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Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista Aprovecho la polémica que señala al padre Francisco de Roux de encubrir un caso de pederastia cometido por el fallecido padre Darío Chavarriaga para darle un reconocimiento público al periodista Juan Pablo Barrientos, quien ha sido perseguido y hostigado precisamente por exponer aquello que la Iglesia prefiere ocultar.   La realidad es clara: la iglesia católica ha sido históricamente más diligente en proteger su imagen institucional en vez de preocuparse por la integridad de las víctimas.   Este comportamiento vergonzoso y profundamente violento por parte de la iglesia católica ha sido documentado meticulosamente por Barrientos, en varias notas periodísticas y especialmente en sus libros Dejad que los niños vengan a mí  (2019) y Este es el Cordero de Dios (2021),  los cuales son testimonios dolorosos de cómo el encubrimiento es una práctica sistemática al interior de la iglesia, y que, más allá del arrepentimiento que digan sentir algunos de sus representantes, su estructura facilita el silencio y la impunidad.   Pero la reflexión sobre los reconocimientos por parte de representantes de la iglesia debe ir más allá de los actos de arrepentimiento. La cuestión central es cómo al encubrir estos crímenes, se convierten en cómplices y promotores de la impunidad. Porque, aunque algunos admitan que pudieron hacer mucho más, esto no repara el daño ya hecho ni las consecuencias de la inacción de la iglesia en cientos de casos.   Las disculpas públicas y las promesas de no repetir los mismos errores no son suficientes si no se acompañan de acciones concretas de justicia. La única medida aceptable debe ser una política de CERO tolerancia hacia cualquier forma de abuso, junto con la entrega de todos los casos a la justicia civil. El encubrimiento es una decisión consciente de proteger a los agresores en una estructura que se refuerza con cada intento de resolver los abusos a puerta cerrada y con cada sacerdote que es trasladado de diócesis en lugar de enfrentar las consecuencias legales de sus crímenes.   El trabajo de Barrientos y las dificultades que ha enfrentado por su labor investigativa son una prueba de cómo la iglesia intenta controlar la verdad para evitar la rendición de cuentas. Pero es ahí cuando la resistencia de periodistas como Barrientos es esencial para recordar que el silencio no puede seguir siendo una opción.   De Roux y muchos otros, con todos sus reconocimientos, pudieron y debieron hacer mucho más. Y hoy, si realmente desean honrar su compromiso con las víctimas de abusos sexuales por parte de integrantes de su iglesia, deben sumarse a quienes exigen que los crímenes de la iglesia sean expuestos.   Una Iglesia que encubre es una Iglesia que promueve el abuso.

Por: Redacción Pares La ministra Susana Muhamad ha tenido una semana agitada. No sólo fue la funcionaria estrella de este gobierno durante la Cop 16 en Cali sino que le estalló el paro campesino y minero. ¿Por qué tenía ella que ver con este paro si esta problemática debería ser atendido por el ministro de minas, Andrés Camacho? La respuesta es simple, porque parte de la inconformidad que llevó a decisiones como cierres de vías importantes por parte de organizaciones campesinas y mineras era por las resoluciones que restringían el uso del suelo para sembrar -se prohibía hacerlo, por ejemplo, en páramos o reservas- y la regulación de la minería. Justamente el país, después de la Cop 16 y habiendo firmado compromisos para ayudar a frenar el cambio climático, necesita ponerle coto y extremar medidas para que se detenta la devastación ambiental.   La mesa de negociación arrancó el pasado martes. Fue un pulso largo. Cinco días y treinta horas de negociación, lideradas, en parte por Muhamad y por el minitro de minas Andrés Camacho, pudieron afirmar que había terminado el paro. Las actividades de protesta estaban afectando a los siguientes departamentos: Antioquia, Boyacá, Caldasy los santanderes. Uno de los logros de esta negociación lo dio Camacho en su cuenta de X: “Hemos logrado acuerdo en el Bajo Cauca, Antioquia, con lo cual se da por terminado el paro minero y  avanzamos en mecanismos de garantía para la formalización, la recuperación ecológica del territorio, el fomento de prácticas sostenibles y descarbonizadas , todo ello en el marco del Distrito Agrominero y Pesquero del Bajo Cauca”   Los 13 puntos claves del acuerdo fueron los siguientes:   ·       Se establecerán mesas de trabajo para discutir a fondo las demandas del sector minero. ·       Promover la formalización de la minería en las regiones. ·       Trabajar en la recuperación ambiental de las zonas afectadas por la minería. ·       Fomentar prácticas sostenibles y bajas en carbono en la minería. ·       Desarrollo del Distrito Agrominero y Pesquero del Bajo Cauca, promoviendo un modelo que garantice sostenibilidad y bienestar en la región.   El presidente Gustavo Petro también celebró estos acuerdos. Se necesitaba hacerlo porque el cierre de vías en lugares claves como Boyacá o el mismo Santander podría generar colapsos en transporte hasta el punto que se llegó a temer por desabastecimiento en varias ciudades claves. El presidente afirmó que uno de los compromisos de su gobierno, a pesar de estar del lado de la ecología, no le soltará la mano a las ayudas que recibirán los mineros artesanales. Las negociaciones contaron con el apoyo de la Procuraduría que sirvió de mediadores.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos En algunos supermercados del mundo, si tomas un aceite de palma, vas a encontrar la imágen de un orangután desplazado. Claro, la hipocresía es global: igual te van a vender el producto pero la industria que hace sus millones se lava las manos poniendo una advertencia. El problema es que ya la danza de los millones no podrá interrumpirse. Según la DW el aceite de palma representa el 40% de la demanda anual “de aceite vegetal usado en alimentos, pienso animal e incluso combustibles. Incluso los países que concentran la mayor cantidad de cultivos de palma africana, que son Borneo, Sumatra y Malasia, ya están haciendo lo posible por frenar la importación de esta materia prima. En Colombia todavía hay miembros del Centro Democrático que se sienten muy orgullosos por el legado que dejó Uribe: condenarnos al cultivo de la palma africana.   No sólo congresistas como Paloma Valencia sienten que existió una revolución agraria gracias al impulso que le dio Uribe a la Palma en sus ocho años de gobierno, sino que, el 1 agosto del 2010, cuando Uribe estaba a una semana de dejar su mandato eterno, Fedepalma le agradecía al entonces presidente el impulso que le había dado a este cultivo: en ocho años se pasó de 181.700 a 360.000 hectáreas.El crecimiento fue tan espectacular que en apenas ocho años Colombia se convirtió en el primero productor de aceite de palma africana en Latinoamérica.    Inflexible como los fanáticos, Uribe no escuchó las voces de los ecologístas y la sociedad civil que pregonaban la verdad: la Palma no sólo destruye el suelo y no dejará sembrar en él otros productos sino que las empresas que lo producen suelen desplazar, despojar, dejar sin nada a los pueblos nativos que tienen el territorio. Si existen cuatro lugares en donde se ha visto los efectos devastadores del cultivo de la palma africana son en Curvaradó, Jiguiamandó y el Bajo Atrato.   Precisamente este domingo 27 de octubre una investigación del diario El Espectador titulado La máquina criminal del Clan del Golfo amenaza uno de los pulmones del mundo. En él denuncia el accionar de esta organización que ha destruido 65.100 hectáreas de bosque en el Bajo Atrato, un tamaño que es dos veces Medellín. Las alertas deben estar encendidas porque hay varios factores que ponen en peligro este lugar de Colombia. Uno de ellos es el paso constante de personas por el tapón del Darién -520 mil personas pasaron por allí en el 2023- dejando a su paso una estela de desperdicios que afectan directamente las cuencas hídrigas, pero esto no es lo único. La devestación ecológica vino con los paramilitares. Fueron los paras de la Casa Castaño los que sacaron, en tiempos de Uribe, a los campesinos y acabaron con los cultivos de pancoger y bosques enteros para sembrar en ellos la Palma Africana, el símbolo del progreso en la época en la que Castaño y Mancuso mandaban. Está comprobado que los paras tenían nexos con estas empresas: Urapalma, Palmura S.A, Extractora de Bajirá y Palmas de Curvaradó.   Según la denuncia de El Espectador por culpa de la Palma Africana ya, en este lugar del país, no nacen alimentos como el níspero. Ya no hay incluso las plantas que los antiguos habitantes del Darién y Urabá usaron desde hace siglos para curar sus cuerpos. Los ríos se secan. La Palma Africana es sólo otro ingrediente de la contaminación.   Y Uribe y sus huestes siguen recordando con orgullo los tiempos en los que, en plenos consejos comunales, lanzaba estas frases: “Hay que sembrar palma africana a toda hora, que no se nos quede un día sin sembrar palma africana”. Esto lo dijo en Cimitarra, Santander, el 10 de agosto del 2004. Se condenó además a los campesinos a sólo sembrar palma. Era un mandato, sólo había presupuesto para este cultivo.   Según Mongabay “l a apuesta por la palma de aceite le quitó terreno a cultivos nativos. Una grave enfermedad atacó también al tradicional chontaduro. Los químicos usados habrían afectado a los polinizadores de plátano, banano y otras plantas”. Además hay que recordar que los palmeros que decidieron meterle la ficha tenían antecedentes de asociaciones con el paramilitarismo. La COP 16 en Cali trajo de vuelta esta preocupación, uno de los males que persisten y que nos dejaron los 8 años de uribismo: la devastacipon de lugares como el Bajo Atrato, el Catatumbo, por culpa de la fiebre por sembrar palma africana.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad El sistema de control fiscal en Colombia supervisa la administración de recursos públicos y, aunque no es una de las tres ramas del poder público, contribuye al equilibrio de poderes. Tras el Acto Legislativo 4 de 2019, la Contraloría recibió el mandato de ejercer un control concomitante y preventivo, permitiéndole intervenir en casos de riesgo sobre los recursos públicos. Este sistema consta de dos niveles: el primero incluye 67 contralorías (32 departamentales, 30 municipales, 4 distritales y la Contraloría General de la República, el órgano superior), mientras que el segundo, representado por la Auditoría General de la República, supervisa a estas entidades. Según la Constitución, la vigilancia de recursos municipales o departamentales corresponde a las contralorías locales, aunque la Contraloría General también tiene intervención en proyectos de financiamiento diverso. Desde el ámbito político, persiste el debate sobre la eficacia y relevancia de las contralorías territoriales; en 2023, un congresista del Centro Democrático presentó un proyecto para su eliminación, y figuras como Germán Vargas Lleras y Roy Barreras han propuesto modificaciones radicales, como crear un Tribunal de Cuentas. A su vez, congresistas como Christian Avendaño y Jennifer Pedraza buscan reformar el mecanismo de elección del contralor general para reducir su politización. En defensa de las contralorías territoriales, el excontralor general, Carlos Felipe Córdoba, promovió en 2021 una ley para incrementar los recursos que reciben de los ingresos corrientes de libre destinación, eliminando su dependencia de la aprobación de las Asambleas o Concejos locales, ya que, actualmente, los fondos provienen de una sección del presupuesto territorial y dependen de la aprobación y decisiones de las autoridades locales. Desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) publicaremos próximamente un informe sobre el estado actual de las contralorías territoriales en el país, poniendo énfasis como caso de estudio a la Contraloría Departamental de Caldas. Estos son los pormenores de ese informe. Así funciona el control fiscal en Colombia: un análisis de las Contralorías territoriales Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica. La descentralización del control fiscal en Colombia promovió la apertura de 32 sedes de contralorías departamentales, incrementando así el personal y los gastos operativos. Nuestro análisis desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) reveló diferencias significativas en los salarios de los contralores, con sueldos mensuales que varían ampliamente entre departamentos de diferentes categorías, por ejemplo, Cundinamarca y Valle del Cauca en categoría Especial ($23.836.104), mientras Boyacá, en categoría 1, percibe solo $10.098.309. El Decreto 0293 de 2024 limita el salario de contralores a un 100% del salario de gobernadores o alcaldes, y establece que las Asambleas departamentales son responsables de los aumentos. En los últimos cinco años, los honorarios de los contralores han aumentado significativamente, destacando en departamentos como Norte de Santander (53%) y Vaupés (53%). En 2019, los salarios de los contralores sumaron más de $328.009.453, mientras que las recuperaciones por procesos fiscales alcanzaron solo $10.111.003.915, lo cual representa aproximadamente el 3.24% del presupuesto destinado a cubrir estos salarios. Este sistema, producto de la descentralización del control fiscal, implica gastos significativos en personal y funcionamiento, y según el decreto, establece que el salario mensual de contralores y personeros municipales y distritales no puede superar el 100% del salario mensual del gobernador o alcalde correspondiente. La Ley 160 del 2000 establece que los procesos de responsabilidad fiscal permiten a las Contralorías sancionar daños al patrimonio del Estado por acciones dolosas o culposas, con consecuencias como resarcimiento de daños y prohibiciones para el servicio público. Entre 2019 y 2023, Antioquia y Boyacá lideraron en cantidad de procesos de responsabilidad fiscal con 1.995 y 1.684, respectivamente, mientras que San Andrés (62), Guainía (58) y La Guajira (39) tuvieron los menores números. Sin embargo, solo el 10% de los 12.469 procesos generaron fallos, con Antioquia y Santander emitiendo la mayoría (399 y 141 fallos). Durante este periodo, las Contralorías ejecutaron un presupuesto de $858.067.060.965, mientras que solo recuperaron $53.635.908.535, equivalente al 6.25% de la inversión. La baja eficiencia se atribuye a la lentitud de los procesos y recursos insuficientes, evidenciado en casos como Caquetá, que con solo 20 funcionarios recuperó más de $1.495.000.000, en contraste con Atlántico, que recuperó $135.000.000 con 82 empleados. El año 2020 registró la menor cantidad de fallos, posiblemente debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19. El control fiscal en Colombia implica un amplio presupuesto para el mantenimiento de personal en las Contralorías departamentales, donde Antioquia y Cundinamarca cuentan con 311 y 202 funcionarios, en comparación con Guainía y Vaupés que tienen solo 7 y 6 empleados, respectivamente. En los últimos cinco años, no ha habido aumentos significativos de personal, salvo en Huila y Vaupés, que incrementaron en 8 y 7 empleados, mientras Quindío y San Andrés redujeron su personal en 28 y 7. Actualmente, las Contralorías departamentales emplean a 1.576 funcionarios, con más del 70% en planta. Aunque se realizaron 12.469 procesos de responsabilidad fiscal entre 2019 y 2023, solo se emitieron 1.253 fallos, representando apenas el 10% de los casos. A pesar del presupuesto de más de $858 mil millones de pesos, el dinero recuperado no es proporcional a la inversión. Además, una alta planta de personal y presupuesto, como en Atlántico y Cundinamarca, no siempre se traduce en eficiencia en la emisión de fallos de responsabilidad fiscal. Así ha incidido la política caldense en el control de la Contraloría departamental Jorge Andrés Gómez Escudero como secretario de Gobierno departamental en la posesión del gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez (2024-2027). Fuente: Facebook Henry Gutiérrez En la última década, la política en Caldas ha estado marcada por el protagonismo de figuras como los exsenadores conservadores Omar Yepes y Luis Emilio Sierra, quienes lideraron los movimientos de "Yepismo" y "Sierrismo", respectivamente. Yepes, abogado destacado y líder del Directorio Nacional Conservador, vio su influencia decaer después de 2015, mientras que Sierra, tras su última elección en 2014-2018, también disminuyó su relevancia, reflejada en el bajo apoyo de su candidato a la alcaldía de Manizales en 2023. Paralelamente, Mauricio Lizcano, actual ministro de MinTIC, emergió en el panorama político, mostrando una capacidad de negociación que le permitió aliarse con figuras como Álvaro Uribe y, más tarde, apoyar a Gustavo Petro. Lizcano consolidó su independencia en 2023 con la creación de "Gente en Movimiento", tras desligarse de partidos tradicionales como La U y la Alianza Verde, en la que tenía relación con el senador Guido Echeverry. Además, fue nombrado director del DAPRE y, posteriormente, ministro de las TIC, pese a controversias pasadas por presuntos vínculos con paramilitarismo y denuncias de acoso. En Caldas, la elección del contralor departamental es responsabilidad de la Asamblea, donde, pese a la variedad de fuerzas políticas, el apoyo mayoritario hacia un mismo candidato ha evidenciado presuntos acuerdos políticos entre diputados. Para el periodo 2012-2015, el contralor elegido fue Jorge Eber Wheeler Arcila, abogado y contador público, quien recibió 13 de los 14 votos de diputados de La U, Sierrismo, liberales, Cambio Radical y Yepismo. En 2016, el contralor fue Juan Carlos Pérez Vásquez, con el respaldo de todos los diputados; Pérez es relevante porque ha tenido una larga trayectoria en el Partido Conservador. Durante 2020-2021, Jorge Andrés Gómez Escudero fue elegido tras un proceso complicado por la pandemia y tutelas; Gómez Escudero, abogado y cercano a La U y Mauricio Lizcano, fue candidato a la Alcaldía de Anserma en 2023 por Gente en Movimiento. Además, desempeñó roles en administraciones anteriores, incluyendo como subcontralor bajo Pérez Vásquez, y actualmente ejerce como secretario de Gobierno, designado por Henry Gutiérrez Ángel con el respaldo de La U y Gente en Movimiento. El proceso de elección del contralor de Caldas para el periodo 2022-2025, iniciado el 6 de septiembre de 2021, se prolongó más de 900 días debido a 57 recursos que dificultaron su desarrollo, con Diego Alejandro Tapasco López como contralor encargado durante ese tiempo. Tapasco, abogado especializado en derecho administrativo, militó en el Partido Liberal y fue candidato a la Alcaldía de Palestina por el ASI en 2019. Para la elección definitiva, en mayo de 2022, los ternados Luis Fernando Márquez Álzate, Rubén Darío Nieto y Juan Carlos Pérez Vásquez, este último con el menor puntaje, se sometieron a entrevistas y Pérez Vásquez fue elegido con 12 de los 13 votos. El proceso generó controversias sobre la responsabilidad de la Asamblea de Caldas en la ponderación de los criterios, originalmente a cargo de la Universidad del Atlántico. Con la llegada de Pérez Vásquez, Andrés Felipe Tabares Álvarez dejó la Dirección Técnica, siendo reemplazado por Francisco Javier Zuluaga Álzate, exsecretario de Hacienda de La Dorada en la administración de César Arturo Álzate, respaldado por AICO y simpatizantes de otros partidos. Además, María Doralba Ríos Largo fue nombrada subcontralora; Ríos Largo, anteriormente secretaria de Hacienda en Supía, estuvo en la administración de Marco Antonio Londoño Zuluaga, apoyado por una coalición de Centro Democrático y el Partido Liberal. La influencia de figuras políticas como el ministro de las TIC Mauricio Lizcano, apoyado por Diego Tabares Prieto, y de la línea conservadora del Yepismo, también es notable en estos movimientos y relaciones dentro de la Contraloría y otros cargos locales. Así ha sido la gestión de la Contraloría de Caldas en los últimos 4 años Fuente: Corporación Cívica de Caldas a partir de información suministrada por las Contraloría de Caldas mediante derecho de petición. La Contraloría de Caldas, que ejerce control fiscal en el departamento bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía, reportó entre 2020 y 2023 un total de 162 hallazgos fiscales derivados de auditorías en alcaldías, hospitales e institutos descentralizados, entre otros. En 2020, con 61 hallazgos fiscales, se alcanzó el mayor número, probablemente influido por el manejo de fondos durante la pandemia de COVID-19. En 2021, el número de hallazgos disminuyó significativamente a 38, posiblemente por una mejora en la gestión pública o limitaciones de auditoría. En 2022, se registraron 39 hallazgos, un leve incremento posiblemente vinculado a la reactivación de actividades de auditoría. En 2023, los hallazgos fiscales se redujeron notablemente a 24, lo cual genera interrogantes sobre una posible mejora en la gestión de recursos o limitaciones en la capacidad de auditoría de la Contraloría. La Corporación Cívica de Caldas, en su análisis dentro de este informe, destaca la importancia de monitorear estas tendencias en hallazgos fiscales para comprender mejor su evolución en el futuro. La Contraloría de Caldas también abrió un total de 125 procesos de responsabilidad fiscal, mostrando una tendencia a la baja a lo largo de los años. En 2020, de 61 hallazgos fiscales reportados, 45 (73%) resultaron en la apertura de procesos, aunque solo 3 alcanzaron un fallo de responsabilidad fiscal en firme. En 2021, se registraron 30 procesos, manteniendo una proporción del 79% de hallazgos que resultaron en estos procesos, pero sin alcanzar decisiones firmes. El año 2022 destacó con 104 hallazgos administrativos, de los cuales 98 fueron trasladados a procesos sancionatorios fiscales, y se impusieron 9 multas por un total de 12.380.310 pesos, aunque solo se recaudó el 73% de este monto. En 2023, el número de hallazgos administrativos se redujo a 48, con 45 convertidos en procesos sancionatorios y solo 1 multa impuesta por 1.185.925 pesos, la cual fue recaudada en su totalidad. A pesar de la cantidad de hallazgos, se observó un alto porcentaje de procesos archivados y un bajo número de sanciones efectivas, lo que sugiere que la Contraloría enfrenta desafíos en la efectividad de su sistema sancionador. Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2023, la Contraloría General de Caldas celebró 401 contratos por un monto total de $6.117.864.712, principalmente destinados a la adquisición de equipos tecnológicos, software, suscripciones digitales y servicios audiovisuales, que sumaron $2.028.806.675. También se invirtieron $782.746.201 en la capacitación de funcionarios, especialmente con la empresa Grupo Pilas. Las categorías de gasto más relevantes fueron tecnología (33%), capacitación (13%), y turismo y recreación (8%). Destaca un gasto significativo en actividades de bienestar y recreación, incluyendo un viaje de integración y otros eventos, lo que generó preocupaciones sobre el uso de recursos públicos. En particular, el contralor encargado, Diego Tapasco, adjudicó un contrato por $57.140.480 a la Fundación Misión Verde ONG para actividades de bienestar social, que correspondió a la mayor inversión en este rubro en cuatro administraciones. En total, se destinaron $426.932.861 para la adquisición y mantenimiento de vehículos, siendo la última compra una camioneta Toyota por $175.503.000. En contraste, los programas de participación ciudadana recibieron solo $49.624.406 en cuatro años, lo que pone de relieve la disparidad en el gasto. Los principales contratistas durante este período fueron Carlos Arturo Correa Castillo ($1.139.320.000), Grupo Pilas ($976.000.000), Basa Diseño ($371.965.678), Fundación Misión Verde ONG ($327.477.479) y Panamericana Librería y Papelería ($187.959.231). La revisión contractual de la Contraloría reveló presuntos vínculos entre contratistas y entidades públicas, destacando a la Fundación Misión Verde ONG (NIT 900230503-4), beneficiaria de 6 contratos por un total de $227.477.479 pesos, adjudicados entre 2014 y 2023, siendo Miguel Alejandro Pérez Ramírez su representante legal actual. Esta ONG, que ha obtenido 75 contratos desde 2017, ha trabajado con diversas entidades del departamento de Caldas, como la Asamblea de Caldas y la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Los contratos incluyen servicios logísticos, de aseo y suministro de alimentos. Entre sus representantes legales pasados se encuentra Daniel Eduardo López López, quien fue secretario privado de la Gobernación de Caldas y fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría General debido a investigaciones por la irregular adquisición de vehículos, lo que plantea dudas sobre la transparencia de la Contraloría al adjudicar contratos a personas con antecedentes disciplinarios. López está vinculado al Partido Conservador y es cercano a Diego Tabares, exconcejal de Manizales y hermano del exdirector técnico de la Contraloría de Caldas, Andrés Felipe Tabares. Otro representante de la fundación fue Fabio Andrés Palomino Atehortúa, candidato a la Alcaldía de Chinchiná en 2019 con el apoyo del Partido Alianza Verde y Polo Democrático. Por último, Carlomán Londoño, beneficiario de 6 contratos entre 2013 y 2019, ha estado vinculado a Manuel Orlando Correa Bedoya, diputado por el Partido de La U, y se ha desempeñado en cargos relevantes en la Alcaldía de Manizales, evidenciando una presunta relación entre la contratación pública y los intereses políticos en Caldas. También entre 2013 y 2023, la Contraloría de Caldas abrió 439 procesos de responsabilidad fiscal por daños al patrimonio público, de los cuales solo 55 (un 12%) resultaron en fallos de responsabilidad fiscal, lo que sugiere una falta de eficacia en la resolución de investigaciones. A pesar de la Ley 2013 de 2019, que exige la publicación de declaraciones de bienes y conflictos de interés por parte de servidores públicos, los últimos contralores de Caldas —Jorge Andrés Gómez Escudero (elegido en 2020), Diego Alejandro Tapasco (contralor encargado en 2022) y Juan Carlos Pérez (actual contralor desde 2024)— no han cumplido con esta obligación, generando dudas sobre la transparencia en su gestión. Este balance, revelado en nuestro informe, muestra que, a pesar de la inversión estatal de más de $858.067.060.965 en las Contralorías departamentales en los últimos cinco años, el dinero recuperado por responsabilidad fiscal no supera los $53.635.908.535 (solo un 6,25% del presupuesto). Asimismo, se observa que la eficiencia de los órganos de control departamental es baja, y se identifican retos como la politización en la elección de contralores por parte de los diputados, la optimización de la planta de personal para mejorar la consolidación de fallos y la preocupación por la priorización de contratos relacionados con el bienestar de los funcionarios, en detrimento de la participación ciudadana y la gestión territorial.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenido Todo aquel que haya pretendido ser un rockero ha sido un admirador de Rimbaud. Acaso sin saberlo, sin leerlo. El vaho de la libertad que trae la poesía lo impuso este, el verdadero Niño Terrible. A los 16 años ya había sentado en sus rodillas a la belleza y la había injuriado. Era luciferino no porque perdiera el tiempo haciendole altares a ángeles caídos sino por provocador. Hizo lo que quizo. El mundo es para los bellos, para los jóvenes. Para los malvados. El primer gran poeta que creyó en él fue Verlaine. El miserable Verlaine. Rimbaud tenía 15 años cuando empezó a enviarle algunos poemas vía correo, desde el remoto pueblo de Charleville. En París todos sabían quien era Verlaine. Nadie había escuchado de Rimbaud. Su mentor se enamoró perdidamente de su rabia. De su genio. A los 15 años podía escribir estas blasfemias   De los galos tengo la idolatría y la pasión del sacrilegio; oh! Todos los vicios, cólera, lujuria, magnífica, la lujuria; sobre todo la mentira y la pereza   Así que cuando el pobre Verlaine lo fue a esperar a la estación ya sabía a qué luz se exponía. Tenía consigo su su roída maleta, en ella dos mudas de ropa y un poema largo, que tituló El barco ebrio. Tenía varias vidas encima. Su locura por caminar le había costado caro. Una vez caminó sin parar doscientos kilómetros. Las paredes del estómago se le desprendieron. La dolencia le duró toda su breve vida. Ultimamente he visto que en redes sociales han querido, a punta de Inteligencia Artificial, meter la fake news que se descubrió una nueva foto de Rimbaud. La verdad tenemos sólo cuatro fotos. La más famosa fue la que tomó Etienne Carjat. Hay otras en su periplo africano. Se ve borroso, los rasgos de su cara son indefinibles, como sus propios pasos cuando decide dejar la poesía por convertirse en comerciante en el durísimo Saer.   Tenemos un retrato escrito por Verlaine, aparece en su obra, Los poetas malditos. No he leído este libro, lo cito porque lo encontré en un artículo extraordinario publicado en la revista El Gatopardo, escrito por Jessica Martínez Suárez, y ahí viene la descripción que hace Verlaine de su amado: “Su rostro tiene el óvalo de un ángel desterrado, los peinados cabellos eran de un color castaño claro y los ojos de un azul pálido inquietante”. Nada de eso podemos ver en la foto de Carjat. La fotografía apenas se había inventado.   La relación de Verlaine y Rimbaud no fue tóxica sino terrorífica. La pobre esposa Mathilde Mauté fue descubriendo en su fogozo marido la mirada de amor que le dispendiaba al adolescente. Verlaine era veinte años mayor que el autor de Una temporada en el infierno y si este accedió a complacer la lujuria del viejo poeta fue más por pura ausencia de moral que por algún deseo sexual. Igual Rimbaud tenía 18 años cuando Verlaine, hastiado de la mentira, le propuso que dejaran París para fugarse a Londres. Allí vivieron dos años. Rimbaud terminó hastiado de tanto amor. Dejó a Verlaine sin remordimientos, sin mirar para atrás. Además, en ese periodo, ya había concluido su pasión por la literatura. Ya había bramado lo siguiente:   He llegado a borrar en mi espíritu toda humana esperanza. Sobre toda alegría. Para estrangularla, he ensayado la acometida de la bestia feroz.   Una de sus más destacadas admiradoras, Patti Smith, dice que este muchacho es el padre del punk. Yo lo creo. No necesariamente debes amar a la poesía para adorar a Rimbaud. Tan sólo debes tener el espíritu joven y mantener una incesante inquietud. A los 20 años ya había dejado de escribir y se embarcó en otras aventuras que no tenían nada que ver con la literatura. Como si hubiera odiado lo que alguna vez fue. Igual, en Una temporada en el infierno, ya lo había preconizado en uno de sus versos:   Viajaremos, cazaremos en los desiertos, dormiremos sobre el empedrado de ciudades desconocidas, sin cuidados, sin penas.   Por eso lo encontramos a los 32 años vendiéndole al rey Menelik II de Etiopía 2.040 rifles de percusión y 60 mil cartuchos de Remington. Durante muchos años se difundió una leyenda que Rimbaud se había ido al Africa subsahariana a vender esclavos. Esto no es cierto. Rimbaud se fue porque se odiaba y quería borrarse. Ni siquiera consiguió una fortuna, ni siquiera hay registros de que fuera feliz. Vivió grandes aventuras, como su visita a las pirámides de Egipto en donde, en alguna de las dos millones de piedras con las que está construida la pirámide de Giza, está marcado su nombre.   En Africa, uno de sus patrones, después de un corto viaje a Francia, se dio cuenta que Rimbaud había dejado un incendio en esa ciudad. La gente empezaba a hablar de su poesía mientras él pasaba difíciles momentos en Harar, la ciudad de Etiopía en donde vivió más tiempo. Al regresar le contó “Rimbaud, tu escribes poesía y eres famoso en tu tierra” El poeta, ahora convertido en traficante de armas, tan sólo encogió los hombros y murmuró con desdén “Ah, ¡Esa cosa!”. A los 35 años una herida se le infectó, perdió su pierna y regresó a morir a Francia. Pocos se enteraron de su regreso. Rimbaud ya había muerto muchas veces. Ya tenía el brillo de los fantasmas que caminan por la noche.

Por: Redacción Pares Hace dos años se daba como un hecho que Iván Márquez había muerto en un bombardeo en Venezuela. Fuentes confiables afirmaban que el líder de la Segunda Marquetalia había tenido el destino de otros de sus compañeros de lucha como Jesús Santrich. En ese momento no era la primera vez que moría. Su verdadero nombre es  Luciano Marín y arrancó su vida siendo profesor en su Florencia nata. Cuando tenía 25 años desapareció y se fue a las FARC. Sus allegados pensaban que se había muerto. Pero no, se había ido al monte. Reapareció a los 30 años. El gobierno de Belisario Betancur fue el primero que decidió tender puentes con esa guerrilla y arrancar un proceso de paz serio. Para hacerlo le abrió las puertas a las FARC para crear un partido político. Validar todas las formas de lucha. Así arranca la Unión Patriótica. Iván Márquez fue uno de sus líderes más destacados. Dos años duró en el congreso como Representante a la Cámara por Caquetá. Pero la extrema derecha, unida a sectores radicales de las Fuerzas Armadas y de los paramilitares, emprendieron un exterminio contra ese partido. A Luciano Marín no le quedó de otra que regresar al monte. Cuando volvió a desaparecer circularon rumores de que había muerto. Pero no, si volvió a la guerrilla fue para estar en el secretariado.   Durante los diálogos de paz que sostuvieron con el gobierno Santos fue uno de los más mediáticos miembros de la mesa por parte de las FARC. Su postura, calificada por algunas como de cínica, como cuando cantó el famoso Quizás, Quizás, Quizás al lado de su amigo y compañero de lucha, Jesús Santrich, cuando le preguntaron sin liberaría a los secuestrados, le granjeó el odio de buena parte de la población colombiana.En el 2019, alegando que jamás hubo una disposición real de lo que ellos llaman “la oligarquía” colombiana para hacer la paz, regresó a las armas y formó lo que se conoce como La Segunda Marquetalia, un ejercito de más de mil hombres con los que este gobierno pretende sentarse a negociar.    Durante meses se creyó, en el 2022, que el líder de la Segunda Marquetalia había muerto en Venezuela. Solo hasta mayo del 2024 reapareció, incluso mucho mejor de lo que indicaban versiones que afirmaban que había quedado desfigurado después del ataque que sufrió. Ahora, el reputado periodista Gonzalo Guillén, afirmó en su cuenta de X que gracias a fuentes confiables, se sabía que Márquez había muerto por un error en una cirugía a la que se sometió. Este 25 de octubre, desde Cali, el alto comisionado de paz, Otty Patiño, afirmó que Márquez seguía vivo. Así se lo confirmaron fuentes en Venezuela. La buena noticia para él es que con esta confirmación se puede asegurar que los diálogos con la Segunda Marquetalia continuarán. La Paz Total sigue siendo una de las banderas de este gobierno. Lograr pactar acuerdos con la Segunda Marquetalia será fundamental para que se siga creyendo en la Paz Total, tan maltrecha después del estancamiento que se está viviendo con el ELN.

Por: Redacción Pares La Cop 16 ha sido una fiesta para los caleños. Actividades culturales, conciertos, y salas llenas escuchando ponencias sobre el medio ambiente han sido la constante. Sin embargo no todo ha sido perfecto. El presidente Gustavo Petro esperaba a aliados estratégicos en políticas ambientales con los que tiene una gran afinidad ideológica. Ese era el caso del presidente de Brasil, Lula Da Silva, un abanderado en temas ambientales y con quien Colombia comparte buena parte de la frontera con Brasil y la presidenta de México Claudia Sheinbaum quien incluso prestó ayuda desde ese país a miembros del M-19 exiliados como recordó hace poco el mismo presidente.   Se tenía previsto que asistirían a los eventos de la Cop 16  pero nada de esto pasó. Incluso la agenda de Lula Da Silva estaba algo desordenada. El mandatario brasilero se había comprometido a ir a Kazan a la cumbre de los BRICS, un grupo que él mismo ayudó a formar. Pero, alegando razones de salud, no voló a Rusia. Su posición contra el gobierno de Nicolás Maduro, de no permitirle entrar a ese grupo, le ha despertado críticas y aplausos al brasilero quien al parecer sufrió un pequeño accidente doméstico que lo obligó a cancelar su agenda internacional. Petro esperaba estrechar lazos con Brasil pero, ante la negativa del presidente brasilero de no viajar a Cali el colombiano no dudó en demostrar su disgusto: “Los gobernantes no fueron. Ni siquiera Lula me acompañó, pero bueno”.    La rutilante Claudia Sheinbaum quien con su discurso de posesión pasó a la historia por su claridad ante la historia de un pueblo como el mexicano, también fue otra de las grandes ausencias. Aún no se sabe porque la mandataria faltó a su cita en Cali. Esto, que se puede interpretar como un desplante, fue abordado en uno de los discursos de Petro en donde afirmó “Acá están viniendo los pueblos, no los gobernantes”.   A pesar de estas ausencias el gobierno puede estar tranquilo. La Cop ha sido el evento esperado. Más de 19 mil personas llegaron a Cali. Incluso el alcalde de esta ciudad, Alejandro Eder, quien no se identifica demasiado con las políticas del presidente, enarboló las banderas de la cumbre y ha mostrado su orgullo por la asistencia masiva de funcionarios y turistas a su ciudad. La COP 16 ha sido considerada el evento más importante que se ha realizado en Colombia desde que en 1995 Ernesto Samper organizara en Cartagena la Cumbre de los no alineados que tuvo entre otros invitados a Yasser Arafat. La COP irá hasta el próximo domingo. Los gobiernos tendrán que asumir compromisos para salvar el mundo del calentamiento global que podría llevar a la destrucción del planeta.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El termómetro que se esperaba para medir la respuesta de las bases políticas del gobierno ante el anuncio de la apertura de la investigación contra el presidente Gustavo Petro llegó finalmente el 23 de octubre, fecha en la que varios de los grandes sindicatos del país convocaron una movilización de respaldo al presidente. El resultado se quedó corto frente a las expectativas, y en las principales ciudades el país hubo pequeñas manifestaciones en la jornada entre la mañana y la tarde . En Bogotá, por ejemplo, la marcha comenzó sobre las 10:00 am y terminó sobre las 2:00 pm, con una afluencia de 1.200 personas, según datos de la Secretaría de Gobierno de la ciudad, con algunos puntos de bloqueo sobre la carrera séptima , a la altura del Parque Nacional, y sin mayores contratiempos. En otras ciudades, la presencia fue mucho menor. La marcha, que había sido convocada por los grandes sindicatos que hacen parte de las bases políticas del progresismo (FECODE, CUT, CGT, conglomerados de pensionados CPC y CDP) tuvo participación de algunas organizaciones sociales, y contó en su mayoría con la presencia de ciudadanía sindicalizada. El gobierno, por su parte, que se encuentra en su mayoría cubriendo la COP16, marchó en Cali , donde las principales figuras del progresismo acompañaron a las movilizaciones. Lo relevante de las marchas en Cali estuvo en una declaración importantes por parte del MinCultura, Juan David Correa, quien anunció en la tarima que los manifestantes instalaron, que el próximo domingo entregará el expediente para iniciar la declaratoria del Monumento de la Resistencia como patrimonio del país. El monumento, elevado en 2021 tras el Estallido Social, se ha convertido en uno de los elementos simbólicos más importantes del paro nacional de aquella época, y de los colectivos y organizaciones sociales que han surgido desde ese tiempo. En medio de las tensiones dentro de su gabinete frente a salvar el Acuerdo Nacional o profundizar la narrativa de un golpe de Estado en su contra  (que, según El Espectador , es una directriz dada desde la Casa de Nariño hacia la mayoría de los funcionarios de alto nivel en el gobierno), parece que el gobierno ha decidido parquear, de nuevo, las marchas y apelar a estrategias mucho más institucionales para articular a sus bases dentro de la defensa de su programa de gobierno. Aun así, tal parece que la reacción de las mismas bases sobre la coyuntura ha sido, por ahora, menor de lo esperado. Al gobierno se le prendieron dos incendios con los mineros y los campesinos Fuente:  Agencia EFE. Lo que sí ha ocurrido en esta semana, en medio de la COP16, han sido dos fuertes paros, uno campesino y otro minero , que el gobierno ha buscado contener para evitar que hagan ruido frente al evento internacional de biodiversidad más importante de este año en el país. Por un lado, estalló un paro campesino en la región nororiental del país, luego de que varias comunidades se quejaran de las delimitaciones de la frontera agrícola y las zonas protegidas en el páramo de Santurbán y El Almorzadero, ubicados entre los departamentos de Norte de Santander, Santander y Boyacá. Por el otro, se reactivó el paro minero en la región del Bajo Cauca antioqueño , luego de que colectivos mineros denunciaran que el gobierno ha incumplido con su promesa de formalizar y regular la minería ilegal, además de manifestarse contra el decreto 1035 de 2024, que da autoridad a la fuerza pública para incautar maquinaria amarilla destinada al uso minero. Caucasia, en Antioquia, se ha convertido en el epicentro de las protestas que se han extendido a otros departamentos con fuerte presencia de pequeños y medianos mineros. Hay que recordar que en 2023 el gobierno enfrentó un fuerte paro minero en la zona del Bajo Cauca, Chocó y Córdoba, que duró 33 días y que se levantó con la promesa del presidente Petro de formalizar a los pequeños mineros tradicionales, misma promesa que hoy la mayoría de las organizaciones, lideradas por el Comité por la Vida y la Formalización Minera, consideran que se ha quedado en el papel. Tras más de 3 días de protestas, y con varios puntos de bloqueo a nivel departamental  (con graves afectaciones en Antioquia y Boyacá) que ya amenazan con desabastecimiento de combustible y alimentos tanto en estas regiones como en Bogotá, varios de los ministros, que se encuentran en la COP16, designaron a sus viceministros para conformar mesas técnicas y sentar las mesas de diálogo tanto con los campesinos como con los mineros. No obstante, para las organizaciones y colectivos, la presencia de los funcionarios no basta, y exigen que los ministros estén presentes en las mesas. Los viceministerios de Agricultura, Ambiente y Minas están coordinando estos esfuerzos . Estos dos paros recuerdan al paro camionero de inicios de septiembre, y a la decisión del gobierno de retrasar la publicación de su Acuerdo Nacional tras el estallido de estos, al indicar que estaban motivados por sectores políticos opositores. Aunque la respuesta de los ministerios ha sido pronta, también es importante recordar que el gobierno señaló que parte del paro minero de 2023 fue incitado por el Clan del Golfo. Es claro que para el gobierno estos paros generan incomodidad por haber estallado en medio de la COP16, pero de su capacidad de maniobrarlos y resolver las demandas de campesinos y mineros, depende también su fuerza dentro de colectivos y organizaciones sociales que están pidiendo respuestas frente a sus necesidades, más allá de la defensa del programa de gobierno. Los 18 que se fueron de la Colombia Humana y la crisis que sigue viviendo el interior de ese partido Fuente:  Página web de la Colombia Humana. Tal y como lo hemos contado en otras historias, la disputa al interior de la Colombia Humana sigue estando álgida, luego de que se nombrara una nueva mesa directiva y que el pleno del partido aprobara la unificación dentro del Pacto Histórico a mediados de agosto. La ruptura se ha venido profundizando luego de que algunas de las militancias de base denunciaran que el partido no le permitió la inscripción a varios grupos y colectivos regionales, de que no existiera quórum para la elección de la nueva mesa directiva, y de que un sector de los llamados “parlamentarios” (congresistas de la Colombia Humana) impusieran su decisión de que Gloria Flórez fuera elegida presidenta de la colectividad. Como lo contábamos en esta historia, esto era importante porque denotaría la capacidad de convocatoria y respuesta de las bases de la Colombia Humana, el partido del presidente Petro, frente a la narrativa del lawfare  y la apertura de la investigación en su contra en el Consejo Nacional Electoral (CNE). No obstante, las divisiones internas frente a una llamada “continuación” de la Asamblea Nacional del partido (que se supone había quedado suspendida luego del 18 de agosto) y la renuncia de 18 militantes del partido a mediados de octubre  han limitado la capacidad de respuesta de la Colombia Humana, que más allá de pedir a sus bases que acompañaran las movilizaciones del 23 de octubre, no hizo mayor movimiento para sacarlas a la calle. De la asamblea nacional, también sigue suspendida, luego de algunos avances sobre la nueva estructura que proponen para el Pacto Histórico hace dos semanas. Muy pocos colectivos y nodos que componen las bases salieron a las calles, aunque estuvieron activos en redes sociales y en sus propias conversaciones hablando de la necesidad de defender al gobierno Petro de un potencial golpe de Estado, incluso con tesis mucho más radicales y conspirativas frente a los intereses que se ocultan detrás de la decisión del CNE. El gobierno parquea las marchas y se abre a las respuestas moderadas e institucionales: Gobierno con los barrios populares Fuente:  Vicepresidencia de la República, a través de El Tiempo. Con las bases de su propio partido mermadas en medio de disputas internas, junto con dos paros que denotan que su capacidad de conversar con otros sectores sociales se ha vuelto limitada (como sucedió en el paro camionero de inicios de septiembre) y con el escenario de la COP16 en la que el gobierno ha evitado al máximo cualquier atisbo de anormalidad (incluso protestas de colectivos contra el cambio climático en medio del evento), el gobierno está haciendo una lectura diferente de su capacidad de movilizar a la gente en las calles. El gobierno ha buscado reactivar, de nuevo, su programa de gobierno a las calles con una nueva convocatoria de “Gobierno con los barrios populares” , que estaba pausada desde mayo de este año por varios problemas ligados a la contratación y de agenda de presidencia. El gobierno retoma esta estrategia que ya venía implementando desde el año pasado con “gobierno con el pueblo” en el que el gabinete ejecutivo se movía toda una semana a un territorio para tomar decisiones desde allí y atenden las sugerencias de la ciudadanía de manera más directa. No obstante, ha cambiado su enfoque este año hacia los barrios populares, donde el gobierno percibe que tiene más fuerza de convocatoria. Esta estrategia busca continuar en las ciudades de Ibagué, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Villavicencio, durante la semana del 25 al 29 de noviembre, luego de las manifestaciones de la oposición, convocadas para el 23 de noviembre, y con la que el gobierno espera contestar y contener de una manera distinta a las “contramarchas” que suelen convocarse por los grandes sindicatos. A modo de cierre: la creciente desconexión del gobierno con sus bases Fuente: El Tiempo. Lo que estos tres elementos observados en la coyuntura tienen en común es una posible crisis de legitimidad y de articulación política del gobierno de Gustavo Petro con algunas de sus bases sociales y actores clave que está emergiendo , especialmente, desde el año pasado y que no ha terminado de consolidarse, pero que ya muestra que al gobierno le va a costar muchísimo más movilizar a un sector de la sociedad que le eligió, pero que se siente desgastado. La convocatoria limitada de las marchas del 23 de octubre, los paros campesinos y mineros, y el replanteamiento de la estrategia gubernamental hacia la estrategia de llevar el ejecutivo durante 5 días a los barrios populares, no son hechos aislados, sino síntomas de una potencial desconexión creciente entre el gobierno y sectores sociales  que han sido claves para su proyecto político. Las divisiones internas en la Colombia Humana, junto con la dificultad del gobierno Petro para cumplir con promesas importantes a sectores campesinos y mineros, han erosionado su capacidad para movilizar de forma efectiva a sus bases en momentos cruciales, especialmente frente a la respuesta que esperaba con su narrativa de golpe de Estado. Esto refleja, además, cierto desgaste que los movimientos sociales han sufrido tanto por el costo político que han tenido que acarrear en su defensa del gobierno, como en los llamados a la calle que hace el presidente (en promedio, hay marchas y contramarchas cada 3 meses) que se traduce en menor convocatoria en las calles y una creciente desconfianza en su capacidad para implementar los cambios prometidos. Ante esta situación, el gobierno parece estar explorando nuevas estrategias de conexión con sectores sociales que le han votado, como los barrios populares, donde percibe aún tener cierta fuerza de convocatoria. Sin embargo, la efectividad de estas estrategias dependerá de su habilidad para resolver las tensiones internas dentro de su partido (que amenazan con extenderse a otros partidos que buscan la unidad dentro del Pacto Histórico) y tratar de recomponer y fortalecer los lazos con sus bases sociales y políticas, por fuera de los sindicatos y FECODE.

Por: Redacción Pares En un comunicado emitido el pasado 23 de octubre NSO Group, dueña del software Pegasus, afirmó que en septiembre del 2021 si hizo el negocio con Colombia. Esto confirma, en parte, las acusaciones que ha hecho desde comienzos de este 2024 el presidente Gustavo Petro quien ha afirmado tener pruebas para demostrar que se compró este software para espiar a la oposición en tiempos de Iván Duque. En dos aviones habrían llegado los 11 millones de dólares que súpuestamente se desembolsaron para pagar Pegasus.   Iván Duque, quien apenas empezó a saberse de este escándalo, se defendía públicamente, hoy guarda silencio. Mientras tanto la Fiscalía ya se encuentra entrevistando a miembros del gobierno de Duque. Algunos de ellos son, Jairo García Guerrero, ex viceministro de Defensa, Victor Muñoz, quien fuera director del DAPRE, además de los generales Carlos Iván Moreno y Juan Diego Sepúlveda.   Las implicaciones que podría traerle a Iván Duque y su gobierno serían devastadoras si se lleva a abrir un proceso con las diferentes acusaciones que están surgiendo. Para el investigador de la línea de Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación, Alejandro Chalá, si no se llega a probar la fuente de esos 11 millones de dólares que pagaron por el software, Duque y su gobierno serían acusados por lavado de activos. Podría quedar abierta la posibilidad de que esos recursos provienen de actividades ilícitas.   Además de este problema surgiría uno en donde Petro ha hecho más énfasis: la gravedad de las chuzadas. En el mundo entero se ha probado la eficacia del software Pegasus a la hora de intervenir teléfonos, tanto que le ha ganado estar en la lista negra en países como Estados Unidos. El gobierno Netanyahu ha ofrecido, como una especie de regalo, a gobiernos amigos, este sistema de espionaje. Las políticas de Duque, así como las de su mentor, Alvaro Uribe, han sido cercanas a las de Israel. Así que si se llegara a comprobar este delito sería una violación a las comunicación lo que derivaría en el delito de violación de la privacidad.   Si llegara a comprobarse que el gobierno Duque pagó el software con dineros públicos el delito en el que caería sería el de peculado. Otro delito en el que caería sería el de abuso de autoridad. Usó su cargo para hacerle daño a los que él creía eran sus enemigos y un último delito sería el de concierto para delinquir porque varios de sus funcionarios habrían actuado en conjunto para hacerle espionaje a la oposición.   Según el investigador Alejandro Chalá “Los que están haciendo la investigación son fiscales delegados ante de la corte suprena y si escala va a la corte quien llevaría el proceso contra el expresidente” En una semana la cuenta de X del expresidente guarda una quietud a la que no están acostumbrados sus seguidores. Duque convirtió sus redes en una trinchera desde donde disparaba sus dardos a este gobierno. Ahora, con el escándalo de Pegasus cabalgando, Iván Duque ha optado por el silencio.

Por: Redacción Pares En las últimas horas el periodista Gonzalo Guillén difundió a través de sus redes sociales la posible muerte de Iván Márquez, máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia, grupo que surgió de la inconformidad de comandantes que habían firmado la paz con el gobierno Santos. Estos eran Jesús Santrich, alias El Paisa, Romaña, alias Walter entre otros. Desde el 2019 se refugiaron en Venezuela donde, a través de videos, amenazaron con desestabilizar las instituciones colombianas a través de atentados, retenciones y tomas guerrilleras. Cinco años después de su fundación la Segunda Marquetalia este grupo opera en Arauca y el occidente del país. Ha hecho alianzas en algunos sectores con otros grupos guerrilleros.   La información proporcionada por Guillén hablaba que una mala praxis en una cirugía habría acabado con la vida de Iván Márquez, quien, desde el 2022, cuando sobrevivió a un bombardeo, viene arrastrando serios problemas de salud. Desde la creación del grupo han caído Romaña, el Paisa y Jesús Santrich. Ya se venía especulando con que la comandancia de la Segunda Marquetalia recaería en alias Walter Mendoza, quien viene acompañando a Iván Márquez no sólo de su primera fase como guerrillero de las FARC sino que fue su sombra desde los diálogos de paz de La Habana. Cabe recordar que Márquez fue parte del equipo negociador de esa extinta guerrilla con el gobierno de Juan Manuel Santos.   El gobierno de Gustavo Petro formalizó este año una mesa de negociación con este grupo guerrillero. Incluso el actual comisionado de paz, Otty Patiño, levantó una polvareda cuando afirmó que sería “lamentable” para el proceso de paz que se viene adelantando con esa guerrilla, que se confirmara la muerte de Márquez. En los últimos días el canciller Luis Gilberto Murillo envió una petición oficial para saber la veracidad de esta noticia al gobierno de Venezuela. Estos acaban de contestar en la madrugada del 24 de octubre afirmando que no saben nada sobre el paradero y la salud de Márquez. El canciller fue enfático en su respuesta “Venezuela no tiene ninguna información sobre la muerte de Iván Márquez”.   No es la primera vez que circula un rumor así. Después de intensos bombardeos se reportó en el 2022 la muerte de Iván Márquez quien sobrevivió. Su reaparición pública se hizo dos años después, en mayo del 2024. Además no había quedado en el estado de inmovilidad que muchos le atribuyeron después de sobrevivir al bombardeo. En este momento la inteligencia colombiana se despliega para intentar confirmar o desmentir el rumor que comenzó a circular en redes sociales.

Por: Redacción Pares Nicolás Maduro creyó que su viaje a Kazán junto a su vicepresidente y aliada Delcy Rodríguez sería un bálsamo para las horas baja que pasa. En el continente americano son cada vez más reducidos los apoyos incluso por gobierno que, en teoría, podrían estar más cercanos a él. Su vecino, Gustavo Petro, teniendo en cuenta la porosidad de los 3.000 kilómetros de frontera y que Venezuela es garante en las, por ahora, estancadas, conversaciones con el ELN.   La razón del viaje era pedir el ingreso de Venezuela a los BRICS. Si ustedes han escuchado por estos días esa palabra es bueno explicar acá de qué se trata. Esta es una asociación, grupo y foro político de paises emergentes que no pertenecen al G7. Fue creado en el 2010 y su nombre son las iniciales de los primeros países que lo conformaron Brasil, Rusia, india, China y Sudáfrica. La versión de este año se llevó a cabo en Kazán en donde Vladimir Putin fungía de anfitrión.   A través de sus redes sociales Maduro subió videos mientras sostenía reuniones con Recep Tayyip Erdogan quien cada tanto esbozaba su sonrisa fría, mientras le daba la mano al presidente chino, Xi Jingping, quien, sin mucha convicción afirmó que lo une con Venezuela una amistad de hierro, mientras gritaba, al lado de Mahmud Abás, ¡viva Palestina! Y, sobre todo, mientras le daba su abrazo a Vladimir Putin. A pesar de que Venezuela ha manifestado contar con el apoyo incondicional de Rusia, desde el 2019 ambos mandatarios no se estrechaban la mano. Maduro necesita de manera desesperada reconocimiento internacional. Por eso, a pesar de que estaba confiado en que sería recibido entre los países que conforman los BRICS, el viaje de Maduro sólo sirvió para tomarse fotos con estos líderes y dar la impresión de que aún cuenta con respaldo fuera de sus fronteras.   Putin no pudo hacer nada. Además del abrazo no logró convencer a Lula Da Silva y su gobierno quienes han decidido poner más trabas, depurar los filtros para aceptar países en el grupo de los BRICS. Venezuela no está ni de cerca a pertenecer a este grupo. La última vez que se incorporaron países a este grupo fue el 1 de enero del 2024 cuando fueron aceptados Egipto, Irán, Emiratos Arabes y Etiopía.   Maduro y Delcy Rodríguez aún no han llegado de Rusia. Lo último que subió a su Instagram Maduro fue una foto de todos los presidentes que fueron y se refirió el mandatario venezolano a la reunión de los BRICS como “el epicentro del nuevo mundo pluripolar, multicéntrico y de esperanza de los pueblos”. La salida del presidente y vicepresidente del país han generado críticas ya que, según lo indica la constitución, ambos funcionarios no podrían viajar a un mismo evento a la vez. Igual, como ya se ha visto en 25 años de chavismo, poco o nada le importa a Nicolás Maduro lo que diga o mande una ley.

Por: Isabela Puyana El 23 de octubre Pares lanzó su informe sobre homicidios contra líderes y lideresas ambientales en Colombia en el marco de la COP16 . Este fue  presentado por Francisco Daza, director de la línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de Pares . En su presentación, Daza dio a conocer los factores contextuales de la violencia homicida hacia líderes y lideresas ambientales, resaltando la disputa de actores armados por el control territorial: “lo que los grupos armados buscan es el acceso a recursos naturales para su explotación a través de la minería ilegal, el tráfico de madera y la plantación de cultivos ilícitos”. Uno de los datos que sorprendió en el lanzamiento fue que, si bien, el informe de Global Witness anuncia cómo Colombia es uno de los países más violentos para los liderazgos ambientales en los últimos 30 años, aún así, se identificó que desde el 2018 al 2024  los homicidios han disminuido .  Aún con esto, el informe realiza una crítica al actuar del Estado, que por acción u omisión no ha sido capaz de salvaguardar la vida de los liderazgos ambientales ya que desde agosto del  2018 al 2024 han sido asesinados un total de 361 líderes ambientale s. Sin embargo, esta es la última estrategia a la que recurren los diferentes grupos armados y demás victimarios, pues antes de ello se dan amenazas, intimidaciones a familiares, desplazamientos forzados y secuestros como formas de intimidación para que abandonen su activismo.   Según lo ilustrado en el lanzamiento, la comunidad indígena se ha visto mayormente victimizada por estos hechos, representando 133 de los asesinatos, especialmente en Cauca y Nariño donde la defensa de su territorio es concebida como un bien común y no un bien mercantil. A su vez, los campesinos también se registran como el segundo grupo más victimizado, especialmente en el departamento de Antioquia. Los perpetradores de dichos homicidios han sido tanto grupos al margen de la ley como el Estado en menor proporción, sin embargo resulta preocupante que en 237 de los casos  no se identifique el perpetrador de los asesinatos dando vía libre a la impunidad. El 66% de los asesinatos identificados contra líderes ambientalistas desde el 2018 a la actualidad no tienen un actor identificado.  el informe le dedica una sección a los niveles de esclarecimiento de casos de violencia homicida contra estos líderes ambientales, resaltando la poca celeridad que se le dan a estos en instancias judiciales, siendo un gran limitante al momento de exigir justicia. Con el poco conocimiento de quiénes pueden ser los actores identificados, se concluyó que algunos de ellos son grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, que han aumentado su presencia en los diferentes territorios del país, afectando en igual medida los liderazgos ambientales que son blancos de ataques por denunciar la degradación del medio ambiente. Francisco Daza fue enfático en decir que este informe va más allá de una cifras, fue importante destacar las voces de las personas que fueron asesinadas y de otros que aún siguen vivos y reclaman la importancia para la defensa del medio ambiente. Por ello se encuentran las historias particulares de Jaime Monge, el Protector de los Farallones, y de Juana María Perea, la lideresa del Golfo de Tribugá. Un líder y una lideresa que hasta el último día de sus vidas estuvieron comprometidos con proteger aquello que amaban: la Naturaleza.   Al finalizar el lanzamiento Francisco Daza hizo un énfasis en la importancia del esclarecimiento de los crímenes contra los líderes ambientales, pues si no hay claridad sobre lo ocurrido esto puede incrementar y fomentar la inseguridad contra aquellos que defienden los ecosistemas en Colombia. Se compartió un video de la lideresa venezolana Nancy Herrera amenazada por la defensa por la defensa del territorio y oponerse a la minería legal e ilegal en la frontera venezolana. con estas imágenes hizo una invitación a otros líderes y organizaciones a denunciar y a que encuentren a la Fundación Pares como un espacio seguro para dialogar sobre estas violencias.