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Por Isabela Puyana La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate una ley que promete transformar el sector de la vivienda en el país, enfocándose en la sostenibilidad y en el apoyo a las familias de bajos recursos. Esta nueva normativa permitiría a los solicitantes de créditos hipotecarios o leasing habitacional incluir los gastos de escrituración y registro en el monto total del préstamo, lo que facilitará el acceso a la vivienda para muchos ciudadanos y solo hace falta la sanción por parte del presidente de la república. Promoción de Energías Limpias: Incentivos y Retos Uno de los aspectos más innovadores de esta ley es la promoción de energías solares para viviendas. Según el artículo 5º, el Gobierno, a través de los Ministerios de Vivienda y de Minas y Energía, desarrollará programas específicos para incentivar el uso de energía solar fotovoltaica en proyectos habitacionales, con un énfasis en apoyar a las familias de bajos ingresos. Este enfoque busca reducir la huella de carbono del país, promoviendo un modelo de vivienda más sostenible. Especialistas en energías renovables, como Ana Maria Ramírez,Senior Guest Research de la Universidad Técnica de Berlín / Asesora Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía subraya que "el uso de paneles solares puede reducir significativamente la dependencia de la red eléctrica y proporcionar ahorros importantes a largo plazo". Sin embargo, advierte sobre los costos iniciales: "La instalación de sistemas solares puede ser costosa, y esto podría incrementar el valor de las viviendas y, por tanto, el monto de los créditos hipotecarios necesarios para financiarlas", agrega Ramírez. Si bien el costo inicial de integrar tecnologías de energía limpia podría incrementar el precio de las propiedades, hay beneficios financieros considerables a largo plazo. Los propietarios de viviendas con sistemas de energía solar, por ejemplo, pueden ahorrar significativamente en servicios de energía, lo que representa un atractivo importante para los compradores, especialmente en áreas con altas tarifas de electricidad. Incentivos Financieros para la Adopción de Energías Renovables Otro punto a favor de la ley es que las entidades financieras estarán autorizadas a ofrecer tasas de interés preferenciales para aquellos que opten por integrar sistemas solares en sus viviendas, como se establece en el artículo 7º. Esto no solo mitigaría parcialmente el impacto del aumento en el valor de las propiedades, sino que también podría hacer que las hipotecas verdes sean una opción más atractiva. Perspectivas Futuras La nueva legislación no solo fomenta el uso de energías limpias, sino que también introduce cambios significativos en la financiación de viviendas. Actualmente el El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional del Ahorro se Unieron para financiar soluciones solares fotovoltaicas a través de créditos de mejoramiento de vivienda, Este acuerdo les permitirá a los hogares de estratos 1, 2 y 3 acceder a tecnologías de energía limpia, mejorar su infraestructura, reducir las facturas de energía en el corto plazo y mantener ese beneficio en el largo plazo. La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas; la presidenta del FNA, Laura Roa, y el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, hicieron hoy el anuncio que será clave para contribuir en el ahorro del costo de la energía, avanzar en el desarrollo sostenible del país y mejorar la calidad de vida de miles de familias colombianas. La aprobación de esta ley representa un paso importante hacia la sostenibilidad en el sector de la vivienda, aunque y su implementación requerirá un seguimiento cuidadoso para asegurar que los beneficios propuestos se materialicen de manera equitativa para todos los sectores de la sociedad.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada del: El País En medio de una compleja y tensa situación de conflicto armado en el departamento del Cauca, la comunidad campesina del corregimiento de San Juan de Mechengue, ubicado en el municipio de El Tambo, ha logrado un hito importante al adquirir maquinaria pesada para el mejoramiento de la infraestructura vial de la región. Este logro es fruto del esfuerzo colectivo de las doce veredas que conforman la comunidad, quienes, ante el abandono del Estado, decidieron organizar diversas actividades para recaudar los fondos necesarios. La adquisición de una motoniveladora y una retroexcavadora representa no solo un avance en términos de conectividad y desarrollo local, sino también un símbolo de resistencia y autodeterminación frente a la precariedad que enfrentan a diario. La compra de esta maquinaria, según relata Carlos Ovidio Valencia Moreno, representante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Honduras, fue posible gracias a la realización de actividades comunitarias como bingos, rifas y bailes, que durante más de un año permitieron reunir los recursos suficientes para adquirir el equipo. Valencia Moreno, al igual que otros líderes locales, ha sido enfático en destacar que esta acción refleja la necesidad de las comunidades rurales de buscar soluciones por sí mismas ante la falta de intervención estatal. "Nos cansamos de estar siempre en el olvido del Estado", afirmó, señalando que la maquinaria será utilizada principalmente para el mantenimiento de las vías que permiten el transporte de productos agrícolas y el acceso a servicios básicos en la zona. Sin embargo, este importante logro no ha estado exento de controversia. La presencia de disidentes de las FARC en el evento de entrega de la maquinaria ha generado preocupación tanto a nivel local como nacional, despertando nuevamente el debate sobre la relación entre las comunidades rurales y los grupos armados en zonas de conflicto. A pesar de esto, los líderes comunitarios han sido enfáticos en rechazar cualquier estigmatización que relacione a la población campesina con estos grupos. Según explicó Jorge Vaquero Cárdenas, otro representante de la comunidad del Cañón del Micay, la adquisición de la maquinaria fue totalmente legal y financiada con los recursos obtenidos por la misma comunidad. "El Gobierno Nacional nunca nos ha ayudado, menos las autoridades regionales, entonces como comunidad trabajamos por más de un año para reunir los recursos necesarios y comprar esta maquinaria", expresó Vaquero Cárdenas. La falta de apoyo estatal en el Cañón del Micay no es un fenómeno reciente, sino una constante que ha marcado la historia de la región. Las comunidades han tenido que organizarse y autogestionarse para subsistir y mejorar sus condiciones de vida, a pesar de los numerosos desafíos que enfrentan. La adquisición de la maquinaria representa un paso significativo hacia la mejora de la infraestructura local, pero también es un reflejo de la ausencia del Estado en territorios que siguen siendo dominados por grupos armados ilegales. Los representantes de las comunidades han dejado claro que, aunque los grupos armados ilegales están presentes en la zona, su participación en eventos como la entrega de la maquinaria no implica que hayan contribuido financieramente a las obras o ejercido presión sobre las decisiones comunitarias. "Son máquinas compradas legalmente, con dinero reunido con mucho esfuerzo de todos los campesinos del Cañón del Micay", explicaron, subrayando que los miembros de los grupos armados solo aportaron ideas en algunas discusiones, pero no recursos ni apoyo directo para la compra de la maquinaria. "Es injusto que se nos estigmatice por la presencia de estos grupos, cuando la realidad es que son las comunidades las que han trabajado para mejorar sus condiciones", concluyó Vaquero Cárdenas. En este contexto, la situación del Cañón del Micay ilustra una problemática más amplia que afecta a varias regiones rurales de Colombia, especialmente en el Cauca. La presencia de disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia ha generado una dinámica de control territorial que agrava la violencia en la región. De acuerdo con algunos habitantes de la zona, el control militar del área está en manos de los disidentes de las FARC, lo que ha provocado enfrentamientos mortales con otros grupos armados que buscan expandir su influencia. La falta de presencia estatal, sumada a los intereses de estos grupos ilegales, ha creado un ambiente de inseguridad permanente para los pobladores, quienes se ven atrapados en medio de la guerra y el narcotráfico. Un ejemplo reciente de esta situación fue la inauguración de un puente vehicular sobre el río Micay en el mes de julio, obra que fue financiada, según informes, con recursos provenientes del narcotráfico por parte de la estructura Carlos Patiño, una de las disidencias de las FARC liderada por Iván Mordisco. El puente, ubicado en la vereda Honduras del corregimiento San Juan de Mechengue, tiene la capacidad de soportar hasta cuarenta toneladas de peso y es fundamental para la movilización de la comunidad. No obstante, la presencia de guerrilleros armados en la ceremonia de inauguración, junto con líderes locales, ha generado críticas y preocupación debido a la legitimidad que estos grupos buscan al participar en proyectos de infraestructura pública. La comunidad de San Juan de Mechengue, al igual que otras comunidades del Cauca, sigue luchando por mejorar sus condiciones de vida en medio de un entorno de violencia y abandono. La adquisición de maquinaria pesada para el mantenimiento de sus vías es solo un ejemplo de cómo las comunidades han aprendido a resistir y a sobrellevar las dificultades que enfrentan. Sin embargo, la presencia de grupos armados ilegales sigue siendo una realidad que condiciona el día a día de estos pobladores, quienes, a pesar de todo, continúan buscando formas de salir adelante. Este caso pone en evidencia la necesidad urgente de una mayor intervención estatal en zonas rurales afectadas por el conflicto armado, no solo para garantizar la seguridad de sus habitantes, sino también para apoyar los esfuerzos de desarrollo que las comunidades están llevando a cabo por su cuenta.

Por: Rafael Acosta Enlace Tumaco de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Freyman Quiñonez Guerrero, becario de la  Escuela de Liderazgo Juvenil  de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Es un joven de 25 años, apasionado por el servicio socio-comunitario, liderazgo que viene desarrollando desde sus 11 años con la asociación de niños y niñas constructores de paz en el barrio California de la comuna 5 de Tumaco, donde ha realizado acciones y gestiones que benefician a cientos de niños. También ha extendido su liderazgo a otros sectores, como Brisas del aeropuerto, Chajal, Bajito, Vaquería, Bocagrande y en algunas veredas donde también ha inspirado con su entrega y liderazgo. A través de los años ha sido un gestor incansable por el empoderamiento de las comunidades vulnerables y la importancia de la participación de estas para el desarrollo de Tumaco. Es técnico en asistencia administrativa del SENA, técnico en servicio social y comunitario, tecnólogo en transformación del cacao y elaboración de productos de chocolatería industrial, y es estudiante de Sociología de la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD). A su corta edad ha ganado premios importantes que le han posicionado como un líder juvenil de impacto en el territorio. Recibió un reconocimiento en los premios ONG Despertar en la categoría de liderazgo social en el año 2014. En el año 2018 fue galardonado en los Premios Yolanda Cerón Delgado, premio que recibió por segunda vez en el año 2023 por su liderazgo social juvenil. Ha logrado incidir en diferentes procesos y organizaciones sociales: Es miembro de la fundación afrocolombiana Arcoíris. Fue consejero distrital y departamental de juventud (2023-2024), representante de aprendices Sena (2019), representante estudiantil de la Institución Educativa Iberia (2017) y secretario de la asociación de estudiantes ASOESAT desde el año 2017 hasta el año 2019. Actualmente es vicepresidente de la junta de acción comunal Barrio California, observador electoral en la Misión de Observación Electoral (MOE), consejero asesor y consultivo nacional de niños, niñas y adolescentes ante ICBF, destacado líder, reportero juvenil en Save the Children y catequista asesor de infancia misionera.   Siempre se ha caracterizado por ser un joven activo no solo en el liderazgo social sino por su espíritu emprendedor y resiliencia frente a los obstáculos de la vida. Se desempeñó como técnico en servicio de empleo durante 14 meses, surtidor en inversiones Merca z, auxiliar mediador comunitario de la fundación Alianza por la solidaridad, mesero en el hotel Las Lilianas de Bocagrande, asistente administrativo de la fundación Impulsando jóvenes al futuro, y actualmente es el enlace de la comunidad LGBTIQ+ en la Secretaría De La Mujer, Equidad y Género de la Alcaldía Distrital de Tumaco. Cree firmemente en el poder de los jóvenes y su papel en el impulso de las comunidades diversas en Colombia; dentro de sus labores principales está la capacitación y sensibilización continua a la población tumaqueña, construcción de una agenda de articulación institucional para el crecimiento de la comunidad diversa en los diferentes escenarios de impacto territorial.    "El camino no ha sido fácil, pero tengo claro que soy dueño de él y con las herramientas necesarias mostraré un liderazgo joven, diverso y fuerte en Tumaco y Colombia". manifestó Freyman Quiñonez.

Por: Redacción Pares Después de confirmarse que el domingo 8 de septiembre a las 11 de la noche doce personas fueron asesinadas en el Naya. En ese lugar se han venido presentando confrontaciones entre el ELN y el EMC. Incluso el pasado 31 de julio la Comisión Intereclesial ya se había reunido con miembros del consejo comunitario del Rio Naya y se les informó sobre la situación de extrema gravedad que venían presentándose por los continuos enfrentamientos entre grupos armados. Después de esa reunión se les advirtió al gobierno sobre las continuas afectaciones que venía sufriendo la comunidad. En un comunicado hecho público por la Comisión este 10 de septiembre se afirma lo siguiente: “En esta reunión se planteó al gobierno y representantes de las entidades responsables del cumplimiento de estas medidas, la grave situación de agudización y degradación del conflicto armado en este territorio, la crisis humanitaria en la que se encontraban los pobladores de esta cuenca. Manifestamos nuestra preocupación en esa reunión por el desconocimiento de la medida cautelar por parte del gobierno, principalmente en lo concerniente a la seguridad y protección de la población beneficiaria. No se cumplió con el control perimetral exigido por parte de la fuerza pública ni se adoptó ninguna otra medida”. Es que en las últimas semanas los enfrentamientos ya venían cobrando víctimas: más de noventa desplazados habían salido de la zona del Naya en poco menos de dos meses. Durante horas se trató sólo de un rumor pero la secretaria de seguridad del Departamento del Valle del Cauca, Ana María San Clemente, confirmó la masacre. Aún no se sabe la identidad de las víctimas pero periódicos como El Tiempo ya han difundido videos en donde se ven al menos cuatro mujeres asesinadas. La parte baja del Río Naya pertenece al distrito de Buenaventura. El puerto ha venido siendo escenario de diálogo entre sus principales bandas, los Shottas y los Espartanos. Incluso llegaron a tener más de noventa días sin víctimas fatales. Ahora Buenaventura es azotada por el viejo monstruo del conflicto. La información que se tiene por ahora está fragmentada. La Comisión Intereclesial determinó que de las 12 víctimas al menos seis de las personas asesinadas eran oriundas del municipio López de Micay, dos del río Naya y cuatro mujeres de las que aún se desconoce su lugar de origen. La estructura de las EMC que se mueve por ese lugar es la Jaime Martínez, que ha sido responsable de los atentados que sufrieron las caravanas de Francia Márquez en julio del 2024 y la de su padre unos meses atrás. Ellos están en confrontación con el ELN en esa zona del Valle del Cauca. La comunidad ha venido pidiéndole al gobierno más presencia en tanto a fuerza pública ya que los combates arrecian. A esto se suma que el pasado 3 de agosto el cese al fuego con el ELN se venció y a todos los males se agrega el de posibles combates entre esa guerrilla con la Fuerza Pública. En las próximas horas se espera tener más detalle sobre lo sucedido en Buenaventura.

Por: John Correa Romero Fuente: Aserta En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha revolucionado múltiples sectores, y la industria energética no es la excepción. Desde mejorar la eficiencia operativa hasta reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, esta tecnología presenta un enorme potencial para transformar el sector energético. Sin embargo, su uso también plantea desafíos importantes en términos de consumo energético y sostenibilidad. Este artículo analiza cómo la IA está dando forma a la transición energética, abordando tanto los retos como las oportunidades que enfrenta este campo emergente.   La IA como facilitadora de la transición energética La transición energética se refiere al cambio de un sistema basado en combustibles fósiles hacia un modelo que utilice fuentes de energía más limpias y sostenibles, como la solar, eólica y nuclear. En este contexto, la IA está desempeñando un papel crucial al optimizar el uso y la distribución de energía, facilitar el desarrollo de infraestructuras y gestionar las fluctuaciones inherentes a las energías renovables. Entre sus aplicaciones más prometedoras, la IA ayuda a: Optimización de redes eléctricas:  La IA puede predecir patrones de demanda de energía con gran precisión, lo que permite a las empresas energéticas ajustar la oferta de electricidad y evitar desperdicios. Gracias a modelos predictivos basados en datos, es posible integrar energías renovables intermitentes, como la solar y la eólica, de manera más eficiente. Mantenimiento predictivo:  Los sistemas de IA también están siendo utilizados para predecir fallos en infraestructuras críticas, como turbinas eólicas o paneles solares. Esto permite realizar reparaciones antes de que los equipos dejen de funcionar, reduciendo costos y evitando interrupciones en el suministro de energía. Diseño de ciudades inteligentes:  En el contexto de las ciudades, la IA puede mejorar la eficiencia energética de edificios mediante la optimización del uso de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Además, puede coordinar el tráfico urbano para reducir el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero.   Desafíos de la IA en el sector energético A pesar de los beneficios, la implementación de la IA en la transición energética no está exenta de obstáculos. Uno de los principales desafíos es el alto consumo de energía de los sistemas de IA, particularmente en las fases de entrenamiento y operación de modelos avanzados como los que sustentan herramientas de IA generativa (por ejemplo, ChatGPT). Según estimaciones recientes, entrenar modelos de IA puede requerir una cantidad de energía comparable al consumo de varias docenas de hogares durante un año. Este alto consumo energético proviene, en parte, de la infraestructura que sostiene la IA. Los centros de datos, donde se almacenan y procesan grandes volúmenes de datos, son los responsables de la mayor parte del impacto ambiental de la IA. Según un informe reciente, los centros de datos ya consumen aproximadamente el 1.3% de la electricidad mundial, y se espera que esta cifra aumente a medida que más industrias adopten la IA. Solo Google generó 14.3 millones de toneladas métricas de CO2 en 2023, en gran medida debido al uso masivo de IA en sus operaciones. Este aumento en el consumo energético de la IA puede parecer paradójico, ya que la misma tecnología que se utiliza para mejorar la eficiencia energética también contribuye significativamente al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el principal desafío es lograr que la IA sea más eficiente en términos energéticos, tanto en su diseño como en su implementación.   Estrategias para minimizar el impacto energético de la IA Para mitigar el impacto ambiental del uso de IA, tanto las empresas tecnológicas como los gobiernos están buscando soluciones innovadoras. Algunas de las estrategias más destacadas incluyen: Eficiencia en los centros de datos:  Empresas como Google, Microsoft y Amazon están adoptando energías renovables como la solar y eólica para alimentar sus centros de datos. Además, se están utilizando técnicas avanzadas de refrigeración y chips especializados para reducir el consumo energético durante las tareas de procesamiento de datos. Reducción del tamaño de los modelos de IA:  Los desarrolladores de IA están explorando maneras de entrenar modelos más pequeños y eficientes que ofrezcan un rendimiento comparable a los modelos actuales, pero con una huella de carbono significativamente menor. Optimización del uso de IA:  Los algoritmos de IA pueden ser utilizados de manera más estratégica para reducir el uso de datos innecesarios, lo que implica optimizar el almacenamiento y procesamiento de información. Esto incluye la eliminación de "datos oscuros", que son generados y almacenados, pero nunca utilizados. Colaboración multisectorial:  La transición energética necesita de una colaboración coordinada entre el sector público, las empresas tecnológicas y los actores del sector energético. Iniciativas como la Alianza para la Gobernanza de la Inteligencia Artificial del Foro Económico Mundial  están trabajando para desarrollar políticas que equilibren los beneficios de la IA con su impacto ambiental.   El futuro de la IA en la transición energética A medida que los desafíos globales relacionados con el cambio climático se intensifican, es evidente que la IA jugará un papel clave en la transición energética. Sin embargo, es igualmente claro que debemos equilibrar su impacto positivo con la mitigación de los efectos negativos asociados con su consumo energético. Con los avances en hardware más eficiente y el uso de energías renovables, la IA podría convertirse en una herramienta fundamental para la creación de sistemas energéticos más sostenibles. Sin embargo, es crucial que las empresas y los gobiernos adopten un enfoque responsable, invirtiendo en investigación y desarrollo para asegurar que los beneficios de la IA no se vean superados por su costo ambiental. La inteligencia artificial presenta tanto desafíos como oportunidades en el ámbito de la transición energética. Si bien su implementación a gran escala plantea retos significativos en términos de consumo de energía, su capacidad para optimizar sistemas, reducir desperdicios y mejorar la eficiencia de las infraestructuras ofrece un enorme potencial para un futuro energético más limpio y sostenible.

Por: Oscar A. Chala Padilla, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: El País En un giro inesperado que sacude el ya convulso panorama político venezolano, Edmundo González, el candidato opositor que para algunos sectores políticos se alzó con la victoria en las recientes elecciones presidenciales, partió al exilio. Con un salvoconducto otorgado por el propio gobierno de Nicolás Maduro, González abandonó el país rumbo a España, en un movimiento negociado entre bambalinas por España y aceptado a regañadientes por el gobierno oficialista, lo que marca un nuevo punto de inflexión en la larga pugna por el poder en Venezuela. La salida de González deja tras de sí un escenario político incierto. El oficialismo celebra lo que se considera como una victoria pírrica, aunque las grietas dentro de su bloque de poder se hacen cada vez más evidentes. Las recientes purgas y movimientos en la cúpula del chavismo, junto con el desgaste que enfrenta el gobierno de Maduro tanto en el ámbito interno como externo, sugieren que esta "victoria" podría resultar más frágil de lo que parece. Por su lado, la oposición se debate ahora entre el respaldo a la decisión de su candidato y el temor a que su ausencia abra grietas en un frente de partidos e intereses atomizados que, hasta ahora, había logrado mantenerse unido. En medio de este escenario político, donde la guerra de posiciones y el desgaste han primado sobre la confrontación abierta, la jugada de González podría reconfigurar las estrategias de ambos bandos, en un país donde el fantasma de un conflicto civil de mayor escala sigue acechando en cada esquina. La oposición no quiere sacrificar a una de sus principales figuras Fuente: El País, España. Con un salvoconducto entregado por el propio gobierno oficialista, y tras la negativa de firmar cualquier documento que reconociera la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, salió hacia Santo Domingo, exiliado, Edmundo González, quien para la oposición venezolana y una buena parte de la comunidad internacional de Latinoamérica ha sido el virtual ganador de los pasados comicios. De inmediato, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana —y la llamada a ser la potencial heredera del oficialismo, según consta en los informes que desde la Fundación Paz y Reconciliación (Pares)  se han hecho acerca de los principales grupos de poder en Venezuela— salió en un post de Instagram a indicar la salida del candidato, buscando la “paz y la tranquilidad” de Venezuela. Del mismo modo, gran parte del oficialismo celebró la salida, especialmente el Fiscal General y ministro público, Tarek William Saab, quien, según información de El País , indicó que en los próximos días saldría más información al respecto de la salida de González. Con una acusación penal por la comisión de 5 delitos —usurpación de funciones; conspiración; falsificación de documentos; desobediencia a la autoridad y delitos asociados al terrorismo—, además de tres llamados incumplidos a presentarse en el Ministerio Público (que posteriormente generaron una orden de captura en su contra) Edmundo González decidió apostar por su seguridad y salir del país, aconsejado por su esposa e hijas, en un movimiento negociado por el Reino de España a través de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, con el apoyo de Pedro Sánchez, actual jefe de gobierno, además de su abogado, José Vicente Haro, con el gobierno oficialista, quien finalmente aceptó. El movimiento generó reacciones mixtas dentro de la oposición. Aunque María Corina Machado respaldó la decisión de González y reafirmó su total apoyo con el hombre de 75 años, a quien entregó la mayoría de su caudal electoral y capital político para impulsar el último intento de la oposición por llegar al poder en Venezuela a través de la vía electoral, se sabe por su círculo interno, según El País , que la salida podría abrir una grieta en la oposición, especialmente en aquellos sectores que pueden eventualmente volcarse a retomar las negociaciones para participar de las elecciones de 2025. Y es que el escenario político ahora mismo es frágil en un país donde la estrategia de ambos bandos ha sido el aguante, y donde parece primar la guerra de posiciones y el desgaste sobre cualquier tipo de movimiento que llegue a una agudización de la violencia y, potencialmente, a un conflicto civil de mayor escala. La victoria pírrica del oficialismo Fuente: Semana.com Por el lado del grupo tripartito que ahora mismo busca una negociación política, existe un bloqueo, en parte, generado por la negativa de Nicolás Maduro de reconocer cualquier escenario en el que deba abandonar el poder . En los últimos días ha cancelado las reuniones multilaterales virtuales que sostenía con Gustavo Petro, con Lula y con Andrés Manuel López Obrador, quienes, a pesar de los desplantes, siguen optimistas en que Maduro permita una auditoria internacional sobre las actas electorales que aclare, de una vez por todas, saber los resultados reales del proceso electoral. Aunque Maduro sigue reacio a retomar cualquier proceso de negociación y diálogo con la oposición, los últimos movimientos dentro de la burocracia indican que prima cierto aire de nerviosismo. El nombramiento de Diosdado Cabello como ministro del Interior, luego de haberlo apartado de los principales cargos del poder durante los últimos años, es una demostración de que ha buscado plegarse a los grupos tradicionales del chavismo que aún siguen siendo parte del bloque oficialista, en un intento por no quedarse aislado, especialmente con el ambiente que prima fuera de las principales esferas de poder. El desconocimiento del triunfo de Maduro por los principales aliados que tiene el gobierno venezolano (Colombia, Brasil, México), al igual que el enfrentamiento con Gabriel Boric y la ruptura de los lazos diplomáticos con Perú, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, junto con la disputa que sostiene con el gobierno de Javier Milei en Argentina, resumido en el asedio a la embajada de ese país en Caracas por parte de las fuerzas policiales venezolanas (que contiene asilados en su interior a miembros de la campaña de González) y el desconocimiento unilateral de la autoridad de Brasil sobre la misma, han comenzado a generar mella dentro de los círculos secundarios de la burocracia venezolana y del partido hegemónico, el PSUV. Según lo reporta El País , gran parte de los liderazgos regionales del PSUV, al igual que algunos de sus ministros y de los parlamentarios de la Asamblea Nacional, han sentido un bajón en la moral de militantes y de funcionarios dentro del gobierno, especialmente por el desgaste que ya Maduro ha venido acarreando desde hace meses, la masividad de algunas de las manifestaciones, el desconocimiento internacional y el riesgo de que los pocos avances económicos que ha tenido el país terminen agotándose, especialmente ante la posibilidad de que las sanciones se recrudezcan y en este embate, la economía venezolana no soporte otro golpe de tal magnitud. Sin embargo, la purga cometida contra Tareck El Aissami, el otrora poderoso ministro del Petróleo y líder de uno de los bloques políticos internos más fuertes dentro del PSUV y el Estado venezolano, y contra varios de los más importantes funcionarios oficialistas tras la trama de corrupción PDVSA-Crypto — recogida en este otro informe publicado desde Pares — han generado cierto temor a cualquier represalia contra alguna declaración que pueda ser vista como una traición a la “Revolución Bolivariana”. Además, la lealtad, construida alrededor de lazos clientelares, sigue firme. Aun a pesar de ello, nadie dentro del oficialismo, más allá de los principales funcionarios del gobierno, cree realmente que Maduro haya ganado. Por su parte, el presidente, que el próximo enero de 2025 cumpliría 12 años en el poder, ha devenido en una debacle errática, en la que ha profundizado en un discurso sincrético cuasi-mesiánico ( en la que termina manifestándose casi como un enviado divino ) que mezcla los pocos rezagos que conserva del discurso chavista con un nuevo culto a la personalidad, agravados por medidas cada vez más estrafalarias y extravagantes, como aquella de adelantar la época de navidad desde el 1 de octubre , u otras en la que llama a la confrontación física a Edmundo González y a Javier Milei . Más allá de lo pintoresco, también es cierto que, desde el círculo de Maduro, se sabe que el presidente acepta ciegamente su triunfo. No lo pone en duda. El cierre de un proceso histórico para la oposición, y la apertura de un escenario totalmente novedoso Fuente: Diario La República. La salida de González con rumbo a Madrid representa un cierre de época para una oposición que ha tenido que aprender a mutar con los movimientos coyunturales que ha significado confrontarse con la concentración del poder que ha tenido el oficialismo desde la muerte de Chávez en 2013. Este último período se abrió en 2021 cuando la oposición, tras los primeros visos de que el gobierno interino de Juan Guaidó no llegaría muy lejos, decidió abrirse a negociar con el oficialismo con la intervención del Reino de Noruega y de México, quienes por dos años abrieron el escenario para que los dos actores en disputa pudieran acordar los mecanismos para una apertura política y una transición que garantizara la participación política de los opositores. Aun cuando las mesas de negociación estuvieron la mayor parte del tiempo congeladas, finalmente hubo avances y en octubre de 2023 se firmó el Acuerdo de Barbados, que brindaba un marco de participación limitado para la oposición rumbo a los comicios presidenciales de este año, en la que el oficialismo se había comprometido a garantizar la participación de todos los actores políticos opositores. Las promesas, posteriormente, se fueron rompiendo con el triunfo de María Corina Machado en las primarias de la Plataforma Unitaria, que el gobierno oficialista desconoció, y con la posterior inhabilitación de la candidata y de otras figuras relevantes opositoras, como Henrique Capriles, en enero de 2024.  No obstante, la oposición buscó reponerse y en las fechas de inscripción de candidatos, en marzo de 2024, buscó inscribir inicialmente a la académica Corina Yoris —a la que el CNE le impidió su participación—, hasta que logró poner a dos figuras: Manuel Rosales (excandidato opositor que se enfrentó a Chávez en 2006) y Edmundo González, quien casi de milagro había logrado inscribirse con la plataforma de la Mesa de Unidad Democrática (previamente sancionada por el gobierno venezolano, en 2018). Tras arduas negociaciones entre Rosales y Machado, el primero se retiró para dejar que la candidatura se concentrara en González, quien realizó distintas correrías por toda Venezuela junto con Machado y capitalizó los votos y el apoyo político de la candidata, que se verían reflejadas en las actas de votación que la oposición tiene en su poder y que, según ellos, indicarían que González le ganó a Maduro. Con el desconocimiento del resultado de las elecciones, González se abocó a acompañar a Machado en varias de las manifestaciones públicas que se han presentado en Caracas y en otras ciudades del país, hasta que se convirtió en objetivo del Ministerio Público, lo que llevó a su salida. Con aquel avión partiendo de Santo Domingo, se cierra ese período para la oposición, que a pesar de las declaraciones de Machado y de otros líderes de calma y tranquilidad en sus toldas, queda aturdida y golpeada , especialmente ante el panorama incierto de lo que pueda pasar con Maduro antes del 10 de enero de 2025, cuando asuma por tercer período el cargo y abra la posibilidad de que su hégira autoritaria termine por agotar los últimos escenarios democráticos con los que cuenta la oposición para participar y acceder a cargos públicos regionales y locales. No por nada, Maduro sorprendió con la declaración de que hará unas “megaelecciones” a mediados de 2025 , buscando renovar la mayoría de los escenarios políticos de Venezuela y consolidar la hegemonía de su partido en todos los niveles del Estado.

Por: Redacción Pares El 4 de septiembre del 2020 nueve muchachos murieron quemados en un CAI en Soacha. Las condiciones de hacinamiento que presentaba el lugar llevaron a que los detenidos empezaran a protestar exigiendo un cambio inmediato. Una de esas acciones fue quemar un colchón. Los veinte agentes que estaban en el lugar avivaron el fuego, permitiera que se extendiera y se transformara en incendio. Los familiares de los muchachos, mientras tanto, se agolpaban a los gritos afuera del CAI. A pesar de las súplicas ningún agente movió un dedo. Un detenido murió en el acto y otros ocho jóvenes fueron muriendo con el correr de los días producto de sus heridas. Esa misma semana fue torturado hasta la muerte el joven estudiante de derecho Javier Ordoñez en un CAI en Bogotá. Según Indepaz el Estallido social dejó 80 víctimas. Esto hizo que una de las promesas de campaña del actual presidente Gustavo Petro fuera una reestructuración de la policía. Se hablaba, por ejemplo, que se terminaría el ESMAD, que se darían soluciones para acabar con el tema doctrinal. Ingresar a la policía es exponerse a lo que prácticamente se considera un lavado cerebral donde los jóvenes prácticamente asumen un chip de violencia. Otra de las ideas que se tenía era cambiar de ministerio a la policía, que dejara de estar en el de defensa para que tuviera un ADN menos de confrontación. Pero nada de eso se ha dado. Pero todo ha pasado a ser nada más que un espejismo. Según la Fundación Paz y Reconciliación la reforma a la policía apenas ha consistido en ser un maquillaje superficial en donde se han incluido cambios de nombre como el que sufrió el ESMAD. En julio del 2023 se anunciaba con la pompa habitual que el escuadrón antidisturbios cambiaría de nombre: se llamaría Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UMDO. Sus trajes amenazantes, que evocaban a la figura de Robocop, pasarían a ser azules y, en apariencia, menos agresivos. Pero todo esto se quedó sólo en un cambio de nombre. El 25 de julio del 2024 un policía abrió fuego contra manifestantes en las inmediaciones de la Universidad Nacional. Entre esos cambios al ESMAD estuvo la de la tanqueta que se adecuó para que adentro de ella hubiera un espacio de diálogo. Pero, lo grave, es que los cambios estructurales, los que se pedían después de los abusos cometidos durante el estallido social, no han llegado. Petro no ha podido pasar una reforma policial en el Congreso, ahogado por la incapacidad que ha tenido para hacer avanzar otras reformas como la de salud, la laboral y la pensional. Desde PARES hemos constatado que han venido adelantando mesas de trabajo y algunas modificaciones normativas, pero la amenaza sigue latente y lo más grave es que desde la misma policía se sigue estigmatizando a la protesta social. Los cambios, al menos el policial, no se llegará con la premura que se necesita.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenido Foto tomada de: RCN Radio En octubre del 2011 el entonces presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto que terminaría para siempre con el DAS. Hasta ese momento la inteligencia militar de ese país estaba concentrado en ese organismo. Santos quería borrar con esto Luego se partió en cuatro cuando apareció la DNI, inspirada en la inteligencia británica, está la UIAF, que detecta crímenes financieros, la DIPOL, a manos de la policía nacional y el Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional. En esas cuatro ramas está dispersa la inteligencia de este país. La DIPOL está en el ojo del huracán en este momento después de que el presidente Gustavo Petro en su última alocución presidencial, afirmó que habían salido desde la policía, en los años que era presidente Iván Duque, 13 millones de dólares para comprar el software Pegasus, tal vez la herramienta más peligrosa y efectiva para espiar colombianos. La compra se había hecho para chuzar a la oposición en tiempos de Iván Duque. Las declaraciones de Petro le trajeron reprimendas por parte del UIAF, quien fue que le proporcionó la información y que al divulgarlas habría violado acuerdos de confidencialidad luego de leer la carta que le llegó de una autoridad financiera en Suiza. La investigación sobre la compra de Pegasus estaba flotando en el país desde marzo de este año. No es la primera vez que sucede que un gobierno de derecha intente chuzar a la oposición. Así sucedió durante la Seguridad Democrática. Esta es la historia. Entre los innumerables escándalos que protagonizó el gobierno de Uribe el de las Chuzadas es un capítulo importante. Periodistas como Julián Martínez descubrieron y comprobaron un entramado en donde se espiaron a los siguientes estamentos de la sociedad: Altas Cortes, periodistas independientes, políticos de oposición y defensores de derechos humanos. El cerebro de ese entramado era uno de los favoritos del ex presidente, Jorge Noguera, cabeza máxima del DAS. Álvaro Uribe conoció a Jorge Noguera un año antes de nombrarlo director del DAS. Bastaba leer su hoja de vida para ver que no era el más acreditado para ejercer un cargo tan alto en materia de seguridad. Abogado, su nombre no tenía peso nacional. Había ejercido cargos de influencia pero sólo en su departamento: asesor de la Gobernación del Magdalena, secretario de la Corporación Autónoma Regional, secretario general de la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Para muchos, como para Juanita León, directora del portal La Silla Vacía, había sido un misterio el nombramiento de Noguera Cotes. Una de las razones pudo haber sido el odio que compartían por las FARC, algo que a comienzos de este siglo daba réditos políticos. Otra explicación fue el trabajo que realizó entre los años 2001 y 2002 siendo el jefe de campaña de Uribe en Magdalena. Lo cierto es que una semana después de haber sido posesionado presidente, Uribe nombró al joven funcionario -tenía 39 años en ese momento- como director del Departamento Administrativo de Inteligencia, DAS, que en ese momento tenía 7.000 funcionarios a su cargo.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Semana y El País La ex congresista Yidis Medina reapareció dándole una entrevista a RTVC noticias. La mujer, nacida en Barrancabermeja, ganó notoriedad después de que reemplazara en la Cámara de Representantes reemplazando a Iván Díaz Mateus por tres meses. Esos noventa días le bastaron para pasar historia y todo gracias al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez quien, según se cuenta, se le arrodillo en un baño de la casa de Nariño suplicándole cambiar su voto en la Comisión Primera que tenía como responsabilidad cambiar un artículo de la constitución y permitirle a Alvaro Uribe poder lanzarse a la reelección en el 2006. Según le contó a RTVC Uribe le dijo “Haga patria mijita, vote la reelección, cambiemos este artículo de la constitución para salvar la patria”. El voto de Yidis fue fundamental para cambiar la Constitución y permitir que Alvaro Uribe fuera en el 2006 el primer presidente en tener la posibilidad de reelegirse democráticamente. En esas elecciones le ganó al pulso a Carlos Gaviria, del Polo Democrático, quien se convirtió en el primer político de izquierda en obtener en unas elecciones presidenciales más de dos millones de votos. A través del secretario de despacho, Bernardo Moreno, Yidis recibió ofertas como controlar notarias con tal de poder cambiar su voto. A Yidis nunca le cumplieron y decidió entonces contar toda la verdad. Sus revelaciones desataron lo que se conoce como el escándalo de la Yidis Política. Medina pagó cárcel y ahora se considera víctima. Incluso el 5 de abril del 2018 un tribunal de Cundinamarca ordenó un desagravio contra la ex congresista por los montajes orquestados contra ellas desde el desaparecido DAS. Esto nunca se efectuó por lo tanto Yidis Medina tiene demandado al Estado. Bernardo Moreno recientemente fue condenado. En esta entrevista publicada por RTVC Yidis recuerda la manera como Moreno, siendo funcionario, presionaba a los congresistas y que incluso hubo funcionarios en donde claramente amenazaron a los congresistas que decidieran no votar la reelección y que harían cualquier cosa para callarlos en caso de que decidieran contar la verdad. Medina habló también sobre los seguimientos que se le hacían desde el DAS a periodistas de la oposición como Hollman Morris y el mismo Gustavo Petro quien entonces era un enfebrecido senador. “Ellos -refiriendose al gobierno Uribe- hacían montajes, pagaban fuentes humanas para ensuciar a gente como Hollman, Petro y la oposición”. Hollman Morris en esa época, 2004, realizaba un programa llamado Contravía con gran capacidad de denuncia y armó un documental llamado Impunidad en donde atacaba los cimientos de la ley de Justicia y Paz que terminó con la desmovilización de 4.000 paramilitares. Medina se quejó y aunque ya hay condenas como el de Bernardo Moreno pero aún faltan que rueden cabezas, incluso la del mismo ex presidente quien, según veremos en esta entrevista, si sabía sobre las triquiñuelas que se gestaban para poder reelegirlo. Esta es la aparición de Yidis Medina que hizo para RTVC:

Por: Katerin Erazo, Periodista Este lunes, más de 400 indígenas emberá katío y campesinos del Alto Sinú tomaron las instalaciones de la empresa hidroeléctrica URRA en Montería, en protesta por los incumplimientos del gobierno en relación con los acuerdos alcanzados para su indemnización. Rafael Guerrero, abogado de la Asociación de Campesinos Azocribo y director general de Evaluarte Campesino Juana Julia Guzmán, detalló en exclusiva para este medio los motivos de la ocupación y el contexto histórico de una lucha que ha durado más de dos décadas. Según Guerrero, la raíz del conflicto se encuentra en la construcción de la represa de URRA, que despojó a cientos de familias campesinas e indígenas de sus tierras. "Desde hace más de 20 años, las comunidades han sido desplazadas sin compensación adecuada, afectando su cultura, economía y forma de vida. El gobierno ha sido indiferente", aseguró a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). El abogado recordó que el pasado 20 de marzo, el presidente Gustavo Petro se comprometió públicamente, en un evento en Tierra Alta, a instalar una mesa de trabajo para abordar la indemnización de las comunidades y la compra de tierras para los campesinos desalojados. Sin embargo, este compromiso no se ha cumplido plenamente. "Solo se hizo una instalación parcial, sin la presencia de funcionarios clave, como los representantes de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la empresa URRA", afirmó Guerrero. Agregó que, a pesar de la visita del ex ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, no se ha definido una fecha concreta para continuar con las negociaciones. Las comunidades del Alto Sinú no solo han sufrido el desalojo de sus tierras, sino también la degradación de su cultura y calidad de vida. Según Guerrero, la construcción de la represa alteró el curso de varios ríos fundamentales para la pesca y agricultura de la región, como el Sinú y el San Jorge, provocando una crisis económica para las familias que dependían de estos recursos. "La indemnización otorgada inicialmente por la empresa URRA fue insuficiente y solo duró 20 años. Ahora, exigimos una indemnización de por vida mientras la represa continúe operando y explotando nuestros recursos hídricos", afirmó Guerrero. También denunció que los compromisos en materia de salud, educación y transporte fluvial con las comunidades indígenas han sido incumplidos. "No se ha construido el puesto de salud prometido ni se ha dotado adecuadamente. La carretera de Crucitos sigue sin completarse, y el transporte fluvial, que era una promesa vital para los enfermos, nunca llegó a materializarse", agregó. Guerrero también destacó la influencia de grupos armados en la región, como el Clan del Golfo, que actualmente domina el territorio. "Esta área ha sido escenario de múltiples procesos de paz con grupos como el EPL, la FARC y ahora el Clan del Golfo, pero ninguno de estos procesos ha traído beneficios reales para nuestras comunidades. Al contrario, han exacerbado el conflicto y el despojo de tierras", explicó. A lo largo de los años, varios líderes indígenas y campesinos han sido asesinados, muchos de ellos en complicidad con grupos paramilitares. Según Guerrero, la situación ha generado una crisis social, con jóvenes involucrados en actividades ilegales y un aumento de la prostitución en las comunidades indígenas. "El Estado ha fallado en garantizar la seguridad y los derechos de estas comunidades. Los grupos armados limitan nuestra movilidad y nuestra capacidad de trabajar la tierra, mientras imponen una economía ilegal basada en la cocaína", subrayó. Las comunidades exigen que se instale la mesa de trabajo prometida y que se tomen decisiones concretas para resolver sus demandas de tierras, soberanía y compensación económica. "Si no obtenemos una respuesta del gobierno, nuevos grupos de campesinos e indígenas se sumarán a la protesta, incluso ocupando la gobernación y la alcaldía de Tierra Alta. Además, estamos dispuestos a llevar nuestra lucha hasta la COP16 en Cali, para que el mundo conozca el sufrimiento que hemos padecido por más de dos décadas", advirtió Guerrero. La ocupación de URRA es solo el último episodio en una larga lucha por justicia y reparación que ha dejado a cientos de familias en la pobreza y el olvido. Las comunidades del Alto Sinú esperan que, finalmente, el Gobierno Nacional cumpla con su palabra y brinde las soluciones que tanto necesitan.

Por: Redacción Pares En medio de los avatares del paro camionero el presidente Petro hizo una alocución el pasado jueves 5 de septiembre a las siete de la noche. Sorprendió el tema que escogió en su discurso: la denuncia de que se había pagado, desde adentro de la policía, 11 millones de dólares en efectivo por obtener el software de espionaje israelíta llamado Pegasus. La compra se habría hecho durante los años en los que Iván Duque era el presidente y lo habría hecho para espiar a sus opositores. Aunque los rumores de que esto habría ocurrido venían desatados desde marzo del 2024, el presidente esa noche de jueves anunció que se tenían las pruebas pertinentes para hacer oficial esta información y empezar una investigación en donde rodarían cabezas importantes dentro de la policía. La investigación había estado a cargo de la UIAF, organismo adscrito al ministerio de Hacienda, que tiene como su principal función descubrir lavado de activos o movimientos de dinero que tuvieran algún tipo de actividad ilícita. La UIAF obtuvo esta información a través del Egmont Group y de la Unidad de Análisis Financiero de Israel y el presidente Petro habría violado, según últimas informaciones, acuerdos de confidencialidad al haberlos hechos público. Lo cierto es que en caso de que se comprobara si Pegasus está en Colombia, en manos de la policía, la libertad en este país estaría en entredicho. El 30 de octubre del 2011 el entonces presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto en donde dio por terminado el DAS después de los escándalos que protagonizó esta entidad durante los ocho años que duró el gobierno de Alvaro Uribe. A partir de allí la inteligencia se divide en cuatro: la Agencia Nacional de Inteligencia que está adscrita a presidencia que ahora es conocida como DNI -inspirada en las agencias británicas de inteligencia- que, en teoría, depende del DAPRE pero tiene mucha autonomía. Luego está el Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional, la UIAF, que detecta crímenes financieros y la Dirección de Inteligencia Policial, la DIPOL que, según lo expuesto por el presidente, fue la que decidió comprar Pegasus para espiar, en los años de Iván Duque, a la oposición. El software Pegasus ha sido protagonista de escándalos en España y en Estados Unidos. El presidente español Pedro Sánchez fue víctima de este espionaje al igual que 65 políticos catalanes, periodistas, abogados y personalidades públicas. En Estados Unidos en el año 2021 los creadores de Pegasus, el grupo NSO, fue incluido en una lista negra. Pegasus permite a los clientes del NSO Group hacerse con el control remoto de un dispositivo móvil sin que el usuario sea consciente de ello. Es una herramienta implacable muy útil para la persecución de terroristas y criminales por parte de algunos Gobiernos, pero también para el espionaje de opositores y disidentes. Algunas agencias privadas de seguridad pensaron su momento adquirir el software pero el propio gobierno Biden decidió declararlo ilegal. El primer caso de espionaje en Estados Unidos por medio de Pegasus fue contra el defensor de derechos humanos emiratí Ahmed Mansoor. Sesenta ejecutivos y 180 periodistas de todo el mundo habrían sido chuzados por este sistema. Según Amnistía Internacional cerca de 50 mil teléfonos en todo el mundo ya habían sido intervenidos por Pegasus. Este número al menos es hasta el 2021. Lo más seguro es que el número ha seguido creciendo. En El Salvador opositores de Bukele han sido informados por Apple de que sus teléfonos habían sido intervenidos. Uno de ellos fue el de Gabriela Cáceres, periodista de El Faro, uno de los pocos medios que se han mantenido críticos contra ese gobierno. Otro periodista que también fue intervenido por Pegasus fue Jamal Khashoggi quien fue secuestrado y desaparecido en la embajada de Arabia Saudita en Estambúl durante el 2018. Una semana antes de que mataran al periodista mexicano Cecilio Pineda, uno de los más incisivos contra la incapacidad de Enrique Peña Nieto, su teléfono había sido intervenido por el software. Una investigación de Amnistía Internacional describe de esta manera la capacidad de hacer daño de Pegasus: “es especialmente invasivo ya que tiene la capacidad de recopilar y enviar una cantidad ilimitada de datos personales y privados. Por su naturaleza, esta herramienta de vigilancia digital es proclive a las violaciones de derechos humanos. Una vez que infecta un teléfono, permite al atacante el pleno acceso a los mensajes, correos electrónicos, elementos multimedia, micrófono, cámara, llamadas y contactos del teléfono. Mediante su utilización se han vulnerado los derechos de opositores políticos, activistas de derechos humanos y periodistas, aunque no solo, ya que entre los números infectados están también los de personas pertenecientes al mundo académico, de la abogacía, de la medicina, líderes sindicales, de la diplomacia e incluso jefes de Estado”. Aunque la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, afirme que no hay pruebas que Pegasus ha sido usado para intervenir magistrados o ciudadanos, las investigaciones continúan y el presidente afirma que alguien, dentro de la DIPOL, tiene el software y ha sido utilizado para perjudicar a los que alguna vez fueron oposición. En caso de que se compruebe será uno de los golpes más duros que han recibido las libertades en el país.

Por: Cristian Florez Pasante de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil De los retos más grandes que tiene el gobierno nacional es llevar a cabo su política de Paz Total. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se reconoce la importancia de las juventudes para materializar, por fin, el tan anhelado tránsito hacia la paz. Esto supone darle protagonismo a los y las jóvenes, y muestra de ello es la Ley 2272 de 2022 y el Decreto 1079 de 2024 que reglamentan el servicio social para la paz como alternativa al servicio militar; y en este mismo sentido el decreto 1649 de 2023 que crea el programa de “Jóvenes en Paz” como una de las apuestas más importantes de transformación.   Este último programa ha sido criticado fuertemente tanto por la prensa como por sectores de oposición que lo han llegado a titular como “pagar por no matar”. De esta manera buscan quitarle agencia a las juventudes como sujeto capaz de transformar su territorio a través de la pacificación del mismo por medio del trabajo comunitario. Así, se llegan a críticas vacías alrededor del programa que no aportan a su construcción y, de hecho, buscan desmontarlo. Esto nos recuerda las estrategias que se usaron para el plebiscito del 2016 al diseminar información falsa alrededor del acuerdo de paz y el posconflicto.   Esto no quiere decir que el programa sea exento de críticas, puesto que si lo analizamos en profundidad al gobierno en materia de ejecución le falta bastante. Según nuestro reciente informe “Así le va al gobierno del cambio a mitad de camino” ,  la ejecución total del programa, con corte a finales de junio, se encuentra en un 2,67% de avance . Los primeros lugares donde se ha intentado ejecutar el programa ha sido Quibdó, Buenaventura, Puerto Tejada, Guachené, Medellín y Bogotá donde se han adelantado las preinscripciones, los acuerdos del programa y ajustes en las diferentes actividades en los componentes de Jóvenes en Paz, a saber: educación, corresponsabilidad, atención integral en salud, empleabilidad, emprendimiento y asociatividad.   A pesar de estos esfuerzos, la semana pasada se presentaron inconvenientes alrededor del programa. Varios jóvenes se han quejado de que sus pagos han llegado retrasados o simplemente no les llegan. Esto supone una gran problemática para el gobierno nacional porque si su fin es alejar a los jóvenes de la delincuencia, lo primordial es poder darles una base económica que les dé ese primer impulso para decirle no a la violencia.   Es claro que la rápida y efectiva ejecución de este programa es pilar fundamental para hacerle frente a las críticas de la oposición. Lastimosamente el gobierno peca en ello. En efecto, como lo muestra el informe de 2 años de Petro , el ministerio de la igualdad “pese a que ha comprometido casi el 80% de sus recursos solamente ha obligado un 1%”. Recordemos que el ministerio de la igualdad es quién lidera el programa de Jóvenes en paz.   Haciendo la trazabilidad de información, la primera fase que nos encontramos del programa, de 6.000 jóvenes que se tenían en mente por beneficiar, apenas se ha llegado a la cifra de 1.723, lo que corresponde a un 28,7%. Si no se logra llegar a la cifra de 6.000 jóvenes ¿Cómo se puede pensar en beneficiar 100.000 jóvenes? Frente a esto consideramos que los retos del programa van en una doble vía. El primer reto, como veníamos mencionando, es hacerle frente a los discursos de la oposición que limitan el debate a simples opiniones sin fundamento (por ejemplo se habla de que a través de este programa se benefician bandas criminales y grupos al margen de la ley, recurriendo nuevamente al fantasma de convertirnos como Venezuela). El segundo reto, que complementa al segundo, es mejorar la ejecución del programa, poder incidir en más jóvenes y hacerlos líderes de sus respectivos territorios.   Este programa tiene potencialidad, por eso no ha sido exento de críticas, y la respuesta principal del gobierno debe ser ejecutarlo de la mejor manera posible. Solo así podemos pensar en una juventud reivindicando su derecho a la vida, a la paz y a la organización. haciéndole frente a la violencia a través de la creatividad que se les caracteriza. La paz total es necesaria y los y las jóvenes son sujetos de transformación primordiales para tal objetivo