Por: John Jairo Correa El anuncio del Parque Solar Upar marca un nuevo hito en la política energética nacional. Con una capacidad instalada proyectada de 250 megavatios (MW), esta iniciativa en Valledupar, departamento del Cesar, se perfila como el parque solar más grande construido en Colombia hasta la fecha. Su objetivo no solo es aumentar la participación de fuentes renovables en la matriz energética, sino también impactar directamente en la calidad y el costo del servicio para miles de hogares. Es, por tanto, una propuesta que integra dimensión técnica, territorial y social, y que puede redefinir la forma en que se entienden las energías limpias en regiones con históricas brechas de acceso, cobertura y equidad tarifaria. El proyecto nace de una alianza entre el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación del Cesar y el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), y se enmarca dentro del programa Colombia Solar. A diferencia de otros parques solares que han operado, principalmente, bajo modelos corporativos de inyección al Sistema Interconectado Nacional (SIN), Upar tiene un enfoque descentralizado: pretende beneficiar a más de 600 000 usuarios de estratos 1, 2 y 3, especialmente en zonas urbanas y rurales del Cesar. La promesa del Gobierno Nacional es ambiciosa: reducir hasta en un 50 % las tarifas eléctricas de los hogares más vulnerables. En un departamento golpeado por décadas de precariedad energética y tarifas desproporcionadas, este tipo de iniciativas tiene un potencial transformador. Además del parque principal de 250 MW, se contempla la instalación de sistemas solares en 100 tiendas de barrio, la ejecución de 10 proyectos rurales de generación distribuida y la priorización de zonas como la Ciénaga de Zapatosa. Esta integración territorial le otorga al proyecto una dimensión comunitaria que rara vez ha sido central en otras experiencias similares. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá no solo de la infraestructura física, sino de las reformas institucionales y regulatorias que se requieran para que la energía solar produzca beneficios reales en las tarifas del usuario final. Para dimensionar la magnitud del Parque Solar Upar, resulta útil compararlo con otros proyectos relevantes ejecutados en Colombia en los últimos años. Uno de los más conocidos es el Parque Solar La Loma, también ubicado en el Cesar, con una capacidad de 187 MW. Desarrollado por Enel, este proyecto fue clave en términos de capacidad instalada, pero tuvo un enfoque corporativo centrado en la inyección al SIN, sin impacto directo sobre las tarifas locales. Algo similar ocurrió con el Parque Solar de El Paso, de 86 MW, inaugurado en 2019. Aunque posicionó al Cesar como una zona estratégica para la transición energética, su alcance estuvo limitado a la exportación de energía, sin beneficios estructurales para las comunidades vecinas. En el departamento del Magdalena, el Parque Solar Fundación (19,9 MW) se presenta como otro ejemplo de expansión renovable, pero de escala media y sin un componente social fuerte. En contraste, proyectos como El Caimán Cienaguero, también en el Magdalena, han intentado articular elementos de transición justa y generación comunitaria, aunque con menor capacidad instalada y sin el mismo respaldo institucional. Finalmente, el Parque Solar Guayepo I y II, en Sucre y Bolívar, con cerca de 200 MW combinados, se orienta principalmente a atender la demanda industrial, sin incluir mecanismos de redistribución social del beneficio energético. Frente a estos antecedentes, Upar introduce una innovación doble. Por un lado, plantea un modelo mixto que combina gran escala, generación distribuida y electrificación popular. Por otro, busca romper con el patrón de concentración de beneficios en actores empresariales, impulsando la inclusión de pequeños comerciantes, comunidades rurales y usuarios históricamente desatendidos. No obstante, persisten desafíos técnicos y políticos. Aunque se han firmado los acuerdos de intención y se ha conformado una mesa técnica entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Cesar, aún no se han hecho públicos los estudios ambientales, el cronograma de ejecución ni el esquema de operación y mantenimiento. Tampoco se han detallado los mecanismos jurídicos que permitirán conectar esta generación a tarifas subsidiadas para los usuarios. Esto implica que el impacto prometido depende de una articulación efectiva entre la política energética, la regulación tarifaria y la voluntad política de sostener el proyecto más allá del ciclo electoral. De esta manera, el Parque Solar Upar representa un experimento de alto valor estratégico para Colombia. No solo por su tamaño, sino porque pone a prueba la capacidad del país de avanzar hacia una transición energética justa, descentralizada y territorializada. Si logra consolidarse como una experiencia exitosa, podría sentar las bases para una nueva generación de proyectos que combinen eficiencia tecnológica con equidad social. Pero si se queda en promesa o enfrenta los mismos cuellos de botella que han frenado proyectos similares, solo será un reflejo más del desencanto que recorre el Caribe cada vez que se anuncia una “solución definitiva” a su crisis energética.

Por: Arnold Cruz El atentado contra Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, ha reabierto una herida en la memoria política del país: la persistencia de la violencia como forma de disputa ideológica. Aunque sus consecuencias inmediatas distan del estallido nacional que desató el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, ambos hechos reflejan una constante inquietante: en Colombia, pensar distinto sigue siendo un riesgo. Gaitán no solo fue asesinado; fue silenciado en un momento en que lideraba una ola popular transformadora. Su muerte desembocó en el Bogotazo, una explosión de rabia colectiva que marcó el inicio de una era de sangre y desconfianza. La institucionalidad colapsó. La política se convirtió en trinchera y la ciudadanía, en víctima. Setenta y siete años después, Miguel Uribe Turbay es víctima de un atentado en plena campaña política. Sobrevive. No hay un levantamiento popular, pero sí un estremecimiento nacional: la violencia no ha desaparecido, solo muta. Esta vez no estallan las calles, pero sí las redes; no arden las plazas, pero sí la ansiedad de una sociedad que teme repetir su historia. Ambos eventos ocurrieron en escenarios distintos: Gaitán, en una Colombia con frágiles instituciones y sin televisión; Uribe Turbay, en un país hiperconectado, con democracia electoral, pero también con heridas abiertas. Y, sin embargo, algo los une: la amenaza de la barbarie que acecha a la política cuando pierde su vocación de palabra y cede al balazo. La diferencia clave tal vez esté en la respuesta. Si el asesinato de Gaitán fue seguido por el caos, el ataque a Uribe Turbay ha sido enfrentado con oración, condena transversal y llamados a la unidad. ¿Será que al menos en eso hemos cambiado? ¿Que ahora entendemos que las ideas se combaten con argumentos y no con pólvora? Es pronto para decirlo. Pero una cosa queda clara: cada atentado a una figura política no solo hiere al cuerpo, hiere al país. En cada intento de silenciar con violencia, lo que está en juego no es solo una vida, sino la posibilidad misma de la convivencia democrática. La imagen de la política herida que se sostiene en lo espiritual tiene profundas raíces en nuestro país. Desde los tiempos de la Violencia hasta el proceso de paz, los discursos que entrelazan religión y política han servido tanto para sanar como para polarizar. En este caso, sin embargo, el gesto parece menos un cálculo electoral que una respuesta humana frente a la barbarie. Es en la fragilidad donde los pueblos se reencuentran con sus símbolos. En la incertidumbre, la fe provee no certezas, sino sentido. Veamos, brevemente y sin pasión, un paralelo de lo sucedido en los citados eventos: 1. Contexto histórico y político • Gaitán : Líder liberal carismático, su asesinato ocurrió en un momento de alta efervescencia social. Era visto como la esperanza de los sectores populares para una transformación democrática profunda.• Uribe Turbay : Senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, su atentado ocurrió en un contexto de polarización política, pero dentro de un sistema democrático más consolidado. 2. Naturaleza del ataque • Gaitán : Fue asesinado a plena luz del día en el centro de Bogotá. Su muerte desató el Bogotazo, una ola de violencia que marcó el inicio de “La Violencia”, con miles de muertos.• Uribe Turbay : Fue herido durante un evento político en Bogotá. Aunque grave, sobrevivió. El hecho no desencadenó una revuelta masiva, pero sí reavivó temor sobre el retorno de la violencia electoral. 3. Reacción social e institucional • Gaitán : Su asesinato provocó un estallido social inmediato y caótico. El Estado fue desbordado.• Uribe Turbay : Hubo condena unánime de todos los sectores políticos, llamados a la unidad y manifestaciones de solidaridad, incluyendo expresiones de fe y oración 4. Impacto simbólico • Gaitán : Su muerte es considerada un punto de quiebre en la historia política del país.• Uribe Turbay : Su atentado no tuvo el mismo alcance histórico, pero sí reactivó la memoria de los magnicidios y la fragilidad de la democracia colombiana. Ambos casos reflejan cómo la violencia ha sido usada para intentar silenciar voces políticas, aunque con consecuencias muy distintas. Uno desató una guerra; el otro, al menos por ahora, ha generado un llamado a la reflexión y al rechazo del odio.   Dios ante la barbarie: fe y dignidad tras el atentado a Miguel Uribe Turbay El atentado perpetrado contra Miguel Uribe Turbay, no solo estremeció a la clase política, sino que revivió una herida nacional que creíamos, con ingenuidad, cerrada. La violencia política regresó al centro del debate con su carga histórica, y, en medio del desconcierto, emergió con fuerza una dimensión que no suele ocupar titulares: la espiritualidad. Mientras el país esperaba noticias médicas desde la Fundación Santa Fe, su esposa organizaba una cadena de oración. Un sacerdote maronita llegó con la reliquia de San Charbel, santo patrono venerado por la familia Turbay —y por el cirujano que lo atiende—. Las redes sociales se poblaron de mensajes de fe y agradecimiento, incluyendo un conmovedor “Dios es grande” publicado por su esposa, tras el parte médico alentador. No era solo un acto de esperanza personal: fue un llamado colectivo a resistir desde la fe. ¿Debe preocuparnos esta mezcla de religión y esfera pública? Solo si pretende imponerse o excluir. Pero cuando la fe se invoca desde el dolor y no desde el dogma, puede tender puentes donde la política ha fracasado. En momentos como este, no se trata de creer o no creer, sino de reconocer que hay lenguajes —como el de la oración o el del consuelo religioso— que operan como formas de resistencia cultural. El atentado a Uribe Turbay no puede reducirse a una anécdota violenta. Es un síntoma, una advertencia, pero también una oportunidad para preguntarnos qué clase de país queremos ser. La respuesta espiritual de su familia y sus simpatizantes no solo honra una tradición religiosa, sino que interpela al país sobre el valor de la vida, la dignidad y la necesidad de reencontrarnos, incluso en la diferencia. Frente a la sangre, una oración. Frente a la muerte, una vela encendida. Frente al odio, una herencia de fe que no busca dividir, sino afirmar lo que algunos aún llamamos humanidad. La fe es vital en momentos difíciles y nos impulsa a seguir adelante ante las adversidades. Nos da esperanza y confianza para enfrentar retos y encontrar sentido en las dificultades de la vida. En contextos de violencia —como atentados, guerras o persecuciones— la fe actúa como un ancla emocional y espiritual. La fe cristiana es crucial para superar las adversidades y encontrar una salida en momentos difíciles. Nos da la fortaleza y esperanza necesarias para seguir luchando, incluso cuando todo parece estar en contra nuestra.

Por: Redacción Pares Desde abril se conocía la desaparición de las siguientes personas: Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. Ellos habían llegado desde Arauca hacia el Guaviare después de la pandemia, querían recomenzar su vida. La violencia los había sacado de sus hogares y necesitaban una nueva oportunidad. Así que se ubicaron en el municipio de Calamar Guaviare sin saber que la guerra allí también los iba a encontrar.   El 4 de abril el frente primero Armando Ríos de las disidencias de las FARC los había citado para hablar con ellos. Este frente está bajo la égida de Iván Mordisco y tiene como una de sus funciones impedir que surjan en el lugar nuevos grupos del ELN con quienes sostienen desde hace meses continuos combates en esa zona.  Desde ese momento nunca los volvieron a ver. La razón por las que habían citado a estos miembros de una comunidad religiosa era saber si en la zona se estaba creando una nueva célula del ELN.   La incertidumbre era total hasta que el pasado 1 de julio la Fiscalía acompañada de varios miembros del ejército, una fosa común con ocho personas. Familiares de los miembros de la comunidad religiosa fueron hasta el lugar a hacer el reconocimiento de estos cuerpos. En un reconocimiento preliminar todo apunta a que estos cuerpos pertenecen a los miembros de la comunidad religiosa perdidas desde hace cuatro meses así lo anunció la Fiscalía “La indagación ha permitido establecer que el 4 abril de 2025, dos de las víctimas fueron citadas por integrantes del mencionado grupo armado y, tres días después, también fueron llamadas las seis personas restantes, con el fin de ser ‘interrogadas’ sobre la posible presencia o creación de otro grupo delincuencial. Días después, las ocho personas habrían sido trasladadas a un predio abandonado”. De ser confirmado este hallazgo se le agrega un nuevo capítulo al horror al que nos viene acostumbrando este grupo armado y sería una de las masacres más absurdas e insensibles que habrían cometido los hombres que están al mando del comandante guerrillero Iván Mordisco. El gobierno Petro mantuvo hasta marzo del 2024 algún tipo de esperanza de conseguir una paz negociada con este grupo pero los continuos atropellos contra la población civil hicieron tomar la decisión al presidente de levantarse de la mesa. Este, sin duda, es un crimen de lesa humanidad.

Por: Redacción Pares En Colombia, el escándalo está encendido y apunta de nuevo a Álvaro Leyva. El periódico El País,  de España, ha hecho públicos unos audios en donde se evidencia el interés del excanciller por tumbar a Petro. Las reuniones se habrían hecho en la oficina del congresista Díaz-Balart. Muchos liberales o progresistas deben apelar a la historia para encontrar las razones de la traición. ¿Quién era el papá de Leyva? La historia es ingrata y es caprichosa a la hora de elegir a quien termina abrazando. A Jorge Leyva Urdaneta los pocos conservadores raizales que le quedan a Colombia lo recuerdan como un prócer. Hace unos años, en el diario El Nuevo Siglo  se recordaba de esta manera el legado de Leyva Urdaneta: “El ganador escribe la historia y la verdad se olvida. Este es el caso de Jorge Leyva Urdaneta: El Grande. Se trata de un conservador que llevó a Colombia de las trochas al modernismo. Pero, como otros inauguraron las obras a Leyva lo borraron de la historia. Por esto, pido la palabra en su nombre”. En el encendido artículo, el escritor está tan consumido de pasión que resalta la fidelidad a prueba de fuego que tuvo Leyva con Laureano Gómez. Era uno de los hombres que pertenecían al círculo de confianza de un político al que su beligerancia le hizo ganar el remoquete de “El Monstruo”. Incluso a Leyva le tiraban alpiste en algunos sectores de Colombia. Esto era como símbolo de ser un “pájaro”. Así le decían a los sicarios en la época de La Violencia. Era una manera de la gente de expresarle su rechazo por ser godo y por apoyar a la policía chulavita. Leyva Urdaneta -dos apellidos poderosos, por cierto- fue ministro en cuatro gobiernos conservadores, fue senador, concejal y gobernador de Cundinamarca. En 1950, dos años después del Bogotazo, Laureano Gómez le confía el Ministerio de Obras Públicas. Para los conservadores, este ministerio fue poco menos que revolucionario ya que inició el plan vial nacional, y también comenzó la unificación del sistema ferroviario, el plan nacional de aeropuertos. Todo eso se vio interrumpido por el golpe de estado de Rojas Pinilla en 1953. Ahí él se va a Nueva York exiliado junto con su familia, conformada por ocho hijos. Su hijo Álvaro tenía 11 años durante la dictadura Rojas se apropió -al menos eso dicen los conservadores- de los logros de Leyva. La historia es según quien la cuenta. Dicen que en realidad esos proyectos surgieron de Rojas y no del gobierno ultraconservador de Laureano. También circula la versión de que el papá del excanciller, como un fouché  moderno, se ofreció para ser ministro de la dictadura, pero Rojas lo habría rechazado. Leyva pasaba los días de exilio en Nueva York como buen aristócrata, tocando el violín, mientras su esposa tocaba el piano. Cuando regresó al país, en 1958, luego de que cayera el dictador, se postuló dos veces para la presidencia sin mucho éxito. A los 56 años uno de los políticos conservadores más importantes del siglo XX y también más olvidados, murió de la llamada gripa de Hong Kong después de una visita a Asia. Muchos se preguntan por el errático comportamiento de Álvaro Leyva después de haber dejado la Cancillería y la rencilla que estableció con el presidente, pocos recuerdan que por sus venas lo que circula es sangre azul. El progresismo del que alguna vez hizo gala, simplemente se ha diluido.   Han salido a flote durante el último puente algunos comentarios contra él, entre ellos estaba el de un supuesto interés por matar a Gaitán, así lo habría publicado en el propio periódico El Siglo , el órgano oficial del Partido Conservador. Es evidente que Petro cometió un error al confiar demasiado en alguien que tiene la sangre completamente azul.

Por: Lizeth Serrato Contreras El reciente anuncio del Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmando que se ha identificado una “mafia en la asignación de puntos de conexión”, marca un punto de quiebre en la gestión del sistema energético colombiano y pone en tela de juicio, otra vez, a este complejo sector. Al momento en que Palma revela que hay actores funcionando al margen de la ley, con influencias ilegítimas sobre la distribución de permisos de conexión a la red eléctrica, se exponen preocupaciones profundas en torno a la transparencia, la eficiencia y la confianza ciudadana en los que deberían ser vigías impenetrables de la energía en el país. Bajo un sistema regulador que pretende servir de forma equitativa a generadores de energía, la participación de intermediarios poco claros, incluso corruptos,  altera el proceso; cuando se habla de mafia, no se refiere a una estructura criminal tradicional, sino a canales informales que distorsionan las reglas del juego técnico y administrativo. Pero, ¿cómo impacta esta noticia a los renovables del país? Colombia está inmersa en una Transición hacia una matriz más sostenible, con impulso al gas, la conectividad y las energías limpias. La asignación justa de puntos de conexión es clave: sin ellos, las energías renovables, las micro-redes comunitarias o los proyectos quedan atados de manos. Además, este tipo de prácticas alimenta la desconfianza ciudadana en el sector público. Una entidad creada para fiscalizar y adjudicar se convierte, presuntamente, en el escenario de negociaciones ocultas. El mensaje que comunica esto es aturdidor: Si no tienes relaciones, palancas o dinero extra, tendrás que hacer la fila para conectarte. Atroz.   Paradójicamente, la exposición del problema puede convertirse en una oportunidad. Cuando las autoridades reconocen la existencia de captura en un aspecto técnico —como el punto de conexión—, hay margen para reconstruir la confianza y que hacerlo con acciones contundentes no solo fortalecería los proyectos de energía, sino también el ánimo ciudadano. Por ello, en respuesta a este escenario desalentador surge la necesidad de promover y presentar un sector eficiente y transparente que avance en la solicitudes de puntos de conexión del Sistema interconectado Nacional (SIN), necesidad que es atendida, según el Ministerio de Minas y Energía, con la conformación del Comité Técnico Interinstitucional integrado por la Unidad de Planeación Minera Energética (UPME), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el actual ministerio bajo el comando de Palma. El principal objetivo de este gran Comité será elaborar una nueva resolución que actualice la normatividad vigente y recopile las mejoras que deben atenderse y que son necesarias dentro del régimen actual; esto con el propósito de fortalecer los lineamientos de política pública para la asignación de puntos en el Sistema Interconectado Nacional. Lo anterior busca avanzar de la mano con la transparencia y estará abierta para los diferentes sectores de la sociedad para que pueda darse un proceso cercano bajo la observación y los aportes de todos y todas a los que la energía y su manejo sea un aspecto de interés; se estima que esto pueda darse a finales de julio del año en curso. Ahora, el reto es convertir la crisis en caso paradigmático de transformación profunda. Digitalización, control, participación activa y sanciones reales pueden convertir este escándalo en el inicio de una restructuración sólida del sistema energético. De lo contrario, habremos perdido una oportunidad mayúscula de sanear un sector demasiado estratégico en Colombia.

Por: Iván Gallo Coordinador de Comunicaciones Este 28 de junio Miguel Ángel Beltrán tuvo que vivir otra pesadilla en su ya largo historial de infortunios. Mientras intentaba entrar a Serbia, a donde participaría junto a la profesora Natalia Caruso del 58 Congreso Internacional de Americanistas, fue retenido en el aeropuerto de Belgrado. El docente viajaba junto a sus dos hijos menores de edad. Las razones que dio el gobierno serbio para la no entrada de Beltrán es que no lo consideraban “apto” para ingresar al país. Durante 12 horas, el profesor, su pareja y los dos niños tuvieron que soportar las inclemencias de estar detenidos en un cuarto con las dimensiones de una celda. El profesor Beltrán ha sufrido una serie de injusticias que se han traducido en detenciones, acusaciones de haber sido parte de una guerrilla. Es el símbolo de la estigmatización que vive tanto profesor de izquierda. El presidente Petro expresó su rechazo a través de su cuenta de X: “Lo que le ha sucedido al profesor Beltrán en Belgrado, tiene todo mi rechazo. El gobierno serbio debe explicarle a Colombia por qué detiene a nuestros intelectuales. Pero, peor aún, la detención del profesor Beltrán demuestra la existencia de listas en las aduanas internacionales, perfiladas por el pensamiento político. Esas listas negras de colombianos perfilados por su pensamiento político solo pudieron salir de un gobierno colombiano, y es una clara violación de derechos humanos, que se debe investigar y debe terminar”. El profesor y su familia fueron devueltos a Lisboa, Portugal, mientras la Cancillería intenta resolver este atropello. A continuación, contaremos la serie de torturas e injusticias que ha padecido Beltrán: Para Miguel Ángel Beltrán, la pesadilla comenzó el 22 de mayo de 2009. Él había llegado nueve meses atrás al DF y ni siquiera el privilegio de ser becado por la Universidad Autónoma de México para que realizara allí su posdoctorado logró aplacar las ganas que tenía de volver a ver a su familia. Por eso, estaba armando viaje para Bogotá, pensaba quedarse todo el mes de junio y descansar con su gente. Dos hechos lo obligaron a aplazar sus vacaciones colombianas: uno fue la contingencia sanitaria que vivía México por culpa de la Influenza A, el otro, y el que a la larga era el que más le preocupaba, eran las llamadas que desde hacía una semana recibía desde el Instituto Nacional de Migración. Para estar en el país de una manera definitiva, necesitaba que le dieran su Visa FM-3. En este momento, la visa provisional que tenía, y que le había permitido estudiar allí, había expirado hacía 15 días. Así que fue al INM con su esposa y con su amigo, el abogado Jorge Becerril, “por si llegara a surgir algún inconveniente”.  En la entrada pregunta por el subdirector de inmigraciones, con el que tenía una cita. A él lo dejan pasar solo. Su esposa y su amigo lo esperan afuera. Pasan las horas y Miguel Ángel no sale del lugar. Después de escuchar desde adentro de las instalaciones un grito desgarrador, se asustan. Becerril le pregunta a un funcionario de Inmigraciones qué es lo que está sucediendo adentro. “No es nada —Dice el hombre con desprecio— es tan solo otro guatemalteco que se ha vuelto loco”. Llega el atardecer y Miguel Ángel no sale. La esposa ya con el corazón en la mano le pregunta al funcionario por la razón de la  demora de su marido. El hombre les responde, imperturbable y sonriente, que se les ha olvidado decirles algo:  a Beltrán lo habían trasladado a otro sitio porque estaba en condiciones de ilegalidad migratoria. Le dicen que no se preocupe, que es solo rutina, que él esa noche va a dormir a la casa.   La mujer llega al apartamento, prepara un café. Sobre el escritorio están las anotaciones que el sociólogo está haciendo para su tesis sobre la sucesión de Lázaro Cárdenas en 1934. La mujer enciende el televisor y se pone a ver las noticias y allí, en ese momento, vio algo increíble: En la televisión estaba su marido, descendiendo de un avión militar en Catam y siendo señalado como Jaime Cienfuegos, Miembro de la comisión internacional de las Farc. Mientras ella y Jorge esperaban afuera, adentro se le había preparado una emboscada al profesor universitario. Le hicieron firmar un documento y luego lo agarraron a la fuerza entre dos hombres, lo inmovilizaron y lo sacaron por la puerta trasera en donde una Van dorada con vidrios polarizados lo estaba esperando. A pesar de sus gritos nadie hizo nada. Álvaro Uribe no dudó en felicitar a Felipe Calderón, su homólogo mexicano, por haber ayudado a atrapar al que era según sus palabras “El terrorista más peligroso de las Farc”; sin juicio previo, ya el presidente colombiano había condenado al sociólogo. El entonces comandante de la policía, General Óscar Naranjo, dio también su parte de victoria: “Beltrán era muy cercano y asesoraba al abatido Raúl Reyes, y es uno de los siete jefes máximos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” Al otro día, cientos de activistas mexicanos se asentaron frente a las instalaciones del INM para protestar por lo que ellos consideraban un secuestro transfronterizo. La Unam en pleno también protestó, pero la orden no se pudo reversar. Dos años duró preso Beltrán, sin que se le pudieran comprobar las endebles pruebas que la Fiscalía y la Procuraduría tenían sobre él. Lo acusaban de ser un “Instigador del terrorismo”. Una foto con líderes de las Farc en México, mientras los entrevistaba para escribir una de sus innumerables investigaciones, y una memoria USB en donde guardaba la noticia de la muerte de Raúl Reyes en Ecuador, fueron los argumentos por las cuales la Procuraduría se refirió a este licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital en estos términos: “Él cumplió tareas políticas dentro de la organización, difundió con sus escritos el pensamiento revolucionario de las Farc, divulgó las ideas del grupo armado ilegal en foros internacionales; organizó eventos en la Universidad Nacional con sentido político, invitando a los estudiantes a que se unieran a las filas de las Farc y pretendió crear un centro de investigación de las Farc". Mientras estuvo encerrado, bajo estrictas medidas de seguridad, rodeado de guerrillos y paras, Miguel Ángel temió por su vida. Sistemáticamente le fueron vedados todos los recursos de amparo hasta que el 27 de julio de 2011, 25 meses después de su detención, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, lo absolvió y ordenó su libertad inmediata. Una vez estuvo libre, Beltrán quiso recuperar su vida pero esto fue imposible: las amenazas y las sospechas cayeron sobre él. Desesperado no tuvo otro camino que el exilio. En enero de este año regresó y se reintegró a su trabajo como investigador y docente en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional.  El río parecía haber vuelto  a su cauce cuando la Procuraduría, en su interminable Caza de Brujas, ordenó su destitución definitiva por los mismos hechos que la justicia penal lo había declarado inocente.   Al infame dosier, la Procuraduría le agregó una nueva prueba: las investigaciones en donde el sociólogo sostenía que el conflicto colombiano tenía su origen en la lucha campesina, lo mostraban como un claro instigador del terrorismo. El comité de Representantes Profesorales de la Universidad Nacional se refirió a esta acusación de la siguiente manera: “Aceptar la destitución del profesor Beltrán por investigar el conflicto armado en Colombia, sería negar la posibilidad del trabajo intelectual y académico universitario. Sería poner sub judice  todo el trabajo sobre la historia del conflicto social, cultural y armado en Colombia, que han realizado durante decenios investigadores y académicos de la Universidad Nacional y de muchas otras universidades de Colombia y del mundo. Sería destituir a numerosos profesores y profesoras que trabajamos sobre los conflictos sociales y sus efectos en la vida personal y colectiva y lo hacemos desde diversos ámbitos del pensamiento, la investigación y la creación artística. Sería destituir a la Universidad misma. El trabajo académico del profesor Beltrán sobre el conflicto colombiano hace parte del debate académico sobre la paz en que la Universidad Nacional participa activa y propositivamente al organizar con Naciones Unidas los foros ciudadanos que alimentan las conversaciones de paz de La Habana”. En su momento, el entonces rector de la Nacional, Ignacio Mantilla, decidió destituir a Beltrán, quien padeció un despido injustificado y durante meses mordió el polvo del desempleo. En 2018 pudo aclarar su inocencia y demostró que todo fue una persecución por sus ideas políticas. Ahora Beltrán revive los fantasmas del pasado, diez años después de que se diera su injusto despido de la Nacional. Esperemos que, una vez más, se vuelva a hacer justicia en su caso.

Por: Redacción Pares Hacer un complot para tumbar a un presidente es traición a la patria, es uno de los crímenes más graves en los que puede participar un político. Según los audios revelados por el diario El País  y que han sido proporcionados por el servicio de inteligencia colombiana, Álvaro Leyva, desde hace dos meses, habría usado sus contactos dentro del gobierno Trump para pedir que Gustavo Petro fuera tumbado de su sillón presidencial. Después de haber sido inhabilitado para que siguiera siendo canciller por la Procuraduría, Leyva esperaba que Petro lo ubicara en una zona de influencia dentro de su gobierno. A cambio de eso, jamás volvió a contestarle el teléfono y, lo más grave para el excanciller, fue que nombró ministro del Interior a su enemigo Armando Benedetti. Ciego de rabia, empezó a publicar cartas en donde revela una presunta conducta inadecuada de Petro como jefe de Estado, y en donde lo señala de ser un drogadicto. Leyva se reunió con el senador republicano Mario Díaz-Balart y allí habló de un plan para tumbar al presidente. Incluso vinculó a la vice Francia Márquez. Ella lo ha negado todo. Son tan graves estas acusaciones que el petrismo en pleno está pidiendo cárcel para el excanciller. Incluso el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien no es un petrista militante, afirmó que Leyva podría haber incurrido en el delito de traición a la patria. Esto dijo en un trino el exgeneral: “Quien pretenda o actúe de manera ilegal contra el Presidente de la República o contra las instituciones legalmente constituidas, está atentando directamente contra nuestra Nación.  Ese tipo de acciones representan no solo una grave violación a la ley, sino también una deslealtad moral profunda, que puede configurarse en el delito de traición a la patria ” No ha sido la única voz que se ha dejado escuchar. Incluso algunos han invocado el artículo 455 del Código Penal Colombiano, que habla de una pena entre 20 y 50 años de prisión para el que conspire para tumbar un presidente. En Colombia, la última vez que hubo un golpe de Estado fue en 1953 cuando Gustavo Rojas Pinilla tumbó al entonces presidente Laureano Gómez. En 1996, durante la tormenta que generaba el Proceso 8000, también se escucharon ruidos de sable cerca al presidente Ernesto Samper Pizano. Después del escándalo, en las últimas horas, Álvaro Leyva abandonó el país y se refugió en España.

Por: Redacción Pares Desde 1994, cuando apareció la figura del vicepresidente, han existido relaciones tirantes entre el presidente y su segundo. Debido al escándalo de los narcocasetes, en los que se demostraba que el Cartel de Cali ayudó económicamente a la campaña de Ernesto Samper, Humberto de la Calle, vice de Samper, rompió con él. Hubo distancia, también, entre Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras y, además, hubo roces entre Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Pero, jamás, una relación había sido tan complicada como lo es la que mantienen Francia Márquez y su jefe directo Gustavo Petro. Hace unos dos meses, según lo reveló el diario El País  de España, Álvaro Leyva se reunió con Mario Díaz-Balart, congresista republicano, y le planteó la posibilidad de derrocar al presidente Petro en unos audios que están en poder de la inteligencia colombiana. En ellos, según dice El País, Leyva les dijo a los congresistas republicanos que supuestamente contaba con el apoyo de la vicepresidenta Francia Márquez. Se escucha al excanciller leyendo unos mensajes de WhatsApp en donde Francia diría lo siguiente: “31 de marzo. [Leyva dice] Sigue en mi mente con más vigencia. Mucha fortaleza. Cero debilidad. Abrazo. [Contesta Márquez]. Buenos días. Muchas gracias. Así seguimos firmes para cumplir la promesa con el pueblo colombiano. Entonces, yo la aplaudo y le mando corazoncito”. Cuando el servicio de inteligencia le mostró a Petro estos mensajes, el presidente se reunió con Francia Márquez en privado. Ella le negó todo. Petro, igual, decidió tomar distancia y hasta el momento la relación es inexistente. En las últimas horas, Francia Márquez lanzó un comunicado en donde negó cualquier participación en cualquier tipo de complot. De la existencia de estos chats solo se conoce la versión de Leyva, quien no ha mostrado cualquier prueba real. Al excanciller, tan solo le bastaría con mostrar un pantallazo de los mensajes para comprobar su veracidad. Públicamente, la distancia entre Francia Márquez y el presidente surgió durante el primer consejo de ministros televisado, que ocurrió a comienzos de febrero. A Petro le habrían caído muy mal los comentarios públicos de Francia Márquez rechazando el nombramiento de Armando Benedetti como jefe del gabinete de ministros. Petro jamás se repuso de ser confrontado en público. Benedetti no solo se quedó en ese cargo, sino que siguió ascendiendo y hoy en día es ministro del Interior, uno de los cargos más influyentes en el gobierno. Tampoco le habría caído bien a la vicepresidenta el reciente nombramiento del pastor Alfredo Saade, reconocido por sus comentarios misóginos. Francia Márquez, en 2022, se convirtió en una bocanada de aire fresco en la segunda vuelta de la campaña presidencial de Petro y llevó a una buena cantidad de progresistas a decidirse a votar por la propuesta del Pacto Histórico a pesar de tener cerca a politiqueros como Armando Benedetti. Francia empezó este gobierno siendo protagonista de eventos y anuncios, pero, poco a poco, su papel se ha venido desdibujando. Una de sus grandes derrotas fue la caída del Ministerio de la Igualdad, que era una de sus propuestas estelares. La falta de ejecución, le costó la desaparición del ministerio. En este momento, la vice, quien siempre será reconocida por su valentía a la hora de defender causas tan justas y necesarias para el mundo, como el cuidado del medio ambiente, se encuentra en sus horas más bajas. Francia es una mujer joven, una líder reconocida, y su vida política no debería terminar justo después de haber ocupado uno de los cargos más importantes e influyentes del país: la vicepresidencia.

Por: Redacción Pares A comienzos de junio de 2022, un mensaje de Álvaro Leyva contra Rodolfo Hernández, en lo más álgido de la segunda vuelta presidencial, dejaba a las claras que, aunque venia de una tradición conservadora, Leyva tenía sangre progresista. En el duro mensaje, el político confrontaba al empresario santandereano, quien en ese momento tenía un cabeza a cabeza con Petro, para que saliera y diera la cara, ya que se había ido a los Estados Unidos y había rechazado incluso la posibilidad de un debate contra el candidato del Pacto Histórico. Leyva era el puente perfecto entre el centro y el progresismo. Desde el gobierno de Belisario Betancur, en 1985, demostró su voluntad de tender puentes hacia la paz. Por eso, Petro lo escogió como su canciller, una decisión ampliamente aplaudida. La confianza que tenía el nuevo presidente en el viejo político era absoluta. Tenía dos misiones encomendadas por el propio Petro, estar pendiente de la paz total y reestablecer relaciones con Venezuela. Allí aparecerían los primeros roces. Leyva no estaba de acuerdo con el nombramiento ni con un supuesto mal comportamiento del embajador en Caracas, el siempre discutido Armando Benedetti, así que las quejas constantes llegaban al Palacio de Nariño. Pero Leyva seguía firme en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Petro estaba lejos de pensar en removerlo. Cuando lo hizo, fue contra su voluntad. Apareció el escándalo de los pasaportes y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por parte de la Procuraduría. El presidente no pudo hacer nada. Leyva creía que podría seguir siendo una ficha importante para Petro, por eso esperaba un nuevo nombramiento en un cargo clave, pero este jamás llegó. Al contrario, el presidente cada vez lo fue apartando más hasta el punto de que, tal y como lo dice el artículo del diario El País  de España, en donde se revelan unos audios que demuestran que Leyva estaría participando en una supuesta conspiración para derrocarlo. Jamás le volvió a contestar el teléfono ni los mensajes. Entonces, aparecieron desde hace dos meses una serie de cartas del excanciller, señalando las supuestas adicciones del presidente. Según el artículo, el excanciller Leyva buscó en Estados Unidos la complicidad de Trump para tumbar a Petro, hacía parte de una estrategia de desprestigio para ir minando la credibilidad del presidente. Usando los contactos que tienen Leyva y su hijo dentro del Partido Republicano, alcanzaron a reunirse con el senador Mario Díaz-Balart, jurado enemigo de Petro y este le planteó la posibilidad de tumbar al presidente. A Petro le llegaron con las grabaciones, y antes de que estas fueran publicadas por el diario El País,  el presidente pudo escuchar lo que Leyva decía de él ante el senador republicano:  “Hay que sacar ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones [las presidenciales que están por celebrarse en 2026]... es que, además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar, ELN, los del  Clan del Golfo . (...) Yo he hablado con los gremios más importantes (...). Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero”. El servicio secreto colombiano fue quien recibió estos mensajes. Lo más grave es que, dentro del complot, aparece el nombre de otra de las personas en las que el presidente había confiado: Francia Márquez. Leyva supuestamente aprovechó un momento de debilidad de la vicepresidenta, el primer consejo de ministros de febrero de este año, en donde mostró públicamente su desacuerdo con el presidente por haber nombrado como jefe de gabinete al siempre discutido Armando Benedetti. El servicio secreto alcanzó a grabar el momento en el que Leyva leía una serie de mensajes en donde Francia Márquez, supuestamente, se habría mostrado de acuerdo con los planes de Leyva. El presidente confrontó a su vice y ella le negó todo. Desde ese reclamo, se acabó cualquier tipo de relación entre Petro y Francia. En este momento, tal y como lo revela El País , Leyva viajó a Madrid a refugiarse en esa ciudad, mientras pasa la tormenta. Algún sector de la derecha más radical ha decidido nombrar a Leyva como una especie de prócer. La verdad es que, desde los años de Ernesto Samper, se viene hablando de lo volátil de su carácter, de su vocación hacia la conspiración y de su poca lealtad. Este es otro de los capítulos vergonzosos de la historia de la democracia colombiana. Una puñalada en el corazón de Petro, quien confió ciegamente en un político conservador que creyó que jamás lo traicionaría.

Por: Iván Gallo Coordinador de Comunicaciones Los que dicen que Iván Cepeda es comunista no conocen su vida. Uno de los grandes rompimientos que tuvo con su papá, Manuel Cepeda Vargas, fue precisamente ese, el de no aceptar lo que había visto en los años ochenta durante su paso por Bulgaria y otros países de la Cortina de Hierro, un socialismo duro, inflexible, viejo. Él siempre ha sido todo lo contrario. Los que adoran a Uribe lo tildan de estalinista. El odio a veces ciega. Cepeda no es comunista, pero sí tiene un alto sentido de la justicia y de la dignidad. En julio del 2004 fue testigo de lo que se considera la mayor afrenta a la historia de la democracia en Colombia, la entrada al Congreso de los comandantes paramilitares Ernesto Báez, Salvatore Mancuso y Ramón Isaza. Afuera, en la Plaza de Bolívar, desde el Magdalena Medio, con buses pagados por la sangre derramada de inocentes, llegaban los simpatizantes de las AUC. Uno de los pocos que se resistió a este embate de la ultraderecha y que servía de colofón a lo que después se conocería como la Parapolítica, fue Iván Cepeda. Con una foto de su padre, el asesinado senador, dio una demostración de dignidad que aún hoy, veintiún años después, sus seguidores se lo reconocen. Un año después, arrancaría el Movice. Sé que Iván Cepeda, riguroso al extremo, no estará de acuerdo con que el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado nació específicamente en el 2005, cuando venía de un proceso de trece años atrás, que arrancó con la investigación Colombia nunca más  y con el esfuerzo de más de 200 movimientos que buscaban la reparación integral de las víctimas de la extrema derecha, que tuvo como protagonistas a los más de cinco mil integrantes de la Unión Patriótica asesinados. Una de las tesis más revolucionarias del Movice es la de quitar esa mentira histórica de que el Estado colombiano es una víctima, tanto de las guerrillas como del narcotráfico, así como también del surgimiento de los grupos paramilitares. En una de las entrevistas más reveladoras que ha dado Cepeda sobre este grupo, en el año 2008, dice el hoy senador lo siguiente: Ante esta historia distorsionada, el Movice surge como una alternativa de los sectores sociales- populares para construir su versión de la historia y ubicarla en el debate público buscando con ello que haya una perspectiva distinta de lo que ha ocurrido en Colombia. Por eso el Movice no se conforma ni se limita con la idea de reparación individual, verdad limitada y justicia de indemnización que quiere imponer el establecimiento a través de la Ley de Justicia y Paz que adelanta con algunos miembros de los grupos paramilitares (AUC) y que quiere ser impuesto a las víctimas. El Movice, como proyecto político, aunque no es un partido político, busca y propone una transformación de la sociedad. En una época en donde todos se inclinaban ante Uribe, el Movice le puso peros a la Ley de Justicia y Paz, y descubrió que esa ley serviría para una especie de reinstitucionalización del paramilitarismo. Señaló al Estado no como víctima sino como actor perpetrador de víctimas y ha sido un movimiento convencido de que la única salida al conflicto colombiano es la de la negociación. Aún en estos momentos, cuando los diálogos con el ELN parecen haberse hundido, Iván Cepeda, como jefe negociador designado por el gobierno, sigue aprovechando cada espacio público para contarle a Colombia la necesidad que se tiene de que se reanude la esperanza de la paz. Es la única posibilidad de salvar vidas en territorio. Pocos personajes de la vida política nacional generan tanta admiración como Iván Cepeda. Su compromiso con la justicia, la verdad y la reparación le ha pasado factura a su salud. Las veces que se ha caído, se ha levantado, y ahora se enfrenta con uno de los retos más difíciles para un político: llegar a la verdad en un caso que involucra a un expresidente. Tiempo después de haber visto cómo Mancuso era tratado como un rey en el Congreso, se encontró con él en una cárcel norteamericana. Mancuso le tendió la mano, Cepeda no se la dio, pero lo escuchó. Escuchó su genuina intención de contar la verdad y acercarse a la justicia. Sabe que, sin la versión de los paramilitares, las víctimas jamás podrán ser reparadas completamente. La verdad es lo único que importa.

Por: Redacción Pares En un solo año, 1993, fueron asesinados cinco abogados de Pablo Escobar. El plan para matarlos no surgió propiamente del capo del Cartel de Medellín, sino del grupo paramilitar los Pepes o Perseguidos por Pablo Escobar. Este conjunto de pistoleros estaba compuesto por los más sanguinarios miembros de dicho cartel, que decidieron torcérsele al “Patrón” por los continuos abusos a los que los sometía. Escobar empezó a cavar su tumba cuando, desfinanciado, después de la muerte de su primo, Gustavo Gaviria, decidió cobrarles “cuotas de guerra” a sus lugartenientes. No conforme con eso, empezó a secuestrarlos a ellos y a sus familiares. Los hermanos Carlos y Fidel Castaño fueron los primeros en organizarse contra él. La guerra era indiscriminada. Detenían, torturaban y descuartizaban a miembros y familiares de los sicarios de confianza de Escobar. Su familia tampoco estaba exenta de sufrir atentados. La única fuente que le permitía a Escobar negociar eran sus abogados. A los Pepes les costó trabajo entender la importancia que tenían para el capo sus penalistas a la hora de negociar con el gobierno de César Gaviria. En su momento de apogeo, cuando, a mediados de 1990, renunció a los carros bomba en las ciudades —en donde los activaba de manera indiscriminada— y decidió secuestrar a los hijos de las familias más influyentes del país. Por eso, en un lapso de tres meses secuestró a Francisco Santos, hijo de Hernando, poderoso hombre de negocios y dueño de El Tiempo , el periódico más vendido del país. Secuestró a la periodista Diana Turbay, directora del noticiero Criptón e hija del expresidente Julio César Turbay Ayala. Además, secuestró a Maruja Pachón, esposa de Alberto Villamizar, consejero presidencial y cuñado de Luis Carlos Galán; a Marina Montoya, hermana de un ministro de Virgilio Barco al que Escobar ya le había echado encima los perros de la muerte. Tenía un póker de ases, el capo, para llegar a un acuerdo con el gobierno Gaviria. El mediador era el abogado Guido Parra, quien tenía contacto directo con el expresidente Turbay y el propio Hernando Santos. Fue una negociación tirante, en donde nadie cedía un palmo. Parra quería hacer realidad su sueño de lograr un sometimiento a la justicia, sin conceder demasiado al Estado colombiano. Al no sacar con la rapidez necesaria los objetivos interpuestos por Escobar, Parra empezó a ser presionado. Tal y como lo cuenta Gabriel García Márquez en su reportaje Noticia de un secuestro , Parra le dijo a Hernando Santos que quería desaparecer porque su peligroso jefe, paranoico, afirmó sin pruebas que le estaba cobrando cuotas a los padres de los secuestrados. Huyó durante años hasta que volvimos a saber de él, en octubre de 1993. Al parecer nunca dejó de trabajarle a Escobar. Después de que este se fugara de la Catedral y fuera perseguido sin cuartel por los Pepes y el Bloque de Búsqueda, siguió siendo el enlace de Escobar con la superficie. Igual, Guido Parra tenía los días contados. Se escondía junto con su hijo Guido Andrés Parra Sierra, en una casa del barrio Aranjuez de Medellín. Allí fueron sacados por los Pepes, llevados hasta el parqueadero de un club llamado La Diez, metidos en el baúl de un taxi y asesinados cada uno con dos disparos en la cabeza. Les dejaron un letrero encima “Con esto te hacemos pagar Pablo, por los carros bomba en Bogotá”. No fue el único abogado cercano a Escobar que los Pepes mataron ese año. A Salomón Lozano le pegaron 26 tiros, también ajusticiaron a los abogados Raúl Zapata, Juan David Castro y a Victoria María Muñoz. Los Pepes querían dejar algo claro: no permitirían que el capo tuviera o buscara una salida legal para él o su familia. Escobar, después de escaparse de La Catedral, intentó infructuosamente conseguir asilo para su esposa y sus dos hijos, incluso para lograr una nueva salida negociada, pero no lo consiguió. Entre 1991 y diciembre de 1993 cuando cayó abaleado en un tejado de un barrio en Medellín, ser abogado de Pablo Escobar, qué duda habría, era el trabajo más peligroso del mundo.

Por: Iván Gallo - Coordinador de Comunicaciones Hace poco León Valencia cumplió setenta años. Para Andrés Caicedo, uno de sus santos literarios, sería un viejo. El caleño, compulsivo, prolífico, precoz, creía, como Radiguet, o Jimmy Hendrix, que había que vivir rápido y dejar un cadáver hermoso. Pero a Valencia ese tipo de vanidades no le van. Él sabe que los setenta son los nuevos cincuenta y por eso está lejos de ser un buey cansado. Movido por la incertidumbre de la pandemia, que no lo dejó disfrutar del todo el éxito de la que era hasta entonces su última novela, La sombra del presidente, una sátira sobre el autodenominado “Papá de Colombia” en donde mezcla el Yo el supremo de Roa Bastos con La fiesta del chivo,  y le echa encima un aderezo irresistible del mejor thriller , se encerró en su apartamento y el único consuelo que tenía era ver cómo se morían las hojas mojadas en la eterna llovizna de La Candelaria. Recordó amigos que no volvería a ver, los juntó en uno solo que se llama Apolinar Mosquera y empezó a establecer un intercambio de correos con ese personaje que terminó cobrando vida, como el Golem ante las oraciones del rabino Judá León en una sinagoga en Praga. Y un día Apolinar era un alma, era material del que se construyen los sueños. Y se volvió libro. El día que León cumplió setenta años celebró con sus amigos en una galería de arte en Bogotá. El mejor regalo no fue recibir a los que lo queremos; es un escritor ansioso y tiene sus prioridades, así que cuando Planeta llegó con las cajas de los libros y vio su portada, una especie de Sísifo cargando una gran roca, se sintió acaso identificado. Un libro más, a la larga es un libro menos. O, como lo dijo Ernest Hemingway, quien tenía la tendencia de olvidarse de sus libros apenas eran publicados: “Un libro terminado no es más que un león muerto” decía este cazador medio infame, que habría sido inevitablemente cancelado por la policía moral de nuestros días. Sin embargo, este libro marca un antes y un después para la obra de León Valencia. Para contar esta historia de amor, este retrato sobre una mujer hermosa e indómita, un negro que le cuenta a su amigo a punta de nostalgia, desde el refugio del covid, cómo fue su vida, Valencia escoge el camino de contar, seguro sin proponérselo, la historia de los sindicatos en Colombia y sus luchas, sus tragedias. Todos los hombres son solo un hombre y, por eso, es válido que escoja la sufrida vida de Apolinar para contarnos los últimos sesenta años de una lucha que no ha cesado, que no para de dejar lágrimas y muertos. Es una novela en donde León hace un ajuste de cuentas con algunos de sus ídolos más queridos: Jorge Artel, el gran poeta y otro que usaba puños en vez de versos, Muhamad Alí. Una novela que puede ser una canción larga, una celebración de gozo y también un abalao del Pacífico. Formalmente es su novela más ambiciosa porque hay monólogos que no dan pausa, hay monólogos como los de Molly Bloom que son corazones que no paran de latir. Y las cosas, cuando se dicen con esa intensidad, se deben decir sin puntos aparte. León Valencia tiene setenta años y lo dice sin sonrojarse “No soy un buey cansado”. En este momento tiene varios proyectos, algunos son investigaciones exhaustivas, rigurosas sobre una realidad que pesa como la roca de Sísifo. A veces no entiendo cómo puede ser tan riguroso como académico —los datos, las cifras, pueden ser adorados para él como algunos versos— y ser además un escritor tan agradecido con la vida como Henry Miller, como Carrasquilla, uno de sus autores favoritos. Es una muy buena noticia que uno de los autores colombianos más importantes del siglo XXI —en literatura, sus logros académicos que son monumentales y que han ayudado a tallar esta nueva Colombia son inobjetables   — esté lejos de ser “un buey cansado” y confirma, a rajatabla, que los setenta son los nuevos cincuenta. Este es un libro que tiene su playlist definida, que se escucha con boleros como Convergencia  de Pete “El conde” Rodríguez y con salsa de la más brava. Es el libro de un tipo que sigue siendo joven y feliz. Es un libro que se puede leer bailando.