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Por: Attila Lenti Se nos acerca la COP16 en Cali con mucha promoción. Es una publicidad muy bien invertida. Siempre me ha parecido raro que toda persona en Colombia conozca el mito del “segundo himno más bonito del mundo”, título imaginario proveniente de un comité misterioso y de incuestionable gusto musical, pero no todos sepan un hecho científico: que viven en uno de los países más biodiversos del mundo. Como si estuviéramos preparados para no saber sobre las verdaderas riquezas de nuestro país, para no ser ciudadanos conscientes y reclamar su protección. Colombia es un país que le da tres vueltas a Costa Rica en términos de condiciones naturales, pero que no las ha podido aprovechar de manera inteligente, para innovar y construir poder blando a partir de la conservación, la educación con diálogo de saberes, la bioeconomía sostenible con sistemas productivos agroecológicos, el liderazgo en acuerdos internacionales, o el diseño de nuevos mecanismos para la valoración de servicios ecosistémicos. No ayuda que no se haya concebido una integración a la economía mundial distinta a la que nos destinaron los colonizadores hace 5 siglos. Un cambio de paradigma, una política de Estado Ahora por fin tenemos un gobierno que ha puesto estos temas como eje central de su Plan de Desarrollo y ha hecho un importante trabajo en posicionarlos en la agenda nacional. Asimismo, para poner a Colombia en el mapa de los actores más relevantes en las negociaciones internacionales en materia ambiental. No es un logro menor. Sin embargo, aún falta realizar la tarea más importante, que es lograr las transformaciones necesarias en los territorios más biodiversos, pero más abandonados y afectados por el conflicto armado de Colombia. Para ganar credibilidad en los foros internacionales hay que mostrar resultados tangibles de implementación de las políticas públicas. Porque, como tantas veces, tenemos la ambiguedad de organizar un gran evento internacional con todos los actores relevantes apenas a unos kilómetros de territorios – con riquezas naturales y culturales inimaginables – que siguen esperando “su segunda oportunidad sobre la tierra”. Para construir un modelo económico productivo, con alto valor agregado y basado en el conocimiento y nuevas tecnologías, que aproveche la biodiversidad de manera sostenible pero que también tenga la capacidad de brindar bienestar en el campo, se necesita mucho más que una gran visión. Se trata de un esfuerzo nunca visto en la historia de Colombia que requiere el trabajo de varias administraciones consecutivas, y que a partir de hoy exige la coordinación efectiva de todos los sectores relevantes, incluidos los ministerios involucrados: Ambiente, Agricultura, Minas y Energía, Transporte, Educación, de Ciencia Tecnología e Innovación, entro otros. De igual manera, una constante coordinación entre las políticas nacionales, departamentales y locales. Hay que lograr que la transición productiva se vuelva una política de Estado que atraviese ciclos electorales. El reto de la implementación En un país de 60 millones de hectáreas de bosques y 39 millones destinados a la ganadería, los territorios con vocación forestal deberían tener sistemas productivos biodiversos que se integren al bosque. De lo contrario, van a causar daños ambientales. La agroforestería no es un sistema de uso de tierra desconocido en Colombia, ya que desde tiempos ancestrales las chagras indígenas – cultivos tradicionales que copian los mecanismos de la naturaleza – han producido comida, plantas medicinales, y han cumplido el rol de preservar la biodiversidad en la Amazonía colombiana. Para que la agroforestería pueda potenciar la biodiversidad mientras que produce materia prima para las cadenas de valor de la bioeconomía, es fundamental aprender de los pueblos tradicionales que conocen las complejas interacciones entre las especies nativas que sostienen cada ecosistema. Así podemos producir conservando, ofreciendo un hogar para las múltiples formas de vida, que en cambio nos brindan múltiples fuentes de ingresos, seguridad alimentaria y servicios ecosistémicos como el agua, el mejoramiento del suelo, o el control de plagas. Hoy este sistema de uso de tierra tiene el potencial de recuperar grandes áreas deforestadas y degradadas, así como de transformar la ganadería extensiva y deforestadora en una ganadería silvopastoril, regenerativa y sostenible. Más sana, mejor para la naturaleza, y mucho más rentable. El reto es fomentar la capacitación masiva de ganaderos, mostrándoles los beneficios tangibles e incentivando las mejores prácticas. La transición a bioeconomías basadas en sistemas productivos sostenibles, entonces, es principalmente una revolución del conocimiento. Creación e intercambio justo de conocimiento. Por supuesto, requiere instalar grandes capacidades de investigación en los territorios, no solo para conocer mejor nuestros ecosistemas, sino también para que esta información se traduzca en productos innovadores y tangibles de la biodiversidad. Porque es una revolución de la infraestructura también: no puede haber bioeconomías sin brindar servicios públicos estables y de buena calidad, formas sostenibles de transporte para los productos transformados en el campo, sedes universitarias con laboratorios y paquetes tecnológicos cuidadosamente adaptados a las condiciones locales. El nuevo modelo económico debe ser capaz de democratizar el acceso al conocimiento y las mejores tecnologías, para que los/las jovenes se queden en el campo con trabajos de calidad asociados con la bioeconomía local. El marco institucional todavía nos debe una ruta clara de bioeconomía de base forestal y lo más inmediato: reducir la burocracia y facilitar el acceso a recursos para potenciar los emprendimientos locales de bioeconomía. Nos quejamos de la deforestación, pero hoy un lote deforestado tiene más valor que uno con bosque. Debe haber varios incentivos para los productores para preservar la biodiversidad. El colombiano promedio poco o nada conoce los productos de su propia biodiversidad nativa. Eso contribuye a que casi no haya mercados locales para productos provenientes de nuestros ecosistemas. Crear una nueva cultura del consumidor tiene que ver con la educación para la salud, la buena alimentación y la identidad propia para valorar lo nuestro. ¡Tomemos jugo de azaí en vez de Coca Cola! Frente a la paz y el desarrollo de bioeconomías sostenibles estamos frente al dilema del huevo y la gallina. Se necesita seguridad física para desarrollar actividades económicas, así como se necesita un modelo económico viable y legal para el campo para expulsar la guerra alimentada por actividades ilegales. Lo cierto es que la implementación del nuevo modelo tiene que comenzar cuanto antes con todas las herramientas disponibles. En un mundo donde los ecosistemas están al borde del colapso, el país tiene la oportunidad de redefinir su identidad en el escenario global, no como una simple reserva de “recursos naturales”, sino como un bastión de innovación basada en la naturaleza. Al integrar el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas conla investigación científica, Colombia puede desarrollar soluciones que no solo salvaguarden su extraordinaria flora y fauna, sino que también impulsen economías sostenibles que beneficien a todos. El reto involucra la construcción de un sistema de gobernanza ambiental que pasa por la solución de retos importantes en por lo menos siete aspectos: conocimiento, financiación, infraestructura y tecnologías, marco institucional, participación ciudadana, producción y cadenas de valor sostenibles, y los problemas estructurales históricos del campo.

Por: Redacción Pares Desde que en 1997 se empezó a hablar de la represa del Quimbo las poblaciones de Garzón, Gigante, Agrado, Tesalia, Altamira y Paicol en el Huila, sabían que las cosas, de ahí en adelante, sólo irían cuesta abajo en su rodada. Era un proyecto de 810 millones de dólares que tenía varios padres, aunque la que mandaba era la italiana ENEL. Por sus terribles costos ambientales se les había negado la posibilidad de construirla hasta que el gobierno de Álvaro Uribe le dio el sí en el 2008. La Contraloría intentó cruzarse en el camino. La Procuraduría también. Las tierras eran demasiado buenas para inundarlas, para sacrificarlas en una hidroeléctrica que presuntamente serviría para darle energía hasta a Ecuador y Perú. Pero Uribe, bajo uno de sus lemas de gobierno, el de la “confianza inversionista” obtenido presuntamente por haber combatido a sangre y fuego a las FARC, puso al Quimbo como una de sus prioridades. La presidencia declaró públicas 35 mil hectáreas.  La gente se opuso, se organizó. Gente que vivía de una gran tabacalera que estaba en la región. Uribe quería asegurar la represa de cualquier sobresalto social. Imponente, dio un golpe en la mesa instalando el Batallón Especial Energético número 12, conformado por mil soldados que garantizarían el orden de los poderosos. Las familias que tenían predios en la zona y que resultarían afectadas hicieron acuerdos con la empresa que ejecutaría la obra, Emgesa, pero todo quedó en el aire. La gente sintió que no se habían cumplido los acuerdos. Que el daño sería irreparable y que ellos no tendría la compensación que merecerían. Es una pelea que aún continúa. En muchos lugares del país creen que el río Magdalena murió el 3 de marzo del 2012, ese día fue desviado el río para crear la represa. Todas las promesas se incumplieron. Al 12 de septiembre del 2024, fecha en la que se está escribiendo este artículo, Colombia se apresta a vivir un nuevo problema energético por culpa de la sequía que está afectando los embalses. Se suponía que el Quimbo arreglaría todos los problemas pero no es así: apenas aporta el 3% de la energía de todo el país. Uno de los sectores que mejor se unió contra el ecocidio de El Quimbo fueron los pescadores artesanales, contra los que se apuntó una despiadada campaña de desprestigio. Una de las fundaciones que elevó sus súplicas a exigencias fue la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, a ella pertenecía Nelson Medina Muñoz. Además de Asoquimbo, este líder pertenecía a la Asociación de Pescadores de Puerto Seco. Fue uno de los que supo imponer su liderazgo para realizar acciones de protesta tan potentes como el cierre de la vía nacional que pasa por Puerto Seco, en Gigante Huila. Fueron más de 300 campesinos los que en marzo del 2023 se hicieron escuchar en todo el país para que se conociera su problemática. Los habían dejado en la estacada, sin río, ni reparación. La vía comunicaba a los municipios de Gigante y Hobo. Miller Dussán, uno de los representantes de las comunidades afectadas dejó claro, leyendo un comunicado, lo que esperaban: “En el menor tiempo posible esperamos que el gobierno del Huila, las autoridades nacionales en Neiva se reúnan con Asoquimbo, para que se firmen acuerdos y compromisos que permitan dar cumplimiento a los siete puntos de petición que hacen las comunidades”.  La protesta duró 12 horas. Nelson Medina fue uno de los abanderados, de los líderes más destacados y por eso lo asesinaron. En esa zona las disidencias de Iván Mordisco, que siempre han visto con recelo los liderazgos sociales, lo puso en la mira. Al menos eso dice la información oficial. Primero empezó a recibir amenazas, luego hostigamientos hasta que las disidencias lo mataron en su casa, en Gigante Huila, frente a sus hijos. Eso fue el 26 de junio del 2023. Tenía 41 años. Según lo describen los que lo conocieron era un hombre de acción, decidido, al que nunca se le escucharon muchas palabras. Su muerte, a la que le falta investigación, fue atribuida a las disidencias FARC, aunque, en la región, creen que pudo haber sido otras razones. Pelear contra el Quimbo pudo haber sido una de ellas.

Por: Redacción Pares Fue, al menos curiosa, la actitud de los medios a la hora de abordar algo tan trascendental para el país como fue la ratificación la semana pasada del acuerdo de Escazú. Y es que lo más importante de esta decisión es que es la única forma que se tiene para blindar a los líderes ambientales. Durante el 2022 se asesinaron a 1572 líderes ambientales. Desde que Chico Mendes, un hombre de la selva brasilera, fue abatido frente a su casa por sicarios en 1988 por su determinación de defender al Amazonas de los madereros, mineros y caucheros, el líder ambiental ha estado en la mira de los que lo quieren todo. Así cayó Camilo Osuna, el muchacho que quería cambiar a Síloé. Durante todo el 2022 empezaron a aparecer grafitis en este lugar anunciando la llegada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La policía negó que este grupo armado hiciera presencia en esa localidad de Cali. Sólo hasta cuando ocurrió la masacre las autoridades se dieron cuenta de lo que estaba pasando. En la madrugada del cuatro de octubre del 2022 diez hombres encapuchados y con fusiles en mano irrumpieron en una casa del barrio Brisas de Mayo. A las cinco personas que estaban en esa casa los obligaron a salir de ella. Los pusieron boca abajo contra el pavimentos y luego les dieron tiros de gracias. No era nada más que el estado normal de las cosas en Siloé. Para los que no saben, Siloé está conformada por once barrios en donde viven 96 mil personas. Durante el estallido social del 2021 esta ciudadela fue objeto de la más dura represión por parte de policía y agentes del Estado. Habían jóvenes como Camilo Osuna que, además de tener una conciencia social completamente definida, también quería ayudar a quitar las estigmatizaciones. Por eso se inventó con unos amigos la Red de Huertos Agroecológicos y formó parte del movimiento Me pego al campo. Según Indepaz esto dio frutos inmediatamente “Recuperaron un espacio de zona verde abandonada con mala disposición de residuos y escombros en el sector del Morro en el barrio Siloé en la comuna 20 de Cali”. A los 26 años Osuna hacía parte de esa nueva camada de líderes, inspirados por jóvenes de impacto y trascendencia mundial como Greta Thunberg, convencidos de que los cambios se podían hacer desde la ecología, que el único camino de que la humanidad no se fuera al despeñadero era repoblar la tierra de árboles, bajarle al consumo de combustible, darle una vuelta al capitalismo. Pero el sueño para él acabaría pronto. Lo mataron un 6 de diciembre del 2023. Lo mataron como suelen hacerlo con los muchachos en Siloé. Alguien entre las sombras, sin testigos. Lo mataron por ser joven, por querer torcer el destino, por darle otra opción de vida a los que no tienen futuro. Lo mataron a balazos y su cuerpo quedó tirado en el suelo, como si fuera un muchacho que no valiera nada. La labor de Camilo Osuna ha sido recordada en Siloé en murales. Entre los muchachos de la Red de Huertos se convirtió en una leyenda. Su historia debe permanecer viva en la memoria. Es la única forma de honrarla.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Al iniciar septiembre de 2024, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó a los habitantes “del país” un balance de sus primeros ocho meses de su gestión de gobierno. Lo hizo en tono de respuesta, dirigido al presidente de la República, Gustavo Petro, quien le ha llamado la atención, de forma reiterada, por descuidar los programas sociales y priorizar, a cambio, las inversiones en infraestructuras físicas —caso Vías al Mar y Túnel del Toyo—.   Para el presidente Petro resulta muy desconcertante que un gobernador regional presione con tanta insistencia en la terminación de obras de infraestructura, que vienen de gobiernos anteriores, cuando esta “ya está prácticamente terminada”. Sobre todo en un departamento que tiene tantas problemáticas sociales urgentes, donde el “hambre aumenta” y “la educación sigue descendiendo”.   Para el mandatario de todos los colombianos es triste ver como durante el primer semestre de 2024 han fallecido al menos ocho niños por causa de desnutrición y cerca de 900 infantes, menores de cinco años, están a punto de morir por desnutrición aguda. De esta forma, se ve con preocupación cómo Antioquia compite con regiones como el Chocó y la Guajira por superar la tasa de mortalidad de niños y niñas por falta de alimentos.   También es triste y preocupante ver cómo en el segundo territorio más rico del país, luego de la capital colombiana, más de 400 mil adultos mayores están en condiciones de vulnerabilidad y 150 mil de ellos en pobreza extrema. Concentrándose las peores situaciones en regiones como el Bajo Cauca, Urabá o el Magdalena Medio, donde la inseguridad alimentaria está por encima del 70%.   Ante esta crítica, era de esperarse que Rendón haya querido insistir en su primera rendición de cuentas, antes de su primer año, en mostrar que su gestión como gobernador va más allá de insistirle al Gobierno nacional de la importancia de culminar la Vía al Mar, en pedirle que le entregue obras para él concluirlas, en proponer vacas para terminar túneles o en ponerse al frente de una campaña pro referéndum por la autonomía fiscal de los departamentos.   En este primer balance el mandatario regional buscó mostrar que su programa bandera se ubica en el terreno de la eliminación del hambre en el departamento. Para ello está invirtiendo este año $130 mil millones en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), incluyendo, “por primera vez” en el departamento, un PAE para alimentar niños en las comunidades indígena.   Con orgullo, el gobernador ha indicado que este programa, que espera se mantenga durante su mandato, destina el tributo más importante del departamento —por encima de los impuestos a los licores y el tabaco— a favor de la lucha contra el hambre. Iniciativa que es fruto de sus propuestas como candidato a la gobernación.   Además, le recuerda a los contribuyentes que este es uno de los primeros resultados de su buena gestión de gobierno. Una iniciativa legislativa, que presentó como la Ordenanza 02 a la Asamblea Departamental, a un mes de iniciado su período, y le fue aprobada como Ordenanza 04 por mayoría de los representantes departamentales, el 8 de marzo de 2024 —con 24 votos a favor— ( https://antioquia.gov.co/images/ordenanzas/2024/Ordenanza%2004%20de%202024.pdf ).   Un programa que cuenta con la suerte de tener como origen de los recursos el impuesto departamental a la movilidad vehicular. Y que debido a la buena publicidad de la destinación de los recursos, ha llevado a que en los primeros seis meses el recaudo haya aumentado en un 19%. Lo que significa que 876 mil vehículos han contribuido con más de medio billón de pesos —$539.328 millones— para acabar con el hambre en Antioquia.   Sin embargo al gobernador se le olvida mencionar que los diputados —pertenecientes en su mayoría a su grupo político— le entregaron a él, como gobernador, el manejo del 100% del tributo más importante del departamento para todo el período (Art. 1 de la Ordenanza No 4). Una Ordenanza que dice que para el primer año debe destinar, del impuesto vehicular, $320 mil millones a universalizar y ampliar el programa de alimentación escolar. Y que en los próximos tres podrán superar los $400 mil millones.   Además, en el segundo párrafo de la Ordenanza, se faculta al “gobernador para crear un fondo cuenta especial, sin personería jurídica, ni estructura administrativa, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, e implica las reglas de funcionamiento y administración”. Lo que significa que el mayor impuesto del departamento de Antioquia se le ha entregado al gobernador para que financie su programa (Parágrafo primero). Una facultad protempore, lo que significa que lo puede manejar a su antojo.   Esta autonomía administrativa y financiera le ha permitido al gobernador Rendón comenzar a organizar brigadas que recorren los municipios del departamento para entregar mensualmente miles de paquetes alimentarios a familias en situación de riesgo de desnutrición —tanto madres gestantes como hogares con niños menores a cinco años—. Y como la población en riesgo es tan grande en el departamento —cerca del 72% de los habitantes—, le queda muy fácil al gobernador la selección y entrega de estos mercados a los beneficiarios.   De esta manera, es común ver al gobernador o sus brigadistas, en cualquier parte del territorio departamental —Urabá, Bajo Cauca o Suroeste— entregando mercados. Recordándonos la vieja costumbre de los políticos que en campaña electoral, entregan mercados o bultos de cemento a la población con el objetivo de que posteriormente depositen el voto a cambio del favor recibido.   En síntesis, el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón quiere ser el líder carismático, que busca a los pobres en los municipios más alejados del departamento —como Vigía del Fuerte— para entregarles mercados, con la intención de “salvar vidas” y “sobreponerse al hambre” aunque eso pueda “costar mucho dinero”, como él mismo lo reconoce. ( https://www.facebook.com/reel/873371707552397 ).   Ante esta situación, hay que recordarle al Gobernador que su programa de erradicación del hambre de Antioquia, aunque puede tener buenas intenciones y ser muy populista, es anacrónico, que se superó desde el siglo pasado. Su política pública sigue un modelo asistencialista que busca entregar ayudas a grupos poblacionales vulnerables.   El gobernador y su equipo de trabajo ven a la ciudadanía como un sujeto receptor pasivo de programas sociales, al que hay que alimentar para no dejarlo morir de hambre. Lo que persiguen es ponerse, ante la opinión pública, como los líderes salvadores de los más necesitados, a los cuales, debido a su benevolencia, les entregan ayudas o les transfieren beneficios específicos a grupos vulnerables, seleccionados por ellos, de arriba hacia abajo.   Con ello el gobernador está logrando invisibilizar la ciudadanía, le están quitando el poder de agencia que debe tener. Para que piensen que la alimentación no es un derecho que tienen todas las personas, a gozar, en forma oportuna y permanente, al acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización, y que permita el desarrollo humano, tal como lo plantea la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) desde 2008.   Busca que a la población se les olvide que tiene derecho a exigir de sus gobernantes programas de soberanía alimentaria, para que sean las comunidades, las que administrando democráticamente los recursos —como tierra, agua, trabajo y semillas—, logren producir alimentos para comercializarlos y consumirlo de acuerdo a su cultura. Lo que conlleva trabajar en la instalación de capacidades en las poblaciones para que sean ellos los que gestionan y agencian su desarrollo.   Como nos lo recuerda la profesora Lorena Mansilla de la Universidad de Antioquia, en su libro Las políticas alimentarias y nutricionales en Colombia y América Latina, la seguridad alimentaria y nutricional, no debe concebirse como un programa para dar alimentos y calmar hambres sino una acción sistémica de soberanía alimentaria que permita la producción, distribución y consumo autónomos.   En conclusión, nos enfrentamos a la implementación de una política pública de seguridad alimentaria y nutricional en Antioquia, que dista mucho de las necesidades que tiene la ciudadanía para formular e implementar planes y proyectos que respondan a las necesidades de los territorios y que  mejore en el mediano y largo plazo la situación de seguridad alimentaria y nutricional de sus habitantes.   No estamos hablando de un cliente, al que periódicamente se le dan mercados, donde se pueden dar intercambios de favores, caracterizado por ser de corto plazo, del interés de un político; sino de avanzar en programas de protección social, que garanticen derechos en el largo plazo. Políticas que apunten a alcanzar la soberanía alimentaria y que cambien el paradigma de entregar o dar ayudas a una visión de construir programas y estrategias transversales que creen capacidades para dejarlas instaladas en la ciudadanía con un enfoque territorial y étnico. * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El País Hace dos meses, cuando atentaron contra Donald Trump en Butler California, durante un mitín de campaña, el presidente de Rusia Vladimir Putin guardó un enigmático silencio. Mucho se ha especulado sobre la relación entre el Nuevo Zar y el candidato republicano. Se ha afirmado que si Donald Trump hubiera sido presidente la guerra entre Ucrania y Rusia jamás hubiera ocurrido. Que la mutua admiración que sienten -un hecho fáctico- habría impedido que la OTAN pusiera sus tropas tan cerca de Moscú. Lo cierto es que Putin no llamó a Trump. Ahora el FBI descubrió el pasado domingo 15 de agosto que un hombre llamado Ryan Wesley Routh habría intentado disparar contra el expresidente quien se encontraba jugando al golf en el Trum International Golf Club de West Palm Beach en Florida. El sospechoso fue encontrado con un AK-47, una cámara Go Pro y, según lo que se ha encontrado en sus redes sociales, es un firme defensor de Ucrania. Este presunto atentado vuelve a abrir un viejo debate: ¿Qué tan cercanos son Donald Trump y Vladimir Putin?   La profesora Nina Khrushenka ha sido una crítica absoluta del gobierno Putin. El gobierno ruso ha respondido cancelándole su pasaporte. Investigadora del World Policy Institute y profesora de Política Internacional de la universidad New School de Nueva York, ha comparado al tandem Putin- Trump con un personaje chapliniano: el Gran Dictador, esa caricatura que hizo el genio del cine en 1940 sobre Hitler, cuando todavía era visto en Estados Unidos con simpatía por poderosos como Edgar Hoover, todopoderoso director de la CIA. El estilo grandilocuente de ambos fue comparado por la profesora como un “Reality show” lo que hacía Trump y como de dibujos animados la política de Putin.   Lo cierto es que en febrero del 2024 Vladimir Putin dio una de sus raras entrevistas a occidente. Aceptó dársela al periodista de ultraderecha Tucker Carlson quien incluso fue expulsado del canal Fox, quien no se distingue precisamente por su pensamiento de vanguardia, por sus posiciones extremas. Fox ha apoyado abiertamente las candidaturas de Trump y muchos le achacan su ascenso en la política. Putin, siempre reacio a los medios, dio una entrevista de dos horas a Carlson en donde se sintió tan cómodo que soltó varias carcajadas. Muchos calificaron este encuentro como decepcionante porque no se refirió a las elecciones norteamericanas ni a lo que estas constituirían para el futuro de la guerra en Ucrania. Eso sí afirmó que la relación que sostuvo con Trump mientras este fue presidente de Estados Unidos, entre el 2016 y el 2020, fue inmejorable.   Poco antes del mundial de Rusia en el 2018 Putin y Trump se apretaron las manos en Helsinki. El presidente norteamericano tuvo contacto con algo de lo que él no sabe mucho: un balón de fútbol. La relación de Putin con Trump estuvo marcada por su supuesta decisión de hacer hasta lo imposible porque Hillary Clinton fuera presidenta en el 2016. A pesar de esto Putin ha intentado mostrarse imparcial de cara a las elecciones de noviembre y el 5 de septiembre afirmó que su respaldo sería para la candidata demócrata Kamala Harris. Eso sí, lo dijo en un tono irónico. La primera vez que Trump se lanzó a la presidencia ambas personalidades decidieron demostrarse mutuamente su admiración.   En diciembre del 2015 Vladimir Putin afirmó que Trump era un hombre “muy brillante y talentoso” a lo que el norteamericano contestó “siempre es bueno que la gente te llame brillante, especialmente cuando la persona que lo hace dirige Rusia”. Las relaciones Estados Unidos-Rusia han sido complejas desde hace por lo menos un siglo, cuando los Bolcheviques derrocan a los Romanov e instauran una república de los trabajadores. Esto generó un desacuerdo histórico que estuvo a punto, después de la II Guerra Mundial, de convertirse en un conflicto nuclear que amenazó con destruir al mundo. Desde 1991 la tensión cedió luego de que se disolviera la Unión Soviética pero, desde el año 2000, con el arribo de Putin al poder por la vía de los votos, Rusia volvió a tener aspiraciones imperiales con cierto tufillo al viejo comunismo. Incluso, uno de los rasgos más polémicos que ha traído los 24 años de poder de Putin ha sido el intento de rescatar históricamente la figura de Stalin.   Lo único cierto es que el gobierno de Biden aprobó este año un paquete de ayuda de 92 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwan de los cuales más de la mitad iría destinado a la resistencia de Kiev contra Moscú. En el segundo debate presidencial que protagonizó Trump, el que lo hizo ya directamente contra Kamala Harris, el expresidente fue enfático: la guerra en Ucrania debe terminar pero no quedó claro si quería que este país se impusiera sobre Rusia. Además dijo una mentira descomunal: que Kamala Harris, como vicepresidenta de Biden, había fallado clamorosamente en una misión diplomática que hubiera podido evitar la guerra con Ucrania.   Lo único cierto es que la ambivalencia de esta relación se hace más profunda después de que un admirador de Ucrania hubiera querido atentar contra Trump.

Por: Redacción Pares Una de las promesas de campaña del actual presidente Gustavo Petro fue acabar con el ESMAD, regular el código policial contra la protesta. Durante el estallido social sucedieron hechos inclasificables, como la quema de un CAI en la población de Soacha, la tortura y asesinato del estudiante Javier Ordoñez, la pérdida de ojos de 81 muchachos que salieron a protestar contra el gobierno de Iván Duque. Poco después de cumplir dos años su mandato ha podido lograr regularizar la represión ejercida por parte de la Fuerza Pública contra la protesta social. La Fiscalía General de la Nación emitió nuevas directrices que redifinirán el tratamiento judicial de las protestas sociales pacíficas en Colombia. Esto desató la ira santa de personajes de la derecha como María Fernanda Cabal quien criticó la actitud de la Fiscalía de arrodillarse ante, lo que ella afirma, son ordenes directas del presdiente Petro.   La directriz surgió fue después de que la policía hubiera recibido ordenes para reprimir la protesta social pacífica de manera violenta en la época en la que Francisco Barbosa era fiscal. Para Cabal esta directriz “deroga el código penal y obliga a prevaricar a los fiscales. La Fiscal todavía estará unos años si no la tumban por su elección fraudulenta. No se ganen denuncias penales por seguir una directriz inconstitucional”. Para Cabal la Fiscal está legislando. Según especialistas esto no es exacto. Las directivas simplemente se acatan.   La verdad lo que está haciendo la Fiscal es seguir las directrices de la Corte Constitucional. Son 33 directrices que darán garantía a los que decidan salir a la calle a protestar. Estas directrices tienen cuatro bloques claves: la protección de la protesta pacífica, los límites del poder punitivo del estado, la tipicidad de los delitos asociados a la protestay el procedimiento para la investigación y judicialización.   A pesar de que congresistas uribistas como Cabal tengan miedo de que el país se vaya a incendiar porque esto le daría alas a los “vándalos” para salir a cortar calles, lo cierto es que en Colombia la represión a la protesta social a traído saldos trágicos. Nada más durante el estallido social en Colombia ocurrieron dos asesinatos en donde miembros del ESMAD fueron condenados. Uno de ellos el de Dilan Cruz, el jovene estudiante de bachillerato quien fue asesinado de un disparo por un agente de la poliçia y el de Daniel Alejandro Zapata Pavón, de 20 años, asesinado en las calles bogotanas y en el que fueron judicializados dos policias, Jorge Enrique Bombita Uriana y Abberson de Jesús Acosta.   Ahora todo esto cambio. Si la protesta, así altere el orden público, sigue siendo pacífica no podrá reprimirse. Esto cambia por completo las directrices que estaban en la época de Francisco Barbosa y que se volvieron más duras en el 2021, durante el estallido social. El espíritu de las nuevas directrices quedaría resumido en esta frase: “Las situaciones de alteración del orden público pueden llevar a situaciones caóticas, en las que si bien se cometen actos delictivos, estos responden a los ánimos exacerbados y no a una determinación criminal”.   La directiva no son más que recomendiaciones cuando se van a judicializar ciertas conductas durante la protesta social pacífica, pero que se realiza a sabiendas que la protesta social es un derecho avalado por la Constitución. Esta humanización de la represión a la protesta ha despertado ulticaria entre sectores de derecha. La pelea acá apenas comienza.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Alerta Paisa y La Critica Son nueve los grupos con los que el actual gobierno se están enfrentando y con los que piensa sentarse a dialogar en el marco de la Paz Total. El más complejo de estos diálogos es el que piensa sostener con las Autodefensas Gaitanistas, como se hace llamar el Clan del Golfo. En agosto del 2024 el gobierno afirmó que estaría dispuesta a llegar a sentarse en una mesa con esta agrupación delicitiva quien con más de cinco mil hombres es la estructura criminal más poderosa del país. A mediados de agosto y a través de la actual ministra de justicia, Angela María Buitrago, se autorizó un espacio jurídico para poder establecer estas mesas de diálogo.   El hostigamiento, asesinatos y amenazas del Clan del Golfo en territorio han sido una constante. Nada más el pasado 13 de agosto del 2024 el ejército nacional dio a conocer que 27 líderes sociales habían sido amenazados de muerte nada más en la región Caribe. Según la Fiscalía cada semana de este 2024 han sido asesinados un promedio de 3 líderes sociales. La mayoría de veces los responsables son las disidencias FARC y el Clan del Golfo. Desde regiones se ha pedido al presidente en varias oportunidades ponerle la lupa a estos hechos.   La tensión aumenta aún más cuando desde sus redes sociales los gaitanistas, como se hace llamar este grupo, cuestionan y llaman “enemigos de la paz” a las organizaciones sociales, a los líderes que denuncian los abusos de este grupo armado. El director de INDEPAZ, Leonardo González Perafán, anunció desde su cuenta de X lo que estaba sucediendo en el Chocó: el Clan del Golfo había obligado a mujeres Embera a bailar para ellos, en una clara profanación de sus costumbres. Las mujeres oscilaban entre los 14 y 19 años. Algunas de ellas, producto de la desesperación, decidieron salir corriendo de su territorio. Desde mayo la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo sobre varias comunidades chocoanas que reclaman ayudas humanitarias y recursos de indemnización por ser parte del conflicto humano a las mujeres que siguen siendo acosadas, estigmatizadas y violentadas en estos territorios.   La respuesta del Clan del Golfo a través de su cuenta de X certificada, “Gaitanistas”, es, como mínimo, cínica. Después de taggear a Gustavo Petro, al comisionado de paz Otty Patiño, este grupo armado señaló como “enemigos de la paz” a estas comunidades que han venido soportando los abusos del Clan del Golfo desde hace más de una década. El mensaje de los Gaitanistas fue esta: “Falso, enemigos de la paz siguen haciendo de las suyas con mentiras y falsas denuncias. Muy extraño que cuando se va a hacer una mesa de negociación, salen los mismos con mentiras y engaños a la comunidad”.   Por ahora no hay directrices para detener ni alterar las aproximaciones de negociación con el Clan del Golfo. Pero, en territorio, sobre todo en el Chocó, se le está pidiendo al gobierno garantías para proteger a los líderes y, sobre todo, a las mujeres Embera, que no se pueden conformar con ser víctimas mudas de un conflicto que no les concierne.

Por: Oscar A. Chala y Diego Alejandro Pedraza Investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: Diario de las Américas Del paquete de 8 reformas que el ministro Cristo mostró en la primera semana de agosto, hasta ahora se han anunciado o presentado 3: la reforma a la salud (que fue presentada al cierre de esta historia); la reforma laboral y la reforma a la educación (mucho más recortada que lo presupuestado inicialmente). Junto con ellas, el gobierno se ha lanzado a proponer una nueva reforma tributaria (atada al déficit de 12 billones de pesos que existe en el presupuesto general presentado para 2025) y una nueva ley ordinaria que reglamenta la jurisdicción agraria. Frente a la densidad de proyectos legislativos presentados hasta el momento, parece que el gobierno ha decidido, como lo indicábamos en este artículo , concentrarse en unos pocos ante la posibilidad que los tiempos no le den en el futuro cercano, cuando comience el calendario electoral, y tampoco logre mover gran parte de su agenda legislativa antes del cierre de esta primera parte de la legislatura, proyectado para la segunda semana de diciembre. Esto, junto con el ambiente de confrontación que hoy existe entre el gobierno nacional y el Congreso de la República, a causa de la no aprobación del presupuesto propuesto por el Ministerio de Hacienda, y luego de que el gobierno en varias oportunidades haya acusado al presidente del Senado , Efraín Cepeda, de presuntamente estar detrás de un complot para acabar con su vida y darle un golpe de Estado, hace que el trámite legislativo quede en vilo. De las 5 iniciativas de reformas presentadas en el Congreso, solo una (la reforma laboral) ha sido agendada para debate. El resto sigue sin ser agendadas, esperando a que posiblemente tras la aprobación del presupuesto, retomen su camino legislativo. Así, por ahora, van las apuestas del gobierno: Reforma laboral Fuente: W Radio. La reforma laboral, además de ser uno de los proyectos bandera del gobierno, es también uno de los pocos que ha logrado avanzar en medio del complejo trámite legislativo que ha imperado en el Congreso. Los avances en estos dos años van a pasos lentos y quizás pasa por la dificultad que genera la concertación con los partidos y los sectores implicados en el tránsito de la reforma.  En la legislatura anterior el cierre arrojó unos primeros consensos que llevaron a la aprobación por parte de la comisión. Con el texto conciliado en su mayoría, se esperaba que en esta legislatura que ya avanza se pudiera acelerar la discusión en plenaria, pero hasta el momento no se ha logrado avanzar en la misma.  La razón: la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez ha entablado conversaciones con el sector transporte y con sus gremios para conciliar la entrada de estos a la reforma. En un intento por ampliar el espectro que recoge y beneficia a los diferentes sectores de la reforma. Aunque se espera que esto abra un nuevo panorama para la reforma, el transito también se espera que sea bastante turbio, en especial por el hecho de que diferentes sectores de la cámara como el caso de las bancadas independientes sean escollo dentro del tránsito de la reforma laboral, con el argumento central del periodo de implementación y tránsito del nuevo régimen. Katherine Miranda, opositora del gobierno ha llegado a firmar que el caso de aprobar la reforma como viene habría riesgo de llegar a perder entre 400.000 y 700.000 puestos en el proceso de implementación.  Hasta el momento, el gobierno no ha intentado revivir artículos eliminados en la comisión, ni tampoco reformular el texto para el informe de ponencia. Una disputa a varias bandas que por ahora está en veremos.  Este es el proyecto con mayor avance de los presentados en el gobierno, pues ya tiene la ponencia positiva y negativa (15 de agosto de 2024), y ahora mismo se encuentra en fase de consulta de conceptos institucionales y de modificaciones antes de presentarse formalmente ante la Cámara de Representantes. Reforma a la salud Fuente:  W Radio. La reforma a la salud ha sido el gran proyecto que ha impulsado el gobierno nacional en estos dos años. La gran apuesta de Petro y probablemente, el proyecto que mayor costo político ha tenido para el ejecutivo.  Los sinsabores que quedaron de la legislatura pasada dejan en la mesa muchas preguntas para el nuevo proyecto, que acaba de radicar el gobierno con 48 artículos y el énfasis de que los ciudadanos “accedan a servicios de calidad sin barreras y con equidad”.  El transito comenzaría en cámara en donde se prevé un paso expedito, recordando que el gobierno sigue contando con mayorías en esta corporación. Después de ese paso, el proyecto llegaría a la comisión séptima de senado donde, como se vio con el proyecto pasado, la cosa no es fácil para el gobierno.  Quizás uno de los factores que más dificultan el paso de la reforma es la figura del ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien hasta el momento se ha visto como un hombre poco conciliador y bastante conflictivo a la hora de negociar los proyectos que conciernen a su cartera.  No se sabe todavía cual vaya a ser la estrategia que aplique el gobierno con la reforma de salud, por ahora solo queda en claro que la reforma no va a jugar con el ruido mediático que caracterizó al anterior proyecto y muestra de ello es la radicación en silencio, un viernes, cuando todo el congreso está en las regiones y los ojos del país se posan en otras cosas.  A corte de este artículo, este proyecto fue radicado el viernes 13 de septiembre, por lo que aún no tiene agendada una potencial fecha de debate, ni ponencias. Reforma al artículo 86 y 87 de Educación Superior Fuente: 360 Radio. Con la llegada hace dos meses de Daniel Rojas a la cartera ministerial de Educación, hubo un cambio total de enfoque frente a los dos compromisos que tenía el gobierno nacional frente a este sector. Durante la gestión de Aurora Vergara, la apuesta fue por una reforma total al modelo educativo a través del proyecto de ley que buscaba que fuera un derecho fundamental, que terminó siendo negociada con sectores independientes y de la oposición, pero generó el descontento de las bases del movimiento estudiantil universitario y del principal sindicato de maestros, FECODE, lo que conllevó a que posteriormente la bancada del Pacto Histórico en Senado le retirara su apoyo y la reforma se hundiera tras las acusaciones de los opositores e independientes de una traición por parte del gobierno. Rojas, en cambio, se volcó a unificar la propuesta de reformas a la ley 30 que estaban volando entre diferentes comisiones, y se adhirió a la idea defendida por Jennifer Pedraza y un sector del movimiento estudiantil en realizar cambios solamente al artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que regulan la financiación de las instituciones de educación superior y calculan la fórmula con las cuales las universidades reciben los aportes del gobierno nacional, que tal y como está contemplado hoy en la ley, solamente es del 30% del incremento real del PIB en el año. El nuevo proyecto busca que los incrementos se realicen con base en el Índice de Costos de la Educación Superior, cifra establecida y calculada por el DANE a nivel anual. Fue radicado el 3 de septiembre . Mientras que Vergara negoció su ley estatutaria con los partidos, Rojas hizo lo propio con el movimiento estudiantil, con las organizaciones de rectores y las asociaciones de educación superior, y el apoyo de un grupo mucho más amplio de congresistas (más de 70) quienes terminaron firmando el proyecto de ley. Aunque el proyecto ya fue radicado, aún no ha sido agendado para discusión, del mismo modo que aún no tiene aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Reforma tributaria Fuente:  El Tiempo. Quizás uno de los proyectos que más ha generado ruido en la opinión pública nacional ha sido la Ley de Financiamiento que presentó el gobierno, para paliar el déficit de 12 billones de pesos que tiene el presupuesto nacional, según cifras del Ministerio de Hacienda. Frente a esta historia ya habíamos adelantado en este artículo anterior que el déficit se presentó en la diferencia entre el recaudo planeado que la DIAN, entonces administrada por Luis Carlos Reyes, esperaba recuperar vía tribunales de arbitramiento, y la cifra real recogida, que generó este desfase. Según el gobierno, este déficit se explica por recursos de la nación que terminaron yéndose a cubrir fondos y subsidios al diésel, junto con un aumento del gasto público, impulsado por los gastos de funcionamiento y las cifras de inversión. Aun a pesar de ese incremento, se ha criticado la gestión burocrática del gobierno frente a la ejecución de proyectos y recursos apropiados, llegando a casos donde ministerios como MinIgualdad no ejecutan más del 1% de estos dineros. Para subsanar el hueco que deja el gobierno frente a la diferencia entre lo que quiere gastar y el dinero que tiene para hacerlo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, construyó un proyecto de Ley de Financiamiento que, entre otras cosas, busca recaudar 13 billones de pesos. De este proyecto hablamos desde la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en este artículo , señalando que entre los puntos clave está la reducción de la tarifa de renta para las empresas, pero manteniendo una mayor carga para sectores de alta ganancia como minas y petróleo. Se propone eliminar el régimen simple de tributación y aumentar impuestos a las personas más ricas, herencias y ganancias ocasionales. También se plantea ampliar el impuesto al patrimonio y aplicar un IVA del 19% a las apuestas en línea y a los carros híbridos, para financiar proyectos de energía renovable. La reforma también incluye medidas para fomentar la inversión en tecnologías verdes, incentivando la instalación de paneles solares en estratos bajos, y se adelantaría la entrada en vigor de la nueva regla fiscal. Sin embargo, enfrenta el reto de demostrar la eficiencia del gasto público actual, en un contexto de críticas sobre su coherencia y la capacidad de ejecución gubernamental. La reforma fue radicada el 10 de septiembre de 2024 , en plena discusión sobre la aprobación del presupuesto nacional. Ley ordinaria que reglamenta la Jurisdicción Agraria Fuente:  Ministerio del Interior. Al cierre de la legislatura pasada, el 4 de junio de 2024, el Congreso logró aprobar uno de los 3 instrumentos jurídicos con los que se planteó establecer el sistema de Jurisdicción Agraria, acordado dentro del punto 1 del Acuerdo de Paz, que tiene que ver con la Ley Estatutaria que reglamenta esta jurisdicción a nivel nacional. No obstante, el nuevo proyecto nació cojo, pues para poder crear las instituciones y los mecanismos de justicia de este proyecto, debe reglamentarse las competencias de los jueces agrarios, los conflictos que resolverán y las reglas de los procedimientos judiciales de estos tribunales. Con este punto el gobierno pretende cumplir su promesa de dar marcha a la Reforma Rural Integral pactado en los Acuerdos de Paz de 2016, iniciada con el acto legislativo que reformó la constitución para incluir a la jurisdicción agraria dentro de la rama judicial en 2023, y con la aprobación reciente de la jurisdicción agraria en sí, hace 3 meses. El proyecto anterior se presentó en septiembre de 2023 y terminó siendo archivado el 19 de junio de 2024, luego de que solo fuera publicada su primera ponencia. Este nuevo proyecto fue radicado el 27 de agosto, y aún no ha sido agendado ni para debate ni se ha construido ponencia sobre el mismo.

Por: Laura Bonilla Clemencia vive en una vereda a dos horas del casco urbano de Tame, Arauca. Allí, un grupo armado controla todo: lo que se come, se vende y quién entra o sale. Cuando su hijo enfermó, tuvo que viajar a Tame, pero los grupos armados dictan los horarios de movilidad. Clemencia pagó más por el transporte, debido a la extorsión, y tuvo que buscar dónde pasar la noche para no violar el toque de queda. En el pueblo, hasta los negocios pequeños pagan extorsión. Al regresar, debe justificar cada movimiento para seguir viviendo en su casa. Cualquier anomalía o comportamiento distinto debe informarse al presidente de la Junta de Acción Comunal, tan atrapado como ella en el control de los armados. De vez en cuando, patrulla el Ejército. Pero su presencia es breve, y los militantes de ambos bandos se repliegan esperando que se vayan. Cuando el Frente Décimo de las FARC se rearmó en 2017, consiguió rápidamente armas gracias a una frontera porosa y a las grietas en las Fuerzas Armadas, cuya corrupción es la grieta por la que salen las armas que luego usan los ilegales. Mientras tanto, el ELN aprovechó la ausencia de las FARC para fortalecer su control, y el Décimo se proclamó como la autoridad legítima, disputándose el poder con ellos. No hubo Estado de Derecho que se impusiera. La gente de la vereda intentó, con esperanza, ser parte de la paz prometida. Sembraron, participaron, opinaron. Hicieron mapas participativos y talleres. Aprendieron zapatería, a producir aceite de sacha inchi y chocolate artesanal. Pero los zapatos no se vendieron, el aceite fue muy costoso y el chocolate no pudo superar las barreras geográficas para venderse a un precio competitivo. No llegaron ni las vías, ni las escuelas, ni los empleos prometidos. El ELN "confiscó" fincas y tractores a las asociaciones campesinas, mientras el Décimo puso bombas a organizaciones de derechos humanos y asesinó a líderes sociales. La paz duró solo dos años, del 2016 al 2018. En el departamento, ni el ELN ni el Frente Décimo distinguen civiles de armados. Clemencia no participa en reuniones, por miedo. Cualquier desliz puede llegar a oídos peligrosos, y teme que se lleven a su hijo. Ahora, todo el mundo es enemigo de todo el mundo. Lo que ocurre en la vida de Clemencia ha sido llamado de muchas formas: gobernanza armada, criminal, reconfiguración del conflicto o cooptación del Estado. Algunos analistas dicen que la violencia se despolitizó; otros opinan que las bandas criminales se politizan. Mientras que para unos todo es igual, para otros nada lo es. Pero lo curioso no es la diversidad de explicaciones, sino que, a pesar de los diagnósticos, siempre hacemos lo mismo. Arauca ha pasado por militarización, procesos de paz y ciclos de diálogos, combinando estas estrategias en mayor o menor medida. Entonces, ¿qué falta? Tengo la intuición de que lo que falta es más sencillo de lo que parece. No se necesita un sistema sofisticado para creer en quienes viven bajo amenazas. Se puede atender mejor las alertas tempranas, asignar más recursos descentralizados y priorizar la prevención de violencias. Se pueden implementar programas de protección más rápidos y efectivos, que respondan de inmediato a las necesidades. A veces, las soluciones no requieren grandes innovaciones, sino la voluntad de escuchar y actuar a tiempo. Pero eso es justamente lo que no hemos hecho.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Semana Sobre las 11 de la mañana el Consejo Nacional Electoral los magistrados que conforman el Consejo Nacional Electoral valorarán la ponencia en donde se intenta comprobar que la campaña del hoy presidente Gustavo Petro violó los topes establecidos por un monto de cinco mil trescientos millones de pesos. La decisión de la presidenta del CNE, Martiza Martínez, de sesionar desde una guarnición militar provocó la ira del presidente. Desde Caquetá Petro afirmó lo siguiente: Hoy, Maritza Martínez (presidenta del CNE) está diciendo que se le permita hacer la reunión del lunes del CNE en una guarnición militar. Yo soy el comandante de las Fuerzas Militares y me toca decirles que la cuiden. Pero, entonces,  ¿qué miedo tienen ante el pueblo  para tomar la decisión ilegítima que quieren tomar?”.   La defensa del presidente, encabezada por el abogado Héctor Carvajal, solicitó una nulidad de la investigación. La ponencia que están estudiando los magistrados, según el presidente y su abogado, tiene vicios de nulidad. Uno de los dos encargados de hacerlo es Carlos Hernán Prada, reconocido uribista que ha mostrado, a través de trinos y acciones, la animadversión hacia el hoy presidente. Petro sostiene que estos movimientos del CNE revelan una clara intención de hacerle un golpe de Estado. “La idea es matarme o sacarme durante tres meses del poder” Ha dicho el presidente sin tener ninguna prueba. El clima se ha vuelto tan ríspido que la presidenta del Consejo Nacional Electoral llegó a dejar clara su intención de sesionar la plenaria protegidos bajo la seguridad de una guarnición militar.   De encontrarse que el presidente violó los topes de campaña nos veríamos en una crisis institucional parecida a la que se vivió en el periodo 1994-1998 cuando Ernesto Samper estuvo a punto de caer por el avance de la investigación que se le seguía por la entrada a su campaña de dineros calientes provenientes del cartel de Cali. La situación esta vez no es tan grave pero al actual presidente se le empantanaría aún más sus reformas que intenta tramitar desde el Congreso. Un Juicio político en la Cámara de Representantes sería nefasto para Petro quien se ha defendido señalando que en anteriores campañas presidenciales como la de Iván Duque se violaron los topes de campaña usando a personajes nefastos como el Ñeñe Hernández.   El recurso al que está apelando el abogado del presidente es recurrir al fuero que ostenta Petro. Por eso se ha solicitado una suspensión de la investigación y se cancele la votación. Sin embargo la decisión del CNE parece única y ya irreversible. El ex viceministro Luis Ernesto Gómez le recordó al presidente que el Consejo Nacional Electoral también investigó en el pasado a los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos sin que ellos llegaran a hablar de golpes de Estado. Ante esta referencia Petro le respondió a Gómez con un contundente “No confunda”. E intentó desmarcarse de estos ex mandatarios. El sábado en la Universidad Nacional, el presidente, quien habló ante cerca de 10 mil miembros de organizaciones civiles, líderes sociales y estudiantes, volvió a sacar los argumentos de siempre: todo se trata de un golpe de estado, de una estrategia de la oligarquía para tumbarlo “No necesitan de soldados para sacarme” afirmó. Este 16 de septiembre será clave para el presidente y su estabilidad.

Por: Alejandro Alvarado Bedoya Coordinador Línea Gobernabilidad y Democracia La democracia en Colombia no está en crisis, está en un largo proceso de maduración que ha salido costoso, pero que ha empezado a dar frutos con la conciencia social sobre la importancia de las instituciones y los funcionarios respetuosos del Estado de derecho y de un surgimiento de una nueva ética pública liderada por voceros de todas las corrientes del pensamiento político. Llegar a tener el derecho a competir en elecciones con posibilidades reales de ganar le costó a la sociedad Colombia 200 años de intentos y fracasos, y sobre todo de violencias políticas. El sistema político lo soportó y construyó una república entre balas y bombas, así son las cosas en clave colombiana. A veces sentimos desesperanza ante las noticias negativas y decidimos aceptar el pesimismo del pronóstico, sin embargo cada vez más el país tiene ciudadanías activas con capacidad de comprender e incidir en los debates públicos y esto ha sido el resultado de los esfuerzos conjuntos de la sociedad civil y al proceso de democratización de las últimas décadas. Nunca antes en la historia política del país las mujeres habían tenido posiciones de poder tan significativas como la Vicepresidencia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Así mismo podemos reconocer como sociedad la existencia de garantías y libertades sexuales, religiosas y políticas que están más cerca de su real eficacia que hace 30 años atrás. Claro que también en conmemoraciones y conversaciones sobre la democracia es tiempo de recordar a tantas personas que perdieron la vida por defender sus proyectos e ideas políticas, vidas que fueron raptadas, torturadas y perseguidas en su intento de crear un proyecto distinto del país que ha condenando a millones a la pobreza y a la exclusión. Colombia marcha sin duda a crear una nueva etapa de su democracia, pues el debate ya no se trata solamente de derechos políticos y procesos electorales, se trata de garantía de derechos, responsabilidad pública y derechos de comunidades étnicas e integridad del proceso democrático. Este país ha construido su sistema político a pesar de sí mismo y ha sido capaz de negociar en los últimos 20 años dos procesos de paz que aun con sus imperfecciones han salvado miles de vidas. De esta larga trayectoria nos queda la lección sobre el precio de la libertad, que es la eterna vigilancia. La democracia debe ser cuidada ante el riesgo permanente de caer en cantos de sirena, ante el peligro de los fundamentalismos y el extremismo, ante el riesgo de las violencias y las discriminaciones.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos Foto tomada de: Biografia y vidas En junio de 1947 Gabriel García Márquez había descrito Bogotá como una enorme parroquia en donde los hombres vestían de negro, no había mujeres en la calle y donde siempre llovía. Ese mes todo cambiaría en la ciudad. Al menos existió la intención de hacerlo. El gran urbanista francés Le Corbussier aterrizó en Bogotá invitado por Eduardo Zuleta Angel para dar una serie de charlas llamadas El urbanismo: ordenador social por excelencia. Fue un éxito pero también fue un cachetazo para la autodenominada Atenas de América.  Cuando se devolvía a Francia y veía a la ciudad desde el cielo lanzó una frase que sonó como un latigazo: a Bogotá había que demolerla y volverla a construir. Le Corbussier, quien después trabajaría brevemente en la planificación de una nueva ciudad, pensó en una urbe en donde en el año 2000 vivirían un millón de personas. Nadie imaginó el desastre social que transformaría a la capital en una urbe infernal de cinco millones de personas. Actualmente son casi nueve millones, abriendo maleza, rompiendo montañas, devastando. Bogotá es una ciudad enferma. Sólo en muy pocas partes se transformó el paisaje urbano pensando en que allí podrían habitar los seres humanos. Paraísos artificiales. Uno de esos artífices fue un discípulo de Le Corbussier, se llamaba Rogelio Salmona. En la oficina donde estoy escribiendo esto se ven en toda su plenitud las Torres del Parque. En 1965 uno de los lugares más representativos y visitados de Bogotá era la Plaza de Toros de la Santamaría. Políticos, intelectuales, artistas se daban cita en ese lugar. La tauromaquia era una de las bellas artes y no habían bienpensantes que pusieran entre dicho su poder estético. Por eso Salmona pensó en hacer en este lugar el conjunto habitacional más importante del siglo XX. Desde la terraza donde estoy puedo ver algo que caracteriza esta belleza: sus formas curvas, sus terrazas, sus 117 metros que albergan 294 apartamentos. Hay espacios que están bendecidos, se puede ver para abajo la arena de la Plaza y para arriba los cerros orientales. Gracias a las Torres, La Macarena se convirtió en uno de los epicentros culturales de la capital. Nacido en París en 1929, llegó a Bogotá con sus padres, de nacionalidad griega cuando tenía cuatro años. La familia había llegado a Colombia de paso pero su periplo se hizo permanente. Rogelio Salmona siempre fue un ciudadano del mundo pero pocos fueron más bogotanos que él. La conjunción de cables, adefesios, y calles trancadas por un tráfico que siempre ha sido babilónico, impulsaron en el arquitecto la necesidad de transformar su ciudad y convertirlo en La Ciudad.   Nacido en París en 1929, Rogelio Salmona vivió sus primeros años en la ciudad de las luces antes de que su familia se trasladara a la cautivadora Bogotá cuando tenía solo cuatro años. Fue en la capital colombiana donde Salmona descubrió su pasión por la arquitectura y se embarcó en un viaje de aprendizaje y creación que lo llevaría a convertirse en una leyenda del diseño arquitectónico. El 9 de abril de 1948 el joven artista tenía 19 años cuando estalló el Bogotazo y lo que se conocía como Bogotá se transformó súbitamente en ruinas. Regresa a París, en donde conoce a Le Corbussier y trabaja con el maestro. Aprende de él. Su periplo europeo terminó en 1958, desde entonces regresó al país a Bogotá, su ciudad. ¿Qué sería de esta ciudad gris sin, por ejemplo, la blibioteca Virgiiio Barco, con sus 14 hectáreas de diámetos, su forma circular, uno de los grandes legados de Salmona a la arquitectura moderna y una de sus últimas obras, inaugurada dos años antes de su muerte, en el 2001? ¿Se imaginan al centro sin el eje ambiental? Sería un espacio aún más kafkiano del que tenemos hoy en día. Salmona también diseñó edificios que no son de uso público, como la residencia de los vicepresidentes, inaugurada durante el gobierno de Andrés Pastrana para que viviera allí Gustavo Bell, o el edificio de Postgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, o la casa de Gabo en Cartagena o diseñar edificios para amigos cercanos a los que él simplemente le regaló los planos. Pero toda su potencia está en los 110 metros de altura de las Torres y como se va agachando el edificio gracias a sus terrazas, como se va incorporando al parque de la Independencia, a la Plaza de Toros, al Planetario y a la Septima, como si fuera un organismo vivo. Salmona, quien murió hace 21 años en el 2003, sigue emocionando y los que vivimos en Bogotá seguimos agradeciéndole: ¿Qué monstruo informe sería Bogotá sin sus curvas mágicas?