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Por: Redacción Pares Foto tomada de: Canal 1 El Parque Nacional jamás volverá a ser el mismo. Durante los últimos once meses más de 700 indígenas que huían del conflicto que atormenta desde los años ochenta y que los sacó de sus pueblos, como Mistrató y Pueblo Rico, tuvieron que someterse a las inclemencias del clima en este lugar tan cercano al centro de la capital. Cambiaron sus casas por cambuches en donde el frío que baja desde los cerros entraba a sus colchonetas, atormentaba a sus niños, a sus viejos. En este periodo nueve niños nacieron y sus ombligos fueron enterrados en el suelo del Parque. Ahora el Nacional también tiene un destino común con los Embera y forma parte de su territorio así se hubieran ido el pasado 8 de septiembre. Por fin el gobierno nacional y local pudieron comprometerse en actas estipulando que garantizarían que podrían regresar a su suelo sin que la máquina de la guerra los vuelva a pisotear. Los buses se apostaron en la noche del ocho de septiembre mientras los bomberos intentaban apagar doce incendios. Los Embera habían decidido ponerles fuego a sus pertenencias y algunos de ellos se habían salido de control poniendo en llamas árboles. Los buses los llevarán hasta Pereira, de ahí hasta Pueblo Rico y luego hasta el resguardo de Santa Cecilia. Lo que esperan es que esta vez el gobierno, que tiene más que enredada la negociación con los grupos armados, pueda cumplir los compromisos asumidos. Desde los años ochenta Mistrató y Pueblo Rico, dos de los pueblos que se han nutrido con la cultura Embera, fueron azotados por los grupos armados. La situación se tornó desesperante en el año 2004 cuando fueron desplazados y obligados a venir a Bogotá. La mayoría de los que aterrizaron eran mujeres parteras y hombres artesanos que tenían que vivir o de la mendicidad o de vender lo que hacían en las calles de la capital. A estos se sumaron los que fueron víctimas de la minerías descarnada e ilegal en Chocó. En el Alto Andagueda, en Bagadó Chocó, la ambición de los blancos los terminó sacando de su territorio. Así que la gran mayoría de los indígenas que se fueron de Bogotá el pasado 8 de septiembre provenían tanto de Mistrató y Pueblo Rico como de este lugar del Chocó. En plena pandemia llegaron cerca de 2.000 indígenas que querían ser escuchados por Iván Duque, entonces presidente, pero la agenda jamás se despegó para ellos. En Bogotá muchos habitantes se preguntaban por las razones por las que habían decidido dejar su territorio para ubicarse en esos cambuches, expuestos al frío, al barrio, a la lluvia perpetua de la sabana. Se estima que en esos primeros dos años que estuvieron asentados ahí -Sí, los indígenas duraron primero dos años en el Nacional, murieron 21 niños debido a las inclemencias de las condiciones. La alcaldesa Claudia López, en mayo del 2022, pudo reubicarlos en el edificio la Rioja, en el sector de los Mártires, pero en octubre del 2023 serían desalojados y obligados de nuevo a pasar por la tortura de invadir el Parque Nacional. Según un artículo de Las 2 orillas ese edificio estaba hecho para albergar a 400 personas y metieron allí a 1.200 personas. Estaban completamente hacinadas. Todo se complicó para ellos. A la indiferencia de los capitalinos se sumaban los cambios de costumbre que empezaron a vivir los hombres Embera, quienes decidieron bajar los brazos y dejarle el trabajo a las mujeres, quienes resultaron trabajando en oficios domésticos o simplemente a mendigar en las calles, expuestas a abusos, violaciones. Como en algún momento lo reportó la BBC, se podían encontrar en cambuches “a bebés cuidando a bebés”. Fue tal el abandono en estos últimos meses que una jueza admitió una demanda contra la alcaldía de Bogotá “por la acumulación de derechos vulnerados a plena vista de funcionarios del distrito y la nación". En julio se reportó la muerte de otro niño debido a las pésimas condiciones. Conseguir las condiciones para que los Emberas retornan fue un esfuerzo común entre el gobierno nacional y la alcaldía de Galán. Pero eso sí, se necesita que, después de 11 intentos, se garantice que la guerra no volverá a afectar a los Embera en su territorio. Los 20 buses ya salieron del parque Nacional mientras se espera que en dos meses las afectaciones que causó la estadía de los indígenas en este lugar puedan restaurarse. La indiferencia y molestia mostrada por los bogotanos fue otra prueba de un abuso constante contra una cultura que ha estado en esta tierra mucho antes que los españoles vinieran a quemar sus dioses.

Por: Isabela Puyana Comunidad Coushalapu, a pocos metros del arroyo Bruno, afectada por las desviaciones de su cauce. Fotos de Isabela Puyana “Si no protegemos el agua puede llegar la minería, cualquier otro agente externo, o el mismo gobierno, a impactar el río Ranchería. Queremos que las comunidades se empoderen para cuidarlo, protegerlo y conservarlo”: Martha Peralta Epieyú El pasado 8 de agosto se promulgó la Ley 2415 de 2024, por medio de la cual se reconoce al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos. El proyecto legislativo que dio origen a la norma indica que este río tiene relación directa con más del 22 % de la población de La Guajira. Desde su nacimiento en la Sierra Nevada de Santa Marta, en sus 248 kilómetros de recorrido el Ranchería pasa por ocho municipios. Este río y sus afluentes han sufrido impactos históricos con la extracción de carbón en la mina a cielo abierto más grande del mundo: el Cerrejón. De igual forma, las comunidades y poblaciones que habitan sus márgenes han padecido afectaciones socioambientales, culturales y económicas como consecuencia de la actividad minera. Tal es el caso del arroyo Bruno, desviado en la zona alta de la serranía del Perijá, dentro de la Reserva Forestal Montes de Oca (La Guajira), en el que recorría cerca de 21 kilómetros y desembocaba en el río Ranchería, la principal fuente hídrica del departamento. Históricamente, el arroyo Bruno no solo ha sido una fuente de agua y de bienestar cultural y espiritual para las comunidades Wayuù que habitan en la zona, sino también era considerado un corredor biológico. Este fue desviado por el Cerrejón acentuando la desnutrición de los niños en la zona, se menciona en el Espectador en el artīculo ​​ ¿Y si hablamos de Bruno, el arroyo que desvió Cerrejón en La Guajira? “La Guajira es un departamento en el que han muerto más de 5 mil niños de hambre y sed en la última década, sin contar los subregistros, pero es el mismo departamento donde está la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica operando hace 45 años, la empresa Carbones del Cerrejón”, Asegura Rosa Mateus, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo Es por esto que El proyecto de ley tiene el propósito de: “garantizar su descontaminación, así como la de los territorios ribereños; recuperar, rehabilitar y restaurar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región, garantizando su goce pacífico y equilibrado con el medio ambiente”. Comunidad Coushalapu, a pocos metros del arroyo Bruno, afectada por las desviaciones de su cauce. Fotos de Isabela Puyana Para que esto sea posible, la ley propone la creación de un “cuerpo colegiado”, es decir, un espacio de discusión y decisión integrado por representantes de diferentes comunidades que viven a lo largo del territorio. Por cada comunidad que habite la cuenca, habrá dos representantes en el grupo de guardianes del río. Y aunque la participación de la comunidad es central, se ha señalado la falta de garantías para que la elección de estos representantes sea realmente beneficiosa para las comunidades como lo mencionó Freddy Ordoñez Gómez, Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias para ILSA: “Preocupa la falta en el articulado de definiciones frente a la forma en que se apoyará desde la institucionalidad los procesos de elección de las representaciones poblacionales y las garantías para que estas representaciones puedan cumplir su papel en la Comisión de Guardianes, ya que son quienes de una forma más clara y decidida pueden posicionar acciones y estrategias que hagan frente a la principal problemática que tienen el río y las comunidades: la explotación de carbón dentro de las dinámicas y la forma de producción propias del sistema económico dominante. En esta misma línea, se debió en la norma incorporar una construcción discursiva de los ecosistemas —en este caso, el río Ranchería— como sujetos de derechos que dificulte el uso y dominación de esta novedosa estipulación legal en el país a sectores políticos y empresariales que propugnan por una naturaleza sometida y al servicio del modelo económico hegemónico”.   Martha Peralta Epiayuu, congresista del Pacto Histórico, que durante meses impulsó la ley en el Congreso afirmó que la  sanción presidencial  hoy muestra una iniciativa para que sea ley de la República: “puesto que en la Guajira nosotros hemos sufrido históricamente por el agua, pero además, descontaminar el río nos va a permitir que no haya más desviaciones de ríos, de arroyos, de riachuelos en el departamento de La Guajira por causas asociadas a la a la minería y por las mismas represas que no nos benefician” Según Freddy Ordóñez Con la Ley 2415 de 2024 se inicia el reconocimiento legal de ríos como sujetos de derechos en el país, siendo un cambio en el abordaje de lo ambiental y de la naturaleza en la legislación que se puede llegar a sumar a las rupturas recientes que desde nuestra América se han dado con el derecho ambiental mayoritario, en perspectiva contrahegemónica.

Por: Isabela Puyana Foto tomada por: Isabela Puyana En el Segundo Congreso de Energías y Transición Energética de la Universidad de los Andes, Maria Victoria Ramírez, directora de Energías del Ministerio de Energías presentó lo que podría ser una ruta para una transición energética justa en Colombia como lo mencionó al iniciar su intervención, cuando dijo que las acciones propuestas deben contener los cuatro pilares que hacen justo a este cambio hacia las renovables que involucra también a la sociedad: ”que sea equitativa, vinculante, gradual y soberana e intensiva en conocimiento”, aseguró Ramírez. Una de las propuestas a las que le ha apostado el actual Gobierno y en especial el Ministerio, en la que hablan de democratizar la energía en Colombia es el decreto de las Comunidades Energéticas. Maria Victoria Ramirez aprovechó el espacio para dar una actualización sobre este proyecto: “Ya logramos firmar la resolución que da registro a la primera comunidad energética en Colombia. Esta se encuentra ubicada en el municipio de Bojayá, en el departamento del Chocó, y se trata de un centro educativo agrícola”. afirmó. Esta sería formalmente la comunidad 001 de las 18.462 que se postularon a la convocatoria que presentó el Minenergia. Según Ramírez, ya hay en operación 100 comunidades más y se esperan expedir en los próximos días dichos registros. En cuanto a recursos que está destinando la cartera para este propósito, la directora de Energía señaló que provienen de distintas fuentes . Entre ellos se destaca que parte de esta estrategia incluye a los municipios y territorios energéticamente sostenibles, los cuales serán financiados con créditos de Findeter. Otro de los temas abordados como una de las estrategias para lograr una transición justa es el de  la propuesta normativa que definirá y ordenará la implementación del mecanismo de mercado que sería adoptado para proyectos de energía eólica costa afuera (se basa en el aprovechamiento de la velocidad del viento para la transformación y obtención de energía eléctrica) para el país. Según Ramírez, la idea es que a partir de 2025 se logren dar permisos de ocupación que permitirán a los desarrolladores realizar análisis de pre factibilidad, licenciamiento y estructuras de proyectos. La implementación de esta tecnología ante 2052 aportaría una importante complementariedad ante fenómenos climáticos. Por, último y para cerrar su intervención, la Directora de energías actualizo el estado del hidrógeno en colombia y las acciones hasta ahora emprendidas: Respecto a aspectos ambientales se implementó la mesa institucional MADS-MME para definir el umbral de emisiones y licenciamientos ambientales. Ya se inició una hoja de ruta para utilizar combustibles para la aviación y la formulación para una apuesta de los fertilizantes verdes junto al DNP. Así mismo, junto a la GIZ Cooperación Alemana, se creó un plataforma para la actualización de noticias sobre proyectos implementados con Hidrógeno junto a comunidades en todo el país. Link: https://www.minenergia.gov.co/es/ecosistema-hidrogeno-colombia/     Durante el cierre, la directora invitó a la 1ª CUMBRE DE GOBERNANZA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA Y LA PAZ  que ocurrirá en Santa Marta del 7 al 9 de Noviembre organizada por Pares en la que parte de los adelantos de esta Ruta por la transición justa serán presentados durante este encuentro entre comunidades, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil y la academia para discutir sobre la transición energética justa con un enfoque de paz y gobernanza.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Los gremios de transporte de carga en Colombia sabe muy bien cómo poner en la esfera pública sus problemas económicos colectivos. En menos de ocho días los transportadores de carga nos hicieron saber a todos los colombianos que estaban disgustados con la decisión que tomó el gobierno Petro —desde hace casi dos años— de aumentar gradualmente el precio del diésel corriente o aceite combustible para motores (ACPM).   Desde octubre de 2022, los ministros de  Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía informaron a la ciudadanía del plan gubernamental de aumentar gradualmente, tanto el precio interno de la gasolina corriente como del ACPM. El Gobierno veía con gran preocupación el hueco fiscal —equivalente a varias reformas tributarias— que estaba generando el pago anual al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) —deuda que estaba en $37 billones en 2022 y logró bajarse en 2023 a $15,2 billones debido a la reducción del subsidio a la gasolina—.   Este hueco, según el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, ha sumado hasta la fecha, tal sólo para el ACPM, la astronómica suma de $56 billones —un billón por mes—. Lo que equivale a decir que en 56 meses que va del subsidio se han entregado al sector privado $33 mil millones por día, $1.389 millones por hora o $23 millones por minuto. Provocándose un desangre equivalente a la entrega de 190 casas de interés social diarias al sector privado —para 2024, el valor máximo de la Vivienda de Interés Social (VIS) es de $175'500.000—.   Está herida mortal a las finanzas públicas fue una herencia dejada al Estado por el gobierno de Iván Duque. Desde enero de 2020 ese gobierno tomó la decisión unilateral de congelar el precio interno de los dos combustibles —tanto de la gasolina corriente como del diésel o ACPM, este último ha permanecido en $9.315 pesos el galón—. Lo que significó acabar con el acuerdo que se había tomado y respetado durante décadas de vender estos combustibles de acuerdo a la variación del precio internacional y que llevó al endeudamiento que tiene el Estado con el FEPC.   El plan del gobierno Petro consistía en aumentar primero el precio de la gasolina corriente y luego pasar al del ACPM. De esta manera, durante año y medio los usuarios del servicio de gasolina vieron como este pasó de un precio que estaba cerca de $9.200 pesos —en octubre  de 2022— a más de $16.000 pesos —como está actualmente—. Decisión que aceptaron los usuarios del servicio de gasolina a pesar de los costos que están significando para ellos.   La idea, según lo programado, era que a partir del primero de septiembre de 2024, se comenzara con un aumento gradual del precio del ACPM. Durante un año y 10 meses el gobierno Petro se reunió con los transportadores en 13 mesas técnicas, donde intentó acordar la variación y los momentos para ella. Finalmente informó que se aplicaría en tres momentos: con un incremento cercano a los 2 mil pesos en cada uno de ellos —el primero en septiembre de 2024, el segundo sería antes de junio del 2025 y el tercero antes de finalizar el próximo año— para una variación final de $6.000, lo que pondría el diésel a un valor cercano a los $15.500 pesos, hasta que el precio interno se igualara al internacional.   Hasta el 30 de agosto, todo iba según lo planeado, hasta que llegó el momento de la decisión. Los gremios de los camioneros  —Fedetranscarga, Defencarga, Colfecar y ACC— esperaron hasta 30 de agosto de 2024, día que apareció la resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), para llamar a sus empleados y prestadores de servicio de transporte para entrar en paro. A penas se conoció que el precio del galón de ACPM subiría 1.904 pesos —pasando de $9.460 pesos a $11.364 precio promedio en Colombia— se convocó a la parálisis del servicio.   Como es costumbre entre el gremio de los camioneros, la decisión fue organizarse para realizar por las vías de hecho sus manifestaciones. Buscó afectar las miles de carreteras y vías del país. Durante los cuatro días que duró el paro los protestantes se ubicaron en lugares estratégicos —en las entradas y salidas de las ciudades— y luego procedieron a realizar lentos desplazamientos por las principales vías, hasta llegar a los centros de las capitales del país.   Es decir, los dirigentes gremiales dieron orden de salir a la calle con sus gigantescos vehículos y paralizar el país. Según los medios noticiosos, en solo un día fueron más de 800 puntos de bloqueos en toda Colombia. Se bloqueó la vía Panamericana, las autopistas de ingreso a las ciudades y las conexiones viales con los municipios pequeños. Se usó los instrumentos de poder que tienen causando unos días difíciles, de ruido estridente en las ciudades y de parálisis molesta de la movilidad.   Por su parte el gobierno Petro se comportó muy distinto a los anteriores presidentes: le ordenó a la Fuerza Pública no salir a las calles a enfrentarse con los camioneros. El Gobierno reconoció que eran muy pocos los pequeños propietarios y camioneros los que salieron a manifestar, que la gran mayoría de la población que protestaba estaba obligada a salir a las vías por los grandes empresarios, para, supuestamente, proteger su trabajo.   Los únicos enfrentamientos que se dieron con la Fuerza Pública fueron en lugares donde los mandatarios locales y regionales presionaron para que saliera la  Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) —el antiguo Esmad— a lanzar gases lacrimógenos. Por ejemplo en Bogotá, donde debido a la presión del alcalde Carlos Fernando Galán se usó la fuerza pública en la Avenida Séptima.   El gobierno Petro evitó las confrontaciones y el uso de la violencia; en su lugar, instaló una mesa de negociación. El Gobierno actuó como lo propone la nueva Ley de Seguridad y como lo establecen los actuales principios de la Fuerza Pública. Buscó acompañar a los protestantes con las organizaciones defensoras de derechos como la Defensoría del Pueblo y las personerías locales. Es decir, no hubo uso de la fuerza excesiva contra los manifestantes, lo que llevó a que no se registrara ningún muerto.   En este escenario de protesta empresarial, los dirigentes gremiales del transporte supieron llevar su problema económico colectivo a la esfera de lo político. Esto provocó que el Gobierno tuviera que tomar otra decisión para parar las protestas, como fue el establecimiento de una mesa de trabajo con varios de sus ministros —del Interior, Transporte, Agricultura, Hacienda y Minas—. Se reunieron con los actores involucrados y por consenso tomaron la decisión de paralizar la resolución de aumento del precio y establecer otra medida.   Es decir, los camioneros lograron frenar la decisión gubernamental. Se pasó de una decisión de aumentar 1.904 pesos a dos cómodos incrementos de 400 pesos. Según los resultados de la mesa de negociación, el nuevo acuerdo para levantar el paro es aumentar en $800 pesos el precio del diésel o ACPM —uno en luego de la negociación y otro el primero de diciembre de 2024—. Además lograron dejar en veremos los posteriores aumentos, que como dije, eran tres de $2.000 pesos. Ahora los planes del Gobierno se han cambiado y con ello la pretensión de reducir el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible este año a $11,9 billones.   Ante este resultado de uso del poder de los gremios de los transportadores cabe hacerles varias preguntas: ¿Será que ellos están esperando que sus problemas se trasladen a otros sectores sociales, que, por ejemplo, se reduzca el gasto público en educación para subsidiar el consumo privado de combustible, de un bien que, además de afectar las finanzas del Estado, producen daños ambientales? ¿Será que pretenden que se les siga entregando los recursos del Estado —equivalente a 190 casas de interés social diarias— para aumentar sus patrimonios familiares netos? O ¿será que quieren que el Congreso apruebe otra reforma tributaria para que pueda seguir transfiriéndoles el recaudo público vía subsidios?   En momentos como este hay que recordarles a los transportadores que, primero, estamos ante un subsidio insostenible, pues es clara la difícil situación fiscal que hace necesaria la idea de todos ponen. Segundo, sobre la responsabilidad que deben tener con el medio ambiente, y que se ve muy feo que la sociedad vía Estado, les subsidie el consumo de un bien dañino para la naturaleza. Tercero, que sean coherentes con la propuesta de precios justos, pues se les está entregando un diésel con el tercer precio más bajo en el continente. Y cuarto, que recuerden que la defensa de sus intereses no puede darse en un ambiente de vulneración de los derechos de los otros, como la libertad de circulación, el derecho al trabajo, el acceso a los alimentos y a los servicios esenciales.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: La Republica y QPASA Vicky Dávila anunció al final de la semana pasada una gira en donde visitará 30 ciudades de Colombia. Aunque hasta el momento lo ha negado es un secreto a voces que la directora de la revista Semana lanzará en cualquier momento su candidatura a la presidencia de la República de cara a las elecciones del 2026. La línea editorial que ha trazado desde la revista no deja lugar a dudas que el periodismo en el medio fundado en 1980 por Felipe López Caballero y que compró el grupo empresarial Gilinski en el 2019 ha pasado a un segundo plano. Ahora parece más una plataforma política en donde uno de sus objetivos es hacerle oposición abiertamente al gobierno de Gustavo Petro. Vicky Dávila funge como directora de la revista desde el año 2020 y en las últimas semanas ha sido la protagonista de actos públicos como el que realizó en la universidad EAFIT de Medellín. Sin embargo la estrategia del grupo empresarial Gilinski de aspirar a la presidencia de la república podría ser otra. Durante la última Feria del Libro de Cúcuta León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, presentó su último libro, Parapolítica, la historia del mayor asalto a la democracia en Colombia. Allí, ante doscientas personas, también hizo un balance sobre los dos años de mandato de Petro y entre las preguntas que se dejaron oír por parte del público fue la de los posibles aspirantes a la presidencia en el 2026 por parte de lo que hoy en día es la oposición.  Hasta el momento, por parte de la derecha colombiana, la primera que mostró sus cartas fue la senadora María Fernanda Cabal quien anunció hace unos días su intención de lanzarse a la presidencia bajo las toldas del Centro Democrático. Paloma Valencia también se sometería a una consulta dentro del partido. Miguel Uribe Turbay, quien está convencido que el único camino que le queda a Colombia es abrazar credos uribistas que hoy tienen moho, como el “Trabajar, trabajar y trabajar” sería un tercer contendiente en el CD. Y está, por otro lado el activismo de Dávila. Para Valencia Vicky Dávila podría ser tan sólo un señuelo para las verdaderas intenciones que tendrían el grupo Gilinski y que podrían develar en unos meses teniendo en cuenta que la carrera presidencial es larga y apenas comienza: que sea Gabriel, quien encarna la nueva generación del apellido, el que sea el candidato a la presidencia. Gabriel Gilinski tiene 37 años, nació en Miami y estudió Ciencias Políticas en la universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. Al principio su interés era el sector hotelero pero poco a poco ha dado un viraje hacia los medios sobre todo desde que capitanea el grupo Semana. Su interés por la política se evidenció sólo durante las elecciones presidenciales del 2018 cuando fue uno de los aportantes más significativos que tuvo la campaña del candidato del Centro Democrático Iván Duque quien terminó ganándole la segunda vuelta a Gustavo Petro. Es hijo de Jaime Gilinski y nieto del patriarca Isaac Gilinski. Es un banquero que ha bebido de las fuentes familiares y al que las mieles del poder no le serían indiferentes. La figura de Gabriel Gilinski no tiene la popularidad de Vicky Dávila, quien durante años fue la cara de noticias RCN y cuyas apariciones en redes siendo directora de Semana suelen volverse virales, pero encarnaría la figura del empresario, outsider de la política, que tiene como máximo representante a Donald Trump. Faltan poco menos de dos años y los analistas empiezan a hacer sus apuestas. Otros posibles candidatos a la presidencia son Claudia López, quien representaría al centro, la izquierda podría cobijarse con una alianza entre la senadora María José Pizarro y el actual canciller Luis Gilberto Murillo. La Fundación Paz y Reconciliación se ha enfocado en las últimas semanas, desde la línea de Democracia, a hacer un balance de los dos años del presidente Gustavo Petro. Fruto de esto es el libro que saldrá pronto a librerías focalizado

Por: Oscar A. Chala Padilla y Diego Alejandro Pedraza Investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Foto tomada de: Colombia Check y Semana La fragmentación de los partidos políticos en Colombia ha tocado todas las fibras de las organizaciones, sin importar el sector o la afinidad ideológica. Sin embargo, no todos los partidos políticos están fragmentados de la misma forma. También hay unos que, como Cambio Radical, sobreviven a las divisiones y rupturas en medio del poder regional de los clanes que lo sostienen.  El partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras ha tomado la vocería de la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, y lo ha hecho en medio del ambiente inestable que se presenta en otros partidos políticos que fungen como oposición.  Quizás Cambio Radical es la figura de la derecha que más unida se encuentra a simple vista, con una bancada robusta y prendada; sin disputas internas por ser el nombre que brille en medio de la incipiente carrera presidencial de 2026 y sin el estigma que acarrea la otrora poderosa figura de Álvaro Uribe. Pese a verse como un movimiento robusto en la actualidad, la realidad al interior del partido es otra y va muy atada a los clanes y los poderes regionales que han terminado por cooptar el poder dentro de la organización.  Cambio Radical: una esperanza desteñida en el camino Si bien es cierto que Cambio Radical ha sido un partido cuestionado, no fue así desde siempre. Sus orígenes, por el contrario, lo pintaban como una esperanza que alumbraba en el espectro en medio de una sociedad que apenas se recuperaba de la violencia ejercida por el narcotráfico en los 80 y de la cooptación del poder por parte de los carteles en los 90.  Cambio Radical nació en 1997, en medio de los primeros movimientos que hacía el Partido Liberal para escoger al candidato presidencial que enfrentaría a Andrés Pastrana (ungido por el conservatismo). Los liberales eran conscientes de que todo jugaba en su contra, especialmente por el desgaste del gobierno Samper y el fantasma de un “cadáver insepulto” que había rondado el palacio de Nariño desde que se explotara el proceso 8000. Esto los hacía entender que sus posibilidades políticas eran reducidas. En medio de esos ajetreos, la dirección nacional del partido comenzó a ventilar el nombre de Horacio Serpa, el hombre infalible de Samper, su ministro del Interior y, quizás, el hombre que había capoteado toda la arremetida de medios y escándalos que rodearon el gobierno del presidente Samper.  Serpa tenía todo el apoyo de las direcciones, del gobierno y de los sectores liberales más tradicionales. Sin embargo, en el seno de lo que eran los restos del Nuevo Liberalismo (el partido del inmolado líder, Luis Carlos Galán) no estaban convencidos de que el mejor camino para los liberales fuese impulsar la candidatura de un hombre que había sido tan figurativo dentro del escandaloso gobierno de Samper.  Tenían sus reparos, que fueron elevados a la dirección nacional —que obvió los mismos— y convocó a la “unidad liberal” ante el momento histórico del país. Las huestes del Nuevo Liberalismo decidieron apartarse del candidato y del mismo partido, argumentando que la escogencia de un candidato sin consulta previa iba en contra de lo que se había pactado con Galán en el momento en que el Nuevo Liberalismo volvió a las huestes tradicionales. Ese grupo disidente decidió abandonar el partido en medio del caldeado ambiente interno del Liberalismo. De ese grupo, destacaban algunas figuras que deciden unirse en un nuevo partido, una idea innovadora con orientación liberal, pero que se alejara de las lógicas liberales del tradicionalismo, que, para ellos, se había dejado cooptar por el narcotráfico, la burocracia y la corrupción. Convocados los disidentes, asisten hacia finales de 1997 al Teatro Libre de Bogotá, un grupo de más de 1.200 disidentes del liberalismo tradicional. Dirigidos por la matrona Paulina de Castro Monsalvo, se comenzó a germinar esa idea de un nuevo partido que tomara las banderas del Nuevo Liberalismo, que reivindicara las causas populares y, sobre todo, que se enfrentara a las lógicas del tradicionalismo liberal. El crecimiento del partido atado al “Uribismo” Fuente:  Semana.com A partir del año 2000 y en medio del gobierno de Andrés Pastrana, el partido comienza a adquirir relevancia a nivel nacional. Pero para lograr esta consolidación debían acercarse a otras corrientes políticas que le dieran una plataforma más amplia al movimiento.  Como no tenían un candidato presidencial para las elecciones de 2002, el partido realizó una consulta interna entre las figuras del partidor presidencial ene se momento. Ahí el partido tomó la decisión de apoyar al entonces candidato Álvaro Uribe Vélez. Al final, Uribe ganó y Cambio Radical se convirtió en una parte importante dentro del triunfo del proyecto político de Uribe.  Sin embargo, este sería uno de los primeros puntos de inflexión del partido, porque a partir de ahí las ideas liberales bajo las cuales se había construido comenzaron a marchitarse y empezaron a ser reemplazadas por las ideas de derecha que hoy son bandera del movimiento político.  A partir de ese primer gobierno de Uribe comenzó a desplegarse en todos los territorios, lo que le traería réditos importantes en las elecciones regionales de 2003 en donde apoyarían candidatos importantes en las principales ciudades y desde donde consolidarían su importancia a nivel territorial.  2004: El partido se transforma en el “patio” de Vargas Lleras Después del éxito obtenido en las elecciones de 2002 y de 2003, en 2004 el partido decidió que el entonces Senador, Germán Vargas Lleras, asumiera la dirección de la colectividad al ser la figura más destacada del movimiento y al ser el hombre con más proyección presidencial en el país.  En medio de su vocación de poder, Vargas aceptó. Desde ese momento el partido Cambio Radical se convertiría en su patio personal, desde donde construyó su plataforma política para afrontar dos candidaturas presidenciales y desde donde se atrincheró para mantenerse siempre vivo en medio del ambiente político nacional.  No solo se convirtió en el dueño del “letrero” y del “lapicero”, sino que también se convirtió en el único nombre que podía aspirar a la presidencia. Todo el partido se reformó al punto que las famosas consultas por las cuales se habían escindido del liberalismo desaparecieron ante la figura del “presidenciable”.  Germán Vargas Lleras aprovechó esos movimientos para definir los avales en las regiones, consolidó las alianzas que le permitieran subsistir financieramente e intentó que el apellido Lleras resucitara por medio del partido, a partir de asociar la Fundación Carlos Lleras Restrepo (abuelo del exvicepresidente) como centro de pensamiento del movimiento político. Con los años el partido se fue volviendo más gris y burocrático, porque si bien es cierto que era ahora un partido más próximo a la derecha, era capaz de acomodar su discurso a cambio de burocracia.  La prueba de esto está en lo sucedido entre 2010 y 2018, cuando el partido apoyó la candidatura de Santos a la presidencia por su cercanía con Uribe, pero en el momento en que Uribe y Santos se pelearon, el partido se movió ágilmente y abandonó al expresidente Uribe, para plegarse al poder burocrático del gobierno de Juan Manuel Santos.  Pasaron de amigos a enemigos con Uribe y de conocidos a amigos con Santos. Tan es así que, en 2018, Germán Vargas terminó siendo la formula vicepresidencial de Santos en la búsqueda de la reelección y con el proceso de paz con las FARC en sus años más críticos.  Entre “paras” y clanes Fuente: La Silla Vacía. Sin embargo, los escándalos también han hecho presencia al interior del partido, en especial en la época en la que se destapó la parapolítica, en donde Cambio Radical fue uno de los partidos con más congresistas y gobernadores salpicados por el escándalo.  Si bien intentaron argumentar que habían expulsado previamente a esos personajes, la imagen del partido se vio mermada cuando nombres como Rubén Darío Quintero, Miguel Pinedo y Nancy Patricia Gutiérrez terminaron siendo investigados, algunos condenados y otros vinculados formalmente al proceso.  La parapolítica los golpeó, pero Vargas Lleras, en su afán por lograr la presidencia, logró mover los hilos para mantener al partido vigente y vivo dentro del panorama político colombiano. Por esto se aproximó a Santos y por esto terminó siendo uno de los alfiles más fuertes y leales del “Santismo”, puesto que al final sabía que su momento llegaría.  Y cuando ese momento llegó es que se da la segunda cooptación de Cambio Radical, la cual podría decirse que empieza entre 2014 y 2015, cuando el exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, en su afán de ocupar el solio de Bolívar en 2018, movió el partido en dirección a los clanes políticos y lo hizo con el fin de ampliar su figura a las regiones. Es por esto por lo que en 2015 el partido se convierte en el gran vencedor de las elecciones regionales y en 2018, obtiene la segunda representación más robusta del congreso al obtener 46 escaños entre las dos cámaras, Todo apuntaba que Vargas lograría por fin su anhelo de ser presidente de Colombia. Pero los clanes no funcionan así y los votos que se fidelizan al mismo, no se pueden garantizar para el candidato presidencial. Y las elecciones de 2018 dejaron a Germán Vargas convertido en un candidato derrotado y con el inri definitivo del “presidente que no fue”.  Lo que sucedió es que después de esto no hubo más vuelta de hoja y el partido nunca más pudo volver del abismo de los clanes. La masa amorfa en la que se termina convirtiendo Cambio Radical la marcan los clanes, su presencia en el territorio la marcan los clanes y el apoyo con el que cuentan para cada elección va supeditada a los movimientos que hagan los clanes con los que cuentan.  Una fábrica de avales que hoy se aproxima más a la derecha, quizás porque ve en el 26 una posibilidad real que se le abre a ellos y a todos los demás partidos ante el balance que deja el gobierno actual. El poder electoral de Cambio Radical a nivel nacional y local Según datos del grupo de investigación Demos-UR, de la Universidad del Rosario y dirigido por el profesor Yann Basset, Cambio Radical tuvo una fuerte contracción a nivel regional en las elecciones de 2023. Con una tasa de éxito de sólo el 19,8% para la obtención de alcaldías en el país, el partido supervivió en este caso a partir de coaliciones, pues logró tener representación en alcaldías con una tasa de éxito del 48,7%. Según este grupo de investigación, Cambio Radical solo llegó a 1 de cada 5 alcaldías a las que se postuló de manera solitaria, mientras llegó a 4 de cada 10 lanzándose en coaliciones con otros partidos. Frente a las agrupaciones políticas con las que suele construir alianzas, Cambio Radical se coaligó en su mayoría con los partidos de corte tradicional (Partido Liberal, Partido de la U, Partido Conservador), con las que logró máximo 79 alcaldías a nivel nacional. Este hecho pone de manifiesto que es fácil construir alianzas con los partidos tradicionales, con los que prima la transacción política por encima de las discusiones programático-ideológicas, del mismo modo que parte de estas alianzas responden a la construcción de los mismos clanes políticos en Colombia, donde un grupo político puede tener diferentes cabezas importantes en muchos de estos partidos tradicionales, por lo que es fácil sostener puentes y construir alianzas en el marco de lo local. Frente a los partidos con tendencias más ideológicas (Alianza Verde, Centro Democrático), Cambio Radical también tiene coaliciones ganadoras en todo el país, pero en menor número que con los partidos tradicionales (lograron sacar máximo 35 alcaldías). Estas coaliciones se explican porque en las lógicas regionales, estos partidos de amplia tendencia ideológica a nivel nacional suelen flexibilizarse y adoptar también lógicas de maquinaria en las regiones, especialmente el Centro Democrático. Fuente: DEMOS-UR Frente a la territorialización de esos votos, Cambio Radical sigue siendo un partido de fuerte presencia nacional a nivel regional, teniendo como bastiones Cundinamarca, Cesar, Atlántico, Quindío y Chocó, donde los rojiazules lograron tener una buena cantidad de alcaldías municipales (en su mayoría en coalición), siendo el Chocó un caso especial, porque allí es donde Cambio Radical logró tener mayor cantidad de alcaldías propias, igual que en el departamento del Huila y en el departamento del Atlántico. No obstante, según los datos de Demos-UR, el partido sufrió una fuerte pérdida en su presencia municipal respecto de las elecciones regionales de 2019, especialmente en la Amazonía (Caquetá, Amazonas), en los llanos orientales (Meta, Vichada), en la costa (Magdalena) y en el Cauca, donde prácticamente el partido pierde parte de su presencia. Como partido, Cambio Radical logró la alcaldía de Barranquilla, mientras que, como coalición, obtuvo las alcaldías de Cali, Armenia e Ibagué. Curiosamente, en las elecciones a Senado y Cámara de 2022, Cambio Radical tuvo la mayor cantidad de votos en Atlántico, Magdalena, San Andrés y Providencia y Norte de Santander. Fuente: DEMOS-UR A nivel nacional, Cambio Radical tuvo más de 1.610.656 votos en el preconteo a Senado, junto con 1.391.339 votos en Cámara, lo que lo convierte en la sexta fuerza política del país. Esta fuerza electoral está concentrada en el departamento del Atlántico, en Bogotá, en Norte de Santander y en Valle del Cauca, donde el partido tiene sus principales bastiones electorales para el Congreso. Así mismo, a nivel de Cámara de Representantes, Cambio Radical tiene fuerte peso electoral en Huila y Quindío, lo que se ve reflejado en que hayan tenido una alta cantidad de votos en esos departamentos (entre 32 mil y 19 mil cada uno) y al mismo tiempo sean departamentos donde hayan puesto a una buena cantidad de alcaldes y hayan tenido buena representación de concejales. Fuente: Cifras de votos de Cámara de Representantes - Datos Electorales — MOE Fuente: Cifras de votación de Senado - Datos Electorales - MOE La oposición moderada de Cambio Radical en el Congreso El día de la instalación de la tercera legislatura del congreso, en toda la mitad del período del legislativo, David Luna se levantó a hacer una de las intervenciones a los que la oposición tenía derecho por el Estatuto de Oposición . A diferencia de Miguel Uribe, quien fue el designado por el Centro Democrático para hacer su discurso, Luna fue ponderado, mesurado y calmado en su intervención, minutos después de que Uribe generara caos, bullicio, reclamos y algarabías con sus palabras, que terminaron siendo un reencauche del programa político del Uribismo. Luna, por su parte, reconoció a Petro como un rival y no como un enemigo, lo que permitió que su intervención, calmada, concentrara la mayor parte de las críticas de la oposición de derechas contra el gobierno, incluso adscribiéndose a la posibilidad de que meterse en ese proyecto de Acuerdo Nacional que el gobierno ha dejado en manos de su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. No es para menos. Cambio Radical está ganándole el pulso al Centro Democrático en la disputa por encabezar un proyecto político alternativo desde la derecha y centroderecha de cara hacia 2026. Mientras que en las toldas del uribismo la disputa por una candidatura a la presidencia se ha convertido en una lucha encarnizada por ganarse la bendición del patriarca, en Cambio Radical la situación ha estado más bien calma, con solo el nombre de Luna sonando para llegar a 2026, si antes Germán Vargas Lleras no decide lanzarse de nuevo, tras haber cedido en 2022 para que su partido apoyara a Alejandro Char, quien terminó lanzándose por su lado y perdió en la consulta de la derecha. Este enfoque en concentrarse discursivamente en la falta de gestión del gobierno para cumplir sus promesas de campaña —en vez de articularse desde el discurso del uribismo, mucho más incendiario y quien declara que el país está sumido en una profunda “crisis”— le ha permitido tener mayor incidencia en el Congreso. No por nada, como lo señalamos en este artículo del 25 de julio , la incidencia de Cambio Radical no solo se refleja en su vocería dentro de la oposición, sino también en cargos directivos dentro del Congreso, con 2 presidencias de las 14 comisiones de ambas cámaras, así como 4 de las 14 vicepresidencias.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos No, no fueron los turcos contra los armenios, ni fue un zar loco contra alguna tribu de bárbaros. El siglo XX, con los Gulags de Stalin y los campos de extermino de Hitler fue un caldo de cultivo para las matanzas. ¿Hay algo más espeluznante que el hongo atómico brillando sobre Hiroshima? En el siglo XX el cinco por ciento de las muertes humanas tuvieron su origen en el asesinato. Según Yuval Harari, en su libro Sapiens, este es el mismo porcentaje de muertes violentas que se han encontrado en las grandes y milenarias fosas descubiertas por arqueólogos y que constatarían que algún gen violento hemos tenido desde que decidimos bajar de los árboles. Uno de los momentos más vibrantes del libro de Harari, que se convirtió en una respuesta a las angustias generadas en la humanidad después de la pandemia, fue el triste destino del hombre de Neanderthal. En nuestro ADN es muy lejano el rastro de esta especie. Es como si hubiera sido borrada de la faz de la tierra. Tenemos poca tolerancia a la diferencia y eso se nota ahora cuando el discurso de odio de la extrema derecha alemana le hizo ganar unas elecciones regionales después de 79 años, ósea, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El Sapiens empezó a poblar extensas regiones de Europa después de haber enviado avanzadas que fueron rechazadas por los Neandertales. Al principio eran mucho más fuertes y feroces que los sapiens. En una pelea de uno contra uno nuestros abuelos tenían todo para perderla. Pero los humanos tenemos la capacidad de asociarnos. Tres mil chimpancés en la Plaza de Bolívar de Bogotá desatarían un pandemónium. La misma cantidad de personas puede protestar de manera pacífica, escuchar un concierto, o incluso crear una obra artística. Pero también, agrupados, los humanos podemos constituirnos en máquinas de muerte. Yuval Harari ha sido criticado fuertemente por los historiadores que no entienden que cualquier ciencia no es más que una verdad susceptible a mutarse cuando se obtiene más información. Si en nuestra sangre no habita el gen del Neanderthal, ¿A dónde se fueron? Los humanos, buscando los mejores pastos, las aguas, los ríos para asentar lo que después se llamaría civilización, simplemente los arrasaron. En palabras de Harari “los Neandertales eran demasiado similares a los sapiens para ignorarlos, pero, también, demasiado diferentes como para tolerarlos”. A lo largo de la humanidad los sacrificios rituales, las venganzas e incluso el desprecio hacia niños deformes y ancianos con limitaciones físicas, han sido uno de los rasgos de la humanidad. Incluso Harari pone de ejemplo una sociedad de cazadores-recolectores que hasta hace muy poco vivía en el Paraguay una tribu indígena llamada Los Achué. Se supo de casos donde los adultos enterraban vivos a niños por pura diversión o dejaban expuesto a los buitres a los más ancianos. Era una tribu que no había cambiado sus costumbres desde siglos atrás. Los Aché fueron exterminados en la década del sesenta y una de las razones por las que lo hicieron fue su supuesta maldad innata. El libro de Harari sería una invitación al suicidio si no relatara también que los Aché eran abiertos en sus relaciones de pareja, la mujer tomaba las decisiones claves y no tenían ningún tipo de jerarquía. Los sapiens también podrían ser la hiena y la gaviota. La historia de la humanidad de Harari es brutal y a la vez emocionante, maravillosa. Nexus, su nuevo libro, llegará este mes a las librerías del país y es una historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la Inteligencia Artificial. Otra vez llegará este historiador israelí a resolver algunas de nuestras respuestas más apremiantes. Quedarán resueltas hasta que llegue alguien y revierta sus teorías. La verdad es dinámica.

Por: Anderson Salinas Enlace Norte de Santander de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Juventud de paz es una corporación que nace en el 2021 en el municipio de Tibú, Norte de Santander con la idea de apostarle al cuidado del medio ambiente y a la generación de alternativas de vida para los jóvenes de esta localidad de Norte de Santander.   Su líder es Leiver Moreno Pérez, tiene 25 años, técnico en sistemas agropecuarios ecológicos y cursa estudios en tecnologías en gestión agroempresarial. Actualmente es becario de la Escuela de Liderazgo Juvenil de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) , y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). A quien el amor por el cuidado del medio ambiente le nace ante la falta de oportunidades laborales en la región. Fue justo en ese momento donde decidió crear la corporación y con ella la marca de miel del Catatumbo.   “Con los estudios que pude realizar percibí que las abejas eran muy importantes para el cuidado del medio ambiente y noté que era una oportunidad para emprender este camino y apostarle a la creación de apiarios en toda la región del Catatumbo”, explica Leiver Moreno a Pares.   Son en total 18 jóvenes del casco urbano y la zona rural que integran la corporación y para ellos la apicultura se transformó en el camino donde pudieron comenzar un proyecto de vida que se aleja de las dinámicas del conflicto armado que históricamente afecta a la región del Catatumbo.    Con la producción de la miel encontramos una unidad productiva, porque cuidan el medio ambiente pero también tienen la oportunidad de tener un sustento económico, “sabemos que estamos en una zona de conflicto y las oportunidades que tenemos es coger para el monte, pero con el proyecto de apicultura que lideramos queremos que los jóvenes de nuestro territorio sean el ejemplo del departamento y el país”, comenta Moreno   Al año son cuatro cosechas y con esto, pretenden contrarrestar los productos que venden como miel en las tiendas de barrio o supermercados, agrega que es muy difícil competir con los precios, porque el producto que venden es transparente y no contiene ningún químico.   “Hay cosechas donde sacamos 500 o 700 kilos, y donde las cadenas de comercialización han sido el camino más difícil pero que hemos creado estrategias, cada integrante de la corporación tiene su punto de venta en sus casas, pero también las vendemos en los supermercados, así mismo los canales digitales son importantes para vender nuestros productos”, agrega Leiver.   El sueño que tienen es crear una asociación de apicultores en el municipio, porque sienten que están trabajando sueltos y no cuentan con las garantías necesarias para fortalecer su crecimiento y su sostenibilidad. Leiver, es moreno, de ojos oscuros, con el temple fuerte que caracteriza a los catatumberos, cuenta que con la corporación Juventud de paz piensa generar un impacto de transformación social para los jóvenes y así convertirse en agentes de construcción de paz.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. La actual administración de Buenaventura ha sido profundamente negligente en la gestión y planeación del Festival Folclórico y un ejemplo claro es la total exclusión de las mujeres en el Super Concierto, demostrando que la agenda cultural y artística local desconoce e invisibiliza a las artistas. ¡Esto no puede seguir pasando! En la reciente publicación  del cartel del Super Concierto que se realizará en el marco del Festival Folclórico del Pacífico en Buenaventura del 18 al 22 de septiembre, un evento que pretende dar mayor visibilidad a la ciudad y que está conformado por 15 artistas, del cual 14 son hombres y hay uno pendiente por confirmar. Este Super Concierto, uno de los eventos más esperados del festival, pone en evidencia una falta de compromiso de la actual administración con la visibilidad de las mujeres artistas. Y, desafortunadamente, parece que la única forma de que las mujeres tengan una participación protagónica en el festival será en el reinado de Señorita Litoral. Es crucial que se promuevan entornos donde las mujeres artistas no sean relegadas a un segundo plano o utilizadas como simples elementos decorativos en eventos culturales. Especialmente porque hablar de las mujeres como referentes en la cultura y del impacto que su presencia tiene en la motivación de otras mujeres artistas, fortalece la idea de que también pueden tener un lugar legítimo en el escenario público cultural. Haciendo una revisión de otros festivales, con tristeza me encuentro que, según un estudio realizado por  Book More Women, solo el 7.6% de los carteles de festivales de música de Estados Unidos son actos liderados por mujeres; y en los reportes de Ruidosa se ha denunciado que menos del 10% de los actos en carteles de festivales latinoamericanos son de mujeres, en contraste con Buenaventura que sería el 0%. Es decir, que el Super Concierto estaría conformado por un 100% de artistas hombres. Aunque cabe resaltar que el director del festival, el señor Wilmar Valencia, vía llamada telefónica me dijo que están en las gestiones para que el artista pendiente por confirmar sea una mujer. Para un total de 1 de 15. Pero que, si bien se reconoce la importancia de la inclusión de mujeres en estos eventos, “cada espacio que se hace cuesta, porque los artistas no se suben gratis y la mayoría cobran en dólares”. Esta respuesta y planeación del festival no es un tema aislado, y la representación de la diversidad es un problema estructural más profundo dentro de la actual administración. Mas allá de los costos de este tipo de eventos, aquí lo que está claro es que la gestión cultural en Buenaventura continúa siendo de hombres, para hombres. La invisibilización de las mujeres en el Super Concierto también pone en duda los compromisos que la alcaldía ha dicho que tiene en torno a la equidad de género.   Esta situación me llevó a la pregunta de cómo la secretaria distrital de las mujeres, equidad de género e igualdad de derechos urbano y rural se integra en la planeación de estas actividades. Por eso contacté a la secretaria, Yuli Tatiana Angulo, quien me dijo que prepararía su respuesta y en media hora me regresaría la llamada, cosa que nunca pasó. Lo que es bastante preocupante y más aún cuando se supone que esta secretaría tiene como finalidad  la “transversalización de la perspectiva de género antirracista y el enfoque diferencial”, y envía un mensaje claro a la comunidad sobre el poco valor que la alcaldía de Buenaventura le da a las voces de las mujeres. La representación equitativa en las artes no es un lujo ni un favor. Las mujeres en Buenaventura, y en el mundo, enfrentamos desafíos significativos, desde la violencia de género hasta la desigualdad económica, y si no se nos dan espacios para ser visibles en las artes ¿cómo podemos esperar que se nos escuche y se nos respete en otros aspectos de la vida pública? Hoy la alcaldía tiene la oportunidad de demostrar, con acciones concretas, su compromiso con la representación de las mujeres en todas las esferas de la vida cultural y política. Buenaventura tiene una tradición salsera magnífica, todos y todas las bonaverenses cantamos fuertemente cada que suenan canciones de Jimmy Saa o Pedro Brull y no cabe duda de que los artistas ya confirmados son unos hombres que nos harán gozar de un concierto espectacular, pero eso no debe quitarnos la posibilidad de preguntarle a la alcaldesa Ligia del Carmen ¿cuál es el lugar real de las mujeres artistas en Buenaventura?       * No estamos en los escenarios culturales, ni tampoco en la paz, como lo expuse  hace unos meses, pero no nos vamos a acostumbrar a ser excluidas. ¡No contarán con la comodidad de nuestro silencio!

Por: Fredy Chaverra Foto tomada de: la Presidencia de la Republica Las coyunturas críticas se pueden convertir en un factor excepcional para la exploración de renovadas posibilidades. Y como una coyuntura crítica se podría calificar el paro minero que, entre marzo y abril de 2023, sacudió los cimientos del Bajo Cauca en la movilización social más fuerte que ha vivido la subregión en la última década. Tras el paro y como una exploración concertada de nuevas posibilidades, se creó un espacio de diálogo interinstitucional que derivó en un conjunto de acuerdos entre el Gobierno Nacional y las comunidades mineras, siendo el más importante el que priorizó al Bajo Cauca en la estrategia de Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva . Estos distritos se enmarcan en una apuesta integradora para la organización y planificación territorial que, según el Plan Nacional de Desarrollo, busca establecer: “ instrumentos de planificación socioambiental, gestión y articulación institucional para alcanzar la sustentabilidad de las regiones donde se desarrollan operaciones y proyectos mineros, promover la asociatividad entre mineros y mineras de pequeña escala, así como la industrialización a partir de minerales estratégicos, el desarrollo de nuevas alternativas productivas, la reconversión laboral, de ser necesaria, la solución concertada de los conflictos ocasionados por la minería, y generar condiciones para garantizar la soberanía alimentaria de las poblaciones ”. Dese esa perspectiva, el Ministerio de Minas y Energía viene avanzado en el diseño y socialización de Distrito Agrominero y Pesquero del Bajo Cauca  con el cual se busca aprovechar; por un lado, la vocación minera de sus seis municipios -Caucasia, Tarazá, Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza-, en los cuales existe, con diversos grados de intensidad, explotación minera de pequeña, mediana y gran escala, formal e informal, especialmente explotación de oro de aluvión en los ríos Cauca y Nechí; y por otro lado, su potencial para el desarrollo productivo agrícola (arroz, yuca, plátano y ñame), pecuario, agroforestal, forestal, acuícola y ecoturístico, gracias a su diversidad de clima y suelo. Este Distrito Agrominero y Pesquero también se plantea como una oportunidad de oro para que la subregión se convierta en actor clave para la Transición Enérgica Justa -TEJ-. Así lo considera Diana Becerra, integrante del Equipo de distritos mineros especiales para la diversificación productiva del Ministerio de Minas y Energía, quien, en un reciente encuentro en Caucasia con la Red Pluriétnica por la Defesa del Territorio, afirmó: “La subregión se convierte en un pilar fundamental para la Transición Energética Justa. Porque la transición tiene todo que ver con la minería. No puede haber transición energética justa sin minería. Si logramos avanzar en esa planificación y en ese ordenamiento de la actividad minera desde el Distrito, vamos a lograr un proceso de reindustrialización, de energías limpias, de buenas prácticas mineras que disminuyan los impactos ambientales en la búsqueda de minerales estratégicos que le aporten a la transición, esos minerales son el oro, el cobre y algunos materiales de construcción.” Ya se viene avanzado en ese sentido con la priorización de una primera comunidad energética en Tarazá (hay otras comunidades energéticas postuladas). Pero las posibilidades también involucran el abordaje de otro tipo de medidas, tales como: 1). Municipios energéticos; 2). Comunidades educativas-energéticas; 3). Estrategias de electro-movilidad a partir de los cauces de los ríos Cauca y Nechí. De ahí que el Distrito Agrominero y Pesquero del Bajo Cauca no solo sea una oportunidad para la gestión y planificación territorial y productiva de la subregión, sino que además cuenta con todo el potencial para convertirse en un verdadero dinamizador social de la Transición Energética Justa. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos: concluida la etapa de delimitación del Distrito por parte del   Ministerio de Minas y Energía, se deben instalar una serie de mesas de trabajo, por municipio y comunidades, lo suficientemente amplias y representativas; y luego, conformar una Mesa de Trabajo Interinstitucional en la cual deberán confluir tanto actores institucionales de primer nivel como delegados de los sectores mineros, campesinos, pesqueros y étnicos, en quienes recaerá la responsabilidad final de crear el Plan Estratégico para la Gestión del Distrito Agrominero y Pesquero del Bajo Cauca. Por el momento, se sigue avanzado en los espacios de diálogo y socialización para la delimitación, pero desde ya, se empieza a vislumbrar el Distrito  como una posibilidad para orientar la vocación productiva del Bajo Cauca, y mucho más importante, para convertir una subregión rica en oro, pero con una altísima conflictividad social, en un referente nacional e internacional para la Transición Energética Justa. Por donde se le mire, la apuesta no resulta siendo menor.

Por: Daniela Bernier Pacheco Se preguntará ¿quién es?, aquí se lo contamos.  Es Aris Mining es una multinacional canadiense que cuenta con presencia en América Latina con proyectos mineros en la Guyana y en Colombia; en este último opera en las minas de Segovia y Marmato en el departamento de Caldas, además, posee un proyecto en desarrollo ubicado en Soto Norte, en el departamento de Santander. Tomado del documento A gold Producer in the Americas, expanding for tomorrow De acuerdo a lo multinacional, Colombia es un país rico en depósitos de oro de alta calidad, que cuenta con una mano de obra calificada e infraestructura bien desarrollada, también, señala que cuenta con una industria de oro emergente con un sector artesanal activo, que le brinda oportunidades de colaboración. Ahora bien, la mina de Segovia es una mina subterránea líder de alto grado a nivel mundial con su ley de reserva de 11,6g/t; para este año se espera que produzca entre 200,000 y 220,000 onzas de oro y se encuentra en proceso de expansión con un potencial para aumentar paulatinamente la producción anual de oro de 200-220 onzas a más de 300 onzas. Respecto de la mina de Marmato se puede decir que es una mina de veta angosta en la que se utilizan métodos de minería de pequeña escala y requiere mucha mano de obra; produce 25.000 onzas de oro por año. En ella también se esta desarrollando un proyecto de expansión con la construcción de una nueva mina, se espera obtener el primer oro de la misma a finales del próximo año. En el proyecto Soto Norte la minera es propietaria del 51% ubicado en Santander, en el año 2023 se completó su evaluación técnica y económica, se dice que este es uno de los proyectos de oro subterráneos sin desarrollar más grandes del mundo, sin embargo, enfrenta desafíos de permisos ambientales. La multinacional no solo busca aumentar la producción de oro, sino trabajar con las comunidades de las zonas donde se encuentran ubicadas sus minas pues se encuentran comprometidos con el gasto social en Segovia y en Marmato; financiando la escuela bilingüe La Salada quien ha beneficiado a más de 800 estudiantes en Segovia. Viene trabajando a su vez, en programas para empoderar a las mujeres en la minería, lo cual es clave, teniendo en cuenta que el sector minero es representado en su gran mayoría por hombres; se resalta a su vez el compromiso sindical al cumplir con los acuerdos de negociaciones colectivas. El Country manager de la compañía Alejandro Jiménez expresó que se encuentran trabajando en un esquema de formalización y asociatividad con mineros artesanales y pequeños mineros; la multinacional no solo busca expandir la producción. En ese orden de ideas, la reconocida minera Aris Mining crece a pasos agigantados en materia económica y le apunta al desarrollo social y económico en sus áreas de incidencia generando empleos en la zona, desarrollo económico y educativo de la zona, propulsando la equidad de género en el sector minero y, por último, en la formalización y asociatividad de mineros artesanales y pequeños mineros, un punto clave para la dignificación y reconocimiento del trabajo de los mismos.   Referencias: Aris Mining (2024). A gold producer in the Americas, expandig for tomorrow April 2024. https://wp-arismining-2023.s3.ca-central-1.amazonaws.com/media/2024/04/Aris-Mining-Corporate-Presentation-April-2024-V7-FINAL-FOR-WEBSITE.pdf Morales, D. (02 de septiembre de 2024). Aris Mining busca llegar a 800.000 onzas de oro Segovia, Marmato y Soto Norte. Portafolio. https://www.portafolio.co/energia/aris-mining-apunta-a-las-800-000-onzas-de-oro-con-marmato-segovia-y-soto-norte-612456

Por: Redacción Pares Nuestro libro sobre Parapolítica, veinte años del mayor asalto a la democracia en Colombia, liderado por León Valencua y Laura Bonilla, sigue cosechando éxitos. En la Feria del Libro de Cúcuta, en el principal auditorio, se realizó una charla sobre el libro al que asistieron trescientas personas. Esta ciudad fronteriza sufrió con toda la furia los rigores del paramilitarismo. Salvatore Mancuso, siguiendo ordenes de los hermanos Carlos y Vicente Castaños, creó en la frontera el Bloque Catatumbo, con el fin de quitarle a las guerrillas el negocio que habían montado con la coca en esta zona fronteriza. Trasladó desde Córdoba y Urabá en camiones a más de 1.000 guerreros que perpetraron masacres como la de La Gabarra, y Tibú, además de establecerse en la capital nortesantandereana a punto de terror y soborno. Se estima que entre los años 1999 y 2004 el Iguano, Jorge Iván Laverde, comandante del Frente Fronteras, pagó 35 mil millones de pesos en sobornos a funcionarios de la Fiscalía y políticos regionales. Paradójicamente no existen investigaciones sobre estos hechos a pesar de que Cúcuta y el departamento vivieron episodios de crueldad única en este conflicto como fueron los hornos crematorios de Juan Frío, solución que encontraron los paras para eliminar los cuerpos que literalmente rebozaban de las fosas comunes y las desapariciones forzadas. En febrero de este año se encontraron en el cementerio central de esta ciudad fosas con hasta 3.800 cuerpos. La llegada del libro editado por Planeta, fue un suceso de alta estima. Se agotaron los ejemplares en venta y las filas para las firmas de los mismos fueron extensas. Existe en esta ciudad un reconocimiento a la valentía que han encarnado desde hace dos décadas León Valencia y Laura Bonilla, quienes, con su investigación, cambiaron la configuración política de este país y le agregaron al léxico académico una palabra que tiene muchos padres -hasta Petro- pero un solo creador verdadero: La Parapolítica. Sin esta investigación hubiera sido imposible que un presidente de izquierda, como Gustavo Petro, hubiera llegado por medio de los votos a la presidencia. La Feria de Cúcuta, con sus llenos indiscutibles, se consolida como uno de los eventos académicos y culturales más fiables y constantes desde hace 20 años. Personajes como el fotógrafo Jesús Abad Colorado, quien ha sabido retratar el conflicto como ningún otro artista y el cineasta Víctor Gaviria, padre del neorrealismo colombiano y del punk, con obras imperecederas como Rodrigo D No Futuro y la Vendedora de Rosas, hicieron parte de este cartel de lujo en donde el director de la fundación Pares, León Valencia, fue protagonista de excepción. Siempre es una buena noticia que un libro se transforme en un suceso.