irregularidades en el proceso electoral, incluyendo votos no consignados adecuadamente, junto con la imposibilidad de varios delegados para votar de manea electrónica dentro de la plataforma que se estableció para ello. A pesar de esto, celebró su victoria con un ambiente festivo, que incluyó una parranda vallenata, simbolizando un intento por reforzar la unidad dentro del partido. En cuanto al futuro político del Partido Liberal, se discutieron estrategias para distanciarse del progresismo y buscar nuevas alianzas políticas. Algunos miembros abogaron por una postura más crítica hacia el gobierno actual, sugiriendo que el partido debería reconsiderar su rol como partido de gobierno. Tal y como lo contamos en esta historia , la fragmentación interna del Partido Liberal deviene desde tiempos de antaño, especialmente desde la última década, con la firma del Acuerdo de Paz y la conformación de un bloque dentro de las bases liberales que se ha opuesto tanto al liderazgo de César Gaviria, como al de su hijo Simón, y que se ha convertido en el bloque socialdemócrata y de centroizquierda, que ha terminado apoyando la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia desde 2018. Así mismo, ha existido un bloque de congresistas (especialmente senadores) que se ha organizado alrededor del liderazgo de César Gaviria y que ha salido a respaldarlo en las últimas elecciones. Las dinámicas transaccionales se imponen a las bases liberales Fuente:  El Tiempo. No obstante, y aun a pesar de que las bases liberales pretendían una renovación de su propia dirección, la pregunta que quedó rondando fue ¿por qué Gaviria, con el desprestigio que conserva dentro de un sector de su partido, logró arrasar entre los delegados y sacar tantos votos? Para responder a esta pregunta, hay 3 niveles desde donde se puede explicar su triunfo. Uno mucho más superficial, ligado a los hechos, en el que el cambio en las reglas de juego dentro de la convención (impuestas por el propio Gaviria días antes) le permitió tener mucho más peso sobre los delegatarios que Chacón y Velasco; otro, ligado a las lógicas transaccionales del propio partido, relacionadas con los procesos electorales en 2023 y de 2026; y una lógica mucho más profunda de conservación de las estructuras internas del partido frente a la “amenaza” de ruptura que planteaban las candidaturas más cercanas al gobierno. Estaba claro que el control de Gaviria sobre la convención y los delegatarios estaba asegurado, en un primer lugar porque fue la dirección de Gaviria la que entregó los avales para las elecciones regionales de octubre de 2023, por lo que muchos de los delegatarios ya estaban comprometidos en su voto, al mismo tiempo que Gaviria incidió en las reglas con las que convocó la convención , en la que estableció el “silencio positivo” como forma de mantener el consenso, así como reglamentó la forma en que los delegatarios podían determinar voceros para las votaciones, y determinó que la mayoría para la deliberación fuera la mitad más uno de la convención, y para votar se necesitaba mínimo la mitad más uno del quórum deliberatorio, lo que generó críticas. Junto a las reglas, dentro de la convención tampoco se le dio garantía a la oposición dentro del partido para participar . El “silencio positivo” terminó aprobando el quórum establecido, lo que terminó dejando en minoría al bloque liderado por Chacón y por Velasco, así como impidió que la mayoría de las observaciones e intentos de cambiar el orden del día fueran derrotados, lo que llevó a que, por ejemplo, no tuvieran voz para participar en tarima, ni tampoco se deliberó si la presidencia del partido iba a ser colegiada o unipersonal, lo que también desembocó en la presentación de múltiples candidaturas que se dividieron los votos entre sí. Estas reglas de la convención, que forzaron a Chacón y Velasco a dividir sus candidaturas entre individual y colegiada, fragmentaron la oposición gavirista y diluyeron su impacto. Al imponer esta segmentación, la directiva de Gaviria no solo neutralizó una competencia real, sino que también exhibió una “aplanadora” electoral que desmotivó al bloque opositor, dificultando cualquier posibilidad de consolidar un liderazgo alternativo dentro del partido. No obstante, y más allá del poder exhibido por Gaviria y de las lógicas transaccionales que movieron el voto liberal, es claro que la reelección del director tiene que ver, por un lado, con una conservación de la identidad del partido y su funcionamiento. La elección de Gaviria garantiza que el modelo transaccional se reproduzca en el tiempo y que los enlaces que tiene el partido a nivel nacional con grupos políticos a nivel local no se rompieran con una nueva dirigencia de un carácter mucho más ideológico. En este caso, las dirigencias del Partido Liberal (representadas en sus congresistas, los que acompañaron en la tarima a Gaviria ante los gritos de “fuera Gaviria” y “fraude”) mantuvieron sus pactos para preservar y conservar el capital político que poseen, por lo que la construcción de nuevas reglas siempre se hizo con coherencia de mantener la estabilidad interna de los partidos. En otras palabras, era muy costoso para estos dirigentes liberales (que tienen sus bastiones y sus electores, además de que mueven recursos a nivel territorial y tienen acceso a burocracia para repartir entre sus operadores políticos) permitir que otros bloques asumieran el control del partido, más si esos bloques tuvieran la capacidad de cambiar las dinámicas internas con las que el partido se sostiene. Todo esto, en detrimento de limitar la capacidad del partido para ajustarse a las demandas cambiantes de un electorado mucho más militante. De igual modo, el electorado del partido liberal suele ser en su mayoría cautivo y ligado a dinámicas clientelares en la mayoría de los territorios, por lo que esta limitación es contenida. ¿Una independencia de facto? Fuente: El Espectador. Aunque el triunfo de Gaviria es leído en la mayoría del espectro político como una “victoria” sobre sectores que representaban el progresismo del gobierno, lo que sí es verdad es que este triunfo genera una disonancia al interior del partido, especialmente entre sus lógicas legislativas en Cámara (donde la mayoría del partido está alineado con el gobierno) y en Senado (donde la mayoría del partido sostiene el liderazgo de Gaviria). Esta nueva legitimidad renovada ha permitido que Gaviria se sume a la iniciativa del Partido de la U, de Cambio Radical y del Partido Conservador de lanzar una candidatura independiente a la presidencia como alternativa al progresismo en 2026, lo que termina ubicando su proyección política mucho más distante al gobierno, aun a pesar de que, de facto, el partido sigue dentro de la coalición y aun no se ha salido de allí. Además, también termina profundiza en esa disonancia legislativa, especialmente frente al peso que Gaviria puede tener en el partido para disciplinarlo en una temporada electoral definitiva, en la que el gobierno está haciendo sus últimas apuestas seguras para aprobar la mayor parte de su paquete de reformas, antes de que el período preelectoral termine por configurar las lógicas del Congreso y no le alcance ni el tiempo ni su capacidad de sostener apoyos en la cámara para mover su agenda. Esto es importante, porque tanto el bloque de congresistas liberales que se sumó a Chacón y a su intento de revuelta, junto con los que se adhirieron a la presidencia colegiada que pedía Velasco puede terminar cayendo en desgracia dentro del partido, más si Gaviria, como director, va a seguir manejando con acuerdos políticos el bolígrafo con el que entrega avales para las próximas elecciones.

Por: Trajects Descripción Te invitamos a nuestro cuarto Dialogo para las Transiciones Sustentables: Estado del arte de la Transición Energética a Nivel Global con Enfoque de Gobernanza. Perspectivas Globales con Énfasis en América Latina, el cual se desarrollará en el marco de la Primera Cumbre de Gobernanza para la Transición Energética Justa y la Paz, Transiciones para la Vida. En este espacio exploraremos las dinámicas globales y los retos locales de la transición energética con un enfoque especial en la gobernanza y las políticas necesarias para fomentar un cambio equitativo y sostenible en América Latina. Speakers Registro de formulario: https://trajects.org/es/events/150

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos No sé si los que son menores de cuarenta años puedan sentir aún la energía que brota del Palacio de Justicia. Casi siembre hay niños jugando en la plaza de Bolívar, un hombre con una llama sacando fotos, una pareja de provincianos sonriendo ante el Congreso. Pero los que somos mayores de cuarenta aún podemos ver cómo encima de esta estructura se cierne una nube de rojo intenso que iluminó Bogotá. Fue el Bogotazo cuarenta años después. Pero fue, ante todo, una masacre.   Mucho se ha especulado sobre el Holocausto al Palacio de Justica. Sobre sus principales responsables. Hay quienes manejan la teoría que fue Pablo Escobar quien orquestó este hecho para borrar sus expedientes criminales y por su supuesta cercanía al M-19. Nada más falso que esto. Obviamente la principal responsabilidad recae en el M-19 y su fallida operación Antonio Nariño. He hablado con varios ex comandantes guerrilleros sobre esta operación y opinan lo siguiente: ¿Cómo se hace una toma sin pensar en las vías de escape? El Eme estaba desesperado, necesitaba uno de sus acostumbrados golpes publicitarios. Le habían salido bien, diez años atrás, la recuperación de la espada de Bolívar, el golpe con el que se dieron a conocer, el robo de armas en el Cantón Norte, aunque terminó en la sangrienta represión del gobierno Turbay contra sus miembros, les sirvió para mantener viva la llama de su popularidad, la empresa quijotesca de traer armas al país a trávés del Karina le sirvió a Germán Castro Caycedo para escribir uno de los libros más vendidos en la historia de este país, y ni hablar de lo que había significado la toma de la embajada de la República Dominicana.  El ejército tenía sangre en el ojo y quería venganza. Por eso se ha venido recopilando en los últimos 39 años información que comprobaría que ellos sabían del plan de asaltar el Palacio, usaron a los magistrados de la Corte Suprema como carnada y los metieron en la ratonera.   El presidente Belisario Betancur, contrario a la cúpula militar que lo rodeaba, era un demócrata, un conservador sui generis que había abrazado en más de una ocasión causas progresistas, por lo que algunos de sus generales lo miraban con desconfianza. Betancur en noviembre de 1983 se reunió en España con dos de los comandantes más representativos del EME, Iván Marino Ospina y Alvaro Fayad. Era la primera vez que un gobierno colombiano decidía solucionar por medio del diálogo el espinoso tema de las guerrillas colombianas. La respuesta de la ultra derecha fue intentar desestabilizar este acuerdo de paz, que se concretó con las firmas en Corinto, Hobo y Medellín. Pero el ministro de Defensa era Fernando Landazabal, furioso anticomunista, pura Escuela de las Américas y esperaba cualquier descuido para hacer las cosas a su manera contra la guerrilla. Y esta respuesta era sólo una, la de la violencia. Los desafueros del ejército terminaría haciendole romper al EME los acuerdos de paz con Belisario. Ellos sabían que la responsabilidad era de Landazabal pero estaban obsesionados con querer hacerle un juicio público, en medio de la Plaza de Bolívar, a Betancur.   Mientras tanto el ejército le iba mochando cabezas al EME. Ese 1985 fue especialmente oscuro para la agrupación. En una emboscada en un barrio al sur de Bogotá murió Iván Marino Ospina al lado de su hijo y mientras resistía, él sólo, el ataque de 30 hombres del ejército. En el suroccidente de Bogotá el ejército masacra a 10 miembros del EME y, para colmo, atentan contra Antonio Navarro Wolf. Esta agrupación tenía que ripostar y por eso salió a flote la Operación Antonio Nariño.   Los magistrados de la Suprema Corte, encabezados por Alfonso Reyes Echandía, se reunieron el 20 de septiembre ed 1985 para evaluar las condiciones de seguridad del Palacio. Se sabía que este sería el blanco de la próxima acción del M-19. La Fuerza Pública estaba encargada de hacer el peritaje pero, cuando los guerrilleros entraron el 6 de noviembre de 1985, no había un sólo agente en la entrada. Es como si los estuvieran esperando. El ejército no sólo quería vengarse del EME sino de la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar un hecho que es un parte aguas: en junio de 1985 la Corte condena al ministro de defensa de ese momento, general Miguel Uribe Vega, por las torturas contra una médica y su hija de diez años, después de la feroz arremetida del ejército contra cualquier cosa que sonara a izquierda en las horas posteriores al robo de armas del Cantón Norte. Vega Uribe tomó estas medidas en 1979 mientras era comandante de la Brigada XIII de Bogotá.   Una de las periodistas que mejor investigó el holocausto del Palacio de Justicia fue la irlandesa Anna Carrigan quien publicó en 1990 el libro The palace of justice: A colombian tragedy, en donde muestra como el ejército realizó lo que se conoce como Operación Limpieza, y era aprovechar la chambonada de operación del EME 19 para acabar con los 11 miembros que conformaban la Corte Suprema y que duraron 26 horas encerrados en un baño.   No sólo ella, sino gente valiente como Helena Urán, hija del magistrado Carlos Urán, reunieron durante años evidencias que comprobaron que su padre había salido con vida del Palacio -lo comprobó por medio de imágenes hechas por camarógrafos de la época- y después fueron ejecutados. Por estos hechos , el asesinato de 111 personas y la desaparición de una docena. Por estos hechos han sido condenados los siguientes militares: Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardín Causayá Peña. Fueron sentenciados en 2021 a 40 años de cárcel por el Tribunal Superior de Bogotá al ser encontrados responsables de la desaparición de  Irma Franco Pineda , Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández.   El uribismo en pleno ha intentado limpiarle el nombre al general Plazas Vega, responsable del plan Tricolor con el que se conoció la retoma del Palacio y Arias Cabrales quien comandó las operaciones. El primero fue condenado y después absuelto y el segundo, gracias a la intensa labor de Helena Urán ha podido pagar su pena.   Se esperan más respuestas para el próximo año cuando esta atrocidad, hecha por el M-19 y sobre todo por el ejército, cumpla 40 años. Las llamas del Palacio de Justicia elevándose por Bogotá fueron producto de la sangrienta retoma y traumatizarona mi generación. Todos fuimos víctimas. Todos merecemos la verdad.

Por: Línea Gobernabilidad y Democracia Según un estudio de la Universidad Nacional, del 2015 hasta la fecha, en apenas nueve años, han colapsado 43 vías nacionales. Esto explica porque en el país, a veces, es una trampa mortal manejar por carretera. Entre enero y julio del 2024 se han presentado 4.551 siniestros viales, lo que lo convierte en la segunda causa de muerte no natural del país. Pares le pone la lupa a esta situación, específicamente al tramo Puente Nacional-Bucaramanga-Bucaramanga-Puente Nacional. Hasta los años noventa el estado era el directamente responsable de la planeación y ejecución de estos proyectos, pero a partir de esta década llegó el sistema de concesiones. Desde entonces se ha hablado de las carreteras de “generación”, siendo la primera la de César Gaviria que tuvo muchos tropiezos por la inexperiencia en la ejecución de dichos proyectos. Con la aplicación de las Alianzas Público Privadas (APP) para las carreteras de cuarta generación, se pensaba eliminar los problemas que habrían tenido para llevar a buen puerto estos planes. Pero, como se verá en el siguiente informe, esto no ha sido así.   El principal responsable de las carreteras en Colombia es Instituto Nacional de Vias (INVIAS) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Para el caso de la ANI, actualmente la entidad cuenta con más de 800 funcionarios -en su mayoría, contratistas- ; en el 2023 casi alcanza los 1.000 empleados. En ese mismo año su presupuesto alcanzó $8.657.961.033.334, por encima del correspondiente a INVIAS en esa misma vigencia, pues reportó $3.776.181.449.822, es decir, 43,6% menos del monto destinado a la entidad encargada de las redes concesionadas. Su eficiencia, como veremos a continuación, está en entredicho. La financiación de la operación de estas carreteras corre a cargo de los peajes. Todo aquel que use las carreteras nacionales debe pagarlos. Algunos precios de estos pejaes, como el del túnel de Oriente en Medellín son exagerados: $23.800. A pesar de estos precios los usuarios no notan una mejora, un mantenimiento adecuado de las vías ya que los recursos de los peajes están destinados a esto. Actualmente, hay más de 150 peajes bajo la tutela del gobierno nacional, de ellos, la ANI cuenta con 119 en operación en los 43 proyectos de concesión carretera vigentes; y 31 están a cargo de Invias. Según, información reportada por INVIAS a Pares, desde 2014 hasta 2023 la entidad recaudo $4.769.673.735.205 por concepto de peajes, es decir, supero por casi 1 billón de pesos el presupuesto ejecutado por esa misma entidad en 2023. Una de las grandes preguntas que intenta responder el informe es ¿A dónde van la plata de los peajes? Una información que nos interesa a todos. Periódicamente INVIAS reporta el estado de la Red Vial a su cargo, clasificándola en vías pavimentadas y no pavimentadas de la red vial primaria, estableciendo las condiciones en las cuales se encuentran. El informe entregado para el primer semestre de 2024 es preocupante, pues tan solo el 34% se considera en estado Bueno ; el 33% , Regular ; el 19%  Malo; el 12% Muy Bueno ; y 0,43%, Muy Malo . Lo anterior conduce a reflexionar sobre la administración del recaudo por concepto de peajes y la inversión que ha hecho la entidad para el mantenimiento y mejoramiento de las vías. Lo preocupante es que esta falta de mantenimiento se ha derivado en un número de fallecidos muy elevado: desde el 2020 al 2023 se han reportado 30.090 víctimas fatales. El informe hace un especial énfasis en la ruta 45A, la que comunica a Bogotá con Bucaramanga, una arteria principal porque es la que abre el país hacia Venezuela. No solamente se fija en el estado de la vía sino en los contratos que han salido de esta. También mostramos obras que no han terminado de despegar y que son imprescindibles para la comunicación entre el centro y el oriente de Colombia como es la variante San Gil que podría ahorrar mucho tiempo de viaje. El proyecto está suspendido desde el pasado 29 de agosto. Los altos niveles de accidentalidad y las muertes ocasionadas por el estado de las carreteras hace que este tema sea de incumbencia de todos. Además necesitamos resolver la gran pregunta que nos hacemos todos los que usamos las carreteras colombianas ¿A dónde va la plata de los peajes?

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Este 4 de noviembre de 2024 se cumplieron los primeros dos años de la Ley 2272 o Ley de Paz Total. Con ella, el gobierno de Gustavo Petro ha buscado involucrar a todos los actores armados del país, sin importar la naturaleza política o criminal del grupo, en la construcción de paz. Solo exige, para el inicio de procesos de negociación, que tengan mando responsable, control territorial y capacidad para ejercer operaciones militares sostenidas y concertadas.   Está apertura le ha permitido al Gobierno iniciar nueve procesos de paz: cuatro con carácter político, donde se involucran grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML). Y cinco más, con actores de naturaleza criminal, donde tiene conversaciones socio-jurídicas con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI) con las que busca el sometimiento a la justicia.   En el primer grupo están el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Comuneros del Sur —que es una disidencia del ELN—, las disidencias de las FARC —llamado Estado Mayor Central (EMC)— y la Segunda Marquetalia (SM). Y en el segundo grupo, la llamada Paz Urbana, donde están las estructuras criminales del Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura; y las grandes estructuras criminales del Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).   Con todos estos grupos armados organizados, durante estos dos años, el Gobierno ha logrado iniciar variados procesos de paz. Con unos, desde el primer día de mandato, lo que le ha permitido dialogar mucho y llegar a acuerdos parciales e implementarlos. Como pasa con el Estado Mayor Central (EMC), con quien se ha reunido en cinco ocasiones, lo que le ha posibilitado construir conjuntamente una agenda de negociación y llegar a acuerdos parciales como la implementación de un cese al fuego y la no retención de personas con fines económicos.   También, como ha sucedido con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quien ha tenido seis ciclos de diálogos y logrado firmar 28 acuerdos parciales —entre ellos, dos ceses al fuego que suman 360 días y la participación de más de 8500 personas de la sociedad civil en el proceso de paz—. Avanzando, como nunca antes, en una negociación con esta agrupación.   Pero se tiene el contraste con otros procesos de paz, donde solo se ha comenzado a dialogar al final de estos dos años de implementación de la política pública. Como sucede con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), donde tan solo hace un par de meses, en agosto de 2024, se instaló la mesa. Haciendo que los resultados de negociación con este grupo armado criminal —el más grande del país— sean limitados y aún no se vean importantes logros a presentar.   De esta manera, la Ley de Paz Total se ha convertido en la apuesta más ambiciosa del Estado colombiano para construir la paz, en las últimas décadas. Política pública que, a dos años de haber comenzado su implementación, ya tiene buenos resultados, como la apertura, hasta el momento, de nueve procesos de paz, la vinculación de más de 27 grupos armados organizados (GAO) y la firma de múltiples acuerdos parciales, con los que se ha logrado salvar muchas vidas y mejorar las condiciones de seguridad y no violencia de las comunidades.   Paradójicamente, también se tiene un país con un ambiente de mucha incertidumbre y donde la población nota un aumento de la violencia y la inseguridad. Y a pesar de que el Gobierno tiene clara la tarea de construir la paz, no ha logrado diseñar y construir una hoja de ruta que le permita a la Paz Total tener un horizonte claro, ni contar con un marco legal completo. Además está en medio de una dinámica de violencia en crecimiento, con un deterioro notable del orden público y con presencia cada vez mayor de grupos armados en los territorios.   En este sentido, el balance que se puede hacer a dos años de la promulgación de la Ley de Paz Total es que deja agridulces: Dulces, si se consideran los avances parciales logrados hasta el momento con los grupos armados. Como el caso de Medellín y el Área Metropolitana que ha logrado reducir la violencia, bajar las tasas de homicidio y apaciguar las acciones criminales contra la población.   Amargos, si utiliza los indicadores tradicionales de efectividad en negociación y desmovilización de actores armados. Como en el caso del ELN, que ha pasado por varias crisis y hoy tiene un proceso congelado y unas delegaciones, sentadas en Caracas, discutiendo cómo continuar con los diálogos. O con el componente de Paz Urbana, cuyo accionar es lento, no se cuenta con  agendas consolidadas y publicadas —solo se tiene una hoja de ruta de la sociedad civil en Medellín—, sin capacidad de avanzar por la falta de apoyo estatal y sin recursos humanos para dialogar, acordar e implementar.   En conclusión, a dos años de la política de Paz Total el gobierno Petro ha logrado conjurar un momento sin igual en la historia del país. Se tiene sentado y hablando de paz a, por lo menos, la mitad de los grupos armados organizados del país, todos ellos con ideologías y pretensiones muy dispares. Además, ha logrado comprometerlos con la reducción de la violencia y la búsqueda de transformaciones políticas y sociales, algunas de carácter nacional y otras territoriales.   Pero también una política de paz que deja sinsabores y muchos retos. En especial aquel de cumplir la promesa que realizó Gustavo Petro, en el discurso de posesión como presidente de la República el 7 de agosto de 2022, de “terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado”. Lo que lo obliga a avanzar con más celeridad y claridad en los nueve procesos de paz que hoy tiene y en los otros que pueden venir.   Nota: para la ampliación de algunas de estas ideas se puede consultar el artículo de Valencia Agudelo, Germán Darío y Cuartas Celis, Deiman. (2024). La Paz Total en sus primeros dos años. Estudios Políticos, (Universidad de Antioquia), 71. https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/358480/20815088   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Oficina Pares - Pacífico La violencia se sigue tomando el Pacifico colombiano. Una muestra clara que la paz no esta llegando a las comunidades y mucho menos a los lugares mas apartados del territorio Nacional. El ultimo foco de violencia ha sido el Litoral Pacifico Caucano, específicamente en Guapi, municipio ubicado al sur del departamento. Un ataque perpetuado la madrugada del 02 noviembre, contra la estación de policía del municipio dejo un saldo dos víctimas fatales y dos heridos. El incidente ocurrió cuando un grupo armado, presuntamente las disidencias de las FARC que operan en esa zona dispararon contra la estación de Policía de Guapi, con ello resulto la detonación de un artefacto explosivo ocasionando daños materiales a la estación de policía. La comunidad se llenó zozobra. Fotos tomadas de X También se conoce que la iglesia del municipio y la Alcaldía municipal sufrieron afectaciones por causas de los explosivos, esto genera una alerta en la comunidad que sigue viendo como la inseguridad le sigue arrebatando su deseo de vivir en Paz. La Vicepresidenta y Ministra de la Igualdad y Equidad Francia Márquez, a través de su cuenta en X (antes Twitter) expresó su rechazo con lo siguiente: “Rechazamos de manera contundente los hechos de violencia generados contra la Estación de Policía de Guapi, Cauca, esta madrugada. Reitero mi llamado urgente a los grupos armados: nuestro pueblo, las comunidades del Cauca y toda Colombia merecen vivir en paz. Nuestra apuesta siempre será la paz y trabajamos sin descanso todos los días hasta alcanzarla. ¡Basta ya de esta violencia absurda!” Foto tomada de X (antes Twitter) Desde la Oficina Pares – Pacifico exhortamos al Gobierno Nacional a volcar su mirada hacia lo que sucede en el territorio de Guapi y a las autoridades competentes a avanzar de manera rápida en las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido, además, sugerimos medidas efectivas para que las comunidades del litoral Pacifico puedan vivir en Paz.  A los grupos armados un llamado a respetar la vida y la autonomía de las comunidades.  ¿Se seguirá fragmentando la posibilidad de que el Litoral Pacífico pueda vivir en Paz?

Por: Redacción Pares A mediados de octubre había circulado en las cárceles un panfleto. Este decía lo siguiente: “ Saludos cordiales de parte de la organización Los Satanás. Este es un llamado para el Inpec. Le hacemos la exigencia de mover al patrón y al hermano del patio 10 a un lugar donde tengan todos los beneficios . Si no cumplen con nuestra exigencia en un plazo de 24 horas, se dará inicio a un plan pistola contra el Inpec hasta que muevan al patrón a un patio con todos los beneficios… ATT: Los Satanás”. En el Inpec se toman muy en serio los panfletos amenazantes. Hay que recordar que semanas antes de que asesinaran al director de La Modelo de Bogotá, el coronel en retiro Elmer Fernández, se había dejado ver en varios patios un panfleto en donde se amenazaba directamente al directivo. Después de este papel vinieron disparos a la infraestructura del penal y luego el asesinato de Fernández el pasado 16 de mayo.   Desde entonces se vivió una calma chicha hasta que a comienzos de octubre fue interceptado un camión del INPEC en donde trasladaban a reclusos de alta peligrosidad en Cauca y allí fueron asesinados dos guardias. Ayer lunes festivo cuatro de noviembre los peores miedos volvieron a hacerse realidad cuando fue herido, mientras se iba a desayunar en Colsubsidio, localidad de Teusaquillo en Bogotá, el dragoneante Kevin Ramírez López quien recibió varios disparos por la espalda. Fue trasladado de urgencia a la clinica Mederic en donde médicos luchan por su vida.   El puente volvió a ser agitado para el INPEC. El sábado dos de noviembre en la cárcel de Jamundí se reportó un ataque armado en donde quedaron varias personas heridas. La manera con la que perpetraron el ataque fue por medio de la activación de un artefacto explosivo. Los Satanás funcionan desde La Modelo y La Picota y en localidades como Bosa. Se han capturado a varios de sus integrantes, la mayoría de ellos de nacionalidad extranjera.   Los miembros del INPEC llevan meses pidiéndole a este gobierno que se extremen las medidas de protección porque sienten cada vez más la pisada de sus enemigos. En Colombia, como lo ha demostrado la Fundación Paz y Reconciliación en sus informes, el delito que más ha crecido es el de la extorsión y la mayoría de este mal se da en las cárceles del país. El INPEC ha intentado combatir este flagelo trasladando presos pero las bandas delincuenciales han respondido con la más extrema violencia. Por eso están en sus miras.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenido Los que estaban en la convención liberal el pasado jueves 1 de noviembre describieron a César Gaviria  como un emperador. Sentado en su silla, con un look con el que pretende verse más jóven, el expresdiente reafirmaba el liderazgo en su partido. Ni Luis Fernando Velasco, que representaba el ala más progresistas de la colectividad, ni Alejandro Carlos Chacón pudieron hacerle sombra al experimentado político. Una vez más movía sus fichas a su mejor conveniencia. Era otra partida ganada. Ahora se apresta a hacer alianzas que, seguramente, no hubiera hecho su mentor político, el inmolado Luis Carlos Galán Sarmiento: intentar hacer coaliciones con uribistas como Paloma Valencia, cuestionados conservadores como Efraín Cepeda, o el ex ministro Mauricio Cárdenas, todo para evitar que la izquierda vuelva a ganar las elecciones del 2026.   Gaviria lleva treinta y cinco años apareciendo diariamente en titulares de la prensa nacional. Después del asesinato de Luis Carlos Galán a manos del cartel de Medellín, en agosto de 1989, convenció a Juan Manuel, el hijo mayor del candidato presidencial, para que le cediera las banderas de la candidatura. En el discurso que dio en el entierro de su padre sorprendió a todo el mundo cuando anunció que él tomaba las postas del Nuevo Liberalismo. La primera que giró la cabeza sin saber qúé era lo que pasaba era su madre, Gloria Pachón. Décadas después la viuda del caudillo liberal afirmó que Juan Manuel lo hizo en un arrebato juvenil: “fue algo sorpresivo, espontáneo y en cierta forma impensado”. Gloria, aún ahora, a sus 89 años, piensa que César Gaviria no encarnó nunca los valores liberales por los que su esposo dio su vida. Hay que recordar que en el momento del magnicidio en Soacha, Gaviria era el jefe de debate de Galán y, a sus 38 años, había sido ministro de Gobierno de Virgilio Barco en donde demostró ser un eficiente tecnócrata. Fue elegido presidente en 1990 cuando el país estaba en llamas.   El saca pecho porque fue en su presidencia en donde se le dio caza a Pablo Escobar, pasando por alto todas las gavelas que dio. En 1991 el capo de la mafia se entregó después de que lograra convencer al entonces presidente Gaviria que le adecuara una cárcel hecha a su medida. La Catedral tenía salas de cine, canchas de fútbol, jacuzzi, piscinas, iban a jugar con él futbolistas de la selección Colombia, hacían fiestas con prostitutas e incluso llegó a matar a sus enemigos allí. Más de un año duró este ridículo internacional. Había presión para que sacara al capo de ese resort y lo pusiera en una cárcel común. Fue cuando asesinó al Negro Galeano y a Kiko Moncada cuando decidió intervenir. En ese momento el Bloque de Búsqueda, una unidad élite de la policía creada en 1989, se unió con enemigos de Pablo Escobar como el Cartel de Cali y los hermanos Castaño que habían creado el grupo los PEPES, enemigos de Pablo Escobar. El gobierno Gaviria, presionado por Estados Unidos, necesitaba tener la cabeza del capo. Jamás se ha podido establecer algún vínculo del gobierno Gaviria con el Cartel de Cali, pero si sucedió que miembros del Bloque de Busqueda se aliaran con los Rodríguez Orejuela para detener a Escobar. El resultado fue que el dos de diciembre de 1993 en un techo en Medellín cayó Escobar pero a cambio se fortaleció el paramilitarismo. Fidel y Carlos Castaño creyeron tener patente de corso para hacer lo que quisieran. Gaviria decidió, cuando cayó Escobar, enfocarse en destruir a los de Cali empezando otra guerra.   En el 2017 el ex presidente dijo algo sensato: él, que vivió lo más álgido de la guerra, propuso legalizar las drogas en una entrevista al Mundo de Madrid afirmó que esta era una necesidad inapelable. Pero Gaviria cambia con el tiempo, se transforma, y su ´versión 2024, en donde pide que Petro se dedique a gobernar, parece más reaccionario que el más radical de los políticos conservadores. Ha olvidado que durante buena parte de su mandato fue Pablo Escobar quien lo puso de rodillas y también Estados Unidos. El jamás será el mejor ejemplo de gobernabilidad.

Por: Redacción Pares Como veremos en el próximo informe de la fundación de Pares las muertes en las carreteras en Colombia siguen siendo una constante. Es la segunda causa de muerte no-natural del país. Entre el 2020 y el 2024 hubo más de 30 mil personas muertas por ese motivo. Sin embargo hay una tragedia que ha sido borrada de la memoria del país y que sigue pesando como un yunque. La tragedia de Quebradablanca. En junio cumplió cincuenta años. Este hecho condensa la inoperancia, la chambonada con la que se hacen las carreteras en el país. Todo arrancó con una mala decisión.   La vía Villavicencio-Bogotá es la históricamente más trágica del país. Los accidentes han sido frecuentes y a lo largo del tiempo. Pero el peor de todos ocurrió el 28 de junio de 1974. La tragedia, como recordó este año La silla vacía y en la que coinciden todos es que se pudo haber evitado. Los deslizamientos en la vía, sobre todo en la parte entre Monterredondo y Guayabetal, se sucedían una a otra. Por eso se había tomado la decisión de cerrarla. El control de las carreteras lo tenía en ese momento el conocido como Distrito 13. La solución que encontraron los ingenieros fue el de hacer un derrumbe controlado en los últimos 7 días de junio. Igual la gente salió a la carretera, necesitaba hacerlo. No hubo una labor de información para que la gente supiera el riesgo de la obra. La gente creyó que podría pasar sin problema. Pero el represamiento duró siete días, así que la fila era kilométrica.   El problema era mayúsculo. Por esos días se celebran las festividades de San Pedro y San Pablo. Se sabía que el tráfico iba a ser alto. Pero nadie hizo nada. El argumento que dieron los ingenieros es que este sector estaba cruzado por una grieta y la única solución era hacer este tipo de derrumbes controlados en donde también participó con sus explosivos el ejército. Pero el detonante de la tragedia fue otro. En ese momento se realizaban los juegos nacionales que se realizarían en Pereira. Una delegación de los llanos necesitaba llegar puntual a la cita. Por eso le dieron permiso para pasar. La gente, que llevaba días represadas no lo tomó bien. Así que en medio de las protestas, los vehículos decidieron pasar sin autorización. ¿Alguna vez se han sentido atrapados en un trancón? ¿El sudor frío de la desesperación no les ha empapado la camisa? Así que, en masa, los vehículos tomaron la decisión, avanzaron, se hicieron en un solo punto, eran tantos que la montaña sobrevino sobre ellos. La montaña se vino encima sobre los autos arrastrando todo a su paso.   Para que tengan una magnitud de la tragedia. En Armero, cuando el nevado del Ruiz se vino contra la ciudad, ante la imposibilidad de rescatar los cuerpos decidieron declararlo campo santo. Esto sucedió en Quebradablanca. Sólo se rescataron 25 cuerpos. El resto de las personas, más de 450, fueron declaradas como desaparecidas. Se estima que lo que cayó sobre los autos fue de 750 mil metros cúbicos de sedimentos, de pedazo de montaña.   Los responsables fueron claramente identificados y nada les pasó. El principal era el presidente, Misael Pastrana Borrero, y también el ministro de transporte Angelino Durán, quienes tenían que haberse asegurado que esta carretera se mantuviera cerrado. Es tanto el cinismo que tiempo después, cuando intervenieron esta carretera, Luis Carlos Sarmiento Angulo la maneja desde 1994, a los dos túneles que hicieron les pusieron los nombres de los responsables: Angelino Durán y Misael Pastrana. Sólo en Colombia suceden estas cosas.   Igual nada cambió. Muchos años después, en el 2018, una de las soluciones del gobierno Santos, crear el puente de Chirajara, colapsaría. En Colombia y sobre todo en la eternamente inacabada carretera al llano, la historia de las desgracias es una serpiente que se muerde la cola. Vea el Informe Aquí: https://www.pares.com.co/post/qu%C3%A9-est%C3%A1n-haciendo-con-la-plata-de-los-peajes

Por: Iván Gallo - Editor de Contenido En 1994 el coronel Danilo González estaba en lo más alto de su carrera. Había sido, junto a Hugo Aguilar, los cerebros de la Policía Nacional que lograron acabar con Pablo Escobar en el tejado de una casa en Medellín. El Senado y la Cámara de Representantes lo trataron como lo que la gente creía que era: un héroe. Tal y como lo recuerda la Silla Vacía, le dieron la más alta distinción por su “abnegada dedicación en la localización del criminal más buscado del mundo”. Una década después, cuando un sicario lo mató en Bogotá mientras se encontraba haciendo trámites notariales para escriturarle sus cuantiosos bienes a su esposa y sus dos hijos, el Espectador tituló un perfil suyo de esta manera: “El Pepe mayor”.   Su nombre ha vuelto a la palestra pública después de que se diera a conocer la lucha de las víctimas de la discoteca Oporto en Medellín, en julio de 1990 y en donde habrían participado miembros del Bloque de Búsqueda según declaración dada ante la JEP por el coronel Hugo Aguilar. Nacido en Buga, desde muy joven Danilo González demostró una inteligencia inusual. Su papá era un cafetalero con una extraña predilección por los libros de Lenin y Marx. En los años sesenta González viajó a Bogotá y nunca más regresaría. En una muestra de rebeldía decidió ser todo lo que odiaba su papá: un policía. Así que se matriculó en la Escuela de Policía General Santander.   En la escuela, según recuerda El Espectador, siempre sacó las mejores notas y, además, no hacía alarde de ella. Una de sus películas favoritas era El Padrino y de ella aprendió una máxima de Don Vito Corleone: “tener cerca a sus amigos pero aún más cerca a sus enemigos” Era prudente, estratégico.   Sus superiores vieron una joya en bruto, en los ochenta, cuando emergía el monstruo del narcotráfico, lo trajeron de Barranquilla, en donde estaba desperdiciado, para recibir entrenamiento de agentes norteamericanos y combatir a los carteles de la droga.   En esa época Pablo Escobar, quien también era hombre de frases, acaso una ordinaria versión de Don Corleone, sacó estas tres palabras que aún se repiten en las calles de Neruda como en Valparaíso se recitan los versos de otro Pablo, Neruda “Plata o Plomo”. El presidente Virgilio Barco, a finales de su mandato y mermado por la enfermedad del olvido, le confió a González crear una fuera élite, un comando que fuera impermeable a uno de los problemas que se tenía en la policía para combatir a Escobar: las infiltraciones. Oficial que no se alineara a sus planes simplemente lo comproban o lo mataban. Así que González, para crear lo que se llamaría en 1992 como el Bloque de Búsqueda, trajo a el mayor Oscar Martínez, a Hugo Aguilar, a Mauricio Santoyo, quien fuera tiempo después la mano derecha de Uribe en cuestiones de seguridad y terminaría siendo juzgado por la justicia norteamericana debido a sus nexos con el narcotráfico, una constelación de supuestas estrellas incorruptibles dentro de la institución.   Se trasladaron a Medellín, vivían en la escuela Carlos Holguín. En 1989, el año en el que sacaron a la calle esta fuerza élite, el país vivía el peor de los infiernos. Aviones que explotaban en el cielo, habitantes de calle se suicidaban con kilos de dinamita, candidatos presidenciales asesinados. Pablo Escobar había sido muy escrupuloso a la hora de cumplir una de sus terribles promesas: darle duro, durísimo al Estado. La orden de Estados Unidos era una sola: acabar con Escobar costara lo que costara. Se aliara con quien se aliara. Así que Danilo González sabe que un antiguo socio de Escobar, Fidel Castaño, obsesivo y acaudalado comerciante de arte, narcotraficante y asesino, está rompiendo con el capo. Se contacta con él en un apartamento en El Poblado y allí firman la alianza que, con el tiempo, se convertiría en la planta de donde saldrían los racimos del paramilitarismo.   El enemigo de tu enemigo será tu amigo. Esto le aconsejaron los hermanos Castaños a Danilo González. Unirse con el Cartel de Cali. Los hermanos Rodríguez Orejuela le pagaban al jefe del Bloque de Búsqueda con tulas verdes llenas de plata que traían desde la Sultana en helicópteros. Con esa plata no sólo pagaban informantes sino muchos de esos dólares iban a parar directamente al bolsillo de González. Cuando fue asesinado era un hombre millonario. Era imposible que con su sólo sueldo de oficial de la policía podría tener las siguientes propiedades: hoteles en Brasil, locales en centros comerciales en Bogotá y Cargagena. Apartamentos en Medellín, fincas en Rionegro y hasta pases de jugadores.   Cuentan que gracias a él Don Berna llevaba a sus sospechosos habituales a largas sesiones de tortura en la Carlos Holguín. Todo estaba permitido. Cuando cazaron al monsturo lo usaron a él para que hiciera otra de las cosas en la que era experto: la traición. Infiltraron al Cartel de Cali y, con su ayuda, después de sacarles millones de dólares, entregó a los capos principales e incluso, por sus contactos con la mafia, ayudó a la liberación del hermano de César Gaviria. Cuando ya no sirvió más la policía, que sabía de sus pasos, lo sacó de la institución y él, sin que le temblara un párpado, se hizo jefe de escoltas de los principales capos del Cartel de Cali tal y como lo cuenta Andrés López, ex mafioso y autor del libro el Cartel de los Sapos.   Cuando lo mataron tenía 50 años y un batallón de escoltas. Sabía que el Cartel del Norte del Valle estaba detrás de él. Se había convertido, una vez más, en enemigo de su propio bando. Siempre nadó con la corriente que le favorecía. Se encontraba en trámites con la justicia norteamericana para entregarse y convertirse en testigo protegido, con ciertos privilegios. Pero todo terminó el 25 de marzo del 2004. Danilo González es otro de los héroes de la patria que terminó vendiéndole el alma al mismísimo diablo.

Por: Redacción Pares Está documentado que 1989 fue el año de las calamidades para el país. Un bombazo en el aire destruyó un avión de Avianca en el cielo bogotano, un bus repleto de dinamita estalló frente a la sede del DAS, se asesinó a un gobernador de Antioquia, a un comandante de la policía y a Luis Carlos Galán en un mismo día de agosto. Los carros bombas estallaban en cualquier parte y era común encontrar cuerpos mutilados en las calles de las ciudades. La policía y entes gubernamentales se habían vendido a Pablo Escobar. Parecía que había ganado la guerra que le había jurado al gobierno nacional. Desde Washington la orden era una sola: acabarlo a como diera lugar. No importaba el método ni las alianzas, había que exterminarlo. No, no era que al gobierno de Bush padre le interesara el país, estaban desesperados era para evitar la fuga de capital. Pablo Escobar y el Cartel de Medellín le quitaban a Estados Unidos miles de millones de dólares. Si fuera una preocupación genuina por la salud pública intervendrían a McDonalds. La obesidad está entre las tres principales causas de muerte en los Estados Unidos, 6.6 por cada 100 mil habitantes, pero el expresidente Donald Trump ha declarado públicamente la pasión que le causa McDonalds.   Por eso en 1989 y con la aprobación de la CIA se crea el Bloque de Búsqueda. La intención de la policía era depurar sus fuerzas, bastante mermadas no sólo por los ataques constantes del Cartel a la institución sino a la sistemática compra de consciencias entre sus hombres. La nómina que tenía Escobar en la policía era tan amplia que era difícil no saber de antemano donde y cuando los agentes caerían a hacer redadas. El Grupo Elite era despiadado, disparaba y después preguntaba. Como los Contras, fueron entrenados por Estados Unidos en tierras colombianas violando cualquier tipo de soberanía. Las torturas, las desapariciones, las venganzas estaban a la orden del día. Se creía que para capturar al capo había que usar sus mismos métodos. Así cayó, entre 1989 y 1990, Pinina, jefe de escoltas de Pablo Escobar y su primo, Gustavo Gaviria, quien era el encargado de financiar el cartel. La pérdida de este hombre significó el principio del fin del capo.   Pero en Medellín entre 1989 y 1990 ocurrieron crímenes que fueron atribuidos a Escobar sin que se comprobara exactamente si fue él el autor. En su afán demencial por generar terror el capo no se encargaba de desmentirlos públicamente. Uno de esos hechos fue la demencial masacre de la discoteca Oporto en Envigado en donde fueron asesinados 25 muchachos. Desde siempre se creyó que el capo había armado a muchachos de las comunas para que se vengaran de los niños bien de El Poblado que frecuentaban ese lugar pero todo resultó siendo una mentira. En enero del 2024 ante la JEP Hugo Aguilar, una de las cabezas de ese grupo élite de la policía, reconoció que ellos estuvieron detrás de este hecho atroz, cuyas familias están buscando reparación y justicia.   En 1991 se llega a una calma chicha después de que Escobar estableciera condiciones para entregarse y recluirse en La Catedral, una cárcel hecha a sus medidas. Como relatan cronistas de la época, este lugar estaba diseñado era para mantener a la gente fuera de sus instalaciones, no para impedir que el capo saliera. Estaba ubicado en un lugar estrategico para protegerse de un probable bombardeo por parte de sus enemigos. La decisión de asesinar al negro Galeano y a Kiko Moncada dentro de las instalaciones de la cárcel, en junio de 1992, fue la gota que rebazó el tanque. El capo se fugó y empezaron las uniones estratégicas. El propio Hugo Aguilar contó como se unieron con ex socios de Escobar, como los temibles Hermanos Castaños o Don Berna con un sólo objetivo: costara lo que costara había que entregarle la cabeza de Escobar a los Estados Unidos.   Nada más en el último semestre de 1992 los PEPES -Perseguidos por Pablo Escobar, nombre que les puso Aguilar- mataron a 15 personas, civiles. Su pecado era estar en la órbita del Patrón. En una entrevista a la Revista Semana Castaño les confesó que no les importaba el método, tan sólo los resultados: El pueblo quería que destruyéramos a Pablo sin violencia, pero no era posible. Si así se hubieran manejado las cosas, hoy todos nosotros y el mismo gobierno estaríamos nuevamente arrodillados frente a este monstruo"   Los métodos eran los mismos, acaso peores. Se torturó y se asesinó a gente que ni siquiera tenía que ver con Escobar. La red de apoyo a este sicópata era inmensa. Si se tenía que matar a media Medellín. Y así lo hicieron. Abogados como Guido Parra y Raúl Jairo Zapata, que habían sido intermediarios entre el capo y el gobierno, terminaron en baúles de sus propios autos, con una bala en su cabeza. Se sabe que muchos de esas bombas que estallaban en el centro de Medellín y Bogotá los hacían los propios PEPES. En 1997 un juez de Medellín dijo lo siguiente sobre el accionar de este grupo  "(…) amparados por un aparato terrorista tan o más sanguinario que aquel que el cartel (de Medellín) había estructurado, acuñado bajo el rótulo de 'los Pepes', destruyendo en el oriente, sur y suroeste antioqueño innumerables propiedades, sumándose los crímenes de varios agentes cercanos al capo y sus abogados, obligando a los familiares de este a viajar al exterior"   El 2 de diciembre de 1993 fue asesinado en un tejado en Medellín Pablo Escobar. Muchos creían que el horror había terminado pero el grupo que los asesinó, que se había juntado con el Bloque de Búsqueda para complacer a Estados Unidos, abrirían un nuevo capítulo de terror en el país: el paramilitarismo que despojó, desapareció y acaba cientos de miles de vida en la década que vendría. La pesadilla apenas empezaba.

Por: Daniela Bernier Pacheco La convocatoria realizada por el Ministerio de Minas y Energía, la Dirección General Marítima (DIMAR) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para la generación de energía eólica en áreas marítimas en la región Caribe colombiana, es el primero en América Latina, lo que representa un buen augurio para el país, como quiera que, si siguen realizando proyectos de este tipo podría convertirse Colombia en uno de los pioneros en América Latina en la generación de energía eólica en áreas marítimas. Estos proyectos se ejecutarán principalmente en las zonas marítimas de aguas someras y profundas de los departamentos de Bolívar, Atlántico, el sur del Magdalena y el norte de Sucre y tienen como propósito asignar áreas marítimas en las que se podrán instalar entre 1.000 y 3.000 megavatios. Nueve empresas en total radicaron ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) documentos de acreditación en la primera etapa de habilitación de la "primera Ronda de Energía Eólica Costa Afuera". Que, de estas nueve empresas, siete hayan sido extranjeras constituye un hecho notorio y significativo, en medio de algunas suspensiones de proyectos en la Guajira como resultados de diversos conflictos; lo que permite analizar primero, que el país está brindando garantías a los inversores extranjeros de ejecutar proyectos eólicos costa afuera y segundo, que estos proyectos son viables financieramente, porque si no las empresas no se postularían. Respecto a esto, el Director General Marítimo, Vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo, señaló: "El interés demostrado por importantes empresas desarrolladoras de estos proyectos de talla mundial, pone de manifiesto el alto contenido técnico de la información que les fue puesta a disposición, así como la seguridad jurídica que promueve nuestra regulación, lo cual de seguro culminará satisfactoriamente en beneficio de la matriz energética del país". En cuanto a que dos empresas colombianas radicaran documentos de acreditación, permite inferir que el país cuenta con el músculo empresarial, financiero y logístico para realizar proyectos de tal envergadura. Por otra parte, se espera que al finalizar el año se conozca el listado definitivo de empresas habilitadas, quienes deberán enviar sus ofertas concretas en el primer semestre del año 2025; todas estas acciones demuestran que el Gobierno de Gustavo Petro se encuentra avanzando en materia de Transición Energética y le está brindando todas las garantías a los inversionistas para la ejecución de proyectos energéticos costa afuera. Vale la pena mencionar que muchos empresarios con la entrada de un primer Gobierno de izquierda mostraron su preocupación porque no sabían si se les iba a brindar seguridad para invertir y hace poco, el sector carbón hizo visible su incertidumbre respecto a las decisiones tomadas por el presidente respecto de la exportación de carbón. Sin embargo, con estas postulaciones en proyectos relevantes permite evidenciar que la imagen del país en materia de seguridad jurídica de los inversores se mantiene.   Referencia: Agencia Nacional de Hidrocarburos [ANH]. (2024, 29 octubre).  Nueve compañías interesadas en participar en la primera ‘Ronda de energía eólica costa afuera en Colombia’.   https://www.anh.gov.co/documents/25493/COMUNICADO_PRIMERA_RONDA_EOLICA_2024.pdf