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Por: Redacción Pares Foto tomada de: Blu Radio A principios de septiembre el país se encontraba paralizado por el paro de los transportadores de carga quienes le reclamaban al gobierno el haberles quitado el subsidio de gasolina. En medio de la incertidumbre en la que se encontraba el país el presidente Petro anunció, en su alocución, algo completamente diferente a lo que esperaba el país. No le daba importancia a la contingencia generada por los transportadores sino que hacía una denuncia, tenía pruebas de que el gobierno Duque había comprado el complejo y ultramoderno software Pegasus que le permitiría espiar de la manera más sofisticada a la oposición. Inmediatamente el expresidente Iván Duque, acompañado de su ministro de defensa Diego Molano, salieron a desmentir a Petro, tildandolo de delirante. Dos meses después el escándalo ha crecido y las pruebas parecen irrefutables hasta el punto que ya ni siquiera Duque está saliendo a medios de comunicación a desmentir esta versión de los hechos.   Este miércoles 23 de octubre el escándalo tomó otro tono. Ya el presidente Petro había dicho que el CEO de la empresa había usado la compra para hacer “lavado de activos” ya que tenía las pruebas suficientes para probar que había hecho el negocio con cinco millones de dólares en efectivo, sin haberlos reportado, en un avión que llegó al hangar de una pista de aterrizaje de la policía. Ante esta información la empresa israelí NSO Group le dijo a W Radio, que han encabezado las investigaciones, que efectivamente si realizaron un negocio en Colombia. A través de un comunicado NSO Group sin embargo aseguró que lo habían hecho de manera transparente, sin cometer ningún delito. todas las  transacciones se realizaron de acuerdo con la ley  y con la debida autorización y documentación en  ambos países ”.   Esto termina de hundir aún más al anterior gobierno, el de Iván Duque, y es lo que hace más urgente que el expresidente salga a dar su versión. No es la primera vez que un gobierno decide hacer chuzadas a la oposición. Hay que recordar el escándalo que generó la acción que empezó a hacerse desde el DAS en el primer periodo de Uribe en donde fueron intervenidos, por orden del director de ese organismo, Jorge Noguera, a senadores opositores y magistrados que estaban en contra de la decisión de Uribe de eternizarse en el poder.   La acusación de Petro no se ha referido aún ante las implicaciones morales que podría tener este tipo de violación a la intimidad sino que señaló directamente a Ron Gonen, máxima cabeza del NSO Group. Sobre el negocio que hizo en el país se refirió el presidente: El señor  Ron Gonen ha cometido un delito en Colombia , porque en Colombia no es posible que ningún ciudadano, ni nacional ni extranjero, porte dinero en efectivo en una  cantidad tal como cinco millones de dólares . Eso se llama  lavado de activos ”.   El negocio se realizó entre el 17 y el 18 de septiembre del 2021. Además de Duque tienen que salir a dar declaraciones los ministros de defensa de ese momento y el comandante de la policía de la época.

Por: Katerin Erazo, Periodista En los últimos años, la Amazonía colombiana ha enfrentado una crisis cada vez más compleja debido al creciente control de grupos armados ilegales sobre vastas zonas del territorio. La situación, que ha captado la atención de organizaciones internacionales como Crisis Group, expone no solo los efectos de este control sobre las comunidades locales, sino también las profundas consecuencias ambientales. La región, un área biodiversa y fundamental para el equilibrio ecológico global, se encuentra en la mira de actores ilegales que han convertido la deforestación y la explotación de recursos naturales en herramientas de presión y financiamiento. Hace apenas tres meses, Crisis Group  emitió una advertencia sobre la criminalidad que prolifera en la región de la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Esta área ha sido testigo del auge de grupos delincuenciales que, aprovechándose de la geografía aislada de la selva, han establecido economías ilegales centradas en actividades como el cultivo de cocaína, la minería ilegal de oro y la tala indiscriminada de árboles. La combinación de estos factores ha permitido que los grupos criminales no solo se fortalezcan económicamente, sino que extiendan su control territorial y social sobre comunidades vulnerables. En un reciente informe, la organización internacional señaló con preocupación el incremento del poder de estos actores armados, particularmente en la Amazonía colombiana. De acuerdo con el informe, el Estado Mayor Central (EMC), el mayor grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ha consolidado su influencia en vastas áreas remotas de la selva. Este grupo armado, surgido tras la desmovilización de las FARC, ha aprovechado el vacío de poder dejado por el Estado para imponer un control rígido sobre las comunidades y el uso de los recursos naturales. Con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder en 2022, el EMC adoptó una postura firme en contra de la deforestación y la praderización, estableciendo medidas estrictas para limitar estas prácticas. Bajo amenaza de multas y trabajos comunitarios, los disidentes impusieron un control que, inicialmente, tuvo un efecto positivo en la reducción de la deforestación en la región. Según Crisis Group, en las áreas controladas por el EMC, la tasa de deforestación disminuyó un 51% en 2023. Sin embargo, este escenario comenzó a cambiar drásticamente tras la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el EMC. La Fundación CORE, que ha investigado la dinámica de las disidencias en la región, advirtió que entre julio y agosto de 2023 la deforestación aumentó significativamente, afectando más de 4.600 hectáreas adicionales en comparación con el trimestre anterior. La ruptura del cese al fuego entre el Gobierno y el EMC fue un factor clave en este nuevo incremento de la tala de bosques. El informe de Crisis Group resalta que, si bien las negociaciones anteriores contribuyeron a una reducción temporal de la deforestación, el fracaso de estas ha permitido que los niveles vuelvan a dispararse. Esto sugiere que el EMC utiliza la deforestación como una herramienta de presión en sus interacciones con el Estado, aprovechando el control territorial que ejercen en la Amazonía. La deforestación en la Amazonía no solo se debe al conflicto armado y la expansión de los cultivos ilícitos. Una de las principales actividades que ha impulsado la destrucción de los bosques es la ganadería. Según Crisis Group, en los últimos 30 años, la cría de ganado se ha expandido enormemente en la región amazónica. Tan solo entre 2016 y 2023, la población de ganado en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta creció en más de un millón de individuos, lo que representa un aumento del 30% en esa zona. Esta práctica no solo destruye ecosistemas frágiles, sino que también fomenta una economía ilegal que beneficia a grandes actores comerciales y políticos locales. Según el informe, los grupos armados como el EMC cobran a los ganaderos por la praderización de tierras, y en muchos casos, ellos mismos arrasan con el bosque para usar las tierras de forma lucrativa. Además, el control territorial les permite a estos actores acceder a títulos de propiedad que luego pueden vender a precios elevados, consolidando aún más su poder económico. La construcción de carreteras ilegales ha sido otro factor clave en el avance de la ganadería y la deforestación. Se estima que en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare existen más de 25.000 kilómetros de vías ilegales, que permiten no solo el transporte de ganado, sino también la expansión de otros negocios ilegales como la minería, la tala y el tráfico de fauna silvestre. A pesar de los esfuerzos estatales, como la “Operación Artemisa” implementada durante el gobierno de Iván Duque, los resultados en términos de protección ambiental han sido limitados. Aunque esta operación movilizó a más de 22.000 agentes de seguridad y llevó a la detención de más de 200 personas, su enfoque fue ampliamente criticado. Las comunidades locales señalaron que la mayoría de los detenidos eran campesinos y pequeños agricultores, mientras que los verdaderos financiadores de la deforestación masiva, los grandes actores económicos y políticos, permanecieron impunes. El informe de Crisis Group subraya la importancia de una estrategia más integral para abordar el problema. Si bien el EMC ha demostrado tener la capacidad de reducir la deforestación en sus áreas de control, es necesario que el Estado colombiano implemente medidas que combinen la protección ambiental con el desarrollo económico sostenible. La negociación con los grupos armados, aunque controversial, podría ser una vía para lograr acuerdos en los que se establezcan límites claros a la expansión de actividades económicas devastadoras para la selva.   En este sentido, la propuesta de establecer un sistema de trazabilidad para el ganado, como la presentada en el Congreso de la República por el representante Juan Carlos Losada, es un paso en la dirección correcta. Aunque la iniciativa fue archivada, la creación de un sistema que permita verificar el origen del ganado y su impacto en la deforestación podría ser una herramienta valiosa para frenar la destrucción de la Amazonía. El control territorial que ejercen grupos armados como el EMC en la Amazonía representa un desafío enorme para el Estado colombiano y la comunidad internacional. A medida que estos grupos consolidan su poder en la región, el futuro de uno de los pulmones más importantes del planeta parece cada vez más incierto. El diálogo entre el Estado y los actores armados debe ser una prioridad, no solo para frenar la violencia, sino también para proteger el medio ambiente. Según Nashry Zahgui Ibn, coordinador de la Línea de Transición Energética y La Paz de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el avance de las energías renovables en Colombia podría desempeñar un papel crucial en la reducción de la deforestación en la Amazonía. Esto se debe a que disminuiría la dependencia de actividades que fomentan la degradación ambiental, como la minería ilegal y la tala de bosques controladas por grupos armados. El coordinador de la Línea de Transición Energética de Pares también destaca que ofrecer alternativas económicas sostenibles basadas en energías limpias, como la bioenergía o la solar, puede mitigar la explotación intensiva de los recursos naturales. Las energías renovables podrían reducir la presión sobre los ecosistemas amazónicos al disminuir la necesidad de energía derivada de combustibles fósiles, que a menudo requieren infraestructura invasiva en áreas forestales. Proyectos energéticos sostenibles, como los promovidos en la Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa, tienen el potencial de empoderar a las comunidades locales, proporcionándoles fuentes de ingresos alternativas y alejándolas de actividades depredadoras controladas por grupos ilegales. Además, Zahgui Ibn señala que el Estado debe asumir un papel activo y protector en la transición energética en regiones vulnerables como la Amazonía, donde los grupos ilegales controlan actividades como la minería y la tala. En estas áreas, es fundamental que el Estado priorice la presencia institucional y ofrezca alternativas económicas sostenibles a las comunidades locales mediante la creación de proyectos de energía renovable que fortalezcan la economía sin degradar los recursos naturales. Esto implica no solo desarrollar infraestructura energética, sino también proporcionar educación y capacitación en nuevas tecnologías, así como fortalecer la gobernanza ambiental, empoderando a las comunidades para gestionar de manera sostenible sus recursos. Por último, Zahgui Ibn enfatiza la importancia del fortalecimiento de mecanismos de seguridad territorial y políticas de protección para reducir la influencia de grupos ilegales, al tiempo que se promueve la reforestación y conservación como parte de una estrategia integral para la Amazonía. La justicia ambiental y la participación de las comunidades indígenas y rurales deben estar en el centro de esta política, asegurando que los beneficios de la transición energética se distribuyan de manera equitativa.

Por: Anderson Salinas Enlace Norte de Santander de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La edición 16 de la Conferencia bianual sobre Biodiversidad se desarrollará en Cali, Colombia entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre del 2024; y el Catatumbo buscará posicionarse como una región donde la paz se construye de la mano con la naturaleza.    La invitación para que la Corporación Juventud de Paz,  (que integra la Escuela de Liderazgo Juvenil de Tibú que adelanta la Fundación Paz y Reconciliación junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID-), participará en la Cop16 llegó de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que se desplazó hasta el Catatumbo a conocer el trabajo que realizan y que impulsan a través de la marca “Miel de abejas Tibú”. De acuerdo a, Leiver Moreno, integrante de la corporación y becario de la Escuela, participar en el encuentro es un logro significativo para el trabajo que adelantan y que se produce gracias a la participación que vienen desarrollando en los encuentros regionales de las mesas de diálogo de paz con el ELN y el EMC de las FARC; espacios donde siguen elevando el llamado de conciencia para que se sigan protegiendo los recursos naturales. Debemos recordar, que una de las mesas regionales de los diálogos de paz entre el gobierno Nacional y el EMC de las disidencias de las FARC se desarrolló en Ocaña en junio de 2024. Allí, las partes evaluaron la problemática ambiental en la región del Catatumbo, donde destacaron los daños causados por actividades como el extractivismo, monocultivos, deforestación y la contaminación de los ríos por la falta de tratamiento de aguas residuales. Las delegaciones acordaron sobre la importancia de la creación de una región de paz que tiene como objetivo profundizar en la transformación territorial y ayudar a revertir las causas del conflicto y la injusticia social y ambiental para salvaguardar los 1.060 humedales existentes en los 40 municipios de Norte de Santander.   “Sabemos que nuestra región ha sido afectada por la violencia, pero también de violencia con la naturaleza, la deforestación y los monocultivos son muestra de ello, pero también queremos decirle a Colombia y el mundo que aquí en el Catatumbo las comunidades están desarrollando alternativas y medios para reconstruir el planeta y el medio ambiente”, agregó Moreno a Pares. Una participación que para la Corporación pretende entregar una mayor visibilidad a la región del Catatumbo mediante las estrategias de cuidado y conservación; y así mostrar el trabajo que desarrollan en el Catatumbo con la implementación de apiarios que buscan el cuidado y preservación de la vida de las abejas y la generación de alternativas económicas mediante la comercialización de miel y productos a base de ella.   Son cerca de 45 jóvenes que integran el trabajo colectivo de Juventud de Paz para quienes la paz, la convivencia y la reconciliación con la naturaleza se lidera con el animal más importante del planeta tierra: las abejas. La Conferencia de las Partes (COP) es el órgano rector del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y para los y las integrantes de la corporación, pretende fortalecer sus iniciativas pero que también esperan se abran puertas para consolidar el proyecto de “Miel de abejas Tibú” que ya se expande por la zona urbana y rural del municipio de Tibú. Junto a ellos, el Catatumbo será representado por una delegación compuesta por líderes campesinos, ambientales, víctimas e indígenas que presentarán las propuestas de cuidado con el medio ambiente que lideran en está subregión nortesantandereana.

Por: Redacción Pares Cada vez aparecen más pruebas, mostradas desde la presidencia, de que el gobierno de Iván Duque habría comprado por más de 11 millones de dólares el software Pegasus al gobierno de Israel. Este complejo sistema de espionaje ha sido ofreciendo por Netanyahu a más de noventa gobiernos que ellos consideran amigos de Israel y Duque habría sido uno de los que aceptaron esa compra. El presidente Petro aseguró en las últimas horas que el empresario Yehuda Lahav, director de negocios del NSO group, llegó al país el 25 de junio del 2021 en el vuelo M-AGBB a cerrar el negocio con el gobierno del entonces presidente Iván Duque. En ese vuelo tenía más de cinco millones de dólares por eso Petro afirmó lo siguiente: Eso se llama lavado de activos. El representante del dueño de Pegasus ha lavado activos en Colombia ”.   Mientras tanto el presidente Iván Duque y otro de los funcionarios de su gobierno implicados en este escabroso caso, Diego Molano, quien fuera su ministro de Defensa, han decidido guardar un hermetismo que le hace daño al país. Se necesitan despejar urgentemente interrogantes sobre el accionar de ese gobierno en uno de los casos de espionajes más escabrosos desde que el DAS durante el gobierno de Alvaro Uribe decidiera chuzar a magistrados y senadores que le hacían oposición. La complejidad y perfección a la hora de espiar de Pegasus ha desatado resquemores por este software en aliados incondicionales de Israel como Estados Unidos en donde está prohibida su utilización.   Duque y Molano, al principio de este escándalo, salían al paso para dar su versión de los hechos. Ahora guardan silencio. Por eso, desde la opinión pública, personajes como el analista político León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, exhortan al expresidente Duque que hable con alguien, así sea con periodistas cercanas a él como Vicky Dávila. En los últimos meses la línea de la Revista Semana se ha endurecido aún más contra el presidente hasta el punto de que algunos se preguntan si lo que se está haciendo dentro de esa revista es periodismo o política. Los rumores de que Vicky sería candidata presidencial son cada vez más fuertes. Desde septiembre se embarcó en una especie de gira por las principales ciudades del país. Por eso, Valencia, le pide al ex presidente, que hable, así sea con Vicky pero que necesitamos saber cual es su versión de sus hechos:   “Sugiero respetuosamente que el expresidente Iván Duque le cuente su versión de la la compra de Pegasus a Vicky Dávila y así sabremos algo de lo que ocurrió, que hablen, como sea, que hablen y que los medios ayuden a esclarecer el hecho, por favor”

Por: Redacción Pares Este 22 de octubre, en medio del fragor de la COP 16, el presidente Gustavo Petro mostró pruebas que confirmarían el arribo al país de los aviones que habrían traído los millones de dólares con los que el gobierno de Iván Duque habría comprado el sistema Pegasus para poder espiar a la oposición. Los aviones aterrizaron en los hangares de la policía nacional. El presidente Petro afirmó que Ran Gonen, presidente del NSO Group “cometió el delito de lavado de activos”al realizar transacciones por más de 5 millones de dólares en las fronteras colombianas.   Pegasus, el complejo sistema de espionaje, ha sido por Israel a más de 90 países amigos con el fin de asegurar sus votos en la ONU y blindar a este Estado contra cualquier corte internacional. Las investigaciones continúan. Hasta hace unas semanas Iván Duque y su ministro de defensa Diego Molano, contestaban las preguntas que se les hacía sobre este caso. Ahora guardan un preocupante silencio.   ¿En qué consiste Pegasus?   Desde marzo del 2024 se venía hablando del tema pero sólo hasta el 9 de septiembre en alocución presidencial se mostraron prueba de que Pegasus estaba en Colombia. La investigación había estado a cargo de la UIAF, organismo adscrito al ministerio de Hacienda, que tiene como su principal función descubrir lavado de activos o movimientos de dinero que tuvieran algún tipo de actividad ilícita. La UIAF obtuvo esta información a través del Egmont Group y de la Unidad de Análisis Financiero de Israel y el presidente Petro habría violado, según últimas informaciones, acuerdos de confidencialidad al haberlos hechos público.   Lo cierto es que en caso de que se comprobara si Pegasus está en Colombia, en manos de la policía, la libertad en este país estaría en entredicho. El 30 de octubre del 2011 el entonces presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto en donde dio por terminado el DAS después de los escándalos que protagonizó esta entidad durante los ocho años que duró el gobierno de Alvaro Uribe. A partir de allí la inteligencia se divide en cuatro: la Agencia Nacional de Inteligencia que está adscrita a presidencia que ahora es conocida como DNI -inspirada en las agencias británicas de inteligencia- que, en teoría, depende del DAPRE pero tiene mucha autonomía. Luego está el Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional, la UIAF, que detecta crímenes financieros y la Dirección de Inteligencia Policial, la DIPOL que, según lo expuesto por el presidente, fue la que decidió comprar Pegasus para espiar, en los años de Iván Duque, a la oposición.   El software Pegasus ha sido protagonista de escándalos en España y en Estados Unidos. El presidente español Pedro Sánchez fue víctima de este espionaje al igual que 65 políticos catalanes, periodistas, abogados y personalidades públicas. En Estados Unidos en el año 2021 los creadores de Pegasus, el grupo NSO, fue incluido en una lista negra. Pegasus permite a los clientes del NSO Group hacerse con el control remoto de un dispositivo móvil sin que el usuario sea consciente de ello. Es una herramienta implacable muy útil para la persecución de terroristas y criminales por parte de algunos Gobiernos, pero también para el espionaje de opositores y disidentes. Algunas agencias privadas de seguridad pensaron su momento adquirir el software pero el propio gobierno Biden decidió declararlo ilegal. El primer caso de espionaje en Estados Unidos por medio de Pegasus fue contra el defensor de derechos humanos emiratí Ahmed Mansoor. Sesenta ejecutivos y 180 periodistas de todo el mundo habrían sido chuzados por este sistema.   Según Amnistía Internacional cerca de 50 mil teléfonos en todo el mundo ya habían sido intervenidos por Pegasus. Este número al menos es hasta el 2021. Lo más seguro es que el número ha seguido creciendo. En El Salvador opositores de Bukele han sido informados por Apple de que sus teléfonos habían sido intervenidos. Uno de ellos fue el de Gabriela Cáceres, periodista de El Faro, uno de los pocos medios que se han mantenido críticos contra ese gobierno. Otro periodista que también fue intervenido por Pegasus fue Jamal Khashoggi quien fue secuestrado y desaparecido en la embajada de Arabia Saudita en Estambúl durante el 2018. Una semana antes de que mataran al periodista mexicano Cecilio Pineda, uno de los más incisivos contra la incapacidad de Enrique Peña Nieto, su teléfono había sido intervenido por el software.   Una investigación de Amnistía Internacional describe de esta manera la capacidad de hacer daño de Pegasus: “es especialmente invasivo ya que tiene la capacidad de recopilar y enviar una cantidad ilimitada de datos personales y privados. Por su naturaleza, esta herramienta de vigilancia digital es proclive a las violaciones de derechos humanos. Una vez que infecta un teléfono, permite al atacante el pleno acceso a los mensajes, correos electrónicos, elementos multimedia, micrófono, cámara, llamadas y contactos del teléfono. Mediante su utilización se han vulnerado los derechos de opositores políticos, activistas de derechos humanos y periodistas, aunque no solo, ya que entre los números infectados están también los de personas pertenecientes al mundo académico, de la abogacía, de la medicina, líderes sindicales, de la diplomacia e incluso jefes de Estado”.   Aunque al principio se negó que Pegasus podría estar en Colombia cada día aparecen más y nás pruebas de uno de los casos de espionaje más aberrantes que se recuerden en el país.

Por: Línea Gobernanza, Transición Energética y Paz El enfoque de Transición Energética Justa en Colombia representa un cambio significativo hacia la energía renovable, particularmente en las zonas rurales afectadas por conflictos. Si bien los acuerdos de paz en Colombia no abordan explícitamente la transición energética, su implementación ofrece oportunidades únicas para promover la energía renovable en estas regiones. El gobierno colombiano ha estado trabajando activamente en una hoja de ruta para la transición energética desde 2016, enfatizando la importancia de las fuentes de energía renovables a través de iniciativas como la Ley 2099 de 2021 y Conpes 4075 de 2022. Estos marcos priorizan la diversificación de la matriz energética, centrándose en fuentes de energía renovables no convencionales como la energía solar y eólica, que son particularmente relevantes para las comunidades rurales. Participación y empoderamiento de la comunidad Uno de los componentes centrales de la Transición de Energía Justa es el énfasis en el compromiso y el empoderamiento de la comunidad. Programas como Comunidades Energéticas y Distritos Energéticos integran a las comunidades locales en la generación y gestión energética a través de proyectos cooperativos. Este enfoque no solo mejora la participación de la comunidad en la cadena de valor de la electricidad, sino que también promueve la expansión de proyectos de energía solar en áreas rurales donde el acceso a la electricidad es limitado. Al fomentar la participación local, estas iniciativas empoderan a las comunidades, permitiéndoles tomar posesión de sus recursos energéticos y contribuir al desarrollo sostenible. Desarrollo económico y creación de empleo La Transición de Energía Justa también tiene como objetivo estimular el desarrollo económico en las zonas rurales mediante la creación de nuevas oportunidades de empleo en el sector de las energías renovables. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) se alinea con este objetivo mediante el desarrollo de economías alternativas en regiones afectadas por conflictos, muchas de las cuales tienen un potencial significativo para proyectos de energía renovable. Al promover soluciones energéticas sostenibles, las comunidades rurales pueden diversificar sus economías y reducir su dependencia de las actividades económicas tradicionales, a menudo perjudiciales. Esta transición no solo mejora las perspectivas económicas, sino que también mejora la calidad de vida general de los residentes. Iniciativas de Equidad Social y Formación Un aspecto crítico de la Transición de Energía Justa es su enfoque en la equidad social y la recapacitación de trabajadores de los sectores minero y energético. La iniciativa Capacitación y Reconversión Laboral facilita la transición de estos trabajadores a empleos de energía renovable, asegurando que los beneficios de la transición energética sean inclusivos y accesibles para todos los miembros de la comunidad. Además, los diálogos sociales en las regiones más afectadas por la transición, como La Guajira, garantizan que las voces locales sean escuchadas en el proceso de toma de decisiones. Este enfoque participativo aborda las preocupaciones de equidad social y fomenta un sentido de propiedad comunitaria durante el proceso de transición. Beneficios a largo plazo y sostenibilidad Los beneficios a largo plazo de la Transición de Energía Justa para las comunidades rurales en Colombia son multifacéticos. Una mejor acceso a las energías renovables puede conducir a una mayor infraestructura y mejores condiciones de vida, mientras que el enfoque en la sostenibilidad ambiental contribuye a la restauración de los recursos naturales. Además, las iniciativas de empoderamiento comunitario fomentan la participación local en la gestión de la energía, fomentando un sentido de propiedad y participación en el proceso de transición energética. En última instancia, la Transición de Energía Justa no solo aborda las preocupaciones ambientales, sino que también promueve la justicia social, asegurando que las comunidades marginadas se beneficien de los proyectos de energía y tengan voz en la configuración de su futuro.   Específicamente, el acuerdo de Desarrollo Rural Integral busca mejorar la calidad de vida en las zonas afectadas por el conflicto, lo que incluye aspectos como infraestructura, acceso a servicios básicos y desarrollo económico. Este tipo de desarrollo podría involucrar iniciativas de energías limpias y sostenibles a largo plazo, aunque el acuerdo no lo menciona explícitamente. A nivel nacional, el debate sobre la transición energética en Colombia ha tomado mayor fuerza en años posteriores al acuerdo, en el contexto de los esfuerzos por la reparación ambiental y el desarrollo sostenible, sobre todo en territorios afectados por el conflicto. En ese sentido, si bien los acuerdos de paz no abordan directamente este tema, su implementación abre una oportunidad para considerar el uso de energías renovables y el impulso hacia una transición energética en las zonas rurales del país. El enfoque de desarrollo rural integral y la protección de los recursos naturales en las áreas de conflicto permiten abrir el debate sobre el uso de energías renovables y la implementación de proyectos sostenibles. Aunque los acuerdos se centran más en la reparación ambiental y la gestión de territorios, estos elementos sentaron las bases para futuras políticas energéticas y medioambientales. Las políticas ambientales vinculadas a los acuerdos se enfocan también en la restauración de ecosistemas, la gestión del cambio climático y la necesidad de un desarrollo económico más equitativo, que podrían incluir indirectamente componentes de transición energética en la medida que el país avanza en su agenda de sostenibilidad. El gobierno ha previsto que los proyectos energéticos sean una herramienta para fortalecer la economía popular y comunitaria en las zonas rurales. Se busca que las comunidades energéticas apoyen iniciativas productivas locales que aumenten el valor agregado de productos rurales, como deshidratadores solares o tostadores de café. Esta visión se alinea con la estrategia de reindustrialización rural, que pretende mejorar la productividad de las comunidades rurales mediante la adopción de tecnologías limpias. Conclusión La hoja de ruta de la TEJ no solo contempla una transición tecnológica hacia las energías renovables, sino que está profundamente comprometida con la justicia social y la mejora de las condiciones de vida en las comunidades rurales. Los proyectos de energías renovables serán una vía para mejorar el acceso a la energía, reducir la pobreza energética y generar beneficios económicos directos para estas comunidades. El éxito de esta transición dependerá, sin embargo, de la participación activa de las comunidades rurales en el proceso y la transparencia en la implementación de los proyectos. Referencias Minenergía. (2023, enero 16). Realizamos la 1.a jornada de diálogo social del 2023 para la construcción de la hoja de ruta de la Transición Energética Justa [Twitter post]. https://www.minenergia.gov.co Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022, noviembre 10). Gobierno Petro anuncia cuáles serán los primeros pasos para la construcción de la hoja de ruta para la Transición Energética Justa en Colombia. https://www.minambiente.gov.co Infobae. (2022, diciembre). Listos los primeros documentos de la hoja de ruta para la transición energética de Colombia. https://www.infobae.com ACIEM. (2022). Planeación del proceso de la transición energética justa. Capacitación en energía. https://www.aciem.org

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El 17 de octubre de 2024, por fin se dio a conocer la Hoja de Ruta para la Participación de la Sociedad Civil en el Proceso de Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. Las ideas para elaborar este documento comenzaron a gestarse y ponerse por escrito desde antes de la instalación de la Mesa de Conversaciones Socio-jurídica, a mediados de 2023, pero debido a la serie de dificultades que han rodeado este proceso de paz, solo pudo firmarse y darse a conocer un año y cuatro meses después.   Para el Gobierno nacional no era claro el camino que debía seguirse con el componente de paz con las Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto que se considera en el artículo segundo de la política pública de la Paz Total o Ley 2272 de 2022. De allí que buscó, primero, avanzar en la discusión y aprobación en el Congreso de la República de una ley de sujeción a la justicia de estas estructuras, que permitiera tener claro los incentivos que se le ofrecerían para el sometimiento a la justicia, y luego pasar a dialogar con ellas teniendo claras las normas.   Sin embargo, esto no ocurrió, el proyecto de ley que presentó Gobierno no tuvo las discusiones y los respaldos esperados y, finalmente, el texto inicial se engavetó. Además, además en el primer año del gobierno de la Paz Total se presentaron cambios burocráticos —salió el Alto Comisionado para la Paz Camilo Rueda y entró Otty Patiño— lo que resultó un punto de quiebre en las relaciones que se tenía entre el Gobierno y los que lideraban el proceso. Generando un silencio de casi un año alrededor del proceso de paz, el cual solo terminó con el lanzamiento de está Hoja de Ruta.   En el documento firmado por más de 60 actores que participaron en su elaboración —entre los responsables están las múltiples organizaciones sociales y comunitarias, el Gobierno nacional, las iglesias y la academia—, se expresa la filosofía, las pretensiones y cada uno de los ocho asuntos que debe tenerse en cuenta en la construcción de paz urbana en este territorio.  Se busca dejar configurado un camino para la participación de la sociedad civil en las dinámicas de la paz urbana en el Área Metropolitana Valle de Aburrá.   Entre los principios y valores que iluminan este camino están los deseos de que éste sea un proceso de paz participativo, amplio, incluyente e integral. Donde las personas y organizaciones involucradas que estén presentes logren participar e incidir en todo el proceso, tanto en la fase de diseño —como lo fue en la elaboración de está Hoja de Ruta— como en las etapas de diálogo, negociación e implementación de acuerdos —sean estos parciales o finales—.   En cuanto a los propósitos, el elemento más característico que tiene el acuerdo colectivo o Hoja de Ruta es que busca presentar la Mesa de Conversaciones Socio-jurídica, que se tienen entre el Gobierno nacional y voceros de las estructuras armadas, como un componente más de la construcción de la paz en Medellín y el Valle de Aburrá. El sometimiento a la justicia lo conciben como un proceso paralelo, simultáneo y complementario, con el que se busca “el desescalamiento de las violencias y la construcción de la paz urbana” (p. 2 de la Hoja de Ruta).   Para los firmantes del documento de paz urbana es fundamental que la sociedad civil tenga autonomía e independencia en este componente especial de la Paz Total. De allí que, desde la primera línea hasta la última, se señalan las obligaciones del Estado y los derechos de la ciudadanía en la construcción de este bien público y universal. Se resalta en la primera página que “como Constituyente Primario y Poder Soberano” —tal como lo enuncia el artículo 3 de la Constitución Política— la sociedad civil debe de estar en el “más alto nivel” de la construcción de la paz territorial.   También, explicitan y enfatizan que la paz no se alcanza simplemente con la “ausencia de la guerra o el silenciamiento de los fusiles” —como lo indicó la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-525 del 2023, donde ratificó la constitucionalidad de la Ley 2272 de 2022—. La construcción de la paz es un proceso de mediano y largo plazo que conlleva la “eliminación de las causas estructurales de la violencia institucionalizada y la construcción de condiciones duraderas para la garantía y disfrute efectivo de los derechos” (p. 2 de la Hoja de Ruta).   Estos dos reconocimientos iniciales —el papel fundamental de la sociedad civil y la concepción amplia e integral de la construcción de la paz— sirvieron para justificar la exigencia que la sociedad le hace al Estado y los involucrados en los procesos de paz urbana para el reconocimiento y respeto a la autonomía e independencia que deben tener en este proceso.   Autonomía que les permitió pensar, elaborar y acordar una Agenda de la Sociedad Civil para la Paz Urbana territorial y una Hoja de Ruta con la que buscan la “focalización y priorización de acciones, recursos, grupos poblacionales y territorios” (p. 2). Una herramienta con la que   se quiere “establecer el conjunto de pautas y procedimientos asociados con las formas acordadas para que la sociedad civil participe en la construcción del proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá” (pág. 2).   Allí queda claro que es la misma sociedad civil la que determinó los mecanismos e instancias para garantizar la participación activa y plena de la sociedad civil en el proceso de paz urbana. Que son tres: 1) Asambleas por la paz urbana, 2) Espacio Asambleario de la Sociedad Civil para la Paz Urbana y 3) Comité de Impulso para la Paz Urbana. Construidos como un sistema de participación de abajo hacia arriba —Bottom-Up— o de la base hasta la punta de la pirámide —desde el habitante de un edificio o unidad residencial hasta la agrupación de ciudadanos en comunas y por municipio—. Para que se logre sintetizar todas las demandas y apuestas transformadoras que la ciudadanía desea auto-entregarse para la construcción de la paz urbana.   Igualmente, son enfáticos en advertir que en lo que respecta con “los aspectos organizativos y operativos requeridos para el funcionamiento de estos escenarios serán definidos de manera concertada entre las organizaciones y actores que los conforman”. Y que el Gobierno nacional deberá proveer los “recursos para el impulso de estos espacios de participación, de tal modo que puedan ser resueltas las necesidades logísticas y operativas del Espacio Asambleario y el Comité de Impulso” (pág. 4 de la Hoja de Ruta).   Finalmente, como exigencias para alcanzar la independencia deseada, en el documento se establecen los principios de confianza, respeto, reconocimiento y autonomía para el relacionamiento entre los actores de la sociedad civil. El deseo es que se generen espacios de participación donde la ciudadanía se sienta en libertad de hacer aportes o retirarse, si así lo desea; donde se les respete las diferentes posturas a los participantes —tanto de personas como organizaciones—; y donde las decisiones que se tomen sobre las agendas de paz se implementan, como una de las responsabilidades del Estado.   En síntesis, la sociedad civil en Medellín y el Valle de Aburrá continúan trazando el camino de la búsqueda de la paz en el país, insistiendo en el derecho que tienen a que de manera independiente y autónoma estructuren la forma de aportar a los procesos de paz. Un derecho a participar e incidir en las dinámicas de paz que se la ha ganado en las últimas cuatro décadas en Colombia y que hoy sirven de bandera para que se les reconozca como actor prioritario y que puede usar los recursos —físicos, económicos e intelectuales— para agenciar sus propios procesos y espacios en la arena de la construcción de paz.   Esperemos entonces que la firma de esta hoja de ruta sirva como punto de inflexión para que la paz urbana, no solo la de Medellín y los municipios circundantes sino la de los demás procesos abiertos con las Estructuras Armadas Organizadas, adquieran otra dinámica y avances en el logro de resultados. Además, para que se logre identificar las formas de violencia urbanas; se promueva el diálogo social e integral; se avance en la construcción de la verdad, la reconciliación y no repetición; y se generen aportes para crear nuevas economías y desmontar estas organizaciones criminales.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Isabela Puyana “Ahora escuchamos hablar sobre transición Energética con el apellido de justa, esa palabra no está ahí por estar o por embellecer la expresión, no lo hicieron por ponerle una cortina. para nosotros como pueblo Arhuaco es la definición de que la energía puede ser sostenible. La transición energética en la Sierra Nevada tiene que ser justa tanto para nuestras necesidades humanas, como con nuestro entorno: con el medio ambiente y los seres. Si se piensa desde allí, podremos dejar de repetir modelos de explotación que han tenido efectos negativos con nuestro ecosistema”   Estas son las palabras de Dugunawin Torres, un líder ambientalista de la comunidadindigena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta que ha dedicado su vida a llevar procesos de apertura hacia conversaciones  y otros posibles escenarios económicos y culturales sin afectar su ecosistema, ni vulnerar a los habitantes de la zona.   Por lo general, el Gobierno y las instituciones acostumbran nombrar la Transición energética justa como una manera de llevar la energía a zonas nunca antes conectadas. Tal es el caso de las comunidades energéticas, fundadas como un modelo de democratización de la energía en Colombia. Sin embargo, como lo menciona Dugunawin Torres, su concepción de justicia está más arraigada hacia los valores del cuidado medioambiental.   Este es el tipo de conversaciones que comienzan a darse entre lo institucional y lo comunitario, por ello se vuelve imperativo que estos procesos se den de la mano con las comunidades para no dejar de lado sus saberes, conocimientos y aportes a la Transición desde sus cosmovisiones y apropiaciones del entorno.   En ese orden de ideas, " Transición Energética Justa y Sostenible: una mirada desde los saberes indígenas" fue un importante espacio propuesto para la COP 16.  Esta charla permitirá  entender la necesidad de encontrar el equilibrio entre la naturaleza y la sociedad, desde la cosmovisión y saberes de las comunidades indígenas del Caribe colombiano.   Los panelistas asistentes serán Zairybeth Elena Velázquez, lideresa de la comunidad Tekia-Wayuu, Dugunawin Torres, líder ambientalista de la comunidad indigena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, Claudio Rosas de la organización Paralelo 7, experto en relaciones comunitarias y comunidades indígenas de Chile. El panel será  guiado por Nashry Zaghui Ibn Mucktafafi, coordinador de la Línea Gobernanza para la Transición energética y la Paz de Pares y se dará el 24 de octubre a las 12:15 pm en la Universidad Ecci, Salón 4 piso 8, en la ciudad de Cali.   “Establecer puentes es quizás lo más difícil a lo que nos estamos enfrentando hoy en día y estamos acá para poder compatibilizar las cosmovisiones de los pueblos originarios con los desarrollos energéticos que nos exige el mundo.” Asegura Claudio Rosas, Director de paralelo 7, invitado al panel.   . A través de esta charla entre múltiples voces y actores involucrados en la transición energética se buscará analizar la relación que existe entre el acceso a la energía y el cuidado del medio ambiente desde las cosmovisiones de las comunidades indígenas, así como la llegadas de nuevas tecnologías a espacios nunca antes conectados.   “Lo que suele suceder es que para nosotros, desde nuestra visión occidental, el desarrollo necesario para el pueblo originario puede que sea uno, sin embargo para ellos puede que signifique un abuso a sus tradiciones socioculturales, a sus tierras y esa es una dinámica que desde la humildad debemos hacer el esfuerzo de entender”. Agregó Rosas   Por ello es ideal abordar, desde los saberes indígenas, la Transición Energética Justa en los territorios, así como conocer, desde las voces de las comunidades, cuáles son los aspectos necesarios para que la Transición pueda darse de manera justa y sostenible en cada uno de sus territorios.   Para Nashry Zaghui Ibn Mucktafaf, coordinador de la Línea Gobernanza para la Transición energética y la Paz de Pares, “Es necesario construir a partir del diálogo una idea de relación equilibrada entre la Transición Energética y el medio ambiente. A partir de este tipo de diálogos plurales será la única manera de lograr ese llamado de justicia del que habla el gobierno, pero al tiempo que mencionan las comunidades en este proceso de conexión y vida”.   Si está en Cali y le interesa asistir a la charla " Transición Energética Justa y Sostenible: una mirada desde los saberes indígenas" que se dará el 24 de octubre a las 12:15 pm en la Universidad Ecci, Salón 4 piso 8, en este video le contamos cómo inscribirse:

Por: Redacción Pares La coyuntura está caliente. La reforma política ha sido vendida por el gobierno Petro como la gran respuesta a la crisis de la democracia que vive no sólo el país sino el continente. Ya nadie cree en partidos políticos y parece ser el tiempo de los outsiders. Justo estamos en la Semana de la Democracia y nos parece el momento justo para pensar en donde estamos parados. Por eso, este 22 de octubre, se hizo en la Universidad de los Andes el conversatorio Corrupción, violencia y deriva autoritaria en América Latina-Integridad electoral. Con el apoyo de la Misión de Observación Electoral, la Registraduría y la propia Universidad de los Andes, se pudo escuchar a panelistas de la talla de Tomás Dosek, un intelectual checo doctor en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la directora de la MOE Alejandra Barrios, Griselda Colina, fundadora y directora del observatorio Global de Comunicación y Democracia, el profesor Victor Mijares y el investigador de la línea de gobernabilidad y democracia de la Fundación Pares Alejandro Chalá.   Uno de los temas que se tocó, por supuesto, fue la situación de la democracia en Latinoamérica y, por su cercanía con ese país, se hizo énfasis en Venezuela. Tomás Dosek empezó conversando con Aejandro Chalá y abordó lo innegable: estamos frente a un proceso de erosión de la democracia, sin embargo aún hay esperanzas, hay países como Chile, Brasil o Colombia en donde, debido a la alternancia política entre la derecha y la izquierda en sus elecciones presidenciales, se nota que la democracia aún goza de buena salud. Una de las causas de esa erosión de la democracia tiene que ver con que la gente ha dejado de creer en los partidos políticos. Una de las frases que dejó Dosek fue toda una invitación a pensar la Democracia en estos días: “La gente se preocupa es por llegar a fin de mes, no por el estado de la democracia”. Este desapego se debe a la desazón suprema que hay entre nuestras sociedades, con índices de pobreza altísimos y una absoluta falta de oportunidades.   En el segundo panel se habló largamente sobre lo que significó para Venezuela las elecciones del pasado 28 de julio. A pesar del pesimismo del que hizo gala Dosek para Griselda Colina los resultados obtenidos en esa elección presidencial, en donde sólo la tosudez del chavismo por seguir mandando evitó lo que se ganó en las urnas, una victoria de la oposición, revelan que la gente está cansada del régimen. El profesor Victor Mijares aseguró que este desencanto se debe a que ya no existen los recursos para mantener los subsidios que alguna vez hicieron atractiva, para una buena parte de la población, las propuestas del chavismo. Alejandra Barrios resaltó y aplaudió la posición del gobierno Petro de apertura al diálogo con Maduro, teniendo en cuenta las necesidades que se tiene en una frontera porosa, de más de 2.000 kilometros, y recordó decisiones discutibles del pasado gobierno, el de Iván Duque, como pedirle a Juan Guaidó la extradición de la ex congresista Aida Merlano. El investigador Alejandro Chala habló también sobre las pugnas internas que están minando al chavismo, debido a la disputa que hay por el poder entre familias como la de Diosdado Cabello, los Rodríguez y las del propio Maduro.   Fue una jornada que permitió ponernos en contexto con las horas difíciles que pasa la democracia en el continente.

Por: Katerin Erazo, Periodista La violencia en el departamento del Cauca ha alcanzado niveles alarmantes en las últimas semanas, con El Plateado y zonas aledañas convirtiéndose en epicentros del conflicto. La presencia de disidencias de las FARC, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, ha generado un clima de tensión e inseguridad en el municipio, afectando directamente a la población civil. Los habitantes se encuentran en medio de una disputa territorial entre grupos armados ilegales que buscan intimidar tanto al Gobierno Nacional como a las fuerzas de seguridad presentes en la región. En un reciente episodio de violencia, ocurrido el pasado sábado 19 de octubre, varias viviendas y comercios en el casco urbano amanecieron con grafitis alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), un hecho que aumentó la consternación de la comunidad. Las primeras investigaciones señalan que estos actos habrían sido realizados por miembros de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, liderados por alias Giovanny y alias Tabares. Los delincuentes habrían enviado dos grupos de personas para diseminar los grafitis y generar confusión, con la intención de hacer parecer que el ELN ha incrementado su influencia en la zona. La rápida respuesta del Ejército Nacional incluyó la eliminación de los grafitis y la quema de una bandera del ELN. Actualmente, las autoridades están analizando las latas de aerosol abandonadas por los responsables, en un esfuerzo por identificar a los culpables. No obstante, el temor persiste en la comunidad, que ya anticipa más acciones intimidantes, como la colocación de explosivos en las vías y nuevos intentos de presión por parte de los grupos armados. A su vez, en el municipio vecino de El Tambo, la situación es aún más crítica. Más de 300 campesinos retuvieron a 60 soldados del Ejército, en un acto de resistencia frente a las operaciones militares en la región. El general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, confirmó que las negociaciones con la comunidad para liberar a los soldados están en marcha. Sin embargo, dejó claro que las operaciones militares en la zona continuarán con mayor intensidad. “Vamos a evacuar a los soldados en helicóptero, pero las operaciones siguen más fuertes que nunca”, afirmó Mejía. Por su parte, Marcial Ruiz, un reconocido líder social de la región, expresó la preocupación de la comunidad ante los posibles enfrentamientos que podrían ocurrir entre las fuerzas del Estado y los grupos armados. Según Ruiz, la retención de los soldados fue una medida preventiva para evitar una escalada de violencia que ponga en riesgo a los civiles. “No queremos más derramamiento de sangre. Los enfrentamientos armados son inminentes, y siempre somos nosotros los que quedamos en medio”, señaló.   Mientras tanto, la comunidad de El Plateado sigue viviendo bajo la sombra de la violencia, con el temor constante de ser usada como herramienta en la guerra territorial que libran las disidencias y otros actores ilegales. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier tipo de amenaza o actividad sospechosa, a fin de contrarrestar los intentos de los grupos armados por consolidar su poder en la región.

Por: Redacción Pares   Este lunes 21 de octubre se inauguró la Zona Verde en Cali, durante el segundo día de la COP 16. Al lado del boulevard del río se dio marcha oficialmente a un espacio que servirá para el desarrollo de la cultura, las artes y respirar aire puro. Con su habitual rimbombancia Petro afirmó que esto se trataba “del evento más importante en la historia de este país”. Fue en el lugar conocido como “La tarima los farallones”, y se dieron muestras de la cultura del Pacífico como un pedacito del carnaval de Blancos y Negros, tan tradicional en Pasto. En el evento el presidente- que fue atronadoramente vitoreado- estaba acompañado por la vicepresidenta Francia Márquez, la ministra de ambiente Susana Muhamad, el alcalde de Cali Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro quien fue abucheada.   Petro aprovechó este momento para incitar a los líderes mundiales que acompañan la COP a pasar del dicho al hecho. Es que, de los compromisos adquiridos en el evento anterior apenas 33 de los 190 países hicieron la tarea bien y cumplieron con lo que se había comprometido. Por eso el presidente dijo lo siguiente:   “Hoy estamos en un momento difícil, yo he asistido a numerosas COP como le llaman gobiernos que se reúnen una y otra vez para platicar del clima y del qué hacer,  problema, nos hemos quedado platicando. La sensación amarga de salir de cada conferencia de las partes sin que haya salido nada concreto o a veces a medio hacer o con declaraciones que después al mes siguiente no se cumplen o porque la humanidad a través de sus naciones y pueblos a veces solo se acerca con una especie de vasija para pedir una limosna como si con limosnas pudiéramos solucionar el problema del clima y el problema de la desaparición de las especies vivas sobre el planeta tierra incluida la especie humana”.   También recordó que Colombia y en especial su capital, Bogotá, está en medio de una crisis de abastecimiento de agua que lo tiene en un racionamiento que sufre cada diez días un hogar de la capital. El presidente afirmó que esto no se trata de un problema aislado sino que ya empieza a sentirse la tala indiscriminada de árboles en el Amazonas y en demás bosques que deberían estar protegidas de la ambición humana:   “Algo está pasando en el planeta para que Bogotá se queda sin agua, para que la selva amazónica se queme y para que los ríos del Pacífico se destruyan. N os están quitando la base misma de la vida en nuestra propia Colombia, el país de la belleza, y aquí es donde a mí me parece que tenemos que actuar. No es que Marte se nos acercó ni que el sol ni que las explosiones solares... o que hay un calor porque sí, es que hay un sistema económico que en los países más ricos está usando carbono para producir más mercancías y ganar más, y en su consumo, cada vez arrojan más ese carbono vueltos gas efecto invernadero a la atmósfera”. Este miércoles arranca el tercer día de discusiones en la COP 16 que, por el momento se desarrolla con total normalidad y exito. Los caleños están felices y como ha recalcado su alcalde, Alejandro Eder, ha sido la oportunidad para que por fin se hable de Cali de manera positiva después de haber estado sumida en una guerra por carteles de droga y la lucha de grupos armados debido a su inmejorable situación geográfica.

Por:  Iván Gallo - Editor de Contenidos La Cop16 empezó en Cali este domingo 20 de octubre con un encendido discurso del presidente Gustavo Petro. La fundación Paz y Reconciliación estará en la COP16 en multiples actividades. Una de ellas es la presentación de un informe sobre la importancia y los riesgos que asumen los líderes ambientales en el país. Gracias al Acuerdo de Escazú estos líderes estarían blindados en un país que registra lás peores estadísticas en cuanto a su seguridad. El informe de la fundación Pares están los perfiles de los líderes más notables entre el 2018 y el 2024, pero pocos jóvenes recuerdan la importancia que tuvo en su momento Alberto Rojas Lesmes, mejor conocido por su sobre nombre, Kapax.   En 1976 no existía un colombiano más famoso que él. En ese momento Colombia tenía muy pocas cosas por las cuales podría estar orgullosa. Las gestas deportivas apenas empezaban a llegar. Además de la medalla de plata de Helmunt Bellingrodt conseguidas en los juegos olímpicos de Munich en 1972, o el campeonato del mundo de Antonio Cervantes “Kid Pambelé” no estábamos acostumbrados a grandes hazañas personales. Pero Kapax estaba dispuesto a hacer una gran gesta. En 39 días recorrió más de mil kilómetros nadando el río Amazonas.   Durante la sequía de todo este 2024, el Amazonas ha tenido trechos en donde sólo es fango y arena. Los peces mueren asfixiados y las nubes siguen pasando de largo. Pero, cuando lo hizo Kapax aún el fantasma del calentamiento global no se movía por el aire. El río estaba relativamente sano y furioso. El rio mide 6.500 kilómetros. Los egipcios, los más antiguos de los antiguos, hacían conjeturas y hasta construyeron mitos alrededor del origen del Nilo. Pasaron milenios antes de lograr saber donde empezaba. Tenía 6.400 kilómetros. El Amazonas es el río más misterioso y mortífero del mundo. Kapax lo pasó de lado a lado. Pero en 1976 logró su hazaña más recordada: fue el primer ser humano en recorrer, a nado y de manera completa, los más de 1.000 kilómetros que tiene el rio Magdalena. Tenía 29 años y se había trazado entrar el 7 de agosto de 1976 a Puerto Colombia. Lo logró, 30 mil personas lo esperaron para celebrar la hazaña. Sin embargo, millones de colombianos lo siguieron a través de la radio. Se vivió con la emoción que se vivía en esa época las gestas de los ciclistas en la Vuelta a Colombia.   La televisión no transmitió en directo pero Kapax encabezó los titulares de los noticieros y las portadas de los periódicos. Desde siempre ha intentado llevar su legado de cuidado al medioambiente y a los ríos. Vale la pena recordar que cuando cruzó a nadie el Magdalena no llevaba tanque de oxígeno, ni traje, solo una pantaloneta colo jaguar, un cuchillo y su pelo largo. Sus hombres le medían una brazada. Era un super humano. Incluso sus hazañas le dieron la vuelta al mundo y la televisión japonesa le hizo un documental. Pero en el país del olvido todo pasa.   Hace unos años, en el 2016, me encontré con Kapax en Leticia. Trabajaba como guía turístico en el hotel Decameron de esa ciudad. Organizaba incursiones a la Isla de los Monos, vivía orgulloso de su ciudad pero un poco moleto por el desprecio que algunos políticos le habían demostrado. En el 2010, poco antes de acabar su segundo periodo, el entonces presidente Alvaro Uribe hizo uno de sus famosos consejos comunitarios. Kapax quería hablar con el mandatario, que le pasaran un micrófono y contarle lo que estaba sucediendo en Leticia con el turismo desbordado. Hace cincuenta años había un sólo hotel en esa ciudad, hoy hay setenta. Leticia es una isla y sus recursos son limitados. La tala y la colonización empiezan a minar la capital del Amazonas, en la presente sequía que atormenta al país, la ciudad quedó aislada debío a que el Rio Amazonas presentó mínimos de caudal históricos. Kapax quería contarle eso a Uribe pero sus guardaespaldas jamás le dejaron pasar el cerco. Cuando el hombre que protagonizó un comic que duró 77 episodios, cuatro películas y decenas de documentales dijo su nombre ninguno de los guardaespaldas lo dejó pasar. No lo conocían,   Alvaro Uribe en su primer mandato lo había nombrado embajador del turismo y del medio ambiente pero sólo fue letra muerta. Cuando le quiso presentar un proyecto al entonces presidente Uribe para unir a los tres países que conforman el trapecio de la cuenca Amazónica, Colombia, Perú y Brasil nadie lo escuchó. Dijo en su momento a El Colombiano que en ese momento “Me sentí desahuciado”. Hasta hace muy poco Kapax estaba dispuesto a volver a cruzar el Amazonas para enseñarle a los niños la importancia del cuidado del medio ambiente. Hoy no tiene ninguna repercusión mediática. Su figura parece muy lejana. Fue el primero que decidió hablar sobre la importancia de la conservación de la fauna y flora.   Su cargo en Parques Nacionales es más una mención honorífica. Se le reconocieron sus hazañas en el libro  “Lo logré, lo logré, lo logré” publicado en el 2023 y que sólo se difundió en el Amazonas. Que sea la COP 16 la excusa que están necesitando los pioneros de preservación ambiental para volver a recobrar algún tipo de relevancia. No basta con medallas ni nombramientos que no son más que palmadas en la espalda.   A los viejos sabios siempre hay que escucharlos.