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Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. En la Universidad del Pacífico, en Buenaventura, una docente le impidió a una estudiante presentar una exposición a menos que se cambiara de blusa. Este abuso de poder es inaceptable, no puede ser ignorado y la universidad tiene la responsabilidad de pronunciarse de manera pública y debe abrir una investigación disciplinaria en contra de la docente, ya que ninguna libertad de cátedra puede pasar por encima de los derechos constitucionales. Según me cuenta la estudiante, la docente en cuestión lleva más de 15 años imponiendo sus reglas personales sobre la vestimenta, limitando la libertad de expresión de los y las estudiantes. Esto refleja un desconocimiento, o peor aún, un desprecio por parte de la docente de los derechos constitucionales. La Corte Constitucional ha sido enfática al respecto, como lo señala en la Sentencia T-789/13, donde establece que “ toda persona está facultada para decidir de manera autónoma su presentación ante los demás ”, y que las instituciones educativas no deben “ presionar a los estudiantes para que adopten modelos de presentación personal con los que ellos, ni sus padres están de acuerdo ”. Además, esta docente no parece preocupada por respetar el acuerdo 003 de 2009 por el cual se adopta el Reglamento de Personal Docente de la Universidad del Pacífico  (artículos 3 y 22) pero, sobre todo, los elementos que ahí se estipulan que le pueden significar una sanción disciplinaria (artículo 278). El hecho de que una docente tenga la libertad de establecer ciertos lineamientos en su aula no la faculta para imponer sus prejuicios sexistas, clasistas y estéticos que afectan principalmente a las mujeres. En la denuncia que hace la estudiante comenta que el primer día de clases con la docente les dijo que “ aquí las niñas no pueden venirse ni descotadas, ni con cosas cortas a mi clase, porque me da pena con sus compañeros hombres que las vean así, yo la veo por ahí así, me da pena con sus compañeros hombres ”. Este tipo de argumentos son arcaicos y refuerzan la idea de que las mujeres deben asumir la responsabilidad del comportamiento ajeno. Igualmente, la estudiante me explicó que no quiere perjudicar a la docente, pero que, si ella la hubiera abordado en otros términos su reacción probablemente habría sido distinta. Sin embargo, señaló que la profesora suele expresar sus opiniones de manera displicente, ridiculizando y la humillando frente a toda la clase. Al respecto intenté comunicarme con la docente, el director del programa y la rectora de la Universidad del Pacífico para conocer sobre la disposición de la institución en este caso, pero no obtuve respuesta.     Si bien, a partir de la denuncia, se llevó a cabo una reunión con el director del programa, la universidad debe hacerles seguimiento a las acciones del cuerpo docente, así como también formarles en derechos humanos desde un enfoque de género. La denuncia de esta estudiante es un llamado urgente a la universidad para que revise las prácticas prejuiciosas que perpetúan la discriminación y el control sobre los cuerpos, y es la oportunidad para establecer un precedente claro contra el abuso en sus aulas, asegurando que los espacios educativos estén libres de cualquier forma de violencia.   La Universidad del Pacífico debería estar más preocupada por la calidad académica, que por la vestimenta de sus estudiantes.

Por:  Guillermo Linero Montes Esta mañana, en una tienda de barrio, escuché quejarse a un hombre corriente, con el desahogo propio de la indefensión: “¡Malditos congresistas!”, dijo. Su exclamación obedecía a una charla con otros dos ciudadanos, que igualmente mostraban asombro por el hundimiento en la Cámara de Representantes de algunos artículos de la reforma laboral con los cuales el gobierno buscaba beneficiar a los campesinos. Me llamó la atención la furia de aquel vecino con traza de profesor de escuela, no solo por la fuerza de su verdad; sino, porque concluía con sus contertulios y en coincidencia con mi secreta opinión, en que había que ser muy malvado para oponerse al establecimiento de reglas laborales que buscaban asegurarles un salario mínimo mensual a los campesinos y proveerlos de vivienda. El mismo presidente Gustavo Petro, refiriéndose sin nombrarlo a un tal Polo Polo, escribió lo siguiente en su cuenta de X: “No entiendo que alguien que se gana 48 millones de pesos mensuales, no quiere que un jornalero gane un salario mínimo”. En efecto, en los registros de las redes sociales, se le ve al mentado congresista festejando con muecas y ademanes, el hundimiento de los artículos que establecían reglas -porque no existen- para los contratos laborales de los trabajadores del sector agropecuario. Valga aclarar, que hubo otros 81 representantes, parejos en su ignorancia o egoísmo a ese sujeto anómalo denominado Polo Polo, que también votaron sin sonrojarse contra la decisión gubernamental de redimir y dignificar a los campesinos, tanto laboral como humanamente. Lo cierto es que, a todas luces resulta insólito e injusto, y no cabría en la sensatez de una sociedad culta y solidaria, desaprobar de una reforma laboral, precisamente aquello que busca eliminar la miseria en la cual los gobiernos anteriores mantenían sumida a la población campesina. Y no puede entenderse esa conducta distinta a un acto malsano, pues los hombres y mujeres, jornaleros de los campos colombianos, son quienes -junto a los trabajadores y a los obreros- eligen a los gobernantes y a los congresistas de este país. Asimismo, y esto es lo más abominable, son ellos quienes producen “de sol a sol” los alimentos para que la gente buena y la autodenominada “gente de bien” los consuman a sus anchas. Con todo, hoy las cosas comienzan a revertirse; pues por primera vez el pueblo votó a conciencia y esto le da fuerza moral y derecho político para manifestarse y reclamar. Antes no ocurría así, porque a los electores les compraban el voto; porque, tanto los paramilitares como sus empleadores los conminaban para que votaran sólo por quienes ellos dijeran y, especialmente; porque los periodistas al servicio de las grandes empresas -esos mismos que en el presente hacen oposición asquerosa desde los micrófonos- los confundían con mentiras, como todavía hoy lo hacen, cada vez con menos eficacia. En tal contexto de corrupción socio-política, hicieran lo que hicieran los gobernantes, el pueblo siempre estaba moralmente inhabilitado para criticarlos. Los trabajadores, los obreros y los campesinos, no tenían el poder popular, al no haber votado por nadie a conciencia, que es lo que da vida al poder popular. Cuando el ciudadano siente que el gobernante por el cual han votado libre y a conciencia, no les está cumpliendo, ese poder popular se alerta y defiende. De hecho, no es difícil predecir que las organizaciones campesinas, luego de esta conducta deshumanizada de sus representantes políticos en el Congreso, no tardarán en demostrar su fuerza política, para reivindicar sus derechos, máxime si estos ya fueron adquiridos al elegir como presidente a Gustavo Petro y al otorgarle el mandato popular; es decir, al delegarle la tarea de realizar los programas por los cuales le apostaron a su nombre. De tal modo, el presidente podría con todo el derecho extender su periodo presidencial y abonar el camino para que en su remplazo, habiendo ya él consolidado sus programas, no elijan a un camaján orgullosamente afectado de aporofobia. La reforma laboral en los artículos eliminados era muy clara. Nadie, por precaria que fuera su intuición política podría objetarla, excepto que estuviere movido por una maldad descomedida; porque la reforma solo buscaba ennoblecer las condiciones laborales de millones de jornaleros, con un modelo de contrato agropecuario que formalizara su estatus laboral. Y esos 82 representantes a la cámara que se le opusieron y quienes votaron en blanco -sabiendo que estos votos siempre van en contra de las propuestas- lo único que han demostrado es que son unos canallas. Unos “malditos” como los calificó el vecino corriente de mi sector, que igual a sus semejantes ya no traga entero: ahora descree de los periodistas adscritos a grandes empresas y monopolios; ya no se deja engañar de los activistas o líderes políticos que le compraban su voto; ni tampoco les teme a las amenazas de su empleador. Eso ya se acabó. En el presente el pueblo es consciente de que por primera vez está en el poder; y tendrá que llevar esa conciencia a la praxis de una revolución. No bajo la acepción peyorativa de “violentas” que la extrema derecha da a las revoluciones. No, ahora se trata de una revolución correspondiente a un cambio de agujas en la ruta, con el estricto propósito de encaminarse en la vía del progreso. Hacia allá se conduce el pueblo colombiano; aunque hoy nos produzca tristeza y desazón, porque haya todavía quienes se oponen al gobierno desde el Congreso y en los espacios de los medios de comunicación empresariales, con estrategias para debilitar al presidente, sin reparar en el daño ocasionado al pueblo que lo eligió. Por fortuna, en las calles, ese pueblo ya lo sabe, y tiene muy clara su condición de supremo cuando se trate de establecer cómo debe organizarse y administrarse el país; y sabe muy bien, que el medio para comunicar e impulsar sus cometidos es, única y estrictamente, el presidente Gustavo Petro, que para ello recibió su mandato. Los campesinos, ya informados de la decisión en contra de sus intereses, sin duda alguna se movilizarán para hacer valer sus derechos adquiridos.

Por: Redacción Pares Desde febrero del 2022 a octubre del 2024 dos guerras amenazan con volverse globales. La invasión de Rusia a Ucrania y la respuesta desproporcionada de Israel al ataque de Hamas, son dos incendios que parecen imparables. En los dos años y medio que lleva la invasión ordenada por Putin han caído, según medios independientes de Moscú, 100 mil soldados rusos. Las víctimas civiles en Ucrania han superado la franja de las 10 mil. En un año de bombardeos israelitas han muerto 41 mil personas en la franja de Gaza. La mayoría mujeres y niños. Estados Unidos y China, las dos potencias globales, mientras tanto, se cruzan de brazos y solapadamente van apostando por sus fichas habituales. El miedo a una guerra global flota en el ambiente.   Mientras tanto conflictos como la guerra civil en Yemen, que arrancó en el 2014 después del golpe de estado contra el presidente Al Hadi, y que ha partido en dos al país, el conflicto interno en Birmania después de que los militares se impusieran en el 2021, o la inestabilidad que ha dejado la ocupación norteamericana en Afganistan ha hecho que se formule una pregunta ¿Están funcionando los papeles de mediación en el mundo?. Para responderla entre el 22 y el 23 de octubre la Unión Europea ha organizado la Cumbre de Mediación de Paz que se llevará a cabo en Bruselas.    Para la fundación Paz y Reconciliación es un honor que su subdirectora, Laura Bonilla, esté presente en una conferencia titulada “Crímenes, ciudades y paz urbana” hablando precisamente sobre el reto que ha decidido asumir este gobierno: una Paz Total en donde se incluye la negociación con grupos criminales. La Paz Urbana en Colombia, a pesar de sus tropiezos, ha podido dar exiguos resultados en el Valle de Aburrá y en Buenaventura. Laura Bonilla, una de las analistas más brillantes del país, le pondrá la lupa y analizará ante el mundo la situación en la que se encuentra la negociación con grupos como los Shottas, los Espartanos, el Clan del Golfo, los Rastrojos Costeños, la Inmaculada o la Oficina.   En medio del ruido de las bombas esta cumbre servirá para repensar el papel de la mediación en los conflictos mundiales. Además, gracias a la intervención de Bonilla, podremos ver, con distancia, qué tan viable ha sido negociar en Colombia con grupos que no tienen estatus político. El papel de la sociedad civil en este análisis es algo que no puede seguir desconociendo el presidente Gustavo Petro.

Por: Yudi Angulo Castro Enlace Buenaventura: Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil El 21 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, la décimo sexta Conferencia de las Partes (COP-16) del Convenio de Diversidad Biológica. A principio del año 2024 hemos escuchado con mayor potencial la palabra COP-16 en el país, algunos dicen que este es un espacio donde confluyen muchos mandatarios para hablar sobre cambio climático, otros que es una convención donde se habla de acciones en favor del medio ambiente y la biodiversidad, pero en realidad, ¿los vallecaucanos sabemos que significa la COP-16 y su impacto en nuestra región?, ahora bien, el departamento del Valle del Cauca está ubicado en la región suroccidental de Colombia, es conocido por su rica biodiversidad y diversidad de ecosistemas, esta zona es punto de encuentro entre diferentes regiones naturales, incluyendo la cordillera de los Andes, la llanura del Pacífico y las zonas costeras, lo que contribuye a una amplia variedad de flora y fauna. Vea también: Somos el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo pero, ¿Conocemos su importancia? Según un estudio de la WWF Colombia el 76% de los colombianos admitió desconocer que es la COP-16, lo que sigue siendo un reto para el gobierno nacional, departamental y local; el desconocimiento alrededor de lo que implica este evento en el país, sino su impacto en un territorio como el de Buenaventura. Ahora, ¿Cuál debe ser el papel de Buenaventura durante la COP-16?, es la pregunta que muchos bonaverenses se plantean entendiendo lo geográficamente estratégica que es esta ciudad para la región en materia de biodiversidad, no solo en flora y fauna. La biodiversidad en Buenaventura es impresionante y forma parte de uno de los ecosistemas más ricos de Colombia y el mundo. Esta región se encuentra en el Chocó biogeográfico, una de las áreas con mayor biodiversidad en el planeta, caracterizada por una combinación de selvas húmedas tropicales, manglares, ríos y zonas marinas, sumado a, que mas del 90% del territorio de Buenaventura es rural. El pasado 4 de octubre Buenaventura se convirtió en el centro del dialogo de la COP-16, espacio en el que hicieron presencia, la gobernadora del departamento del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, la alcaldesa de los bonaverenses, Ligia del Carmen Córdoba, la vicepresidenta de la República, Francia Elena Márquez Mina, la gobernadora del departamento del Chocó, Nury Carolina Córdoba, entre otros lideres de la región. Con el propósito de reconocer la labor que se podría gestar desde esta parte de la región. Foto tomada del portal Pacífico Hoy Este espacio fue la oportunidad para seguir haciendo un llamado a mirar a Buenaventura más allá del puerto, sino en todo un epicentro turístico dado su potencial biodiverso. Casualmente la COP-16 comienza cuando la temporada de ballenas en Buenaventura finaliza, está debería convertirse en la posibilidad de gestar alianzas que contribuyan a la conservación de este tipo de especie que durante ciertas épocas hacen su arribo a las aguas del pacifico, siendo una de las atracciones turísticas que más ingresos le genera al comercio local. En Buenaventura no es fuerte el turismo al interior de la ciudad por no contar con los suficientes y adecuados espacios para que esta actividad cobre vida, de ahí que muchas organizaciones de la sociedad civil se piensen hoy el turismo comunitario como una alternativa de visibilización, generación de ingresos, economía social y solidaria. Pero este tipo de iniciativas requieren mayor involucramiento por parte de organismos del Estado y la Cooperación Internacional para hacerlos sustentables. Sin lugar a duda, este evento podría potenciar al hoy distrito si se piensan desde las administraciones de turno apuestas que logren maximizar las potencialidades con las que cuenta esta parte de la región que por décadas ha estado excluida, olvidada y marginada. Para conocer un poco más de los orígenes de la COP-16. Vea también: La COP 16 en Cali, el gran triunfo del gobierno Petro Desde la línea de jóvenes en riesgos y participación juvenil esperamos que este no se convierta en un evento diplomático más como muchos de los que se han propiciado en la región o en un mero saludo a la bandera para potenciar en materia económica a un grupo de empresarios, sino en una puerta que se apertura para procesos de investigación, educación, y concientización de las apuestas necesarias para disminuir el impacto negativo al medio ambiente y la biodiversidad en el planeta, esto implicaría mayor inversión y apoyo al trabajo que organizaciones y lideres defensores del ambiente han venido adelantando por años, así mismo como a las instituciones que se encargan de llevar a cabo investigaciones y preservaciones.

Por: Luz Adriana Caicedo El pasado 9 y 10 de octubre, la Alcaldía de Buenaventura, a través de la Secretaría de Gobierno, inició el proceso de actualización del Plan Integral de Prevención de Violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario con el apoyo del Ministerio del Interior, la Fundación Paz y Reconciliación y la cooperación internacional (USAID) con su programa para la promoción y defensa de los derechos humanos y la paz InspiraPaz. Antes de entrar en detalle sobre esta actividad, es importante explicar qué es el PIP y profundizar en su relevancia para la población bonaverense urbana y rural. Según lo dispuesto en el artículo 2.4.1.7.1.9 del Decreto 660, numeral 10, los planes integrales de prevención son:  Una herramienta de planeación que orienta y coordina el análisis y la gestión del riesgo, concretándolos en acciones directas de prevención y protección para las comunidades, organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y defensoras de derechos, sus líderes, lideresas, dirigentes, representantes y activistas en los territorios. De igual forma, el decreto señala: Los Planes Integrales de Prevención tienen como fin enfrentar los factores de riesgo o disminuir su impacto en la comunidad. Así mismo, permiten definir los criterios de articulación y coordinación interinstitucional entre nación, departamento y municipio; establece el marco de actuación y las orientaciones que, en materia de prevención temprana, urgente y Garantías de No Repetición, debe adoptar el ente territorial. En ese orden de ideas, esta política pública, pretende brindar garantías de no repetición de violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario a las poblaciones y los diferentes liderazgos que en el marco del conflicto armado y del accionar criminal de diversos grupos armados organizados, vienen siendo afectadas por múltiples hechos victimizantes, que vulneran y violentan sus derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad en sus territorios. Para el caso particular de Buenaventura, esta actualización, merece una especial atención debido a las advertencias hechas en la última alerta temprana estructural, la 039 de 2023, hecha por la Defensoría del Pueblo, la cual cuenta con un énfasis muy puntual, debido a la recurrencia de ciertas situaciones de riesgo a las que ha estado expuesta la población bonaverense y que han venido siendo informadas en las últimas seis (6) alertas tempranas: (AT 050 de 2018, AT 079 de 2018, AT 007 de 2019, AT 003 de 2021, AT 024 de 2021 y las Alertas nacionales 030 electoral y 019 de líderes sociales). Vale señalar que la última alerta temprana de la defensoría, identifica cinco (5) escenarios de riesgo: ·  Zona urbana: 12 comunas y 157 barrios. ·   Los ríos del norte: Calima y San Juan. ·   Los ríos del centro/sur: Cajambre, Naya, Mayorquín, Anchicayá, Raposo y Yurumanguí, ·    Zona de playas: Juanchaco, La bocana Ladrilleros, La Barra, La Plata Bahía Málaga. · Zona corregimiento 8, antigua vía al mar y carretera (cabal Pombo): incluye los corregimientos de Córdoba, San Cipriano, La Delfina y Cisneros, además de algunas áreas limítrofes con el municipio vecino de Dagua por la antigua vía al mar y el propio rio Dagua. Todas estas zonas afectadas fueron incluidas en la formulación del PIP, hecha por la Secretaría de Gobierno en diciembre de 2023. Pero, debido a la recurrencia de ciertas conductas vulneratorias de derechos, en las zonas del centro – sur, algunos consejos comunitarios del Corregimiento Número 8 y, en algunas de las comunas de Buenaventura, específicamente, las comunas 7, 10, 11 y 12, resultaba imperativo, llevar a cabo la actualización del plan, el cual permitió ajustar los tres (2) escenarios de riesgo identificados en su versión anterior y reconocer otros no tenidos en cuenta. Los escenarios de riesgo que se incluyeron durante la jornada de actualización del PIP son: 1.  Presencia y disputa de los Grupos Armados No Estatales por el control territorial y social en la zona urbana y rural de Buenaventura. 2.   Presencia y disputa de las organizaciones criminales y GAO por el control territorial, social y de las economías ilícitas criminales de la zona rural y urbana del Distrito de Buenaventura 3. Estigmatización y señalamiento a defensoras, defensores de derechos y autoridades étnicas por su labor propia. 4.  Violencia a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes 5. Riesgo para el ejercicio de la participación política y democrática de las organizaciones sociales, comunidades, líderes sociales, comunitarios y colectivos 6.  Riesgo para el ejercicio del gobierno propio de autoridades étnicas en el territorio. 7. Violación a los derechos humanos de   población con enfoque diferencial y   de identidad de género Todos estos escenarios fueron socializados y formalizados dentro del subcomité de prevención y garantías de no repetición, en el cual, el ministerio público es garante de que estas situaciones de riesgo y las diferentes conductas vulneratorias no se repitan, haciendo el debido seguimiento a las entidades competentes quienes asumen ciertas responsabilidades en la implementación del plan, el cual contiene un protocolo de actuación que incluye diversas acciones para evitar o mitigar los riesgos y responder a las recomendaciones expuestas en la alerta temprana. Finalmente, se espera que después de construir el protocolo de actuación con todas las acciones y medidas que las diferentes secretarías de la administración distrital con el apoyo de diversos sectores de la sociedad civil y la cooperación internacional, este plan sea aprobado por el Comité Territorial de Justicia Transicional, para dar inicio a su implementación.

Por: Daniela Paola Bernier Pacheco Desde hace unos meses resonaba la noticia de la creación de una empresa en el Caribe colombiano y hace unos días se convirtió en una realidad alentadora y esperanzadora para la región Caribe, que hoy se encuentra en una zozobra por la intervención de la empresa Air-e, así como el " Tire que jala que hay en torno a que si suben o bajan las tarifas". ¿Cómo se convirtió esto en una realidad? Mediante la firma del acta de creación en el marco de la Feria de la Economía para la Vida —FEV—, sin embargo, como se mencionó anteriormente, la empresa nace como iniciativa cuando los gobernadores de los departamentos del Caribe Colombiano y el Gobierno Nacional representado por el Ministerio de Minas y Energía se pusieron de acuerdo para trabajar de manera conjunta en la creación de una nueva empresa que abastecería los hogares, establecimientos comerciales e industriales de la región. Lo novedoso de esta empresa de servicios públicos es que con ella se tiene pensado aprovechar al máximo las condiciones climáticas, como lo son el sol y la potencia de los vientos; la utilización del potencial climático representa un paso significativo en el proceso de transición energética del país, porque requiere una planeación energética diferente. Su estructura replicará el modelo de las empresas EPM (Empresas Públicas de Medellín) y el GEB (Grupo de Energía Bogotá), adaptándose a las necesidades y oportunidades energéticas del Caribe colombiano; su implementación traerá como beneficios posicionar a la región Caribe en sostenibilidad y gobernanza energética. Además, se desarrollarán proyectos de energía solar, energía eólica onshore y offshore y el uso de tecnologías que permitan la producción energética. Todo lo anterior permitirá establecer las bases para una autonomía sólida y duradera en el Caribe, pues contribuirá a su vez al mejoramiento del componente de generación de energía en la ecuación de las tarifas. La consolidación de la empresa, sin duda alguna, permitirá una diversificación de la matriz energética y ¿por qué no ser soñador y decir que también contribuirá a seguir reduciendo las tarifas de energía en el Caribe? "Míresele  por donde se le mire" hasta el momento es una buena opción. Esperemos que pronto pueda estar en funcionamiento y contribuya a una Transición Energética Justa en el Caribe, quien tiene un gran potencial y requiere de la ayuda del Gobierno Nacional, así como los gobiernos departamentales y locales para una gobernanza colaborativa que permita la generación de energía desde el Caribe, el pulmón energético de Colombia.   Referencias: Ministerio de Minas y Energía  [MinEnergía].( 2024, 10 agosto). Se anuncia la creación de la Empresa Energética del Caribe / RAP CARIBE. https://www.minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/se-anuncia-la-creaci%C3%B3n-de-la-empresa-energ%C3%A9tica-del-caribe-rap-caribe/   Ministerio de Minas y Energía  [MinEnergía].( 2024, 04 octubre). Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho y Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, firman acta para crear Empresa de Energía en el Caribe.   https://minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/ministro-de-minas-y-energ%C3%ADa-andr%C3%A9s-camacho-y-gobernador-del-atl%C3%A1ntico-eduardo-verano-firman-acta-para-crear-empresa-de-energ%C3%ADa-en-el-caribe/

Por: Iván Gallo, Editor de Contenidos El Bloque Metro surgió en Medellín en 1996. La muerte de Pablo Escobar a mano de los PEPES fue apenas el principio de un nuevo capítulo de violencia en esa ciudad. Los hermanos Castaño y sus ejércitos reemplazaron al Barón de la Droga. Los hombres destinados por los Casstaño para quedarse en Medellín era, primero al que llamaban “Doblecero” y luego reemplazaron a este Bloque por el Cacique Nutibara. El que estaba al mando era Don Berna.   En la Comuna 13 de Medellín viven cerca de 200 mil personas. A pesar de estar tan cerca del Centro de Medellín el Estado colombiano no alcanza a cobijarlo. Así que ahí siempre han mandado las guerrillas. Se han reportado desde hace treinta años presencia con sus milicias de las FARC, el ELN e incluso grupos independientes como los Comandos Armados del Pueblo. Una de las obsesiones tanto del Estado colombiano como de los paramilitares era arrancar de raiz la influencia de estos grupos armados en las Comunas. Cuando la ignorancia campea las generalizaciones mandan así que toda la población quedó estigmatizada.   Alvaro Uribe Vélez se posesiona como presidente de la República en su primer mandato el 7 de agosto del 2002. Una de sus primeras acciones militares fue la retoma de la Comuna 13. Operación Orión se llamó. La ejecutó su ministra de defensa, la doctora Marta Lucía Ramírez. Como se ha demostrado la Operación Orión sintetizó la colaboración entre los paramilitares y el ejército. En los tres días que duró la barbarie, entre el 16 y el 19 de octubre, Don Berna prestó su máquina de guerra a las fuerzas del Estado para asesinar y desaparecer personas. Hay una famosa foto de Jesús Abad Colorado, valiente periodista que se metió a la zona mientras se realizaba la toma y se ve a un hombre, vestido de camuflado y con pasa montañas, dando órdenes por las calles de la Comuna 13. Esa foto es una denuncia. Esa foto es una prueba.   La IV Brigada fue la que preparó esta incursión a los 23 barrios que conforman la Comuna 13. Quien estaba al frente de esos hombres era el general Mario Montoya. En este momento este oficial, uno de los consentidos de Alvaro Uribe, está imputado por crímenes de guerra y lesa humanidad al haber presionado a miembros de las unidades militares para obtener “bajas en combate”. Además del ejército participaron el DAS, fuerzas de la policía y la fiscalía. Por lo menos mil hombres entraron por tierra y aire a la Comuna 13. Pero a ellos había que sumarle los hombres que estaban al mando de Don Berna, tal y como lo reconoció ante una corte de los Estados Unidos. El Bloque Cacique Nutibara además era financiado por “ ricos hombres de negocios, empresas y propietarios de hoteles, autobuses, y por los impuestos sobre las grandes empresa”.   Una de las funciones que tendría que cumplir el Bloque Cacique Nutibara durante la Operación Orión era la de asistir a una unidad antisecuestro del Gaula. El hombre que designó el propio Don Berna para que coordinara la operación con el ejército era a uno al que llamaban King Kong.   Cuando terminó la operación Orion Alvaro Uribe y su ministra Ramírez salieron campeantes a los medios a decir, triunfantes, que habían recuperado para Medellín la Comuna 13. Pronto se les caería esa mentira. Las constantes denuncias ciudadanas dejaron claro que lo que había sucedido era limpiarles el terreno a las AUC y posicionarlas en la zona. En el año 2005 Aminstía internacional incluso divulgó un informe en donde se quedaba claro que todo le había servido a los paracos para asentarse en ese lugar. Además de las capturas arbitrarias, las desapariciones, los asesinatos.   Han pasado 22 años y la herida en Medellín no se cierra. Los familiares de las víctimas piden que se haga justicia ya que esto es lo que ha faltado a la hora de abordar a la Operación Orion. En un comunicado público las víctimas afirmaron lo siguiente:  “Hoy, de nuevo 16 de octubre, las organizaciones de víctimas, sociales y defensoras de derechos humanos hacemos un llamado en exigencia al Estado, a las instituciones y a la sociedad colombiana para que nunca más se realicen operaciones militares; para que la garantía del cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad y la búsqueda se materialicen sin más omisiones.  Asimismo, en el marco de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, hacemos un llamado a la magistratura para que se concreten avances en las investigaciones y sanciones a los máximos responsables de los hechos, de manera puntual a Mario Montoya y Leonardo Gallego ”.   El saldo de víctimas de la Operación Orion es el siguiente: 105 personas desaparecidas, 71 personas asesinadas por paramilitares, 17 homicidios a mano de la fuerza pública, 80 civiles heridos. Por el momento no ha habido justicia.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad La llegada del gobierno de Gustavo Petro se ha convertido en un reto para muchas de las líneas editoriales de los principales medios de comunicación del país, debido a las tensiones políticas que se han abierto y a las disputas por la información que los medios de comunicación han canalizado, especialmente con un gobierno que se ha plantado de manera confrontativa para ocupar el espacio de la opinión pública. Al mismo tiempo, el periodismo en Colombia ha venido teniendo una serie de transformaciones rastreables desde hace una década atrás, en la que han emergido nuevos medios de comunicación cuyo enfoque ha sido diferente al de la prensa tradicional, enfocados en investigaciones de largo aliento y nuevas narrativas periodísticas, sustentados en el trabajo colaborativo y cuya financiación ha venido ligada a la ejecución de proyectos o a las donaciones de sus propios lectores, lo que ha independizado una buena parte de sus líneas editoriales y les ha dado mayor libertad de opinión y análisis. Parte de estos medios emergentes, tanto a nivel regional como nacional, se han convertido en nuevos objetivos de amenazas y ataques por parte de grupos armados y otras figuras oscuras salpicadas en sus investigaciones. Por otro lado, el gobierno, a través del sistema de medios públicos y los medios privados, siguen reubicándose en la disputa por el campo de la información, por lo que los medios en el país hoy se encuentran en una encrucijada. Cuestionamientos sobre límites a la libertad de prensa, amenazas e intimidaciones, tensiones políticas, acusaciones de propaganda y el debate por la pauta marcan la coyuntura de los medios en este segundo tiempo del gobierno Petro. No cesa la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación Fuente: Vorágine. Nicolás Sánchez Arévalo, periodista de Vorágine, fue objeto de amenazas de muerte debido a sus investigaciones sobre vínculos empresariales con el paramilitarismo y el narcotráfico. El 9 de octubre de 2024, según el director del medio, José Guarnizo , Sánchez recibió una amenaza directa que fue calculada, explícita y abierta contra él y sus familiares, lo que llevó a Vorágine a suspender indefinidamente la publicación de investigaciones relacionadas con estos temas, del mismo modo que expresó su preocupación por el ambiente hostil que enfrentan los periodistas, subrayó la importancia de la solidaridad de colegas y organizaciones en estos momentos críticos y señaló la urgencia de evitar normalizar la violencia frente a la labor del periodismo. Junto a las amenazas a Sánchez, se suma el ataque digital que algunas cuentas relacionadas presuntamente con organizaciones criminales y grupos armados —específicamente el Ejército Gaitanista de Colombia, EGC— ha realizado contra las investigaciones de Revista RAYA y El Espectador frente a sus cubrimientos sobre su expansión territorial y sus actividades en el sur de Bolívar. En septiembre de 2024, una cuenta de X (anteriormente Twitter) llamada “Gaitanistas” (@EgaitanColombia), atribuida al EGC, hizo afirmaciones en redes sociales indicando que hicieron presuntos aportes económicos a la revista. En una editorial, RAYA rechazó haber recibido cualquier tipo de apoyo financiero de esta organización  y consideró que estas declaraciones hacen parte de una estrategia de acoso y estigmatización que busca intimidar su labor periodística. Además, el EGC ha utilizado en meses anteriores potenciales tácticas de acoso judicial, a través de acciones legales interpuestas por su abogado, que han buscado silenciar a la revista mediante denuncias penales y otras presiones jurídicas. En ese mismo sentido, la cuenta de los “Gaitanistas” ha realizado un acoso sistemático contra periodistas de El Espectador, posterior a la publicación de varios artículos donde señalaban la existencia de un plan de feminicidios en los territorios que ocupa el grupo armado, así como también han realizado hostigamientos contra El País de España, según lo reportó Baudó AP. Estos hostigamientos han sido con nombre propio, lo que aumenta el riesgo de victimización de quienes reportan y cubren estos hechos. De hecho, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) , a corte del 15 de octubre han sido amenazados 164 periodistas en el país por el ejercicio de su labor, un aumento del 24,2% en un año. Además, según Vorágine, en los últimos 21 meses han sido asesinados 5 reporteros. Estas amenazas y hostigamientos están mostrando un nuevo repertorio de presión con el que los grupos armados buscan silenciar a los medios independientes y su labor, además de atacar la libertad de prensa. Una de las novedades que emerge es el uso abierto de redes sociales como canal para hacer estas intimidaciones, en un escenario público y sin mayores restricciones por parte de los moderadores de estas mismas redes. Con la posibilidad de ocultarse en perfiles falsos y de hacerse indetectables, estos grupos están aprovechando la impunidad que les brindan estos escenarios para enviar mensajes directos contra periodistas y medios, al mismo tiempo que disciplinan y envían una advertencia general para quien busque escrutar sus actividades. Por otro lado, el uso de herramientas jurídicas y legales por parte de quienes señalan ser representantes de estos grupos también ejercen desgaste  sobre muchos de estos medios, aprovechando su carácter emergente y, en muchos casos, los cuestionamientos sobre sus formas de financiación o sobre su agenda editorial. Además de también influir dentro de las mismas narrativas públicas que estos medios pueden construir, al buscar llevar a la autocensura, tal como ha sucedido con Vorágine. RTVC: los límites de la disputa por la información Fuente:  RTVC. Una de las conclusiones que dejan estos dos años de Gustavo Petro en la presidencia es que se agudizó la disputa por los escenarios de la opinión pública y la información , en la que tanto el gobierno como los grandes medios han entrado a cuestionarse abiertamente las narrativas que cada uno elabora y construye. Ambos han querido tener el control sobre la manera en la que se informa la situación política y cómo la gente forma opiniones al respecto. En ese sentido, el gobierno ha buscado posicionar su agenda política y su programa de gobierno desde los medios públicos, donde tiene acceso a dos emisoras con 68 frecuencias a nivel nacional, más las creadas por el punto 6.5 del Acuerdo de Paz, que le dan acceso a otras 20 más en territorios priorizados, junto con 2 canales de TV nacionales (Señal Colombia y Canal Institucional) y 2 canales regionales con incidencia en la región andina, los Llanos Orientales y la Amazonía (Trece y Trece+), acceso de estos canales radiales y televisivos en la TDT y una plataforma de streaming digital que prácticamente le da acceso al resto del territorio nacional. Con un presupuesto de 385 mil millones de pesos para 2024, RTVC se ha convertido en una maquinaria completa centralizada en la figura de Hollman Morris, quien terminó asumiendo la gerencia del Sistema de Medios Públicos luego de una agria disputa con la primera directora durante este gobierno, la actriz Nórida Rodríguez, y la salida de la exdirectora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli. Según un artículo de La Silla Vacía , RTVC se ha volcado a convertirse en el principal medio difusor de las declaraciones y discursos del presidente Petro, dándole mucho más tiempo en pantalla y mayor favorabilidad que el mismo sistema le brindaba a Duque en 2021. Según los datos recolectados por este medio, también se ha convertido en el principal escenario de cobertura y contenido informativo del gobierno, pasando a más de 10 horas y 20 minutos de emisión en 2024, recortando tiempo a otro tipo de programación que anteriormente caracterizaba al canal, especializado en temas culturales y educativos. Así mismo, el diario El País, de España, ha indicado que la FLIP tiene en su poder denuncias de censura, autocensura y maltrato laboral  al interior de RTVC desde que Morris fue nombrado subgerente de televisión de esa entidad, así como de los cambios editoriales que se han realizado dentro del Sistema de Medios Públicos, en los que la figura de Morris ha adquirido una presencia casi absoluta en todas las franjas y programas. También se ha acusado a Morris de utilizar la capacidad del Sistema de Medios Públicos para presuntamente perfilar a figuras críticas dentro del mismo progresismo  y sus aliados en el bloque de izquierda, luego de que el representante por el Pacto Histórico Agmeth Escaf hiciera la denuncia. Con RTVC, Morris ha buscado centralizar la voz institucional del gobierno y generar opinión favorable al mismo en un marco de igualdad en términos de capacidad técnica y de recursos frente a los grandes medios. No obstante, generar estas nuevas narrativas ha implicado el sacrificio del contraste, la triangulación y la necesidad de que los medios públicos reflejen el debate público en el país. En este escenario, tanto los medios públicos como los medios privados han terminado alimentando los relatos y los discursos de los sectores que representan , generando choques abiertos entre ellos y tocando los elementos existenciales que fundamentan tanto los intereses de grandes sectores políticos, económicos y sociales, como de los intereses del gobierno Petro y los grupos que representa. Aun así, esta centralidad en RTVC contrasta con la situación de los medios alternativos de comunicación, a los que el gobierno ha querido acercar en su estrategia de abrir esta disputa por la información en todos los frentes sociales posibles. El 12 de septiembre, el gobierno anunció en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales , que le daría el 33,3% de la pauta oficial a estos medios y que abriría nuevas convocatorias para emisoras comunitarias, en un esfuerzo por hacer que estos medios tengan viabilidad y se sostengan en el tiempo. Sin embargo, este ofrecimiento vino acompañado de un acercamiento sutil a que la línea editorial de estos medios sea la misma de la del presidente, a través de sus declaraciones y de la invitación a que sus relatos busquen equilibrar las noticias difundidas por los grandes noticieros y periódicos. Los privados también concentran espacios de información Fuente:  El Colombiano. Luego de haber cuestionado la realización de la COP16, evento que se realizará la próxima semana en Cali y que tiene importancia para la transición energética tanto del país como del planeta, Luis Carlos Vélez, exdirector de La FM, terminó renunciando, en un ambiente que ha sugerido que salió del cargo motivado por presiones a nivel interno (de la Organización Ardila Lülle, dueña de la emisora) y a nivel externo. Vélez refleja, por su parte, las dinámicas de centralización que están viviendo los medios en Colombia, pero hacia el lado de los privados. Si RTVC y el Sistema de Medios Públicos han buscado concentrar toda la agenda narrativa del gobierno y la generación de opinión desde el progresismo, los privados han intentado hacer lo mismo, con nuevos modelos de negocio que buscan generar mayor audiencia, tanto para vender más pauta, como para tener mayor capacidad de difusión. Esta estrategia fue implementada últimamente por el Grupo Prisa, quien terminó convirtiéndose en la principal proveedora de contenidos de HMTV1 , quien ya tenía la propiedad del Canal 1 desde 2022, cuando la adquirió en su totalidad. Desde el 1 de octubre el Grupo Prisa ocupó la mayor parte de la franja del canal , donde ha entrado a emitir la mayor parte de la parrilla radial de Caracol Radio y W Radio en vídeo, teniendo más de 15 horas de contenido y emisión entre las 6:00 am y las 9:00 pm. Con una estrategia similar se unificó la cadena básica de RCN (la cadena privada más grande de Colombia, con 47 emisoras locales, según La Silla Vacía ) y La FM en 2023, en un intento por centralizar el contenido de noticias y opinión en un solo canal, al igual de como lo hace W Radio, Caracol Radio y Blu Radio, las otras tres emisoras con mayor audiencia en el país a nivel periodístico. Esta unión fue patrocinada por Luis Carlos Vélez como director de La FM y llevó, entre otras cosas, a la salida de Yolanda Ruíz de la dirección de RCN Radio. No obstante, parece que el modelo no ha funcionado, en parte, porque la centralización ha llevado a que exista un enfoque que ha entrado a ignorar las necesidades informativas a nivel regional, que han sido cubiertas con medios locales y regionales y a las que el gobierno les ha apuntado con el tema de la pauta y mayor reconocimiento. Con la pérdida de dinero debido al reajuste que hizo el gobierno Petro frente a la pauta, los recursos han salido de convenios y acuerdos con los gobiernos y sectores económicos locales para pautar. Del mismo modo, las marcadas agendas editoriales de estos medios han hecho que una buena cantidad de audiencia termine volcada en los medios independientes y alternativos. La salida de Vélez de La FM responde, en parte, a esta agenda, que poco a poco se fue volviendo más radical y llevó a tener choques con alcaldes como Dumek Turbay, con miembros de la propia Organización Ardila Lülle y con funcionarios del gobierno. Esto mismo se ha podido rastrear en Blu Radio, donde el estilo de entrevista de Néstor Morales, su director, y de otros miembros de la mesa de trabajo se ha vuelto mucho más directo y confrontativo, como lo muestran los roces con Álvaro Forero Tascón , en los que el analista terminó indicándole a Morales si él debía tener un libreto preestablecido, luego de que Forero cuestionara a uno de los líderes del paro camionero del pasado septiembre, Henry Cárdenas, de manipulador. Por ahora, las tensiones por la información y la violencia contra periodistas siguen marcando la tendencia frente a los medios de comunicación, que siguen buscando la forma de ubicarse en una nueva realidad política en el país.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos En medio de la total indiferencia fueron anunciados los artistas del Rock al parque de este año. Sólo hasta noviembre esta administración decidió lanzar el que es considerado el festival de rock gratuito más importante de América. ¿Será que al alcalde el rock no le gusta? El caso es que el cartel no puede ser más deslucido. Cuesta trabajo encontrar la banda más importante entre tantos Todos tus muertos y Doctor Krápula. ¿Se acuerdan cuando Rock al Parque significaba algo?   Rock al parque es la idea de un músico, Mario Duarte que fue además respaldada por Rocío Londoño, la visionaria secretaria de cultura de Mockus. Surgió como una forma para evitar que los jóvenes se siguieran matando en los barrios. Duró tres años montando su sueño, de 1992 a 1995, después aparecieron alcaldes, julios correales y los filipichines de siempre, pero esto fue la idea del líder de La Derecha y ha sido su gran obra, por encima incluso de sus mejores albumes. Berta Quintero, la magnífica percusionista de salsa y gran gestora cultural, también se movió para que este sueño se convirtiera en realidad. Fue entre el 26 y el 29 de mayo de 1995 que se realizó en cuatro lugares el festival, en la Plaza de toros de Santa María, en el Parque Simón Bolívar, la Media Torta y el Parque estadio Olaya Herrera. En este video está toda la onda de los muchachos sobre el rock hace 28 años: Hay que recordar que Rock al parque no sólo ha sido importante porque hemos visto a Spinetta y a Fito Páez gratis, sino porque sirvió para lanzar a bandas bogotanas. El jurado, a finales de los noventa, estaba conformados por grandes personalidades de la cultura capitalina como la historiadora Diana Uribe o Chucho Merchán. El festival casi desaparece en 1998. Fue el Consejo de Bogotá el que lo salvó en el último momento de los inquisidores de siempre que les parecía un despropósito un evento de esta envergadura. Hubo festivales maravillosos. En el 2004, por ejemplo, la mayoría no teníamos 25 años. Eramos jóvenes y nos gustaba el rock. En provincia lo más parecido al rock que podría llegar era Tulio Zuloaga cuando le dio por ser cantante. Así que en cualquier cosa que se moviera, en carrotanques, en camiones de trasteo, llegaron  a Bogotá miles de personas. En tres días se acumuló un público de 400 mil. La lista de invitados puede ser la mejor de todos los tiempos. Parecía un Cordillera pero gratuito: Era Molotov, Luis Alberto Spinetta, Café Tacuba, Robi Draco Rosa, Juliete Venegas, Kinki, Panteón Rococó, Skatalaties, Babasónicos, Kinky. Era la locura. Era lo más importante.   Basta ver los invitados en la mayoría de años para darse cuenta que acá si hubo alcaldías que quisieron y trataron al festival como lo que es, un patrimonio de los bogotanos. Además eran bandas que estaban en lo más alto de sus carreras cuando vinieron. ¡Bandas a las que el festival ayudó a posicionar! En 1997 Maldita Vecindad y Control Machete, 1999 Ilya Kuriaki y Café Tacuba, 2000 Manu Chao, 2003 Plastilina Mosh, 2007 Cuarteto de Nos, 2009 Fito Paez, 2011 OverKill, Fobia y Cultura Profética, además de Bomba Estéreo, 2015 regresó Café Tacuba, 2017 Mon Laferte, 2019 Fito, Gustavo Santaolalla, El Tri. La pandemia frenó esta lluvia de artistas pero entre el 2022 y el 2023 se realizaron Festivales muy dignos.   ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en noviembre el Festival? ¿Es que ya privatizaron el Rock al Parque con el Festival Cordillera y el Estereo Picnic? Muchos creerán que es pura nostalgia de viejo pero, si es así, ¿Por qué los mismos artistas que antes venían gratis al Rock al parque ahora son los que encabezan las listas de los grandes festivales? Hay que mantener vivo el espíritu del festival de rock gratuito más importante de América. Por ley no lo pueden acabar pero sí que lo están ahogando.

Organización: Paralelo 7 – Chile. Experto en relaciones comunitarias y comunidades indígenas. Periodista – Magister en Comunicación Estratégica . Experto en asuntos indígenas y negociaciones de alta complejidad . Director Ejecutivo de la consultora Paralelo 7 , con operaciones vigentes en Chile -Colombia . Mas de 25 años de experiencia con diferentes etnias en el extremo sur de America Latina ( Mapuche -Aymara -Quechuas , etc) . Asesor de proyectos eólicos -fotovoltaicos – gas natural -antenas de telecomunicaciones y comunidades.

Coordinador general de proyectos de la Fundación TEJ. Coordinador general del proyecto de la FundaciónTEJ. Abogado egresado de universidad Libre, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Libre, Especialista en Derecho de la Empresa de la Universidad del Rosario y Maestría en Dirección y Administración de empresas de la Escuela Europea De Negocios.

Comunidad: indígena Arhuaco, comunidad Gwimake. Joven líder indígena del pueblo Arhuaco, resguardo Gwimake. Dedicado a fortalecer los lazos entre las generaciones y a fomentar el diálogo intercultural, comprometido con construir un futuro sostenible para la comunidad, fomentando un territorio en donde se pueda vivir en armonía con la naturaleza.