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Comunidad: Tekia - Wayuú. Líder indígena Wayuu, del eiruku  ipuana del  territorio  de Tekia comprometida con la protección de nuestro territorio y la promoción de los derechos humanos . Con una formación en negocios internacionales, especialista  en derechos humanos y Derecho  internacional  humanitario. Busco fortalecer la autonomía y la  autodeterminación de mi pueblo.

Académico especialista en Comunidades Energéticas. Ingeniero agrícola con mas de quince años de experiencia en el área. Especialista en Comunidades Energéticas Renovables de la Universidad de Pisa, Italia.

Por: Redacción Oficina Pares Pacífico Contexto: La Paz Urbana en Buenaventura, desde los ojos de la Sociedad Civil. Hablar de paz en un territorio marcado por la violencia, donde la desigualdad y la exclusión social también prevalecen es todo un reto y una necesidad, en especial para la sociedad civil que durante décadas ha quedado en medio de las violencias de grupos armados ilegales que se disputan el control de las rutas del narcotráfico y economías ilegales en Buenaventura. A pesar de ello, las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel transcendental: logran visibilizar la situación, poner sobre la mesa los acontecimientos que vive la comunidad bonaverense, alzar la voz y desarrollar acciones para que los tomadores de decisiones avancen e implementen medidas de posibles soluciones. Además, enfocan gran parte de sus esfuerzos en la construcción de paz en los barrios y las veredas de la mano de las comunidades a partir del desarrollo de procesos colectivos, comunitarios y sociales, permitiendo así que muchos jóvenes de la ciudad tengan la oportunidad de representarse, sentir que pertenecen a una comunidad, ser vistos y demostrar sus habilidades de liderazgo, deportivas, artísticas, académicas, entre otras. Por esta razón, estas organizaciones hoy están dispuestas a continuar aportando a la construcción de paz en la ciudad, ya sea de la mano de la delegación de gobierno que lidera el espacio de conversación sociojurídico entre Shottas y Spartanos, reconociendo la importancia de articular esfuerzos, o con iniciativas propias como lo han venido realizando todos estos años porque la paz es su principal objetivo. La paz desde el espacio de conversación sociojurídico Buenaventura fue el foco de atención de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales a lo largo del año 2021, ¿la razón? Desafortunadamente la violencia, como casi siempre ocurre cuando se decide hablar sobre zonas periféricas como la región pacífico. En esta ocasión los protagonistas eran los Shottas y Spartanos, dos estructuras del crimen organizado, que anteriormente pertenecían al grupo delincuencial la Local, se declararon la guerra en diciembre del 2020 e hicieron de la ciudad su campo de batalla. Desde esa fecha se disputan el control territorial en el área urbana de la ciudad, principalmente, y en menor proporción en áreas rurales marítimas y carreteables donde existe presencia de otros actores armados ilegales como el ELN y la Jaime Martines del autodenominado Estado Mayor de Frentes y Bloques. Vea también:   https://www.pares.com.co/post/radiograf%C3%ADa-de-la-paz-urbana-en-buenaventura-10-hitos-del-proceso-en-la-ciudad-puerto Vea también: https://www.pares.com.co/post/sosbuenaventura-una-lucha-juvenil-en-medio-de-las-balas Esto llevó que el gobierno nacional instalara lo que denominó el espacio de conversación sociojurídica el 18 de julio de 2023 entre Shottas y Spartanos  como una medida crucial para abordar alternativas de solución a la violencia que desde el año 2020 tenían confinada la ciudad. La mesa de conversación sociojurídica en su momento estaba integrada por voceros de las dos bandas y delegados del Gobierno, en los que hacían presencia algunos representantes a la Cámara de la bancada del Valle, sector privado, el Concejo Distrital, crédito público, la academia y un representante de las organizaciones sociales, además del acompañamiento por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OACP, hoy Oficina del Consejero Comisionado de Paz – OCCP-  y la Iglesia Católica; y su principal apuesta era poner fin a las acciones violentas que se venían ejerciendo en el la ciudad. Vea también: https://www.pares.com.co/post/shottas-y-espartanos-entran-a-mesa-de-di%C3%A1logo-con-el-gobierno-nacional-en-buenaventura   En julio del 2024, a casi un año de la instalación del espacio de Conversación Sociojurídica para la Construcción de Paz Urbana en Buenaventura, el comisionado Otty Patiño anunció  la llegada de Fabio Cardoso Montealegre como nuevo jefe negociador y el cambio del equipo de la delegación,   generando incertidumbre frente al proceso que en sí ya había generado críticas por parte de la comunidad ya que se percibía como un proceso hermético  donde la comunicación era insipiente y por tanto, se desconocía en gran medida el estado de la mesa, los avances o retrocesos. Situación que se esperaba que cambiase y mejorara con el nuevo equipo de delegados, pero que hasta la fecha no ha ocurrido y, desde las organizaciones de la sociedad civil, desconocen si va a ocurrir, debido a que no se han generado los primeros acercamientos o diálogos para explorar caminos de articulación hacia la transformación territorial que es la que propiciaría verdaderos escenarios de paz y para ello el rol de la sociedad civil es esencial. El rol de la sociedad civil en la construcción de paz urbana. Frente a estos desafíos, las organizaciones de la sociedad civil han surgido como actores clave en la promoción de la paz urbana, trabajando para reconstruir el tejido social, generar oportunidades para la juventud y ofrecer alternativas a la violencia con acciones noviolentas. Estas organizaciones, que incluyen colectivos comunitarios, asociaciones de mujeres, grupos juveniles, juntas de acciones comunales, ONG’s locales, entre otras, han impulsado iniciativas que buscan mejorar las condiciones de vida de los bonaverenses y fomentar procesos que promuevan la paz y la sana convivencia, además de aportar a la reconstrucción del tejido social que la violencia ha fragmentado. El papel de estas organizaciones va más allá de la asistencia o la denuncia de violaciones de derechos humanos, son actores que facilitan el diálogo entre comunidades, promueven procesos de reconciliación y reparación, y abogan por políticas públicas más inclusivas. Su trabajo, fortalece el liderazgo local y empodera a grupos históricamente excluidos, como los jóvenes, las mujeres y las comunidades étnicas. Por su historia, lo que han hecho y las potencialidades que tienen, es menester que tengan un papel más protagónico en el actual proceso de paz urbana que se lleva a cabo en la ciudad. No necesariamente en la mesa sociojurídica, pues se entiende el rol de este espacio, pero si en ese laboratorio de paz que se traslada a toda la ciudad y que tan insistentemente ha anunciado el presidente Gustavo Petro. Recomendaciones. Desde la Oficina Regional Pares Pacifico hemos trabajo de cerca con organizaciones de sociedad civil con quienes conversamos sobre las necesidades del proceso de diálogo sociojurídico en Buenaventura, y en ese sentido, presentamos un decálogo de recomendaciones que podrían fortalecer el rol de estas organizaciones en el proceso de construcción de una paz urbana. Considerando el importante rol de las organizaciones sociales, y las comunidades en general, es necesario garantizar una participación más activa y coordinada.       I.  Promover el diálogo comunitario inclusivo: Facilitar espacios de diálogo donde diversos actores locales (entre los que se pueden destacar jóvenes, mujeres, comunidades étnicas, empresarios y líderes comunitarios) espacio donde puedan expresar sus preocupaciones y propuestas sobre la construcción de paz en sus comunidades, pues son estos quienes conocen el funcionamiento de las dinámicas al interior de sus territorios.      II. Fortalecer los liderazgos locales:  Impulsar la formación y el acompañamiento de líderes y lideresas comunitarios que sean capaces de mediar conflictos, generar soluciones locales y gestionar recursos para la paz. Implementación de mecanismos de resolución de conflicto desde la experiencia de las organizaciones.      III. Articular esfuerzos con las instituciones públicas: esto se produce generando sinergias con las administraciones locales y regionales para implementar políticas públicas que respondan a las necesidades de seguridad, educación y empleo en contextos urbanos afectados por la violencia, incluyendo la implementación de mecanismos como los presupuestos participativos como una herramienta de innovación social que logre el involucramiento ciudadano en la toma de decisiones sobre la asignación efectiva de una parte de los recursos públicos.    IV. Impulsar la justicia restaurativa:  Implica implementar mecanismos de justicia restaurativa que prioricen la reparación de víctimas y la reintegración de miembros de estas bandas o personas que han participado en actividades violentas (que no cuenten con procesos legales vigentes), con acciones reales que logren reinsertarlos a la vida civil.     V. Fomentar la economía solidaria y el empleo inclusivo: Desarrollar proyectos productivos que generen empleo digno y sostenible, principalmente para jóvenes y mujeres, como una estrategia para prevenir el reclutamiento en grupos armados y delincuenciales, así como el consumo de sustancias psicoactivas.    VI. Promover una cultura de paz a través de la educación:  Implementar programas educativos en escuelas, colegios y organizaciones juveniles que promuevan la convivencia pacífica, la resolución de conflictos y el respeto a los derechos humanos. La escuela como el primer centro de formación, debería fomentar la paz como una alternativa fundamental para el desarrollo de los educandos.  VII. Garantizar la participación efectiva de las mujeres y personas con orientación sexual diversa: Incluir a las mujeres y la comunidad diversa de manera activa en todos los procesos de construcción de paz, reconociendo su rol fundamental como agentes de cambio y su liderazgo en las comunidades. VIII. Incentivar y promover la veeduría ciudadana: Fomentar la creación de comités de veeduría ciudadana que supervisen la implementación de acuerdos y programas de paz, asegurando la transparencia y el cumplimiento de los compromisos y garantizando el derecho a la movilización.    IX.  Construir alianzas interinstitucionales y con el sector privado: Establecer alianzas estratégicas con ONG’s, academia, agencias de cooperación y el sector privado para fortalecer las capacidades locales y asegurar el financiamiento de iniciativas de paz.     X. Reconstruir el tejido social mediante el arte, la cultura y el deporte: Promover proyectos culturales, artísticos y deportivos que ayuden a sanar las heridas de la violencia, crear lazos de confianza y sentido de pertenencia en la comunidad, así como la reconstrucción del tejido social.

Por: Redacción Pares Por lo menos 36 rutas identificó la Gobernación del Valle como destinos turísticos para mostrarle a los más de 12 mil visitantes que tendrá Cali en el marco de la COP 16. Esta será una oportunidad única para que el mundo entienda porque esta ciudad fue escogida como sede del evento de biodiversidad más importante a nivel global. La gobernación tiene determinada mostrar a cuatro tipos de Cali: la Cali Cultural, Cali Naturaleza, Pacífico Vallecaucano y Pueblos Mágicos y Haciendas. La idea es vender a Cali como una Ciudad Región, algo que ocurre con varias ciudades en el país, la de llegar a una ciudad y a partir de allí “Pueblear”. Para esto se ha creado accesos de pagos a través de Rappi Pacífico y allí se podrá acceder a varios planes que los llevarán a la Caminata en el parque natural Los Farallones, Aventura en el Darién, la Ruta del Viche, Ruta del chocolate y el vino de Ginebra, y el que es considerado como la joya de la corona, la Reserva Natural de San Cipriano.   Debido a la promesa de venganza de Iván Mordisco después de que el gobierno recuperara el Plateado, municipio del Cauca que estuvo en poder de las FARC en los últimos 35 años, uno de los blancos de las amenazas del jefe de las disidencias FARC es la COP 16. Algunos lugares como San Cipriano, que queda en una ruta complicada entre Jamundí y Buenaventura, podrían ser blanco de ataques por parte de los insurgentes. La gobernadora Dilian Francisca Toro y el mismo gobierno han garantizado que esto no sucederá, que ya se disponen de todas las medidas para blindar este paraiso natural de posibles ataques de Mordisco. Habrá un refuerzo del más del 24% de pie de fuerza para garantizarlo.   La reserva de San Cipriano espera a 10 mil turistas durante la COP 16, en esta reserva hay 10 kilómetros de rio, en San Cipriano hay por lo menos 300 especies de ave. San Cipriano es bañada por dos ríos, uno lleva su nombre y el otro se llama El Escalerete. Para un europeo la experiencia del paseo del rio, de bañarse en un pozo de más de diez metros de profundidad. Esta zona se recorre gracias a unos rieles que armaron a punto de cooperativas. Hay dos casacadas, la del amor y la venteadora. Este es un lugar ideal para tomar una de las bebidas ancestrales, el Viche. Además están las bebidas como el Tumbacatre, el Arrechon, el Siemprencima, la esencia de todas estas bebidas es el viche.   Acá además se escucharán a cantadoras y disfrutar además de las playas. La idea es que los visitantes se nutran de la cultura del Pacífico. La COP 16 es la excusa perfecta para conocer una de las culturas que, por culpa del racismo y la segregación que existe en Colombia ha estado vedada incluso para nuestro propio territorio.

Por: Redacción Pares En el último informe de ODEVIDA publicado en Pares  se da una cifra escalofriante: en lo que va del 2024 se han registrado 592 ataques e incidentes contra defensores de derechos humanos. Si se compara con el año 2023 el incremento en el nivel de violencia es del 93%. Este primer semestre ha sido un año realmente violento y peligroso para los defensores de Derechos Humanos en Venezuela. Las elecciones presidenciales estuvieron cubiertas por un velo sospechoso y espeso que indicaba, a todas luces, que los resultados que daban como ganador a Nicolás Maduro estaban viciados.   Por eso, lo que hacen organizaciones como Provea, es para aplaudir. Provea ha sido blanco de ataques del chavismo desde que este régimen entró en vigencia el 1 de diciembre de 1999. Pero la historia del Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos, empezó mucho antes. El 15 de octubre de 1988, en Caracas, arrancó. La fundadora fue Ligia Bolivar quien ya tenía experiencia trabajando con Amnistia Internacional. Ligia es una socióloga de la Universidad Católica Andrés Bello, que es reconocido como el primer centro académico enfocado en la defensa de los derechos humanos. Ha sido profesora en prestigiosas universidades de diversos partes del mundo y, a pesar de su bajo perfil, arrancó trabajando en el Ministerio de Justicia de Venezuela a comienzos de los años ochenta y es una de las académicas más respetadas en el continente. A su lado estaban DIanorah Contramaestre y el aguerrido Raúl Cubas, un sobreviviente de la barbarie que desplegaron los militares en Argentina. Allí fue detenido y torturado en la ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada, en donde los oficiales lacayos de Videla sometían a chicanas eléctricas y golpes de bastón a los valientes que cuestionaban sus métodos.   A pesar de las amenazas, las intimidaciones, el peligro que significa defender los derechos humanos en Venezuela, Provea sigue adelante y cumplió este 15 de octubre 36 años cumpliendo con su trabajo. En este lapso de tiempo ha atendido a más de 5000 víctimas, no sólo del chavismo sino también de la represión que alguna vez desplegaron, contra la protesta, gobierno anteriores, han expandido su mensaje y han podido capacitar a 6.100 personas que se transformaron en defensores de derechos humanos, representan a 2.100 personas en el sistema internacional de derechos humanos, se han hecho más de 600 publicaciones para educar y visibilizar la defensa de la palabra y la libertad, además de la presentación de 35 informes anuales sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.   En donde más oscuro está el panorama, cuando todas las esperanzas están rotas, Provea es esa luz que ilumina al final del túnel. Para la fundación Pares es motivo de orgullo contar con su experiencia, trayectoria y sabiduría.

Por: Cristian Florez Pasante de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Colombia se prepara para recibir la Cop16, uno de los eventos más importantes y esperados del año en materia de biodiversidad, que se realizará entre el 21 de octubre y 1 de noviembre. Con las estrategias que se fijen en este gran encuentro la humanidad orientará sus acciones para cumplir con la Agenda 2030 en materia ambiental. Dentro de los objetivos y metas que se plantean en este escenario, encontramos la adopción de medidas urgentes para detener la pérdida de la biodiversidad, reorientar el rumbo trágico de la Naturaleza hacia el beneficio de la humanidad y el planeta, y finalmente, la búsqueda de la implementación de compromisos, acuerdos, programas y proyectos en materia de biodiversidad y cambio climático. Además, el encuentro reunirá una amplia gama de actores del sector público, privado, de la academia, diferentes comunidades y organizaciones sociales. La tarea principal es recomponer el rumbo mismo de la vida y la existencia en el planeta.   Para Colombia posicionar los debates alrededor de la protección de la biodiversidad y el cambio climático es de carácter urgente, pues somos uno de los países más biodiversos del mundo que albergan más de 67.000 especies de fauna y flora, donde aproximadamente el 15% de estas son endémicas. Como colombianos y colombianas, en el marco de la Cop 16 y en nuestro objetivo colectivo por alcanzar la paz, no podemos dejar de lado la violencia a la que ha estado sometida la Naturaleza, las apuestas de reforma agraria que deben reorientarse en pro del cambio climático, la protección de líderes medioambientales, el fin de la explotación, y empezar a entender la Naturaleza como un Bien Común. Sin embargo, lastimosamente en Colombia (y el mundo) nuestros pensamientos y actos llevan a concebirla como mera mercancía.   Empezar a alejarnos de estas formas de relacionamiento instrumental con la Naturaleza supone un reto gigantesco tanto a nivel singular como colectivo, pero es el primer paso para imaginarnos posibilidades de transformación reales y formas de emancipación humanas y no humanas.   Dentro de los avances más importantes que hemos tenido en nuestro proceso por construir la paz, encontramos el reconocimiento de la Naturaleza — de todas y cada una de sus expresiones — como sujeto de derecho y a su vez víctima del conflicto armado. Así las comunidades campesinas, indígenas y afro lo exigieron entendiendo el vínculo cercano de su comunidad con la tierra, importante para la realización de sus derechos étnicos, cosmovisiones y la relación directa con la Naturaleza para su subsistencia. El informe final de la comisión de la verdad en su tomo “Sufrir la guerra y rehacer la vida” al abordar esta cuestión nos deja una muy bonita pregunta sobre la Naturaleza: “Si su lenguaje fuera el de las palabras ¿Qué diría la Naturaleza sobre su suerte durante el conflicto armado interno en Colombia?” (p185).   Lastimosamente no podemos oírla por medio de este lenguaje, pero sí encuentra otras formas para contárnoslo. El informe se vale de los afectos para explicar dicha situación, cuando la Naturaleza está bien y se encuentra feliz es capaz de maravillarnos con su hermosura, nos impacta sensorialmente, nos invita a soñar, nos recuerda que no debemos perder la capacidad de asombro con cada una de sus expresiones y creaciones. En cambio, la tristeza en la Naturaleza se empieza a manifestar con la ausencia de vida, los ríos agonizan, diferentes animales y plantas dejan de habitarla, su tierra empieza a volverse estéril, las formas organizativas de las comunidades empiezan a ser invadidas por el terror, se desintegran y, con ellos, desaparece el vínculo afectivo con la Naturaleza. En últimas entramos a evidenciar relaciones de descomposición y degradación política, social, económica, cultural y ambiental.   Así, en la compleja historia del conflicto armado encontramos diferentes actores que han hecho de la Naturaleza una mercancía y del desplazamiento forzado de las comunidades un fin (y como daño colateral el éxodo de las diferentes especies de animales como víctimas de desplazamiento silenciadas). En este mismo sentido la alta concentración de tierra en el país, junto con la desigualdad social y económica, ha sido una problemática que ha quedado en un segundo plano. La guerra, más allá de una cuestión política e ideológica, fue también un medio para la acumulación de tierra y capital, por ello no es sorprendente que en territorios donde hubo éxodos masivos gracias a la violencia, las empresas, en complicidad con militares y paramilitares, se asentaran allí para la explotación de recursos de todo tipo. A este hecho se suma el narcotráfico como una de las mayores fuentes de acaparamiento de tierras.   Podríamos considerar también que en medio del conflicto armado, existe una declaración de guerra tácita contra la Naturaleza, y las comunidades afectadas y violentadas son las únicas que hacen resistencia.  Pensemos en las grandes plantaciones de palma africana, en los vastos campos de caña de azúcar o la ganadería extensiva, cultivos y prácticas que se han impuesto a sangre y fuego y que son en sí mismas una negación a la vida, pues la existencia de monocultivos son una afrenta hacia la Naturaleza que conduce a la erosión del medio ambiente, la pérdida de ecosistemas y por tanto de la biodiversidad imponiendo un paisaje homogéneo. Pensemos también en los proyectos que supuestamente traen desarrollo a las regiones y al país, casos como el de Hidroituango en Antioquia o la represa de Urrá en Córdoba, donde líderes y lideresas medioambientales se pararon duro contra estos proyectos por las afectaciones ecológicas que traerían y el precio de ello fue perder la vida.   Para quienes se oponen a la realización de estos proyectos se les estigmatiza constantemente, son ese “enemigo” a exterminar en pro del desarrollo pero ¿De qué desarrollo podemos hablar si está acabando con el planeta? La Naturaleza como simple objeto queda a disposición de grupos armados, de empresarios, de élites y en manos del mismo Estado para la explotación de sus recursos a expensas de las comunidades que sí han logrado construir un tejido con el territorio. Y a estos líderes y lideresas se les deslegitima constantemente en su lucha social y ambiental. Los asesinatos y masacres a estas personas suponen una descomposición del tejido biocultural. Así pues, siendo Colombia el país más peligroso para defender el medio ambiente, con 79 asesinatos a líderes y lideresas ambientales para el 2023, implementar el acuerdo de Escazú se vuelve una necesidad urgente.   Es ante estos procesos de destrucción de la Naturaleza donde nos encontramos con actos de solidaridad y cooperación, formas organizativas comunitarias que a pesar de la constante violencia y terror que los invade, se sostienen porque el agua, la tierra y la vida están primero: “En la recuperación del territorio se concentra la idea de reconvertir para bien el uso del suelo. Para los indígenas, gracias a ello, «en las tierras liberadas y en liberación crece el monte, el agua, los animales, la comida » ” (Comisión de la Verdad, 2022, p374). Al pensarse la reforma agraria no queda duda en que, además de asegurar una redistribución justa de la tierra, debe ir en sintonía con una adaptación al cambio climático para así evitar la intensificación de los conflictos sociales y ambientales. La generación de oportunidades en el campo es clave ante esta lucha climática, además, es indispensable también asegurar una transición energética justa.   La Naturaleza está constantemente pensando, reproduciéndose, organizándose y autoafirmando su deseo y su voluntad de vivir. En este sentido, la Naturaleza como Bien Común debe estar en el centro de toda política pública buscando la potencia de la vida, porque como bien indica Jenny López, las políticas públicas se encargan de “la vida misma y su dinámica y, por tanto, tratan las posibilidades de su transformación” (López, 2022, p254). Esto, nos dice López, supone entendernos como una extensión de la Naturaleza y no el centro de la misma, existiendo un vínculo indisoluble en dicha relación social dado que “lo social no solo está constituido por lo humano” (López, 2022, p261). Asimismo cabe preguntarnos ¿Qué lugar ocupamos en la Naturaleza y que posibilidades de transformación hallamos desde nuestra singularidad y colectividad?   Para concluir, como humanidad ya estamos en composición de cuerpos políticos con la Naturaleza. Esto nos debe conducir a entender sus sentires y sus afectos, entender la violencia que se ha ejercido hacia ella y buscar las maneras de reparación y restauración en pro de la expansión de la vida misma. Iván Ávila (2024) propone, en esta relación con la Naturaleza, el término de “ciudadanía total” bajo el horizonte de una democracia radical: las plantas, los animales, la tierra, el agua y el aire tienen mucho por decir y decidir, de igual forma “el reto radica en hallar el viento que me habita, la planta que me recorre, el animal que soy” (Ávila, 2024, p187). El amor como afecto va en contravía de la violencia y la destrucción, esto supone que para salir de la crisis ambiental y la constante violencia que vivimos, debemos poner el amor en primer plano. Allí radica la potencia vital en su máxima expresión y uno de los retos más grandes de la Cop 16.   Referencias ●      Ávila Gaitán, I. D. (2024). Fundamentos spinozianos para una ciudadanía total: humana, animal y de la tierra. En Animales y cambio climático, reflexiones y perspectivas (pp. 165-189). ECOE Ediciones. ●      Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. (2022). Sufrir la guerra y rehacer la vida: impactos, afrontamientos y resistencias  (Tomo 5). Informe Final de la Comisión de la Verdad ●      López Rodríguez, J. E. (2022). Políticas públicas y omnijetividad: una alternativa para las políticas públicas centradas en la vida . Editorial "Gerardo Molina" Unijus..

Por: Isabela Puyana • Serán tres días de encuentros de expertos y comunidades para compartir experiencias y fortalecer la Transición Energética Justa en la región Caribe.  • Se desarrollarán diferentes encuentros y conferencias para ampliar el panorama de la TEJ en el Caribe.  • Seis empresarios se reunirán para dar un pitch de su proyecto o emprendimiento al público interesado.    Bogotá, Colombia, 11 de octubre de 2024 . Santa Marta será la sede de la primera Cumbre de Gobernanza para la Transición Energética y la Paz que se llevará a cabo entre el 7 y 9 de noviembre. Evento organizado por la Fundación Paz y Reconciliación, en alianza con el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación del Magdalena, y la Cámara de Comercio Colombo-Alemana.   El objetivo de esta cumbre es reunir y socializar experiencias que impulsen el desarrollo local a partir de diferentes modelos en el marco de la transición energética, con la participación activa de la comunidad, el sector privado, la academia e instituciones oficiales relacionadas con el tema. Junto al Ministerio de Minas y Energía, se han unido a esta alianza, organizaciones internacionales como AHK, WWF, WWB, Trajects, el Fondo Emerger, el SENA (Centro CEET), el Programa de Desarrollo y Paz, Isópolis, la Universidad del Magdalena, La Universidad de los Andes, Willamette University, Argensul y la Cátedra Global de la Universidad de Buenos Aires, entre otros. La cumbre, que se desarrollará durante tres días, también será un escenario para debatir la relevancia para la gestión de la gobernanza de la TEJ. Allí se desarrollarán interesantes diálogos y conferencias con enfoques de Transición justa, paz y gobernanza. La Cumbre iniciará con un ritual de armonización Arhuaco, al cual precederán las palabras de los representantes de las entidades convocantes. También, se darán a conocer las experiencias de cuatro comunidades energéticas que han puesto en marcha su transición al uso de fuentes de energías renovables de la mano con el Ministerio de Minas y Energía, junto con la experiencia local de una pequeña central hidroeléctrica en el Caribe de la Comunidad Energética Electropalmor. Cabe destacar que la Transición Energética Justa también se piensa desde una perspectiva de género, por eso cuatro mujeres debatirán alrededor del Liderazgo femenino en el marco de la implementación y sostenibilidad de las comunidades energéticas.  Los temas mencionados y otros más serán los tratados durante los tres de días de la cumbre. Hacemos un llamado a periodistas y  líderes de opinión para que nos acompañen el 7 de noviembre a las 11 a.m en el Hilton Garden Inn SANTA MARTA. Es importante su confirmación a este espacio, vía correo o a los siguientes contactos: Contacto para prensa Junior Amin - Jefe de Prensa Fundación Pares 3194682156 – prensa@pares.com.co Isabela Puyana- Periodista 3124579427-isabela.puyana@pares.com.co

Por: John Correa Romero Fuente: MI DIARIO CESAR En un país donde la desigualdad energética ha marcado diferencias significativas entre regiones, la puesta en marcha de las Comunidades Energéticas en el departamento del Cesar representa un avance crucial hacia la democratización del acceso a la energía. Este proyecto, que ya está beneficiando a instituciones de salud como el Hospital Rosario Pumarejo de López, se perfila como una iniciativa que no solo mejora la eficiencia energética, sino que también transforma la vida de las comunidades. Energía renovable, equidad y sostenibilidad El programa Comunidades Energéticas, lanzado recientemente, forma parte de una estrategia nacional más amplia para transitar hacia energías limpias y sostenibles , abarcando una inversión de $75,150 millones . En el Cesar, esta iniciativa está dirigida a instituciones de salud de gran importancia, como el Hospital Rosario Pumarejo de López , el Hospital Eduardo Arredondo Daza  en Valledupar, y el Hospital Jorge Isaac Torres  en La Jagua de Ibirico. Uno de los impactos más visibles de este proyecto es la instalación de 1,534 paneles solares en el hospital Rosario Pumarejo de López, junto con 24 inversores y la modernización de 133 sistemas de aire acondicionado. Esta inversión permitirá reducir el consumo energético de la institución en un 60% , generando un ahorro anual estimado en 5,626 MWh, lo que equivale a $3,376 millones. Sin duda, estas cifras ponen de manifiesto no solo la relevancia económica de esta iniciativa, sino también su compromiso ambiental, al apostar por una generación de energía más limpia y sostenible. Una transición energética inclusiva Fuente: MI DIARIO CESAR La importancia de este proyecto radica en su capacidad para hacer frente a la crisis energética que afecta a muchas regiones del país. Durante años, el Caribe colombiano ha sufrido las consecuencias de tarifas energéticas desproporcionadamente altas, afectando tanto a los servicios públicos como a la población en general. Sin embargo, gracias a proyectos como este, se empieza a vislumbrar una solución que garantiza un acceso más justo a la energía, particularmente en áreas como la salud, donde los altos costos energéticos representan un obstáculo para la mejora de los servicios. Como señaló el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, durante el lanzamiento del programa: "Estamos listos para desarrollar inversiones concretas que permitan superar la crisis energética y poner fin a las tarifas injustas que han afectado a la región". Este compromiso del gobierno con la transición energética no solo mejora la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también empodera a las instituciones locales, permitiéndoles reducir deudas y reinvertir los recursos ahorrados en mejorar la atención a sus usuarios. Energía limpia y mejor calidad de vida Además de los beneficios económicos y ecológicos, el impacto de las Comunidades Energéticas se siente también en el bienestar de las personas. La modernización de los sistemas de aire acondicionado ha generado un entorno más confortable tanto para los pacientes como para el personal de las instituciones de salud. "Este es un paso transformador que mejora nuestras instalaciones y proporciona un ambiente más agradable para todos", señaló Carmen Sofía Daza, agente interventora del hospital Rosario Pumarejo. Pero los beneficios no se detienen en el ámbito hospitalario. Este modelo energético también se extiende a instituciones educativas de la región, contribuyendo a crear condiciones óptimas para el aprendizaje en entornos más sostenibles y eficientes. De esta manera, la democratización de la energía no solo se limita al acceso a los recursos, sino también a la mejora del bienestar y las oportunidades de desarrollo de los habitantes del Cesar. Un modelo replicable El éxito de estas Comunidades Energéticas en el Cesar posiciona a esta región como un modelo a seguir en el proceso de transición energética que se está llevando a cabo en Colombia. Proyectos como este no solo son necesarios para enfrentar el cambio climático, sino que también redistribuyen los beneficios de la energía de manera más equitativa entre las diferentes comunidades. El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, expresó su satisfacción por el avance de estos proyectos, calificándolos como un hito en la búsqueda de una Transición Energética Justa. "Es un día de orgullo y esperanza para nuestro municipio", afirmó, destacando el papel que estos programas juegan en la promoción de una mayor equidad energética para todos. El camino hacia una transición justa Fuente: MI DIARIO CESAR A medida que el mundo se enfrenta a los desafíos del cambio climático, proyectos como el de las Comunidades Energéticas en el Cesar subrayan la importancia de democratizar el acceso a las energías renovables. No solo representan una solución eficaz para los problemas energéticos locales, sino que también marcan un paso decisivo hacia un futuro más justo en el que todos puedan beneficiarse de una energía asequible y limpia. Con una potencia instalada de 2,868 kWp y el respaldo de las autoridades locales y nacionales, estas Comunidades Energéticas representan el futuro de la gestión energética en Colombia, promoviendo no solo la sostenibilidad, sino también la equidad y el desarrollo comunitario.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos Llama la atención que los defensores más acérrimos del presidente traten de minimizar a Mario Mendoza por su éxito literario. Durante todo el pasado puente de lo único que se habló en el país fue sobre su columna en Cambio titulada Retrato de Gustavo Petro en blanco y negro. Mientras unos lo aplaudían otros defenestraron sobre el autor de Satanás  tildándolo de mediocre autor de best Sellers como si vender libros fuera tan fácil como vender hamburguesas. No tenemos la estadística, los números que puedan respaldar esta afirmación, pero la gran mayoría de las filas de personas que se aglomeran en cada edición de la FIlbo en Bogotá tienen como objetivo el que Mario Mendoza les firme un ejemplar. La mayoría son personas menores de 25 años. El nivel de conexión que tiene Mario con las nuevas generaciones es realmente admirable. Por lo general la edad de los lectores de los escritores crece con él mismo. Pero Mario puede conectarse con gente a la que le lleva el doble de la edad.  Mario tiene 62 años y ha publicado 43 libros. Sus detractores afirman que ha escrito demasiados libros como para creerle el rigor. Pero, también se puede usar una frase del maestro Stephen King cuando le cuestionan ser tan prolífico  “Qué otra cosa puede hacer un escritor sino es escribir”. Durante la campaña presidencial expresó estar harto del uribismo y afirmó, como lo creyeron otras 11 millones de personas, que lo ideal sería un cambio. Pero Mendoza se desilusionó pronto. El 25 de junio del 2023 en una entrevista para la Revista Bocas, lanzó esta frase que prefiguraba el desencanto “Si Petro no corrige va a llevar a Colombia al desastre”. Más de un año después se desató contra el presidente lanzando frases que pronto se viralizaron por su contundencia: “No hay ladrones buenos y ladrones malos, hay sólo ladrones” refiriéndose a los continuos escándalos de corrupción que ha protagonizado este gobierno. Es un género literario la diatriba. La columna está lo suficientemente bien escrita como para, independientemente de las simpatías políticas que se profesen, se pueda disfrutar. Es propio de las democracias -y revelan su buena salud- que los artistas estén siempre en contra del poder. Sólo en regímenes totalitarios como la Unión Soviética se les daba premios a sus más ladinos defensores. En ese sentido Petro ha guardado respeto y distancia con la opinión que le genera su gestión a Mendoza. La columna tiene momentos demoledores contra la gestión del presidente: “Su objetivo es fácil de detectar: el caos como estrategia política. De ahí las extrañas componendas con las disidencias de las FARC y con el ELN, cuando uno es incapaz de construir solo queda una opción: destruir. No se puede implementar la política del amor a punta de balconazos furibundos y discursos energúmenos. No se puede ser fraterno cuando se está lleno de odio y resentimiento”. Como Albert Camus, al que una hepatitis lo acostó en una cama y lo obligó  a una única entretención a los 13 años, la lectura, Mario Mendoza consiguió la quietud que necesita a la brava un lector cuando una peritonitis lo tuvo entre la vida y la muerte. Tenía apenas siete años y recuerda aún la angustia que generó en su familia. En la recuperación una de sus hermanas le regala un libro de cuentos de hada franceses y la vocación ya estaría marcada para siempre. La biblioteca de su papá, un veterinario que vivió en París el mayo del 68, fue su primera gran maestra. Bueno, el segundo fue el colegio Refous, con su particular método de enseñanza. En el colegio coincide con dos escritores que serían sus amigos de toda la vida, Santiago Gamboa y Juan Carlos Botero. Poco después empieza a publicar cuentos y, mientras tiene empatía con el público, la crítica no para de rechazarlo, ni siquiera cuando se ganó el premio Seix Barral. Algo que aún lo acompaña y que, seguramente, la feroz diatriba contra Petro no va a hacer cambiar. Políticamente Mario es mockusiano, lo que muchos podrían tildar de tibio. En su libro Leer es resistir, que es una especie de sus memorias como lector, acepta que nunca militó en la izquierda y que, en elecciones, siempre elegiría a alguien como Sergio Fajardo que a Petro. Como se lo dice a su amigo Juan Carlos Botero en una conversación para la revista Bocas esta fue la razón por la que votó a Petro: “Petro avanza políticamente, el centro se queda sin representación, y llegamos a la encrucijada entre Rodolfo Hernández y Petro. Y yo opto por Petro. Opto por él porque me parece un ilustrado, porque había leído su libro y me sorprendió su dominio de la obra de García Márquez. Di ese voto con cierto temor, pero también con una enorme esperanza. Pero, para mi sorpresa, me doy cuenta de algo muy peligroso para este país”. Así que en el fondo no es una sorpresa que Mario Mendoza lance una diatriba contra Petro. Siempre estuvo en las antípodas de su pensamiento. Independientemente de lo que creas, del espectro político en el que estés, hay que celebrar que la columna de un escritor sea lo más importante que se lea en el país durante un puente. Tenemos esperanza.

Por: Lizeth Serrato Contreras En Celsia estamos comprometidos con la transición energética de Colombia, y por eso estudiamos diferentes zonas del país con condiciones favorables para la generación eólica.” Ricardo Sierra, líder de la empresa Celsia.   Bajo el discurso de la “Energía del Cambio” siguen los avances en los proyectos del Ministerio de Minas y Energía para lograr diversificar la matriz energética de Colombia y tener un sistema más limpio basado, principalmente, en las fuentes de energía renovables. Dentro de los procesos de comunidades energéticas, granjas solares, y demás estrategias, llegó el turno para el departamento del Atlántico, quien recibió una enorme sorpresa por parte de Celsia. Una vez clausurada la primera edición de la Feria de Economías para la Vida y anunciada la creación de la Empresa Energética del Caribe, llegan desde Estados Unidos y Europa por vía marítima, al municipio de Juan de Acosta, los aerogeneradores que aprovecharan las ráfagas de viento de las planicies atlanticenses para generar energía.   A mediados de la semana en curso la empresa de energía de Grupo Argos, Celsia, entregó a la construcción del proyecto eólico Carreto dos aerogeneradores para su instalación y puesta en marcha. Después de una ardua logística arribaron al Caribe gran parte de la infraestructura que necesitará el proyecto para cumplir su cometido, y es que se pronostica que Carreto inyecte a la red interconectada 9,6 MW de energía limpia.   De acuerdo a la página oficial de Celsia, algunos de los datos más relevantes de este nuevo proyecto son ·      Aerogeneradores implementados: 2. ·      Generación estimada por año: 30 GWh/año.                        ·      Puesta en marcha: diciembre del 2024.   Si bien, el líder de la empresa Celsia, Ricardo Sierra,  señaló que “ Este proyecto en el Atlántico, que hemos ido desarrollando de manera silenciosa, es un símbolo de que se pueden encontrar vientos en otras partes del país, y que podemos seguir creyendo en la energía limpia y eficiente generada con este recurso renovable”. Las afirmaciones de Sierra nos llevan a entender que Carreto viene a impulsar las obras y cumplimiento de las apuestas realizadas desde el Ministerio, y entra a la lista de iniciativas ejecutadas en este departamento; además de figurar como un proyecto más ejecutado en el 2024, también entra a representar otro escalón alcanzado dentro de la larga escalera de la Transición en Colombia.     Bibliografía: -       https://www.celsia.com/es/noticias/llegaron-los-aerogeneradores-para-proyecto-eolico-de-celsia-en-el-atlantico/

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Sin mucho ruido —como el gobierno ha buscado que se muevan sus proyectos de ley en esta tercera legislatura— y con poco cubrimiento mediático, el 29 de abril de 2024 se aprobó en primer debate, en la Comisión Sexta de Senado, un proyecto de ley que busca, entre otras cosas, impulsar el pensamiento crítico del país a partir de las tesis de Camilo Torres, Orlando Fals Borda y otros clásicos del pensamiento sociológico y político del país, además de hacer un reconocimiento a la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia como cuna del pensamiento crítico. Según lo reportó El Espectador , Robert Daza, quien es senador por el Pacto Histórico y es líder social, militante del Polo Democrático en Nariño, es autor de este proyecto de ley que fue aprobado con 5 votos contra 4, y que desde el 29 de julio de este año ya tiene un informe de ponencia para ser presentado en la plenaria del Senado que aún no ha sido debatido. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ya habíamos indicado que Daza tenía un proceso en curso en la Corte Suprema de Justicia , debido a una acusación de rebelión y de tener presuntos vínculos con el ELN, por la que está siendo investigado, pero que fue noticia en mayo de este año, debido a que la Sala de Instrucción decidió no imponerle medida de aseguramiento y llevarlo a la cárcel. A pesar de estar estancado en medio del mar de iniciativas que suele inundar el congreso en estos días, y con las tensiones existentes entre el gobierno nacional y el Senado por cuenta del hundimiento del presupuesto y su posterior decreto por parte del presidente la próxima semana, junto con la crisis desatada por la apertura de la investigación del Consejo Nacional Electoral contra la campaña presidencial de Petro en 2022, el proyecto ha comenzado a generar ruido, en medio de la disputa por los símbolos y la narración de la historia que Gustavo Petro y el gobierno nacional han emprendido durante estos primeros dos años de gobierno. Del mismo modo, hace cuatro meses atrás, Petro volvió a generar ruido tras señalar que había convertido al sombrero  del asesinado candidato expresidencial y comandante en jefe del M19 al momento de su tránsito a la sociedad civil, Carlos Pizarro, en patrimonio cultural de la nación. Asimismo, el gobierno había declarado que se había encontrado una de las sotanas de Camilo Torres , luego de que Medicina Legal hiciera un estudio sobre la prenda que un obrero le entregó al presidente a mediados de este año y que se suma a las otras dos que la Universidad Nacional tiene en su poder, entregadas por la microbióloga y amiga de Torres, Leonor Muñoz. Detrás de estos actos simbólicos y la patrimonialización de estos elementos, queda un debate abierto entre las víctimas del conflicto, los partidos políticos y la sociedad en general sobre la manera como el gobierno ha usado la simbología y la memoria para construir otros relatos sobre la historia —alternativos casi siempre a las narrativas oficiales—, y como estos relatos han tenido la pretensión de convertirse en una nueva narrativa hegemónica, una nueva forma de contar la historia y, por ese mismo camino, tener la posibilidad de caer en procesos de exclusión. Un monumento al pensamiento crítico Fuente: Fundación Paz & Reconciliación. El proyecto de ley 076 de 2023, “[p]or medio de la cual se promueve y reconoce el pensamiento social, crítico y la práctica humanista, como base fundamental para la educación para la paz con justicia social en Colombia y se dictan otras disposiciones” fue propuesto por Daza y por otros senadores de la bancada del Pacto Histórico, con la finalidad de “(...) reconocer y promover la praxis y el pensamiento crítico y humanista colombiano a partir de las concepciones de pensadores y pensadoras que, desde su práctica académica y política, han contribuido al desarrollo de la educación popular, la investigación social, la pedagogía, y el poder popular”, como señala el mismo texto. El proyecto, entre otras cosas, genera ruido por dos elementos. El primero, contenido en el parágrafo 1 de su artículo 3, porque ordenaría al Estado, entre otras cosas, la promoción, difusión e inclusión de ideas como el amor eficaz, la metodología de investigación-acción participativa (IAP), la educación popular y la educación para la paz, además de metodologías de alfabetización adultas consideradas alternativas. Inicialmente, el proyecto proponía que la difusión de estas ideas quedase a cargo de las instituciones de educación superior públicas (IES), pero en el primer debate estas referencias a la educación superior quedaron eliminadas, en parte, porque ponían en duda la autonomía universitaria. Fuente:  Gaceta 1058 de 2024. Congreso de la República. El segundo, por su parte, está contenido en el artículo 5, donde plantea, sobre las acciones y obras para fortalecer el pensamiento crítico en Colombia, la construcción de monumentos y obras de memoria para los pensadores críticos del país referenciados en el texto, que son Camilo Torres Restrepo; Alfredo Molano; María Tila Uribe; Orlando Fals Borda; Magdalena León; Eduardo Umaña Mendoza y Estanislao Zuleta. Fuente:  Gaceta 1058 de 2024. Congreso de la República. Para Daza, según El Espectador , la urgencia por hacer visibles las ideas de Camilo Torres y de otros pensadores más allá del estigma que se les ha impuesto, y sus aportes a la sociedad y a la academia colombiana exigen, de antemano, un reconocimiento a nivel simbólico y monumental. De igual modo, en el proyecto se especifica que la urgencia por su reconocimiento parte de la nueva condición política abierta por la llegada de un gobierno alternativo, para dar las discusiones frente a una nueva cultura y unas nuevas prácticas en el ámbito de lo académico y lo popular, que abran nuevos caminos al humanismo y a la educación popular para el cambio. Es esto último lo que ha generado la alerta de varios de los senadores por fuera de la bancada de gobierno, quienes denuncian que el proyecto de Daza puede ser riesgoso, pues se pone al borde de la consolidación de un discurso doctrinario y sectario. Guido Echeverry señaló a El Espectador que este proyecto posee una fuerte carga ideológica, razón por la cual votó en contra en la Comisión Sexta en abril pasado. Del mismo modo, uno de los principales cuestionamientos al proyecto es que podría consolidar una narrativa histórica única, centrada en figuras de izquierda y excluyendo otras visiones del pasado. Esto ha sido señalado por varios senadores y analistas, como el sociólogo Daniel Mera , quienes temen que, al establecer un relato institucional hegemónico, el gobierno no dé cabida a otras voces y experiencias que también han sido fundamentales en la construcción del país. Con las pocas mayorías que tiene el gobierno en esa corporación en pleno, y con el choque de trenes existente con el Congreso, es muy probable que el proyecto no pase, mucho más cuando los nombres y las ideas que figuran allí son asociadas en su mayoría a postulados de izquierda, lo que puede motivar a que la mayoría de los senadores opositores e independientes se nieguen a aprobarlo. El gobierno Petro y los dispositivos con los que opera la memoria Fuente:  RTVC Noticias. La espada de Bolívar, el sombrero de Pizarro, la sotana de Camilo Torres y la referencia constante a López Pumarejo, Jaime Bateman, Jorge Eliécer Gaitán, y a otras de las grandes figuras liberales y rebeldes que ha tenido el país han sido interpretados por intelectuales y analistas como manifestaciones de narcisismo. No obstante, se ha perdido en el debate que la simbología que ha intentado construir el gobierno gira no solo alrededor del presidente, sino de la construcción de nuevas narrativas y relatos sobre un pasado que, para el gobierno Petro, ha sido interpretado solamente desde una mirada institucionalista, ligada a las élites del país. La disputa por ese pasado, para el gobierno, se da en el marco de cómo se le da cabida y voz a la memoria y a los relatos de los grupos sociales que no han detentado el poder y que han sido narrados por académicos y por figuras políticas, y a las que no se les ha dado voz. Sin embargo, ha surgido un problema, especialmente frente al rol hegemónico que tiene hoy el gobierno, en el que se ha cuestionado si esos símbolos que ha construido sí son universales, incluso para las minorías sociales que el progresismo señala en representar. Una de esas grandes discusiones se abrió en el marco de la ceremonia sobre el sombrero de Pizarro , en el que varias de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia indicaron en medios que el acto en el que el sombrero se reconoció como patrimonio hacía daño a las víctimas, al ensalzar los símbolos y la cultura de la violencia. Por ese mismo camino iba la periodista Yolanda Ruiz , quien en una columna del diario El País de España del 13 de agosto indicó que la necesidad de simbolizar elementos ligados al pasado y a las luchas de un sector político corrían con el riesgo de excluir otras voces, incluso en una izquierda que, a diferencia del M-19, es mucho más amplia y diversa dentro del Pacto Histórico. Así mismo, el proyecto de Daza que hoy está a la espera de ser agendado en el orden del día de la Plenaria del Senado corre el mismo riesgo de caer en una narrativa unidireccional y unívoca frente al pasado, especialmente frente a sus ideas sobre la justicia social y la educación para la paz, que son contestadas y respondidas por otros sectores políticos que no son afines a la concepción de Fals Borda, Torres y otros de los autores señalados en el proyecto de ley. Además, el proyecto de Daza abre un cuestionamiento importante sobre cómo la izquierda colombiana está construyendo su propio relato de memoria y cómo se ubica frente a ella, lo que se suma a los símbolos como la espada, el sombrero y la sotana, que hicieron parte de un repertorio de acción de ciertos grupos, pero que no engloban en su totalidad las diversas experiencias de una izquierda que dio múltiples luchas en diferentes escenarios, más allá de la lógica insurgente y combativa en la que Petro y su gobierno emergieron. Un buen ejemplo de ello fue el recién acto de reconocimiento del Estado sobre el exterminio al que fue sometido la Unión Patriótica , el 11 de octubre, a la que el presidente Petro decidió no ir de último minuto debido a recomendación médica. Aunque la representación del partido, en cabeza de la senadora Jahel Quiroga, estuvo de acuerdo en la suspensión, las víctimas reclamaron la presencia del gobierno, bajo el llamado de “si no está el presidente, nos vamos”. La molestia de las víctimas se dio también porque el gobierno ofreció finalmente las excusas en nombre del Estado a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), en un acto que las  organizaciones y los asistentes observaron como insuficiente e indigno, más cuando se esperaba este acto desde el fallo del 27 de julio de 2022 y emitida el 30 de enero de 2023, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia contra el Estado colombiano por el exterminio de más de 6000 personas militantes de este partido entre los años 80 y 90 del siglo pasado, en una de las historias más oscuras que ha atravesado el país. La nueva memoria pública e institucional Fuente: Revista Cartel Urbano, en X (anteriormente Twitter). La otra lógica en la que el gobierno se está moviendo está frente a la “patrimonialización” de aquellos relatos y símbolos con los que el gobierno considera que le está dando voz a las minorías y subalternidades sociales (campesinos, obreros, mujeres, jóvenes, grupos étnicos, diversidades, entre otros), enmarcados en la tensión de la idea del “monumento” como un escenario de territorialización de la memoria, donde se manifiestan las disputas entre lo que se recuerda y lo que se olvida, así como las reflexiones y aprendizajes sobre acontecimientos en el pasado reciente. Esta discusión ya había emergido en el paro nacional de 2021 frente al derrumbe de varias estatuas de colonizadores por parte de la comunidad misak en Bogotá y Cali, así como la erección del monumento de Puerto Resistencia en Cali, que terminaron abriendo en debate sobre cómo la movilización social estaba generando sus relatos de memoria en medio de un estallido social marcado por la violencia institucional y parainstitucional, para gestionar una memoria colectiva que, atravesada por la violencia política, quisiera recordar y olvidar frente al espacio público en el que desarrolla su vida, como lo señala la historiadora Yaneth Mora Hernández en su artículo “lugares de memoria: entre la tensión, la participación y la reflexión” [1] Sin embargo, el proyecto de ley presentado por Daza caracteriza la monumentalización y el homenaje a estas figuras importantes en el pensamiento crítico desde una perspectiva hegemónica, con la que se ha buscado recordar los momentos más importantes de la historia del país y consolidar una “memoria pública” pero guiada desde lo institucional, que busca consolidar un solo relato único, a pesar de que, en su intención, el proyecto de ley quiere traer del olvido a estos referentes. Lo que implica que, entre otras cosas, la forma como el gobierno Petro trata a la memoria histórica sí tiene una pretensión de modificar el relato de nación desde el mismo Estado, lo cual es importante, porque al igual que toda historia institucional, hay que notar dónde se encuentran las ausencias en esos lugares donde se plantea establecer la memoria, y como esta nueva memoria pública institucional dialoga o choca de frente con los ejercicios de memoria colectivos que se escapan a esa institucionalización. En parte, porque de la manera como el gobierno logre consolidar un relato institucional alterno de lo que fue el pasado y la historia, puede sostener y justificar su idea del cambio como concepto central en su discurso político . En cierto modo, oponer un relato del pasado frente a otro (en el que pone a las élites políticas, a la tecnocracia y a los grandes sectores económicos) le permite ubicar en su espectro político a los fantasmas que se deben ahuyentar y consolidar la identidad de su proyecto político, igual que las justificaciones frente a los resultados que está presentando y que en dos años serán la vara de medida de su proyecto. Además, porque la consolidación de un relato desde lo monumental y desde la memoria le permitirían sostener una base de apoyo desde lo discursivo frente a la atomización de sus bases, que poco a poco asisten menos a sus convocatorias y que le han obligado, entre otras cosas, a volver a aparcar la radicalización democrática y la movilización como estrategias de presión, como lo señaló El País de España  y como lo indicamos en este artículo . Para la historiadora Yaneth Mora, al final, la monumentalización sí tiene un carácter democratizante y refleja una lucha por los derechos humanos y por la reivindicación histórica. No obstante, abre el cuestionamiento si estos espacios pueden comunicar la memoria respecto al pasado y si pueden comunicar y abrir espacios reflexivos frente a los sucesos, o si su carácter fijo impide esas dinámicas, especialmente frente a las formas como la sociedad territorializa sus propios recuerdos. Del mismo modo, queda en el tintero si la iniciativa de Robert Daza de traer al pensamiento crítico a los monumentos permite que éste se exprese o si, por el contrario, termina siendo un símbolo estático y un nuevo argumento en los símbolos con los que el gobierno elabora su discurso hacia el pasado que quiere ampliar, hacia el presente en el que busca sostenerse y hacia el futuro de su Pacto Histórico. [1] MORA HERNÁNDEZ, Yaneth. “Lugares de memoria: entre la tensión, la participación y la reflexión”. En: Panorama, Volumen 7, Núm. 13. 2013. Págs. 97-109.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Las instituciones importan, y a tal grado, que determinan el nivel y las dinámicas del  desarrollo económico, político y social de los países. Así lo dejan claro Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, quienes este 10 de diciembre de 2024 recibirán, por parte del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, el Premio Nobel de Economía.   Para los galardonados —uno de origen turco, Acemoglu, y los otros dos de nacionalidad británica—, entre las labores más importantes que tienen los científicos sociales hoy es explicar por qué unos territorios —no necesariamente todo un país— se encuentra en situación de pobreza y malestar social; mientras que otros, por el contrario, su población vive en prosperidad y bienestar humano.   Es decir, establece como tarea, identificar y analizar —como lo hizo el padre de la economía, Adam Smith— los factores que condicionan los niveles de pobreza y de riqueza de las naciones. A responder a la pregunta sobre cuál es el origen del poder, la prosperidad y la pobreza. Y a sugerir a las sociedades los caminos que pueden tomar para superar las situaciones deficitarias en derechos sociales y en ausencia de servicios públicos.   En esta lógica de trabajo fue que, en 2012, Acemoglu y Robinson publicaron el libro “Por qué fracasan los países” (Deusto). En él parten por presentar a la ciudad de Nogales, dividida tan sólo por una alambrada en dos territorios: una parte, perteneciente a Arizona, en Estados Unidos, y la otra a Sonora, en México. En esta ciudad analizan y explican por qué dos poblaciones, con culturas similares y riqueza natural semejante, “una es rica y la otra pobre”.   Una situación que se repite en el África subsahariana, en América Central y en el sur de Asia. Y que por supuesto, la hallan también en América del Sur y en Colombia. Sobre todo, al ser nuestro territorio, uno de los más desiguales en ingresos, en tierras y en riqueza del mundo, lo que lo ha convertido en uno de los objetos de análisis más apetecidos para los académicos.   En el capítulo 13 del libro, Acemoglu y Robinson se preguntan ¿Por qué fracasan los países hoy en día? Y ponen entre sus ejemplos más ilustrativos a Colombia. Un país inmensamente rico en recursos naturales, pero que su población permanece sumida en la pobreza y la desigualdad. Sabiendo que si se mira a otras economías, con muchos menos recursos naturales, se observaría a estas como prósperas, ricas y equitativas.   Para lograr explicar el resultado de esta contradicción, los autores muestran la historia del país como una sociedad envuelta en un “círculo vicioso”. A Colombia la caracterizan como un territorio con una violencia generalizada y persistente, donde se presenta una falta de instituciones estatales centralizadas, que producen una “relación simbiótica con políticos que dirigen las partes funcionales de la sociedad” (p. 446).   Partiendo el análisis del período de la Violencia y del Frente Nacional —hace cerca de 70 años— muestran cómo el país “a pesar de la larga historia de elecciones democráticas, no tiene instituciones inclusivas. Su historia ha estado marcada por violaciones de libertades civiles, ejecuciones extrajudiciales, violencia contra civiles y guerras civiles” (pp. 441-442).   Un país donde la violencia la han ejercido tanto la Fuerza Pública como las guerrillas de izquierda y los grupos paramilitares de derecha. Un país donde los poderosos han usado la violencia y el poder de crear instituciones —leyes, decretos y demás normas— para enriquecerse a costa del resto de la población. Analizan a terratenientes, partidos políticos y al mismo Estado.   De los terratenientes muestran como estos “utilizaron a los paramilitares para defenderse de las guerrillas, pero también participaban en el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro y asesinato de ciudadanos” (p. 442). Incluso, aprovecharon el control territorial para obtener votos, provocando que en el gobierno de Álvaro Uribe “el 35 por ciento del Congreso fuera elegido en zonas en las que habían estado los grupos de autodefensa”.   Muestran cómo en un país rico, y en departamentos como el Casanare, con una gran reserva en depósitos de petróleo, fueron usados por el paramilitarismo para apropiarse sistemáticamente de la propiedad, del poder y de los recursos. En ese contexto, no resulta difícil “imaginar el efecto de este alcance del control paramilitar de la política y la sociedad sobre instituciones económicas y políticas públicas” (p. 445).   Los nobeles de economía presentan un país donde las élites políticas han usado la violencia para mantenerse en el poder. Y para cuando están en él, crear normas —como las que se dieron durante el período de la Seguridad Democrática (2002-2010)— para permitir la desmovilización paramilitar que es “simplemente la institucionalización” del paramilitarismo “en grandes zonas de Colombia y el Estado” (p. 447).   Llegando a la conclusión que no somos un estado fracasado, pero si un “Estado sin centralización suficiente y con una autoridad lejos de ser completa sobre todo el territorio” (p. 446). Existen territorios, prácticamente, sin instituciones formales. Un contexto donde “las instituciones políticas no generan incentivos para que los políticos proporcionen servicios públicos y ley y orden en gran parte del país, no les ponen límites suficientes para evitar que hagan tratos implícitos o explícitos con los paramilitares y los criminales” (p. 448).   Lo bueno es que, nos dicen los tres economistas recién nominados, las instituciones pueden cambiarse: es posible transformarlas y liberarse de las instituciones heredadas. Podemos cambiar nuestra realidad, proponer y negociar arreglos institucionales que permitan cambiar está senda “viciosa” y dirigir los países por el camino del desarrollo.   Acuerdos que permitan, por ejemplo, proteger a la población que está explotada laboralmente —con jornadas demasiado amplias o que no reconocen el esfuerzo y sacrificio en el pago por la horas nocturnas—. La gente requiere que se le pague de forma justa por su trabajo. Que se le compense por el uso de su tiempo, pues estos en lugar de estar cómodamente en su casa, en compañía de sus hijos o familiares, debe estar en las horas nocturnas siendo exprimido por el empresario.   Igualmente, podemos decidir invertir los impuestos y recursos públicos en educación, para que la población, a pesar de no tener recursos para entrar a una universidad privada, puedan elegir su profesión y rumbo que quieren darle a su vida. Y a la vez tener una ciudadanía capacitada para afrontar el desafío de avanzar a los niveles de prosperidad deseados.   Finalmente, un país que decida proteger los recursos que tiene, para el disfrute y el goce de las generaciones futuras. Recordemos que las decisiones que tomamos hoy —al igual que las que tomaron nuestros líderes en las décadas anteriores—, pueden tener efectos perversos, tal como hoy lo vemos en la situación que sufre la Amazonía. Debemos garantizar el ejercicio de los derechos a los que vienen y generar un futuro sostenible.   En conclusión, tenemos el reto hoy de trabajar en reducir la pobreza, y las pistas dejadas por los trabajos de estos tres nobeles de economía brindan elementos que bien podría implementarse en el país. También el reto de reducir la corrupción gubernamental e ir minando las tradiciones que han generado este círculo vicioso, esto con el propósito de avanzar en sociedades más democráticas y protectoras de derechos sociales.   Esperemos que las recomendaciones de Acemoglu, Johnson y Robinson, sean tenidas en cuenta por las élites que hoy monopolizan el poder en Colombia. Que la dignidad que le da un premio Nobel a una recomendación sirva para que los tomadores de decisiones trabajen en formular políticas económicas que ayuden a cambiar de rumbo. Crear instituciones que en lugar de aislar, incluya; que en lugar de mantener las desigualdades, promuevan la equidad social; y que en lugar de fomentar la corrupción, se dirijan al buen uso de los recursos públicos. * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.