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Por: Katerin Erazo, Periodista El presidente de la República , Gustavo Petro, ha reservado su agenda para dos reuniones de alto nivel que podrían definir el curso de su ambiciosa agenda legislativa. Los encuentros, programados para el miércoles 4 y jueves 5 de septiembre, se realizarán con los presidentes de las dos cámaras del Congreso: Jaime Raúl Salamanca, de la Cámara de Representantes, y Efraín Cepeda, del Senado. Estas reuniones , enmarcadas en un ambiente de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, son vistas como un esfuerzo clave para lograr los consensos necesarios para avanzar en las reformas sociales propuestas por el Gobierno. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo ha estado marcada por una serie de desencuentros en los últimos meses, especialmente en torno a las reformas sociales que el presidente Petro ha impulsado desde la Casa de Nariño. Estas tensiones se han intensificado con el debate sobre un posible acuerdo nacional que, en un momento dado, llevó a considerar la convocatoria de una asamblea constituyente. Sin embargo, la estrategia del Gobierno parece haberse enfocado ahora en fortalecer la colaboración con el Congreso, buscando acuerdos que permitan la aprobación de reformas clave. Entre los proyectos de ley que el Gobierno ha puesto sobre la mesa se encuentra la polémica reforma a la salud, que Petro considera fundamental para mejorar el sistema de salud del país. Además, la Ley de Financiamiento, con la que se espera recaudar unos $12 billones, será otra de las prioridades del Ejecutivo. A estos proyectos se suma la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, que complementa la ley estatutaria aprobada previamente y que busca fortalecer los derechos de los campesinos y mejorar la administración de justicia en las zonas rurales del país. No obstante, la agenda legislativa no ha avanzado al ritmo que el Gobierno esperaba. A un mes del inicio del periodo legislativo, los avances han sido escasos, lo que ha generado preocupación en el Ejecutivo. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha intentado disipar estas preocupaciones, asegurando que "el problema no es de velocidad, sino de generar los consensos necesarios". Para Cristo, lo más importante es lograr que los debates en el Congreso se desarrollen en un ambiente de respeto y colaboración, lo que permitirá avanzar en las reformas de manera efectiva. El primer encuentro de esta semana será el miércoles 4 de septiembre con Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes y miembro de la Alianza Verde. Salamanca ha demostrado una actitud abierta al diálogo con el Gobierno, lo que lo convierte en un aliado potencial para Petro en la Cámara. Este encuentro es visto como una oportunidad para fortalecer la relación entre el Ejecutivo y la Cámara, especialmente en un momento en que se discuten reformas tan importantes como la de salud y la laboral. Salamanca ya ha tenido varios encuentros con el presidente Petro en el pasado, lo que ha permitido establecer una base de confianza mutua. Uno de los momentos más destacados fue la sanción de la ley antitaurina en Bogotá, donde ambos coincidieron en un acto simbólico que marcó un hito en la lucha por los derechos de los animales en Colombia. Además, Salamanca acompañó a Petro en la posesión de la nueva defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en Nuquí, Chocó, lo que refuerza la cercanía entre ambos líderes. Sin embargo, Salamanca también ha mostrado su independencia frente al Gobierno, lo que se evidenció en su reciente reunión virtual con miembros del Centro Democrático, incluyendo a su líder máximo, Álvaro Uribe Vélez. En ese encuentro, Salamanca aseguró que garantizará que la oposición tenga los espacios necesarios para un debate amplio y profundo en el Congreso, subrayando la importancia de respetar las diferencias políticas en el marco del ejercicio democrático. El jueves 5 de septiembre, Gustavo Petro se reunirá con Efraín Cepeda, presidente del Senado y líder del Partido Conservador. Esta reunión es especialmente relevante debido a las reservas que Cepeda y su partido han mostrado respecto a algunas de las propuestas del Gobierno, en particular la reforma tributaria. Cepeda ha sido un crítico vocal de esta reforma, que busca recaudar $12 billones para financiar proyectos clave del Ejecutivo, argumentando que podría comprometer el presupuesto de 2025 y generar incertidumbre económica. Cepeda ha sugerido que, en lugar de aprobar una reforma tributaria tan ambiciosa, el Gobierno debería considerar recortes presupuestarios en sectores con baja ejecución. Según el líder conservador, el gasto público, que actualmente ronda los $327 billones, podría ser reducido sin afectar significativamente el funcionamiento del Estado, permitiendo así liberar recursos para otras prioridades. Esta propuesta, sin embargo, ha generado un intenso debate en el Congreso, donde las posiciones están divididas. La reunión entre Petro y Cepeda será un momento crucial para evaluar la posibilidad de encontrar puntos en común. El presidente del Senado ha insistido en la necesidad de una "colaboración armónica" entre las ramas del poder, subrayando que cualquier acuerdo debe estar alineado con los intereses del país y respetar la independencia del Congreso. En este sentido, Cepeda ha dejado claro que su partido no se dejará llevar por acuerdos políticos, sino que tomará decisiones basadas en un análisis técnico y riguroso de las propuestas legislativas. Las reuniones de esta semana son vistas como un esfuerzo del presidente Petro por construir consensos en un Congreso que se muestra dividido y, en algunos casos, hostil hacia sus propuestas. La capacidad del Ejecutivo para lograr acuerdos con líderes como Salamanca y Cepeda será determinante para el éxito de su agenda legislativa, especialmente en áreas tan sensibles como la salud, la tributación y la justicia agraria. El ministro Juan Fernando Cristo, quien ha estado al frente de las negociaciones con los partidos políticos, ha destacado la importancia de avanzar en una relación que garantice la independencia del Congreso y respete su autonomía. Según Cristo, las reuniones con los presidentes del Senado y la Cámara serán una oportunidad para fortalecer la estabilidad institucional del país y avanzar en un acuerdo nacional que permita superar las divisiones políticas. Sin embargo, el camino hacia los consensos no será fácil. La oposición, encabezada por el Centro Democrático, ha mostrado su determinación de frenar las reformas del Gobierno, argumentando que no se les ha dado el espacio necesario para debatir y presentar sus propuestas. A pesar de las garantías ofrecidas por Salamanca, la oposición sigue siendo escéptica sobre la posibilidad de un debate realmente inclusivo en el Congreso. El resultado de estas reuniones podría tener un impacto significativo en el futuro de las reformas sociales propuestas por el Gobierno de Petro. Si bien el presidente ha expresado su confianza en que se podrán lograr los acuerdos necesarios, la realidad política sugiere que el camino será arduo y estará lleno de desafíos. La reforma a la salud, en particular, se perfila como uno de los temas más polémicos, con un Congreso dividido entre quienes apoyan los cambios propuestos y quienes temen que estos puedan debilitar el sistema actual. Además, la Ley de Financiamiento será un punto crítico en las negociaciones. La necesidad de recaudar $12 billones para financiar las iniciativas del Gobierno ha generado preocupaciones tanto en la oposición como en algunos sectores del propio oficialismo. La posibilidad de recortar el gasto público, como propone Cepeda, podría abrir un nuevo frente de debate en el Congreso, con implicaciones de largo alcance para la política fiscal del país. Las reuniones entre Gustavo Petro y los presidentes del Congreso marcarán el inicio de un periodo decisivo para el Gobierno. Con una agenda legislativa ambiciosa y un Congreso dividido, el éxito de las reformas sociales dependerá en gran medida de la capacidad del presidente para construir consensos y superar las resistencias políticas. En un escenario de alta tensión, la colaboración entre las ramas del poder será fundamental para avanzar en los cambios que el país necesita.

Por: Redacción Pares Este 3 de septiembre Bogotá se encontraba colapsada. Los principales puntos de acceso a la ciudad estaban bloqueados. Desde Zipaquirá empezaba una interminable fila de autos. Agobiante. La cita que se pusieron los transportadores fue en el centro comercial Bima. Sobre la calle 200 con autopista norte la vía se angosta. Bloquearla es demasiado fácil. Casi todas las mañanas el acceso por ese lugar es más largo de lo que debería ser. Con una protesta se vuelve imposible.  Por el norte, por el sur, tampoco por la 80, en la autopista que comunica a la capital con Medellín se podía avanzar. Los transportadores habían sentado su voz de protesta por el alza en el combustible en $1904 en el costo del ACPM y que dejó el galón en 11.390 pesos. El gobierno se ha sostenido en que el alza de la gasolina se debe a una decisión que se tomó a último momento durante el gobierno de Duque. En entrevista con la revista Semana el entonces ministro de hacienda José Antonio Ocampo, en julio del 2023 afirmó lo siguiente: “Yo creo que fue inaceptable totalmente que la administración Duque decidiera no aumentar los precios de la gasolina sino al puro final”. Desde el año 2007, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, se creó un subsidio para el precio de combustible que contrastara la volatilidad de los mercados internacionales. La guerra de Ucrania terminó disparando el precio del crudo lo que volvió más profundo el hueco fiscal. Así que, para pagar las deudas que se habían contraído con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Duque decidió, en mayo del 2022, desmontar el subsidio de manera súbita. El déficit que se generó durante el gobierno de Iván Duque fue de 56 billones de pesos. Eso llevó a este gobierno a subir el combustible. Los transportadores realizaron tomar medidas extremas como bloquear por completo la ciudad de Bucaramanga y aprestarse para hacer lo mismo con la capital. En Norte de Santander también existen bloqueos. Incluso en la altura del Páramo de Berlín una mujer venezolana falleció ayer lunes 2 de septiembre porque no se le pudieron suministrar los requerimientos médicos que necesitaba. La terminal de transporte de Cúcuta tuvo que suspender sus operaciones debido a la anormalidad presentada. Con el correr de las horas la situación se complica en Bogotá. Sobre las 8 de la mañana ya estaba cerrada la vía al Llano y hay suspensión en varias de las estaciones de Transmilenio. La ministra de transporte, María Constanza García, ha reiterado su disposición al diálogo y se espera que este mismo 3 de septiembre se puedan llegar a acuerdos que permitan desbloquear vías tan importantes como la que comunica al Socorro con Bogotá y que permite que el centro y el oriente del país se mantengan unidos. El gobierno no se puede permitir otro incendio.

Por: Oscar A. Chala Padilla y Diego Alejandro Pedraza investigadores de la línea de Democracia y Gobernabilidad En una mañana que sacudió el panorama político colombiano, el lunes 2 de septiembre se reveló una noticia que podría redefinir el curso de la presidencia de Gustavo Petro. La investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó que la campaña "Petro Presidente 2022" habría superado los topes de gastos establecidos por más de 5,300 millones de pesos, una cifra que no solo es astronómica, sino que podría tener graves consecuencias legales y políticas. Este hallazgo pone sobre la mesa una serie de interrogantes sobre la integridad del proceso electoral y el futuro del gobierno actual, al tiempo que reaviva debates sobre la efectividad de los mecanismos de control y rendición de cuentas en la política colombiana. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Qué papel jugarán las instituciones encargadas de investigar al presidente en funciones? Y quizás lo más importante, ¿está Colombia preparada para enfrentar una crisis institucional de esta magnitud? Para entender las implicaciones de este caso sin precedentes, es necesario examinar la compleja red de actores e instituciones involucradas, comenzando por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Una arqueología de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes Fuente:  El Heraldo. Reestructurada desde el juicio al entonces saliente gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla en 1957, la Comisión de Acusaciones de la Cámara está compuesta por 18 representantes a la Cámara, elegidos por el sistema de cociente electoral, que busca garantizar la mayor representatividad de los partidos políticos que conforman el Congreso. Para esta legislatura su presidencia la ocupa el representante liberal Leonardo Gallego, cercano al gobierno Petro, y su vicepresidencia Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, quien es independiente, pero ha sido crítica acérrima de la gestión del presidente Petro. Las votaciones en la Comisión se llevan a cabo de manera similar a otras decisiones legislativas, donde los miembros votan sobre las denuncias o acusaciones presentadas. Las decisiones pueden ser tomadas en sesiones reservadas o públicas, dependiendo de la naturaleza del caso y las deliberaciones internas. Para este período, la Comisión de Acusaciones que se encargará de un potencial proceso contra el presidente Petro está compuesto de la siguiente manera: La bancada de gobierno tiene 9 congresistas de los 18 que componen la comisión, mientras que la oposición tiene 4 representantes y los independientes tienen 5. Este desequilibrio ha llevado a que en el análisis se cuestione si la Comisión de Acusaciones tendría realmente la independencia y capacidad de poder llevar el juicio contra el presidente Petro. Por otro lado, la Comisión solo ha tenido incidencia en un proceso desde que se refrendó la Constitución de 1991, relacionado con el proceso 8000, durante el gobierno de Ernesto Samper en 1994, que representó una crisis institucional sin precedentes en Colombia. Las acusaciones de financiación del narcotráfico a la campaña presidencial polarizaron al Capitolio entre quienes buscaban condenar al presidente y quienes pretendían respaldarlo para preservar la estabilidad institucional. La Comisión de Acusaciones se vio en el centro de una tormenta política, con el país enfrentando la posibilidad de que el gobierno hubiera sido elegido con fondos del Cartel de Cali. A pesar de la gravedad de las alegaciones, el gobierno de Samper logró resistir la crisis gracias al voto decisivo del congresista Heyner Mogollón, evitando un potencial colapso institucional. Aunque los detalles exactos permanecen inciertos, el caso dejó en evidencia la fragilidad de la Comisión de Acusaciones, cuyas decisiones podían fluctuar por los intereses políticos de los partidos políticos y cualquier tipo de negociación con los congresistas que pudiera voltear su voto. Posterior a este proceso, la Comisión de Acusaciones se ha mantenido inactiva y pasiva frente a otros cuestionamientos y escándalos políticos que han enfrentado otros presidentes durante los últimos 25 años, especialmente frente a denuncias de corrupción contra Santos (caso Odebrecht), las acusaciones de patrocinio del paramilitarismo y los falsos positivos (Álvaro Uribe), los controvertidos resultados del fallido proceso de paz del Caguán (Andrés Pastrana), o las acusaciones de corrupción durante la pandemia y de abuso de fuerza durante las manifestaciones del paro nacional de 2019 y 2021 (Iván Duque). Sin precedentes claros frente a la rendición de cuentas y los procesos de investigación contra altos funcionarios del Estado en funciones que entran en la jurisdicción de la Comisión, así como el cuestionamiento sobre la neutralidad de los congresistas que investigan y votan dentro de la Comisión, además de una tendencia a que las negociaciones políticas terminen influyendo en las decisiones que esta Comisión debe tomar, está claro que el rol que puede cumplir en caso dado de que el Consejo Nacional Electoral decida votar afirmativo a la ponencia contra la campaña Petro presidente 2022 va a ser, cuanto menos, complicado, especialmente en un escenario donde el gobierno denuncia que detrás de la acusación de los magistrados ponentes del CNE, existe un “golpe blando de Estado” o “lawfare”. Álvaro Hernán Prada: el cuestionado ponente Foto tomada de: Reporte Asociados La historia pública de Álvaro Hernán Prada data de mucho tiempo atrás. Con una extensa trayectoria por diferentes cargos públicos y diversos intentos electorales que los han encumbrado hasta la posición que hoy ocupa en el Consejo Nacional Electoral.  El Magistrado es una de las caras más visibles del “uribismo” a nivel nacional, un personaje clave desde 2014 para los intereses regionales de Uribe, puesto que fue Prada la primera persona que el expresidente puso a liderar la lista cerrada a la Cámara por el Huila del entonces naciente partido Centro Democrático.  Prada aprovechó la venia de su “padre” político y capitalizó unos votos importantes que se sumaron a los caudales que traía por arraigo de su madre, Lucy Artunduaga y de su padrastro, Jorge Eduardo Gechem. El movimiento de Prada le valió para que, en 2018, cuando encabezó la lista abierta del uribismo para la cámara por el Huila, sacara una votación superior a los 40 mil votos que le garantizaron su reelección.  En esos años, por petición expresa de Álvaro Uribe, Prada se hizo cargo de la campaña presidencial de Iván Duque en el Huila. Ahí logró acomodar un importante sector y Duque terminó ganando en el departamento por un amplio margen en las dos vueltas presidenciales.  La voz de Prada se fortaleció al interior de las huestes del Centro Democrático, su injerencia en las decisiones de partido y su voz al interior de la bancada se robustecieron al punto de que fue nombrado como uno de los compromisarios que tuvo el Centro Democrático en los que fue el inicio del gobierno Duque.  Los ecos del “caso Uribe” El panorama para Prada comenzó a oscurecerse desde esa campaña de 2018, cuando en medio de las correrías por el departamento y por el país con su jefe, Álvaro Uribe, fue notificado el 22 de febrero de 2018 de que la Corte Suprema de Justicia abriría una indagación preliminar contra él y contra el expresidente Uribe por el delito de fraude procesal y soborno de testigos en medio del caso de Uribe contra el senador, Iván Cepeda.  Prada siguió adelante con su campaña, logrando la reelección y logrando el triunfo de Duque en esa campaña de 2018. A un lado, el proceso, quieto y sin movimiento y quizás para él, con la tranquilidad de que nunca avanzaría por cobijar a la figura de Uribe. Sin embargo, el 24 de julio de 2018, cuatro días después de que se posesionara nuevamente como Representante a la Cámara, la Corte Suprema abrió investigación formal contra él y contra Álvaro Uribe por los delitos ya mencionados. El 25 de abril es citado a indagatoria en medio de las acusaciones de que fue Prada quien habló con el paramilitar Carlos López, alias “Caliche” para convencer a Juan Guillermo Monsalve de retractarse de sus testimonios contra Álvaro Uribe y a su vez, denunciar a Iván Cepeda por supuesta manipulación. A partir de ahí comienza una cascada de situaciones jurídicas que llevaron a Prada a renunciar a su curul en 2021 para defenderse ante la justicia.  Sorpresivamente Prada decidió enfrentar la campaña al senado de 2022, que terminó con una derrota estruendosa que parecía, sería el final de su carrera política.  Sin embargo, en 2022 recibe el salvavidas de Uribe al ser nominado como el candidato del Centro Democrático al Consejo Nacional Electoral desde donde Prada ha ejercido y se ha mantenido en un ostracismo fuera de los focos públicos, hasta la ponencia contra la campaña “Petro presidente” que ha impulsado a lo largo de este año. El país de los “intocables” Fuente:  El Espectador. Las revelaciones del Reporte Coronell del 2 de septiembre terminaron por poner al país en una coyuntura bastante novedosa en su historia, en la que al mismo tiempo un expresidente y un presidente en funciones enfrentan procesos e investigaciones en su contra, lo que abre un escenario diferente dentro de una república presidencialista, en la que el poder del primer mandatario ha sido incuestionable en el ejercicio de sus funciones o en la que los expresidentes han estado presentes dentro de la vida política, pero no han sido juzgados por acciones cometidas en sus gobiernos. Además, la situación es novedosa en comparación con algunos casos en Latinoamérica, donde muchos presidentes han sido juzgados y apartados del poder durante o después de su gobierno. Es importante hablar, por ejemplo, del caso de Perú, que desde 2011 hasta 2022 ha tenido más de 7 presidentes, con dos crisis políticas profundas (2016-2020 y 2021-presente), en la que el Congreso tiene facultades constitucionales para censurar ministros del gabinete presidencial, ordenar la vacancia del presidente y legitimar iniciativas legislativas del ejecutivo a través de las llamadas cuestiones de confianza. Con estas herramientas, el Congreso peruano destituyó a Castillo tras un intento del presidente por disolver el parlamento en diciembre de 2022, y lo ha llevado a juicio por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias, abuso de autoridad y rebelión. Mismo caso que en Brasil, donde el Congreso brasileño realizó un proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, en diciembre de 2015, que inició posterior a que la entonces presidenta fuera acusada de presuntamente maquillar las cuentas públicas a través de una práctica conocida como "pedaladas fiscales", que implicaba el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas del gobierno, algo prohibido por la ley de Responsabilidad Fiscal de Brasil. Del mismo modo, hubo acusaciones de que Rousseff hizo parte presuntamente del caso Lava Jato y de la corrupción al interior de Petrobras, proceso por el que el hoy presidente Lula también fue salpicado. Luego de un proceso abierto por el parlamento brasileño, en la que la Cámara de diputados votó en abril de 2016 y el senado tuvo una primera votación en mayo de ese mismo año para suspenderla por 180 días, en agosto de 2016 el Senado se decantó con una amplia mayoría por la destitución de la presidenta, que se hizo efectiva un día después de tomada la decisión. Por otro lado, expresidentes como Rafael Correa y Lenin Moreno en Ecuador, Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski en Perú, Michel Temer en Brasil, Otto Pérez Molina en Guatemala, Jeanine Áñez en Bolivia y Juan Orlando Hernández en Honduras, han sido investigados, juzgados y condenados durante el ejercicio de sus funciones presidenciales o inmediatamente posterior a su salida del poder.

Por: Redacción Pares El reclutamiento de jóvenes para la guerra ha sido uno de los males que ha tenido el país en los últimos cincuenta años. Harto se ha documentado sobre lo que hacen los grupos armados en el campo colombiano obligando a menores de edad a defender los intereses de sus filas. El ejército no hacía algo demasiado diferente. Durante los peores años de la guerra en el país, a mediados de la década del noventa, cientos de miles de bachilleres tenían que irse a engrosar las listas de los batallones expuestos muchas veces a confrontaciones. En la base militar de las Delicias, en Puerto Leguízamo, Putumayo, las FARC atacaron con 500 guerrilleros llevándose a sesenta soldados secuestrados -muchos de ellos jóvenes que prestaban servicio militar- durante el ataque fueron asesinados 26 uniformados durante el combate. Hasta hace muy poco era parte del temor de los jóvenes que vivían en los lugares más alejados del país caer en una redada del ejército y ser obligados a empuñar un arma. Según la OIM la vinculación de los niños, niñas y adolescentes con grupos armados se da a partir de la utilización y el reclutamiento. En el portal Rutas del Conflicto se da la especificación de estos dos términos: “La utilización es la participación indirecta en la que NNA son involucrados en los conflictos con el propósito de servir a los intereses de los actores armados, por ejemplo, cuando un niño es utilizado para enviar mensajes o hacer favores. El reclutamiento, en cambio, hace referencia a su participación directa en las filas armadas bajo una estructura militar. Esto no quiere decir que por ser directa sea consensuada”. No importa el color del uniforme, si es un ejército legal o uno ilegal, obligar a un muchacho a tomar un arma es, muchas veces, destruir un sueño, torcer destinos, obligaciones que pueden llevar a la persona afecta a problemas sicológicos serios. Hay jóvenes que no quieren participar en ningún tipo de guerra. Al menos se necesitaba que este servicio militar no fuera obligatorio. Que se dieran otras opciones para servir al país. El 28 de agosto el gobierno de Gustavo Petro consiguió reglamentar, por decreto, el Servicio Social para la Paz, que sería una alternativa, para jóvenes de 18 y 24 años del servicio militar obligatorio. Los jóvenes tendrían once opciones, algunas de ellas les evitarían formar parte de las Fuerzas Armadas. Si, hay que prestar un servicio, pero de ahora en adelante no se le hará un servicio a la guerra sino también a la paz. Es que se puede prestar el servicio para ayudar a dar cumplimiento al acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional, proteger los páramos, el cuidado de los nacimientos del agua. Estas son las opciones que tendrán los muchachos para prestarle al país: 1.Promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas 2.Trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario 3.Refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz 4.Promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización 5. Protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, ecosistemas estratégicos, la riqueza ambiental y forestal del país 6.Promover la paz étnico-territorial, respetando el derecho de autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas. 7.Trabajo con víctimas de violencia sexual y basadas en género 8. Protección y cuidado de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad La duración de este servicio será de doce meses. Los jóvenes que podrán acceder a este programa serán: los que habiten en municipios PDET, los que habiten en territorios de alta violencia, los que están expuestos a reclutamiento forzado, los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, los que no hayan resuelto su situación militar. A los jóvenes se les pagará el 80% de lo que recibe un joven que preste el servicio militar obligatorio. Congresistas como Alirio Uribe y María José Pizarro promovieron este decreto que salvará a miles de muchachos de esa tortura que significaba presta el servicio militar de manera obligatoria para la guerra.

Por: Redacción Pares foto tomada de: @aromaritaka El 4 de septiembre del 2020 en la estación de policía de San Mateo en Soacha los muchachos que estaban encerrados no aguantaban más el hacinamiento, el sudor, el olor a podredumbre. Llevaban días quejándose, además de esto, de la negativa constante de los policías de permitirles visitas. Para hacerse sentir los veinte hombres que estaban allí encerrados prendieron una cobija. Los policías se cruzaron de brazos y se sentaron a ver lo que para ellos era un espectáculo. No movieron un dedo. Escuchaban el crepitar de la carne, los gritos de horror. Eran más de veinte policías los que presenciaban la escena. Mientras tanto, afuera, las madres de estos muchachos suplicaban porque no los dejaron morir. Pero nadie hizo nada. En menos de una hora murió uno de los presos. Once de ellos salieron heridos de gravedad. Con el correr de esa semana murieron ocho debido a las quemaduras. Cuatro días después de estos hechos el país conocería el caso de Javier Ordoñez. Era un estudiante de derecho que se encontraba tomándose unos tragos con unos amigos en el barrio Villaluz en Bogotá. Los policías llegaron al lugar, se lo llevaron al CAI de esa localidad lo torturaron con pistolas taser y luego lo golpearon hasta matarlo. Los transeúntes escuchaban los gritos de Ordoñez pidiendo, que, por favor, no lo golpearan más. Ese mismo día la gente, en protesta por lo que había pasado, empezó a rebotarse. Arrancaba el estallido social. El caso de los pelados de Soacha se conoció gracias a la denuncia del entonces concejal Diego Cancino, actual viceministro del interior, quien puso el foco sobre una de las tragedias más desgarradoras ocurridas en Colombia. Cancino, como si fuera un periodista, empezó a escuchar los testimonios de los familiares de los muchachos quemados y le contó en su momento al diario El Tiempo las frases que los policías dejaron escapar mientras eran consumidos por las llamas: “Ojalá se quemen esas gonorreas”, “Dejen que se quemen esas ratas”. El periodista y videógrafo Sergio Saavedra de la fundación Pares habló con una de las madres de los muchachos y en ese 2020 esto le contó: “Yo exijo que se aclaren los hechos porque ese día, tengo entendido, escucharon a un sargento que dijo “ojalá que se quemaran esas gonorreas” –y me disculpan las palabras— “que esas hijueputas ratas se quemaran allí”. ¿Él por qué dice eso? ¿Qué tiene que ver con lo que pasó? ¡Que me expliquen! Porque mi hijo no era ninguna rata, no era ningún delincuente, él estaba allí por una simple cédula. Entonces, ¿por qué dejaron quemarlos?” Gracias a Sergio y su reportería pudimos conocer que fue la misma policía la que acrecentó el fuego. Ellos ayudaron a que el incendio fuera voraz. Ningún agente de la policía dio una declaración, no pidieron disculpas, ¿Por qué habría de hacerlo si eran nadies que morían en su ley? Este 4 de septiembre se cumplen cuatro años de esta atrocidad. Las madres de los muchachos han impedido que su memoria se borre. En Soacha se están movilizando, quieren hacer justicia. El colectivo se llama Rosa Negra y están pidiendo que en ese CAI, que tan infernales recuerdos concentra, se transforme en una biblioteca y en un centro de memoria para que nunca olvidemos el crimen. En estas imágenes de la fotógrafa @aromatika mostramos la reunión del colectivo de madres, los murales con los que recordamos a estos jóvenes y el acto con el que se presiona a las autoridades no sólo para que haga justicia sino para que se apresten a jamás olvidar lo que sucedió: Fotos tomadas de: @aromaritaka

Por: Katerin Erazo, Periodista El departamento del Cauca , situado en el suroccidente de Colombia, ha sido escenario de una persistente ola de violencia que continúa cobrándose vidas y sembrando el caos entre sus habitantes. Este fin de semana no fue la excepción. La noche del domingo 1 de septiembre, el corregimiento de Lerma, en el municipio de Bolívar, volvió a convertirse en un campo de batalla, cuando miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) perpetraron un ataque contra las tropas del Ejército Nacional, dejando cuatro militares heridos. Los detalles del incidente, proporcionados por la Tercera División del Ejército, revelan que los uniformados heridos, un oficial y tres soldados profesionales, formaban parte del Batallón de Alta Montaña N.4. Estos hombres se encontraban llevando a cabo operaciones militares en la vereda Lerma, una zona rural que ha sido tradicionalmente un punto crítico en la guerra que libran las fuerzas estatales contra los grupos armados ilegales. Los heridos fueron trasladados por vía aérea a centros asistenciales, donde reciben atención médica especializada. Este ataque es solo una muestra más de la creciente inestabilidad en la región. El Cauca, un departamento rico en biodiversidad y cultura, se ha convertido en un escenario de disputa entre diversas facciones armadas que buscan controlar las lucrativas economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal. Estas actividades son la fuente principal de financiamiento para grupos como el ELN, las disidencias de las extintas FARC, y otras organizaciones criminales que se resisten a abandonar las armas, a pesar del acuerdo de paz firmado en 2016. La complejidad del conflicto en el Cauca se ve exacerbada por la fragmentación de las antiguas estructuras guerrilleras de las FARC. Tras la desmovilización oficial, varias disidencias emergieron, incluyendo la Segunda Marquetalia, liderada por Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, y el frente Carlos Patiño, bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’. Estas facciones, junto con otras, libran una feroz batalla por el control de los territorios que alguna vez estuvieron bajo el dominio de las FARC, dejando a la población civil atrapada en medio de la violencia. El conflicto entre estos grupos armados ilegales no solo se limita a enfrentamientos con las fuerzas del Estado. La noche del sábado 31 de agosto, en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, estalló un violento enfrentamiento entre miembros de la Segunda Marquetalia y del frente Carlos Patiño. Este combate, que tuvo lugar en una zona rural, dejó a la población en estado de pánico. Según testimonios recogidos por medios locales, cerca de 150 familias quedaron atrapadas en sus hogares, buscando refugio del intenso intercambio de disparos.   Uno de los habitantes de El Plateado relató los momentos de terror que vivió esa noche: “Estábamos en el parque, en familia, cuando empezaron los disparos. La gente comenzó a correr en todas direcciones. Me tocó ir por el carro, recoger a mi esposa e hijos, y buscar refugio en la primera casa que nos abrió la puerta.” Este testimonio es un reflejo del miedo constante con el que viven las comunidades del Cauca, donde la violencia se ha convertido en una realidad cotidiana. La situación en El Plateado es particularmente alarmante. Este corregimiento ha sido uno de los más afectados por las acciones de los grupos armados ilegales. En julio pasado, la población fue sacudida por uno de los ataques más graves de los últimos tiempos, cuando guerrilleros del frente Carlos Patiño lanzaron un ataque con drones improvisados cargados de explosivos sobre la única cancha de fútbol sintético del lugar. Este ataque dejó un saldo trágico de un niño muerto y seis personas heridas, una prueba más de la brutalidad con la que estos grupos operan. Frente a este panorama, el Ejército Nacional ha intensificado sus esfuerzos para recuperar el control y garantizar la seguridad de la población civil. La Tercera División del Ejército ha llevado a cabo sobrevuelos y desplegado tropas adicionales en las zonas más afectadas, incluyendo la vereda La Ceiba en El Plateado, con el objetivo de restablecer el orden público y neutralizar a los actores armados. No obstante, estas acciones no han sido suficientes para detener la espiral de violencia que se vive en el departamento. El Cauca sigue siendo un territorio en disputa, donde la paz parece un objetivo lejano. A pesar de los esfuerzos del gobierno y las fuerzas militares, la presencia y la influencia de los grupos armados ilegales sigue siendo fuerte, alimentada por la lucrativa economía ilegal que estos controlan. Mientras tanto, la población civil, compuesta por comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, continúa siendo la principal víctima de un conflicto que no muestra señales de disminuir. Este conflicto prolongado no solo ha causado una crisis humanitaria, sino que también ha afectado gravemente la economía local y el tejido social de la región. Las comunidades han visto cómo sus tierras se convierten en campos de batalla, cómo sus jóvenes son reclutados por la fuerza, y cómo su vida cotidiana se ve interrumpida por la constante amenaza de la violencia. El temor se ha convertido en una constante en la vida de los caucanos, quienes ven cómo la paz, tan anhelada, sigue siendo esquiva.

Por: Redacción Pares En el 2022 Rodolfo Hernández se aprestaba para vivir el gran reto de su vida: una campaña presidencial a los 77 años. En abril de ese año las encuestas lo daban por fuera de la segunda vuelta. Los vaticinios apuntaban que el pulso lo sostendrían Petro y Fico. El único que creía que lo podría lograr era él y un puñado de santandereanos que lo seguían como si fuera un tótem. En ese mes Rodolfo abrió en la carrera séptima con calle 57 su sede de campaña en Bogotá. Era una casa esquinera de dos pisos. Recuerdo que Rodolfo subió la escalera con asombrosa agilidad. Estrenaba un implante capilar e intentaba demostrar vigor. En ese segundo piso lo esperaban unos 80 seguidores. Apenas lo vieron empezaron a saltar. La estructura se movía con el fervor que lo hace el Americo Montanini cuando sale el Bucaramanga. Rodolfo alzó las manos y, con un grito, los calmó. Dio una breve y efectiva clase de ingeniería sobre lo que le podría pasar al segundo piso si seguían saltando. Como periodista político tenía que cubrir esa campaña y las posibilidades de que Rodolfo ganara o pasara a segunda vuelta eran muy pocas. Es que en ese momento la referencia máxima que tenían los colombianos era la cachetada que le pegó al concejal John Claro y se hizo viral. En ese momento no sabían que había nacido en Piedecuesta, que había estudiado el bachillerato en el Colegio Santander, ahí al lado de la UIS, el lugar donde se habían forjado tantos revolucionarios que fueron a parar al ELN y que, después de ser bachiller, se fue a Bogotá a estudiar  ingeniería civil en la Nacional en donde conoció y admiró a profesores como Ramón de Zubiría, Abelardo Forero Benavides o Gloria Zea. Llegó a la alcaldía de Bucaramanga siendo un antipolítico. Los bumangueses aún recuerdan su frase cuando ganó la alcaldía, la frase que le dijo a sus concejales: “Yo a ustedes no les debo nada partida de hijueputas” y así intentó desligarse, romper cobijas con la clase política de su ciudad. Su alcaldía se vio ensombrecida por el escándalo de Vitalogic. A sus 77 años tuvo la determinación, desde afuera de la política, de ser presidente esgrimiendo las banderas de la anticorrupción. Y estuvo a punto de hacerlo. Algunos descuidos suyos, como irse a Miami en plena campaña de segunda vuelta, le habrían terminado jugando en contra. Petro lo derrotaría por un estrecho margen. Hace unos meses le detectaron un cáncer de colon en fase terminal. Pasó por cinco cirugías en estos dos últimos meses. Se recuperaba de la última en una UCI en el Hospital Internacional de Piedecuesta cuando murió a los 79 años al mediodía de este 2 de septiembre. Llevaba 28 días internado. El último año tuvo que soportar los procesos judiciales y una enfermedad difícil, dolorosa. El presidente Gustavo Petro desde su cuenta de X despidió a su rival en las últimas elecciones: “Lamento la muerte de Rodolfo Hernández después de una larga lucha contra el cáncer, un abrazo a su familia”.

Por:  Iván Gallo - Editor de contenido Este 2 de septiembre el país se levantó con una nueva tormenta política. Una investigación del Consejo Nacional Electoral determinó que la campaña de Gustavo Petro violó topes por más de 3.500 millones de pesos. Si bien no es la primera vez que sucede esto con una campaña política si sería la primera vez que puede ser tratado como un crimen. Los ponentes de esta investigación son los magistrados Álvaro Hernán Prada, reconocido ultrauribista y el liberal Benjamin Ortiz. La investigación muestra en 7 puntos por que la campaña del hoy presidente habría cometido esta violación de las reglas. Esto es apenas un paso preliminar de posibles sanciones y la última palabra la tendría la comisión de acusación de la cámara. Buena parte de los cuestionamientos del petrismo surgen por la figura de Alvaro Hernán Prada y su probada aversión que ha sentido hacia el presidente. A continuación presentaremos quién es este político.   Álvaro Hernán Prada tenía una fijación hasta hace muy poco contra Gustavo Petro en lo que antes se llamaba Twitter. El abogado del hoy presidente, Miguel Ángel del Río, recopiló una serie de publicaciones en esa red social en donde existe la evidencia de una animadversión del magistrado del CNE contra el líder del Pacto Histórico. En febrero del 2018 Prada publicó un trino en donde afirmaba lo siguiente: “Las FARC han manifestado, al igual que sus amigos Cepeda, Petro y Gustavo Bolívar, que su principal objetivo es meter preso a Uribe. Santos se presta, como el traidor que es”. Un año atrás, en el 2017, ante la decisión del Concejo de Estado anuló la decisión de la Procuraduría que había inhabilitado a Gustavo Petro para aspirar a cargos públicos. La respuesta de Prada fue de barra brava “Magistrados al servicio del comunismo, velan por dar derechos a una izquierda recalcitrante y corrupta”. Su admiración desbordada por Uribe incluso casi lo lleva a la cárcel y lo tiene investigado por la Corte Suprema. Una serie de acontecimientos llevó al ex congresista Álvaro Hernán Prada a ser magistrado del Consejo Nacional Electoral en agosto del 2022. Cuando fue anunciado el nombramiento lo primero que salió a la palestra pública fue que no tenía los pergaminos para serlo. En su hoja de vida se comprobó que no había cotizado salud y pensión durante 16 meses. Además, como lo denuncia La Silla Vacía “Esta inconsistencia en la hoja de vida de Prada se suma al hecho de que solo logró superar los 15 años de experiencia requeridos incluyendo como su experiencia profesional más larga la de haber sido representante legal de un centro deportivo (gimnasio-spa) en Neiva, del que él y su mamá eran accionistas”. Pero esto sólo era la punta del iceberg. Álvaro Hernán Prada estaba investigado por complicidad con Álvaro Uribe por manipulación de testigos. En el momento en el que fue elegido como Magistrado del Consejo Nacional Electoral ya se había expedido una resolución de acusación por parte de la Sala Pena de la Corte Suprema de Justicia por haber sido cómplice de compra y manipulación de testigos del expresidente Álvaro Uribe, en el entramado con el que quisieron enlodar a Iván Cepeda, el senador que acusó al expresidente de haber creado en su finca Las Guacharacas.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La aprobación por parte del Concejo de Medellín, el 21 de agosto de 2024, de la venta de las acciones que tiene las Empresas Públicas de Medellín (EPM) en la compañía Tigo-Une, despertó en Colombia de nuevo el debate sobre la conveniencia o no que tiene, para los ciudadanos-usuarios de los servicios públicos domiciliarios, la privatización de activos estatales.   La venta de activos de empresas públicas o mixtas y de los derechos a participar en ciertos mercados fue un tema de mucha importancia y debate, tanto en Colombia como en el contexto latinoamericano, en las últimas dos décadas del siglo pasado. Durante ese tiempo se vivió el tsunami de las privatizaciones. El Estado vendió muchas de sus empresas y posibilitó que el sector privado ofreciera bienes y servicios donde antes tenía exclusivo dominio.   Una situación similar se dio, de manera especial, hace pocas semanas en Medellín. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, quien es el presidente de la Junta Directiva de EPM, propuso al Concejo de Medellín la aprobación de un acuerdo municipal que le permitiera, en menos de 24 meses, realizar la enajenación de las acciones que tiene en su emblemática empresa descentralizada de telecomunicaciones Tigo-Une.   Ante esta situación se esperaba que, por ser un activo público, perteneciente a la ciudadanía, se iba a dar una discusión mucho más profunda y de mayor seriedad que las que se dio en el país hace cerca de 30 años, cuando los gobiernos decidieron entregar muchas de las empresas y monopolios estatales al sector privado. Sin embargo, esto no ocurrió, la decisión la tomó el gobierno municipal de manera rápida —vía exprés—.   En menos de dos semanas y apenas con dos debates en el Concejo, se aprobó la venta de la compañía. El alcalde Federico realizó la propuesta, invitó a unos cuantos académicos al recinto del honorable Concejo, se escuchó rápidamente a cada concejal y, finalmente, se tomó la decisión de enajenar un bien público que, por más de 100 años, le había pertenecido al gobierno local.   Fueron16 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Este fue un proceso muy extraño, pues el alcalde Gutiérrez logró poner al Concejo, en muy poco tiempo, de acuerdo en la venta. Fue extraño porque con el anterior mandatario, Daniel Quintero, quien había realizado la misma propuesta, no se le permitió la enajenación. Y ahora, el mismo órgano consultivo y decisorio, sin escuchar muchos argumentos, dijo sí por mayoría.   Ahora, el alcalde de Medellín, como presidente de EPM, contará con una magnífica cifra —cercana a los 1.6 billones de pesos— para invertir en la ciudad. Un plan de inversiones que ya se tiene organizado y con el cual se emprenderá una serie de programas muy cercanos a las propuestas que él puso en su Plan de Desarrollo Municipal; aunque muy alejada de las responsabilidades que la compañía de servicios públicos domiciliarios tiene en sus ejes misionales.   Lo que sigue ahora es que, en pocos meses, una de las empresas públicas más antiguas e importantes de la ciudad, pase a manos del sector privado. Según la Ley 226 de 1995, lo que sigue es valorar la empresa —hoy calculado su valor en 1.6 billones de pesos, cuando hace un año era de 2.3 billones—, ofrecérsela a los interesados más cercanos —empleados, ciudadanía y el mismo Estado— y, finalmente, entregársela al mercado.   Lo que se calcula es que la empresa transnacional Millicom, que hoy es la socia de Tigo-Une, se quede finalmente con toda la compañía. Este gigante privado ha manifestado su interés de quedarse con el negocio, y hará todo lo posible para que las acciones se vendan muy barato al inicio y luego buscará tentar a los accionistas minoritarios para que le vendan la participación con una ganancia considerable para todos.   De esta manera el alcalde Federico —quien repetirá muy pronto como candidato a la Presidencia de la República— pasará a la historia como el alcalde de la ciudad de Medellín que vendió una empresa local de telecomunicaciones, con más de un siglo de historia, en un momento donde se requería para muchas cosas, entre ellas, hacer un balance de cómo se gestiona una de las empresas públicas más estratégicas para ofrecer telefonía e internet a las poblaciones más pobres y excluidas de Colombia.   Es decir, con la venta de Tigo-Une los empleados, la empresa, la ciudad, el Estado y la ciudadanía pierden muchas cosas. Pierden los 3.800 trabajadores que ahora ven con inseguridad y desconfianza el futuro de la compañía; ellos no tienen claro qué pasará con sus puestos de trabajo. Pierde EPM, que ahora tendrá una compañía cada vez más concentrada en el negocio de la energía y el agua potable y se aleja de una canasta de oferta más amplia de los servicios públicos domiciliarios.   Pierde la ciudad de Medellín, entregando un valioso activo en el momento preciso donde se le ha declarado Distrito de Ciencia y Tecnología y que requiere sinergia en TIC. Y pierde el Estado, quien contará con una empresa menos para hacerle frente al comportamiento agresivo del sector privado, en el renglón estratégico de los servicios públicos para el bienestar de la ciudadanía.   Precisamente, el ciudadano-usuario es el más perjudicado, en especial, aquel que habita en los territorios más alejados y marginados. Para ellos será difícil que una empresa transnacional, que piensa en la ganancia y que se quedará con Tigo-Une, los miren como uno de sus segmentos de mercado. Verán cómo se aleja el sueño de tener un servicio público de telecomunicaciones como derecho. La idea de tener un servicio a bajo costo y de calidad ya no será posible.   También hay que considerar las pérdidas inmediatas. La decisión exprés está imposibilitando que se haga un balance sobre las bondades y debilidades del modelo descentralizado de comunicaciones que se tuvo por más de un siglo. Une es una empresa que nació en Medellín, tuvo dominio territorial, logró superar los retos que le presentó las coyunturas políticas y económicas en el pasado y hoy desaparecerá sin entregarnos un balance de lo que fue la empresa y significó la descentralización del servicio de telecomunicaciones en Colombia.   Hubiese sido muy apropiado que en esta coyuntura se revisara la manera cómo operó esta empresa en la historia reciente. Una compañía que le tocó pasar por todos los procesos de reforma regulatoria y de mercado durante las últimas tres décadas. Recordemos que Une es una empresa comercial del Estado, que se resistió a las privatizaciones, y tomó el camino de ampliar su oferta de servicios por todo el país; algo muy distinto a ETB, que se concentró en ofrecer servicios en Bogotá.   Finalmente, con la venta del activo público le estamos dando una mala señal a la ciudadanía. De nuevo, como ocurrió a finales del siglo XX, le estamos insinuando que lo Estatal es malo; que el sector público no es capaz de enfrentar los retos del mercado; y que la competencia, el progreso y la adaptación la hace mejor el sector privado. Le estamos diciendo a la ciudadanía que para tener unas empresas públicas bien gestionadas, eficientes y que ofrecen servicios de calidad y con cobertura debemos en tragarla a los particulares.   En conclusión, le podemos decir al alcalde de Medellín: ¡Gracias por la manera tan eficiente como logró la venta de una de las compañías emblemáticas del país en materia de servicios públicos! ¡Gracias por la venta exprés que logró, con la que se llevó la oportunidad de discutir la importancia de contar con empresas grandes con patrimonio Estatal! Y ¡Gracias por tomar la decisión cuasi-individual de vender el patrimonio de todos y todas, para invertirlo en su plan de gobierno! *Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. **Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Semana Este fin de semana el viceministro de la juventud, Gareth Sella, que forma parte del ministerio de igualdad de Francia Márquez, levantó una polvareda al respaldar al presidente en redes sociales después de que advirtiera que se estaría gestando un golpe de estado y que se necesitaba una respuesta de la gente en las calles. El comentario de Sella fue el siguiente: “En las calles siempre somos más. Agitación y organización”. Esto provocó inmediata reacción en medios que no son cercanos a este gobierno como fue la Revista Semana se refirió a la frase de Sella como de “Amenazante”. Desde el mismo nombramiento del viceministro, quien perteneció a la Primera Línea durante el estallido social, generó una tormenta. La gente olvida rápido. Desde el 21N, del 2019, poco antes de la pandemia, la gente había salido a las calles a protestar contra el gobierno Duque y el desprecio fragante hacia el pueblo. La respuesta de la Fuerza Pública fue salir a disparar. Así murió el joven estudiante Dylan Cruz. Este atentado contra el derecho a protestar libremente alertó a los manifestantes. Había que defenderse. Una estrategia fue seguir lo que habían hecho en Chile: crear una fuerza especial, la Primera Línea. Desde la Universidad Nacional además crearon los Escudos Azules que sirviera para guarecerse de los balines que disparaban los policías. A este grupo pertenecía Sella, estudiante de Cine y Televisión de la Escuela de Bellas Artes donde fundó una productora a la que bautizó Resistencia. Allí hacía documentales críticos contra el poder establecido. Gritos que necesitaban ser escuchados. Consecuente, después de la pandemia, salió en primera línea a protestar en lo que se conocería como el estallido social. El 24 de febrero del 2021, en una marcha contra la brutalidad policía, justamente perdió un ojo. Un policía se lo sacó con un perdigón. Fue en la carrera séptima con calle 23. Sangrante lo llevaron hasta la clínica de San Ignacio. Allí se dieron cuenta que había perdido el 90% de la visión de ese ojo. Nunca sería el mismo. Y la policía, como ha sucedido cuando asesinan a grafiteros, a artistas callejeros, a jóvenes, quisieron satanizarlo, decir que era un vándalo, justificar su ataque. Incluso quien era alcaldesa de Bogotá en ese momento, Claudia López, salió a defenderlo, a decirle que no era ningún vándalo. El 20 de junio del 2022, en el Movistar Arena, Gustavo Petro y su equipo de campaña tuvieron la certera de que habían ganado las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Como presidente electo, en su primer discurso, Petro metió las manos en el fuego por los muchachos de la Primera Línea. Prometió sacar de la cárcel a los que estaban detenidos. Su compromiso contra estos muchachos que dieron la vida -e inclusos sus ojos- por el cambio, ha sido total y quedó resumida en la confianza que le ha dado a Sella al nombrarlo viceministro de la Juventud dentro del ministerio de la Igualdad. Desde entonces se ha cuestionado su experiencia para ejercer ese cargo e incluso algunos miembros se sienten incómodos por el sueldo que gana. El mensaje de Sella en X es hacer lo que siempre ha hecho: creer que una democracia se defiende y se ejerce desde las calles. La derecha sigue demostrando que le tiene miedo.

Por: Lizeth Serrato Contreras El panorama de las tarifas energéticas en Colombia, específicamente en la región Caribe, cada vez es más complejo y discutible, en los últimos días se ha intensificado aún más por el “tu dime que yo respondo” entre el Gobierno y las empresas de energía en el país. La discusión dio inicio con el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro refiriéndose al alto costo en las facturas como producto de un motivo central y robusto: Colombia es el único país de Latinoamérica cuya regulación del costo de la energía no está a manos del Estado. El pasado 25 de agosto del año en curso el presidente Petro, por medio de la alocución de Presidencia de la República, realizada desde la ciudad de Cartagena, se dirigió a los colombianos y las colombianas para visibilizar las problemáticas que viven los barrios estrato 1 y 2 en la región Caribe con relación a los exorbitantes costos de la factura de energía.   Pero, ¿qué desató el escenario? Uno de los comentarios detonantes fue cuando el presidente apuntó que “las empresas pueden fijar el precio de la energía, según el mercado, lo que les permite especular” (Petro, 2024. Recuperando en: https://www.youtube.com/watch?v=NCWttqLBvRw ). Además, agregó que se “ Puede vender, digamos, a $5.000. Entre $1.000 y $5000 se gana $4.000. Esto solo ocurre aquí en Colombia, debido a regulaciones que favorecen a las grandes compañías y no a la gente como ordena la Constitución de Colombia ” (Petro, 2024. Recuperando en: https://www.youtube.com/watch?v=NCWttqLBvRw ). Por otro lado, ratificó que, por mandato constitucional, la regulación de los costos de los servicios públicos debe estar manos del Estado. Lo anterior permite entender que, si una empresa genera energía a bajo costo, pueden comercializarla a uno mucho más alto. Frente a esta hipótesis , seis gremios del sector eléctrico emitieron un comunicado en donde dijeron que sus afirmaciones cuentan con inconsistencias.                                  Además de afirmar que el kilovatio nunca se ha cobrado a $5.000 como lo aseguró Petro, la respuesta firmada por Andesco, Acolgén, Andeg, Asocodis, Naturgas y SER Colombia, se basó sobre las leyes 142 y 143 de 1994 en donde se establece que la fórmula para definir los costos del kilovatio es planteada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG); en esta fórmula establecida se regulan los componentes del costo unitario, teniendo en cuenta la generación, distribución, comercialización, entre otros factores, y aseguran que los precios van acorde también a las condiciones del entorno ambiental haciendo referencia a la los niveles de embalses, o elementos como el aumento de los precios en los combustibles e inclusive la puesta en marcha de algunos proyectos. Además, señalaron que se tienen en cuenta los criterios técnicos y económicos para establecer los costos, de manera que se garantice la sostenibilidad del sistema energético, por ende, los precios si están regulados. Este escenario dejó en evidencia la desarticulación que hay entre las acciones gubernamentales en materia de tarifas y los verdaderos reguladores de los costos; el señalamiento del presidente Petro fue directo al dejar el peso de las altas cifras a las empresas de energía, sin embargo, también se destaca la contundente lavada de manos de estas al decir que todo parte desde la acción del Estado, por medio de la CREG. Mientras el Gobierno y las empresas se siguen tirando la pelotica entre ellos para definir quien resulta ser el verdadero responsable de las calurosas tarifas de energía, las comunidades siguen quedando en medio del “fuego cruzado” y son las principales victimas de la falta de acuerdo y concordancia en el sistema.

Por: Redacción Pares Aunque la semana que pasó María Fernanda Cabal anunció que se lanzará como candidata presidencial por el Centro Democrático, su relación con el ex presidente Álvaro Uribe ya no es del mismo fervor y fidelidad con el que siempre lo respaldó. A comienzos de este año criticó abiertamente la falta de decisión de Uribe de atacar a Petro. En una entrevista a Gabriel Delascasas, director del programa La Luciérnaga, Cabal afirmó que Uribe “tiene un corazón mamerto”. Es casi seguro que habría un cisma dentro del Centro Democrático, una pelea de egos que le impediría tener una unidad de cara al 2026, algo parecido a lo que está sucediendo a la izquierda. Es que la figura de Uribe ya no es tan atractiva ni atrae tantos votos como sucedía hace unos años. Incluso uno de los pocos que siguen creyendo que Uribe es “el papá de Colombia” es el senador Miguel Uribe Turbay, quien, después de lanzar un spot publicitario en donde se le invocaba a la gente a volver el mantra uribista de “trabajar, trabajar y trabaja” se ganó la reprimenda hasta de la derecha más recalcitrante. Bueno y José Obdulio sigue ahí, quien fuera el ideólogo supremo del uribismo y el hombre que sentó las bases del partido Centro Democrático. En su cuenta de X escribió con contundencia lo que necesita el partido, y es una lista cerrada en torno al presidente, algo que sus contradictores calificaron como “culto a la personalidad”. Este fue el trino que le ha generado más de una tormenta a quien fue, en la primera década de este siglo, uno de los hombres más poderosos del país: “Centenares de uribistas de base, no todos militantes del que el CD vuelva a su condición primigenia de partido de lista cerrada. Que en el 2026 no votemos a personas individuales para el congreso, sino que votemos a Uribe, votando sus candidatos. Ojo: en el 2026 la campaña no será memorizando números sino marcando el logo del partido, en el que, por lo demás, deberíamos cambiar la silueta de Uribe por la fotografía de Uribe. ¿Culto a la personalidad? No. Pragmatismo, conocimiento de la mecánica electoral”. José Obdulio, quien en sus inicios políticos era de izquierda -incluso de extrema izquierda- se convirtió en los ocho años de la Seguridad Democrática en el gran apóstol de la antinsurgencia. No se sabía bien qué papel cumplía en el gobierno Uribe, si era su ideólogo, su secretario de gabinete. Lo único cierto era que tenía poder. Además tenía la tribuna de los medios donde destruyó a sus enemigos y a los que osaban criticar a Uribe. Desde su columna de El Tiempo atacó directamente a Rodrigo Pardo y María Elvira Samper, los directores de Cambio, por haberle dado espacio al informe de la Corporación Nuevo Arco Iris, de León Valencia, en donde se constataba que la tal Seguridad Democrática no era tan efectiva en las regiones más apartadas del país. José Obdulio, desde su procaz columna en El Tiempo, llamó a Rodrigo Pardo “Líder de la bigornia”, palabras más, palabras menos, se refería a él como una especie de barra brava antiuribista. Aunque la casa editorial El Tiempo afirmó que el cierre de la revista se debía a sus bajas ventas, el propio Rodrigo Pardo sabía de la amistad de José Obdulio con Francisco Solé uno de los directivos de Planeta, que acababa de comprar el periódico. En entrevista con José Alfredo Vargas del 2010 Pardo dice conocer rumores de que Gaviria pudo envenenar a Solé contra la revista. En su columna de El Tiempo José Obdulio, desesperado porque Nuevo Arco Iris había escrito un libro en donde se le quitaba el velo a la parapolítica, se despachó contra la joven investigadora Claudia López quien le dedicó un capítulo a la parapolítica en Antioquia. La llamó “La Torquemada del Siglo XXI” y le dedicó un capítulo en un libro que escribió con un conjunto de intelectuales para deslegitimar esa investigación. Mientras aparentemente le daba duro a los investigadores de Valencia, por debajo de cuerda lo llamaba a él y llegó a ofrecerle, incluso, el ministerio de cultura. Su poder, después del 2010, no ha hecho sino menguar. Hoy es sólo un fantasma, incluso para el propio uribismo. Su trino no tendrá mayor efecto pero si marca que, a estas alturas del partido, José Obdulio sigue creyendo que lo único que puede asegurarle una victoria al Centro Democrático es ampararse bajo el techo de Uribe. Algo en lo que no estarían muy de acuerdo Cabal y la nueva sangre de ese partido.