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Por: Iván Gallo Editor de contenidos Seis días antes de morir Jorge Enrique Botero había reportado sobre los naufragios de los migrantes que intentan cruzar el Darién para la Jornada de México, uno de los diarios para los que trabajaba. En el escrito aún estaba intacta su capacidad de observación, de agudeza en el detalle. Tenía fuerzas. La enfermedad, con toda su fuerza,  lo estaba acosando desde hacía tres meses, continuas hospitalizadas, las alarmas encendidas. Sus amigos se despertaron el sábado con la noticia, sorprendidos, tristes. Botero se había ido sin avisar. Sobre Jorge Enrique hay que decir que fue un escritor que se encontró en la vorágine de la información. Era un observador, un detallista, un reportero, un valiente. Desde su juventud fue un inquieto que se sumó al movimiento estudiantil en los agitados años setenta. Allí conoció a los que serían, después, comandantes de las FARC. Alfonso Cano, era uno de ellos. Jamás pensó que la lucha armada podría ser la respuesta a un país preso de una élite incapaz de abandonar el poder por vía democrática. No tenía ni la disposición para caminar durante horas con un morral encima en la selva durante meses, la practicidad para saber ubicar dos árboles equidistantes y poner allí una hamaca, ni mucho menos la de disparar. Para un lector es muy complicado ser guerrillero. Los libros pesan mucho. Pero igual estuvo en el monte, como reportero de guerra, y gracias a él pudimos conocer los infames campos de concentración del Mono Jojoy en donde tenía a decenas de soldados secuestrados por las FARC, supimos, a través de su libro “Ultimas noticias de la guerra” que Clara López había tenido en cautiverio a un niño al que le pusieron el nombre de Emmanuel. Botero se enteró mientras preparaba un reportaje en la ex zona de distención un año después de que naufragaran las negociaciones del Caguán. Almorzaba con guerrilleros cuando surgió la conversación. Tomó nota. En vez de hacer lo que cualquier periodista afanado por la chiva hubiera hecho, esperó para informarse más y escribir un libro. Todas las noches pensaba si no se equivocaba. ¿Y si se filtraba la información? Pasaron años y cuando salió el libro, en el 2007, cuatro años después, sus colegas movían la cabeza y se preguntaban ¿Cómo pudo chiviarlos a través de un libro? Estudiante del Gimnasio Moderno y del Cervantes, ávido lector de Conrad, Balzac y los grandes aventureros, Jorge Enrique Botero tuvo que salir varias veces exiliado. La primera vez fue en los años ochenta. El diario la Jornada de México recordó en su obituario este hecho. En ese momento sostenía una relación con Daneli Salas, militante de la Unión Patriótica. Como tantos otros de sus compañeros fue detenida y desaparecida. Botero intentó investigar sobre lo que sucedía hasta que lo obligaron a irse del país. En 1992, después de la firma de la Nueva Constitución, Botero regresó al país, a trabajar en AM PM, el primer noticiero contestatario hecho en Colombia. Lo dirigía Antonio Morales y, en mofa, decía que sus siglas significaban “A Mierda Pa Mala” Allí conoce de primera mano a víctimas de las FARC y establece los contactos que lo convertirían en el gran reportero de guerra de Colombia. Pero no sólo en la selva ´dejó legado. En marzo de 1995, cuando el Proceso 8000 acaparaba toda la agenda informativa, los ministros del entonces presidente Samper, Fernando Botero Zea y Horacio Serpa, salieron a dar una rueda de prensa sobre el interrogatorio al que en ese momento era sometido quien fuera el tesorero de la campaña, Santiago Medina. Cuando Botero tomó el micrófono preguntó si ellos se habían robado ese interrogatorio de la Fiscalía. Aún están los videos de cómo Fernando Botero, entonces ministro de defensa, trastabilla y le cede la palabra a Serpa quien farfulla un galimatías. Al otro día Botero Zea renunció. Los periodistas acuñaron una frase en ese momento: Botero tumbó a Botero. Pero en los años de la seguridad democrática de Uribe también le tocó irse del país porque, por sus reportajes a las FARC, le cayó el remoquete de insurgente. En Washington pudo asistir al juicio contra Simón Trinidad. En una audiencia vio como Imelda Daza, quien asistió al juicio en calidad de testigo por haber hecho política con el hombre que alguna vez se llamó Ricardo Palmera, le gritó a Trinidad “Soporta que tu eres de hierro” Y ahí le surgió la idea de este libro que es un clásico, el perfil de Simón Trinidad, un hombre al que enterraron en vida, una condena demasiado severa para lo que había hecho. Botero estuvo un largo tiempo por fuera hasta que regresó, con la esperanza de un acuerdo de paz, el que sostuvo Santos con las FARC. Fue corresponsal permanente en La Habana y allí le hizo una de las entrevistas más emotivas y humanas a Jesús Santrich, en donde incluso el ciego comandante se atreve a tocar el saxofón. Vio momentos de pausa en los diálogos que interpretó como buenas señales, como eso de que el comandante Lozada de las FARC se fuera a fumarse un cigarrillo con el general Flórez y a hablar de cosas de la vida. Los dos enemigos irreconciliables descubrían que también eran humanos. En estos últimos años seguía con sus infatigables viajes a la selva, preocupado por las disidencias, el clan del golfo y el Darién, constatando que el gran problema del país, la falta de justicia social, no se blindó en la negociación con las FARC y que las cicatrices se volvieron abrir. Se fue con 68 años apenas. El vacío no lo llenará nadie.

Por: Oscar A. Chala Padilla y Diego Alejandro Pedraza investigadores de la línea de Democracia y Gobernabilidad Los juicios a los presidentes no han sido una constante en la Colombia que se levantó después de la constitución de 1991. Por el contrario, son contados los casos en los cuales los procesos han llegado hasta las manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.   Casos rutilantes, como el juicio a Samper en medio del escándalo de la “narcopolítica”, son intentos únicos en medio del panorama de omisión de juicio que ha campeado por la política colombiana. En este caso, el sistema privilegia al presidente en clave de la negociación legislativa y de las prebendas que este puede entregar a la estructura del congreso.   Los juicios antes y después de la constitución de 1991   Es claro que después de la constitución de 1991 los juicios, las investigaciones, las copias de procesos y el papel de la Comisión de Acusaciones fueron creciendo progresivamente. Casi todos los presidentes que han pasado desde ese entonces han tenido que afrontar procesos en contra, por cuenta de una u otra cuestión que atañe a su papel como máximo dignatario de la nación.   Sin embargo, los casos se han quedado en investigaciones donde la Comisión de Acusaciones ha dirimido y archivado, con la celeridad que requiera el dignatario, no sin antes llevarse consigo una prebenda para repartir. Ahora bien, la pregunta que queda sobrevolando en el espectro es: ¿Qué pasó antes de 1991?   El juicio a Rojas Pinilla Fuente: El Tiempo Para datar los años previos a la constitución del 91 debemos ir hasta Rojas Pinilla, quien ha sido el único caso rastreable de un juicio político en contra de un exmandatario. Lo curioso del caso es que a Rojas Pinilla no lo juzgaron por su actuar como presidente de Colombia entre 1953 y 1957, sino que lo juzgaron como ciudadano durante el mandato de Alberto Lleras Camargo.   La razón no fue otra que el miedo que despertaba “El General” en las huestes de los partidos tradicionales que se repartían el poder en lo que se conoció como el Frente Nacional. Rojas aparecía en el panorama como una figura política populista y movilizadora, que era capaz de recoger buena parte de la población descontenta ante tanta violencia que asolaba y recogía a los partidos tradicionales.   El juicio en contra de Rojas Pinilla se dio por delitos cometidos durante su mandato, siendo él el único acusado, en un proceso que comenzó con la creación de la Comisión Nacional Asesora de Instrucción Criminal el 21 de mayo de 1957, la cual nació para elaborar los expedientes de los funcionarios acusados por mala gestión gubernamental.   Como todo en Colombia, esta comisión se demoró en entrar en funcionamiento y mucho más en presentar lo que serían las pruebas contra Gustavo Rojas Pinilla. Alberto Valencia, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, cuenta en su libro “La invención de la desmemoria” lo que fue el juicio contra Rojas Pinilla de la siguiente manera:   “El 2 de septiembre de 1958, la Cámara de Representantes recibe un informe parcial de esta comisión en el que se presentan once cargos, que serán completados con otros durante los meses siguientes. No obstante, las acusaciones contra Rojas Pinilla van mucho más allá́ de los que presenta esta Comisión y, por consiguiente, los debates que se dan en el Senado de la República no se limitan simplemente a considerar los cargos formales, sino también los que proceden de la prensa, de otras instituciones estatales o de sectores de la sociedad civil”.   Posterior a este proceso, se acusó a Rojas Pinilla de abuso de autoridad, indignidad por mala conducta e intervención directa en la liberación de convictos. La comisión sustanciadora fue una comisión especial que sería la semilla que germinaría la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.   La acusación, como ordenaba la constitución de 1886 se remitió al Senado de la República, que terminó condenando a Rojas Pinilla y retirándole los derechos políticos, creyendo el poder tradicional que con esto sería suficiente para detenerlo.   “El General” volvería al ruedo en 1970, para enfrentarse una vez más al poder de los partidos tradicionales. Mientras tanto, la Comisión Accidental que se creó para este caso dio paso a una comisión formal que se convirtió en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el poder se mantuvo igual, en medio del bipartidismo y los poderes tradicionales.   Los años de la omisión Fuente: El Heraldo Tras el juicio a Rojas Pinilla, se inició un período caracterizado por la omisión. Los partidos tradicionales establecieron acuerdos tácitos de "no agresión", permitiendo que el Congreso y sus miembros mantuvieran una tregua sin ejecutar acciones contra el gobierno.   Esta etapa, que se extendió desde Alberto Lleras Camargo en 1958 hasta César Gaviria en 1994, se distinguió por investigaciones menores, procesos archivados y una Comisión de Acusaciones limitada ante el poder político establecido por la tregua entre los líderes de los partidos.   El pacto entre liberales y conservadores era evidente, primando el intercambio burocrático sobre la responsabilidad inherente a sus cargos.   La Comisión de Acusaciones, creada para ejercer control político sobre el presidente, permaneció inactiva ante casos significativos. Entre estos se cuentan la responsabilidad de Belisario Betancourt en la retoma del Palacio de Justicia, las desapariciones y represión durante el estatuto de seguridad de Julio César Turbay, y los rumores de financiación del narcotráfico en campañas presidenciales.   Samper y el proceso 8000 Fuente: Revista Semana El Proceso 8000 durante el gobierno de Ernesto Samper marcó un punto de inflexión en el papel de la Comisión de Acusaciones frente al ejecutivo. Las alegaciones de financiación del narcotráfico a la campaña presidencial de Samper pusieron en crisis la institucionalidad y el orden político del país.   El Capitolio se polarizó entre quienes buscaban condenar al presidente por la presunta infiltración del narcotráfico en su campaña y quienes pretendían respaldarlo, más por preservar la institucionalidad que por apoyar a Samper personalmente.   El caso llegó a la Comisión en medio de una intensa tensión política. El país se enfrentaba a la posibilidad de que el gobierno hubiera sido elegido con fondos del Cartel de Cali, lo que generó una profunda división en los partidos y dejó al presidente en una posición vulnerable ante las acusaciones.   Los detalles exactos de lo ocurrido siguen siendo inciertos. Lo que se sabe es que el gobierno de Samper resistió la crisis, y el voto decisivo del congresista Heyner Mogollón evitó lo que podría haber sido un colapso institucional. Las negociaciones internas en la presidencia y el Congreso permanecen en la sombra. Lo que quedó claro para la opinión pública fue la persistente influencia del narcotráfico en la política nacional, aparentemente capaz de pasar de influir en elecciones legislativas a las presidenciales. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Samper no fue condenado y el gobierno se mantuvo estable. Este caso, aunque más visible que los anteriores, terminó siendo otro ejemplo de omisión en la función de control político. El regreso de la omisión Fuente:  El Espectador Tras el fallido intento de juicio político a Samper, la Comisión de Acusaciones volvió a su patrón de inacción frente a los presidentes. Los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos y Duque enfrentaron señalamientos y cuestionamientos, pero ninguno fue sometido a un proceso judicial formal para responder por sus actuaciones o las de sus administraciones.   Escándalos significativos como la parapolítica, los controvertidos resultados del proceso de paz del Caguán, o las implicaciones del caso Odebrecht no lograron romper el aparente pacto de silencio entre partidos políticos. El Congreso mantuvo su postura de no intervención frente al poder ejecutivo.   Esta situación persiste debido al control que los partidos políticos mantienen sobre la Comisión de Acusaciones y los procesos contra la figura presidencial. Las deliberaciones se realizan a puerta cerrada, mientras que las actuaciones públicas suelen carecer de consecuencias concretas. El sistema parece priorizar los intereses burocráticos y electorales sobre la función de control político.   Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, es el transaccionismo político lo que empaña la labor de la Comisión de Acusaciones, que en un tiempo ha sido conocida en el mundo de la política como “Comisión de Absoluciones”: “En un sistema presidencialista, en teoría se entiende que el Congreso es un órgano de control. Entonces, naturalmente, es el Congreso como representación política de la sociedad el que tiene que hacerle control político al presidente, por lo que no habría ningún problema, si no fuera porque el sistema político colombiano realmente no funciona virtuosamente, sino que tiene unos mecanismos oscuros con los que se hace toda la transacción política”.   Los cuestionamientos a la campaña presidencial de Petro 2022 Fuente: La Silla Vacía. La campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 se encuentra bajo escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE) por múltiples irregularidades financieras. Entre las más destacadas está la donación de 500 millones de pesos por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que, según la investigación, se utilizó para pagar servicios de estrategia electoral a la empresa Ingenial Media, contradiciendo las declaraciones iniciales sobre su destino. Este manejo de fondos sugiere una posible "triangulación de recursos" para evadir obligaciones legales, según señala la ponencia del CNE.   Otro aspecto controvertido es el pago a testigos electorales. Se han documentado giros por más de mil millones de pesos para remunerar a unos 35,000 testigos en primera y segunda vuelta, utilizando plataformas como Supergiros y Su Red. Sin embargo, el origen de estos fondos no está claro, ya que no coinciden con los contratos reportados oficialmente por la campaña. Además, se omitió reportar una donación de $530 millones de pesos de Colombia Humana destinada a gastos logísticos para los testigos electorales, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia en el manejo de los recursos.   La investigación también ha revelado discrepancias en los gastos de transporte aéreo. Se encontraron indicios de manipulación en los pagos a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), con facturas emitidas y posteriormente anuladas, que sugieren un intento de ajustar las cifras para no superar los límites de gastos establecidos. Asimismo, hay inconsistencias entre los permisos aéreos reportados por la campaña y los registrados por la Aeronáutica Civil, lo que podría indicar un ocultamiento de servicios no declarados.   Por último, se han detectado irregularidades en el reporte de otras donaciones y gastos. La donación de 600 millones de pesos por parte de la Unión Sindical Obrera (USO) no fue reportada, violando además la prohibición de aportes de personas jurídicas. También se encontraron discrepancias en los pagos por el alquiler del Movistar Arena para la celebración de la victoria, donde aparentemente se ocultaron 100 millones de pesos del costo total.   Estas revelaciones, contenidas en la ponencia que presentaron Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada en mayo de 2024 ponen en tela de juicio la transparencia y legalidad del manejo financiero de la campaña de Petro, y plantean serios cuestionamientos sobre el cumplimiento de las normas electorales vigentes.   Esa ponencia iba a ser votada esta semana, pero los magistrados del Consejo Nacional Electoral tomaron la decisión de remitirla a estudio por parte de todos los magistrados, antes de tomar la decisión de remitirla a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y de iniciar el proceso contra Ricardo Roa, exgerente de campaña.   La composición de la Comisión de Acusaciones para este período (2022-2026) en el Congreso   Para este período, la Comisión de Acusaciones que se encargará de un potencial proceso contra el presidente Petro está compuesto de la siguiente manera:   La bancada de gobierno tiene 9 congresistas de los 18 que componen la comisión, mientras que la oposición tiene 4 representantes y los independientes tienen 5. Este desequilibrio ha llevado a que en el análisis se cuestione si la Comisión de Acusaciones tendría realmente la independencia y capacidad de poder llevar el juicio contra el presidente Petro.   ¿Cómo se compone y quién elige al Consejo Nacional Electoral que tiene investigada la campaña Petro?   Según el artículo 264 de la Constitución Política de Colombia, se eligen a 9 magistrados postulados por los diferentes partidos políticos con personería y presencia en el Congreso de la República, para un período de 4 años. Con la firma de los acuerdos de paz, hay un magistrado transitorio, que es nombrado por el partido Comunes, quien tiene voz, pero no voto dentro de las decisiones que tome el CNE.   Para estos 4 años (2022-2026) El Congreso eligió a los siguientes 10 magistrados: Por lo que la bancada de gobierno tiene en el papel presencia con 6 magistrados (Pacto Histórico, Polo Democrático, Liberales, Comunes y Verdes), la bancada de oposición tiene representación con 2 magistrados y los partidos independientes tienen también 2 magistrados. No obstante, Benjamín Ortiz, exsecretario del CEN y nominado por los liberales, es distante del gobierno, pues fue quien el mes de mayo de 2024 formuló pliego de cargos, junto con Álvaro Hernán Prada, hacia la campaña Petro presidente 2022.   De estos magistrados, pesan cuestionamientos sobre César Lorduy, tal como lo hemos reseñado en la Fundación Paz y Reconciliación  (Pares), debido a su cercanía con el clan Char, además que es acusado de presuntamente ser el autor del asesinato de Alicia Mercedes Ribaldo en 1979, de la que no existe ningún proceso judicial formal abierto. Por este tema la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, por el partido Dignidad y Compromiso, demandó que Lorduy estuviera fuera de un espacio en el que se estaba hablando sobre la lucha de las sufragistas colombianas y el voto femenino alcanzado durante el gobierno de Gustavo rojas Pinilla.   Del mismo modo, Álvaro Hernán Prada, quien es ponente de la investigación contra la campaña Petro, está cuestionado por la Corte Suprema de Justicia  por presuntamente hacer parte de una red que buscaba torcer los testimonios de testigos a favor de Álvaro Uribe Vélez.   A modo de conclusión   La conformación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y de las magistraturas del Consejo Nacional Electoral pueden terminar favoreciendo al presidente, pues tiene suficientes mayorías para que los procesos por los que se le acusan sean prescritos o votados negativamente en ambos escenarios.   Para Laura Bonilla, las variables crecen cuando se observa la coyuntura misma del presidente ahora mismo: “en el balance, en la ecuación, el presidente tiene fuerza hoy, no tiene una popularidad negativa. Los congresistas que están en la comisión de acusaciones no se le medirían simplemente a perderlo todo a favor de un presidente que todavía puede cumplirles, con el que todavía hay un margen importante de negociación.” Señaló.   No obstante, el proceso que vive el país ahora mismo frente a la posibilidad de un juicio al presidente marcaría potenciales tendencias al futuro. Bonilla agrega: “puede que eventualmente en un futuro, con ciertas condiciones y variables, a un presidente le toque vivir en la Comisión de Acusaciones una condena, debido a que lo han vivido otros países latinoamericanos (en una lectura comparada). Además, puede que exista una reforma política que le dé demasiado poder al congreso —incluso más del que tiene hoy— que le quite poderes al Ejecutivo y que desbalance esa delicada ecuación”.

Por: Iván Gallo - Editor de contenidos El Frente Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia funcionó entre 1999 y el año 2000. Salvatore Mancuso llegó a Cúcuta, enviado por sus jefes, Carlos y Vicente Castaño, con el fin de apoderarse de los millones de dólares que dejaba la actividad del narcotráfico en el Catatumbo, una zona que hasta finales del siglo XX perteneció a las guerrillas de las FARC y el ELN. A pocos kilómetros del puente Simón Bolívar, que separa la población de San Antonio del Táchira con Cúcuta, se ubicaba un prostíbulo llamado Rumichaca. En 1998 ocurrió en ese lugar la reunión donde Mancuso ungió a Jorge Iván Laverde, alias el Iguano, como cabecilla del Frente Fronteras que pertenecía a una estructura más grande, el Bloque Catatumbo, que estaría a cargo de Mancuso. La estrategia, por supuesto, fue el terror y el soborno. De todas las masacres que hubo en el Catatumbo dos se recuerdan con escalofríos. El 21 de agosto de 1999, con el respaldo del ejército, el Bloque Catatumbo, en una acción comandada Armando Alberto Pérez Betancourt, conocido por el alias de Camilo, entró pateando la puerta en el corregimiento de La Gabarra, a orillas del río Catatumbo. Hasta ese momento era una población de economía boyante gracias al narcotráfico. Hasta ese momento estaba controlada por las FARC. Con lista en mano los paras mataron en una sola noche entre 35 y 43 personas. La cifra de víctimas nunca ha sido concluyente. Desde ese momento se quedaron con La Gabarra que les daba, según información de la ONG Progresar, 32 millones de dólares anuales. Para terminar de consolidar su poder en el Catatumbo, las AUC perpetraron otra masacre, esta vez en la capital de esa región, Tibú, famosa por haber albergado durante décadas a ingenieros petroleros venidos de Estados Unidos tras la concesión Barco. El 6 de abril del año 2000 paramilitares mataron a cuchilladas a veinte personas en los barrios La Unión y el Triunfo. Esta vez no hubo listas. Esa vez se mató por matar, por generar horror. La necesidad de usar cuchillos fue esa, generar estupor. Desde entonces las masacres se repitieron en esa zona de Norte de Santander y en otras partes del departamento. La Gabarra sólo fue un punto más en el mapa. Al Tarra le dieron durísimo, a Herrán, el Carmen, Ocaña, Lourdes, San Calixto, Puerto Santander, Cornejo y Cúcuta. Las cifras son escalofriantes. Según el diario La Opinión existe un archivo en donde están reseñadas 13.919 personas muertas entre los años 1997 y 2005, plena hegemonía paramilitar. Fueron más de 1.000 hombres de las Autodefensas. El Iguano no fue el único comandante. Son muchos los habitantes del Catatumbo y Norte de Santander que recuerdan con horror los nombres de Albeiro Valderrama Machado, alias Piedras Blancas; Lenin Giovanni Palma Bermúdez, alias Álex y José Mauricio Moncada, alias Mocoseco, quienes estuvieron al frente del despojo, las desapariciones, las masacres, las torturas, los desmembramientos que vivió Norte de Santander y su capital. En todas las acciones que hicieron los paramilitares en ese departamento, por esos años, se contó con el apoyo de los coroneles como Víctor Hugo Matamoros. El Cementerio Central de Cúcuta guarda secretos que descubren como los funcionarios locales se prestaron hasta para cubrirle los crímenes a los paramilitares. En febrero del 2024, después de que Mancuso diera las indicaciones, fueron desenterrados del cementerio central 3.800 cuerpos de personas que habían sido dadas durante décadas como desaparecidos. Jorge Iván Laverde, según reveló la Fiscalía en el año 2011, destinaba 80 millones de pesos mensuales -dinero de la época- para pagar una nómina en donde se incluían miembros de la fiscalía, del CTI y del ejército. Les daban regalos carísimos como camionetas último modelo. Lo que pidieran. Los bolsillos de los paramilitares estaban gordos. Al narcotráfico del Bloque Catatumbo se sumaba la extorsión y el hurto de ganado que recogía 200 millones de pesos al mes. Esa plata era destinada a pagarle millonadas a Ana María Flórez Silva, directora para la fiscalía en Arauca y Norte de Santander. Poco antes de que fuera condenada la Batichica, como le decían huyó a Miami y de ahí a Costa rica. También fue condenada por soborno su asistente en la fiscalía, Magali Yaneth Moreno. También estaba en la nómina de los paras el director del DAS de ese momento, Jorge Enrique Díaz y el subdirector de esa entidad, Viterbo Galvis Mogollón. Mientras tanto, uno a uno, iban cayendo activistas de los derechos humanos como Iván Villamizar Luciani, el poeta y ex alcalde de Tibú Tirso Vélez, o el líder Carlos Salvador Bernal. Además había otras formas de horror. En el año 2001, entrando al corregimiento de Juan Frío en Villa del Rosario, a escasos 15 minutos de Cúcuta, los paras del Iguano hicieron un retén. Fueron bajando uno a uno a personas que iban a sus casas y las fueron asesinando. Se estima que en una noche asesinaron a 15 personas. En Juan Frío el Iguano ideó uno de los métodos más abominables conocidos en sesenta años de guerra en Colombia: los hornos crematorios, que fueron trapiches adaptados para hacer cenizas a los cuerpos de todo aquel que fuera sospechoso de insurgencia. En Cúcuta los paras estaban como en casa. Entre el 3 y el 6 de diciembre los hombres del Iguano asesinaron a seis comerciantes de la central mayorista de Cenabastos simplemente porque se rehusaron a pagar extorsiones. Mataron cuenteros, poetas, estudiantes. Todo lo que les oliera a izquierda. Y contaban con la clase política para lograrlo. El director de la fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, fue quien lideró la investigación que terminaría quitándole el velo al gran atentado a la democracia colombiana, la parapolítica. En las elecciones del 2002 candidatas como Rocio Arias o Eleonora Pineda consiguieron votaciones extraordinarias gracias al apoyo económico y a la presión que hicieron los paras en zonas donde tenían alta influencia como el Bajo Cauca o Tierralta Córdoba. En Norte de Santander y en Cúcuta los paramilitares también movieron sus fichas en las elecciones del 2002. Según declaraciones del Iguano apoyaron al candidato al concejo de la ciudad Elías Galvis con 20 millones de pesos. A Ricardo Elcure Chacón, candidato a la gobernación, según Verdad Abierta, “El Iguano’ supuestamente le entregó 200 millones de pesos al político, a cambio de que los ‘paras’ ganaran cinco por ciento de toda la contratación departamental. En 2009 Elcure, del partido Colombia Democrática de Mario Uribe, fue condenado a seis años de cárcel por ‘parapolítica’”. El otro gran político de la época, Ramiro Suárez Corzo, fue condenado por haber asesinado al asesor jurídico de su alcaldía apoyándose en los paramilitares. La estela de los paras pervirtió todas las capas de la sociedad cucuteña. La influencia que aún mantiene Ramiro Suárez entre los barrios más populares de la ciudad, es el reflejo de que esta época aún no se olvida y a pesar de todo el horror se ve con nostalgia. La verdad sobre el paso de los paras por la ciudad y Norte de Santander aún la deben personajes como Mancuso quienes deben estar aún más comprometidos con ayudar a forjar una Historia Oficial que nos ayude a jamás volver a presenciar una invasión territorial de este tipo.

Por: Redacción Pares “Me voy de este mundo a las 12 del día” afirmó el pasado martes el joven de 36 años Javier Acosta quien después de contraer una bacteria se le ha convertido la vida en un suplicio. El hombre hará uso del derecho que tiene como colombiano de someterse a una eutanasia. En una entrevista en Caracol Acosta explicó de qué se trataba su enfermedad: “Hace nueve años sufrí un accidente, viajé a ver a Millonarios a la ciudad de Tuluá. Y en el trayecto de regreso sufrí un accidente de tránsito. Quedé en silla de ruedas. Hace cinco años tuve un viaje a Melgar con mis dos mejores amigas, con el hijo y yo. Entré a una piscina y lastimosamente obtuve una bacteria en el glúteo izquierdo que me llegó al hueso. Eso se llama osteomielitis”. La decisión del joven ha traído una polémica en redes sociales con católicos que creen que lo que está cometiendo Javier Acosta es un pecado. La eutanasia está aprobada en Colombia desde el gobierno de Ernesto Samper, pero una serie de obstáculos judiciales retrasó su implementación hasta el 2015, con el sonado caso del papá de Matador. Desde 1997 hasta el 2015 los colombianos que querían morir con dignidad lo tenían que hacer de manera clandestina, como si de un delito se tratara. Todo cambió con el caso de Don Ovidio. Don Ovidio González fue el primer latinoamericano en someterse a una eutanasia. Fue el 3 de julio del 2015. A pesar de que la eutanasia es legal en Colombia desde 1997, en pleno gobierno de Ernesto Samper, una serie de trabas y leguleyadas habían impedido su implementación. Don Ovidio era el papá del caricaturista Matador quien, con una serie de dibujos, sensibilizó a buena parte de los colombianos -por lo general católicos, camanduleros- a que entendieran el tema: a su papá la vida se le había vuelto una carga. Matador describió a su papá como un “zapatero bohemio, anarquista y ateo". La enfermedad le arrancó parte del rostro y treinta kilos. En sus últimos meses sólo sentía dolor. No podía masticar. Lloraba de desesperación. Pudieron concertar con varias clínicas para someterlo a la eutanasia pero le cancelaban a último momento. Don Ovidio no se quiso morir por gusto. Tenía un cáncer gesticular en estado terminal. Luchó durante cinco años hasta que fue imposible. Entonces quiso morir con dignidad. En la EPS donde lo trataban no le creían porque el señor entraba caminando por sus propios medios, caminando. Entonces iniciaron una batalla legal desgastante, angustiosa, que sacó los mejores trabajos de ese artista que se conoce como “Matador”. El caricaturista contó en una charla dada en la Universidad de Los Andes la lección aprendida de su papá: El día más duro y, al mismo tiempo, más bonito de mi vida y, creo, que el de muchos miembros de mi familia, fue cuando mi papá cerró los ojos y por fin descansó en paz después de una lucha terrible contra el cáncer —cuenta el caricaturista colombiano, cuyo nombre real es Julio César González—. Fue tremendo verlo sufrir, pero cuando todos comprendimos que él ya estaba listo para irse de este mundo, para nosotros se convirtó en una prioridad que él lograra su transición”. Los González lucharon para obtener ese derecho. Una tutela les permitió que Don Ovidio dejara de sufrir en julio del 2015 y abrió la posibilidad para que más colombianos lo hicieran. Pero viendo la cantidad de cuestionamientos que están lloviendo sobre la decisión de Javier Acosta entendemos el desconocimiento que hay sobre un derecho al que se puede acceder si la vida, por culpa de una enfermedad, se vuelve una tortura: la de salir de este mundo de la manera más digna posible.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: LAUD Cada 30 de agosto, el mundo se une para conmemorar el Día Internacional de los Desaparecidos, una fecha que lleva consigo una carga emocional profunda y un llamado urgente a la acción. Este día no solo sirve para recordar a las víctimas de desapariciones forzadas, sino también para subrayar la necesidad de prevenir futuros casos y abogar por la justicia y la verdad para las familias que aún buscan a sus seres queridos. La desaparición forzada es un crimen que ha dejado cicatrices imborrables en el tejido social de muchas naciones. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esta práctica inhumana es utilizada frecuentemente como una estrategia para sembrar el miedo y la inseguridad entre la población civil. No se trata solo de la desaparición física de una persona; el impacto de este crimen se extiende a sus familiares, amigos, comunidades enteras, y en última instancia, a la sociedad en su conjunto. Es un acto de terror que trasciende fronteras y que, lamentablemente, sigue siendo una realidad en muchas partes del mundo. En 1992, la Asamblea General de la ONU proclamó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, estableciendo principios que los Estados deben seguir para erradicar esta práctica. Según esta declaración, una desaparición forzada ocurre cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada contra su voluntad por agentes gubernamentales o por grupos que actúan en nombre o con el consentimiento del Estado. A menudo, las autoridades niegan conocer el paradero de la persona, dejándola fuera del alcance de la ley y desprotegida ante sus captores. Este día tiene una relevancia particular en Colombia, un país que ha sufrido décadas de conflicto armado, donde la desaparición forzada ha sido utilizada como una herramienta de guerra. Las cifras son estremecedoras: hasta el 1 de diciembre de 2016, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) tenía un registro de 111.640 personas desaparecidas. Sin embargo, la tragedia no se detiene. A pesar de los avances logrados con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se han reportado 1.476 nuevos casos de desapariciones hasta finales de 2023, lo que evidencia que este flagelo sigue latente. La conmemoración del 30 de agosto en Colombia está marcada por una serie de actividades organizadas por la UBPD, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y diversas organizaciones de derechos humanos. Estas iniciativas buscan no solo honrar la memoria de las víctimas, sino también visibilizar el trabajo de las familias y colectivos que, a pesar del dolor, continúan luchando incansablemente por la verdad y la justicia.   En el departamento del Huila, por ejemplo, se realizará una jornada académica titulada "Diálogos y experiencias de búsqueda humanitaria en el Huila", que se llevará a cabo en el Salón de Exgobernadores de la Gobernación del Huila. Este evento reunirá a expertos, familiares de desaparecidos, y representantes de organizaciones de derechos humanos para discutir estrategias y compartir experiencias en la búsqueda de las personas desaparecidas. La UBPD, junto con el CICR, enfatiza que la desaparición forzada no es un problema del pasado, sino una realidad que sigue afectando a miles de familias en Colombia y en todo el mundo. El trabajo de la UBPD es crucial en esta lucha. Con un mandato que abarca la búsqueda de personas desaparecidas hasta diciembre de 2016, la unidad ha sido fundamental en la construcción de un universo de casos, identificando las regiones más afectadas y estableciendo estrategias para localizar a las víctimas. En el departamento de Córdoba, por ejemplo, el Plan Regional de Búsqueda de Alto Sinú-Montería tiene un universo de 1.953 personas desaparecidas, lo que representa el 63% del total de desapariciones en esta zona. Pero la búsqueda de los desaparecidos no se limita a la identificación de casos y la realización de eventos conmemorativos. La UBPD ha implementado un enfoque territorial, con 28 equipos distribuidos en diferentes regiones del país, que trabajan en estrecha colaboración con las comunidades locales, organizaciones de familiares, y otras entidades para avanzar en la localización y recuperación de los desaparecidos. Estos equipos no solo brindan apoyo técnico y legal, sino también acompañamiento emocional a las familias, quienes muchas veces encuentran en ellos un aliado en su lucha por la verdad. En Montería, Córdoba, como parte de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se proyectará el documental "Por cielo y tierra" en el parque Simón Bolívar. Este evento, organizado en colaboración con la Alcaldía de Montería, la Gobernación de Córdoba, y la Unidad para las Víctimas, busca sensibilizar a la comunidad sobre la magnitud de este problema y resaltar la importancia de la memoria histórica en la lucha contra la impunidad. El Día Internacional de los Desaparecidos también sirve como un recordatorio de la importancia de fortalecer los mecanismos de protección y prevención para evitar que más personas sean víctimas de desapariciones forzadas. La comunidad internacional, junto con los Estados, debe redoblar sus esfuerzos para garantizar que los responsables de estas violaciones a los derechos humanos rindan cuentas ante la justicia. Asimismo, es fundamental apoyar a las familias en su búsqueda de verdad, justicia y reparación, reconociendo su valentía y resiliencia en medio de una tragedia tan profunda. En definitiva, el 30 de agosto no es solo un día para recordar a quienes han sido arrebatados de sus hogares y comunidades, sino también una oportunidad para renovar el compromiso global de luchar contra la desaparición forzada. Es un llamado a no olvidar, a no rendirse, y a seguir trabajando por un mundo en el que nadie más tenga que enfrentar la incertidumbre, el dolor, y la desesperación de no saber dónde están sus seres queridos.

Por: Oscar A. Chala investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad En este Congreso entraron a operar las curules transitorias territoriales de paz (CITREP), contempladas en el Acuerdo de Paz, cuya finalidad ha sido darle voz a la mayoría de las víctimas del conflicto armado y permitirles participación política en el Congreso. Con la finalidad de que duren este período (2022-2026) y el próximo (2026-2030), están compuestas por 16 curules elegidas entre diferentes organizaciones comunitarias de víctimas, en los territorios priorizados PDET a nivel nacional. En estos dos períodos legislativos, le pusimos la lupa a la labor de los representantes de estas curules para entender en dónde han concentrado la mayor parte de su trabajo y si su ejercicio legislativo ha sido eficiente en estos dos años, especialmente frente a la posibilidad de que estas curules transitorias amplíen su período o se conviertan en curules permanentes. El paso legislativo de CITREP en datos Las curules de paz están compuestas por 16 escaños dentro de la Cámara de Representantes para dos períodos legislativos (2022-2026 y 2026-2030). Todas estas curules son elegidas por asociaciones comunitarias y otras organizaciones de carácter local a nivel territorial. Hasta ahora, ninguno de los congresistas de estas curules se ha retirado o ha sido reemplazado, aunque sí existen diferentes cuestionamientos a varios de ellos por su origen familiar o por la manera como fueron electos candidatos dentro de estos procesos. Uno de ellos es Jorge Tovar, hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, excomandante del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), condenado por crímenes de lesa humanidad. Jorge Tovar llegó a ser elegido dentro de la circunscripción especial de Cesar y Magdalena con 17 mil votos, luego de ser cuestionado por ser hijo del excomandante paramilitar y por haber sido coordinador de Víctimas dentro del Ministerio del Interior durante el gobierno Duque. Así mismo, aparecen nombres como el de John Freddy Núñez, elegido por la circunscripción del Huila y Caquetá, quien es víctima por la muerte de su esposa presuntamente a manos de las FARC en 2007, quien ha ejercido diferentes cargos públicos en el departamento del Caquetá y que se ha quemado en diferentes candidaturas, tanto a la alcaldía de Florencia, como a la Asamblea Departamental de Caquetá y al Senado. Núñez ha sido militante y director del extinto partido Convergencia Ciudadana, luego Opción Ciudadana y Partido de Integración Nacional (PIN). Núñez ha sido cuestionado también por su cercanía con políticos cercanos a los paramilitares, como Álvaro Pacheco, exgobernador del Caquetá, condenado por su relación con las autodefensas. En el caso de Karen Manrique, elegida por la circunscripción No. 2 de Arauca, su cuestionamiento se ha dado durante su ejercicio en el cargo, al haber sido salpicada en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), además de haber sido cuestionada en campaña por el presunto apoyo que recibió de la maquinaria del Partido Liberal en Arauca para su elección en 2022. Tal y como lo reseñamos en este artículo, en promedio los congresistas más activos dentro del parlamento suelen participar entre 67 y 146 autorías de proyectos de ley, y suelen apoyar la convocatoria a entre 48 y 80 debates de control político. Recogiendo los datos de transparencia y rendición de cuenta de los mismos congresistas, consignadas en los perfiles de cada uno de ellos en la página web de la Cámara de Representantes, la labor de las curules de paz a mitad de este ciclo legislativo estaría muy cercano al margen mínimo de ese promedio (34 autorías de proyectos de ley, que si se mantiene esa tendencia podría ser de 68 proyectos de ley en 4 años), lo que implica que su trabajo está por debajo de la media frente a otros partidos y congresistas. En estos 2 años, los congresistas de las curules de paz han presentado en promedio 34 proyectos de ley, 18 ponencias, 7 debates de control político y 4 audiencias públicas. Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Representantes. 2024. Frente a la autoría o coautoría de proyectos de ley, el representante John Jairo González, de la circunscripción No. 3 del Bajo Cauca ha sido quien ha tenido más movimiento legislativo, con 64 proyectos de ley firmados, de los cuales 15 han sido de autoría propia en este último período legislativo (2023-2024), mientras que John Freddy Núñez ha sido autor o coautor de solamente 2 proyectos en 2 años. La mayoría de los representantes de curules de paz han participado en más de 30 proyectos de ley. Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Representantes. 2024. Con respecto a las ponencias de proyectos de ley, 5 representantes han participado en más de 30 de estos proyectos, siendo Diógenes Quintero, de la circunscripción No. 4 de Norte de Santander, el que más ha sido ponente (40 veces), seguido de Juan Carlos Vargas, de la circunscripción No. 13 de Bolívar-Antioquia (38 veces), Orlando Castillo, de la circunscripción No. 9 de Cauca y Valle (34 veces), Karen Manrique, de la circunscripción No. 2 de Arauca (33 veces), y James Mosquera, de la circunscripción No. 6 del Chocó y Antioquia (30 veces). En este caso, 4 representantes de víctimas han tenido una labor por debajo de 10 ponencias en sus 2 años de trabajo legislativo. Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Representantes. 2024. En relación con la convocatoria y participación en debates de control político, solo dos representantes de estas curules han tenido movimiento. Por un lado, Luis Ramiro Ricardo, de la circunscripción No. 8 de Bolívar y Sucre ha estado en 30 debates de control político, así como Juan Carlos Vargas, que ha tenido participación en 23 debates. El resto de los congresistas han tenido participación en menos de 10 debates en los últimos dos años. Esto puede explicarse porque un gran bloque de los CITREP hace parte de la bancada de gobierno, acompañan los proyectos de ley del presidente Petro y votan afirmativo a sus iniciativas y reformas. Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Representantes. 2024. Ante la convocatoria de audiencias públicas desde el Congreso, han sido Juan Pablo Salazar, de la circunscripción No. 1 de Nariño-Cauca quien ha hecho más convocatorias (18 en 2 años), mientras que William Aljure, del movimiento “Reconciliémonos” y elegido por la circunscripción No. 7 Meta-Guaviare, igual que Orlando Castillo, de la circunscripción No. 9 del Cauca y Valle, no han realizado convocatorias hasta el momento. No obstante, esta cifra hay que tomarla con pinzas, en tanto muchos de los representantes tienen trabajo con sus comunidades en sus territorios, que además reportan dentro de sus rendiciones de cuentas, por lo que su trabajo de incidencia en territorio es mucho mayor que el que pueden reportar las audiencias públicas. La reflexión que dejan estos datos es si la apertura de las curules de paz ha garantizado realmente plena participación a la mayoría de las víctimas del conflicto armado en muchos de los territorios marginalizados del país. Aunque la mayoría han cumplido con una labor bastante modesta frente a las agendas de construcción de paz y de la implementación del proceso de paz desde el congreso, está el caso de John Freddy Núñez, quien en solamente dos años ha presentado 2 proyectos de ley (de los cuales ambos fueron archivados por trámite), y fue ponente de 10 proyectos.  Según su última rendición de cuentas  en el Congreso, recibió 30 derechos de petición por su labor, que terminó redireccionando o enviando a traslado por competencia, así como ha tenido una incidencia legislativa muy pobre tanto no aparece en su rendición de cuentas la labor ejercida en las comisiones que participa. Lo que sí es posible afirmar es que la labor de las curules de paz a nivel territorial es muchísimo más importante que su labor legislativa, lo que implica que llegar a estos cargos de representación ha servido más para generar liderazgos regionales capaces de condensar las reivindicaciones de sus comunidades y llevarlos al congreso, aunque no sea en forma de proyectos de ley. Sin embargo, también es cierto que debe existir mayor vigilancia sobre la labor de varios de los congresistas cuya labor legislativa es pobre.

Por: Katerin Erazo, Periodista Este 28 de agosto en horas de la noche, Colombia alcanzó un hito crucial en la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la democracia ambiental con la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional. Este tratado, adoptado originalmente el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, representa un compromiso sin precedentes para América Latina y el Caribe, orientado a garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. La decisión del alto tribunal, tomada de forma unánime, no solo avala la constitucionalidad del acuerdo, sino que también abre un nuevo capítulo en la historia de la gobernanza ambiental en Colombia. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Ibáñez, encargado de la ponencia, subrayó que este fallo marca un avance significativo en la consolidación de la democracia ambiental en Colombia. Según lo informado por la Corte Constitucional, la Sala Plena verificó que tanto la fase gubernamental previa como el proceso legislativo que condujo a la aprobación del Acuerdo de Escazú cumplían con todos los requisitos constitucionales y legales establecidos. En particular, la Corte determinó que no era necesario agotar la consulta previa durante el trámite legislativo, dado que el acuerdo no contiene disposiciones que afecten directamente a las comunidades étnicamente diferenciadas. Además, la Corte declaró exequible la Ley 2273 de 2022, con la cual el Congreso de la República había adoptado formalmente el tratado. Este paso era fundamental para garantizar que las disposiciones del Acuerdo de Escazú fueran coherentes con los principios y normas establecidas en la Constitución Política de Colombia. El Acuerdo de Escazú se erige como un instrumento esencial para promover la transparencia, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales en la región. Los llamados "pisos mínimos" que establece el acuerdo tienen como objetivo crear un marco común de estándares que fortalezcan la democracia ambiental en América Latina y el Caribe. Estos pisos mínimos se dividen en cuatro grandes grupos: el fortalecimiento del acceso a la información, la ampliación de la participación ciudadana, la mejora de la justicia ambiental y la protección especial para los defensores del medio ambiente. La importancia de estos elementos no puede subestimarse en un país como Colombia, donde los defensores ambientales han enfrentado una violencia persistente. Según el informe Global Witness publicado en 2023, Colombia registró 60 asesinatos de defensores ambientales, la cifra más alta del mundo. En este contexto, la ratificación del Acuerdo de Escazú es vista como una medida esencial para garantizar un entorno seguro para quienes luchan por la protección de la naturaleza. Uno de los aspectos más destacados del Acuerdo de Escazú es su enfoque en la protección de los defensores ambientales. En un país donde estos líderes han sido objeto de amenazas y violencia, el acuerdo establece mecanismos específicos para garantizar su seguridad. Este compromiso es vital no solo para salvaguardar la vida de los defensores, sino también para fomentar un ambiente en el que la ciudadanía pueda participar activamente en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, destacó la importancia de este aspecto al afirmar que "con la ratificación del Acuerdo de Escazú damos un paso histórico en Colombia hacia la protección de quienes defienden la naturaleza y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales". La ministra también señaló que el gobierno ya ha comenzado a trabajar en la implementación del acuerdo, con la creación de una Comisión Interinstitucional y el programa "Alerta por mi ambiente", que busca mejorar la gobernanza ambiental y promover la participación ciudadana en todo el país. Aunque la ratificación del Acuerdo de Escazú representa un logro significativo, la verdadera prueba radica en su implementación efectiva en todo el territorio colombiano. La experiencia ha demostrado que la adopción de leyes y tratados no garantiza su aplicación adecuada, especialmente en regiones donde los defensores ambientales enfrentan riesgos mayores. El Ministerio de Ambiente, consciente de estos desafíos, ha comenzado a desarrollar un Sistema Nacional de Control Social Ambiental y un Protocolo de Reacción ante situaciones de riesgo para defensores ambientales. Estos esfuerzos son fundamentales para asegurar que los compromisos asumidos por el país se traduzcan en acciones concretas que beneficien a las comunidades y protejan a quienes están en la primera línea de la defensa del medio ambiente. La ratificación del Acuerdo de Escazú posiciona a Colombia como un líder regional en la protección ambiental y la participación ciudadana. Este tratado no solo refuerza el marco legal para la protección del medio ambiente, sino que también establece un entorno seguro para los defensores de la naturaleza. En un país donde la violencia contra estos líderes ha sido una constante preocupación, el Acuerdo de Escazú emerge como una herramienta crucial para mitigar esta situación. El presidente Gustavo Petro, consciente de la importancia de este avance, celebró la ratificación del acuerdo en su cuenta de Twitter, afirmando: "Felicitaciones a la Corte Constitucional. El tratado de Escazú es hoy ley en Colombia. Colombia marcha a ser Potencia Mundial de la Vida". Sus palabras reflejan el compromiso del gobierno en la protección del medio ambiente y en la promoción de una democracia más inclusiva y participativa. La ratificación del Acuerdo de Escazú es también una victoria para las organizaciones de la sociedad civil, que han trabajado incansablemente para que este tratado se convierta en una realidad. La Alianza por el Acuerdo de Escazú, que reúne a diversas organizaciones y líderes ambientales, celebró la decisión de la Corte Constitucional y reiteró su compromiso de impulsar y vigilar la correcta implementación del tratado. A medida que Colombia avanza en la implementación del Acuerdo de Escazú, es fundamental que todos los sectores de la sociedad se involucren en este proceso. La ratificación del tratado es solo el primer paso en un largo camino hacia la consolidación de una democracia ambiental robusta y participativa. El éxito del Acuerdo de Escazú dependerá en gran medida de la voluntad política, la cooperación entre las instituciones y la participación activa de la ciudadanía. En un momento en que la crisis climática exige respuestas urgentes y decididas, el Acuerdo de Escazú ofrece una hoja de ruta clara para fortalecer la protección del medio ambiente y garantizar la justicia ambiental en Colombia y en toda la región. La tarea que queda por delante es inmensa, pero con el compromiso y la determinación de todos los actores involucrados, es posible construir un futuro más sostenible y equitativo para las generaciones presentes y futuras. Con este fallo, Colombia se posiciona como un líder regional en la defensa de los derechos ambientales, y su compromiso con la implementación del Acuerdo de Escazú será fundamental para enfrentar los desafíos que plantea la crisis climática. La sociedad colombiana, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno tienen ahora la responsabilidad de trabajar juntos para garantizar que este acuerdo se convierta en una realidad tangible que beneficie a todas y todos los colombianos y proteja el invaluable patrimonio natural del país.

Por: Redacción Pares Le salió mal la estrategia a Miguel Uribe Turbay. Muy mal. La opinión pública sabe que él considera a Álvaro Uribe como su gran maestro, su ejemplo ha seguir. Es sabida la desconexión que tiene con la realidad del país. El año pasado afirmó en un programa de opinión que la clase media colombiana ganaba entre 20 y 60 millones de pesos mensuales. En redes sociales Miguel Uribe lanzó un spot que le ha salido mal: romantizar la madrugada que deben sufrir millones de colombianos y que muchos sociólogos afirman podrían ser el germen de nuestro gen violento. Para una persona que vive en Soacha necesita madrugar a las cuatro de la mañana para enviar a sus hijos al colegio y luego cruzar la ciudad para ir trabajar en un extremo. Se madruga y se trabaja de manera tan brutal en Colombia porque no se tienen derechos. Pero Uribe, en su desconexión, afirmó en ese spot publicitario que lo que necesitábamos era regresar a los años de su mentor, Álvaro Uribe, y desempolvar el lema de Trabajar, trabajar y trabajar. El video que él difundió en sus redes sociales tenía otro objetivo, criticar la supuesta falta de disciplina del presidente Petro. Las respuestas del senador terminaron hundiéndolo más. Periodistas como Félix de Bedout, que criticaron un mensaje que va en contravía de los preceptos laborales en los países más desarrollados, y que además le recordaron al senador a qué horas empiezan a trabajar en el Congreso -nueve de la mañana- recibieron por parte de Uribe Turbay una respuesta que refleja su desconexión con el país: que a él le toca muy duro porque se despierta a las cinco al gimnasio ya que está preparando una maratón. Alguien que está en las antípodas del gobierno, Vicky Dávila, criticó a través de la red social X el mensaje del senador uribista: “Senador, la gran mayoría de colombianos no quiere que en el 2026 se perpetúe el proyecto destructor de Petro. Pero la gente tampoco quiere volver al pasado. Lo que vemos en el video es a unos ciudadanos que necesitan soluciones y solidaridad del Estado y de la empresa privada. Estas personas toda su vida han estado buscado que alguien los escuche de verdad y que los políticos nos los usen para ganar votos en elecciones. Que les cumplan y no les mientan. Los trabajadores también necesitan tiempo libre, vacaciones, estar con sus familias, hacer ejercicio, ver crecer a sus hijos y cumplir sus sueños. Necesitan dormir bien. Los países avanzados cada día tienen jornadas de trabajo más cortas, pero más productivas. Son economías sólidas que tienen un crecimiento adecuado y la gente tiene mejor calidad de vida. El sufrimiento de la gente no se puede perpetuar. Hay que premiar el esfuerzo y el trabajo, pero no lo inhumano. Aquí se necesita innovación y emprendimiento. Aquí se necesita más ética, más decencia y un gobierno firme pero más humanitario”. Según la OCDE -datos entregados por la Silla Vacía- Colombia es el país que más trabaja -48 horas semanales- y menos resultados tiene en productividad. Es indudable que el video, que sería la punta de lanza de su campaña presidencial, le salió mal al senador Uribe Turbay.

Por: Redacción Pares La energía del ex canciller es inagotable. A los 81 años el líder conservador aún tiene la determinación para ser noticia, para aparecer todo el tiempo en la agenda. Después de los dardos que le envió al ministro del Interior Juan Fernando Cristo, Leyva viajó a Caracas a reunirse con Nicolás Maduro en el propio Palacio de Miraflores. Lo hizo en una fecha significativa, el 28 de agosto, el día que se cumplió un mes después de las elecciones que resultaron dándole la victoria a Maduro a pesar de las polémicas y cuestionamientos. Internacionalmente la victoria del chavismo no ha sido reconocida de manera oficial ni siquiera por parte de gobiernos que podrían simpatizar ideológicamente con ellos como es Colombia, Brasil, México y Chile. Incluso el presidente de Nicaragua, el incombustible Daniel Ortega, lanzó dagas contra Petro llamándolo “arrastrado” por no haberse decidido a apoyar con mayor decisión la supuesta victoria de Maduro. Aún no se saben las razones por las que Leyva, quien ya no tiene cargo en el gobierno, haya viajado a Caracas justo cuando las protestas arrecian en ese país. Las calles de la capital venezolana son escenarios de una discusión y una protesta que no se apaga. En Colombia se enteraron de la reunión entre Leyva y Maduro por las redes sociales de este último quien publicó en redes sociales las fotos del encuentro acompañados de este mensaje: “Me he reunido con el excanciller de Colombia, Dr. Álvaro Leyva, con quien analizamos de la geopolítica mundial y los grandes desafíos de nuestra región. La unión, la hermandad, la cooperación y la Paz de los pueblos es y serán siempre el camino”. Maduro interpretó la visita de Leyva como un espaldarazo en el momento en el que más lo necesita. La llegada del excanciller fue mal vista y ampliamente criticada por la oposición venezolana. Otro mensaje de Maduro deja claro que considera a Leyva un amigo con el que se puede contar. “Tenemos muchos amigos en Colombia, mucha gente que nos quiere en Colombia. Aquellos que osen, como han osado desde Colombia, a tratar de agredir a Venezuela, nuestros amigos nos protegerán. Nos seguirán protegiendo”. Leyva se ha caracterizado por ser un conciliador, un puente entre bandos que parecen irreconciliables, por eso ha sido un pionero de la negociación entre el gobierno colombiano con grupos armados desde que lo hizo hace cuarenta años durante el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. Esa decisión de hacer la paz le ha traído a Leyva tormentas que para cualquier otra persona sería difícil de sostener. Pero él tiene la espalda ancha y aún fuerte. Por eso, la foto entre Maduro y Leyva, podría ser a largo plazo una respuesta a ese callejón sin salida que parece ser la negociación entre el chavismo y la oposición en Venezuela.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos Se llama Wilson Quintero y es una persona bastante particular. Tiene unas gruesas patillas que le llegan casi al mentón y viste completamente de caqui, como si fuera un monje. A sus 58 años está cansado de la guerra, de las persecuciones, hasta de la riqueza. En los últimos días se le ha visto por el Congreso de la República intentando conseguir ayuda para poder repartir una parte de sus tierras a guaqueros artesanales. Es esmeraldero. Su padre también lo fue. Su padre se llamaba Víctor Quintero y murió en julio del 2015, dos años después de que lo hiciera el hombre que él formó en el negocio: Víctor Carranza. Don Víctor Quintero murió de un derrame cerebral. Se puede decir que murió de viejo, algo que no suele pasar con los esmeralderos. Había nacido el 30 de octubre de 1930 en Somondoco, Boyacá. Trabajó desde niño en la mina del Chivor, por allá en los años cuarenta, y por eso era conocido como el verdadero “Patriarca de las esmeraldas”. Cuando murió, en la clínica Reina Sofía en el 2015, medios como la W Radio reseñaron la voluntad de paz que siempre lo acompañó y que lo obligó a exiliarse en 1989, después de que uno de sus discípulos, Víctor Carranza, le declarara la guerra “Falleció el Patriarca de las Esmeraldas, Víctor Quintero. El empresario fue reconocido por mantenerse al margen de la Guerra Verde y por fomentar el diálogo y la paz en el occidente del departamento de Boyacá”. Víctor Quintero, con su fortuna, adquirió 23 predios que, reunidos, podrían sumar 400 hectáreas. Cuando los Quintero se fueron del país su tierra la ocuparon de manera ilegal actores armados. Fueron despojados. En un artículo publicado en la Revista Semana en el 2015, poco después de la muerte de Victor Quintero la Revista Semana explicó de esta manera el problema: La historia del despojo es larga. Ante la guerra que se vivía en la década del 80, la próspera familia de esmeralderos abandonó tierras, maquinaria y ganado y dejó encargadas las propiedades a un administrador de confianza: Pedro Pablo Montenegro. El antiguó capataz los traicionó y junto a Ángel María Roa (Cagarruta), un reconocido paramilitar del Llano, y Omar Novoa, se repartieron las tierras y, de paso, se apoderaron de las minas de esmeraldas cuya producción está calculada en 25 millones de dólares. Aunque en 1991 los Quintero intentaron recuperar sus terrenos, no pudieron hacerlo por las amenazas. Tres años después la familia decidió formular denuncia penal. Pero los nuevos poseedores obtuvieron títulos mineros para extraer las esmeraldas. Hoy los Quintero dicen que la aprobación de extracción estaba “amañada”, ya que se permitió trabajos en propiedades usurpadas.    En el momento en el que partió sus hijos entraron a una disputa por uno de sus tesoros, la mina de Chivor en Boyacá. No, no fue una disputa entre ellos sino que la zona había sido apoderada por 80 hombres armados pagados por una empresa privada de esmeralderos. Era la empresa San Francisco quien afirmó en su momento que había tenido permisos del estado. El Chivor es una de las joyas de la corona de los esmeralderos entre las que se cuentan Muzo, Coscuez y Peñas Blancas. Desde hace nueve años Wilson lidera la iniciativa con sus hermanos. El estado colombiano ordenó la restitución de estas tierras a los Quintero en el 2016. En ese momento reafirmó la necesidad de entregarle estas tierras a pequeñas asociaciones de campesinos, así se lo dijo a Caracol Radio: “Mi padre siempre nos recalcaba que primero siempre estaban las acciones que significaran Paz. Por eso, y para impactar positivamente a nuestra gente, se decidió hacer esta donación desde hace tiempo con la venia de él, y el trabajo de él, entregar estas tierras, algo más de 900 hectáreas para las comunidades de esta región, para dos asociaciones de mineros y campesinos”. Aunque podrían ganar una fortuna con las indemnizaciones que podrían recibir de las compañías que ahora tienen sus terrenos, lo único que desean es poder repartir esa tierra entre guaqueros artesanales. Quintero ha expresado a los congresistas con los que ha hablado que esa acción igual conlleva un riesgo. Hay esmeralderos que ven con malos ojos ese deseo. Quintero lleva casi una década intentando entregar estas tierras pero no ha podido. Ahora estaría buscando llegar a un acuerdo con este gobierno y poder hacerlo. El asesinato del esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, mejor conocido como Pedro Pechuga, por un francotirador en el norte de Bogotá, ha caldeado el ambiente entre esmeralderos. Aguilar, como se ha conocido en los últimos días, visitó dos veces la Casa de Nariño en el 2023 y era cercano de la consejera para las regiones Sandra Ortíz, implicada en el escándalo de la UNGRD. Nicolás León, de la línea de seguridad y convivencia ciudadana de Pares, dio esta versión sobre el asesinato de Pedro Pechuga “Los esmeralderos tienen grupos armados propios y lo que vemos es el accionar de herederos de Víctor Carranza que consolidaron su poder en la última guerra verde que hubo a principios de siglo. La llegada de actores transnacionales del país que se hicieron con el control de las minas de esmeralda y su producción, complejiza aún más la situación, todo esto ha anclado a unas dinámicas que podrían indicar la aparición de nuevos actores emergentes para los esmeralderos que derivaría en una guerra. Si llega un gremio emergente para desafiar el poderio, podriamos estar viendo una guerra de las esmeraldas sin precedentes. Lamentablemente de los actores extranjeros no sabemos mucho”. Con una nueva guerra verde respirándonos en la nuca, lo que necesita Quintero es tener la certeza de que esta entrega de tierras se puede hacer sin pagar con su vida, por ejemplo.

Por: Daniela Paola Bernier Pacheco En el año 2022 se presentaron dos acciones populares ante el Tribunal Administrativo del Atlántico; la primera identificada con el radicado No. 08-001-23-33-00-2022-00397 e interpuesta por los señores Edwar Fernando Orozco Oñate personero municipal de la ciudad de Santa Marta, Miguel Ángel Álzate Salcedo personero municipal de Barranquilla y Yeison Deluque; la segunda se identifica con el radicado No. 08-001-23-33-000-2022-0416 presentada por Juan Barrero Berarnidelli Cojuez del Consejo de Estado, Erika López, María Camila Benítez y otros; en ambos medios de control se accionaron al Ministerio de Minas y Energía (MinEnergía) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Mediante las mismas se pretende, entre otras cosas, que se amparen los derechos e intereses colectivos al acceso a los servicios públicos y su prestación se de manera oportuna y eficiente, de manera que se suspenda la aplicación de las Resoluciones 010 del 30 de enero de 2020 y la 078 del 24 de junio de 2021 emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Ambas acciones fueron acumuladas mediante auto de fecha 29 de agosto del año 2023, al cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 148 del Código General del Proceso, es decir, al tratarse de procesos que se encuentran sometidos al mismo trámite, la misma instancia, versa sobre las mismas partes demandadas y las pretensiones persiguen el mismo fin, pues buscan verificar el sistema tarifario del servicio público de energía en la costa Caribe. Este año a través del auto de fecha 22 de agosto del año 2024, se concedió la medida cautelar [1] , contenida en la acción popular con radicado No. 2022-397 encaminada a: 1. que se convoque a una audiencia pública para estudiar el impacto económico y social en la región Caribe que se ha causado por las Resoluciones 010 de 2020 y la Resolución 78 de 2021 en la que se discuta si es necesario o no la revisión y el análisis de los impactos sobre la modificación de los indexadores en la fórmula tarifaria en la costa Caribe colombiana para definir entonces si es adecuado o no su reestructuración; 2. Se revisen los otros componentes tarifarios que afectan la tarifa en la región Caribe como las pérdidas, restricciones, teniendo en cuenta las particularidades de la región y sus periodos regulatorios y si la Comisión lo considera determinar una nueva fórmula para calcular la tarifa del servicio de energía sin tener en cuenta el IPP (Índice de Precios al Productor).  ¿Por qué tomó esta decisión? Después de analizar la solicitud determinó que era necesario la adopción de las medidas pues es un hecho notorio las consecuencias que el régimen tarifario ha generado en la región Caribe y ha generado la afectación del derecho e interés colectivo como lo es la garantía en la prestación continua, eficiente y costo- efectiva del servicio público domiciliario de energía a la costa Caribe. En consecuencia, de las anteriores consideraciones el Tribunal del Atlántico determinó: 1. Ordenar a CREG que dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la providencia convoque a sesión/o audiencia pública en la ciudad de Barranquilla para estudiar el impacto económico y social de las Resoluciones 010 de 2020 y 78de 2021 y si es necesario o no el replanteamiento de la fórmula tarifaria vigente.; 2. Ordenar a la CREG que fije una sesión y/o audiencia pública en la que se convoque a alcaldes, gobernadores, Ministerio de Minas y Energía, Defensoría del Pueblo, entre otros; 3. Ordenar a la CREG y al Ministerio de Minas y Energía que dentro de los 10 días siguientes  de la audiencia/sesión, adopte la actuación administrativa correspondiente a la normatividad vigente proceda a expedir un acto administrativo que modifique las Resoluciones 010 de 2020 y 78 de 2021  que tenga por objeto reducir las tarifas del servicio de energía eléctrica para la Región Caribe. Es importante resaltar que estas medidas no ponen fin al proceso, por lo que se debe esperar a un fallo definitivo, en el que se decida de fondo sobre el asunto y se determine si se deben o no amparar los derechos e intereses colectivos de los usuarios y si es viable ordenar la suspensión de la fórmula tarifaria que se fijó en las Resoluciones 010 del 30 de enero de 2020 y 078 del 24 de junio de 2021. Desde Pares continuaremos realizándole seguimiento a este proceso, hasta que se resuelva de manera definitiva la odisea tarifaria.   Referencias: -       Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico (22 de agosto de 2024). Auto dentro del medio de control acción popular radicado 08-001-23-31-000-2022-00397-00 [M.P: Fandiño, J. ] -       Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico (29 de agosto de 2023). Auto dentro del medio de control acción popular radicado 08-001-23-31-000-2022-00397-00 [M.P:Fandiño, J. ] [1] entiéndase como medida cautelar aquella facultad que tiene el juez constitucional para adoptar las decisiones que considere pertinentes a efectos de prevenir un daño inminente o para cesar un daño que se hubiere causado.

Por: Guillermo Linero Montes “Lo único que no perdona este país es la inteligencia”. Estas palabras endilgadas al célebre presidente de Argentina, Juan Domingo Perón -que en defensa de los pobres se enfrentó a las clases dirigentes de su país y a los militares golpistas- las recuerdo ahora, motivado por las declaraciones que diera unos días atrás la exsenadora Ángela Benedetti, acerca de la directora del Dapre, Laura Sarabia, y motivado por las aseveraciones de otros personajes de la oposición al gobierno, y por contados periodistas que se han referido a esta joven ejecutiva de palacio, con desprecio e incredulidad. Si Petro es inteligente -como nadie duda que lo es- tuvo que haberse dado cuenta con inmediatez de las capacidades de Laura Sarabia y de la oportunidad de ponerla al servicio de sus proyectos, que requieren mucha sagacidad a la hora de ser ejecutados. Pero, de haber sido imbécil, como ha demostrado que no lo es, entonces Laura Sarabia -vía Armando y Angela Benedetti- tal vez hubiera sido, posiblemente, una imposición de la extrema derecha del Atlántico. No obstante, a cualquier ciudadano le resulta muy fácil visualizar que esos críticos sin argumentos, están afectados, algunos por intereses políticos mezquinos, y otros, la mayoría de ellos, solo están padeciendo una ridícula envidia o hacen emulación de un talante cognitivo que no poseen. Les cuesta ver, en contraste con sus propias opacidades, la brillantez mental de una joven mujer que ha ganado prestigio con rapidez inaudita en un contexto tradicionalmente colmado de ávidos trepadores sociales. Frente a la acorazada e impoluta rectitud de Laura Sarabia, estos periodistas de medio pelo, y algunos opositores de conductas non sanctas, han optado infructuosamente por buscar en su vinculación al gobierno, un misterioso trasunto de orden político entre el presidente y la extrema derecha del Caribe y; de no ser así, como hasta ahora se ha visto que no lo es, crearle falsas noticias, como lo han hecho algunos y algunas periodistas que son hijos e hijas calaveras del tiempo maquiavélico de las fake news. Noticias tan atroces y temerarias como señalarla de haber secuestrado y torturado a su empleada doméstica. Hace ya 11 meses, cuando fue nombrada Laura Sarabia en el Dapre, el exconcejal Juan Carlos Flores -hoy políticamente desdeñado por sus electores- connotando que la doctora Laura Sarabia entró al ruedo de la acción política del petrismo, apenas en la última etapa de la campaña que lo condujo a la presidencia, escribió esto en su cuenta de twitter: “Con tanto joven que apoyó con cuerpo y alma a Petro, cómo es posible que la única persona que pueda ser la mano derecha de éste sea Laura Sarabia, protagonista del bochornoso escándalo con Benedetti, de la tenebrosa casta política de Barranquilla?”. El exconcejal pasó por alto que la democracia busca la convivencia, el bienestar y el progreso de las sociedades y, para tal propósito, descuenta que a la hora de seleccionar dirigentes y funcionarios que trabajen para ello, estos tengan que serlo por la sola fuerza de trabajo y compromiso de lealtad demostrados durante la campaña. Por el contrario, la democracia -sin los vicios de la aristocracia- privilegia la contratación o nombramiento de quienes sean los mejores, aun si ello implica descartar a personas que parecieran merecerlo también. “Es una niña que saltó de la universidad a trabajar con él -con el presidente- como asistente y hoy, prácticamente, maneja el país”. Esto lo dijo a raja tabla la exsenadora Ángela Benedetti -tal vez sentida por algo que oculta- sabiendo que si no fuera por Laura Sarabia, de seguro el presidente -que suele quedarse sin quien lo acompañe con el mismo ritmo y eficacia en sus actividades de gobierno- estaría completamente solo. No hay que acercarse para saberlo: Laura Sarabia trasmite al presidente Petro mucha seguridad y le garantiza un orden en medio de tantas complicaciones, y eso es bueno. Insisto, no hay que tener más de dos dedos de frente para advertir que Laura Sarabia es, a todas luces, y pese a su corta edad, cien veces más inteligente que los expresidentes de la traza moral y cognitiva de César Gaviria, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos e Iván Duque; porque, Laura Sarabia, combina -basta escucharla cuando se refiere a las actividades del gobierno- sabiduría y sensibilidad, una yunta de virtudes muy menguadas en los expresidentes mentados, y completamente inexistentes en Álvaro Uribe, pues el contexto mental y sensorial de este expresidente, está férreamente ligado al crimen. Ya sabemos, gracias a los periodistas y opinadores alternativos, que las acusaciones y críticas dirigidas a Laura Sarabia, todas han sido resultado de la maldad de un periodismo “asqueroso” -como explícitamente ha denominado el maestro Juan Gossaín al periodismo actual, refiriéndose también -de manera implícita- a ciertos periodistas de la traza de Vicky Dávila, Gustavo Gómez, Néstor Morales, Julio Sánchez y, entre otros, Luis Carlos Vélez- que buscan con ridiculez y sin tapujos, cómo tumbar al presidente para saciar sus ambiciones personales y/o para cumplirles a sus inescrupulosos amos; pero pocos, muy pocos, han sido capaces de manifestar respeto ante ella y sus conocimientos, como lo hizo Yamid Amat, otro periodista del talante de Gossaín, al expresarle esto a Laura Sarabia, luego de entrevistarla en su programa de preguntas: “Quiero confesarle que nos ha sorprendido mucho su gran conocimiento, su detallado conocimiento sobre los problemas de nuestro país. Es impresionante, se lo confieso”. Y a propósito del presidente argentino Juan Domingo Perón, y de su famosa frase que da inicio a esta nota, es fácil imaginar que de haber conocido a Laura Sarabia habría dicho: “Me le quito el sombrero, usted sabe equilibrar, como deben hacerlo los buenos gobernantes, lo político, lo social y lo económico”. Solo queda esperar que un día, más temprano que tarde, Laura Sarabia decida ser nuestra primera presidenta. Es muy fácil visualizar que no tendría rivales.