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Por:  Guillermo Linero Montes Todos los seres humanos tenemos individualmente poder. Su corriente definición lo describe como “la expedita facultad o potencia de hacer algo”. Una sola persona es capaz de darle muerte a un animal para alimentar a su familia. Una sola persona tiene fuerza para levantar piedras y construir un refugio para él y los suyos. Cuando un individuo, movido por su propia voluntad, aplica su fuerza para tumbar un árbol del parque porque le disgusta, y lo tumba por ello; entonces, ese ser individual, al utilizar su fuerza dentro de un contexto social y hacerlo en favor de un interés particular, correrá el riego de verse enfrentado con quienes se surtían de los frutos y se resguardaban bajo la sombra de aquel árbol. Algunos de sus vecinos, con la misma fuerza física suya, podrían reñirle por su conducta egoísta y ello podría originar un conflicto violento. Visto así el poder, además de ser motor de la civilización, paradójicamente también es generador de barbarie. En tal razón, al poder hay que saberlo usar, y el método básico encontrado por las sociedades ha sido reconocer que en un contexto de concentración social, la manifestación del poder individual únicamente tiene fundamento en cuanto dicho poder esté al servicio de una voluntad general, como lo es la convivencia pacífica. De hecho, en las sociedades civilizadas, el pueblo ha creado sistemas de derecho que garantizan el cumplimiento obligatorio de específicas reglas de comportamiento, en pro del bien común. El derecho dicta los límites (como prohibir la tala de árboles por el caprichoso interés de un particular) y establece las reglas del ejercicio del poder con legalidad (como permitir la tala del árbol si, por ejemplo, está infectado y perjudicaría el interés general). El derecho, distinto a los otros componentes que configuran a los estados democráticos, es cimiento esencial de las tres ramas del poder. En la rama legislativa se formulan las leyes, en la rama judicial se solucionan los conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre éstos y el Estado; y en la rama ejecutiva, se administra y vela por los intereses generales de la comunidad en función de realizar los programas por los que se haya elegido al presidente. Actividades, o mejor, responsabilidades, que implican naturalmente el Derecho, máxime si el nuestro es un estado social de derecho.  De esta triada, que divide el poder democráticamente, es claro que la más importante -que no la más poderosa- es la rama ejecutiva, en cuanto su tarea es llevar a cabo el mandato dado por el pueblo. En consecuencia, los gobernantes mantienen o deben mantener un diálogo con las comunidades, en una palmaria rendición de cuentas. Aunque hay ejemplos que contradicen la regla: recordemos al expresidente Virgilio Barco y su calidad de reyezuelo que le impedía tener contacto directo con el pueblo; y recordemos también al expresidente Duque y su repulsa por todo lo que implicara diálogo. Bajo semejante esquema político, los representantes de la rama judicial (los magistrados de las cortes y de los tribunales) y los de la rama legislativa (los representantes y los senadores) son protagonistas semi invisibles y en tal condición cometen sus actuaciones non sanctas tras bambalinas. De ahí las llamadas “jugaditas” y lo del “cartel de la toga”. Su invisibilidad los hace en apariencia inmunes a la presión del pueblo que, por desinformado (de ahí el malsano papel desinformador de la mayor parte de los periodistas a sueldo) no cuentan con argumentos para cuestionarlos directamente. Con todo, y por fortuna, la realidad es que la única fuerza con potestad natural para decidir qué camino debe tomar una sociedad cuando se trata de asegurar su progreso y convivencia, es el pueblo. El pueblo tiene la facultad consubstancial de revisar, modificar o cambiar las reglas de juego y a quienes las administran, cuando estas y/o estos no están funcionando como les corresponde. En Latinoamérica, cuando el poder popular se ha expresado, casi siempre lo ha hecho contra los gobernantes, y tal vez sólo ha ocurrido lo contrario en Colombia, y en ocasión del gobierno de Gustavo Petro, pues el poder popular -que no los tibios plantones- cuando se ha manifestado lo ha hecho específicamente en su favor y en contra del llamado régimen; es decir, en contra de los congresistas y magistrados corruptos, en contra de los mantenidos herederos de antiguos poderosos, en contra de los banqueros inescrupulosos y en contra de cuántos atesoran ilegalmente armas y dinero, llámense clanes familiares o bandas criminales. Por eso, en medio de las escaramuzas o hechos ciertos que buscan tumbar al presidente Gustavo Petro, este advierte -con seguridad pero sin amenazas- que el pueblo no lo permitirá. Y no hay que ser sabio en ciencias políticas para visualizar que así sería: que de pasarle algo al presidente, el pueblo se levantaría con la inmediatez de un resorte, y lo haría inequívocamente contra el régimen. Un hecho de semejante atrocidad, abriría las puertas, no a una turba multa que en su rabia destrozaría bienes públicos -como cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán-, sino a una revolución popular, que implica comenzar de cero, como una sociedad virgen, sin ricos ni pobres y sin ramas del poder; pero dispuesta a comenzar de nuevo, con un planteamiento organizacional del estado contrario a lo removido. Eso es tan previsible como indefectible.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Semana Desde el 3 de agosto la incertidumbre, el miedo y por supuesto la violencia se ha instalado de nuevo en las casas de la población en las regiones donde siempre ha estado la guerra con el ELN. En el nordeste antioqueño donde se disputan el oro, en Buenaventura donde a comienzos de la semana 12 personas fueron asesinadas en medio de enfrentamientos, en el Catatumbo donde se respira una inestable calma, en Chocó, donde los paros armados han confinado a centenares de personas, en Santander, Tolima y Vichada, en Arauca donde vuelan oleoductos y la confrontación con el ejército se vuelve cada vez más directa. Es imposible no ver al elefante en la sala. La guerra con el ELN ha vuelto, las negociaciones se han roto y desde el 3 de agosto del 2024, cuando se deja morir el acuerdo del cese al fuego, no queda sino la desesperanza en estos territorios. Por eso más de 700 organizaciones sociales de esas regiones, agrupadas en la Coordinadora Humanitaria Nacional se expresaron en comunicado para que ELN y el gobierno nacional no dejen morir los diálogos, hasta el momento empantanados, justo cuando se habían logrado acuerdos importantes como el de Participación, en donde una de las guerrillas más antiguas del mundo aceptaba abrir un camino hacia la búsqueda de convertirse en un futuro en un partido político. En apartes del comunicado se deja claro que por el nivel de los enfrentamientos los principales afectados es la población civil. Son incontables los desplazados en el Chocó, en la zona del Naya, en el Nordestre Antioqueño, en Pueblo Rico Arauca. Por eso dentro de la misiva hay frases que tienen su peso propio "Vemos con preocupación que se hayan congelado los espacios de participación, la mesa de diálogo e incluso el cese al fuego que dio un respiro a las comunidades que estamos en la mitad del conflicto". Desde la fundación Paz y Reconciliación se ha escuchado a la gente en territorio, sus súplicas desde hace semanas por que el comisionado de paz, Otty Patiño, esté más en sus pueblos, escuchando lo que está sucediendo, constatando que la situación se degrada con el paso de los días. “La crisis humanitaria que vivimos en los territorios es aterradora. El no respeto a la vida, el incumplimiento por parte de los actores armados del Derecho Internacional Humanitario (DIH), la no aplicación de los mínimos humanitarios que nos permitan sobrevivir al conflicto es muestra de ello", dice el comunicado. Hasta el momento no hay visos próximos que indiquen que los diálogos podrían sobrevivir, lo único que queda es la incertidumbre, el ruido de las bombas, el traqueteo de la metralla y el silencio del gobierno y del Comando Central que permanece inmutable ante las dos exigencias que le ha pedido al gobierno y de las que no se moverán: que los saquen de la lista de los Grupos Armados Organizados, y que no reconozcan al Frente Comuneros Sur de Nariño como un grupo con poder de negociación. Esta es la carta:

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos Decía Sábato, casi de manera candorosa, como si le fuéramos a creer, que él había escrito más de veinte novelas pero que casi todas terminaron quemadas. Era tan perfeccionista que sólo quedaron tres: El Túnel, Sobre Héroes y Tumbas y Abaddón el exterminador. Rulfo apenas pudo hacer un puñado de cuentos y luego una novela corta, Pedro Páramo, en donde puso a los muertos a caminar. No se necesita tener una gran obra para pasar a la inmortalidad pero tampoco está mal ser prolífico. Un escritor escribe, muy a su pesar y a veces escribe lo mismo y está bien. Disfruto mucho cada libro suyo y no los juzgo. Al contrario, los disfruto, desde los últimos, los que la crítica colombiana, abombada, terca, cursi, bogotana, ha tomado con dos deditos para no ensuciarse mucho. Tanto Memorias de un hijueputa como La conjura contra Porky me parecen dos cantaletas maravillosas, escandalosamente actuales. Se nota que a Vallejo el método consiste en leer mucho Celine y combinarlo con grandes dosis de chismes de internet. Estoy seguro que no se pierde los streaming de Vicky Dávila. Vallejo puede hacer lo que quiera porque su lengua viperina no lo llevará al infierno sino al paraíso de los grandes autores, algo que para él debe ser muy angustioso: imagínense a este antioqueño sin ínfulas de nada tener que pasar la eternidad al lado de los grandes literatos de todos los tiempos, con sus poses, sus dejos en francés, su egomanía. Pero eso es lo que le va a tocar hacer. En el año 2002 publicó una novela sobre su hermano Aníbal, al que el SIDA lo devoró en unos tantos meses. Era la única persona de su familia con la que se sentía cercano. A sus hermanos siempre los despreció por paisas, por ruidosos, de su mamá siempre creyó que era una aprovechada que vivía de la energía que le daban los más jóvenes. La novela se llamó El Desbarrancadero y como todas las grandes obras de la literatura, era más que sobre la degradación de una familia que vivía entre Boston y Laureles sino sobre un país que se iba a la mierda. Si tuviéramos que enseñarle a un marciano la situación en la que estaba Colombia a comienzos del siglo XXI habría que leerle en voz alta este monólogo que tiene la estructura en bloque de la cantaleta de una mamá paisa. Una cantaleta que va hasta lugares sórdidos de Bogotá en donde Aníbal, delirante de bazuco y aguardiente, dejaba abiertas las llaves de todos los grifos para inundar su apartamento y el del vecino y que todo el mundo se jodiera. El recorrido de Fernando y Aníbal en viejos Ford, por Junín, buscando peladitos como si fueran un par de vampiros, la retahíla contra los equipos de sonido a todo taco vomitando vallenatos, y la lucha del pobre Fernando intentando pararle la diarrea a un infectado de VIH que ya no tiene redención. Como Colombia. El desbarrancadero significó para Fernando la ruptura definitiva con el país y con los Vallejo. Buena parte de su familia no aceptó la manera como se refería a su mamá. Esa reacción queda plasmada en el sensacional perfil que hizo Luis Ospina sobre Vallejo llamado La Desazón Suprema. A sus 82 años regresó a Medellín, sigue diciendo que se va a morir pero hierba mala difícil muere. Al contrario, le va a tocar quedarse por estos lados acaso para siempre. Este jueves 12 de septiembre se hizo público que el Desbarrancadero, que en inglés fue traducido como The Abyss, es uno de las diez novelas nominadas para ganarse el National Book Award 2024. Vallejo comparte la lista con autores de renombre como Fernanda Trías, con Pink Slime, y Fiston Mwanza Mujila, con The Villain’s Dance. The National Book Foundation anunció que los ganadores se conocerán el 20 de noviembre durante una ceremonia en Nueva York. No sabemos se irá Fernando a eso. Cuando esta novela recibió en el 2003 el Romulo Gallegos en Venezuela casi quedan detenidos allí porque apenas se bajó del avión -acompañado de su pareja David Anton y del intelectual Mario Jursich- no hizo sino despotricar contra Chávez. Es un provocador inacabable y maravilloso. Ganarse este premio sería el colofón a una carrera con la que los críticos colombianos, acostumbrados a ejercicios estilísticos menos emocionantes, como los de la señora Sanín y el señor Vásquez, se han sentido incómodos. Vallejo igual no necesita de ningún premio para ser un clásico. Así espere con ansias la parca ya debe estar entendiendo que jamás morirá. Los viejos dioses nunca mueren.

Por: Lizeth Serrato Contreras Foto tomada del: El Tiempo La coyuntura energética que hoy afronta el país en términos de servicio eléctrico ha desatado una ola de quejas y pronunciamientos por parte de los usuarios y mandatarios de las distintas regiones de Colombia, en este caso el turno para manifestar la cruda situación es para la capital del departamento del Atlántico quienes han sufrido directamente no solo las oleadas de calor sino también la avalancha de cifras escandalosas de las tarifas de energía y el mal servicio prestado por AIR-E. Esta semana el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sorprendió a los habitantes de la Puerta de Oro de Colombia cuando dio a conocer una estrategia concreta para mitigar el golpe al bolsillo, el golpe de calor y dar un golpe a la ineficiencia en el servicio. El alcalde destacó lo imperativo en el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y el Ministerio de Minas y Energía para abordar los altos costos y la calidad en el suministro, haciendo énfasis en que el Atlántico es el departamento de la Costa Caribe que paga el servicio mas costoso de todo el país.                  El exceso de descaro por parte de Air-e es equivalente a las facturas que asumen los usuarios en Barranquilla, en donde los habitantes de los barrios estrato uno paga más de $100.000 pesos mensuales por el suministro, mientras que el monto en los estratos dos y tres asciende a más de $300.000 por mes. Las casas con estrato social mas alto elevan sus cifras a $2.000.000 o más. Sin embargo, no solo los hogares se ven en esta situación, sino también el sector industrial, quienes no entienden como, con la llegada de Air-e sus facturas pasaron de 20 millones de pesos a 40 millones. Frente a estos argumentos, las empresas aseguran que este incremento en las facturas tiene su origen en el mercado de compra y venta de recursos en Colombia, en donde se ubica la bolsa de energía y los precios se han disparado.  Pero, ¿qué propuso Char? El funcionario planteó un proyecto que basa su éxito en el uso de las fuentes de energía renovables, construyendo una granja solar para la instalación de 30.000 paneles solares que permitan proporcionar energía a 24.000 hogares en Barranquilla y alimentar el alumbrado publico en la arenosa. Esta iniciativa debe hacerse de la mano con el Ministerio de Minas y Energía, en donde cada parte asuma el 50% del costo total del proyecto, además, esta idea hace parte de la estrategia de la administración para crear una barrera de contingencia para el mal manejo de Air-e.                                                    Barranquilla además de estar expuesta a las altas temperaturas también está expuesta a recibir, mes tras mes, la amarga factura del servicio de energía en donde no se sabe que necesidad quedará sin solventarse para poder pagar los recibos que llegan a los hogares. Desde Pares le seguiremos el rastro a esta iniciativa en la Costa Caribe además de seguir de cerca la situación en materia de energía y de tarifas en la región.             Webgrafía: -       https://www.rtvcnoticias.com/gobierno-interviene-aire -       https://www.infobae.com/colombia/2024/09/09/pagamos-la-luz-mas-cara-de-toda-colombia-alejandro-char-sobre-crisis-electirca-en-barranquilla/

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Semana La violencia y el conflicto armado en Colombia continúan afectando gravemente a las comunidades rurales del país, particularmente en las zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal. En los municipios de El Bagre y Segovia, ubicados en la región del Bajo Cauca antioqueño, una nueva ola de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha desencadenado una crisis humanitaria que afecta a cientos de habitantes. Las hostilidades entre estos grupos armados han forzado el desplazamiento de más de un centenar de personas que habitan en al menos cinco veredas, convirtiendo el territorio en un campo de batalla. Los enfrentamientos se concentran en áreas rurales donde ambos grupos buscan controlar corredores estratégicos para sus actividades ilegales, incluyendo el tráfico de drogas y la explotación de recursos minerales. El panorama más grave se presenta en el municipio de El Bagre, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Esta área ha sido históricamente un punto de alto interés para los grupos armados ilegales debido a su ubicación estratégica y la abundancia de recursos naturales. En las últimas semanas, las veredas de Nueva Esperanza, La Ahuyama y Los Mangos han sido escenario de violentos enfrentamientos, lo que ha provocado el desplazamiento masivo de sus habitantes. De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, hasta el pasado 10 de septiembre se calculaba que unas 32 familias habían abandonado sus hogares, aunque se teme que esta cifra sea mucho mayor a medida que la violencia se intensifica en la región. En Segovia, otra zona clave por su actividad minera, las autoridades reportan una situación igualmente alarmante. La vereda La Manuela ha sido blanco de intensos combates entre las fuerzas de seguridad del Estado, representadas por la Décima Cuarta Brigada del Ejército, y el Clan del Golfo, que intenta expandir su influencia en esta área. El gobierno local ha hecho un llamado a la población para que mantenga la calma y siga las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades, en un esfuerzo por minimizar los riesgos para los habitantes. La raíz del conflicto en esta región radica en la lucha por el control de territorios estratégicos que permiten a los grupos armados desarrollar sus actividades ilícitas. Según el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, la confrontación entre el Clan del Golfo y el ELN responde a la disputa por los corredores utilizados para el tráfico de drogas, el control de cultivos ilícitos y los yacimientos mineros, particularmente de oro. Esta situación se agrava debido a la debilidad del Estado en estas zonas, lo que facilita la proliferación de grupos criminales y la expansión de economías ilegales. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, el vacío dejado por este grupo insurgente en ciertas regiones ha sido rápidamente ocupado por otras organizaciones armadas ilegales. En el caso de Antioquia, la zona limítrofe con los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar se ha convertido en uno de los focos más críticos del conflicto armado. Mientras el Clan del Golfo controla gran parte del territorio en los límites con Córdoba, la región que conecta Antioquia con el sur de Bolívar es disputada ferozmente por el ELN, el Estado Mayor Central (EMC) –disidencias de las FARC– y el propio Clan del Golfo. El Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño han sido, durante años, epicentros de conflicto debido a su relevancia en términos económicos y geográficos. Esta zona alberga la segunda mayor área de explotación de oro de aluvión en Colombia, según el más reciente informe de Antioquia Cómo Vamos . La extracción de oro, tanto legal como ilegal, ha convertido a esta región en un territorio codiciado por los grupos armados, que buscan controlar estas rentas para financiar sus actividades ilícitas. El Clan del Golfo, que ha consolidado su presencia como la principal organización criminal en el Bajo Cauca, ha emprendido una expansión hacia el Nordeste antioqueño, históricamente controlado por el ELN. La minería ilegal y el narcotráfico son los principales motores de esta expansión, lo que ha generado una intensificación de la violencia en la zona. Los enfrentamientos entre estos grupos han aumentado los índices de homicidios y desplazamientos forzados, afectando a comunidades que ya vivían en condiciones de vulnerabilidad extrema. El general Luis Emilio Cardozo señaló a un medio de comunicación que la Fuerza Pública está redoblando sus esfuerzos para retomar el control de las zonas afectadas, especialmente en El Bagre, donde el ingreso de estructuras del Clan del Golfo ha generado un aumento de los enfrentamientos. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido insuficiente para frenar la expansión de estos grupos armados, que continúan ejerciendo un control significativo en áreas donde la presencia estatal es débil o inexistente. Ante esta situación, las autoridades locales y regionales han hecho un llamado urgente al gobierno nacional para que refuerce las medidas de seguridad y atienda la crisis humanitaria que se está desatando en Antioquia. La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha advertido sobre el riesgo inminente de desplazamientos masivos si no se toman medidas inmediatas para proteger a la población civil. Las organizaciones de derechos humanos y agencias humanitarias también han comenzado a desplegar esfuerzos para brindar asistencia a las comunidades desplazadas. Sin embargo, la magnitud del conflicto y la falta de recursos hacen que la situación siga siendo crítica para miles de personas que han perdido sus hogares y medios de subsistencia. El conflicto armado en Colombia, lejos de haber llegado a su fin tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, continúa evolucionando en varias regiones del país. La lucha por el control de territorios estratégicos, alimentada por el narcotráfico y la minería ilegal, sigue siendo una de las principales causas de la violencia que afecta a comunidades rurales. En el caso de Antioquia, el conflicto entre el Clan del Golfo y el ELN refleja una guerra más amplia por el dominio de economías ilegales que no solo perpetúa la violencia, sino que también profundiza la crisis humanitaria en zonas históricamente marginadas por el Estado. Las comunidades de El Bagre y Segovia, así como otras afectadas en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, siguen esperando una respuesta efectiva del Estado que no solo garantice su seguridad, sino que también ofrezca alternativas de desarrollo que rompan con el ciclo de violencia y pobreza que ha marcado sus vidas durante décadas. Mientras tanto, el desplazamiento forzado y la incertidumbre siguen siendo parte del día a día de cientos de familias que buscan refugio en medio de una guerra que parece no tener fin.

Por: Isabela Puyana El Ministerio de Hacienda radicó la nueva reforma tributaria del Presidente Petro, que resulta ser el segundo intento de su mandato. Una  reforma ambiciosa que busca recaudar 11,8, billones de pesos en el 2025, cuando en promedio una tributaria recauda menos de 10 billones anuales. Aquí les contamos qué busca esta reforma y qué impuestos y ajustes propone en estos 15 principales cambios: Se le bajaría la tarifa de renta a las empresas Pasaría del 35% tarifa general, a mínimo el 27% según las ganancias de las compañías, pero para los sectores de minas y petróleo se mantendría la tarifa de 35% mínimo, con la sobre tasa podría pagar hasta el 15% más según los precios internacionales del petróleo y del carbón. 2. Desde el 2025 se propone eliminar el régimen simple de tributación En el pago de impuestos actualmente se permite pagar varios en uno y no hacer aportes a parafiscales como el ICBF o el Sena en el pago de nómina, para eso habría pagos de renta según las ganancias de las empresas. Según el Min Hacienda este mecanismo creado en 2018 en el Gobierno Duque no cumplió su objetivo de formalizar a más empresas del país y sugieren que se debe eliminar, pero esto, que para muchos le facilita las cosas a las pequeñas empresas ha generado muchos debates. 3. Se le sub iría el impuesto de renta a las personas  más ricas Esto ya se había propuesto en una reforma tributaria de Petro en el 2022, pero ahora se subiría del 39% al 41% para las personas con ingresos anuales superiores a 1.459 millones de pesos anuales en 2024, o sea más de 120 millones de pesos al mes. 4. Se aume ntaría el Impuesto a las ganancias ocasionales, dinero que se gana la gente como herencias   Mejor dicho, no es un ingreso laboral, la tarifa pasaría del 15% al 20% si es una herencia y si se gana la lotería, el baloto o algo similar pasaría del 20% al 25%.. 5. El doble de personas pagarían el impuesto al patrimonio   Pasaría de cobijar a 32.118 personas a 75.341 personas, o sea 1.3% de las personas que declaran renta en Colombia y el impuesto sería entre el 0.5 y el 2%, que antes estaba en 1.5% Hoy en día ese impuesto, lo paga personas que tienen más de 3,388 millones de pesos en propiedades, pero con esta tributaria lo empezarían a pagar personas que acumulen bienes por más de 1.882 millones de pesos y también se tendría en cuenta en el impuesto al patrimonio los bienes no productivos que tengan las empresas para que inviertan en cosas más productivas o paguen el impuesto. 6. Se limi taría al beneficio tributario que tienen las personas dependientes económicamente a su cargo, como por ejemplo, hijos, hijas o padres Esto seguiría aplicando para máximo cuatro dependientes, pero no se podrá repetir beneficiarios en distintos contribuyentes, mejor dicho, la mamá y el papá no podrían pedir el beneficio tributario por el mismo hijo o hija. 7. Aumentaría el beneficio tributario para quienes pidan factura electrónica Pasaría de poder deducir el 1% del total de sus compras con este tipo de facturas al 5% en 2026 y el 3% en 2027, siempre y cuando ese descuento o deducción no supere 11.300 millones de pesos en 2024 8. Se po ndría IVA en el 19% a las apuestas en línea Solo en 2023 movieron 36 billones de pesos y no pagan este impuesto. Esa plata extra ayudaría a financiar proyectos de energía renovable y mitigación contra el cambio climático. 9. Los carros híbridos dejarían de pagar el 5% del IVA y se les aplicaría el 19% Ese dinero extra ayudaría a financiar proyectos de energía renovable y mitigación contra el cambio climático 10. Se aum entaría la tarifa del impuesto al carbono que busca incentivar el uso de combustibles fósiles en el país Pasaría de cerca de 26 mil pesos por tonelada de CO2 emitida a cerca de 75 mil pesos, e iría aumentando hasta llegar a los 141,000. Estos valores están que cambiarían cada año. 11. Les pondrían techos con paneles solares a personas de estratos bajos en vez de subsidiar la tarifa de la luz a 2030 llegaría a un millón de hogares vulnerables, además, el Estado asumiría la deuda que tienen las personas de estratos 1, 2 y 3 por el congelamiento de la tarifa de luz en plena pandemia 12. Se pro pone que la nueva regla fiscal debía entrar en funcionamiento desde 2026, sin embargo proponen que se haga en el 2025, es decir, que se adelante El Gobierno ha podido bajar sus niveles de deuda desde la pandemia y podría gastar más el próximo año, versus lo que podría gastar si la nueva regla fiscal entra en vigencia desde 2026, eso le ayudaría a invertir en la reactivación económica según el Ministerio de Hacienda. 13. Habría más incentivo para la gente que compruebe a quienes le roban el dinero de impuestos al país 14. Se le quitaría el IVA a los servicios hoteleros de municipios de menos de 200 mil habitantes Aunque esto cobija  el 97% de los municipios, estos son minoría como aportantes económicos al país en su sector, según datos del DANE citados por el Ministerio de Hacienda 15. El debate La reforma tributaria busca darle beneficios a las personas para que inviertan en proyectos de energías no convencionales como la renovables, habrá que ver si el Congreso aprueba o no esta reforma ambiciosa, porque el debate está en si es coherente que el gobierno pida plata extra si no ha gastado o ejecutado la que tiene hoy.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: Portafolio A comienzos de septiembre, el presidente Gustavo Petro reavivó su discurso sobre ser víctima de un "golpe blando", afirmando que las instituciones del Estado estaban siendo instrumentalizadas en su contra. Estas declaraciones surgieron tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigar su campaña presidencial por posibles irregularidades en los topes de gastos de 2022. En un contexto donde el presidente ha sido crítico de las acciones del CNE y la Comisión de Acusaciones, Petro ha vinculado estos procesos con una estrategia más amplia de lawfare , similar a lo que ha ocurrido en otros países de América Latina. En respuesta a lo que considera una amenaza a su mandato, Petro ha impulsado la movilización de sus bases políticas y sociales. El 15 de septiembre se espera que movimientos sociales, sindicatos y seguidores de su proyecto político se reúnan para marchar en defensa del gobierno y en rechazo a lo que ven como intentos de desestabilización. Este llamado busca fortalecer su narrativa de resistencia frente a sectores de oposición que, según él, utilizan las instituciones para frenar sus reformas y debilitar su gestión. Sin embargo, ¿qué tanto hay de cierto en los temores del presidente ante un “golpe blando”?, ¿hasta dónde puede llegar el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones de la Cámara? Los verdaderos límites que tiene el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones de la Cámara Fuente:  Valora Analitik Lo primero que hay que reconocer es que la única entidad que tiene la facultad para juzgar al presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, tal cual está referido en los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución Política de Colombia, junto con el artículo 66 de la ley 1952 de 2019. En ellos consta que solamente el Congreso de la República tiene la facultad para investigar y sancionar al presidente. No obstante, lo que resolvió la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de agosto  es que el Consejo Nacional Electoral tiene toda la capacidad para investigar de manera administrativa a la campaña presidencial de Gustavo Petro, así como tiene la capacidad de tomar decisiones sancionatorias en aquel marco administrativo que puedan repercutir en los miembros del comando de campaña, en el mismo candidato electo y en los directivos de los partidos o movimientos políticos que avalaron la campaña. Lo único que no puede hacer el Consejo Nacional Electoral es destituir del cargo al presidente, pues en ese caso la competencia la tiene el Senado de la República, luego de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara acuse de manera formal al presidente. En este caso, algunos activistas y analistas políticos han señalado la posibilidad de que el presidente, en caso dado de comprobarse que se superaron los topes de gastos dentro de su campaña en 2022, pueda ser destituido invocando el artículo 109 de la Constitución, que señala que ante la violación de los topes, se pueden destituir personas electas por voto popular a través de la pérdida de investidura (para congresistas, concejales y diputados) o pérdida del cargo (para alcaldes y gobernadores). El problema que tiene invocar el artículo 109 en este caso es que en ningún momento el texto del artículo es claro en señalar a la figura del presidente, del mismo modo entraría en conflicto con el artículo 174, 175 y 178 de la Constitución, frente a cuál debería ser, en ese caso, el conducto regular que denote cómo y cuándo debería aplicarse este artículo cuando involucre al primer mandatario. Según lo reportó La Silla Vacía en abril de este año , la mayor parte de esta iniciativa ha surgido en círculos de derecha radical que ven en esta opción una salida rápida para sacar al presidente y a la vicepresidenta de sus cargos. Este grupo (conocido como “Juicio Político a Petro”, cuya página web dejó de funcionar, según lo indagado para este artículo) estaba promovido por Pierre Onzaga, empresario y arquitecto bogotano, quien ha sido una de las principales figuras de las marchas contra las FARC desde 2008 , y quien ha colaborado en la organización de varias de las manifestaciones contra el gobierno desde septiembre de 2022 . Ahora, si el CNE prueba que la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en 2022 superó el tope de gastos, debe compulsar copias de aquella decisión y denunciar al presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que allí se investigue. Allí, el presidente de la comisión designa a tres investigadores entre los congresistas que la componen, para que indaguen y decidan si existe suficiente material probatorio para archivar o no la denuncia. Este proceso ya se abrió el 6 de diciembre de 2023 , cuando la Comisión de Acusaciones inició una investigación previa por estos hechos. El 27 de febrero de 2024 la misma comisión ordenó recolectar nuevas pruebas, el 14 de marzo la comisión escuchó a Nicolás Petro , así como el 18 de abril escuchó en versión libre a Ricardo Roa, exgerente de la campaña y al empresario Euclides Torres. El 16 de mayo la Comisión le pidió al CNE la investigación por financiación a los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, ponentes de esta. Posteriormente, el 26 de mayo y el 6 de junio, la comisión remitió varias de las denuncias contra la campaña Petro al CNE, mientras que el 5 de junio y con votación 8 a 1, el CNE se declaraba competente para investigar la campaña, y ese mismo día solicitó la intermediación del Consejo de Estado por posible conflicto positivo de competencias con la Comisión de Acusaciones, que terminó dirimiendo este tribunal el pasado 6 de agosto. Luego del receso de mitad de año, las actividades dentro de la Comisión de Acusaciones están prácticamente paralizadas , luego de que en varias oportunidades se haya roto el quórum para sesionar. Con la decisión del CNE de no votar la ponencia de Prada y Ortiz, tomada el 29 de agosto, la comisión se rompió, por lo que las investigaciones previas, junto con la posibilidad de decidir si la comisión sigue con el proceso o se inhibe del mismo están ahora mismo detenidas. Futurología remota Fuente: Portafolio.com En caso dado de que los tres investigadores designados por la comisión (Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wadith Manzur, del Partido Conservador) encuentren pruebas suficientes que demuestren que la denuncia es cierta, pueden presentar una acusación formal ante la plenaria de la Cámara de Representantes, que deberá votarla con mayoría absoluta para que pase a juicio político en el Senado. En Senado se nombraría un representante acusador para el juicio y se votaría, también con mayoría absoluta, si el presidente es culpable de los cargos de los que se le acusa. En el caso de ser votado afirmativo, el presidente, junto con la vicepresidenta, tendrían que salir del cargo, así como el proceso pasaría a la Corte Suprema de Justicia. Tal y como lo señalamos en este artículo  y en este otro , lo más lejano que ha llegado un proceso contra un presidente ha sido el juicio adelantado por el proceso 8000 contra el entonces presidente Ernesto Samper, que se cayó precisamente en la votación plenaria de Cámara, bajo el auspicio del caso Heyne Mogollón. Frente a la potencial votación de la ponencia de los magistrados Prada y Ortiz en el CNE, se esperaba que esta semana se reunieran para tomar la decisión, pero no fue así . El argumento para ello es que aún no todos los magistrados tienen un concepto definitivo frente a la ponencia, lo que deja como escenario probable la siguiente semana, pues el lunes 16 de septiembre se vuelven a reunir los magistrados y es potencialmente posible que discutan y voten esta ponencia. ¿Temores reales o infundados de lawfare ? Fuente:  Grupo de Puebla.org Tras la decisión del Consejo de Estado y la ronda de estudio que propuso el CNE sobre la ponencia que acusa a su campaña de superar el tope de gastos y de otras irregularidades en la campaña de 2022, Gustavo Petro volvió a señalar en el discurso de que era potencial víctima de todo un proceso de lawfare  en su contra , en medio de la firma de una directiva presidencial en la que ordena a funcionarios del ejecutivo estigmatizar a la prensa, el 9 de septiembre. También en X (anteriormente Twitter), el 7 de septiembre el presidente Petro señaló que el Consejo de Estado le despojó de su fuero constitucional, así como indicó que desde el Consejo Nacional Electoral esgrimen y conspiran un golpe de Estado en contra suya, señalando que el marco de investigación para topes de gastos se encuentra en un plazo de 30 días posterior al cierre de la campaña. A partir de esas declaraciones, el 9 de septiembre, comenzó a avivar el discurso de la defensa del Estado social de derecho y a llamar al “poder constituyente” para que se movilizara en defensa del gobierno del cambio. No obstante, la idea de un golpe blando en su contra parece no sostenerse, y la fragilidad de sus argumentos demostrarían el por qué no estaría en marcha uno. Aunque es verdad que la oposición ha buscado por vías institucionales frenar los proyectos de reforma y ha utilizado las vías jurídicas para tratar de entorpecer muchas de las decisiones del ejecutivo, Petro ha omitido señalar en sus discursos que tiene un colchón de votos en el CNE y en la Comisión de Acusaciones que, eventualmente, podrían impedir que cualquier investigación termine llegando lejos, tal como lo contamos en este  y este artículo  en días anteriores. Es más, que la comisión haya investido como investigadores a dos representantes a la Cámara por su partido hace que cualquier proceso tenga mucha más laxitud con él por su cercanía política. Es altamente improbable que la ponencia de Prada y Ortiz logren pasar en el CNE, y que, de la Comisión de Acusaciones, que sigue paralizada, salga una ponencia que apruebe acusar al presidente, por los votos que el gobierno tiene en ambas corporaciones. En el CNE, el gobierno tendría el apoyo de 5 de los 9 magistrados, mientras que en la Comisión de Acusaciones tendría 9 votos fijos de los 18 que conforman la comisión, además de que su actual presidente, Leonardo Gallegos, es un liberal cercano al gobierno. No obstante, el discurso del golpe blando capitaliza bastante bien entre sus bases sociales y políticas, especialmente frente al descontento generalizado por la lentitud en la aprobación de las reformas en el Congreso y por la creciente radicalización de la derecha frente a la gestión del gobierno nacional. Esto, junto con las presuntas pruebas de que existió un intento de atentado contra el presidente el 20 de julio ( que Revista RAYA denunció  y que Noticias Caracol cuestionó ) y con los ataques contra la vicepresidenta en el Cauca en meses y años anteriores, alimentan la narrativa de que el gobierno está siendo asediado por todos los flancos por las élites políticas y económicas, junto con la institucionalidad del Estado. A pesar de ello, existiría un desfase entre este discurso y los avances que el mismo ha tenido en el marco del Acuerdo Nacional, especialmente con las élites económicas que ya le han copiado varias veces a consolidar proyectos productivos y de transición energética en alianza con el Estado, y con las élites políticas que han vivido parte de la fragmentación de los partidos políticos en el Congreso, con la que el gobierno logró la aprobación de la reforma pensional y espera, eventualmente, lograr la aprobación del resto de proyectos de su paquete legislativo. Sin embargo, el temor de Petro no es infundado, y tiene origen más en el espejo de otros países latinoamericanos que en la realidad misma de Colombia en sus últimas 3 décadas. El caso de Manuel Zelaya en Honduras (en la que el Congreso, de manera ilegal, sesionó para destituirlo); el caso de Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (en la que hubo un proceso de impeachment contra la presidenta y un proceso judicial del que fueron absueltos); así como su propio caso cuando fue alcalde de Bogotá, tras la destitución ordenada por el procurador Ordóñez en 2013 ; el caso de Pedro Castillo y sus antecesores en Perú desde 2016; del mismo modo que las acusaciones contra Rafael Correa en Ecuador y el proceso contra Cristina Fernández en Argentina, han hecho que se cuestione a ciertos sectores del poder político latinoamericano por utilizar e instrumentalizar a las instituciones judiciales en contra de mandatarios y funcionarios para desestabilizar sus gobiernos o destituirlos. No obstante, no todo proceso judicial en este caso entra en esa definición, así como la correlación de fuerzas entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial juegan un papel muy importante, de igual manera que el sistema político de cada país y los conductos para que un presidente o funcionario elegido por voto popular salgan del poder. En el caso colombiano, con lo engorroso que es el proceso para que un presidente sea juzgado dentro de un sistema presidencialista, y donde ha primado el equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, la posibilidad de un lawfare (concepto que Petro ha estado utilizando desde 2018) se reducen ampliamente. Se espera que entre el 14 y el 16 de septiembre se reúna una asamblea de movimientos sociales, sindicatos y las bases políticas del progresismo , para definir su rumbo hacia 2026. Entre las acciones contempladas por esta asamblea, se ha programado una marcha por la defensa del gobierno y en contra del “golpe blando”. Según los organizadores del evento, no se hablará de una potencial campaña a la reelección de Petro.

Por: Daniela Paola Bernier Pacheco Air-e S.A.S. E.S.P. la empresa de energía que presta el servicio de energía eléctrica a los departamentos del Atlántico, Guajira y Magdalena solicitó ser intervenida por el Gobierno Nacional. Pero, ¿en qué consiste esta intervención? la intervención es una medida que toma la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de carácter excepcional que tiene como propósito garantizar la prestación del servicio a los usuarios. Tomada de La Razon.co Jaime Lombana defensor jurídico de la empresa en entrevista con la W Radio señaló que la solicitud de intervención es una crónica de una crisis anunciada pues los generadores de energía han venido aplicado un sistema de venta de energía monopolístico y arbitrario. Lo anterior, es financieramente insostenible de acuerdo al abogado, teniendo en cuenta también el pasivo que asciende a 1,8 billones de pesos por conceptos de opción tarifaria, consumo y el no pago del servicio en los territorios donde se presta el servicio. Lombana expresó que esta solicitud se hizo además con el propósito de que el mismo Gobierno Nacional tome las medidas necesarias frente a los generadores de energía y es que, quienes resultan con mayores afectaciones por los actuares de las generadoras son los usuarios finales. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Omar Camacho anunció en la Comisión Sexta del Senado que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) había emitido concepto favorable para la intervención de la empresa Air-e para seguir garantizando el servicio de energía en los departamentos de energía en los que opera la misma. El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga en entrevista con Blu Radio señaló que se encuentran analizando el concepto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tomar la decisión. Sin embargo, expresó que si es un hecho la intervención debido a que la empresa Air-e ha expresado que no puede prestar más el servicio por la situación financiera critica que enfrenta. En este punto, es necesario precisar, que la empresa será intervenida administrativamente, no será liquidada y continuará presentando el servicio de energía en los departamentos en los que opera por lo que no se afectará a los usuarios. De igual manera, la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios señaló que con la intervención van a revisar los componentes de la estructura tarifaria para iniciar a aplicar algunas medidas, así como aquellas encaminadas a prevenir un posible apagón. Air-e no es la única empresa que se encuentra en crisis pues el alcalde de Cartagena también advirtió que Afinia estaría a punto de tomar el mismo camino; el Superintendente expresó que toda esta situación, proviene de la liquidación errónea que tuvo Electricaribe, la empresa que anteriormente, operaba en estos territorios, quien fue intervenida y posteriormente liquidada. Pareciese entonces, que las crisis financieras en las empresas de energía de la región fuese una maldición de la que nadie se salva, esperemos que con las medidas que tome el agente interventor, Air-e pueda recuperarse y no llegar a una liquidación con el caso de su antecesora Electricaribe.   Referencias:   Blu Radio. (2024, 11 septiembre). Posesión de Air-e es con fines administrativos, no para liquidación: SuperServicios [Vídeo]. YouTube.  https://www.youtube.com/watch?v=XiyyZMeWFxw W Radio Colombia. (2024, 10 septiembre). Crisis de Air-e es responsabilidad de los generadores: Jaime Lombana, defensor jurídico | La W [Vídeo]. YouTube.  https://www.youtube.com/watch?v=RGk9VuDsdtg   LaRazon.co . (2024, 10 septiembre). Air-e solicita intervención del Gobierno ante crisis financiera - LARAZÓN.CO .  LARAZÓN.CO - Diario de noticias y actualidad en Colombia y el mundo .  https://larazon.co/region/air-e-solicita-intervencion-del-gobierno-ante-crisis-financiera Delgans, L. H. (2024, 11 septiembre). El ministro de Minas y Energía anuncia intervención de Air-e para garantizar servicio.  El Tiempo .  https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/el-ministro-de-minas-y-energia-anuncia-intervencion-de-air-e-para-garantizar-servicio-3379801 Quiceno, J. C. (2024, 10 septiembre). Air-e será intervenida por el Gobierno debido a la situación financiera que enfrenta.  Diario la República .  https://www.larepublica.co/empresas/air-e-sera-intervenida-por-el-gobierno-debido-a-la-situacion-financiera-que-enfrenta-3949406#:~:text=Air%2De%2C%20empresa%20que%20atiende,tratar%20de%20estabilizar%20sus%20finanzas .

Por: Redacción Pares En Amalfi la guerra no cesa desde hace cincuenta años, hombres tan violentos como los hermanos Carlos, Vicente y Fidel Castaño nacieron en este municipio del nordeste antioqueño. Las AUC, las FARC y otros grupos armados han teñido de sangre estos campos. En pleno 2024 la amenaza sigue latente. Durante los últimos meses hay un grupo llamado Libertadores del Nordeste que en la lucha por el control del oro se estaba imponiendo a los otros grupos en disputa por la explotación de las minas, el EMC -frente 36- el ELN y el Clan del Golfo. Libertadores del Nordeste tenía hasta 40 hombres dispuestos a darlo todo para apoderarse de 120 minas en ese lugar de Antioquia. Estaba liderado, hasta que lo mataron el pasado martes, por Jesús Agudelo Hernández, alias el Enano, quien se fugó de la cárcel La Picota el pasado 27 de junio. Desde ese momento los crímenes en Amalfi se dispararon. En el 2023 ocurrieron ocho asesinatos y en lo que va corrido del 2024 ya van 33. Todo apunta a la crueldad del grupo Libertadores del Nordeste. Debido a la ola de violencia desatada por este grupo el ejército nacional desplegó una operación llamada Agamenón que terminó con la caída tanto de Agudelo Hernández como de su lugarteniente, Alonso Echavarría Madrigal. La población sabe que acá no terminarán sus problemas. Como en tantos otros lugares del país, el Nordeste de Antioquia carga una maldición: su riqueza. Desde que llegaron los españoles hace cuatro siglos se vienen disputando a sangre y fuego su tierra. Remedios fue fundada en 1560, Zaragoza en 1581, Amalfi en 1776 y el Bagre en 1675. A estas cuatro poblaciones las une un hilo conductor sangriento: las guerras las azotas casi que desde su fundación. Sobre este lugar tan rico y tan maldito, el genial escritor antioqueño Tomás Carrasquilla dice en su novela Ligia Cruz: "Hacia allí corrieron los españoles (…) con sus reales, sus codicias y sus atrocidades, plantaron la cruz igualitaria de Dios Cristo. A las hordas de indios de encomienda juntaron los rebaños de hombres comprados; y aquello fue el desentrijar arreo de las vetas, y el desbaratar continuo de aluviones. A la poesía católica de las leyendas castellanas adunaron las supersticiones selváticas del Congo y de Angola; y aquello fue la yerba maléfica y embrujadora y el milagro de sangres sudadas por imágenes: Fue 'la uña de la gran bestia' y los escapularios de la Virgen. Revolviéronse las idolatrías del África salvaje con la religión del Crucificado; y aquello fue el monicongo venerable y el Cristo legendario de Zaragoza". El ciclo de violencia es una serpiente que se muerde la cola y que resume lo que muchos historiadores pesimistas afirman: hay loops que no se superan. A las grandes compañías que han hecho pactos de sangre con grupos violentos para quedarse con el oro, se sumó la maldad de hijos de la tierra como los Castaño quienes arrasaron con buena parte del país a finales del Siglo XX. Esa guerra ahora renace. Los seis grupos que van por las 120 minas más ricas del nordeste antioqueño, después de la muerte de El Enano y de la posible disolución del grupo Libertadores del Nordeste son: El Frente Capitán Mauricio del ELN, liderado por alias La Gata, el frente 36 del EMC comandado por alias Firu, y la subestructura del Clan del Golfo Jorge Iván Arboleda que está comandada por alias el Chuzo. Según El Colombiano “Todas estas estructuras se disputan la riqueza aurífera con pequeños grupos que vigilan a los que realizan la explotación de los predios, además de pelear por el movimiento de la madera que se explota en la zona rural”. Por la crueldad con la que actuaba, la determinación arrasadora, la invencibilidad que había ganado después de su espectacular fuga de La Picota, uno de los penales más custodiados del país, se espera que la muerte de El Enano signifique un periodo de paz para los de Amalfi. Aunque ellos saben muy bien que hay guerras en Colombia que duran mucho, casi una eternidad. La de Amalfi por el oro arrancó hace trescientos años. Cambian los actores, a veces las razones, pero la guerra sigue siendo la misma.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Aristegui Noticias En el año 2003 nadie tenía más poder en los medios de comunicación que José Obdulio. La comparación con Joseph Goebbels el ministro de propaganda del III Reich puede sonar un poco excesiva pero nadie dudaba que era el gran ideólogo de ese gobierno que duró ocho años. Tenía además una tribuna en el El Tiempo desde donde defenestraba a los opositores. A Claudia López, entonces joven investigadora de la fundación Nuevo Arco Iris, la llamó La Torquemada del Siglo XXI por sus investigaciones sobre la parapolítica en Antioquia. Persiguió, hasta obligarles a cerrar la revista Cambio, a Rodrigo Pardo y a Patricia Lara. Todo lo que oliera a antiuribismo olía por lo mismo a guerrilla. A pesar de que en ese momento Uribe tenía más del 70% de favorabilidad, aún habían valientes que decidían hacer oposición, una de ellas era Maria Emma Wills, catedrática, feminista, espíritu libre, quien se atrevió en el año 2003 una columna en el periódico UN titulada “Los consejos del Presidente” En donde cuestionaba estos actos evidentemente populistas que desperdigaba Uribe por todo el país para esparcir su “Seguridad Democrática” y lo comparaba con Alberto Fujimori, sobre el que ya pesaban los señalamientos de abusos de derechos humanos en su lucha contra el terrorismo que después se convertirían en condenas, y lanzaba dardos como estos: “como Fujimori, Uribe parece desconfiar profundamente de los partidos y de las instituciones de la democracia representativa". Luego le advertía al país los excesos que amenazarían las libertades y las instituciones en el país que se transformarían en la violación a la Constitución que le permitiría reelegirse en el 2006. Así que, ante esta columna, José Obdulio se remangó y publicó en el El Tiempo una columna titulada Álvaro Uribe, un Fujimori. Con bríos Gaviria, quien fue muy cercano -algunos dicen que hasta la militancia- en grupos subversivos en los años setenta, afirmaba que el pensamiento político de Uribe no empezó en el Perú ni en Venezuela sino en Colombia. Lo encumbraba y lo ponía al lado de figuras históricas como Rafael Uribe Uribe, Simón Bolívar o Gerardo Molina. Pero más allá, Gaviria, en un amor ciego que lo sigue atormentando, compara estos consejos comunales con los que hacía Rousseau en el siglo XVIII. Por eso a José Obdulio le parecía un despropósito por parte de la profesora Wills que sugiriera que Uribe, como Fujimori, terminaría siendo un dictador. En un aparte de la columna Gaviria se suelta y dice lo siguiente:  “¿Cómo puede hacerse comparación mecánica entre un líder formado en la democracia y el antitotalitarismo, con un vecino que apenas si conocía de lejos un partido y cuyos referentes eran el Imperio del Sol Naciente o las dictaduras militares? Decir que Uribe, como Fujimori, desconfía profundamente de los partidos y de las instituciones representativas no es una crítica; es una afirmación panfletaria, medio insensata, que merecería inclusión en cierto libro de Paul Tabori, de cuyo título no quiero acordarme -o, para ser sincero, cuyo título no quiero citar”. Fujimori acaba de morir en Perú, condenado, señalado pero también amado. Aún hay personas influyentes que afirman que fue el presidente más importante de ese país. Lo que no se puede olvidar es que, así no lo reconozca Gaviria, hubo un momento en que Latinoamérica veía en los arrebatos autoritarios de Uribe, claros visos fujimoristas. Y había gente a la que le gustaba. Paz en su tumba.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Campoalegrealinstante y lasillavacia Los diputados del Partido Alianza Verde, Virgilio Huergo Gómez y Armando Acuña, elegidos para el periodo 2020-2023 —como es de conocimiento público en el Huila— luego de compromisos previos, iniciaron un proceso de organización en pro de otorgar el co-aval del partido verde al candidato liberal Rodrigo Villalba Mosquera, asegurando el mismo y desconociendo las directivas del Partido Alianza Verde para el otorgamiento de avales.   ACUERDO DE COALICIÓN P. VERDE Y P. CREEMOS EN APOYO A RODRIGO LARA Prueba de ello se encuentra en la rueda de prensa convocada por Armando Acuña y Virgilio Huergo el pasado 25 de julio del 2023, a las 3:30 p.m, titulada “Pronunciamiento entorno al otorgamiento de aval por parte de la dirección de avales, al Doctor Rodrigo Lara”, en el cual se evidencia un claro descontento por parte de los diputados ante la decisión del Partido Verde de Co-avalar a la gobernación del departamento del Huila a Rodrigo Lara Sánchez, quien fue alcalde de la ciudad de Neiva por ese partido anteriormente [1] .   También existen otras pruebas del descontento de los diputados con la decisión de apoyar a Rodrigo Lara como candidato a la gobernación en diferentes medios como:   ●    Publicación La Nación del día 26 de julio del año en curso [2] . ●    Publicación del portal Germán Hernández Prensa del día 25 de julio de 2023 [3] . En las dos publicaciones son evidentes las desavenencias de los diputados contra la decisión de la Comisión Nacional de Avales del Partido Alianza Verde. De hecho, los dos diputados copresidentes de la Alianza Verde en Huila afirmaron que recibieron la solicitud de co-aval por parte del candidato Rodrigo Villalba, la cual obtuvo 12 votos positivos y 3 negativos, por lo que se esperaba la aprobación del coaval por parte de la Comisión Nacional.    Acorde con esas declaraciones públicas, los diputados actuaron en contra de la Dirección Nacional y apoyaron la candidatura de Villalba a la Gobernación, mientras ejercían como diputados verdes y como candidatos al mismo cargo para el período 2024-2027, y lo más grave, siendo directivos departamentales del partido.   Sumado a lo anterior, e l excandidato a la Gobernación del Huila, Rodrigo Lara, en entrevista con el Diario de la Nación posterior a las elecciones del 29 de octubre de 2023, afirmó no haber sido apoyado por los diputados elegidos para el periodo 2024-2027, incluyendo a los diputados Huergo y Acuña [4] .  Asimismo, el Diario del Huila se refirió al apoyo de los diputados Acuña y Huergo en campaña a Rodrigo Villalba y como aliados ahora en la Asamblea. Finalmente, La Nación el 2 noviembre 2023 reseñó que los diputados verdes no apoyaron a Lara y estaban en busca de una alianza con Villalba [5] . Todo esto da pie para considerar la demanda que se instauró contra el diputado Virgilio Huergo ante el CNE en julio de 2024 y las complicaciones que existen para comprobar estos casos cuando hay tantos espacios grises y lagunas para evadir la norma.   Por ejemplo, existen pruebas documentales de apoyos de la familia y del equipo político de los diputados a procesos políticos de otros candidatos diferentes a los avalados por el verde en varios municipios, pero no todas son directamente de los entonces candidatos a la Asamblea.   En el caso del diputado Virgilio Huergo Gómez, p ara la gobernación su asistente en la Asamblea Departamental Javier Monje registró en su perfil personal publicidad de Rodrigo Villalba. Para la fecha de los hechos, Monje se encontraba vinculado mediante contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, como auxiliar de oficina del diputado Huergo de la Asamblea Departamental del Huila, a través de contratos No. 013 de 2023 [6]  y No. 120 de 2023 [7]  como constata en la plataforma SECOP. Igualmente, publicaciones del perfil personal en Instagram de Javier Monje demuestran que hacía parte del equipo de campaña de Huergo y a la vez lo representaba en reuniones liberales en donde asistía el candidato liberal a la Gobernación del Huila [8] :   No solo existen pruebas del apoyo en las redes de miembros de equipo de Huergo, sino en las mismas redes de Rodrigo Villalba en el acto de entrega credencial del gobernador electo, en la que asisten los diputados que apoyaron en su campaña, entre ellos el mismo Huergo [9] . Otra prueba de la relación política entre los diputados electos de la Alianza Verde y del ya gobernador Rodrigo Villalba fue la selección de Betsabe Polania Quiza como secretaria de cultura del departamento. El medio Neiva 24 reseñó el 2 de enero de 2024 que la última respondía a una cuota de Armando Acuña y Virgilio Huergo [10] .   Esta participación dentro del gabinete de la Gobernación del Huila va en contra de la declaración política de oposición emitida por los representantes legales del Partido Alianza Verde al CNE del 29 de enero de 2024, donde se reconoce como oposición al gobierno departamental. Aparte del apoyo que Huergo prestó soterradamente a Rodrigo Villalba Mosquera, se encontraron apoyos en varios municipios del norte, centro y occidente del Huila donde compartió escenario con otros candidatos diferentes a los de su partido político. MUNICIPIO CAMPOALEGRE: Virgilio Huergo Gómez , apoyó a Carlos Alberto Cuellar, candidato a la alcaldía de Campoalegre por el Partido Liberal, nuevamente contraponiendo el coaval otorgado por la Alianza Verde a Víctor Ramon Vargas.   El equipo político del diputado en el municipio organizó una reunión en la que hizo presencia él y el señor Carlos Alberto Cuellar. La reunión tuvo lugar en septiembre de 2023, tiempo después de la entrega de avales por parte de los partidos políticos. En las fotografías se evidencia el número 55 que le correspondió al diputado Virgilio Huergo en la lista del Partido Alianza Verde. A continuación, se muestra la imagen del perfil de Facebook del candidato Víctor Ramon Vargas donde se evidencia el coaval otorgado por la Alianza Verde [11] . MUNICIPIO DE GIGANTE: Publicaciones realizadas desde la cuenta oficial (Prensa Gigante Amable) de quien sería candidato a la alcaldía del municipio de Gigante, co-avalado por el Partido Liberal y Cambio Radical, José Manrique Murcia, en el que se muestra el acompañamiento de los diputados Virgilio Huergo y Armando Acuña a su posterior candidatura [12] . Es importante señalar que si bien la publicación es de marzo 2023, los diputados Acuña y Huergo del Partido Alianza Verde buscaron co-avalar a José Manrique y llegaron a recomendarlos desde la Dirección Departamental, lo que no pudo concretarse por falta de anuencia de la Dirección Nacional. Episodios que fueron repetidos en los municipios de Helmut Falla Osorio para Baraya y Fernando Alipio Solano en Tello. Lo anterior es mencionado como argumento de las partes en la demanda por doble militancia ante el Tribunal Administrativo del Huila. MUNICIPIO DE BARAYA: En el municipio de Baraya, donde es oriundo el diputado Virgilio Huergo, se observa el apoyo al candidato a la Alcaldía por el Partido Liberal, Helmut Falla Osorio, antes de que le fuera revocado el acto de inscripción por el CNE el 29 de septiembre de 2023.   Tanto Huergo como Helmut Falla Osorio compartieron diversas publicaciones a través de sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram. En la mayoría de estas publicaciones aparece Virgilio Huergo o su asistente en calidad de representante designado, Javier Monje. Los textos que acompañan estas publicaciones expresan un respaldo mutuo y directo entre los candidatos.   El 17 de septiembre de 2023 Helmut Falla a través de sus redes sociales publicó imágenes de un mitin político que contó con la presencia de Juan Rodrigo Villalba, hijo del candidato a la Gobernación Rodrigo Villalba y también del entonces diputado y candidato Virgilio Huergo [13] , así como otra foto publicada por el mismo candidato a la alcaldía donde aparece nuevamente Javier Monje como delegado de Huergo [14] .   MUNICIPIO DE ALGECIRAS: En el municipio de Algeciras nuevamente hizo presencia Javier Monje como representante de Virgilio Huergo para apoyar la candidatura a la Alcaldía de  Alexander Martínez por el Partido Liberal en donde además se promocionó la candidatura del diputado verde [15] . MUNICIPIO DE RIVERA: El diputado Virgilio Huergo apoyó a Humberto Alvarado, candidato a la alcaldía de Rivera por el Partido Liberal en este municipio, el cual no fue coavalado por la Alianza Verde [16] .   MUNICIPIO DE PAICOL: Aníbal Chavarro Chantre fue candidato a la alcaldía por movimiento “Primero la Gente” y fue apoyado por las listas al concejo del Partido Liberal y el Partido Alianza Verde.   Desde el perfil de Facebook de Chavarro se publicaron imágenes de la inauguración de su sede política el 28 de agosto de 2023 con la asistencia del candidato a la Gobernación por el partido liberal Rodrigo Villalba y el diputado verde Virgilio Huergo [17] .   Con base en estas pruebas y otras más se presentó demanda de nulidad electoral mediante radicado 41001233300020240002600 , la cual se tramitó ante el Tribunal Administrativo del Huila con fallo absolutorio para el candidato de la Alianza Verde. Tal decisión contrasta con la tomada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el pasado 9 de noviembre del 2023, donde se declaró doble militancia y pérdida de investidura al Senador Alexander López por su aparición en un video realizando proselitismo con los logos de varios partidos incluidos el Polo Democrático y el Partido Alianza Verde, elementos probatorios considerados como suficientes por la sala para declarar la doble militancia.   El fallo argumenta que la pertenencia y suscripción a un partido obliga al candidato a cumplir las normas establecidas por la ley y las directrices tomadas por las directivas del partido frente a las coaliciones realizadas, y que estas decisiones son de carácter vinculante.   Sorprende entonces lo subjetivas que pueden llegar a ser la evaluación de pruebas en diferentes instancias como el Tribunal Administrativo del Huila y el Consejo de Estado.   O incluso las contradicciones que se evidencian en las mismas decisiones del Tribunal Administrativo del Huila al declarar la doble militancia a Cristian Bautista concejal electo del municipio de Neiva por apoyar a Rodrigo Villalba a la gobernación, lo anterior cuando la coalición de partidos que lo avaló (Nuevo Liberalismo y Creemos) celebraron acuerdos de adhesión a la candidatura de Rodrigo Lara [18] .     [1] Recuperado de: https://www.facebook.com/100063470870349/videos/816273756551871   [2]  Recuperado de: https://www.lanacion.com.co/pelea-entre-los-verdes-tras-aval-a-rodrigo-lara-   sanchez/ [3]  Recuperado de: https://www.germanprensa.com/politica/lara-no-representa-el-partido-verde-en-el-huila/ [4] Recuperado de: https://www.lanacion.com.co/desde-la-asamblea-comenzara-mi-proyecto-a-la- gobernacion/ [5]  Recuperado de: https://www.lanacion.com.co/villalba-podria-lograr-mayorias-en-la-asamblea-del-huila/ [6]  Recuperado de: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3981169&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true . [7]  Recuperado de: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5160637&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true [8]  Recuperado de: https://www.instagram.com/p/Cx15gz3M_lS/?igsh=MXd1b2lyMW1seGNzMg [9]  Recuperado de: https://www.instagram.com/p/C0AjHlGs-JC/?igsh=amc2aTg1czFoMjVp [10]  Recuperado de: https://www.facebook.com/share/p/MhJD3EXtMucuHqXj/?mibextid=qi2Omg [11]  Recuperado de: https://www.facebook.com/carlos.a.medina.940 [12]  Recuperado de: https://www.facebook.com/prensagiganteamable/videos/1164637080822578 [13] Recuperado de: https://www.facebook.com/HelmutFallaAlcalde/posts/pfbid02aCQoo7TYBGcTzaPv   KCeEarkaWi4Gittf9Cx16uKSKmoNxU8hyLMPKwQLszVacbZKl Foto II de: https://web.facebook.com/photo/?fbid=274962788728343&set=pcb.274963212061634 [14]  Recuperado de: https://web.facebook.com/photo?fbid=286968550861100&set=pcb.286968840861071 [15] Recuperado de: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=628659346112766&id=100069061177198   &mibextid=WC7FNe [16]  Recuperado de: https://www.instagram.com/p/Cw6CfxLMJ4i/?igsh=MWpyN3Q3emYxMXVjeA%3D%3D&img_i   ndex=1   [17]  Recuperado de: https://www.facebook.com/reel/997847407936340 [18]  Recuperado de: https://www.lanacion.com.co/concejal-de-neiva-cristian-bautista-pierde-su-curul-en-primera-instancia/

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Colombiano Al menos eso fue lo que afirmó el Ministro de Defensa Iván Velásquez, un hombre pausado que jamás en su larga carrera política y como magistrado, ha dicho cosas al garete. Si ha sido difícil tener las pruebas definitivas de la compra del software israelí que ya ha causado estragos en los Estados Unidos y España -en el mundo habrían más de 50 mil teléfono chuzados con él- es porque hicieron la operación asegurándose que estuviera revertido de un secretismo absoluto. Pero a pesar del sigilo con el que se habría movido la DIPOL han quedado rastros, pistas que dan para generar declaraciones y una de ellas, según Velásquez, podría conducirnos a que el origen de los 13 millones de dólares que habría costado comprar el software sería el dinero que queda de las incautaciones al narcotráfico. “La manera como se realizó eventualmente esta compra, pues naturalmente que pretendía garantizar el secreto absoluto, de manera que no está precisamente en documentos al alcance de los comandantes”. El martes 5 de septiembre en la noche, en pleno paro camionero, Petro sorprendió anunciando una alocución televisiva. Se creía en ese momento que el único tema sería las salidas que propondría a un paro que amenazaba ya con ahogar a ciudades como Bucaramanga y Bogotá. El origen del paro fue el levantamiento del subsidio al ACPM con el que algunos gobiernos habían consentido históricamente a gremios poderosos como Fedetranscarga, del reconocido uribista Henry Cárdenas. Pero no, Petro salió con una investigación de la UIAF, con el apoyo de una agencia de investigación israelí, en donde se comprobaría, a punta de pruebas, que Pegasus había aterrizado en Colombia gracias a la DIPOL quien compró en efectivo el software en pleno gobierno de Iván Duque y que estaba destinado para espiar a la oposición. En Colombia ya han existido casos juzgados y con condenas de espionaje. El más escandaloso de todos fue el que montó el DAS en los años de Uribe en donde su director, Jorge Noguera, pagó con condena esta violación de la privacidad. En una entrevista de RTVC publicada a principios de esta semana Yidis Medina, la Representante a la que funcionarios de Uribe como Bernardo Moreno, secretario de la presidencia, decidió convencer a punta de dádivas, torcer su voto en la Comisión Primera de la Cámara para cambiar la votación y poder modificar la Constitución para poder reelegir a Alvaro Uribe. Con Pegasus el gobierno Arabe pudo chuzar a Yamal Khashoggi, el aguerrido periodista que fue asesinado y, al parecer, desmembrado en la embajada de Arabia Saudita en Estambúl en el 2018. Se estima que serían más de 180 los periodistas en el mundo en el que Pegasus fue incertado en sus celulares. La capacidad para que se meta en los aparatos sin que la persona afectada se de cuenta es pasmosa. Además una vez el afectado está contaminado el resto de sus contactos también lo podrían estar. Hasta el momento la Fiscal Luz Adriana Camargo dice que no tiene pruebas suficientes para aseverar que Pegasus está en Colombia. El presidente se comprometió a entregar pruebas. El Ministro de Defensa ya mostró cual sería una de las líneas de investigación. Al parecer este 11 de septiembre, también a las 7 de la noche, Petro podría entregar nuevas pruebas ya que anunció una nueva alocución.