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Por: Redacción Pares En Urabá Raúl Hasbún conocía todos los secretos. Algunos podrían traer efectos devastadores para multinacionales como Chiquita Brands. Los que lo conocieron sabían que era un hombre difícil de atrapar. Incluso cuando se desmovilizó, en el 2004, “Pedro Bonito”, como le decían, lo hizo no como lo que era, el comandante del Bloque Bananeros de las AUC sino como un militante más. Lo condenaron a 18 años de cárcel por la masacre de San José de Apartadó. Desde la cárcel a sido un testigo clave para entender la paraeconomía en Urabá. Su testimonio fue fundamental para involucrar a cerca de 4.000 empresarios que habían recibido apoyo de las Autodefensas. Entregó puntualmente el nombre de 270 bananeros y 400 ganaderos. En entrevista dada a la Revista Semana hace 10 años puntualiza sobre lo que sería la joya de la corona: todo lo que tenga que decir sobre Chiquita Brands. En una de las preguntas que le hicieron querían preguntarle cuanto dinero recibió por cuidar las operaciones de los bananeros a lo que respondió: “A mí me daban tres centavos de dólar mensuales por caja de banano y me entraban más o menos 400 millones al mes. Sume otros 200 de los ganaderos y otros 100 de los comerciantes. Eran 600 millones de pesos mensuales, que anualmente serían 7.200 millones de pesos. Eso me entraba a mí al año solo de Urabá”. En junio de este año un Tribunal Federal de los Estados Unidos ordenó que Chiquita Brands pagara una multa de 38 millones de dólares por el asesinato de ocho personas en Urabá entre los años 1997 y 2004, periodo que coincide con el más temible oleaje del sunami paramilitar. Muchas de esas muertes se debieron a la supuesta codicia de la multinacional  a la hora de acaparar tierras. Las tierras las conseguían a sangre y fuego. Unos meses después Chiquita Brands ha sacado su as bajo la manga y empieza a defenderse. El testimonio clave es el de Pedro Bonito. La multinacional recibió una multa en el año 2007 de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de los Estados Unidos por entregarle 1.4 millones de dólares a las AUC para financiarlos y trabajar en la seguridad de la empresa. Chiquita, según reveló El Tiempo el pasado domingo 13 de octubre, Raúl Hasbún empezó a mencionar a le empresa en sus testimonios después de que un abogado estadounidense, Terrence Collingsworth, especialista en demandas contra multinacionales y quien es cercano a ONG’s, empezara a defender al ex paramilitar. Chiquita Brands sostiene que Collingsworth le habría pagado a Hasbún 200 mil dólares para cambiar su testimonio y enlodar a Chiquita Brands. Sobre estos pagos no hay evidencia alguna. El abogado se ha defendido de estas acusaciones afirmando que estos pagos se tratarían no de soborno sino de “ayudas humanitarias”. Los testimonios de Hasbún han dejado constancia que durante siete años los paramilitares recibieron en Urabá ayudas de hasta 80 mil millones de pesos con los que se pudieron financiar. En la ya citada entrevista a Semana Hasbún afirmó lo siguiente: “Nos daban la plata en tulas, siempre en efectivo. Nosotros tuvimos una oficina primero aquí en Medellín que se encargaba de recoger la plata de los empresarios bananeros”. La razón por la que la plata se entregaba en Medellín era porque la situación de seguridad era tan compleja en Urabá que todos los empresarios preferían no visitar la región. Chiquita Brands tiene a varios de sus ejecutivos llamados a juicios con cargos por financiamientos a paramilitares. Esta acusación contra el prestigioso abogado Collingsorth debe tomarse con pinzas.

Por: Laura Bonilla Ayer Mario Mendoza publicó una columna en la Revista Cambio. Es una diatriba, una crítica vehemente, ofensiva, marcadamente emocional, como se supone sea este género literario. Una decepción que sólo se produce cuando uno realmente estuvo ilusionado. Sobre el contenido no me voy a referir. Allá en el mundo del despecho faltaría más si un escritor de su talla no tiene algo de derecho a expulsar de su alma esa esperanza  muerta, maltrecha y dolorosa. Vaya una a saber cuánto. A diferencia de Mendoza. yo no voté con ilusión. Lo hice con pragmatismo muy a pesar de la personalidad del presidente, que jamás me ha gustado. No es su culpa. Es mía. Soy más bien insensible a los hombres excesivamente simbólicos o vehementes. Ni Bolívar, Ni Gaitán, Ni Galán, ni Gustavo Petro me han movido el corazón. En algún momento me sentí emocionada por la primera presidencia de Lula y de Michelle Bachelet, pero he sido más de emocionarme por un par de masas amorfas en la historia, por multitudes, por gente más bien sin nombre. En fin. No trato de hacer de mis gustos muy personales un estatuto moral. Es más, confieso que en las últimas elecciones presidenciales me dio un poco de vergüenza no haber sentido la alegría de mis amigos. En eso, envidio al escritor. Pero tampoco juzgo a Mendoza. Cuán difícil es intentar meterse literariamente en la cabeza de otra persona, mucho más de alguien tan público como el presidente Petro. Pocos escritores en el mundo lo han logrado, por eso las biografías bien hechas son tan escasas. Hasta a Gustavo Petro pareciera que le queda difícil en su propio libro retratarse a sí mismo y por eso está lleno de consignas y anécdotas de una vida que trata de vender como excepcional. Mientras tanto Mario Mendoza pasó de ser adorado por algunos como el genio que describió a Satanás a un nuevo uribista al que le harán diatribas del mismo calibre y con la misma emoción que la suya al presidente. Para ser completamente sincera a mí el lado más humano del presidente Petro es el que menos me gusta. Eso sí, el entusiasmo que no me ha producido su ser político lo reemplaza la profunda curiosidad que me produce. Nunca he logrado saber si sus decisiones obedecen a un cálculo político sumamente planeado para mantener estable, aceitado y listo para la acción a ese fiel 30% del que difícilmente baja en las encuestas, o por el contrario éstas obedecen a un político que se mueve como pez en el agua entre la improvisación y el símbolo. Que conoce tan bien nuestro apego nacional a la pasión política que hasta logró volver a poner la plaza pública de moda y que cualquier otro político que en ello lo imite quede como una caricatura o como un simple “pecho frío” incapaz de generar ninguna emoción. Con Petro no hay puntos medios, la planeación no es lo suyo, es irritantemente impuntual y no le gusta que le lleven la contraria. Son cosas que no sorprenden y el presidente, a diferencia de otros mandatarios probablemente más eficientes, le importa poco. Tal vez una de las cosas que Mario Mendoza no conoce o no recuerda es que las militancias consisten en que una aprende a la fuerza a tragarse sapo tras sapo en espera  de un bien común y de una utopía que está siempre en el futuro. El que siempre ha sido un creyente puede entender bien los asuntos de la fe. La política es otra cosa. Ahora, ¿está mal que en Colombia siempre depositemos nuestra fe irrestricta en personalidades políticas y líderes exuberantes? Las culturas budistas dirían que la caída es de la altura de la ilusión y tal vez tengan toda la razón. La transformación de los países tarda años, ciertamente más de dos, cuando la sociedad tiene claro hacia dónde ir, lo cual nunca ha sido la característica del pueblo colombiano. De pronto menos enamoramiento y más pragmatismo nos conviene, menos pasión y más constancia.  Porque al final, Petro siempre será Petro y al país le tocará en dos años avanzar en lo que se hizo bien y corregir el rumbo de lo que salió mal. Lo que pasa es que eso no entusiasma. Lo tengo clarísimo.

Por: Redacción Pares El tema de lo que va corrido de octubre es la decisión del CNE de investigar formalmente y elevar un pliego de cargos administrativos contra el presidente Gustavo Petro por una presunta violación de topes en su financiación. Esto ha generado una borrasca política. El presidente habló inmediatamente de un “golpe de estado”. Si bien esta decisión no podrá sacar a Petro de la presidencia si lo pone en aprietos a la hora de conseguir su ansiado “acuerdo nacional” que le permitiría sacar adelante sus ansiadas reformas. En las columnas de opinión del pasado domingo el tema imperante fue este. Sorprendió que en su columna de El Tiempo, María Isabel Rueda saliera a cuestionar la decisión del CNE. Rueda es de las columnistas que con más bríos le ha dado garrotazos a Petro incluso desde que era alcalde a Bogotá. Por eso llama la atención que afirmara en su escrito que la decisión del CNE fue equivocada. “El CNE le abrió la puerta hasta para que el mandatario anunciara que había comenzado “el golpe de estado” en su contra. De manera torpe el CNE imputó directamente y con nombre propio a Petro, dando lugar a que los titulares de prensa cayeran en la confusión de crear un maremágnum con el fuero presidencial, ya que por la teoría del fuero integral o fuero de atracción, su alta jerarquía arrastra a las demás investigaciones para que sea su juez natural”. Para un presidente mediático como Petro poner la tendencia del día es uno de los objetivos. Él está decidiendo cuales son los temas de la agenda nacional. Y si necesitaba mover a las bases y volver a sacar a relucir cualquier tipo de teoría conspiratoria la decisión de César Lorduy, presidente del CNE que al ser del partido Cambio Radical se encuentra en las antípodas del presidente y de Alvaro Hernán Prada, fiel escudero del expresidente Uribe quien además se encuentra inmerso en un proceso penal en donde se le acusa de manipular testigos, es una torpeza que sólo terminará beneficiando, a largo plazo, al actual presidente. Incluso Petro ha pedido a través de su cuenta de X la renuncia inmediata de Lorduy a la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Uno de los analistas más consultados del país, León Valencia, quien a través de su cuenta de X lanza dardos con la certeza que siempre han tenido sus columnas expresó lo siguiente sobre la decisión del CNE “Como será de impresentable la decisión de Lorduy y Prada contra  Petro que hasta Pedro Medellín y María Isabel Rueda salieron a cuestionarla”. La tormenta política apenas empieza. Por ahora lo que pide el presidente es poder desplegar con libertad las reformas con las que él pretende cambiarle la cara al país. Lo único que quiere, en resumidas cuentas, es que lo dejen trabajar.

Por: Redacción Pares Este año Global Witness hizo oficial la noticia. En el 2023 Colombia ostentaba otro oscuro record. En ese año, de los 196 ambientalistas y activistas asesinados en el mundo, 79 eran de Colombia. Desde el 2020 se está marcando esta tendencia. Este país es el más inseguro para los que pretenden cuidar el medio ambiente. Ese año cayeron 227 en todo el planeta. 65 eran colombianos. De acuerdo con esta organización los lugares donde habían caído eran Cauca con 20 casos, el Chocó con ocho y Norte de Santander con siete.En ese año se generó un quiebre entre los asesinatos de líderes ambientales, un aumento del 65%. Ese fue el año de la pandemia. Aunque en los tres anteriores departamentos se concentró el mayor número de asesinatos. Arauca siempre está en el espectro de violencia.   Desde 1982, cuando se crea el frente Domingo Laín, la situación de seguridad cambiaría para siempre en este departamento. El ELN pasaría a ser una especie de estado paralelo. Allí al que tenga una vocería simplemente sabe que su vida pende de un hilo. Así le sucedió a Mauricio Pérez Martínez quien fue asesinado el 5 de agosto del 2020 en Arauca. En el municipio de Arauquita todos sabían quien era él. Fue un defensor y líder del pueblo Hitmú. También se llaman Macahuán y habitan en el bosque de galería de Caño Colorado, además de otros lugares de la cuenca del rio Eley en los municipios de Arauquita y Puerto Rondón. En este último la guerra se ha cebado desde siempre contra él. Se han presentado este año enfrentamientos entre el ELN y el EMC que han producido el desplazamiento de cientos de familias. Son seminómadas, de casas con techos sin paredes. Viven de la caza de la danta. Es un pueblo que se encuentra en riesgo de exterminio cultural.   Por eso duele tanto el asesinar de Pérez Martínez. Fue gobernador del resguardo de la Vorágine y vivía en la comunidad de La Ilusión. Mauricio no sólo preservaba para cuidar el medio ambiente sino para preservar su etnia, azotada por la aculturización, el abandono y, por supuesto, la presencia de grupos armados. Especificamente, según el portal HRD memorial, “estaba trabajando en un proyecto para fortalecer y proteger el resguardo que estaba siendo coordinado por el gobierno central, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de Justicia del estado”.   Pero todo terminó el 5 de agosto del 2010 cuando un grupo de 10 hombres, pertenecientes a la disidencia de las FARC llamada el Décimo Frente Martín Villa, sacaron a Mauricio de su casa y ahí, frente a la gente que más lo quería, lo abalearon. Para hacer más horrorosa la escena le clavaron un panfleto en el pecho. Toda la comunidad quedó amenazada.   Los indígenas fueron cayendo hasta que una patrulla militar detuvo a Gerardo Anija Guarupe, mejor conocido como el Indio, quien fue reconocido como el hombre que disparó repetidas veces sobre Mauricio. Fue condenado a 20 años de cárcel por los delitos de rebelió y por el asesinato del líder indígena.   La Cop 16, a punto de realizarse en Cali, será la oportunidad no sólo para proteger nuestra fauna y flora sino para recordar a todos esos líderes que lo han dado todo para preservar la biodiversidad. Mauricio fue uno de ellos y su lucha, por evitar que su etnia,los Hitmú, no desaparezcan de la faz de la tierra.

Por: Oscar A. Chala y Diego Alejandro Pedraza, investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El 8 de octubre, en una alocución  en la que estuvo el recién nombrado presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cesar Lorduy, acompañado de la magistrada Maritza Martínez (elegida por el Partido de la U) y de Álvaro Hernán Prada (elegido por el Centro Democrático, investigado por la Corte Suprema por su implicación en el caso de soborno a testigos del expresidente Álvaro Uribe, y ponente), el CNE abrió investigación a la Campaña Petro Presidente 2022, que entre otras cosas involucra al gerente de campaña, el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y al mismo presidente Petro. Fuente:  Consejo Nacional Electoral (CNE). En respuesta a esta decisión, el primer mandatario afirmó en su cuenta de X que “había iniciado el golpe de Estado” y, posteriormente, en una alocución a las 8:00 pm ese mismo día, junto con un post en su cuenta de X, dio explicaciones sobre por qué el auto del CNE vulneraba su fuero presidencial, los argumentos para desmentirlo y un llamado a la movilización social y la alerta a sus bases para que estén preparadas ante cualquier situación. Estos son los principales puntos, consecuencias y debates que ha abierto uno de los momentos coyunturales que demarcarán el devenir político del país en lo que resta del gobierno Petro. Así, el escenario preelectoral del próximo año se adorna con dos procesos jurídicos abiertos: uno contra el expresidente Álvaro Uribe, por presunto soborno a testigos, y otro contra el presidente Petro, que cursa ahora en el CNE y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Un recuento histórico sobre las actuaciones del CNE: De Odebrecht al “Ñeñe” Fuente:  La Nueva Prensa No es la primera vez que pasa que el Consejo Nacional Electoral se va de frente contra las campañas presidenciales y específicamente, contra la campaña que lleva al presidente de la república a la Casa de Nariño. Sin embargo, la decisión tiene su punto cumbre, al ser la única vez que el CNE logra llevar imputar a la campaña presidencial. El magistrado Cesar Lorduy, con su clásica calma, señaló ante los medios de comunicación que este es un proceso normal del CNE y que, por el contrario, el mismo gobierno se ha encargado de poner la “lápida” sobre los mismos magistrados. No obstante, el debate jurídico sí podría mostrar anomalías en el proceso y, además, abre el debate sobre el cuestionamiento frente a si el mismo mecanismo de elección del órgano es el ideal, puesto que el CNE que no es otra cosa que un apéndice más de la burocracia de los partidos en Colombia, como lo hemos indicado en este , este , este , este,   este  y este artículo .  Para demostrar que lo que está pasando con la campaña “Petro presidente” es novedoso, basta con revisar la línea histórica de los últimos procesos, en los cuales se ha puesto en entredicho la transparencia de la campaña presidencial. Quizás el caso más sonado ha sido el de Odebrecht y la financiación de la reelección de Juan Manuel Santos. La poderosa multinacional brasileña financió la campaña de Juan Manuel Santos en 2014, y la campaña de Oscar Iván Zuluaga (quien para ese entonces era el máximo rival de Santos en el sprint final por la presidencia).  La financiación de Odebrecht terminó siendo una vergüenza para el país, porque no solo fue la campaña presidencial lo que se vio salpicada, sino que toda la clase política del país terminó involucrada, ya que los congresistas pidieron beneplácitos para la campaña, por lo que los recursos que se destinarían para obras públicas terminaron en el matorral político.  Alfiles fuertes del “santismo”, como Bernardo “El Ñoño” Elías y Musa Besaile cayeron en medio del ruido mediático de la campaña. ¿Qué hizo el CNE en ese entonces? En ese momento el CNE imputó cargos a las campañas, pero no a los candidatos en sí. No en vano, Roberto Prieto, quien fungiera como gerente de la campaña de Santos, terminó inhabilitado por cuenta del escándalo de Odebrecht y no en vano, el mismo Oscar Iván Zuluaga hoy se enfrenta a un proceso judicial por el mismo caso, con el agravante de que a la par que se defiende, ve también salpicado a su hijo, quien fue el gerente de su campaña.  Pero, aunque Odebrecht fuese un escándalo que generó bastante ruido mediático en los procesos electorales para la presidencia, un nuevo capítulo se abrió con la llamada “ñeñepolítica”, luego de que sonara la relación del extinto narcotraficante, José Guillermo Hernández Aponte alias “Ñeñe” con la campaña presidencial de Iván Duque en 2018.  Varias fotos fueron publicadas por los medios de comunicación y salieron a la luz en 2020 en medio de la pandemia por COVID-19. En ellas se ve a Hernández Aponte con el entonces candidato Iván Duque. No obstante, este caso giraba sobre la investigación que para ese entonces revelaba el periodista, Gonzalo Guillen sobre la compra de votos de la campaña de Iván Duque en diferentes departamentos.  Fue ahí en donde el dossier criminal del “Ñeñe” adquirió relevancia, porque se comenzó a tejer las líneas sobre las cuales se pudo establecer una presunta operación de compra de votos en el norte del país que favoreció al candidato Duque. El reto para la investigación radicó en que el “Ñeñe”, para el momento en el que se reveló la información y el CNE asumía el caso, ya no existía, luego de ser asesinado en un ajuste de cuentas en Brasil en el año 2019. Entonces lo único que se tenía era que Hernández Aponte había sido el nexo que conectaba a “Kiko” Gómez con la campaña de Duque en La Guajira y que ese nexo se ampliaba, porque había grabaciones que mostraban al “Ñeñe” como el enlace para comprar los votos que hacían falta con el fin único de asegurar la victoria de Duque en la zona alta del país. Dichas fotos rodaron y alimentaron la campaña de 2022 que, dicho sea de paso, había empezado desde 2019. El CNE investigó y determinó que la campaña de Duque no había tenido nada que ver en aquel proceso que se vivió en La Guajira y en otros departamentos del norte del país y archivó el caso. La decisión del Consejo Nacional Electoral y sus consecuencias Fuente:   Semana.com Con la apertura del proceso de investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, se abrieron 3 grandes vetas frente a los diferentes frentes de disputa que el gobierno ahora mismo tiene. Por un lado, la decisión del CNE y la respuesta del gobierno terminan por congelar un Acuerdo Nacional  que luego de muchos debates y retrasos, se había finalmente materializado en un breve texto en el que el Estado acordaba varios puntos para empezar los diálogos con los partidos políticos, los gremios económicos, los movimientos sociales y la sociedad civil en general. Congela este acuerdo porque cruza una de las líneas rojas que tenía el gobierno, que era respetar las decisiones institucionales en el marco de la Constitución de 1991. Para Gustavo Petro, la decisión del CNE vulnera su fuero presidencial al cambiar su juez natural y tomarse atribuciones que solamente tiene la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Asimismo, para los partidos independientes y de oposición , que el gobierno salga a acusar de un potencial “lawfare” y un golpe de Estado por esta decisión, rompe lo acordado por el gobierno sobre el punto de desescalar la violencia política y reconocer la institucionalidad, como poco a poco lo fueron señalando congresistas opositores como María Fernanda Cabal. Con un presidente sintiéndose atacado por el Legislativo y la Rama Judicial, es probable que ese Acuerdo al menos esté congelado un buen tiempo, y al mismo tiempo sirva como herramienta potencial de negociación hacia el futuro. Así lo ha concebido el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en el Festival de las Ideas 2024, organizado por el Grupo Prisa en Villa de Leyva la semana pasada, y así lo ratificó en su cuenta de X. Frente a la relación con el Congreso y las Altas Cortes es donde se encuentra el centro de esta tormenta política, porque esta decisión del CNE revive la idea del lawfare —que ya explicamos en este artículo—, que se ha enmarcado en 2 tendencias. Por un lado, las decisiones de la Corte Constitucional sobre tumbar artículos que, entre otras cosas, dieron vida al Ministerio de la Igualdad, algunos artículos del PND tumbados por vicios de trámite o extralimitación de funciones, y recientemente la contratación directa con JAC, tumbado porque el gobierno en este caso rompía con el principio de autonomía y descentralización territorial. Todas estas decisiones de la Corte fueron analizadas en su momento por el abogado y profesor Rodrigo Uprimny como “lochnerismo” , que en pocas palabras es una interpretación del derecho en la que prevalecen lecturas guiadas por las libertades individuales y la prevalencia de los derechos económicos por encima de los derechos sociales. Uprimny, en este caso, critica estas decisiones recientes de la Corte Constitucional que han socavado artículos de la reforma tributaria y del PND orientadas a una mayor justicia social, argumentando que algunas sentencias parecen favorecer intereses económicos a expensas de los derechos sociales. Por otro lado, las decisiones del Consejo de Estado, que ya ha tumbado varios congresistas del Pacto Histórico por doble militancia (como las curules de Roy Barreras y César Pachón) y que en su providencia indicó que el CNE sí tenía la facultad de investigar y sancionar al presidente por el tema de la campaña, pero no ordenar su destitución, tal y como lo narramos en este artículo. Este choque entre el gobierno y las Altas Cortes se ha hecho visible en situaciones coyunturales como, por ejemplo, la disputa por los ternados a la Procuraduría, en la que las Altas Cortes terminaron eligiendo a dos candidatos cercanos a Germán Vargas Lleras y a Cambio Radical, como lo contamos en esta historia. Así como se manifestará en la elección de los próximos magistrados de la Corte Constitucional el próximo año, donde la puja la inició el Consejo de Estado publicando una primera lista de ternados. Frente al Congreso, enrarece más aun el ambiente en el legislativo, donde existe un claro choque de trenes entre la Cámara, que sigue respaldando en su mayoría al gobierno, y el Senado, donde Efraín Cepeda ha realizado un ejercicio de oposición más pasivo. Con el antecedente del hundimiento del presupuesto para 2025 y las declaraciones de Cepeda de enfilar al Senado para que no pasen reformas (lo que podría llevar a un bloqueo político), es claro que las acusaciones de lawfare va a poner en riesgo el trámite del paquete de reformas sociales y de los demás proyectos legislativos a los que el gobierno apuesta gastar los rezagos de su capital político. Un breve “précis” de la disputa jurídica: del “golpe de Estado” a la realidad del proceso Fuente:  El Espectador Mucho se ha debatido en los escenarios de la opinión pública sobre las implicaciones jurídicas que ha tenido la decisión del CNE frente a la investigación contra la campaña Petro Presidente 2022. Todas parten del mismo punto: ¿puede ser Gustavo Petro investigado y sancionado administrativamente por el CNE? La discusión ha generado dos posiciones particulares. Por un lado, algunos analistas y juristas defienden que la decisión del CNE es arbitraria e irregular, debido a que Petro tiene su fuero por ser presidente, por lo que su juez natural y único sería la Comisión de Acusaciones de la Cámara, quien tiene la potestad de investigarlo. Por el otro, existen interpretaciones jurídicas que parten de las últimas providencias del Consejo de Estado, en las que el presidente sí podría ser juzgado y recibir sanciones administrativas por parte del CNE, pero que, en caso dado de hallarse delitos dentro del proceso de investigación, deben ser remitidos a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, para que allá sigan su curso. Esto es importante, porque la posición jurídica frente al caso es el argumento principal desde donde el gobierno está construyendo su narrativa de que hay un “golpe de Estado blando” y un proceso de “lawfare” en su contra, aduciendo que la providencia del Consejo de Estado desconoce el fuero presidencial, y que existen intereses particulares que buscan utilizar la justicia y el derecho para sacar al presidente. Además, porque el debate se centra en si el fuero cobija al presidente por acciones cometidas antes de haber llegado a esa dignidad o no. Para el abogado y profesor de la Universidad Externado, Jorge Iván Cuervo , por ejemplo, la irregularidad de la providencia del Consejo de Estado es que el fuero sí debería hacerse extensible a decisiones administrativas, además de las decisiones penales y disciplinarias, por lo que el CNE no tendría esa facultad para investigar y sancionar al presidente. Además, el Consejo de Estado tendría la facultad para dirimir conflicto de diferencias entre autoridades administrativas, pero la Comisión de Acusaciones no es un órgano administrativo. En esa misma línea van abogados como Rodrigo Uprimny , quien asevera que existe jurisprudencia al respecto (la sentencia de la Corte Constitucional SU-431 de 2015) para señalar que el fuero del presidente es integral y que el CNE debe limitarse a investigar a la campaña mas no al candidato ganador. No obstante, Uprimny señala que la falta de claridad normativa sobre este tema abre la posibilidad a que esta tesis sea discutible y a que el fallo del Consejo de Estado tenga sentido en tanto el CNE no investigaría al presidente de manera penal y disciplinaria, sino administrativa. Por su parte, en Código Caracol, en emisión del 9 de octubre , se destacó que el argumento principal que está utilizando el CNE para investigar al presidente es el artículo 19 de la Ley 996 de 2005, que es la que reglamenta las campañas presidenciales. Este artículo señala, entre otras cosas, que el candidato presidencial, el gerente de campaña, el tesorero y el auditor deben responder por el cumplimiento del régimen de financiación y la presentación de los informes contables. Por su parte, este mismo medio señaló que existe un concepto de la Corte Constitucional (en la sentencia SU-431 de 2015, la misma que referenció Uprimny en sus declaraciones) en un fallo de una tutela a favor del entonces fiscal general Eduardo Montealegre, interpuesta contra una decisión de la Contraloría General de la República, por iniciarle una investigación administrativa, en la que Montealegre consideraba que la acción de la Contraloría rompía su fuero institucional. En este fallo, la Corte le dio la razón a Montealegre, señalando que todos los altos funcionarios con fuero constitucional tienen una protección especial que va mucho más allá de lo penal. En este caso, incluiría sanciones administrativas. No obstante, en este caso los abogados que se pliegan al argumento del Consejo de Estado consideran que este argumento no es suficiente, como el exministro de Justicia, Yesid Reyes, no tiene peso. A la final, las vías jurídicas que tiene el gobierno para defenderse ante el CNE son bastante amplias. Uprimny señala, por ejemplo, que el presidente tiene la posibilidad, a través de su equipo de abogados y una estrategia jurídica, de impugnación de la apertura de la investigación por parte del CNE por conflicto y falta de competencias; puede presentar acciones de tutela si el CNE rechaza esta tesis; pueden construir un alegato de defensa al que tienen derecho en el proceso; e incluso pueden demandar la nulidad en una eventual sanción impuesta por este organismo. Asimismo, el equipo jurídico del presidente ya presentó una tutela ante la Sección Quinta del Consejo de Estado  solicitando que se anule el fallo de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta misma entidad debido a que se extralimitó en sus competencias y cambió su juez natural. Por otra parte, es probable que el debate jurídico alrededor de este tema llegue eventualmente a la Corte Constitucional, quien deberá sentar jurisprudencia al respecto. En su mayoría, hay un consenso en dos puntos. El primero, de que la decisión del CNE no generaría un riesgo para el fuero presidencial , pues máxime podría sancionar administrativamente al presidente con una multa. El segundo, de que aun así el CNE fallara en contra de la campaña y compulsara copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, no existe garantía de que allí el proceso continúe , pues dos de sus tres investigadores en el proceso abierto son del partido de gobierno, y porque el bloque de gobierno tiene allí una mayoría importante que podría romper el quórum o votar por archivar el proceso. Esto también es importante por la relación fragmentada que tiene el presidente con las Altas Cortes, con las que ha habido choques y confrontaciones, luego de que el presidente hablara de la reforma judicial en México que permite la elección popular de jueces, y tras las denuncias de “lawfare” luego de que la Corte Constitucional tumbara varios de los artículos del PND y el Ministerio de la Igualdad, como lo contamos en esta historia. Al cierre de esta historia, la Fiscalía General de la Nación, el 11 de octubre, asumió la denuncia por el delito de prevaricato contra los 7 magistrados del CNE que votaron a favor de abrir la investigación contra el presidente, lo que puede acelerar, por un lado, las actuaciones del CNE para emitir un fallo, y por el otro acelera el choque de trenes entre los entes de control recién llegados, elegidos por el gobierno, y la rama judicial. Del mismo modo, el gobierno ya activó a la Cancillería para que ¿Quiere volver Petro al escenario de 2013? Fuente:  AP, cortesía de BBC Mundo. el gobierno se pliega, de nuevo, a la radicalización democrática y a la movilización popular como elemento de presión y resistencia frente a lo que considera un "golpe de Estado". Es posible que quiera revivir el mismo escenario de diciembre de 2013. No obstante, el gobierno enfrenta varios retos para generar una auténtica movilización social que se sostenga en el tiempo. Por un lado, espera que las dinámicas de organización asamblearia que ha venido convocando desde marzo de este año se materialicen. Hasta ahora se están realizando las convenciones de las asambleas populares y de la asamblea organizativa para la Colombia Humana y el Pacto Histórico, pero el llamado a la alerta y a las asambleas permanentes no ha tenido mucho eco en las bases no organizadas. El 10 de octubre se realizó a nivel virtual la continuación de la Asamblea de la Colombia Humana en la que, entre otras cosas, se aprobó la nueva estructura organizativa con la que contaría el partido (y con la que probablemente cuente el Pacto Histórico, en caso de unificase). Las bases ya denunciaron que la organización tiende a la burocratización y la exclusión de los liderazgos sociales regionales por la concentración del poder en “los congresistas”. Fuente:  Fuentes anónimas para la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). La falta de claridad organizativa, junto con los choques entre las bases por la elección de Gloria Ramírez como presidente de la colectividad, tienen a la mayoría de las bases atomizadas a nivel regional y en agrias disputas entre ellas, como lo señalamos en esta  y esta historia . Asimismo, el gobierno espera que las bases sociales y los movimientos plegados a su gobierno reaccionen a su llamado. Aunque la mayoría de los sindicatos puede movilizar un amplio sector de la sociedad, el gobierno ha tenido problemas con sacar a sus bases a la calle. Los sindicatos ya llamaron a movilizarse el 23 de octubre. Por otra parte, hubo un atisbo de movilización hoy que no fue masiva, pero no ha habido reacciones espontáneas, como esperaba el gobierno. Esta carencia de una explosión espontánea, como en diciembre de 2013, vuelve a generar el cuestionamiento sobre si el gobierno tiene suficiente capacidad de incidencia dentro de sus bases para poder mover de manera artificial escenarios de movilización social. Aunque es claro que la marcha del 23 de octubre será más nutrida (además que estará alimentada por la coyuntura de un potencial decreto del presupuesto, que puede, de nuevo, generar ruido y choque con el Congreso), está claro que el gobierno aún no tiene la fuerza suficiente para sacar a la gente a las calles como mecanismo de presión inmediato.

Por: Redacción Pares Paul llegó con 82 años a Buenos Aires. La idea era hacer dos llenos en el estadio River Plate. El siempre ha dicho que si no puede pararse en un escenario y tocar durante tres horas es mejor retirarse. Este hombre inventó los conciertos en estadios. Junto con John, George y Ringo tocaron en 1964, en la gira que se conocería como el inicio de la invasión británica a los Estados Unidos en el Hollywood Bowl, un anfiteatro al aire libre. De eso hace ya sesenta años. Tocar al aire libre era una compleja ecuación que sólo podrían resolverla los más avesados ingenieros de sonido. Igual, entre los gritos de los jovencitos histéricos, era poco lo que se podría escuchar. De eso hace sesenta años. Paul, incombustible, cumplirá el sueño de tantos artistas, el de morir arriba de un escenario. Aunque por lo visto en Montevideo y Buenos Aires, hay Paul para rato. Conciertos de tres horas en donde jóvenes de 20 años se abrazaban con jubilados mientras cantaban Hey Jude.   En esta gira 2024 Paul regresará a Colombia. La primera vez, en el 2012, fue un acontecimiento sublime. Era otro país. El conflicto minaba las posibilidades de hacer grandes espectáculos. Paul fue el primero de una racha que trajo a U2, los Rolling Stones, Depeche Mode, Dua Lipa, Harry Styles, Mylei Cyrus y una lista que parece no acabarse. El país ha cambiado tanto que incluso son colombianos los artistas más importantes del momento. Karol G llenó cinco Santiago Bernabeu en su paso por España. Ni hablar de lo que ha generado el anuncio que Shakira regresará al país. Así que Paul regresa y recordamos uno de los momentos más importantes de la televisión colombiana.   En el 2012 el alcalde de Bogotá era el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. El director de Canal Capital era Hollman Morris y a él se le ocurrió una idea que fue un hito y que permitió que millones de colombianos que no podían venir a Bogotá a ver al artista que cambiaría para siempre la historia de la música, lo pudieran ver: transmitir en directo el concierto de McCartney. La gira se llamó On the run y, apenas se hizo el anuncio, la boletería se vendió en tiempo record. Desde la misma puesta en venta de las entradas hubo críticas. Se quejaban del alto costo de las boletas -fue la primera vez que en el país se vendió una entrada de un millón de pesos para ver un concierto- y los viejos comentaristas de fútbol volvían a quejarse que el estadio el Campín era solo para asistir a partidos de fútbol, cuando este escenario está hecho para que lo disfrute todo el mundo.   Se habilitaron 30 mil boletas. Lo que significan los Beatles, sus cantos a la libertad, creando incluso el concepto de juventud, iba en consonancia con la Bogotá Humana. Así que la idea era llegar a la mayor cantidad de personas. ¿Qué mejor que transmitir el concierto? Para Hollman Morris, director del Canal Capital, habían varios impedimentos, uno de ellos eran los altos costos. Un canal público no podía tener este tipo de presupuesto y, en caso de tenerlo, aparecería gente como el entonces Procurador, Alejandro Ordoñez, a quien los Beatles le deben parecer el mismísimo demonio, a interponerse. Incluso hay que recordar que esto le costó a Hollman Morris una investigación disciplinaria por el costoso acuerdo de derechos televisivos, un verdadero despropósito. Morris  Convenció a Julio Sánchez Cristo para que desde la W Radio fuera ambientando el escenario, además del entonces gerente de ETB, Saúl Kattan. Pero faltaba lo más difícil, convencer al manager de Paul, Barry Marshall para que cediera.   Fue una corta conversación. Paul McCartney jamás había vendido, en sus últimos 12 años, derechos para transmitir en directo sus shows. Hollman se fue por el lado de que, al ser un canal de una alcaldía que promovía cultura de paz y derechos humanos, tenía los mismos valores que el exbeatle. Marshall no lo pensó demasiado y le dio la mano.   Así que el 12 de abril del 2012 no sólo fue histórico porque por primera vez un Beatle se presentaba en el país. Sino porque la televisión colombiana por primera vez transmitía en directo un concierto de esas magnitudes.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos Hace 42 años el país estaba de fiesta. Por primera vez uno de sus autores recibía el Premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez no necesitaba de distinción alguna para ser un autor inmortal. Desde el lanzamiento en 1967 de Cien años de soledad la inmortalidad le dio un abrazo y no lo soltó. Así Gabo lo haya negado toda la vida él estaba ansioso por ganr el Nobel. Y 1982 parecía ser año. El 20 de octubre  de ese año Mercedes y él iban a almorzar cuando un amigo los llamó de Estocolmo, alguien cercano a la Academia Sueca: el premio estaba asegurado. Cuando colgaron, cuenta su biógrafo Gerald Martin, Mercedes lo miró a los ojos y exclamó: “Dios mío, el lío que se nos viene encima”. Ese día no hicieron siesta. Corrieron hasta la casa de Alvaro Mutis en donde estuvieron hasta la una de la madrugada. Sin dormir miraban anhelantes el teléfono. Necesitaban la confirmación. Esta llegó sólo a las 5:59 de la mañana. A esa hora sonó el aparato. Detrás de él estaba el viceministro de asuntos exteriores sueco. La noticia estaba confirmada.   Entonces sus amigos empezaron a llamarlo. El primero fue el presidente de la República, Belisario Betancur, después llegaron mensajes de Francois Miterrand, entonces mandatario de Francia, un héroe de la resistencia contra los nazis que se había convertido en un íntimo amigo, luego llamó Cortázar, el gigante que nunca envejeció, Borges, quien no era conocido por su amabilidad y camaraderia con sus colegas, decidió felicitarlo a través del teléfono. Lo mismo hizo su traductor al inglés Gregory Rabassa y Juan Carlos Onetti. Fue un día de júbilo y para Colombia, el país de donde había huído porque lo iban a matar.   La fecha en la que debería salir a Estocolmo para que le dieran el premio estaba pactada para el 6 de diciembre. Lo que viene me lo contó mi gran amigo Guillermo Angulo, quien a sus 95 años goza de buena salud en una finca en Choachí que él ha convertido en un jardín con orquideas y nenúfares. Anguleto vive en una casa que fue alguna vez de Miguel Abadía Méndez en donde Gabo odiaba quedarse porque está atestada de fantasmas. Juro que jamás he visto uno solo.   A Angulo le tocó la ingrata tarea de pulir la lista de invitados que lo acompañarían a Estocolmo. Nadie quería perderse esa invitación y Gabo, cuidadoso con los hermanos que le había dado la vida, decidió no ensuciarse las manos. El “sicario” sería Angulo. Fueron 12 sus amigos. Doce que lo acompañarían en un viaje que duró veintidos horas. Además de ellos los acompañaron 70 músicos que se pusieron de ruana y calentaron los -22 grados que hacía en la capital sueca en esa época del año. Pleno invierno. Alli llegaron otros amigos desde Europa, su consentidora editora, Carmen Barcells, Tachia Quintanar, su gran amor parisino que se llevaba a las mil maravillas con Mercedes, regis Debray y el propio presidente francés, Francois Miterrand.   Bueno, lo que vino después pertenece a una de las historias más gloriosas de la cultura colombiana. La elección de este contestatario de ponerse un liquiliqui y no un frac fue toda una declaración de principios. La ceremonia y no es porque Gabo sea colombiano, fue de las más recordados de todos los tiempos. Ahí está en Youtube, para todo aquel que la quiera recordar. Gabo le tenía miedo al Nobel porque en el momento de recibirlo era un muchacho de 56 años y la mayoría de escritores al recibir el galardón eran más pasado que presente. Pero, con la publicación de El amor en los tiempos del cólera demostró que su talento no se doblegaba a maldiciones. El era más fuerte que la mala suerte.

Por: Redacción Pares Kankuamo significa “los guardianes del mundo”. Ya, desde su mismo nombre, está marcada una vocación, un sacrificio. Darlo todo por los demás. Todo en ellos es frágil, menos su voluntad. Es frágil porque han sufrido la gran hecatomble humana, el proceso de conquista y conolización que arrancó desde que Rodrigo de Triana gritó “¡Tierra!”. Su idioma ha estado en peligro de extinción. Pero las últimas generaciones han decidido preservarlo. No sólo su idioma sino su cultura, su entorno.   Ella se llama Katty Dangond, tiene 41 años. Es abogada especialista en paz y desarrollo territorial. Hace parte del equipo jurídico del cabildo gobernador del pueblo Kankuamo. Acompaña la comisión de territorio y medio ambiente en todo lo que tiene que ver con la defensa del territorio. Ella se ha acostumbrado a vivir en dos partes, entre Ramalito, una de las doce comunidades en donde persiste el pueblo Kankuamo y Valledupar. Aunque en esta ciudad moderna, capital del departamento del Cesar, estudió en la Universidad Popular del Cesar, ella no olvida sus raíces. Incluso, cuando conversamos, me recuerda que pudo acceder a la universidad gracias a su etnia.   En la resolución Número 012 del 10 de abril del 2003 emitida por el antiguo INCORA se constituyó elresguardo indígena Kankuamo con una extensión de 42.212 hectáreas. Está compuesto por doce comunidades: las cuales son  Atánquez ,  Chemesquemena ,  Guatapurí , La Mina, Pontón, Las Flores, Los Haticos, Rancho de la Goya, Ramalito, Mojao, Río Seco y Murillo, ubicadas en la vertiente oriental de la  Sierra Nevada de Santa Marta , entre los ríos Badillo y  Guatapurí , en el departamento del  Cesar . Pero hacer valer las leyes es dificil en Colombia. El resguardo tiene 50 predios de propiedad privada. Katty Dangond y otro grupo de abogados ha intentado que esas tierras vuelvan a su territorio pero es un proceso complejo. Primero deben ser adquiridas por la Agencia Nacional de Tierras y luego dada de regreso a los Kankuamos. Pero eso parece muy lejano. “Nuestro territorio fue de los que fueron más divididos por el Estado Colombiano” Se queja Katty.   Se han trazado lo que ellos llaman líneas negras en donde, en esa parte del territorio que les quitaron, podrían implementar explotación minera o alguna otra actividad que atente contra su lugar sagrado, contra un ecosistema que ellos han sabido mantener puro.   Los Kankuamos le han apostado, con el actual ministerio de minas, a la creación de una granja energética. “Con la granja buscamos energía para las comunidades que tienen proyectos productivos como despulpadoras de frutas, además de dotar a los colegios y a las bibliotecas públicas”. Los Kankuamos viven orgullosos de una de las bibliotecas que tienen, unas de las más lindas del país. Dentro de poco funcionará a partir de energías limpias.   La gran ambición de Katty Dangond y de toda la comunidad que trabaja con ella es la creación de 800 paneles solares para que cubra las necesidades de las partes más alejadas del resguardo.   En esta apuesta por la Transición energética los Kankuamos han encontrado en la fundación Paz y Reconciliación un soporte. Un catalizador de sus ideas. La Gran Cumbre Transiciones para la vida, que se celebrará entre el 7 y el 9 de noviembre en Santa Marta, será el escenario en donde se expongan iniciativas tan vitales como la que lidera el pueblo Kankuamo.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó nuevamente su reforma política ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, uno de los proyectos clave en su agenda legislativa. Con varios ajustes frente a la versión inicial, esta propuesta busca reactivar un proceso que se había estancado en la primera legislatura, en medio de un ambiente de polarización política. La reforma, impulsada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha generado un intenso debate, especialmente en torno a los mecanismos de participación electoral. Uno de los puntos más controvertidos sigue siendo la implementación de las listas cerradas en los comicios, un tema que ya había causado fricciones en intentos previos, especialmente durante la gestión del exsenador Roy Barreras. Aunque este mecanismo se plantea como una vía para mejorar la organización interna de los partidos y la transparencia en las fuentes de financiación, muchos sectores se oponen, argumentando que podría limitar la representación democrática. Sin embargo, el Gobierno persiste en su defensa, confiando en que esta vez las mayorías parlamentarias respalden la iniciativa. Otro tema central de la nueva ponencia es la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). El proyecto mantiene la disposición de que el Congreso continúe siendo el encargado de esta elección, pero bajo un nuevo esquema de convocatoria pública. Esta medida, similar al proceso utilizado para elegir al contralor General, busca dar mayor transparencia y rigor a la selección de los magistrados, una decisión que llega en un momento en que el CNE ha adquirido relevancia mediática por la investigación sobre la campaña presidencial de Petro, debido a presuntas violaciones de los topes electorales en 2022. El representante Heráclito Landínez, del Pacto Histórico, es uno de los redactores del proyecto, junto a otros ponentes como Carlos Felipe Quintero, Jorge Eliécer Tamayo y Juan Carlos Wills, quienes provienen de distintas fuerzas políticas. A pesar de la diversidad de orígenes, el artículo 264 de la Constitución, que otorga al Congreso la facultad de elegir a los magistrados del CNE, sigue siendo un tema clave en las discusiones, especialmente por su impacto en las dinámicas de poder entre el Ejecutivo y el órgano electoral. La reforma también aborda cambios importantes en la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos. La nueva versión elimina una polémica disposición que habría permitido a los partidos mantener sus derechos sin cumplir con el mínimo de votos requerido en los próximos cuatro años, lo que algunos críticos consideraban una maniobra para beneficiar a partidos como Comunes. Ahora, los partidos deberán obtener al menos el 3% del censo electoral para garantizar su representación, lo que reaviva el debate sobre la justicia electoral y la representación política en Colombia. Con estas modificaciones, la reforma política continúa avanzando en el legislativo, aunque no sin obstáculos. Mientras algunos sectores ven estas propuestas como un avance hacia un sistema electoral más equitativo y transparente, otros consideran que aún queda mucho por hacer para asegurar una verdadera transformación del proceso electoral colombiano. Según Alejandro Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la ponencia más reciente sobre la reforma política presenta varios cambios importantes con respecto a la propuesta inicial. En primer lugar, destaca que en el proyecto original se contemplaba que las altas cortes eligieran a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que posteriormente fue modificado. Aunque el Congreso seguirá eligiendo a los magistrados, la diferencia es que ahora la nominación provendrá de las altas cortes, como la Corte Suprema y el Consejo de Estado, con participación del presidente en la terna, tal y como pasa con la elección a procurador y a contralor. Ver: ( Modificaciones al CNE, Partidos y Transparencia: Los Tres Pilares del segundo intento de Reforma Política ). El Congreso evaluará las hojas de vida de los candidatos y los seleccionará mediante un proceso meritocrático. Sin embargo, Chala señala que este método no elimina los riesgos de politización en el CNE, ya que, pese a los criterios de mérito, el Congreso sigue siendo el órgano que toma la decisión final, lo que podría perpetuar la politización de esta institución. Chala también resalta el impacto potencial de la implementación de las listas cerradas en las elecciones. Esta medida podría modificar la dinámica de las relaciones clientelistas y fortalecer la influencia de los clanes políticos. En una lista cerrada, los clanes podrían negociar los primeros puestos con los partidos, lo que complicaría aún más las disputas internas. Sin reglas claras sobre cómo se garantizará la democracia interna de los partidos, existe el riesgo de que los procesos de selección se mantengan controlados por estos clanes. Además, menciona que la eliminación de la prórroga de cuatro años para que los partidos con riesgo de perder su personería jurídica mantuvieran su estatus, introduce un nuevo sistema de afiliaciones. Bajo esta reforma, los partidos deberán obtener al menos el 3% del umbral electoral para conservar su personería jurídica, mientras que los movimientos políticos podrán mantenerla si logran una base de más de 80 mil afiliados a nivel nacional o logran tener suficiente cantidad de afiliados a nivel departamental. Esto podría llevar a una mayor fragmentación del sistema de partidos en Colombia, al permitir la participación de un mayor número de movimientos que, aunque puedan perder su personería como partidos, la mantendrían como movimientos. De cara a las elecciones de 2026, el investigador de Pares considera que la reforma podría tener un impacto significativo. Por un lado, la fragmentación del sistema de partidos podría permitir una mayor participación de movimientos políticos, mientras que la imposición de listas cerradas cambiaría la lógica electoral al priorizar a los partidos sobre los candidatos individuales. Aunque la intención es fortalecer los debates políticos e ideológicos dentro de los partidos, es probable que las lógicas transaccionales, especialmente en los partidos tradicionales, se adapten a este nuevo sistema.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad En una entrevista para la Revista Cambio, el 29 de septiembre, Gustavo Bolívar dijo que no votaría por María José Pizarro si fuera ungida como candidata presidencial dentro del bloque progresista del Pacto Histórico. La declaración, que ya venía cargada debido a que Bolívar había asegurado que con Pizarro no sostiene ningún tipo de relación, que existen diferencias profundas y que no hay posibilidad de restablecerlas, terminó por generar suspicacias sobre la posibilidad de que las tensiones personales entre los diferentes actores políticos que componen al Pacto terminen rompiendo al proyecto de unidad, que aún no cuaja del todo. Luego, en Caracol Radio , un día después, Pizarro le respondió a Bolívar indicando que estas declaraciones lo único que hacían eran herir al proyecto de unidad del Pacto Histórico, que en realidad consideraba que debe ser el derrotero fundamental del progresismo hacia 2026. Junto a ello, el 7 de octubre estalló otro enfrentamiento público, esta vez entre Heráclito Landinez, representante a la Cámara del Pacto Histórico, e Isabel Zuleta, senadora del mismo bloque de gobierno. Landinez, en una entrevista para El Tiempo , señaló que Zuleta estaba sola en su iniciativa de proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución y permitir de nuevo la reelección —idea que se ha convertido en la bandera fundamental de Zuleta y con la que ha generado una lectura de amigos/enemigos dentro del Pacto Histórico—, y que la mayoría de la bancada tanto en Senado como en Cámara se plegaba a la negativa del mismo presidente Petro de reelegirse. Zuleta posteriormente respondió a Landinez , indicando que existe una división profunda entre los que “apoyan la continuidad del proyecto político del gobierno” y los que “apoyan a Cristo, sus intereses electorales y se acomodan”. Ya la senadora había tenido otros roces con los miembros de la bancada de su coalición y con otras figuras del gobierno, especialmente frente al ministro Cristo, al que acusa de querer alimentar su propio interés electoral e imponer su agenda al progresismo hacia 2026, evitando que en el Acuerdo Nacional se plantee la posibilidad de la reelección. Estos recientes choques, junto con la pelea que emergió en el interior de la Asamblea de la Colombia Humana, celebrada a mediados de agosto de 2024, tras la elección de Gloria Flórez como presidenta de la colectividad, demarcan que los intentos por reactivar las movilizaciones y lanzarse de nuevo a la radicalización democrática en las calles pueden quedarse cortos, debido a las crecientes fracturas y divisiones en el seno del Progresismo. Así mismo, denotan que la competencia por llegar al Congreso y a la Presidencia ya comenzó. Los llamados a heredar el proyecto político del Progresismo Fuente:  El Espectador Tal y como lo contamos en este artículo , la mayor parte de los llamados “alfiles” del gobierno nacional se encuentran en los departamentos y unidades administrativas ligados a la presidencia. De ellos, al menos se sabe de la posibilidad de que uno de ellos puede lanzarse a la presidencia ( Gustavo Bolívar , director del Departamento de Prosperidad Social, DPS) debido a que fue candidato con anterioridad a la Alcaldía de Bogotá, y se conoce de al menos varios nombres que llaman la atención dentro de las bases, entre ellos el de Daniel Rojas , exdirector de la SAE y actual ministro de Educación, así como el de Alexander López , expresidente del Polo Democrático, excongresista y hoy director del Departamento de Planeación Nacional. La alta presencia de estos alfiles dentro de sus círculos más cercanos en el gobierno denotaría que, al menos desde 2023, con la primera crisis política y remezón ministerial, el gobierno ha cedido parte de sus espacios de poder y burocracia a su círculo más cercano, por lo que su gobernabilidad pasa, en parte, por lo que este círculo haga y conforme actúe frente a la coyuntura nacional. El gobierno ha cedido estos espacios con dos fines. El primero, para rodearse de su círculo más cercano  para gobernar sin ningún tipo de acuerdo o compromiso político que lo amarre, y porque no quiere transarlo con los partidos en el Congreso , estrategia que abandonó desde hace ya varios meses y que se denota con la progresiva salida de las cuotas políticas de los partidos del gabinete ministerial. Estas cuotas que el gobierno entregó han comenzado a acumular poder e incidencia para llegar como opción hacia 2026, ya fuese teniendo incidencia  dentro de la futura campaña y composición del Pacto Histórico, o perfilándose como candidatos dentro de las listas al Congreso o como posibles presidenciables. Uno de los ejemplos de esta acumulación e incidencia se puede rastrear en la llegada de Hollman Morris como gerente de RTVC, luego de que Agmeth Escaf, representante a la Cámara del Pacto Histórico, denunciara presuntos perfilamientos  —cuando Hollman era aún subgerente del Sistema de Medios Públicos— contra militantes y presuntos disidentes dentro del mismo Progresismo, incentivados desde allí, luego de que la abogada y activista María Niny Echeverry denunciara que Escaf tenía intereses en la realización de los Juegos Panamericanos que iban a celebrarse en Barranquilla. Dentro de esas nuevas figuras emergentes, han surgido dos grandes tendencias: la nueva tecnocracia , reflejada en ministros como Susana Muhamad  y Laura Sarabia , que beben de las premisas del progresismo, pero aplicadas dentro del escenario de la administración pública; y los sectores más radicalizados , como el de Bolívar , Morris  o Cielo Rusinque  que, aunque hacen parte de direcciones políticas importantes, siguen teniendo mayor peso en la formación y consolidación de militancias, y su peso en la opinión pública genera mayor ruido. La pelea entre Gustavo Bolívar y María José Pizarro se enmarca en esta disputa, y denota que claramente la pelea por asumir el liderazgo y las banderas del Pacto Histórico pasa entre unos sectores que le apostarán a la experiencia que el gobierno adquiera durante estos años para consolidar nuevas formas de administrar el Estado para resolver sus falencias resolviendo los grandes problemas sociales del país, y otros sectores que partirán de las narrativas de que hay elementos dentro del Estado que impiden la transformación, y que por ello hay que buscar respuestas reformándolo o actuando fuera de él. Lo único que en este momento une a todas estas figuras, es la presidencia de Gustavo Petro. No obstante, el gran problema que ha tenido el progresismo es no haber logrado cierta unidad ideológica desde el gobierno, por lo que ahora mismo el Pacto Histórico es susceptible a la formación de facciones, tendencias y corrientes con postulados cercanos, pero posiciones altamente irreconciliables entre sí, como lo manifiestan las disputas al interior de sus bases políticas. Según la encuesta Guarumo de inicios de septiembre de 2024 , las 4 grandes figuras del Progresismo que estarían con opciones de llegar a la presidencia serían Gustavo Bolívar , Francia Márquez , María José Pizarro  y Daniel Quintero . No obstante, para las bases, y según una encuesta informal realizada por estas mismas en X (anteriormente Twitter) , construida por varios activistas, también suenan los nombres de la exministra de Salud, Carolina Corcho  y el de Carlos Caicedo . Los liderazgos mermados por las formas tradicionales de hacer política Fuente: El País, Cali. Las revelaciones de Daniel Coronell sobre presuntas irregularidades del representante a la Cámara y expresidente de esa misma corporación, David Racero, en la gestión de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), han golpeado la bandera de la transparencia y la anticorrupción dentro del programa de gobierno y sus defensores en el Congreso. Según los reportes de Coronell, Racero presuntamente recibía dineros de una de sus UTL, Estefanía Montoya —quien posteriormente salió a desmentir, señalando que eran intercambios de dinero y préstamos consensuados entre ambos—, así como tenía a su conductor, Leonardo García, trabajando dentro de una tienda de frutas y verduras de su propiedad. Luego, Coronell reportó que Racero posiblemente habría solicitado puestos en el SENA  a través de su tío, luego de revelar varios chats donde el congresista le solicita a Jorge Rojas, director de esa entidad, varios cargos, y señala en los mismos que la transacción se realizará con su tío, José Luis Mayorca, excandidato a la gobernación del Cesar en 2023 y dueño de una IPS. Con estas denuncias, la Corte Suprema de Justicia abrió dos investigaciones contra Racero , luego de que el mismo congresista apareciera en medios de comunicación solicitando a la justicia que lo investigue por lo sucedido. Estas actuaciones no son aisladas dentro del partido de gobierno. César Pachón, exsenador dentro del mismo bloque del Pacto Histórico, quien fue apartado del cargo por un fallo del Consejo de Estado que le acusó de doble militancia durante las elecciones de 2022, también fue acusado de utilizar los recursos de su UTL para pagar una deuda , luego de que contratatara a alguien sin experiencia y le ordenara que su sueldo fuera transferido a terceras personas para cubrir sus gastos personales. Por este caso también hay un proceso abierto en la Corte Suprema en contra de Pachón. Estos escándalos — mucho menores en términos de cuantías y gravedad — se unen a las denuncias contra Laura Sarabia, a quien presuntamente se le relaciona con irregularidades en la financiación de la campaña de Petro a la presidencia en 2022, luego de que Semana revelara unos audios de Armando Benedetti discutiendo fuertemente con ella; del mismo modo que estas denuncias también se suman al escándalo de corrupción de Olmedo López y la UNGRD. Las divisiones que dejó la Asamblea de la Colombia Humana siguen mermando la capacidad de movilización de las bases Fuente: Semana El llamado de los grandes sindicatos y organizaciones sociales para movilizarse contra lo que ellos consideran es un golpe de Estado contra el gobierno se realizará el 23 de octubre de 2024. Sin una respuesta espontánea (que, en cierto modo, era lo que el gobierno esperaba con el llamado a la movilización hecho en su alocución del martes 8 de octubre), el gobierno queda ahora a la espera de si en 3 semanas, con el ruido cambiante de la coyuntura, sus bases sociales y políticas responden a su convocatoria. No obstante, estas bases siguen fragmentadas, sumergidas en disputas intestinas y sin mayor capacidad de organización, ni claridades sobre la construcción de las Asambleas Populares, que con estas divisiones ya no queda claro a quien responden directamente, como ya lo habíamos reportado en este artículo . Fuentes que hablaron con la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) pero que no quisieron dar sus nombres y decidieron mantenerse anónimas para no generar mayores ruidos dentro de las bases políticas del gobierno, indicaron que sigue existiendo una fuerte disputa al interior de las bases, luego de la elección de Gloria Flórez como presidenta del partido. Esta disputa, considerada como “marginal” por la mayoría de los directivos de la Colombia Humana, ha dividido al partido en varios territorios, especialmente en las regiones fronterizas y en las periferias, las mismas que denunciaron falta de democracia en la Asamblea y que denunciaron que no tuvieron ni vocería ni voto en las decisiones que se tomaron en esta. Tanto ha sido el ruido que, a inicios de septiembre, una de las cofundadoras del partido, Janet Olarte, presentó una impugnación en contra de la Asamblea , denunciando irregularidades en la elección de Flórez como presidente, luego de señalar que presuntamente los delegados territoriales no fueron debidamente inscritos, así como no hubo quórum para hacer la convocatoria, luego de que indicara que Carmen Anachury fungiera como presidenta, vicepresidenta y secretaria general del colectivo durante varios momentos. Olarte también indico que en la Asamblea se modificaron de manera irregular los estatutos, sin antes haber reportado esas modificaciones al Consejo Nacional Electoral. Con estas divisiones, según las fuentes consultadas, han emergido diferentes grupos que se han autodeterminado como “asambleas” y que han dicho no reconocer el liderazgo de Flórez en la Colombia Humana, lo que ha llevado a una mayor atomización de los nodos del partido. Del mismo modo, las disputas internas han llevado a fuertes choques entre los liderazgos sociales de base y las militancias más cercanas al gobierno, quienes se acusan mutuamente de ser “infiltrados” y de “hacerle juego a la derecha”. También las acusaciones contra Racero y las disputas entre Landinez y Zuleta han generado ruido en estos sectores, acusando que “los congresistas” y “los politiqueros” se tomaron la dirección del partido. Muchas de las bases consideran que el presidente Petro se ha rodeado de “malos consejeros” y que en realidad el gobierno está “secuestrado” por estos grupos de interés, que buscan reelegirse y sostenerse con la corrupción, como estas mismas fuentes afirmaron. Aunque estas disputas no tocan directamente al grueso de las bases que saldrán el 23 de octubre, concentrada en los sindicatos y las grandes organizaciones y movimientos sociales, sí miden lo que está sucediendo dentro de las bases militantes del progresismo. Algunas de ellas se han organizado en grupos de WhatsApp de manera particular para coordinarse, pero su gestión se ha complicado precisamente por la atomización en la que se encuentran.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista En las últimas semanas, se han conocido con gran preocupación nuevos casos de niñas desaparecidas en municipios como Candelaria y Palmira, en el Valle del Cauca. Si bien estos casos deben elevar la alerta en el departamento, no pueden ser tratarlos como hechos aislados.   Revisando las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, encontré que: entre enero y agosto de 2024, se han reportado 512 personas desaparecidas en el Valle del Cauca. Lo que más resalta de estas cifras es que, mientras los hombres desaparecen en mayor proporción en la adultez (29 a 59 años), las mujeres desaparecen mayoritariamente durante la adolescencia, entre los 12 y 17 años. En este rango de edad, las desapariciones afectaron a 86 mujeres, frente a 36 hombres en dicho periodo de tiempo. Siendo Cali, Tuluá y Jamundí los municipios con mayor incidencia de desapariciones femeninas.   Esta diferencia en el rango de edad nos dice mucho sobre las dinámicas de violencias que viven las niñas y mujeres adolescentes. Estando expuestas a múltiples riesgos, incluidos la explotación sexual infantil, la trata de personas y otras formas de violencia de género, además del reclutamiento, uso y utilización en el marco del conflicto armado dada la presencia de grupos armados tanto en zonas urbanas como rurales. Ante este panorama, es urgente que las autoridades permanezcan en alerta y activen todos los mecanismos de protección disponibles. La desaparición es una grave violación de derechos humanos que requiere respuestas inmediatas, pero, sobre todo, coordinadas.   En junio pasado, la Alcaldía de Cali lanzó la campaña “ Sembrando Protección: juntos contra la explotación sexual infantil ”, con el objetivo de trabajar de la mano con la Policía, el sector hotelero, el ICBF y otras instituciones para prevenir que menores de edad sean víctimas de explotación sexual en la ciudad. También se ha desarrollado la campaña “ De eso tan bueno, no dan tanto ” para alertar a la ciudadanía sobre los peligros de la trata de personas. Y la campaña “ Rompamos el Mito ” que, según me comunicó Juan Manuel Torres Subsecretario de Derechos Humanos y Construcción de Paz de Cali, es para que se rompa el mito de tener que esperar 72 horas para reportar una desaparición “las primeras horas son vitales y porque a alguien la pueden sacar a la frontera en menos de 24 horas”.   Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, los casos siguen presentándose de forma sistemática, por lo que se deben profundizar las medidas y lograr su sostenibilidad en el tiempo, no solo cuando los casos logran tener una fuerte aparición mediática.   La desigualdad socioeconómica y la falta de acceso a educación y servicios básicos son condiciones que aumentan la vulnerabilidad y crean escenarios para que grupos criminales y redes de explotación encuentren a sus víctimas. La prevención debe empezar por garantizar entornos seguros y protectores para ellas, tanto en sus hogares como en sus comunidades. Además, es crucial fomentar una cultura de respeto a sus derechos, y eso implica cuestionar las prácticas que sexualizan y cosifican a las niñas desde temprana edad.   La violencia de género contra niñas y adolescentes tiene manifestaciones que van más allá de la desaparición. Frente a la explotación sexual, el pasado abril, escribí  sobre el caso de Stefan Andrés Correa, un ciudadano estadounidense que fue capturado en Colombia tras ser acusado de organizar encuentros para abusar de niñas entre 10 y 12 años, esto demostró el grado de desprotección al que están expuestas las niñas en el país.   Las autoridades tienen la responsabilidad de investigar, desarticular y judicializar a las redes criminales, así como también, deben activar los mecanismos de búsqueda urgente. Además, las acciones preventivas deben ser prioritarias, lo cual pasa por un trabajo articulado con la comunidad, las familias y las instituciones. Es esencial que papás, mamás y familias encuentren maneras de comunicarse abiertamente con sus hijos e hijas y fortalezcan lazos de confianza para que se sientan en libertad de hablar y compartir cualquier situación de riesgo.   He visto comentarios en redes sociales que sugieren la creación de “escuadrones vecinales para cazar a abusadores”. Esta postura, aunque entiendo que es dado el desespero y la frustración, es profundamente peligrosa y solo perpetúa la violencia. La justicia no debe tomarse por mano propia. Hacerlo no solo pone en riesgo a personas inocentes, sino que también podría tener consecuencias graves en las comunidades. En su lugar, debemos trabajar en conjunto para fortalecer las rutas institucionales de protección y denuncia.   Si conoce o sospecha de algún caso de desaparición, explotación o abuso, por favor llame al #141  o al #122 . Cada acción cuenta, cada minuto es vital.

Por: John Correa Romero Foto tomada de: INSPENET América Latina está emergiendo como un actor clave en la transición energética global. Con una abundancia de recursos naturales, una base industrial estable y una creciente adopción de energías renovables, la región tiene el potencial de liderar la transformación hacia un futuro más limpio y sostenible. Países como Brasil, Chile y Colombia están desempeñando un papel fundamental en este proceso, no solo por su capacidad para generar energías renovables, sino también por su enfoque en una transición energética justa e inclusiva. América Latina cuenta con vastos recursos para la producción de energías renovables. Brasil ha aprovechado durante años su potencial hidroeléctrico, mientras que Chile ha avanzado significativamente en la generación de energía solar y eólica, llegando a cubrir el 35% de su matriz energética con fuentes renovables. Esta riqueza natural coloca a la región en una posición única para expandir su capacidad de energías limpias. El compromiso de varios países latinoamericanos con la neutralidad de carbono para 2050, en línea con el Acuerdo de París, refuerza el papel de la región en la lucha contra el cambio climático. Chile, por ejemplo, ha establecido metas ambiciosas para alcanzar el 70% de su consumo de energía a partir de renovables, mientras que Brasil está intensificando sus esfuerzos en la descarbonización de sectores industriales claves como el cemento, el acero y los biocombustibles. La región no se limita a la expansión de fuentes renovables tradicionales. Está adoptando tecnologías de vanguardia como el hidrógeno verde, los biocombustibles sostenibles y la captura de carbono, esenciales para la descarbonización de sectores industriales pesados y difíciles de electrificar. A pesar de estas ventajas, América Latina aún enfrenta importantes desafíos. Uno de los principales es la necesidad de mejorar la infraestructura energética, como las redes de distribución y almacenamiento de energía renovable. Además, la reducción de inversiones en energías renovables en la última década es un área que requiere atención urgente. Sin embargo, con el enfoque adecuado en políticas públicas y cooperación regional, la región tiene el potencial de superar estos obstáculos y consolidar su liderazgo global. Colombia un Actor Clave en la Transición Energética Colombia se destaca como uno de los países con mayor potencial para avanzar en la transición energética, tanto por su riqueza en recursos naturales como por su compromiso con la sostenibilidad. A nivel internacional, el país ha adquirido un perfil más alto en esta área, especialmente en eventos clave como la COP16 de biodiversidad, que se celebrará en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre. Colombia tiene una ventaja estratégica en la producción de energía hidroeléctrica, que actualmente cubre más del 70% de su matriz energética. Además, el país ha comenzado a diversificar su capacidad hacia energías solares y eólicas, especialmente en regiones como La Guajira, Atlántico y Magdalena donde los vientos constantes ofrecen un gran potencial para la generación eólica. El País ha establecido como objetivo reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. El país también está comprometido con la preservación de su biodiversidad y la adopción de soluciones climáticas basadas en la naturaleza, posicionándose no solo como un actor energético, sino también como un defensor global del medioambiente. El enfoque en una transición energética justa es un pilar fundamental en Colombia. Se busca asegurar que las comunidades locales participen activamente en los beneficios del cambio hacia energías limpias, en especial en las zonas más afectadas por la minería y la extracción de combustibles fósiles. Colombia está trabajando para integrar a estas comunidades en nuevas cadenas de valor, mediante la creación de empleos en energías renovables y la electrificación rural por medio de convocatorias de Ministerio de Minas y Energía en Comunidades energéticas, Municipios energéticos y Territorios energéticos. Al igual que otros países de la región, Colombia enfrenta retos importantes. Entre ellos, la mejora de su infraestructura energética y la necesidad de atraer mayores inversiones para escalar sus proyectos de energía renovable. Sin embargo, el país ha demostrado un sólido compromiso con la sostenibilidad y la justicia climática, lo que le permitirá avanzar en su transición hacia una economía baja en carbono. El Futuro de América Latina en la Transición Energética Global El potencial de América Latina para liderar la transición energética global es inmenso. Con eventos clave en el horizonte, como la COP16 en Colombia y la COP30 en Brasil, la región está en una posición privilegiada para consolidar su liderazgo. Sin embargo, para que esto suceda, será necesario superar ciertos desafíos, como la mejora de infraestructuras energéticas, el aumento de inversiones en energías renovables y la implementación de políticas que fomenten una transición justa y equitativa. El liderazgo de América Latina en esta transformación no solo beneficiará a la región, sino que también contribuirá significativamente a los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático. En este contexto, países como Colombia tienen un papel central que desempeñar, no solo por su capacidad de producir energías limpias, sino también por su enfoque en la inclusión social y el desarrollo local. A medida que el mundo enfrenta los desafíos del cambio climático, América Latina está mostrando que es posible avanzar hacia un futuro energético sostenible, equitativo y justo, donde los beneficios del desarrollo llegan a todas las comunidades, y el planeta se ve favorecido por la acción conjunta de naciones comprometidas con el bienestar global.