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Por: Redacción Pares Los que conocieron a Pablo Escobar sabían que su madre y él se entregaban con devoción a una figura que rozaba con ser una deidad pagana: el niño Jesús de Atocha. No se conoce que el capo más buscado del mundo en su momento fuera un asiduo de hechiceras y brujos, pero en cada una de sus casas, en su billetera, estaba la figura de este sucedáneo de Jesús que tenía, entre otros poderes, convertirlo en invisible ante sus amigos. Doña Herminda Gaviria le atribuía a sus poderes el hecho  de que muchas veces su hijo no cayera en redadas o fuera descubierto en alguna de sus caletas.   Cuando mataron a Matamba, uno de los más eficientes financiadores que tiene el Clan del Golfo, las autoridades descubrieron que las necesidades de su vida terrenal las ponía en deidades que sólo él podía controlar. Como algunos recordarán Juan Larinson Castro Estupiñán, su nombre verdadero, escapó de La Picota en febrero del 2022 mostrándole al país lo porosas que pueden ser las cárceles colombianas cuando se tiene poder. Si bien todo se realizó después de sobornar a guardias él le atribuyó el milagro a una hechicera del pacífico nariñense. Como a un oráculo recibía sus consejos. También le mandaba unguentos y contras para protegerlo de sus enemigos. Esta obsesión terminaría siendo su final. La hechicera, después del escándalo que cobijó a Matamba, huyó hacia Venezuela y en el afán por tener contacto con ella -era tanta la dependencia que no tomaba decisiones trascendentales sin consultarle- fue dejando pistas, como un niño despúés de robar un pan, que terminaría con su captura definitiva. A granadas y balazos lo redujeron mientras se escondía en una finca en el sur de Bolívar.   Otro miembro del Clan del Golfo, El Negro Sarley, usaba tarotistas para tomar decisiones. Al principio le funcionó la estrategia para coronar envíos de narco y doblegar a sus enemigos pero, precisamente, la inteligencia del ejército pudo seguir a uno de sus consejeros espirituales y por medio de ellos asesinarlo en mayo del 2013 en un lugar conocido como La Pita, Turbo, mientras se desplazaba en uno de sus cuatrimotos.   Le decían Pablito, pero su nombre real era Uldar Cardona Rueda. Era miembro del Clan del Golfo y no tuvo problema en contratar como su guardaespaldas personal a su propio brujo. Lejos de tener un arma destructora lo que empuñaba en cada operación el hechicero era un muñeco hecho con pelos humanos. Pero los rezos tampoco sirvieron demasiado. Cuando lo cercaron en un refugio que tenía en Arboletes Antioquia el brujo le dijo a Pablito que estuviera tranquilo, que no pasaba nada, que se pusiera detrás de él y así lo protegería. Con el muñeco de pelos en la mano guardaespaldas y cabecilla fueron abatidos por la fuerza pública. A veces los poderes ultraterrenos empalidecen ante las armas de última tecnología.   A Roberto Vargas, duro del Clan del Golfo, le decían Gavilán porque decidió secar las patas de un gavilán y colgárselas en el cuello. Así tendría las alas para escapar de sus enemigos. Estaba asegurado con las oraciones de una santera, pero en el 2017 lo mataron también en turbo.   Desde siempre los que se han dedicado a la ilegalidad han depositado su fe en la hechicería, como si el fervor católico no les bastara, como si fueran conscientes que a Dios y a su hijo muchos le rezan y no hay mucho tiempo -por más omnipotencia que se tenga- para cuidar a las ovejas descarriadas. Esta semana cayó el cabecilla de las disidencias John Naranjo quien tenía una misión: nutrir con billete a este grupo. Se decía que podía mover 33 mil millones de pesos anuales gracias a sus extorsiones. Y secuestros. Se movía por la zona de Villavicencio, Puerto Gaitán y Mapiripán. El duro del frente 39 se protegía con un duende de barba blanca y que tenía un traje que se caracterizaba por el símbolo que lucía en el pecho, el de los pesos. Con él se aseguraba no sólo que no lo fueran a capturar sino que así mantenía nutrida sus arcas. El duende ha sido mostrado como un trofeo por las autoridades después de la captura de John Naranjo y reafirma ese viejo dicho de que detrás de todo cabecilla se esconde una red de hechiceros que lo protegen.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenido Es como si la gente estuviera cansada de las noticias. Como si ya nadie quisiera saber nada más del horror. El 23 de enero del 2024 el ex gobernador de Santander Hugo Aguilar reconoció ante la JEP que sí había recibido apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia en la campaña que lo encumbró en ese cargo en el 2004. Pero esto fue tan sólo una arista de su declaración. Para mi lo más importante fue que reconociera que el Bloque de Búsqueda, la unidad élite que había creado la policía para acabar con Pablo Escobar, había perpetrado la masacre de Oporto.   Durante 34 años fue verdad oficial que Pablo Escobar habría ordenado uno de los episodios más sangrientos en la historia de Medellín. Decían que había armado a muchachos de las comunas para que bajaran hasta ese bar, una de las preferidas por los jóvenes del Poblado, y realizaran una especie de venganza social. Esta versión la siguen creyendo muchos. La confesión de Aguilar, que pasó de agache en la mayoría de medios de comunicación, que al parecer tienen vetado el tema, le ponía punto final al misterio.   El 23 de junio de 1990 fue un sábado triste en Colombia. La selección de Maturana, que pintaba como favorita a llegar a semifinales en el Mundial de Italia, caía eliminada contra Camerún en octavos de final. Uno de los goles de Roger Milla vino por un error de René Higuita intentando salir jugando en la mitad de la cancha. Sobre las ocho de la noche empezaron a llegar, como cada sábado, los jóvenes al bar Oporto. Este bar había sido abierto por Alberto Castaño, un reconocido empresario local, en 1989, justo cuando la guerra entre los carteles de Cali y Medellín arreciaba. No estaba muy convencido de hacerlo pero cuenta que se enamoró de los heucaliptos que rodeaban un lugar que siempre había sido una finca.  Todo se empezó a dañar cuando en noviembre de 1989 lo secuestraron. Le quitaron a su familia 100 millones de pesos. En Medellín era muy difícil vivir. Hacer negocio era para los que creían en milagros. Esta es la entrada de la discoteca Oporto. Acá fue donde sorprendieron a Juan Pablo Salazar Desde 1988 la guerra en Medellín se instaló y la convirtió en uno de los pedazos del infierno en la tierra. Ese fue el año en el que los hermanos Rodríguez Orejuela le pusieron un bombazo al edificio Mónaco, donde vivía la familia de Escobar y este les contestó acabando con cuanta sucursal de Drogas La Rebaja -propiedad de los Rodríguez- hubiera en Colombia. A pesar de que Medellín era zona de guerra Castaño seguía creyendo en la ciudad.   Para 1990 la situación había empeorado. Ese año en Medellín se registraron 54 masacres. Las urgencias del hospital San Vicente de Paul tenían registros sólo comparables con los que tenía Vietnam a comienzos de la década del setenta. Los muchachos cambiaron sus rutinas. La noche era peligrosa, por eso Santiago Salazar recuerda que para ellos trasnocharse era llegar a las 11 de la noche a la casa.   Santiago tenía 17 años ese 23 de junio de 1990. Sin embargo lo recuerda todo. Ese día perdió a su hermano, Juan Pablo Salazar, bachiller del colegio Benedictinos, estudiante de ingeniería de producción en la Universidad EAFIT. 20 años de edad. Todo el futuro del mundo. Esa noche Juan Pablo dejó a su hermano Santiago en una urbanización  llamada Linda Villa cercana a Oporto  y luego se iría a visitar a Mónica, su novia, que estaba convaleciente por una lesión en un pie. “Voy a buscar a los amigos y después pasaremos un rato por Oporto”. Sobre las 10 de la noche Santiago empezó a escuchar sirenas de ambulancias. Salieron a la portería y una de las ambulancias se detuvo en seco. El que conducía preguntó dónde quedaba la discoteca Oporto “Pasó algo malo allá” les dijo. Santiago creyó que el corazón se le iba a salir por la boca. Juan Pablo y su Renault 18 Juan Pablo llegó, sobre las nueve de la noche, a la discoteca. Nunca se bajó del carro, un Renault 18 blanco. Entró al parqueadero y vio quien podría estar afuera, en las mesas. Estaba buscando al parche de siempre. Como no vio a nadie conocido se fue. Entonces cuando iba de salida se encontró con dos camionetas negras que le bloquearon el paso. Adentro venían 10 hombres armados. Encapuchados. Era raro que hubieran llegado a ese lugar, la loma de los Benedictinos, en plena frontera entre Medellín y Envigado, sin haber llamado la atención de los cinco anillos de seguridad que había puesto la policía esa noche. Son múltiples los testimonios de jóvenes, la mamá de Juan Pablo y dos de los sobrevivientes de la época que recuerdan los retenes y alguna que otra recomendación de policías días antes de la masacre “Es mejor que se guarden temprano porque el fin de semana va a pasar algo muy feo en Medellín”. Claro que sabían.   Medía casi dos metros Juan Pablo. Era delgado, cara cuadrada, a las mujeres les encantaba. Los hombres lo bajaron por la fuerza del Renault 18, él les dijo que lo dejaran ir y en respuesta lo golperaon con sus armas y lo arrastraron por el parqueadero mientras le decían: “venimos a matarlos a todos hijueputas”. Camilo Jaramillo, uno de los tres sobrevivientes, recuerda que por el tono de la voz, por las botas militares que calzaban, por los dichos que decían, la forma como se movían respondiendo con disciplina a las ordenes de una voz cantante con acento marcial, a simple vista se podía apreciar que tenían entrenamiento táctico y por la forma en que portaban las armas, tenían perfectamente estudiado el lugar y cubiertas todas las entradas y salidas para que nadie pudiese escapar, no tenían dudas que se trataba de miembros de la policía.   En ese momento el escuadrón empezó a disparar al aire. Algunos entraron a la discoteca, sacaron a 28 hombres, la mayoría muchachos, las mujeres que estaban ahí las reunieron y las dejaron aparte debajo del entarimado de madera no sin antes advertirles que, si se movían, “las matamos”. Sobre las 10:30 de la noche abrieron fuego. Cinco minutos después de que los 10 hombres se fueran en sus carros llegó la policía. Algunos se parecían a los hombres que abrieron fuego contra los muchachos.   Diecisiete personas murieron esa noche. Uno de ellos fue Juan Diego Castaño, el hijo del dueño de Oporto. El resto, como Juan Pablo Salazar, fueron muriendo con los días. La cifra total de víctimas fatales fue de 25 hombres jóvenes.   Las balas que se encontraron en el cuerpo de Camilo eran de Pietro Berettas y nueve milímetros. A Juan Pablo también le extrajeron del cuerpo munición de nueve milímetros y la que fue hallada en los coches que abalearon en el parqueadero era munición de fusil Galil 762, el mismo armamento que portaban los miembros de la Cuerpo Élite de la Policía enviada a Medellín desde Bogotá. Cerca de mil casquillos se dispararon en la escena del crimen, pero misteriosamente el informe de balística desapareció y el expediente se archivó, el hecho criminal jamás se investigó y se dejó preescribir a propósito. El cuerpo especial de investigación conformado por ocho miembros de la Policía técnica judicial para investigar el hecho fue desmantelado una semana después. ¿por qué? Tres décadas después de su asesinato los familiares de Juan Pablo y de los otros 22 muchachos buscan respuesta   Los familiares han tenido que sufrir lo indecible. Sus vidas cambiarían para siempre. Santiago Salazar ha emprendido una cruzada que le ha costado tres atentados contra su vida, innumerables amenazas, tener que irse del país durante quince años y la desfinanciación de sus recursos, ya que toda la energía y plata que ha tenido se la ha gastado en un documental sobre esta masacre que piensa terminar en el 2025. Desde siempre tuvo la certeza que Pablo Escobar, a pesar de lo que intentó hacer circular como verdad oficial el Estado, no tuvo nada que ver con la masacre. En Medellín todos los muertos los ponía Escobar y esto sirvió para que muchos encubrieran sus fechorías. Cuentan que, al otro día, cuando se enteró de la noticia Virgilio Barco, quien se encontraba en una cumbre de presidentes en Chile y que ya estaba aquejado de su enfermedad, empezó a gritar a los cuatro vientos que en su gobierno los sicarios caían de esa forma. Porque las familias de los caídos han tenido que soportar estigmas de todo tipo, incluso el de la calumnia. Durante mucho tiempo se sostuvo la versión que se trataba de un ajuste de cuentas, de una acción combinada para matarle hombres a Pablo Escobar y nadie asumió la verdad, la verdad es que se trató primero de un error del Bloque de Búsqueda y, segundo, de una manera que tenía el Cartel de Cali para hacerle daño, con complicidad de la policía, a Medellín.   En ese momento la orden desde Washington y Bogotá era acabar con Pablo Escobar sin tener en cuenta las consecuencias, la policía tenía patente de corso. Las bajas civiles fueron aceptadas. Ahora, lo que necesitan las familias de los 28 muchachos asesinados es que este crimen no prescriba. Que paguen los responsables. Se ha acudido al grupo de abogados que conforman el grupo jurídico de Antioquia pero todos los esfuerzos han sido en vano. Por eso es que labor que ha emprendido Santiago Salazar debe repercutir en los grandes medios, formar parte de la agenda pública. Se necesitan saber todos los detalles de un crimen que la gran mayoría de los colombianos desconocemos. Necesitamos saber la verdad de lo que sucedió en la discoteca Oporto.

Por: Redacción Pares El salto de calidad que dio la humanidad en su historia fue convertirse en agricultores. Se tenía más libertad andando por las grandes sabanas buscando la abundante comida que hace 12 mil años existía. La caza daba seguridad. Pero no daba la tranquilidad de lo que se conocía como hogar. Alrededor de 10 mil años tiene la agricultura. El dominio de los alimentos, con métodos tan sofisticados como el que usaron alguna vez los Incas, fue parte del progreso humano. Eso sí, el costo fue alto. Cuenta en Sapiens, el extraordinario ensayode Yual Noah Harari sobre el orígen de la humanidad, que la agricultura produjo una disparada en la mortandad infantil. Se tuvieron que pasar milenios hasta que apareció, por allá en el año 5.000 antes de cristo, la primera gran ciudad de la humanidad, Uruk, en lo que hoy es Irak.   A largo plazo la agricultura, que fue la herramienta que nos dio la civilización, está resultando devastadora para el medio ambiente. Sobre todo en espacios que no le corresponden crecer. La agicultura es el hombre. La semana pasada se vino un paro campesino porque el gobierno de Petro quiere parar las siembras cerca a los páramos. En el Amazonas es cada vez más visible los cultivos y esto acaba directamente con los bosques. Pero lo que más preocupa es el consumo de agua que requieren ciertos cultivos. En plena Cop 16 BBC Mundo publica un artículo en donde consigna cuales son los cinco cultivos en el mundo que más agua requieren.   El primero es el arroz. En el periodo 2022-2023 se produjeron un total de 522 millones de toneladas de arroz. Por cada kilo de arroz se necesitan 1.144 litros de agua. Ante las sequías que vive buena parte del mundo, hay que plantearse otro tipo de posibilidades para producir este alimento. En el país los grandes productores de arroz son la familia Murra en el Tolima y los Roa del Huila. La caña de azúcar también demanda mucha agua. Por cada kilogramo se requieren 1.280 litros de agua. A pesar de todas las campañas de prevención contra el azúcar, por las enfermedades que arrastra su consumo, la producción va al alza, en el 2023 se produjeron 1900 millones de toneladas. En Colombia el imperio azucarero está dividido en pocas familias. Ardila Lulle es uno de ellos. Es dueño del ingenuo Cauca, que se lo compró a Harold Eder en 1963. Cabe recordar que los Eder son los dueños de Manuelita, el mayor ingenio del país. El negocio de la caña de azúcar ha sido muy criticado no sólo por los efectos que le produce al cuerpo humano, al medio ambiente sino que también las condiciones laborales de los corteros de caña en el país nunca han sido las mejores.   El tercer alimento que más requiere agua para su cultivo es el poroto de soja que se da principalmente en Brasil y Argentina y no acá en Colombia, El algodón, que se da principalmente en la India, en China y en Estados Unidos está secando rios enteros. Hay que tener mucho cuidado con el aguacate, uno de los alimentos con los que Petro prometió hacer una revolución alimentaria. El aguacate gasta, por kilogramo, una media de 938 litros. En Colombia existen empresas chilenas, peruanas e israelitas que producen el aguacate Hass. Los departamentos en donde se dan mayor cantidad de cultivo son Tolima, Antioquia, Caldas, Santander, Boliva y Cesar.   Hay que tener cuidado con el medio ambiente. Estos alimentos son esenciales para nuestra subsistencia pero, jamás podremos olvidar que es el agua lo que nos da la vida.

Por: Yudi Angulo Castro Enlace Buenaventura: Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Desde el mes de mayo del año 2015 la Fundación Progreso y Paz – Pro&Paz – organización que hace parte de la Escuela de Liderazgo Juvenil de la Fundación Paz y Reconciliación -PARES  en Buenaventura, bajo la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID. Ha venido desarrollando una campaña que busca incidir en la agenda pública del distrito sobre las diversas manifestaciones que se tejen alrededor de las violencias basadas en género en la ciudad. Para este año en su novena versión el foco se centró en las instituciones educativas (escuelas, colegios, universidades, centros de formación, etc.) con el objetivo de posicionar el tema al interior de estos estamentos educativos. Desde el pasado mes de julio de 2024, la Procuraduría Provincial abrió investigación en contra del rector de una reconocida institución educativa del distrito , a raíz de los señalamientos de varias estudiantes por favores sexuales que el implicado pedía a cambio de calificaciones. Durante el mes de octubre de confirmó la captura del rector, pero también dejó bajo la lupa a otros funcionarios y docentes directivos de dicha institución educativa. Este caso sin duda abre el espectro para que las autoridades profundicen en este tipo de temas y para que los padres, tutores y cuidadores presten oído cuando el niño o niña manifieste una situación similar. Las cifras de asesinatos hacia las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ no son para nada alentadoras, las últimas víctimas de estos casos en la ciudad de Buenaventura fueron Cindy Yaritza Caicedo, asesinada por su excompañero sentimental y el de “peluche” o Kimberly una chica trans-adolescente asesinada en un popular sector de la comuna 7, donde recordamos que hace unos años atrás fue violada, torturada y asesinada la niña Diana Tatiana de 12 años. Según el boletín mensual de feminicidios del observatorio de feminicidios en Colombia , de enero a septiembre de 2024 se ha presentado la alarmante cifra de 671 feminicidios en el país. Vea también: Violencias Basadas en Género en Buenaventura 2020-2023   Lamentablemente casos en contra de las mujeres y la población sexualmente diversa se siguen y seguirán presentando en el territorio, la lista de nombres puede ser larga si recordamos a Liliana que fue asesinada por su novio cuando había tomado la decisión de irse a terminar sus estudios en otra ciudad y este posteriormente se suicidó, o a Nora como era su nombre de pila, una mujer declarada abiertamente lesbiana que fue asesinada también en un barrio de la comuna #7, o cómo olvidar a la popular rezandera a quien también le cegaron la vida, a Zoraida, la nena o muchas otras que tristemente el tiempo las logra borrar de las memorias de muchos. En este mes de octubre, después de tantos días de búsqueda, fue hallado el cuerpo sin vida de Sofia Delgado Zúñiga, una niña de 12 años residente en el municipio de Candelaria, corregimiento de Villa Gorgona, en el departamento del Valle del Cauca, con signos de violación y tortura, su confeso feminicida ya fue capturado y se encuentra a disposición de las autoridades. Otro hecho aberrante que se suma a la larga lista de caso de esta tipología con menores de edad. Vea también: Mujeres de Buenaventura, tejiendo paz a través del arte.   Este es un llamado para seguir alzando la voz, los niños y las niñas no se tocan, los derechos de los niños y niñas deben ser respetados y su integridad protegida por todos. Esto en el marco de las diversas opiniones que se tejen alrededor de la reforma a la justicia que aún sigue en curso en el Congreso, donde se aspira a rebaja de penas a confesos asesinos de niños, que muchos tildan de beneficios, pero la ministra Ana María Buitrago  aduce que no son “beneficios” es una oportunidad para que no haya impunidad en estos casos. Para esta novena versión de la campaña, la fundación Pro&Paz se centró en 4 momentos importantes: 1.      Lanzamiento de la campaña y presentación del video musical Alza la voz 2024 , cabe resaltar que esta es la tercera versión de una canción con esta temática que lanza la organización a través de su movimiento artístico Memoria Urbana. 2.     Conversatorio sobre las violencias basadas en género al interior de las instituciones educativas. Un espacio que contó con un panel de profesionales y expertos en el tema, estudiantes y rectores de instituciones, momento para abrir todo un escenario de diálogo, sobre lo funcional o no que son las políticas frente a este tipo de casos, el rol de los docentes, la institución, la familia, la sociedad para prevenir que los cifras sigan en aumento. Conversatorio que contó con la asistencia de más de 100 personas en el espacio. 3.     Recorrido en la chiva de la equidad por los diversos murales que la fundación ha logrado elaborar para visibilizar el trabajo de incidencia sobre las violencias basadas en género en Buenaventura, y, por último. 4.    Cierre cultural en la sede la organización o casa Pro&Paz como así suelen llamarle a su espacio de encuentro y construcción. No podemos decir que este tipo de acciones eliminen por completo cualquier tipo de violencia en la ciudad, pero si son una puerta para seguir abriendo el diálogo a posturas más concretas que respalden, acogen, resguarden y prevengan a las mujeres y población LGBTIQ+ sobre la identificación de patrones violentos a los que, como dicen en las redes sociales  se identifican como “red flag” o bandera roja que no son otra cosa sino algunos signos de alertas ante situaciones o momentos incomodos, peligrosos o quizás desagradables que en ocasiones experimentan las personas en contacto con otras. Seguramente el próximo estaremos hablando de la décima versión de la campaña alza la voz, tal cual ha sido en los últimos años, con otros nuevos aliados que se seguirán montando en este proceso, que ha demostrado ser sostenible a pesar del tiempo. Esto debe convertirse en una estrategia conjunta que logre articular a otros actores del territorio y se apersonen de este tipo de iniciativas para no dejarlas caer. Procesos como estos nos invitan a ser voceros ante situaciones de alerta como las que ha vivido este país y donde se espera no se sigan repitiendo y dejando una estela de dolor, impotencia y desesperanza, el llamado es ser siempre veedores, gestar espacios de protección para nuestros niños y niñas y velar por que sus derechos e integridad no sigan siendo vulnerados.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El Pacto Histórico, la coalición de partidos de centroizquierda e izquierda que fue la ganadora de las elecciones legislativas en 2022 y llevó al presidente Gustavo Petro a la presidencia, bajo la premisa de un programa de gobierno que buscaba un cambio profundo en la política colombiana, se enfrenta hoy a una de las crisis de confianza más profundas en los últimos meses, alimentada por serias denuncias que ponen en entredicho la integridad de sus líderes. Las acusaciones de prácticas clientelistas, en particular las dirigidas al representante David Racero por favorecer a familiares y amigos en la contratación pública, junto con el surgimiento de denuncias de acoso sexual y violencia basada en género (VBG) contra altos funcionarios del gobierno, como el exviceministro Diego Cancino, han acentuado aún más esta crisis. Con el período preelectoral cerca de comenzar, junto con las tensiones internas dentro de la Colombia Humana (que hemos trabajado en esta y esta historia), en un escenario discursivo marcado por acusaciones de lawfare  y golpes de Estado, la confluencia de estas situaciones críticas ha planteado en la opinión pública serias interrogantes sobre la capacidad del Pacto Histórico para seguir siendo el principal foco del progresismo hacia 2026, especialmente cuando este bloque está intentando convertirse en un partido político. Presuntas prácticas clientelares en el seno del Pacto Histórico Fuente:   apnnoticias.com En su edición del lunes 28 de octubre, La Silla Vacía publicó un artículo cuestionando al representante a la Cámara y expresidente de esa misma corporación durante el primer período legislativo, David Racero , de haber contratado a amigos y familiares durante su presidencia, que luego terminaron aportando a la campaña política de su tío, José Luis Mayorca, a la Gobernación del Cesar. Según el artículo, David Racero contrató con recursos de la Cámara a esposas de dos primos suyos y otros allegados en Cesar, beneficiando a su entorno familiar y político en Valledupar. Los contratos otorgados, que sumaron más de $250 millones de pesos, supuestamente tenían el objetivo de realizar pedagogía sobre propuestas legislativas, aunque la evidencia de estos trabajos es mínima y, en muchos casos, limitada a fotos o correos. Varios de estos contratistas que trabajaron para Racero impulsaron luego la campaña a la Gobernación de Cesar de su tío, José Luis Mayorca, que se presentó en las pasadas elecciones regionales de 2023 como candidato. Las dos contratistas principales fueron la fisioterapeuta Elena Esther Paredes y la abogada Ángela María Araujo, ambas familiares de Racero, quienes obtuvieron contratos por $36 millones y $57 millones de pesos. Su labor consistía en hacer pedagogía sobre los proyectos de ley de la agenda del gobierno, y quienes luego lograron cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro del despacho de la magistrada Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico. Por su parte, la radióloga Diana Patricia Arrieta y la psicóloga Liliam Torres trabajaron para Racero en la Cámara con contratos que sumaron $22 millones y $50 millones de pesos respectivamente, pero también participaron activamente en la recolección de firmas para la campaña de su tío. Ambas estuvieron involucradas en eventos y contribuyeron económicamente a la campaña. Torres le donó, por ejemplo, $10 millones de pesos a la campaña de Mayorca. Además de Torres, las contratistas María Eloísa Araujo y Saida Medina, también cercanas a Racero por lazo familiar, donaron $27 millones de pesos a la campaña de Mayorca luego de trabajar con el expresidente de la Cámara. Araujo fue además jefa de prensa y maestra de ceremonias en visitas de Racero a Valledupar. Por otra parte, Enrique Camargo y Ader Trillos, periodistas también oriundos de Valledupar, recibieron contratos para difundir la imagen de Racero y sus actividades en la presidencia de la Cámara por $20 millones de pesos. Ambos realizaron labores de difusión y acompañaron eventos en los que se promocionaba su gestión. Finalmente, Amanda Lucía Verdecia, amiga de la familia Mayorca, también fue contratada bajo la misma modalidad de pedagogía, por $44 millones de pesos. Algunas de las fotos de sus actividades incluyen elementos similares a algunas campañas políticas, lo que sugiere su potencial participación en estos eventos y su justificación para el contrato recibido. Este cuestionamiento se suma a las presuntas irregularidades que Racero cometió contra su equipo de trabajo legislativo , que según Daniel Coronell en su reporte W del 29 de septiembre, implicaron el cobro de sumas de dinero de los salarios de una de sus UTL, así como haber pedido a su conductor que comprara insumos para el fruver de su propiedad. Del mismo modo, también es acusado de presuntamente haber repartido contrados del SENA con el actual director de esa entidad, Jorge Londoño, y buscar la intermediación de su tío Mayorca para que estos mismos fueran entregados en la seccional del Cesar. Por estas revelaciones, a Racero se le abrieron dos procesos en la Corte Suprema de Justicia, y queda por ver si se abe otro más, debido a los nuevos descubrimientos sobre posibles favorecimientos a la campaña de su tío a través de los contratos que entregó a sus familiares siendo presidente de la corporación. Las denuncias de acoso y VBG contra altos funcionarios del gobierno Fuente:   Colombia.com Al mismo tiempo que La Silla Vacía revelaba esta nueva información, en su edición dominical del 27 de octubre, la Revista Cambio publicó un informe detallado sobre un presunto caso de acoso sexual en contra de una contratista del Ministerio del Interior, Viviana Vargas Ávila  que, según su testimonio, fue agredida por el entonces viceministro de esa cartera, Diego Cancino . Según la denuncia de Vargas, Cancino la invitó a su casa luego de que ella lo contactara buscando oportunidades laborales. En esta reunión, Cancino presuntamente acosó a Vargas tocándola sin su consentimiento. A pesar de su rechazo, el exviceministro continuó intentando acercarse de manera inapropiada a ella, quien tuvo que llamar a un par de amigos para que la ayudaran a salir de esta situación. Tras ello, Cancino la buscó insistentemente con mensajes de disculpa y pedidos de comunicación, que Vargas inicialmente contestó con manifestaciones de su incomodidad aquel día y dejando claro sus límites, y que luego desistió de seguir respondiendo. De estas conversaciones la Revista Cambio mostró las pruebas. El artículo de inmediato generó ruido, en tanto emergieron otros dos casos en redes sociales donde quedó de manifiesto el patrón de acoso que Cancino seguía, que incluía presuntas insinuaciones que luego eran contestadas con disculpas que se prolongaban con llamadas y mensajes en el tiempo. Frente a estas acusaciones, Cancino decidió presentar inicialmente una carta en la red social X (anteriormente Twitter) en la que señaló no haber cometido ningún abuso, y posteriormente dio una entrevista el lunes 28 de octubre a la periodista Sylvia Charry, de Revista Cambio , en la que rindió su versión de los hechos. Primero, adujo que no existía una relación jerárquica entre ellos en ese momento, ya que ambos estaban desempleados. Junto con ello, admitió haber invitado a Viviana a almorzar a su casa y haber iniciado un cortejo hacia ella, pero aseguró que siempre respetó su negativa cuando intentó besarla. Además, indicó que malinterpretó las señales de Viviana y fue acelerado en su “cortejo”, pero negó haber ejercido algún tipo de presión o abuso de poder. También ahondó en que tenía problemas con el alcohol. La víctima respondió con un breve trino , indicando que ya fue citada en la Fiscalía General y que espera que sea la justicia la que determine la veracidad de las versiones, así como ya había dicho en W Radio  que no tenía ninguna relación de confianza con Cancino y que el testimonio de sus amigos será clave en este proceso. Cancino espera ser en los próximos días nombrado nuevo director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) luego del enroque que llevó a que su anterior director, Daniel Rojas, fuera nombrado ministro de Educación, a mediados de 2024. La mayoría de los movimientos y colectivos feministas, como un gran bloque de mujeres ha exigido a Cancino renunciar a su nombramiento mientras se realizan las investigaciones pertinentes por los entes de control. Por su parte, el único funcionario del gobierno que ha salido a dar declaraciones frente al tema ha sido el ministro del Interior Juan Fernando Cristo , quien ha rechazado el presunto acoso sexual y se reunió con Vargas para mostrarle su apoyo y acompañamiento desde su cartera. Junto a él, la mayoría de las congresistas del Pacto Histórico, como María José Pizarro , al igual que la concejal Heidy Sánchez , también han salido a rechazar el acto. Las acusaciones contra Cancino se suman a otros casos de presunto acoso y violencias basadas en género (VBG) contra otras altas figuras del gobierno de Gustavo Petro. Entre ellas hacia Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO , quien fue denunciado por su esposa Adelina Guerrero por presuntas agresiones en su contra mientras ambos estaban en Madrid (España) el 30 de junio pasado. Del mismo modo, también Hollman Morris , el hoy gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia, fue acusado por presuntamente acosar laboralmente a empleadas suyas cuando fue subgerente de RTVC . En este caso, a las directoras de Canal Institucional y Señal Colombia, Lina Marcela Moreno y Silvana Orlandelli, quienes denunciaron la existencia de un pésimo ambiente laboral , tratos hostiles por parte de Morris, exclusión en la mayoría de la toma de decisiones importantes y cambios en la programación no concertados que llevaron a sus respectivas renuncias. Del mismo modo, Morris ha sido cuestionado en años anteriores por presuntos señalamientos de acoso. Su exsecretaria cuando fue concejal de Bogotá, Carolina Valencia, denunció presunto acoso laboral y comentarios sexuales inapropiados. Contó que su relación laboral incluía tareas personales ajenas a su cargo y que su salud mental se deterioró tras trabajar con él. Valencia indicó también que Morris hacía comentarios sexuales ofensivos, refiriéndose a las características físicas de otra empleada y creando un ambiente incómodo y humillante para ella y otras mujeres. Por otro lado, la periodista María Antonia García relató un incidente en 2011 en el que presuntamente Morris la agredió físicamente durante una reunión en España, intentando besarla a la fuerza. Junto a ellos se suma el caso del hoy ministro de las TICs, Mauricio Lizcano , quien es acusado de haber acosado presuntamente a una mujer de 21 años  durante una entrevista laboral para la Unidad de Trabajo Legislativo en 2016, cuando era senador. Durante la entrevista, Lizcano le ofreció un whisky a la mujer, al que ella se negó. Luego, la conversación pasó a comentarios personales que la hicieron sentir incómoda. La mujer relató que luego Lizcano intentó besarla y la sujetó en un forcejeo, expresándole que "si quiere el trabajo, esta es la manera". Tras su negativa, él le sugirió que se retirara si no estaba interesada en el puesto. El ministro salió posteriormente en medios a negar los hechos, acusándolos de falsos. Por estos tampoco se ha abierto ninguna investigación. La disputa es por lo ético Fuente:   Jacobinlat.com Aunque disímiles y dispares en sus causas, ambas situaciones han terminado por horadar una de las premisas principales que el Pacto Histórico como bloque había sostenido en el tiempo, que era la defensa de una política con sentido ético. Tanto las acusaciones de clientelismo y conflictos de interés dentro de las denuncias contra Racero, como las acusaciones de violencias basadas en género contra funcionarios del gobierno sí ponen de manifiesto problemas frente a la transparencia y la responsabilidad política. De hecho, que en los casos de Racero, Cancino, Morris, Lizcano y Benedetti existan justificaciones, negaciones y posturas a la defensiva sí demarca un patrón en el que no existen intentos serios por reconocer la posibilidad de haber cometido conductas cuestionables frente a sus subalternos y sus electores, y si los hay, están mediados por sesgos y por culpas repartidas. El problema con las denuncias de acoso dentro del mismo bloque de gobierno es que terminan por manchar un proyecto político que ha planteado la necesidad de realizar un cambio en las lógicas políticas de antaño, que, entre otras cosas, ha llevado al silencio y al miedo a denunciar estos hechos . Tanto algunas de estas prácticas clientelares denunciadas, junto con las presuntas acusaciones de acoso y VBG están erosionando en cierto grado la legitimidad del Pacto Histórico y disminuyendo su fuerza como movimiento hegemónico, ya que desde varios sectores de la sociedad y la opinión pública han comenzado a cuestionar su papel como agente de transformación y sus fundamentos éticos internos. Lo anterior parece reflejar una crisis moral en los principales liderazgos del gobierno, lo que se convierte en una señal de crisis hegemónica: en este caso, el grupo que ocupa el poder en el Estado —el Pacto Histórico— está en riesgo de perder su autoridad ética y moral frente a sus bases sociales y políticas, debilitando su capacidad para guiar el proyecto de cambio que promueve. Lo otro que parece estar emergiendo dentro de las tendencias coyunturales, es la potencial absorción de algunas de las prácticas de la política tradicional colombiana dentro del bloque de gobierno, que adolece ahora mismo de la falta de mecanismos de autocrítica o contrapesos internos que cuestionen y exijan a sus propios liderazgos frente a sus acciones, y ha llevado a la ausencia de canales para los reclamos desde las mismas bases, como lo hemos narrado en esta  historia. Las víctimas de acoso, por ejemplo, han quedado como figuras subalternas sin voz, y los esfuerzos de movimientos feministas y colectivos por denunciar se han encontrado con barreras en un Estado que responde con defensas o evasivas por parte de sus líderes, u omitiendo estos casos dentro de su gestión. No por nada el gobierno de Gustavo Petro no ha retirado a Armando Benedetti, ni a Hollman Morris de sus cargos, haciendo que su silencio frente a las denuncias termine por alimentar teorías conspirativas en las que buscan atacar al proyecto del cambio con estas denuncias, como lo señaló Morris en este clip , desde Señal Colombia.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Infobae En octubre del 2023 el nombramiento de Gareth Sella, realizador visual que fue herido durante el estallido social del 2021 y que, por eso mismo, perdió la visión completamente de uno de sus ojos, como viceministro de la juventud, dentro del ministerio de la igualdad, como un reconocimiento al papel que cumplieron los jóvenes dentro de las movilizaciones que cambiaron el país. Desde que llegó el joven cineasta trajo fuertes críticas por su presunta participación en la Primera Línea. No le veían tener los requisitos necesarios para una responsabildad de este tipo.Sin embargo su responsabilidad fue el de liderar el programa Jóvenes en acción, que se encargaba de dar un millón de pesos a muchachos que, por su entorno, su falta de oportunidades, estaban a punto de entrar a la delincuencia. Obviamente ´más de uno se rasgó las vestiduras porque se refirieron a este programa como una “alcahuetería” por parte de Petro para los que son incapaces de ver el problema real: el origen de la delincuencia en una sociedad desigual es falta de oportunidades. A pesar de la falta de ejecución que ha caracterizado este ministerio y por el que ha sido noticia, este es uno de los programas que más había avanzado en el gobierno.    Según el diario El Espectador una de las razones de su renuncia fue que el joven entró en choque directo con Francia Márquez. Es probable que Sella sea reubicado en otro ministerio del gobierno Petro. En todo caso la salida de Gareth es otro clavo que se le pega al ataúd del ministerio de igualdad, el gran sueño de Francia Márquez que naufraga.   En la Toma, Cauca, nacer era estar condenado al olvido. También a la muerte lenta. La muerte por envenenamiento. “En territorios como el mío, la gente no tiene agua potable, tiene que esperar a que llueva para tomar agua o tiene que ir hasta el río” Le dijo Francia Márquez en el 2018 a la BBC. Las mineras desviaban el agua, se apropiaban de ella, ninguneaban a una población que está asentada en este territorio desde 1619. Y también la envenenaban. El mercurio flotaba y arrasaba con la vida de estos ríos. La misma fiebre del oro con la que llegaron los españoles hace más de quinientos años, encendía los ánimos de los blancos que lo querían todo.   Francia aprendió de sus mayoras a defender a su pueblo. A los 15 años su voz aparece por primera vez en un medio de comunicación. Estaba en pie de lucha, junto a ancianos y niños para evitar que una represa les quitara el río Ovejas. Y lo logró.  Francia fue el típico caso de David contra. Se enfrentó no sólo a los temibles grupos armados que sacaban el oro de su territorio de manera ilegal sino que, también, fue el palo en la rueda contra las grandes empresas mineras. La minería tan sólo fue suspendida en su territorio, no cancelada.   Se ganó incluso la peligrosa estigmatización del entonces presidente  Álvaro Uribe cuando, en el 2009, se refirió a su comunidad en estos términos: "perturbadora de mala fe". Pasaron de ser en la Toma dueño y protectores de un territorio ancestral a criminales. Desde ese momento ha sido perseguida, calumniada, ridiculizada. Francia es el mejor ejemplo de que en este país no todos somos iguales. Francia es una nadie. Es la hija de una partera, estudió en el SENA, la puerta de la vida sólo se le abrió un poquito y por esa rendija se metió. El costo fue alto. El costo fue andar con un esquema de escoltas porque la querían matar. Las negras no hablan.   La fiebre que produjo mundialmente la figura de Francia Márquez la ascendió al primer nivel de la política colombiana. Francia encarnaba un viejo sueño, el de salvar la brecha entre ricos y pobres que siempre ha caracterizado a este país. Por eso, una de sus iniciativas, desde que se vinculó a la campaña del Pacto Histórico y aceptó ser vicepresidente, fue crear el Ministerio de la Igualdad. Este sueño se ha roto en mil pedazos.   Francia se aguantó todo el palo que dieron por usar un helicóptero para protegerse de los mismos enemigos que ahora la consideran tres veces más peligrosa por su cargo, se aguantó racismo soterrado de una sociedad que la vio siempre con desconfianza. Jamás se pareció a los políticos que alguna vez votaron por orden de las élites. Su gran proyecto era el ministerio de la igualdad. Un ministerio que ayudara a que una niña nacida en un lugar como la Toma tuviera las mismas posibilidades que una niña de Rosales en Bogotá.   El año de Francia no ha sido fácil. El martes 7 de mayo fue llamada a declarar ante la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso para dar cuentas de cómo iban los avances del Ministerio de la Igualdad debido a que su ejecución presupuestal apenas estaba en un 1%. La explicación de Francia, por supuesto, le trajo problemas: “Si hoy no estamos ejecutando no es porque no podamos, sino porque hemos creado una institución desde cero. Esta no es una tarea fácil. En 100 años aquí no se había creado un Ministerio como el que estamos creando nosotros. Hacían 100 años, desde el siglo pasado, y nosotros llegamos aquí con esta tarea”.   A Francia no le dieron tiempo para ir constituyendo su ministerio, ir creando los trámites de la creación de su cartera. El golpe más duro estaría por venir. La Corte Constitucional tumbó, por vicios de trámite, la creación del Ministerio de Igualdad y equidad. El Ministerio seguirá vigente hasta el 20 de junio de 2026, término en el cual se deberá tramitar ante el Congreso una ley que subsane o corrija los vicios de trámite detectados por el alto tribunal.   Para Alejandro Alvarado, coordinador de la línea de Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación esto, más que una jugada política contra la presidenta, deja en evidencia la escasa capacidad técnica que han tenido los equipos de trabajo de este gobierno “Es que acá se cayeron los decretos de emergencia para ayudar a la Guajira por cuenta de errores de arquitectura jurídica, pero también decae el legado de Francia Márquez, porque una vez terminado su mandato se acaba el ministerio. Todo el esfuerzo económico de crear una planta de personal, de ordenar administrativamente se perderá, también pierde la población objetivo que iba a ayudar este ministerio. Es una muestra más de la falta que hace tener funcionarios que tengan estas experiencias de gobierno para que en el futuro no se vuelvan a cometer este tipo de errores”.   De comprobarse que Sella será reubicado de ministerio después de una confrontación con Francia Márquez quedaría claro que la relación entre la vicepresidente y su jefe directo, Gustavo Petro, no está pasando por su mejor momento.

Por: Redacción Pares En esta página analizamos hace poco los efectos devastadores que han tenido la palma africana para el suelo en lugares de Colombia como el Bajo Atrato. En el Catatumbo también la situación ha cambiado dede que los parmailitares en su incursión de principios del siglo XXI imponiendo el monocultivo de esta palma. En algunos sectores del país, como en el Urabá, frutos como el níspero no se volvieron a dar por culpa directamente de los nutrientes que debe chupar esta planta. Pero no es la única.   Es obvio que en Colombia plantíos como la coca, no por lo que trae esta planta, que para los Incas, por ejemplo, eran sagrados, traen efectos contrarios para el suelo pero sólo por las maneras como se han decidido erradicarlos, incluyendo el glifosato, que trae enfermedades no sólo a la tierra sino al mismo cuerpo humano. La FAO ha señalado que uno de nuestros grandes problemas es la mala utilización del suelo agrícola.   Hace 10 mil años ocurrió una gran revolución en el mundo y este fue la agricultura. Pasamos de ser cazadores, recolectores para asentarnos en un sólo lugar. Pasamos de ser libres a amarrarnos a un sólo lugar. Esto traería el surgimiento de las ciudades pero, también, trajo sus efectos devastadores. Si antes se cazaba en manadas y se tenía asegurada la comida, ahora se dependía de los caprichos del suelo. La agricultura ayudó a forjar la civilización. Pero la mala utilización del suelo está trayendo devastación y esto aumentará si no se extreman medidas, así lo recuerda la FAO en un documento llamado el Estado Mundial del Recurso del Suelo. La información está en la página Zoberbac Agrocompany.   Por eso es bueno recordar, ahora, en tiempos de Cop 16, las malas utilizaciones del suelo que los agricultores no deben olvidar:   1. La salinización: No podemos cambiar el medio ambiente contaminando el suelo con sal. 2. Desequilibrio en nutrientes: La mala utilización de los nutrientes en el suelo puede generar esterilidad 3. Alta cantidad de alcalinos 4. Contaminación. No nos referimos precisamente a plástico o algún descuido ambiental, sino que muchos de los medios por los que el suelo se puede nutrir vienen con productos químicos que los puede devastar. 5. Perdida de carbono orgánico: Hay que recordar que el carbono orgánico surge de la descomposición de organismos vivos. Cualquier desequilibrio ambiental termina con este proceso y termina cortándose el ciclo de manera abrupta 6. La pérdida de la Biodiversidad: Esto es tan obvio y tan preocupante que se han creado espacios como la Cop 16 para hablar y asumir compromisos sobre este tema 7. El anegamiento 8. Compactación 9. Erosión. Esto es lo que queda, por ejemplo, después de utilización de cultivos como la palma africana, la mala utilización del agua y obviamente el glifosato. 10. El Sellamiento.   Una de las películas más famosas de lo que va del siglo, Interestellar, es precisamente sobre esta tragedia: el suelo se pone tan árido que todos los cultivos empiezan a morir. La arena le gana al verde y la humanidad comienza a morir. En tiempos de Cop 16 es importantísimo tener en cuenta que una mala utilización del sueño puede traer la devastación.

Por: Laura Bonilla Cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló en una enigmática alocución sobre la sospechosa compra de un software espía durante el gobierno de Iván Duque, parecía que estuviera hablando en clave. Leía frases que la opinión pública no lograba descifrar. En ese momento, el país atravesaba un paro camionero. El primer diagnóstico fue que el gobierno usaba una cortina de humo para distraer la atención de la coyuntura nacional. Se llegó a pensar incluso que Pegasus, el programa en cuestión, no existía. Sin embargo, con el paso del tiempo y gracias a la persistencia de equipos periodísticos de la Revista Raya , se confirmó que no solo existía, sino que había costado once millones de dólares, pagados en efectivo y en circunstancias poco transparentes a la empresa israelí NSO. Este dinero fue transportado en vuelos sospechosos, y la empresa, experta en la producción de malware y ciberespionaje, efectivamente había vendido el software al gobierno colombiano. Hasta ahí, parecía otro escándalo más de malversación y/o despilfarro, uno entre tantos. Pero Pegasus es mucho más que eso. Antes de que el escándalo estallara en Colombia, Amnistía Internacional, una de las ONG más grandes del mundo en la protección de los derechos humanos, ya había denunciado las prácticas de NSO Group. Tras años de investigaciones minuciosas por equipos especializados en seguridad informática, habían logrado desentramar solo una pequeña parte de la opacidad que rodea tanto a NSO como a su software, que en esencia parece más un malware que otra cosa. En esta investigación participaron 80 periodistas de 10 países, y para entonces ya era evidente que este sistema de vigilancia ilegal se había usado con mayor frecuencia para vulnerar los derechos humanos, la libertad y la democracia, que para combatir amenazas legítimas a la seguridad estatal. El 11 de marzo de 2022, el Parlamento Europeo creó una comisión para estudiar los abusos de Pegasus. Incluso antes de esto, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos —uno de los países aliados más cercanos a Israel en términos militares y políticos— había bloqueado a NSO Group debido a sus actividades cibernéticas maliciosas y sospechosas. Hoy en día, lamento decir que son muchas más las voces que afirman que Pegasus es ingobernable que las que sostienen que es un software seguro para un Estado democrático de derecho. Y a pesar de todo esto, Colombia decidió comprarlo. Aquí empiezan a surgir una serie de dudas, empezando por la desastrosa decisión de adquirir de forma oscura un software de alto riesgo. Un país con una seguridad cibernética precaria, que ni siquiera cuenta con una agencia de seguridad digital, decide comprar un malware prácticamente imposible de controlar. Surge entonces la siguiente, y para mí la más grave, pregunta que aún no ha sido respondida: ¿quién pagó por Pegasus? Es evidente que la Policía Nacional no cuenta con 11 millones de dólares en sus gastos reservados para una aventura de tal envergadura y riesgo. Los medios aseguran que es posible que el dinero haya provenido de fondos incautados al narcotráfico y que se pagó en efectivo, y NSO afirma que el dinero es lícito. Pero incluso si esto fuera cierto, ¿de verdad da para una compra en efectivo de tal magnitud?. La peor de las hipótesis, para mí, es que empresarios (y en Colombia solemos llamar “empresario” a cualquiera que tenga dinero) hayan financiado la compra de Pegasus. Empresarios con un interés peculiar, por decirlo de algún modo, en invertir en espionaje masivo y vigilancia ilegal. Porque, en realidad, los mayores problemas que enfrentan las autoridades en los temas de interés del empresariado, como la extorsión, tienen menos que ver con saber quiénes extorsionan y dónde están los criminales, y más con la limitada capacidad de acción territorial de la Policía Nacional. Además, cabe preguntarse si la seguridad nacional importaba tan poco en el gobierno de Duque que se permitió que personas externas al gobierno “completaran” los gastos reservados sin ninguna trazabilidad. ¿A cambio de qué? Como si esto fuera poco, quedan más preguntas en el aire que inquietan a periodistas y analistas. ¿Se usó Pegasus? ¿Para qué? ¿Quién lo usó? ¿Cuáles fueron sus resultados? Y, sobre todo, ¿dónde está hoy Pegasus? Si es tan seguro como afirma NSO, ¿cómo es posible que en casi todos los países donde se ha utilizado haya quedado claro que, en lugar de combatir el terrorismo, ha sido empleado para vulnerar la democracia y los derechos humanos? Pero mi última pregunta, la que más me inquieta, es si Pegasus está en las manos equivocadas de intereses opacos. Si la legalidad y las instituciones no logran rastrearlo, ¿se imaginan lo que sucedería si estuviera en manos de la ilegalidad?. PD. Les invito a consultar la investigación de Amnistía Internacional sobre el proyecto Pegasus en el siguiente link: The Pegasus Project - Amnesty International Security Lab

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La realidad y percepción sobre el habitante de calle ha cambiado mucho en la historia de la humanidad. Pasó de ser un ciudadano, en igualdad de condiciones al resto de la sociedad en la antigua Grecia, a ser considerado hoy como un bicho raro, un miembro disfuncional, al que casi nadie quiere y al que las autoridades buscan para invisibilizar o desplazar a otros territorios.   Este contraste es evidente al revisar la vida de Diógenes “el Perro”, quien vivió a mediados del siglo tercero antes de nuestra era en varias ciudades-Estado griegas —como Sinope, Corinto y Atenas—. Como nos lo recuerda su biógrafo homónimo Diógenes Laercio, en el texto “Vidas de filósofos ilustres”, este fue un hombre sin hogar, o en la terminología actual, un habitante permanente en situación de calle.   Diógenes fue un personaje odiado por los reyes y miembros de la clase alta, debido a su extravagancia, mordaz crítica y gestos escandalosos; pero también una persona bastante admirada y respetada por los habitantes de las polis . Quienes lo adulaban lo hacían basados en la determinación que tuvo este ciudadano griego para rechazar todo tipo de bienes materiales y placeres sensuales; y asumir, desde su posición de pobreza, una férrea defensa de la vida en libertad.   Nuestro personaje a pesar de ser hijo de un banquero, decidió, luego del destierro al que fue sometido, tener una vida sencilla y rodeada de pocas posesiones. Vivió en un incómodo barril —idea en la que se inspiró el humorista mexicano Roberto Gómez Bolaños para construir el icónico personaje del Chavo del Ocho—. Y fue buscado por filósofos y emperadores para compartir una buena conversación y debatir algunas de sus ideas.   Entre las múltiples historias que se tejen en torno a su figura se encuentra la visita que le hizo el emperador griego Alejandro Magno. Este quiso conocerlo personalmente y ofrecerle un regalo —el que pidiera— como forma de agradecerle por la tenacidad como actuaba y vivía. Propuesta a la cual Diógenes le respondió: “Por supuesto. No seré yo quien te impida demostrar tu afecto hacia mí. Querría pedirte que te apartes del sol. Que sus rayos me toquen es, ahora mismo, mi más grande deseo”.   Hoy, por el contrario, a nuestro nuevos Diógenes habitantes de calle los reyes de la ciudad o alcaldes municipales los visitan para censurarlos y esculcarlos. A los mandatarios locales se les ve en grandes caravanas —acompañados de escuadrones de policías, hombres armados del Ejército y malacarosos funcionarios públicos— afanados por encontrar entre sus sucios harapos: armas, drogas u objetos robados.   El objetivo con las requisas es hallar alguna prueba que permita a las autoridades tomarlos presos o ponerlos en volquetas para desterrarlos de la ciudad. No se les trata como personas, como ciudadanos dignos de recorrer la calle; en su lugar se les considera seres repugnantes, que, debido a sus pobres ropajes y falta de aseo, no merecen más que el desprecio y el cuestionamiento de la vida que llevan.   Hoy la mayoría de las personas ven a los nuevos Diógenes como ladrones o agresores en potencia. Seres desarraigados que en cualquier momento y lugar pueden atentar contra sus vidas con una simple piedra o amenazarlos con una aguja infectada. Personajes míticos con los que los padres aterrorizan a los chicos que no se comportan bien. Fantasmas a los que se les puede atropellar con vehículos en la calle sin muchos cuestionamientos o castigos.   Este es un imaginario macabro alrededor del habitante de calle. Uno que ayudó a construir, primero, la Iglesia Católica, que durante siglos los señaló de ser almas sospechosas, que posiblemente cometieron actos aterradores, y que  su conciencia los llevaba a abandonar sus hogares y vivir en la calle. Y luego, han sido estigmatizados por las autoridades locales, que los señalan de afectar la seguridad pública y afear el espacio común.   Se les cuestiona por el hecho de haber elegido una vida distinta. Algunos, con plena convicción y determinación. Basados en la libertad de pensamiento, en el poder que le da la Constitución para agenciar su opción de vida buena y en el arrojo de no ser esclavo de los nuevos dioses —como el mercado, la propiedad privada y la acumulación de capital—.   Personas que viven en improvisados cambuches porque no quieren ser esclavos del sistema económico, obligados a trabajar día y noche, para pagar un carísimo techo. Desean llevar su casa al hombro, en un costal donde guardan sus escasas pertenencias: una cobija para dormir, un plato de plástico para comer y dos o tres objetos a los que les ha cogido especial cariño. En breve, personas que se sienten felices siendo vagabundos.   Otros, por el contrario, son ciudadanos que eligen la calle porque no tienen más opción. Son los desterrados de hogares disfuncionales, abusados y violentados por sus propios familiares. Personas con graves deterioros de salud mental, que luego de la pandemia han visto cómo su mundo se les oscurece aún más. O simplemente, adictos consumidores de drogas, que están atrapados en la dimensión desconocida de las sustancias psicoactivas.   La mayoría de ellos son jóvenes entre 15 y 17 años, aunque los hay más jóvenes. También, extranjeros nómadas, expulsados de sus patrias y condenados al destierro. Los hay adictos a las drogas, que luchan sin éxito cada noche para decirle no a las bandas criminales dedicadas al microtráfico. Y finalmente, personas excluidas y marginadas por la sociedad, muchas de ellas víctimas desplazadas por la violencia, que no cuentan con oportunidades laborales.   En este escenario, lo más seguro es que si se topan con un habitante en situación de calle, no encontrarán a un Diógenes con el cual entablar una interesante discusión. Pero si hallarán a seres humanos que tienen deseos de vivir en libertad, que se levantan todos los días con ganas de seguir adelante y agradecidos con la vida por tener un mísero plato de comida o un pan en sus sucias manos.   Personas que a pesar de sus problemas de salud mental, son conscientes, por lo general, de que habitan una ciudad y que tienen normas sociales que respetar. Habitantes que muchas veces se ven obligados a actuar de forma indebida presionados por una banda delincuencial que le ofrece, a cambio de su mala acción, una papeleta de basuco o un frasco de pegante.   De allí que la propuesta como ciudadanía es defender los derechos de las personas que habitan la calle. A que se le respete su deseo de querer ser un “ciudadano del mundo”, como se percibía Diógenes. Una persona que, bien puede decidir entre buscar el desarrollo de su vida en el espacio público o bien reincorporarse a vivir en hogares formalizados. En todo caso habrá que luchar para que, en la casa o en la calle, se le ofrezcan oportunidades y condiciones para hacer efectivo sus derechos.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Isabela Puyana "La energía debería beneficiar, no solo nuestras necesidades, sino también potencializar nuestro conocimiento. Que la palabra justa sea cierta: no se trata de que por fin tengamos acceso a la energīa, sino también que sea justa con nuestro entorno”, estas fueron las palabras de Dugunawin Torres, un líder ambientalista de la comunidad indigena Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta que ha dedicado su vida a llevar procesos de apertura de escenarios económicos y culturales para la Sierra sin afectar su ecosistema. Este joven, fue uno de los invitados a la charla Transición Energética Justa y Sostenible: Una mirada desde los saberes indígenas, organizada por Pares en el marco de la COP16 y presentada en la Universidad Ecci. La charla, a la que también asistieron los panelistas Zairybeth Elena Velázquez, lideresa de la comunidad Tekia-Wayuu, Claudio Rosas de la organización Paralelo 7, experto en relaciones comunitarias y comunidades indígenas de Chile y que fue guiado por Nashry Zaghui Ibn Mucktafafi, coordinador de la Línea Gobernanza para la Transición energética y la Paz de Pares permitió  entender la necesidad de encontrar el equilibrio entre la naturaleza y la sociedad, desde la cosmovisión y saberes de las comunidades indígenas del Caribe colombiano. Uno de los temas mencionados por Nahsry Zaghui al iniciar el evento fue que este es el tipo de conversaciones que comienzan a darse entre lo institucional y lo comunitario, por ello se vuelve imperativo que estos procesos se den de la mano con las comunidades para no dejar de lado sus saberes, conocimientos y aportes a la Transición desde sus cosmovisiones y apropiaciones del entorno.  Asimismo, Claudio Rosas, quien representa la Fundación Paralelo 7 de Chile, expertos en diálogo y negociación con comunidades indígenas de este país comentó: “Es fundamental el diálogo temprano y el respeto de la cosmovisión: cada pueblo tiene una visión distinta sobre el medio ambiente, la familia y su entorno. Hay que escuchar todo lo que sea necesario para eventualmente tener acuerdos".  A través de esta charla entre múltiples voces y actores involucrados en la transición energética se buscó analizar la relación que existe entre el acceso a la energía y el cuidado del medio ambiente desde las cosmovisiones de las comunidades indígenas, así como la llegadas de nuevas tecnologías a espacios nunca antes conectados.  “Lo que suele suceder es que para nosotros, desde nuestra visión occidental, el desarrollo necesario para el pueblo originario puede que sea uno, sin embargo para ellos puede que signifique un abuso a sus tradiciones socioculturales, a sus tierras y esa es una dinámica que desde la humildad debemos hacer el esfuerzo de entender”. Agregó Rosas Zairibeth Velázquez sumó reflexiones desde lo que hoy ocurre con comunidades wayuu y el modo en que han iniciado una negociación hacia el acceso de la energía: "Las plantas y los animales son nuestros hermanos y los seres supremos son el sol, la lluvia y el mar. Para aterrizar los proyectos energéticos se deben estructurar desde el territorio y los pueblos originarios, para que haya un equilibrio”.   Para Nashry Zaghui Ibn Mucktafaf, coordinador de la Línea Gobernanza para la Transición energética y la Paz de Pares, “Es necesario construir a partir del diálogo una idea de relación equilibrada entre la Transición Energética y el medio ambiente. A partir de este tipo de diálogos plurales será la única manera de lograr ese llamado de justicia del que habla el gobierno, pero al tiempo que mencionan las comunidades en este proceso de conexión y vida”. Desde Pares se hizo énfasis en que es ideal abordar, desde los saberes indígenas, la Transición Energética Justa en los territorios, así como conocer, desde las voces de las comunidades, cuáles son los aspectos necesarios para que la Transición pueda darse de manera justa y sostenible en cada uno de sus territorios. Al final de este panel se hizo una invitación a la  primera Cumbre de transición energética que ocurrirá en Santa Marta del 7 al 9 de noviembre: Transiciones para la vida , en la que las comunidades estarán en el centro de la discusión, organizada por Pares, en Ministerio de Minas y Energía, El Centro de Pensamiento para la Transición Energética, CERFER, La universidad del Magdalena, entre otros. Para más información de esta cumbre plural y comprometida con las comunidades, siguenos en las redes sociales y en el portal de PARES

Por: Redacción Pares Si la corrupción es lo que más le preocupa a los colombianos las 32 contralorías departamentales debería ser la herramienta para combatir este mal. Sin embargo su poder para controlar los dineros públicos es difuso. Por eso, desde diferentes orillas, se ha venido planteando la posibilidad de eliminarlas.  En 2023, un congresista del Centro Democrático radicó un proyecto de ley para eliminarlas [1] ; recientemente, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras insistió en esta iniciativa. Otros han propuesto reemplazarlas, como en agosto de 2022, cuando el entonces senador del Pacto Histórico, Roy Barreras, se refirió a suprimir la Contraloría General de la República y, en su lugar, crear un “Tribunal de Cuentas”.   Mientras tanto hay quienes quieren proteger este modelo. En 2021, el entonces contralor general, Carlos Felipe Córdoba, radicó un proyecto de ley que pretendía incrementar el porcentaje que los entes territoriales destinan a sus respectivas contralorías. Básicamente, lo que Córdoba proponía era que los recursos financiadores de las contralorías en cuestión se establecieran por un porcentaje específico de los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) de los departamentos, municipios o distritos [2] . De este modo, los organismos de control no tendrían que depender del monto que aprobaran las Asambleas o Concejos, tal como funciona actualmente.   Pero, tal y como se verá en el siguiente informe, todo es complicado con las contralorías, hasta la misma escogencia de un contralor puede ser foco de burocracia y corrupción. El mismo salario de los contralores departamentales está lejos de cualquier lógicas. Algunos ganan más otros menos. A continuación mostraremos cuales son los contralores regionales que ganan más: Para el año 2024, aquellas Contralorías con salarios mensuales de contralores más altos corresponden a departamentos con categoría Especial: Cundinamarca ($23.836.104), Valle del Cauca ($23.836.104), y Antioquia ($23.492.144). Mientras tanto, los más bajos son: Boyacá ($10.098.309) y Guainía ($11.371.905); llama la atención el caso de Boyacá, pues se esperaría que los honorarios se asemejaran a otros de su propia categoría, es decir, 1, en lugar de encontrarse por debajo de departamentos en clasificación menor, como Caquetá ($16.709.550) o Putumayo ($16.709.548), pertenecientes a la categoría 4.   Tan solo en 2019 el Estado colombiano gastó más de $328.009.453 en salarios de contralores departamentales. En ese mismo año, las corporaciones en cuestión en su conjunto recuperaron aproximadamente $10.111.003.915 por procesos de responsabilidad fiscal. Es decir, que alrededor del 3,24% de lo recaudado durante dicha vigencia, fue el mismo monto asignado para cubrir los honorarios de los contralores. Está claro que este modelo no es viable.   Hay casos de ineficiencia tan grande que en quinquenios estudiados por Pares en el siguiente informe hay contralorias, como la de Guainía, que tuvo cero fallos de responsabilidad fiscal. La ineficiencia del modelo queda plasmado con estos números: el Estado ha gastado en contralorías departamentales $858.067.060.965. Sin embargo, en ese mismo periodo, el dinero recuperado por responsabilidad fiscal por los entes de control en cuestión, no supera los $53.635.908.535. Es decir, que el valor recuperado es igual al 6,25%  del monto destinado al presupuesto de las Contralorías departamentales.   Existen algunos casos de ineficiencia absoluta como la del Atlántico que tiene una nómina de 82 empleados y apenas pudo recuperar recursos por 135 millones de pesos mientras que en el Caquetá, con una planta de 20 empleados, recuperaron 1.495 millones de pesos.   Hay contralorías como la de Antioquia y Cundinamarca que cuentan con plantas en donde hay más de 200 empleados. Son fortines burocráticos.  el balance general de la gestión de las contralorías departamentales deja en evidencia las disparidades en términos de eficiencia, presupuesto y planta de personal. Entre 2019 y 2023, se adelantaron 12.469 procesos de responsabilidad fiscal en las contralorías departamentales que suministraron información, pero solo se emitieron 1.253 fallos, es decir, un porcentaje muy bajo de fallos respecto a los procesos iniciados (apenas el 10%).   En el presente informe veremos como los políticos han cooptado contralorías como la de Caldas, a manos de ex senadores como Omar Yepes y Luis Emilio Sierra. El informe identifica a los cinco contratistas que más se beneficiaron con la contraloría de Caldas. El informe incluso va más allá y de una serie de indicaciones sobre cómo se podría dar un control fiscal descentralizado y eficiente.   [1]  EL NUEVO SIGLO. Vuelve y juega la propuesta para eliminar contralorías territoriales. En: El Nuevo Siglo. 16 de abril de 2023. Disponible en: https://www.elnuevosiglo.com.co/politica/vuelve-y-juega-la-propuesta-para-eliminar-contralorias-territoriales [2]  EL NUEVO SIGLO. Más recursos para contralorías regionales. En: El Nuevo Siglo. 17 de mayo de 2021. Disponible en:  https://www.elnuevosiglo.com.co/politica/mas-recursos-para-contralorias-regionales

Por: Redacción Pares Más de 19 mil personas han arribado a la ciudad de Cali para participar activamente en la Cop 16. La gran mayoría de medios en Colombia están acompañando la cumbre ambiental más importante del mundo. Este evento le está devolviendo el autoestima a Cali, una ciudad que estuvo golpeada por el estallido social. Las heridas se están cerrando a punta de Cop 16. Está claro que los compromisos son desmesurados teniendo en cuenta los plazos que se han dado: hacer una baja sensible a las emisiones de carbono para el 2030. A los gobiernos les ha quedado muy difícil respaldar sus buenas intenciones con presupuestos reales. Pero el punto es que Cali, desde el 21 de octubre, es el ombligo del mundo.   La Fundación Pares presentó con éxito dos eventos académicos apuntados a la protección de líderes ambientales y la necesidad de hacer una transición energética. La Fundación ha estado comprometida con las exigencias que se deben imponer en el mundo para conservarlo.  El respaldo a la Cop 16 ha sido total. Por eso su director, León Valencia, ha criticado desde sus redes sociales la postura editorial de la Revista Semana, su directora Vicky Dávila y su columnista estrella Luis Carlos Vélez, de darle con todo al gobierno incluso cuando lo más importante que está sucediendo es la Cop.   Sin embargo la portada de la revista en su último número fue una foto de Cayetana Alvarez, diputada de la derecha española que ha lanzado dardos de manera irresponsable y rozando el delito de la calumnia contra el gobierno colombiano. Además Luis Carlos Vélez tituló su columna Los beneficiados de la Cop  en donde habla de una supuesta mermelada que está repartiendo el gobierno para posicionar el evento a nivel nacional como primera noticia.   Por eso León Valencia advierte que ese nivel de odio hacia este gobierno podría devolverseles en contra a Luis Carlos Vélez, quien su ligereza le costó la salida de la FM en donde era director, y a Vicky Dávila quien, todo apunta, podría aspirar a la presidencia de la república. Este es el trino en donde nuestro director advierte el nivel de parcialidad y animadversión personal hacia el presidente por parte de estos periodistas:   “Vicky Dávila y la revista Semana están metidas de lleno en la contienda política, pero lo hacen, creo, de una manera que puede devolverse en su contra, hablando mal del país de Colombia por todos lados, cuando todo el país celebra la Cop 16, Semana le dedica su portada y su artículo central a Cayetana Alvarez una diputada de la derecha española que hace toda clase de afirmaciones temerarias sobre Colombia y América Latina, algunas de las cuales rayan con el código penal, con la de que el expresidente Zapatero es testaferro de Maduro y que funcionarios del gobierno de su país trafican con lingotes de oro en Venezuela. Para redondear, Luis Carlos Vélez, supurando por la herida, escribe una diatriba contra la Cop 16 con esta perla final: “Perdón por reventarles la bomba de la fiesta, pero no me callan ni con pauta, ni sacándome de mi lugar de trabajo”.