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Por: Redacción Pares Hace poco leí una columna de Catalina Valencia en el diario El Espectador en donde recordó los buenos augurios con los que empezó este gobierno en materia de cultura. No sólo el nombramiento de Patricia Ariza, una artista valiente, pionera, nos llenaba de esperanza sino el buen criterio de escoger a la soprano Betty Garcés y la pianista Teresita Gómez para emocionarnos con su arte ese 7 de agosto del 2022 en la Plaza de Bolívar. Incluso, en ese discurso, el presidente Petro habló del papel que jugaría la música en su gobierno, se harían escuelas de música en todo el país y ese arte serviría incluso para la anhelada transformación social. Sin embargo, el sueño no se ha podido concretar. Como bien lo recuerda en su columna Valencia, los músicos del país vieron con malos ojos que Petro intentara copiarle a Venezuela el “Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela” e intentar copiarlo para el país. Tenía nombre y todo: Sonidos para la construcción de paz. El 31 de enero del 2023 Verónica Alcocer viajó a Venezuela acompañada de quien entonces era el viceministro de cultura, Jorge Ignacio Zorro y se reunió con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y con la primera dama, Cilia Flórez. El tema central que se tocó en la reunión fue la creación de un sistema que ayudara a fomentar la música entre la niñez, un semillero que en Venezuela ha dado frutos, como el del director Gustavo Dudamel. Por eso acompañó a Flórez al Centro de Acción Social por la música en donde conoció como funcionaba el Sistema Nacional de Orquestas. Incluso, el canal Venezolana de Televisión transmitió en directo un concierto que tenía a Alcocer como su invitada especial. Cilia Flórez dijo una frase que despertó preocupación en Colombia "Vamos a trabajar juntos para que las orquestas se desarrollen mucho más". Por el lado de Colombia se recalcó que la visita de la Primera Dama tenía como gran objetivo: “afianzar el trabajo conjunto entre las naciones, conocer el sistema de bandas venezolano y su posibilidad de adaptarlo en Colombia, como un aporte al desarrollo físico y cognitivo de niñas, niños y adolescentes, así como fomentar la riqueza cultural que posee el territorio”. A través de lo que antes se llamaba Twitter Petro echó campanas al viento y en sus mensajes afirmó que el Sistema era “reconocido en todo el mundo” y que en ese 2023 despegaría “el sistema orquestal colombiano ligado a todo el sistema educativo”. En el gran balance que presentó el pasado 7 de agosto la fundación Paz y Reconciliación -cuyo enlace encontrará al final de este artículo- sobre los dos años de Petro se aborda el tema de la cultura en este gobierno y se muestra cómo en el afán por copiar el modelo de orquestas venezolano ha sido una de las razones por las que la cultura en este gobierno no ha tenido el papel protagónico que prometía. El 10 de febrero del 2023 2.200 referentes de la música nacional firmaron una carta en donde le manifestaban al presidente Petro su preocupación por trasladar a Colombia el sistema de orquestas de Maduro. En uno de los renglones más significativo de esta carta se le dice al presidente lo siguiente: “Numerosos estudios han mostrado que “El Sistema” se ha dado a conocer gracias a un enorme aparato propagandístico y toda esta publicidad sobre su pretendido impacto ha servido para ocultar sus problemas y sus efectos nocivos sobre la cultura”. A la Primera Dama le terminó jugando en contra esta visita y a Petro le representó un escollo que, año y medio después, no ha podido superar a pesar de que está al frente de la cartera alguien tan capaz como Juan David Correa. En el siguiente enlace encontrarán al detalle el balance de los dos años del gobierno Petro presentado por la Fundación Paz y Reconciliación y uno de sus capítulos más importantes: La cultura en la era Petro. https://www.pares.com.co/post/as%C3%AD-le-va-al-gobierno-del-cambio-a-mitad-de-camino

Por: Katerin Erazo, Periodista Hoy miércoles 28 de agosto, a las 3 de la tarde, la Corte Constitucional de Colombia se enfrentará a una de las decisiones más trascendentales en materia ambiental de los últimos años: la revisión de la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú. Este tratado internacional, que tiene como objetivo principal fortalecer el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, ha sido un tema de amplio debate y movilización social desde su firma en 2019. El Acuerdo de Escazú fue suscrito por Colombia en un momento crucial de su historia reciente, durante el Paro Nacional de 2019, bajo la administración del entonces presidente Iván Duque. Este periodo estuvo marcado por una serie de movilizaciones sociales que exigían, entre otras cosas, una mayor protección de los derechos ambientales y la vida de los líderes sociales y defensores del medio ambiente. La firma del acuerdo fue vista como un paso significativo hacia el fortalecimiento del marco normativo ambiental en el país y la región, reflejando un compromiso con los estándares internacionales en la protección de los recursos naturales y la participación ciudadana. Sin embargo, el camino hacia la ratificación del Acuerdo de Escazú no ha sido sencillo. A pesar de su aprobación por el Congreso de la República a finales de 2022, el tratado ha enfrentado críticas y resistencias, especialmente por parte de sectores que temen que su implementación pueda afectar la seguridad jurídica de proyectos minero-energéticos que ya cuentan con títulos y licencias ambientales, así como poner en riesgo la soberanía nacional debido a la intervención de organismos internacionales en decisiones internas. Ver: ( Aprobado el Acuerdo de Escazú en Colombia ) El Acuerdo de Escazú es más que un simple tratado ambiental; es un instrumento que tiene el potencial de transformar la manera en que se gestionan los recursos naturales en la región y en Colombia. Este acuerdo establece protocolos claros para garantizar que la información ambiental sea accesible para toda la ciudadanía, lo que es crucial en un país donde los conflictos socioambientales son frecuentes y, a menudo, violentos. Además, promueve la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones que afectan sus territorios, un aspecto fundamental en la defensa de los derechos humanos y la protección del ambiente. Uno de los elementos más innovadores del Acuerdo es su enfoque en la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, quienes en Colombia enfrentan un contexto de alta vulnerabilidad. De acuerdo con el informe de Global Witness, Colombia es el país más peligroso para los defensores del medio ambiente, lo que hace que la ratificación del acuerdo sea aún más urgente. La decisión de la Corte Constitucional no solo definirá si el Acuerdo de Escazú es compatible con la Constitución de Colombia, sino que también enviará un mensaje contundente sobre el compromiso del país con la protección ambiental y los derechos humanos. En caso de que el tratado sea declarado constitucional, Colombia se unirá a los 14 países de América Latina y el Caribe que ya han ratificado el Acuerdo, posicionándose como un líder regional en la promoción de la justicia ambiental. No obstante, si la Corte decide en contra del acuerdo, las consecuencias podrían ser significativas. Colombia podría perder una oportunidad histórica para fortalecer su marco normativo ambiental, lo que dificultaría la prevención y resolución de conflictos socioambientales. Además, el país podría ver erosionada su credibilidad y liderazgo en la región en temas de sostenibilidad y protección del medio ambiente. El proceso de revisión ha contado con una participación ciudadana sin precedentes. Cerca de 80 intervenciones han sido presentadas ante la Corte, la mayoría solicitando la declaración de constitucionalidad del acuerdo. En abril de 2024, se realizó una audiencia pública donde se discutieron ampliamente los impactos del tratado en la seguridad jurídica, la soberanía nacional y su potencial para fortalecer los derechos ambientales en Colombia. Organizaciones de la sociedad civil, académicos, representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, y defensores del medio ambiente han abogado firmemente por la ratificación del Acuerdo de Escazú. Argumentan que este tratado es esencial para enfrentar la triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, tres desafíos que amenazan no solo la sostenibilidad ambiental, sino también la estabilidad social y económica de la región. La no ratificación del Acuerdo de Escazú podría acarrear una serie de riesgos significativos para Colombia. En primer lugar, el país perdería la oportunidad de fortalecer su marco normativo ambiental, lo que es crucial para prevenir y resolver conflictos socioambientales. La falta de acceso a información pública de calidad y la limitada participación ciudadana podrían perpetuar un entorno donde la deforestación, la presencia de actores armados en territorios biodiversos y los riesgos en materia de inversión continúen siendo problemas graves. Además, la pérdida de liderazgo y credibilidad regional sería otra consecuencia directa. Colombia, que ha sido un actor clave en las negociaciones del acuerdo, podría ver debilitada su influencia en América Latina y el Caribe, afectando su capacidad para liderar una agenda sostenible en la región. La vulnerabilidad de los líderes ambientales también se vería exacerbada. Sin las herramientas de protección que ofrece el Acuerdo de Escazú, los defensores del medio ambiente continuarían enfrentando amenazas y violencia, en un contexto donde ya se han registrado numerosos asesinatos y ataques contra ellos. La próxima decisión de la Corte Constitucional será un hito en la historia ambiental de Colombia. A pocos meses de la COP16 sobre Biodiversidad, que se celebrará en octubre en Cali bajo el lema "Paz con Naturaleza", la ratificación del Acuerdo de Escazú sería una señal clara de que el país está comprometido con un nuevo modelo de desarrollo que reconoce y valora la importancia de proteger sus recursos naturales y a quienes los defienden. El Acuerdo de Escazú no solo representa una oportunidad para fortalecer la acción climática y la gestión ambiental en Colombia, sino que también es una herramienta clave para garantizar la transparencia, la participación y la justicia en un país que enfrenta desafíos ambientales sin precedentes. Lo que está en juego hoy miércoles es, en última instancia, el futuro del medio ambiente en Colombia y la capacidad del país para liderar con integridad y compromiso en la protección de la naturaleza y los derechos humanos. En Pares, respaldamos firmemente el Acuerdo de Escazú, alineados con nuestro compromiso de proteger la vida y los derechos humanos a través del Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA). Este proyecto, que se centra en generar conocimientos e intervenir socialmente, tiene como misión promover y defender los derechos humanos en Colombia, Perú y Venezuela. Odevida se dedica a visibilizar los valiosos aportes de líderes y defensores de derechos humanos en la construcción de territorios, comunidades y democracias en la región andina. A través de la investigación, la comunicación estratégica y el fortalecimiento de capacidades, buscamos no solo visibilizar los riesgos que enfrentan estas personas, sino también contribuir a su autoprotección y a la prevención de la violencia en su contra. Nuestro enfoque se dirige a todas las personas que lideran y defienden los derechos humanos en Colombia, Perú y Venezuela, con un alcance que también incluye a organizaciones sociales, la academia, los medios de comunicación y el sector privado, sectores que consideramos clave para la defensa de esta población. Por todas estas razones, desde Pares y ODEVIDA, apostamos decididamente por la ratificación del Acuerdo de Escazú. Además, estamos preparando un informe sobre liderazgos ambientales que será presentado próximamente en la COP16, donde Pares también estará presente.

Por: Redacción Pares Diana López Zuleta escribió en el 2021 un libro potente, maravilloso y además terrible: Lo que no borró el desierto. Allí cuenta la historia que le partió terrible, el asesinato de su papá. La última vez que vio con vida a su padre, el concejal y empresario Luis López Peralta, fue el día de su cumpleaños número 10, el 6 de enero de 1997. Fue una fiesta inolvidable. Ella no sabía que a su papá sólo le quedaban un puñado de semanas más. Un 22 de febrero de 1997 ocurrió la tragedia. Luis tenía un hotel y ahí mismo, en su oficina, dos hombres entraron y le dispararon en el cuello. Le cobraban los cuestionamientos que le hacía, desde el concejo, al acalde de Barrancas, Kiko Gómez.  Esa tarde ella estaba en La Paz, el pueblo a las afueras de Valledupar donde vivía con su madre. Estaba esperando a su profesor de guitarra cuando le dieron la noticia. Su papá estaba grave en una clínica en Valledupar donde lo habían llevado. Entre Barrancas y la capital del Cesar hay tres horas de distancia. Luis era tan fuerte que alcanzó a llegar vivió pero no pudieron hacer nada los médicos. Había perdido mucha sangre. El día del entierro Kiko Gómez, sobre quien ya se sospechaba sobre la autoría del asesinato, entró a saludar a los familiares de López. Fue un episodio desquiciante que resume el cinismo del personaje y que Diana López recuerda en su libro. Gómez siguió su carrera política, fue elegido gobernador de La Guajira, ordenó el asesinato de Yandra Britto, de su esposo y de su guardaespaldas. El pecado de ella fue no aprobar los nombramientos que quería hacer en su mandato. Como no le hizo caso la mató. Así está relacionado con más de cien asesinatos. El día de la virgen del Carmen del 2013 lo detuvieron en Barrancas, Guajira, la ciudad donde tiene su casa, ubicada en el centro de una finca muy extensa, llena de palmas de cera. Hubo una especie de revolución. La gente no quería que detuvieran a Kiko, el que, según ellos, era el mejor gobernador que había existido jamás. En el 2017 lo condenaron a 55 años por sus asesinatos y hace unos días nos enteramos que existía ya una maniobra jurídica para intentar dejarlo libre. Ante eso Diana López Zuleta, en entrevista con W Radio afirmó sentirse “anonadada” y “aterrorizada” por las represalias que puede tomar Kiko Gómez cuando salga libre, algo que López Zuleta, quien se hizo periodista para contar la historia de su padre, ve muy probable. Si Kiko Gómez puede burlarse de la justicia como está demostrando que lo puede hacer, tiene un poder que nadie podría atajar. Lo que más la asusta a López Zuleta es ver que en La Guajira Kiko Gómez sigue teniendo tanto arraigo popular que en Barrancas, donde aún tiene su casa el ex gobernador, hay clima de fiesta. Así lo expresó a través de su cuenta en la red social X “Me cuentan que en Barrancas, La Guajira, el pueblo natal de mi papá y su asesino, ya celebran la salida de Kiko Gómez. Me lo habían advertido hace tiempo pero uno siempre no quiere creer lo que es evidente: un pueblo sin memoria, que alaba al asesino, y las víctimas sin justicia”. Hay que recordar que por cuenta de sus amenazas investigadores como León Valencia y Claudia López tuvieron que exiliarse de Colombia en el 2010. ¿Es real que Kiko Gómez tiene ganada ya su libertad? ¿Nadie va a frenar esta decisión que parece ya tomada?

Por. Redacción Pares Después de la pela que se dio el ex canciller Alvaro Leyva a quien le costó su cargo, lo mismo que sucedió con Marta Lucía Zamora, de demandas millonarias y la determinación del gobierno de sacar de este negocio a la familia Bautista, el pasado 27 de agosto se tomó una decisión por parte del gobierno nacional de que Thomas Greg & Sons continúe con el negocio de los pasaportes. Si bien estos saldrán de la Imprenta Nacional, la empresa, que tiene el monopolio de los pasaportes desde hace dos décadas, prestará un servicio de asesoría sobre la fabricación de los documentos. El visto bueno internacional, el conocimiento de los secretos del documento que exigen en las oficinas de migración de Europa, terminaron jugando a favor de la empresa quien estaba facultada para expedir pasaportes hasta el próximo 2 de octubre. La determinación del gobierno de continuar con Thomas Greg a pesar de toda la novela montada tiene visos de una ópera bufa. La decisión de darle a la Imprenta Nacional la responsabilidad de imprimir los pasaportes venía acompañada de la necesidad de buscar una asesoría de un país extranjero para tener los soportes necesarios que necesita el documento. La Procuraduría sirvió  de intermediaria entre el gobierno y la empresa para zanjar las diferencias que parecían irreconciliables. Desde la Procuraduría se afirmó que Thomas Greg & Sons estará acompañando el proceso hasta que aparezca la asesoría del gobierno internacional que se está pidiendo. Habían ya países listos para postularse y prestar este servicio, eran Canadá, México, Austria, Alemania, Estados Unidos eran algunos de ellos. Según lo divulgó el diario El Colombia una empresa alemana llamada Veridos, ya había enviado carta al ex canciller Alvaro Leyva para postularse. Pero la decisión del actual canciller, Luis Gilberto Murillo, reconfigura toda la situación. La intervención de la Procuraduría se dio para evitar que el problema creciera. Se corría el riesgo que el próximo 2 de octubre, cuando se acababa el contrato con Thomas Greg & Sons , Colombia se quedaría sin una empresa para sacar adelante los pasaportes lo que generaría el caos. Mañana jueves 29 de agosto habrá una reunión clave entre ambas partes para zanjar algunos problemas que viene arrastrando esta disputa desde marzo. Incluso hay una demanda en curso impuesta por la empresa contra el gobierno. Por ahora, no se pudo hacer demasiado a pesar de las buenas intenciones de Petro: Thomas Greg & Sons sigue mandando en los pasaportes en Colombia.

Por: Redacción Pares En julio del 2021 el país se enteró de algo que venía sucediendo desde hacía muchos años: en Colombia ex militares que alguna vez sirvieron al ejército nacional vendían sus servicios a empresas internacionales de mercenarios. Máquinas de guerra capaces de provocar el horror en países como Haití. Es que por esa fecha 26 ex militares colombianos ingresaron a la casa del presidente de Haití, Jovenel Moise, y mientras dormía lo asesinaron con 12 tiros. El asesinato era horroroso, pero para Colombia fue un golpetazo en su moral. Otra vez quedaba comprobado que exportábamos muerte. En sesenta años de conflicto los militares colombianos han sido entrenados por expertos norteamericanos en escuadrones antiguerrilla. Una vez quedan cesantes consiguen mejorar sus ingresos aceptando irse como “contratistas” a otras partes del mundo, llevados por su fama de implacables guerreros. Así como actuaron en Haití ya lo habían hecho anteriormente en guerras que han traído ruina a países como Irak o Afganistán en donde fuerzas de ocupación han invadido estos territorios. De Estados Unidos y Reino Unido son la mayoría de estas empresas que contratan ex militares colombianos. Los salarios de los mercenarios colombianos pueden ser un 30% superiores a lo que gana un oficial en el país. Este negocio se disparó después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en donde dos aviones derribaron las torres gemelas de Nueva York. Cada vez más empresas privadas de seguridad ofrecieron sus servicios a ejércitos como el de Estados Unidos. Una de las empresas que contrató a exmilitares colombianos se llama Blackwater, creada en el 2005 que ha sabido entrenar a militares de este país. Colombia vive un auge de empresas privadas de seguridad desde los años noventa cuando Alvaro Uribe creó e impulsó las CONVIVIR en Antioquia. La guerra contra el terrorismo vivió su auge durante la llamada Seguridad Democrática. Según un informe del Comité del Senado sobre seguridad nacional de Estados Unidos, durante el último periodo presidencial de Alvaro Uribe, entre 2005 y 2009 el gobierno federal gastó US$3.100 millones en contratos privados para políticas de antinarcóticos en América Latina, un aumento del 32% en cuatro años. La mayoría de estas empresas estaban en Colombia. En la guerra que se lleva a cabo en Ucrania se ha hecho cada vez más común el reporte de exmilitares colombianos caídos en combate durante operaciones. Muchos de ellos son contratados para pelear del lado de Ucrania. Pues bien, esa fiesta se acabó. La semana pasada el canciller Luis Gilberto Murillo radicó un proyecto para tipificar como delito el reclutamiento de mercenarios colombianos. El canciller afirmó lo siguiente: “Buscamos que nos dé el marco para que esas actividades se prohíban en el país, en términos de que no se entrene, ni se financien, ni se creen grupos que puedan clasificarse como mercenarios. Hoy no existe esa prohibición y muchas de estas redes llegan a Colombia y encuentran gente entrenada y firman contratos muy peligrosos para participar en guerras” Desde cancillería se ha reportado casos de ex militares colombianos que quieren regresar al país pero las empresas a las que les sirven no los dejan. Familiares de los mercenarios caídos han solicitado sus cuerpos pero ha sido imposible poder repatriarlos. Esto sucede porque, según declaraciones de Murillo “no hemos ratificado la convención que previene la financiación y reclutamiento de mercenarios”. El proyecto debe pasar cuatro debates, dos en senado y dos en cámara, antes de ser aprobado.

Por: Redacción Pares Todavía uno va a la Guajira y se encuentra con gente que extraña a Kiko Gómez. No hay nadie como él, afirman. Incluso un ex comandante de las FARC, Joaquín Gómez, quien vive en Barrancas, el pueblo donde nació el ex gobernador, asegura que hizo mucho por la Guajira, el departamento en donde decenas de niños mueren al año por hambre, por sed. Incluso el día que se le detuvo, en plena festividad del día de la Virgen del Carmen, la gente reaccionó ante lo que consideraban un atropello. A Kiko no se toca. Gritaban. Aunque muchos consideran una cifra completamente exagerada, Kiko Gómez está acusado de haber estado implicado en 133 asesinatos. Se le condenó por tres de ellos. El 16 de enero del 2017 el juez 8 especializado de Bogotá le impuso al ex gobernador una pena de 55 años por el asesinato de la ex alcaldesa de Barrancas, Yandra Brittos, su esposo Henry Ustáriz Guerra y su escolta Wilfredo Peñaranda. Yandra se había negado a hacer varios nombramientos que Kiko Gómez, como gobernador, la obligaba a hacer. Esto le costó la vida. Kiko Gómez, a través de uno de sus lugartenientes, Marquitos Figueroa, fueron forjando un poder a punta de amenazas y acciones. Poco antes de las elecciones del 2017, en una entrevista dada al diario El Espectador, León Valencia alertó sobre el poder que seguía teniendo Kiko Gómez en La Guajira y recordó que las investigaciones en su contra, hechas mucho antes de que se convirtiera en gobernador de ese departamento, desataron para él y sus investigadores una verdadera pesadilla: “Con la última investigación, en la que alertamos sobre Kiko Gómez, terminamos obligados a salir del país Claudia López, Ariel Ávila y yo. Y es curioso, porque alertamos sobre Kiko Gómez antes de que llegara a la Gobernación; sin embargo le dieron el aval y ganó. De los 130 aspirantes cuestionados en 2011, seis gobernadores y 30 alcaldes fueron destituidos o judicializados. Pero, en general, cuando hacemos una investigación recibimos una presión muy grande”. Sobre Kiko Gómez pesa además otro crimen, el del concejal de Barrancas Luis López Zuleta. En 1997 Gómez era el alcalde de ese municipio. El concejal lo tenía en el radar de sus investigaciones. Incluso quería ser alcalde. Era un comerciante próspero, tenía el mejor hotel de la ciudad y quería ser alcalde. Pero Kiko Gómez, que se decía ser su amigo, lo mandó a asesinar en su propio hotel. Contrató dos sicarios que entraron a su oficina y le dispararon. Al otro día fue al velorio, abrazó a la viuda, saludó a las hijas y todos sabían que era el asesino. Una de sus hijas, Diana López Zuleta, veinticinco años después, cuenta toda la tragedia en su libro Lo que no borró el desierto. Acostumbrado a no perder jamás Kiko Gómez ahora estaría planeando una estrategia para salir de la cárcel. Según contó la W Radio una de las nuevas magistradas que tiene este caso -que además está cerrado- querría cambiar el sentido del fallo. La magistrada se llama Jenny García y según la información de W Radio esto fue lo que sucedió: “El argumento de García es que no estaba de acuerdo con el fallo, por lo que se cambió el sentido del fallo. Es decir, si el sentido de la sentencia era condenatorio, para ella había que absolverlo. Por lo tanto, hizo un nuevo fallo y lo presentó”. Lo que resulta inexplicable es que el tribunal habría aprobado este fallo. ¿Quién estará detrás de esta decisión que podría afectar una de las condenas más ejemplarizantes contra un gobernador en Colombia?

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Presidencia Para muchos analistas el aterrizaje hace más de un mes a la cartera del interior de Juan Fernando Cristo no era más que un guiño de Petro a lo que se conoce como santismo. Desde la campaña presidencial Petro intentó establecer puentes con ex funcionarios de ese gobierno. Uno de ellos fue Alfonso Prada, quien en la última parte del segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos fue secretario de presidencia. Cuando Petro arrancó como presidente el 7 de agosto del 2022 Prada sería ministro del interior. Unos pocos meses después fue reemplazado por Luis Fernando Velasco. El actual canciller, Luis Gilberto Murillo, quien incluso suena para ser ficha de Petro en las elecciones presidenciales del 2026, también es muy cercano a Juan Manuel Santos. Sin embargo hay diferencias ideológicas. Santos, en estos dos años, se ha desmarcado de este gobierno de manera notoria. Incluso Santos acusó a este gobierno de “promover” el fortalecimiento de las disidencias de las FARC. Santos ha expresado su disgusto por la posición de este gobierno con la implementación del acuerdo de paz que ese gobierno consiguió con las FARC. Además criticó los guiños que el actual presidente le hacía a una posible nueva constituyente. Por eso sorprende ver en una misma foto a Juan Manuel Santos y a Gustavo Petro en una misma foto. Este lunes 26 de agosto Santos regresó a la Casa de Nariño. Lo hizo como representante de la fundación Rockefeller. Este martes 27 de agosto, tras 25 años sin tener una oficina en el país, se anunciará que la fundación Rockefeller volverá a abrir las puertas en Colombia. Esto se hará oficial en el evento  ‘Personas, naturaleza y clima en América Latina y el Caribe’, que contará con la ministra de medio ambiente Susana Muhamad, el presidente de la fundación Rockefeller Rajiv Shah y con el propio Juan Manuel Santos. El tema que se trató fue el cambio climático. A la reunión del pasado lunes, previo al evento que hará oficial la reapertura de la oficina de la fundación Rockefeller, asisitó el propio Rajiv Shah, Andrés Camacho, ministro de minas y Laura Sarabia, directora del Dapre. El tema de la agenda, concretamente, fue la discusión de la energías limpias, un tema que ha sido una de las banderas de este gobierno. La transición energético y el hidrógeno verde están en la agenda del gobierno. Hubo dos temas en los que Santos y Petro, que alguna vez se unieron en torno a los diálogos de paz con las FARC, en los que tuvieron completa afinidad, la protección de la selva del Amazonas y el desarrollo de las comunidades energéticas. Así que la razón por la que Santos y Petro volvieron a compartir mesa es una preocupación mundial: el cambio climático.

Por: Redacción Pares Durante el fin de semana Avianca anunció la cancelación de 69 vuelos de los cuales cuatro serían internacionales. La situación se derivaba, según la compañía, por una falla en la Refinería en Cartagena. El 16 de agosto empezó a generar fallas en el suministro que se evidenciarían cinco días después Latam anunció también cambios en sus itinerarios. Para este martes 27 de agosto se esperaban la cancelación de 36 vuelos. Se habló durante sábado y domingo que aeropuertos como el de Valledupar, Barranquilla y Medellín sufrían los rigores de un posible desabastecimiento del combustible. Algunos medios de comunicación extremaron la información y afirmaron que todo se trataba de un mal manejo del gobierno y otra vez los fantasmas del “socialismo” hacía estragos y desataba histeria. Un anuncio de LATAM evidenciaba hasta que punto se estaba llevando a cabo las restricciones de gasolina "Vale la pena recordar que desde inicios de la semana Latam Airlines está ejecutando un plan de contingencia para gestionar los consumos de combustible y proteger el cumplimiento de sus itinerarios. Lo anterior incluye, entre otras medidas, realizar cargue extra de combustible fuera de Colombia para vuelos internacionales de Latam Airlines, ajustes en procesos operacionales y monitoreo, vuelo a vuelo, de los consumos para cada aeropuerto en el país". Mientras esto pasaba aerolíneas regionales como Satena y Clic operaban con normalidad. Desde la Casa de Nariño se desmintió este problema e incluso el presidente ordenó a la Aerocivil desde el domingo realizar un paneo sobre la situación y este no arrojó ningún problema en la distribución del combustible. E incluso anunció que no permitiría la cancelación de vueltosRicardo Roa, presidente de Ecopetrol, salió al paso y aseguró que estaba controlada la contingencia. Incluso se aseguró que se importarían 100 mil barriles para mantener la operación sin contratiempos. La situación empezó a volverse confusa. Uno de los comunicados que más se esperaba era el de Terpel. La compañía afirmó que empezó la normalización del combustible. Petro había señalado a esta empresa por la no entrega de Jet A-1, que es la gasolina que usan los aviones. Terpel incluso resaltó el trabajo de Ecopetrol para normalizar la situación: “reconocemos los esfuerzos de Ecopetrol por normalizar la situación de oferta. A partir de estas definiciones del día de hoy podremos transitar hacia la normalización del suministro en los aeropuertos del país”. El presidente Gustavo Petro negó que se tratara de una falla de la refiniería en Cartagena y aseguró que todo se trataría de un saboteo. Incluso se anunció  una investigación de superintendencia de industrial por supuesto pánico comercial. Desde el punto de vista de las aerolíneas se mantiene que todo el problema se originó por el problema en la Refinaría en Cartagena que no podría entregarle la gasolina a varios aeropuertos en Colombia. Ante esa situación se empezó a hacer un racionamiento de combustible, a aplicar un plan de contigencia. Pero fue por la información que tenían en un principio. Ante el regaño del presidente y la carta de Terpel, Avianca y LATAM anunciaron la normalización del servicio. ¿Qué hay detrás de esta situación tan confusa?

Por: Redacción Pares Este 26 de agosto en la mañana el aeropuerto José María Córdoba reportó que seis de sus vuelos serían cancelados por una razón: La escasez de gasolina. Durante el fin de semana el aeropuerto de Barranquilla Ernesto Cortissoz reportó problemas con sus vuelos también por ese problema. Incluso la Asociación de Transporta Aéreo Internacional IATA le envió una carta al ministerio de transporte advirtiéndole sobre el problema y la repercusión que tendría esto en la operación de varios aeropuertos. La aerolínea LATAM anunció que en tres aeropuertos del país era imposible realizar operaciones con normalidad porque supuestamente el combustible escaseaba. Sin embargo, un día después, sólo el aeropuerto de Medellín presentaba este tipo de problemas. Gustavo Petro, en un comunicado emitido el domingo, señaló de manera tajante que no habría escasez de combustible sino que existe “una actividad irregular que ya está bajo investigación”. Los rumores de que el aeropuerto de Valledupar también habría tenido problemas para prestar sus servicios con normalidad fueron infundados. A la declaración de Petro la acompañó la explicación del gerente de Ecopetrol Ricardo Roa en donde detalló cómo ha venido evolucionando la producción de combustible en el país. Hay que recordar que el pasado 16 de agosto hubo una falla electrónica en la refinería de Cartagena que produjo una disminución del combustible del 5% : “Históricamente se han venido demandando cerca de 35.000 barriles al día del combustible para atender la demanda nacional de las distintas aerolíneas a través de las distribuidoras mayoristas del combustible en el país. En los últimos meses se han venido reportando incrementos del orden del 6% de este combustible. Estamos pasando de 35.000 a 37.000 en los últimos dos meses y de 37.000 a 41.000 para los próximos meses” Según Roa las aeronaves pueden disponer del 95% de la cantidad de combustible al que vienen estando acostumbradas pero trabajarán conjuntamente para reestablecer el 100% del abastecimiento. Avianca, ante el panorama, ya anunció que tomará las siguientes medidas: "Ahora, nuestra prioridad es proteger a los viajeros, sus planes de vuelo y preservar la conectividad. Por eso hemos buscado mecanismos para minimizar el impacto de esta situación en la operación. Esta coyuntura evidencia la necesidad de que los actores de la cadena de abastecimiento se anticipen y coordinen mejor para tener claridad sobre inventarios y disponibilidad de combustible” así lo afirmó la compañía en un comunicado. Según Ecopetrol ya se está trabajando a tope para, a partir de la semana de septiembre, sea corregido el fallo en Cartagena y que los colombianos puedan contar con su habitual distribución del combustible.

Por: Isabela Puyana “Colombia es el ùnico país de América Latina donde el las tarifas de la energía no están reguladas por el Estado” con estas palabras inició la última  alocución desde Cartagena el presidente Gustavo Petro quien insistió en la necesidad de reformar la fórmula tarifaria actual para reducir los costos de la energía en Colombia. Según Petro, esta medida es esencial para aliviar el impacto financiero que enfrentan los ciudadanos debido a las altas tarifas de electricidad. El mandatario realizó su declaración desde el barrio La María, en una de las zonas más afectadas por los altos precios y la inestabilidad en el suministro eléctrico. “El resultado lo conocemos y sufrimos todos: unas pocas empresas, en manos de unos pocos, pueden fijar precios que benefician sus intereses” aseguró el mandatario culpando a la especulación como una de las principales causantes de los altos costos en las facturas. Gustavo Petro criticó la fórmula tarifaria actual, que permite que el precio de la energía se fije en función de la generación más cara, elevando el costo en hasta un 500 por ciento más alto debito a este comportamiento. “En Colombia Las empresas pueden fijar el precio de la energía según el mercado, lo que les permite especular”, afirmó.   Además se refirió a los obstáculos que ha enfrentado en su intento por cambiar la fórmula tarifaria. Destacó las decisiones judiciales que han impedido la designación de comisionados para la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), necesarios para llevar a cabo la reforma propuesta.   A pesar de estos desafíos, el presidente afirmó que continuará insistiendo en la implementación de esta reforma tarifaria. En términos de soluciones a largo plazo, el presidente mencionó el aumento en la producción de energías renovables y el avance de su proyecto de comunidades energéticas: “Estas comunidades se asocian para construir y ser dueñas de generadoras de energías limpias alimentadas por el sol, el viento o el agua. Sus habitantes ya no pagan las facturas absurdas”, afirmó.

Por: Rafael Acosta Enlace Tumaco de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Jansel es un joven de 26 años de edad, becario de la  Escuela de Liderazgo Juvenil  de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Es sociólogo y técnico en ejecución y creación musical, con conocimientos en creación y ejecución de proyectos. Actualmente, trabaja como tallerista para las comunidades víctimas del conflicto armado en las zonas rurales del municipio, impulsando temas relacionados con derechos humanos, interseccionalidad y género. Su interés por el liderazgo empezó al ingresar a la vida universitaria, donde fue parte de un colectivo por la defensa de los jóvenes de Tumaco, donde adquirió conocimientos esenciales en asuntos para la paz, liderazgo juvenil, emprendimiento comunitario y gestión territorial, gracias a este conocimiento pudo recorrer parte del país, replicando talleres en resolución de conflictos y liderazgo de impacto en las juventudes del territorio de Colombia. Fue uno de los jóvenes que desde la universidad lideró las luchas que impulsaron la construcción de la seccional del Pacífico de la Universidad de Nariño que hasta la fecha va en el 90 % de la construcción más conocida como Mar Agrícola y amplió las posibilidades de acceso a la educación de los jóvenes del municipio.   Es presidente del colectivo Generación V+ Costa Pacífica, donde tienen como objetivo no solo trabajar con personas víctimas del conflicto, sino además impactar en el sector ambiental, a través de la pedagogía comunitaria, replicando el mensaje del cuidado y buen uso de los desechos, una de sus metas es ser un referente de transformación social y ambiental donde pueda llevar a cabo múltiples actividades sociales, involucrando y empoderando a jóvenes líderes de diferentes lugares de Nariño. Una de estas actividades principales se centra en la resolución de conflictos, donde los jóvenes comparten sus experiencias sobre cómo han vivido el conflicto y las estrategias que han usado para  solucionarlo en sus regiones, una de esas estrategias fue la creación de diálogos juveniles territoriales “De joven a joven” en la que se involucraba a los jóvenes afectados y con base en la magnitud del conflicto se buscaban puntos de unificación en aras de generar una convivencia pacífica, esta estrategia fue esencial para fortalecer los lazos juveniles y formar líderes con capacidad para solucionar pequeños y grandes conflictos. Es miembro de la junta de acción comunal de su barrio, representando a los jóvenes de su comunidad en las diferentes actividades, en su comunidad ha sido muy activo y siempre ha mostrado un espíritu de gestión y apoyo para con sus vecinos, desde la junta ha sido parte del equipo que gestiono la construcción de la casa comunal, donde los jóvenes desarrollan sus habilidades culturales y la comunidad en general sus actividades diarias de desarrollo territorial, una de las actividades que quiere fortalecer es el empoderamiento de las madres concheras del territorio, para que como primera medida se recupere esta actividad económica que le ha dado mucho a los tumaqueños, pero también para que los hogares del territorio y los jóvenes que pertenecen a estos tengas más posibilidades de desarrollo y más posibilidades de acceder a la educación media y superior.   Jansel sueña con ver un Tumaco con más posibilidades de desarrollo donde los jóvenes del territorio estén más empoderados y sean ejemplos de paz y reconciliación, cree que de esta forma el municipio será ejemplo de desarrollo, se ampliaran las posibilidades laborales para las juventudes y está a su vez traerá cultura ciudadana prosperidad y armonía.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia A Gustavo Petro no se le puede indicar de ser un presidente que está entregando el país o parte de él a los actores ilegales para negociar la paz. A pesar de que actualmente tiene abiertos nueve frentes de paz, donde se involucran por lo menos a 27 grupos armados, todos los procesos se están realizando en mesas de diálogo donde no ha sido necesario despejar ni un metro de territorio para adelantar dichas transacciones.   El tema del despeje de territorios para negociar con grupos armados ilegales ha sido uno de los más discutidos y de mayor controversia en la historia de los procesos de paz en el país (*). Las experiencias de separar la Fuerza Pública de los espacios soberanos y dejar que el grupo armado irregular ejerza dominio sobre ellos ha dejado muy malas experiencias que se buscan no repetir.   El despeje fue una práctica que se popularizó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en la década de 1990. Durante el gobierno de Ernesto Samper, esta guerrilla exigió el despeje de cuatro municipios —La Uribe, La Macarena, Mesetas y Vistahermosa— para poder sentarse a negociar. Situación que fue analizada y llevó a una contrapropuesta gubernamental de solo despejar un municipio —Cartagena del Chairá, Caquetá—, la cual no fue aceptada por la organización insurgente en septiembre de 1997.   Luego le siguió el período de Andrés Pastrana que, como recordamos, despejó un territorio bastante grande de Colombia —42 000 kilómetros cuadrados—. Mediante la Resolución 85 del 14 de octubre de 1998 el Gobierno autorizó el despeje de los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta y de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. Permitió que la guerrilla de las FARC-EP ocupara este territorio para avanzar en un proceso de diálogo y negociación.   Sin embargo, estos territorios fueron aprovechados por el grupo insurgente para fortalecerse como organización armada y aumentar su poder en el país. La gota que rebosó la copa ocurrió el 20 de febrero de 2002 cuando se dio el secuestro del avión donde viajaba el senador Jorge Eduardo Gechem, el cual fue llevado a la Zona de Distensión y con ello, un día después, el presidente Pastrana puso fin a los diálogos de paz.   Toda esta experiencia sirvió para que, de allí en adelante, los diversos gobiernos que buscan la paz por la vía negociada decidieran no despejar ningún territorio. En las conversaciones de paz con las FARC-EP, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2010 y 2016, tanto los acercamientos como la negociación se realizaron en el exterior. Lo mismo pasó con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quien se iniciaron los diálogos en Quito, Ecuador, pero debido a dificultades con este actor se pasó luego a La Habana.   En síntesis, a pesar de que ha sido importante para los actores armados el lugar para negociar la paz —para que se sientan seguros, tranquilos y alejados de intromisiones externas—, la decisión actual del Gobierno es no despejar ni un metro del territorio nacional para negociar la paz. No quieren ceder a los armados ilegales la soberanía del territorio nacional, por pequeño que sea.   Hoy la paz se negocia en el exterior con el ELN y la Segunda Marquetalia. Con el ELN se tiene una Mesa de Diálogo itinerante: inició en noviembre de 2022 en Caracas, Venezuela, continuó en la ciudad de México, se fue para La Habana, Cuba, vino a Bogotá, Colombia, y ahora está de nuevo en Caracas. Además, se espera que continúe en otros lugares del mundo, incluyendo a Europa.   Lo mismo pasa con la mesa que se tiene con la reincidencia de la Segunda Marquetalia. Este proceso se instaló el 24 de junio de 2024 y la Mesa de Diálogos de Paz operó en su primer ciclo de negociaciones en Caracas, Venezuela. También se espera que estos diálogos sigan realizándose en el exterior, pues están vinculados al proceso los países de Cuba, Noruega y Venezuela.   En cuanto a los grupos que negocian en el territorio nacional, hasta el momento no se ha pactado el despeje de ningún territorio. En los diálogos con el Estado Mayor Central (EMC), que empezaron el 13 de marzo de 2023, los cuatro ciclos se han dado en lugares donde la Fuerza Pública ejerce soberanía y brinda seguridad. Como lo fue en el cuarto ciclo de conversaciones, realizado en la capital del departamento, en el Centro Cultural de San José del Guaviare.   Frente a los Espacio de Conversación Sociojurídico con los grupos armados de alto impacto, las mesas están instaladas en la cárceles o lugares administrados por la Policía, el Ejército y los demás organismos de seguridad. Con las bandas del Valle de Aburrá, la mesa se ubica en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, lugar donde se encuentran recluidos los cabecillas de las 14 estructuras armadas que están en el proceso.   Lo mismo pasa con la mesas de Buenaventura y Quibdó. Los acercamientos y diálogos con los grupos criminales como Los Shottas y Los Espartanos, en Buenaventura, o con Los RPS, Los Locos Yam y Los Mexicanos, en Quibdó, se hacen en lugares públicos de la ciudad, que son usados ocasionalmente por los representantes del Gobierno y le las estructuras armadas para hablar y acordar.   Finalmente, lo más seguro es que en los Espacios de Conversación con el Clan del Golfo o el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), al igual que con la Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS), “Los Pachenca”,  también se siga está práctica del no despeje. Y que próximamente, cuando se informe sobre el lugar y la fecha de los diálogos, se mantenga la disposición a realizarlo en lugares públicos y con presencia de las autoridades oficiales, donde la ciudadanía, incluso, tenga acceso y pueda participar.   En conclusión, para el Gobierno nacional ha quedado claro que no es conveniente en las negociaciones de paz hablar de un despeje territorial. Que tanto los acercamientos como los diálogos se pueden hacer por fuera del país o en Colombia sin necesidad de sacar a las autoridades estatales de los espacios donde estarán las mesas de conversación. Es posible ofrecer seguridad y facilidad de acceso a espacios de diálogo sin necesidad del despeje.   Para finalizar hay que recordar que hablar de despeje territorial no es lo mismo que acordar un cese al fuego bilateral. Este último es una promesa entre dos ejércitos de no enfrentarse en guerra, de evitar a toda costa no agredir al otro actor. En el despeje se saca a la Fuerza Pública, en los ceses al fuego esta sigue presente en el territorio, defendiendo el orden y la seguridad.   * Para profundizar más en la historia reciente de los espacios para las negociaciones de paz en Colombia, puede consultarse un texto que recién publique con Laura Ocampo, “Dónde negociar la paz: la internacionalización de la paz colombiana, 1980-2023” que lo encontrarán en la Revista Latinoamericana Estudios de Paz y Conflicto, 5(10), 98–112. https://doi.org/10.5377/rlpc.v5i10.17876 **Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ***Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.