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Por: Yudi Angulo Castro Enlace Buenaventura: Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil. “Creo que los jóvenes de Buenaventura tenemos aún la esperanza intacta de vivir en unas condiciones mejores y dignas en este territorio”. ¿Cómo podría ser eso?; Con la educación, llenándonos de conocimiento, capacitarnos cada día. También, teniendo la oportunidad que necesitamos en materia de inversión social, que nos escuchen, llegar a los espacios y que se logre el objetivo con el que soñamos todos los jóvenes, que es tener una vida digna aquí en nuestra tierra, no salir a buscarla en otros lugares, sino que podamos ejercer lo que queremos, triunfar y crear futuro para nosotros y para nuestros hijos aquí mismo, en el lugar donde nosotros nacimos son las palabras de Diana Marcela Panameño una joven bonaverense de 24 años, madre de dos menores de 6 y 8 años. Debido a su empeño y dedicación ha logrado formase como técnico en Comercio y Logística portuaria, y como técnico en atención integral y servicio al cliente. Desde hace dos años integra la Asociación Jóvenes Emprendedores de Paz–ASOJEP . E n su rol como líder de jóvenes y tutora de arte en el área de teatro. Representa a esta organización en la Escuela de Liderazgo Juvenil de la Fundación Paz y Reconciliación - PARES en Buenaventura, bajo la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID. ASOJEP es una organización sin ánimo de lucro que trabaja desde el año 2017 en la comuna 6 de la Localidad Continente el Pailón, concretamente en los barrios Isla de la Paz y la Cima del hoy distrito de Buenaventura, pero que están extendiendo sus acciones a otros sectores de la ciudad, se han abierto caminos en la actualidad en la comuna 9, atendiendo alrededor de 50 niños, niñas y adolescentes del barrio La Carmelita, con actividades sobre promoción de la paz, resolución de conflictos y en áreas artísticas, además, se ha añadido un nuevo taller de manualidades para el uso del tiempo libre. Igualmente, la idea es poder extenderse a sectores del barrio 6 de enero, zona donde reside Diana y que sea ella quien lidere el proceso. Desde ASOJEP trabajan bajo 5 líneas de acción sobre las cuales giran sus procesos: 1.     Artes. 2.     Cultura. 3.     Empoderamiento, convivencia y paz territorial. 4.     Emprendimiento 5.     Educación.   Diana está convencida que la presencia de una organización en una comunidad o en un barrio transforman vidas, porque se le brindan nuevas oportunidades a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sector para que desarrollen capacidades. Por eso nuestro objetivo principal es promover el desarrollo de habilidades en liderazgo alternativo comunitario, usando como fuerza principal el potencial juvenil y sus componentes, que ellos crezcan conociendo de las luchas y los procesos que como comunidades padecen, que despierten esas habilidades motrices, tanto socioemocional y cognitiva, eso encamina al niño, al joven, al adolescente que visione más allá y pueda mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. En su CASA DE DESARROLLO ARTÍSTICO como han denominado el espacio de encuentro donde se reúne la organización, han recibido visitas de aliados que quieren conocer sus procesos, como delegados de la Embajada de Corea, además, cuentan con una biblioteca comunitaria para el servicio de los residentes de la zona.   ASOJEP, por años ha usado el arte como ese mecanismo de conexión con la comunidad, apostarle a la reconstrucción del tejido social y la construcción de paz en Buenaventura, pero el trabajo en ocasiones no es fácil, pero han sabido surfear las circunstancias adversas. La situación para la juventud bonaverense no es fácil, para Diana, la educación es un pilar fundamental si se quiere mejorar las condiciones de vida, “con estudio, con conocimiento, capacitándonos cada día, podemos salir adelante, demostrar que sí queremos, que si nos preocupamos por nuestra tierra, que queremos que sea una Buena Aventura llena de oportunidades, y sí creo en que podemos salir adelante con luchas y todo, pero podemos salir adelante siempre y cuando,  no desmayemos y sigamos siendo persistentes”. Desde esta organización se han venido adelantando acciones en relación con su apuesta misional, que es el desarrollo de habilidades, capacidades y potencializar el liderazgo de NNAJ.   El 2 de junio de 2019 fue hallado el cuerpo sin vida de la niña Diana Tatiana Rodríguez de tan solo 10 años, en un sector de la comuna 7 en la ciudad de Buenaventura. Un hecho repudiado por la comunidad bonaverense por su atrocidad y crueldad en contra de una persona indefensa e inocente. Desde ASOJEP en un momento de hacer un llamado a parar la violencia en contra de los niños y las niñas, y que este tipo de acciones nunca más la sociedad de Buenaventura tenga que repetirlas, presentan ante la comunidad la canción “ las niñas no se tocan ”, como estas, son muchas las apuestas que organizaciones como la Diana siguen haciendo en Buenaventura, de continuar alzando la voz a través del arte para pedir la paz que esta ciudad necesita. Como madre, Diana también espera dejar una huella en sus hijos, afirma “que ellos también le sirvan a la comunidad, de amar lo que se hace, empoderarse y saber que podemos aportar nuestro granito de arena, apostándole a que sí se puede, se pueden mejorar las condiciones, que sí se puede trabajar por nuestra comunidad, que es una de las cosas más bonitas, que es donde nace el sentido, el ser, y eso es la esencia del servir”. que los NNAJ que pasen por los procesos de la organización se conviertan en hombres y mujeres de bien y juntos construir la Buenaventura que todos merecen.   Diana desea dejar un mensaje de inspiración a la juventud con la que trabaja y a todo el que logre conocer la labor que hacen desde ASOJEP que se conviertan en personas de cambio en su comunidad, tienen el poder y la energía para transformar su entorno, superar los desafíos y construir un futuro mejor a través del servicio comunitario; que es muy importante y se aprende mucho en cuanto a la solidaridad, el respeto y la colaboración, involucrándose siempre el en trabajo en equipo, olvidando las individualidades. En pocas palabras, que sirvan con pasión, que se colaboren unos con otros y usen sus capacidades, habilidades y conocimientos para crear un algo mejor para todos y sobre todo su compromiso de cada día transformar a Buenaventura.

Por: Juan Manuel Torres (coordinador) y Dennis Huffington (investigador) Oficina Regional Pares – Pacífico Desde la Oficina Regional de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) – Pacífico, hacemos público este informe que recoge la historia del daño socio-ambiental ocasionado por la contaminación del río Anchicayá, en Buenaventura, y el testimonio de resistencia de las comunidades ribereñas que, a 20 años de aquella afectación, al fin serán reparadas e indemnizadas. Descarga el informe: Infografía interactiva que se encuentra a continuación:

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está pasando por uno de los peores momentos en el período de la Paz Total. Desde febrero de 2024, la dinámica de realizar ciclos de negociación para acordar temas y avanzar en la agenda, se ha parado. Y hoy lo que más se espera es que muy pronto se realice el séptimo ciclo de negociaciones.   Las razones para este congelamiento son variadas, entre ellas, según la dirección del ELN —quien ha insistido en la no continuidad de los diálogos mientras se toman unas acciones— está en la disposición del Gobierno de incumplir con la implementación de los acuerdos parciales firmados con ellos. Por ejemplo, el sacarlos de la lista de los grupos armados organizados (GAOS).   Entre las consecuencias de esta decisión unilateral por parte del ELN ha sido la imposibilidad de discutir y acordar nuevamente temas fundamentales para el país. El más importante y prioritario es, en estos momentos, la continuidad de pactar un tercer Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal, por lo menos, por otros 180 días más.   Durante este proceso de paz se ha logrado avanzar —sin precedentes en la historia de las negociaciones con el ELN— en la firma de dos ceses al fuego: uno desde el 3 de agosto de 2023 y otro hasta el 3 del mismo mes en 2024. Pero la no firma de otro cese ha obligado al Estado a reanudar las operaciones militares, como es su deber constitucional, contra la organización ilegal.   De parte del ELN, la no firma del nuevo acuerdo parcial la ha conducido a alargar por 20 días más el cese de operaciones, hasta el 23 de agosto. Esto mientras decide si definitivamente entra en enfrentamiento con la Fuerza Pública. Además, como una estrategia de mostrar su disposición a la paz y presionar al Estado a cumplir los acuerdos.   En las tres semanas que lleva, luego del límite del Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal, los avances han sido pocos. La dinámica del ELN ha sido la de insistir en el cumplimiento de acuerdos, y la del Gobierno de tratar de abrir ventana de oportunidades para nuevamente sentarse a dialogar.   Una de las ventanas abiertas la propuso la Delegación del Gobierno en la Mesa. A Vera Grave e Iván Cepeda se les ocurrió invitar al ELN a sentarse y discutir el tema de las transformaciones económicas necesarias para superar el conflicto. Un asunto, sin duda, espinoso y difícil en toda negociación de paz en el país.    La idea es que en muy pronto se discutan en la Mesa aspectos del sistema económico que son muy sensibles para los empresarios y dueños del capital en Colombia. Además, uno de los asuntos que ha hecho que muchos procesos de paz no avancen y finalicen tempranamente.   El Gobierno tomó la decisión arriesgada de proponer el tema a la guerrilla. Lo hizo de forma reservada y confidencial, para incentivar el reinicio de los diálogos con el ELN. Sin embargo, ante la insistencia del ELN de que se hiciera de forma pública y de cara al país, hoy lo conocemos todos.   La propuesta, que sigue allí, está basada en el contenido del Acuerdo parcial número 28, que contiene los lineamientos que la sociedad civil le entregó a la Mesa de Negociaciones para participar en el proceso de paz. Allí se habla de la necesidad de abordar el importante tema de una reforma económica.   En ese punto, se recomienda por parte de la sociedad discutir el cambio del modelo extractivo y avanzar en una transición energética. Igualmente, fortalecer la economía popular y la formalización del trabajo informal. Además, introducir cambios a la política económica exterior, la distribución de la tierra y a las economías ilegales.   Es decir, la propuesta de Petro es abordar de inmediato la cuestión económica. Un tema que según él “se acordó con el ELN, que se firmó como primer punto de acuerdo, con el empresariado del país y el movimiento social de Colombia para discutir los mecanismos de su implementación”.   Lo que significa que novedad en el ofrecimiento tanto de la Delegación del Gobierno como del mismo Gustavo Petro está tanto en discutir el tema fundamental del modelo económico como en vincular de manera prioritaria a la sociedad civil en el proceso. La apuesta del Gobierno es discutir lo económico y vincular a la sociedad en la negociación. Que se le invite a identificar los problemas que causan el conflicto y lo mantienen. Además que diseñen las transformaciones necesarias para la reconciliación del país y la consolidación de la paz en los territorios.   Con ello, el Gobierno le está diciendo al ELN que ya es tiempo de continuar con las negociaciones, pues se tiene un primer punto chuleado, y es momento de pasar al segundo, donde se hablará de los problemas y las transformaciones económicas. Incluso, es necesario abordar los temas que causaron está crisis y adoptar los cambios necesarios para no volver a pasar por una situación similar.   Sería un desatino del ELN perder la oportunidad de negociar la paz con este Gobierno. Dialogar y acordar transformaciones con un presidente que desde el inicio de su mandato ha insistido en que el eje de su gobierno es la paz. Y que está dispuesto a trabajar por los territorios más excluidos y abandonados del país.   También resultaría una muy mala decisión no continuar con el tema económico. En este componente están los asuntos centrales del conflicto, como la alta concentración de la tierra, la gran brecha de riqueza entre regiones, la enorme disputa violenta por las rentas criminales, la destrucción de la naturaleza por el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros temas.   Finalmente, lo peor sería dejar a la sociedad civil esperando en la puerta de la Mesa para entrar a discutir. La idea es llegar a un gran acuerdo nacional, donde se involucre a toda la sociedad, donde los temas centrales se discutan de cara al país y se acuerden entre todos las transformaciones necesarias para superar los conflictos.   El ELN debe ser consciente que el respaldo a las conversaciones de paz se viene reduciendo. Que con la parálisis se está dando argumentos a la oposición para que critiquen la manera como se está buscando la paz. También deben ser sensatos y reconocer que tiene al frente a un Gobierno que reconoce como ellos que se requiere acordar e implementar reformas profundas con una gran participación de la sociedad.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Mientras el país descansaba el presidente y el alcalde de Medellín se trenzaban en una nueva pelea a través de sus redes sociales. Todo producto de las supuestas intenciones de la alcaldía de Medellín de privatizar a la brava a EPM luego de que el consejo de Medellín aprobara la venta de las acciones que tienen en la empresa Tigo-UNE, a la multinacional Milicon. El presidente Petro recordó los años en los que Uribe privatizó y acabó con Telecom. En una publicación en su cuenta de twitter el presidente Petro acusó, con pregunta capciosa, al alcalde de Medellín de no reconocerlo como presidente. “¿El alcalde de Medellin reconoce al presidente de la República como su presidente?” Se pregunta Petro. Las críticas de Fico al presidente han sido constantes. Afirma que no le está dando a Medellín lo que se necesita para sus obras, algo que también sostiene el actual gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón quien incluso pidió a comienzos de este año autonomía fiscal para ese departamento e incluso armó una vaca para construir obras de infraestructura. La otra pregunta que se hacía Petro en Twitter era la siguiente: “Es mentira que las operaciones con UNE han hecho perder billones al patrimonio de Medellín”. Esta es una de las razones por las que Fico Gutiérrez estaría pensando vender las acciones que tiene EPM en Tigo-UNE. Otra de las graves acusaciones que hizo Petro en Twitter fue esta: “La intervención del alcalde en los asuntos de ISA ¿no es un conflicto de interés, ya que su hermana tiene un alto cargo en esa empresa?”. La respuesta de Fico no se hizo esperar. Afirmó que su hermana, Catalina María Gutierrez, no trabaja para esa empresa. En conversación con Julio Sánchez Cristo en la W Radio afirmó lo siguiente: “Hay un testigo que tiene la Fiscalia que sabe cómo habían vendido a Afinia, como habrían pactado pagar 8 millones de dólares sólo para cambiar al gerente. Mucho cuidado con esas empresas que no vaya a ser el mismo destino de Isa al de Ecopetrol”. Con esto Fico criticaba la llegada de Jorge Carrillo a la gerencia de ISA: Sobre lo de que él no reconoce a Petro como presidente Fico respondió: “Por supuesto que lo he reconocido como presidente desde el día en que fue elegido, pero es triste ver que usted solo gobierna para algunos” y le sumó más leños a la hoguera afirmando lo siguiente: “Es usted quien debe responder: ¿es el Presidente de todos los colombianos? ¿O solo de quienes le interesa fortalecer y proteger? ¡No divida más el país!”. Como ya es de público conocimiento Fico Gutiérrez y el anterior alcalde de Medellín Daniel Quintero son enemigos irreconciliables. El actual alcalde afirma que en el pasado cuatrenio Tigo-Une dio pérdidas a la ciudad por 2.4 billones de pesos y que esto causó la decisión de vender estas acciones a Millicom. El cruce en redes sociales apenas empieza y por como pintan las entrevistas que está dando en las radios nacionales Gutiérrez, el incendio podría agravarse más. Estamos ante una de las polémicas de la semana que apenas empieza.

Por: Redacción Pares Cerca de 40 mil personas la semana pasada volvieron a ver el rostro del monstruo de la guerra. El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez lanzó una arremetida desde la primera semana de agosto contra el Clan del Golfo con el que sostiene combates palmo a palmo. Era un paro armado producto del levantamiento del cese al fuego que no se renovó el pasado 3 de agosto, producto del estancamiento que está viviendo la mesa de negociación del ELN. Este grupo armado está pidiendo dos cosas, que se saque de la lista de Grupos Armados Organizados a la organización guerrillera y que no reconozcan al Frente Comuneros Sur como un grupo autónomo para negociar. La decisión el viernes pasado del Alto comisionado para la paz Otty Patiño de reconocer de manera oficial a este grupo para poder negociar con ellos agrietó aún más las relaciones entre el gobierno y el ELN. La situación humanitaria generada en el Chocó fue tan grave que al ELN le tocó levantar el paro armado. Eso sí, lo levantaron pero lanzaron duros dardos al gobierno por la situación histórica de atraso y corrupción en la que está sumida este departamento: “En estos territorios, habitados por una población sumida en la pobreza, todo lo que hacen las fuerzas represivas del Estado, llámese policía, ejército, armada o paramilitares, en contra de las comunidades, queda en la impunidad (...) Invitamos a las organizaciones de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, la iglesia y autoridades locales, a pronunciarse sobre lo que realmente ocurre en el departamento, la verdadera lucha es estar al lado de las comunidades y denunciar el matrimonio entre fuerza pública y el paramilitarismo”. Chocó tiene la alta de pobreza monetaria más alta del país, el 66% y de pobreza monetaria extrema, 44.2%, eso es cierto, pero también es verdad que el ELN cerró las principales vías de acceso de municipios como Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipi y Litoral de San Juan. Niños que no podían ir a sus escuelas y ancianos que necesitaban ir por sus medicinas estuvieron completamente aislados y expuestos a los males que esto genera. La gobernadora Córdoba y el obispo de Quibdó criticaron abiertamente al ELN por su accionar además denunciaron que este grupo ilegal estaba sembrando minas antipersonales en los alrededores de estos municipios. Desde el lunes festivo 19 de la mañana a las 6:00 de la mañana fue levantado el paro armado. Sin embargo el COCE siguió criticando al gobierno y afirmó que La Paz Total, contribuye “al genocidio popular”. Así lo afirmó en este comunicado: “La publicitada paz total sirve al genocidio continuado del liderazgo popular, diseñado para ahogar en sangre todo intento de cambio (…) mientras el presidente Petro habla en contra del orden de injusticia imperante, su plan de pacificación sirve a la perpetuación del régimen tiránico”. Sí, se levantó el paro armado en el Chocó, pero la mesa de negociación con el ELN está en cuidados intensivos.

Por: Laura Bonilla No niego que me molesta nuestra devoción inexplicable, irracional y absurda hacia los hombres poderosos. Nuestra muy colombiana y latinoamericana genuflexión ante la autoridad. Ese entusiasmo y entrega, donde no importa si somos de izquierda o derecha, liberales, conservadores, libertarios, woke , socialistas o cualquier otra identidad que escojamos, terminamos siendo sumisos al poder. En palabras más modernas, somos una sociedad de eternos seguidores, o "followers" , siguiendo a alguien que nos ahorrará el trabajo de ser, pensar y actuar. Cualquier autoritarismo comenzó con un inicio brillante. Todos los líderes autócratas de nuestra región entonaron cantos de sirena que embelesaron por igual a empresarios y trabajadores bajo una gran popularidad. Lo que hoy ostenta Nayib Bukele lo tuvieron Hugo Chávez y Daniel Ortega. El tan mentado y vilipendiado término "populismo" ha sido utilizado por unos y otros para explicar cierta adoración popular. El propio Bukele decía en sus primeros discursos que quería un presidente populista para El Salvador, allá en los tiempos en que era uno de los encargados del mercadeo del partido de izquierda dominante en el país: el FMLN. Y ahora varios de ustedes, según lo reveló WRadio, bajo un muy paradójico argumento y un exagerado pánico, quieren buscar y financiar a un Bukele. Honestamente, creo que hay desinformación sobre este tipo de fenómenos y que, al igual que muchas personas, están encantados con la imagen del presidente joven abanderado de la seguridad, una carencia que muchos países de la región comparten. Pero, con el debido respeto, no creo que sepan exactamente lo que desean. Por ejemplo, empresarios como ustedes han manifestado sistemáticamente su rechazo a que Colombia y Venezuela se parezcan. Pero, ¿no creen que es al menos paradójico que para evitar una crisis se elija la misma fórmula que provocó dicha situación? Si uno deja de lado las diferencias ideológicas –verbales– entre Nayib Bukele, Hugo Chávez y Daniel Ortega, se encuentran muchos puntos en común en sus trayectorias. Por ejemplo, si ustedes buscan proteger el Estado de Derecho, todos estos líderes han violado sus principios fundamentales. Todos han impuesto estados de excepción. A todos las leyes y las constituciones les han resultado profundamente incómodas. Pero pongamos un ejemplo más cercano a la economía, que a todos nos preocupa: todos ellos violaron las reglas fiscales, las ignoraron, las pasaron por alto o simplemente las desobedecieron, amparados en su gran popularidad. Nayib Bukele dejó endeudado a Nuevo Cuscatlán, pero esto solo se supo años después. En los tres casos fueron grandes comunicadores, encantadores en su discurso. Tanto, que sociedades que se consideraban en camino hacia la democracia –con todos sus defectos– aceptaron al final una excesiva concentración de poder, bajo el sueño o delirio de que los conducirían al tan anhelado paraíso: la seguridad en El Salvador, la justicia social en Venezuela y Nicaragua. Los tres lograron victorias tempranas. Dos de ellos fracasaron a mediano y largo plazo. Uno de ellos está comenzando el camino tan conocido y recorrido en América Latina del autoritarismo competitivo. Lo que deben saber ustedes es que este tipo de fórmulas tienen victorias tempranas mezcladas con trampas autoritarias. Bukele, con 50.000 personas presas, batió el récord de la mayor población carcelaria en el mundo. Puso de moda TikTok en las campañas presidenciales, invirtió en bitcoin, desafió el Estado de Derecho, concentró el poder en las cortes, extendió el estado de excepción, capturó a miles de inocentes, negoció con las pandillas más poderosas la pacificación de San Salvador, y se burló –y se burla– de las leyes y la burocracia. Ignoró las normas fiscales y privilegió las inversiones de sus amigos y aliados. Altamente popular, aunque su primer partido fue el FMLN, proveniente de la antigua guerrilla salvadoreña, rápidamente encontró en la pasión neoconservadora su lugar político. Finalmente, muchos salvadoreños dirán: ¿qué importa que unas pocas mujeres mueran en la cárcel por abortar cuando podemos caminar por las calles de San Salvador? ¿Qué importa que unos miles de inocentes hayan sido capturados por perfil racial frente a esa sensación de seguridad en la vida cotidiana? ¿Estarían ustedes dispuestos a ceder los derechos y libertades que disfrutamos en Colombia? ¿Por ejemplo, la libertad de prensa? En el caso de Hugo Chávez, este cumplió su promesa de llevar el estado social a los barrios y a la gente que nunca había gozado de sus beneficios. Para quienes llevaban el socialismo en el corazón, aún más: cada tanto, las palabras contra el imperio alimentaban el espíritu, mientras las misiones alimentaban el cuerpo. La promesa de justicia e igualdad económica guió los primeros años del chavismo, lo que implicó la construcción de un partido único bajo su égida y guía, por supuesto, lleno de devotos. Poco a poco, la población dejó pasar los atisbos autoritarios, las agresiones a la democracia, las pequeñas corrupciones cotidianas que dieron origen a las grandes, el hecho de haber armado a civiles en milicias, y la exclusión de la crítica con la frase recurrente: "primero el proyecto político". Hoy, poca es la sociedad civil crítica que sobrevive en Venezuela. Daniel Ortega hizo algo similar. Sus primeros años de gran popularidad le granjearon, no solo a él, sino también a su esposa Rosario, la Chayo, la co-presidenta y leal compañera del líder, un apoyo popular basado en satisfacer las necesidades cotidianas de la gente: comida y subsidios. Siempre en pequeñas dosis, para que nadie se acostumbre a vivir bien sin agradecer el favor al líder. Al igual que Bukele, los empresarios lo apoyaron en sus primeros años. De hecho, solo se distanciaron de él en 2018, cuando se unieron a la oposición. Hacer negocios del lado del poder siempre resulta conveniente, dirían algunos. Después de eso, a Daniel Ortega lo señalaron como antidemocrático e ilegítimo, al igual que a Nicolás Maduro y Hugo Chávez en su momento. Veremos cómo se comporta la opinión pública con Nayib Bukele cuando su modelo comience a hacer aguas, porque, queridos empresarios, no alcanzaremos el progreso suspendiendo el Estado de Derecho. Y modelos de funcionamiento rápido como el de Bukele también tienen sus límites: los acuerdos con las pandillas se rompen y estas regresan aún más fuertes y poderosas, las cárceles y los recursos se vuelven insuficientes para retener a más de 50.000 personas, y el presupuesto público –y esto ustedes lo saben muy bien– no puede ignorar las normas fiscales. Pero, sobre todo, tengan en cuenta que los autoritarios tienen pocos amigos. El Bukele que ustedes están buscando puede que exista, puede que funcione durante 4, 5 u 8 años. Pero el modelo no da para más. Para él, para ese candidato que ustedes están buscando, ustedes no serán aliados estratégicos; serán "followers", unos más en su cuenta de TikTok.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos Foto tomada por: Sergio Saavedra En una terraza del barrio La Macarena de Bogotá conocí a Theylor Villegas. Desparpajado, sonrisa amplia, como si la vida no le hubiera pasado por encima. Frentero como la gente del Catatumbo, está reunido un lunes de agosto con otras personas que han tenido que verle la cara al monstruo de la guerra. Es una Juntanza Fronteriza organizada por la fundación Pares y la Embajada de Canadá. Tiene 27 años, el pelo recogido y el optimismo a flor de piel. Theylor se reconoce como homosexual desde que era adolescente y nunca le dio miedo vestirse como quisiera, a pesar de que en el pueblo donde nació, Tibú, estaba prohibido ser diferente. A su papá no lo conoció, lo mataron en Pelayo, Cesar, cuando su mamá estaba embarazada. Ella se tuvo que ir corriendo al Catatumbo en 1997, a punto de dar a luz. Dos años después los paramilitares también llegarían a ese lugar. Perpetrarían, en Tibú, la masacre del día de las madres, después entrarían a La Gabarra. Tiñeron de sangre el río Catatumbo. Theylor estudió en una escuela llamada Kennedy, como el presidente que mataron en 1963 y vivía en una piecita con su mamá y su hermano mayor, soportando el calor asfixiante del Eternit en plena selva. De noche, mientras veían la novela, escuchaban los disparos. Todas las noches. La primera vez que le pusieron un arma encima tenía 13 años. En ese momento los paras, dirigidos por el comandante Camilo, todavía mandaban en Tibú. Uno de ellos, que sostenía un noviazgo con una amiga de su mamá, empezó a hablarle cada vez más cerca. Un día le dijo que lo tocara. Theylor no aceptó. La respuesta del hombre fue darle una patada, tumbarlo en el piso y ponerle un arma en la cabeza. Intentó dispararle pero la pistola falló. Trató de hacerlo de nuevo y la bala nunca salió. “Se salvó de milagro, pero ya te volveré a ver mariquita”. Desde entonces Theylor tenía miedo de encontrarse con el para. Bajo los espesos árboles que rodean Tibú hay muchos cuerpos enterrados. Él sería uno más en la lista. ¿A quién podría importarle? Entonces, una noche, mientras caminaba entre las luces mortecinas ´del pueblo, escuchó que salían gritos de una casa donde sacaban a empujones a un hombre. Lo pusieron de rodillas. Theylor identificó al mismo para que lo había encañonado. Esa noche vio como, de un balazo, le reventaban la cabeza. El temor, al contrario de lo que podía pensarse, aumentó. Entonces aparecieron las drogas, el alcohol, todo para escapar del laberinto en el que lo había metido la guerra, la intolerancia. Porque ni en el colegio estaba a salvo. Los profesores hacían lo imposible para hacerlo sentir incómodo. Es que desde la adolescencia, en el Colegio Caldas, llevó piercings, camisetas largas, pelo arrebatado y pinta hippie. Era un blanco demasiado visible. Un día un profesor de matemáticas se le acercó y empezaron a hablar. De la nada le soltó una pregunta “¿Usted es marica?” Theylor tenía 14 años, ¿Qué podía responder? Se hincó de hombros mientras el profesor le espetaba que los homosexuales eran unos enfermos, que eso era pecado y que debían ser exterminados de la faz de la tierra. Otra profesora de ese mismo instituto le puso un apodo “Tienes el culo como una puya, por eso te digo que de ahora en adelante te llamarás culo e puya”. Ahí no paraba el matoneo. La profesora lo interrumpía en exposiciones, lo dejaba en evidencia ante todo el colegio. Le decía “Pelo asqueroso” “Winnie Pooh” Uno de los pocos consuelos que tuvo fue ingresar a una academia de baile en donde una profesora lo hizo sentir bien con él mismo. Aceptarse como era. Y mientras tanto, al final de la primera década de este siglo, se extendió como una mancha la mal llamada “Limpieza social”. Le mataron a sus amigos de cuadra. Los persiguieron. Por fumar marihuana, por bailar, por ser jóvenes, por estar felices. Por maricas. A él casi lo matan. Un amigo, que profesaba la religión cristiana, lo invitó a una fiesta en las afueras del pueblo. Allí lo cercaron, lo iban a asfixiar con un alambre de púas, le metieron tres cuchilladas, lo arrastraron del pelo en una porqueriza. Medio muerto lo llevaron al hospital Erasmo Meoz de Cúcuta. Cuando despertó su hermano mayor estaba al lado de la cama. Su mamá no estaba. Nunca estuvo. Siempre estaba trabajando. Su hermano lo interpeló por la situación en la que estaba, hospitalizado, deshecho y él le respondió que le había sucedido esto por la intolerancia de un pueblo que sólo acepta machos. La respuesta de su hermano fue la furia. Inmediatamente llamó a su mamá y le dijo, a través del teléfono, que se arrepentía de haberlo tenido: “Hubiera preferido tener a un bulto de alambre”. En el Catatumbo es más fácil que los comandantes guerrilleros acepten a un miembro de la comunidad LGBTIQ+ que la propia fuerza pública o la sociedad misma. Como el clima, todo es duro. Hasta la gente. Theylor se recuperó en Cúcuta, luego viajó a Bucaramanga, se enamoró un par de veces. Incluso, obligado a vivir, empezó a trabajar a través de la app Grindr como score. En esas noches conoce a una señora trans que lo lleva a una casa refugio en donde conoce a jóvenes desamparados como él. Lo motivó a estudiar. Volvió a creer de nuevo. Así que se inscribió en el SENA, se graduó de técnico en Trabajo Social y, empoderado, regresó a su pueblo, o al menos vive en un lugar muy cercano a él, Campo Dos. La vida, que es una tómbola, lo saca de Bucaramanga. Engañado va a Sogamoso en donde, ya con las ilusiones perdidas, arrumado por el frío, decide regresar a Tibú. Acababa de suceder algo terrible muy cerca de allí: en la vereda Campo Dos habían sido asesinadas 22 mujeres. Una de ellas muy cercana a él. Así que deciden crear una fundación que ya lleva cuatro años, llevando talleres de inclusión, compartiendo experiencias de la vida gay y cuidados de la vida sexual a veredas y corregimientos de municipios çomo Tibú, Sardinata y Ocaña en donde la guerra ha dejado sus esquelas a su paso. Su gran logro ha sido la creación del primer encuentro LGBTIQ+ y que contó con 30 jóvenes diversos del Catatumbo.  En octubre de este año piensa montar un segundo encuentro. El colectivo de Theylor se llama Pride, que significa orgullo y eso es lo que él puede transmitir, una seguridad, un empeño, una determinación que lo han hecho sostenerse en sus decisiones, sin arrepentimientos, cueste lo que cueste. Allí ha abogado no sólo por los derechos de su comunidad en el Catatumbo sino por la paz fronteriza. A sus 27 años tiene una madurez muy extraña de encontrar. Una consciencia que es necesaria en los territorios por donde pasa la guerra. En su alma no hay rincones oscuros donde se anide el resentimiento. Theylor cuenta su vida sin que la voz se quiebre, o piense que está justificándose. Cuenta porque le pregunto y le gusta narrar. Los sueños están intactos. Pero más que pensar en algún logro personal Theylor quiere es que la paz, esquiva, llegue por fin al territorio y que la diferencia, allí, deje de ser un pecado.

Por: Iván Gallo - Editor de contenidos Hace unos años Gloria Pachón, la incombustible viuda de Luis Carlos Galán, apareció en un programa en Canal Capital y recordó que durante la campaña presidencial de 1982, la que ganó Belisario Betancur, pudo haber sido la primera en donde el narcotráfico intentó financiar candidatos. Con su voz firme ella recordó un episodio que le resultó “muy doloroso”: minutos antes de que el entonces candidato presidencial diera un discurso en el parque Berrío en Medellín, en febrero de 1982, se supo que una de las personas que pertenecían al grupo de Renovación Liberal, y que se estaba ofreciendo para financiar parte de la campaña, tenía vínculos con el narcotráfico. Esa persona era Pablo Escobar.  El Grupo de Renovación Liberal proponía a Escobar como uno de los nombres en la lista que iban a presentaren las elecciones al congreso. Una de las versiones que quedó estampillada como una verdad histórica y que incluso quedó registrada en un capítulo de la serie de El Patrón del Mal, muestra como en el mitín Galán echó con cajas destempladas al capo ganándose, por esa humillación su inquina. Esto no fue así. Galán no lo rechazó simple y llanamente porque jamás lo aceptó. Iván Marulanda, que era el jefe de campaña en Antioquia, le llegó el rumor de que una de las personas que estaba en el grupo de Renovación Liberal estaba metido en negocios raros. En el mítin Galán, en un discurso en donde no dio nombres concretos, si decidió decir públicamente que no aceptaría el apoyo de ese grupo de personas por ese motivio, pero jamás mencionó el nombre de Pablo Escobar. Pero él si se dio por aludido. Escobar admiraba a Galán. Se identificaba con sus ideas frescas, con sus ganas de cambio. En el delirio que lo atenazaba el jefe del Cartel de Medellín se veía como un revolucionario que sometería a la élite política colombiana e impondría un gobierno más justo, centrado en los más necesitados. Inspirado en El Padrino, la película que veía una y otra vez, se veía como una especie de Vito Corleone, un hombre del pueblo que atesora una gran fortuna y la usa para dársela a las demás. El dinero tan sólo sería un medio para llegar al poder. En 1982 ya era considerado una especie de Robin Hood paisa. Entregaba canchas iluminadas en los barrios más olvidados de Medellín. Incluso convirtió un basurero en un barrio lleno de casas dignas. En ese momento Pablo Escobar, a través de su organización, ya llevaba toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Su gran sueño era convertirse en presidente. Ir ascendiendo políticamente a través de aliados suyos como el político Jaime Ortega Ramírez, candidato a la Cámara de Representantes del Movimiento Político de Renovación Liberal, que en ese momento aspiraba a ser aceptado como aliado del Nuevo Liberalismo de Galán. Escobar era el suplente, el segundo en la lista. A pesar del rechazo de Galán, Ortega fue elegido representante a la cámara. En ese momento el presidente de la Cámara de Representantes era otro político que Escobar admiraba y que a diferencia de Galán si aceptó sus dádivas: Alberto Santofimio Botero. Con él viajó a España, a la posesión del presidente Felipe González, el primero que llegaba a ese cargo por vía democrática después de la dictadura de Franco. La memoria es frágil y no se acuerdan que, al poco tiempo de haber sido elegido Representante, Ortega renunció. El cargo le quedaba a Escobar. María Victoria Henao, la viuda de Escobar, cuenta en sus memorias que él le alcanzó a decir “Vete haciendo a la idea de que serás primera dama”. Pero estaba Lara Bonilla, uno de los mejores amigos de Galán. Entonces era el ministro de Justicia y empezó a hacer públicas las denuncias en el congreso sobre sus nexos con el narcotráfico. El capo ripostó intentando ensuciar a Lara, asociándolo con otro narco llamado Evaristo Porras. Pero la verdad estaba del lado de Lara. El Espectador, el diario de don Guillermo Cano, otra de las víctimas del Cartel de Medellín, publicó una foto, gracias a una investigación de María Jimena Duzán, en donde se veía a Escobar, con risa diabólica, siendo detenido por llevar droga en las llantas de un Renault 4 a Ecuador. Desde entonces a Escobar no le quedó de otra que la clandestinidad. Mandaría a dos muchachos en una moto a asesinar a Lara Bonilla el último día de marzo de 1984 y tendría entre ojos a Galán. En 1989 parecía ser el más firme candidato a ganar las elecciones presidenciales. Eso sí, sabía que Escobar estaba con una guadaña detrás de él. A las amenazas constantes Galán respondía, con orgullo y pundonor, que nada lo quebraría, que su intención era darles donde más le dolía a Escobar y sus hombres, mantener viva la extradición con los Estados Unidos. Los carteles de la droga le temían a finales de los ochenta a ese tratado. Significaba que no podrían tranzar con jueces, su poder, que doblegaba a la fuerza pública y a la justicia en Colombia, no servía con la justicia gringa. Por eso, el lema de los llamados Extraditables fue “preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos” y desataron el horror en 1989. Mataron al gobernador de Antioquia, a oficiales del ejército que rechazaban sus sobornos, a 14 periodistas, entre los que estaba el gran Jorge Enrique Pulido, devastaron el edificio del DAS e hicieron explotar un avión en el aire. Pero querían, sobre todo, matar a Galán. A Galán le cambiaron la escolta en las últimas semanas. Se la dieron a Jacobo Alfonso Torregossa Melo, una decisión que contó con el beneplácito de la máxima cabeza del DAS entonces, el general Maza Márquez. Sus hijos aún recuerdan sus descuidos, el poco método que tenía. Galán era el hombre más amenazado del país. El 18 de agosto de 1989, después de sobrevivir a varios atentados, a Galán lo asesinaron en la plaza de Soacha antes de dar un discurso. Lo dejaron a varios metros de la plaza, acompañado tan sólo por uno de sus jóvenes asesores, Germán Vargas Lleras, lo dejaron a merced del público, con la escolta completamente disgregada. Cuando le dispararon, hombres contratados por el paramilitar Henry Pérez, quien le coordinó la operación a Escobar, ninguna de las heridas eran mortales. Torregossa llevó a Galán a un recorrido infame en donde llegó a la clínica ya desangrado. Con eso Escobar se vengaba de la afrenta de un hombre que al principio admiró y luego odió porque no se rindió ante su poder. En esa época en Colombia era “plata o plomo”. A 35 años del asesinato de Galán sabemos quien lo mató pero aún no podemos saber quien, desde el poder, ayudó a Escobar a obtener su venganza. Si, Santofimio fue condenado, pero faltan nombres. Seguro faltan más nombres.

Por: Oscar A. Chala y Diego Alejandro Pedraza investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Una nueva disputa se avecina en el panorama para el gobierno de Gustavo Petro, alrededor del Presupuesto General de la Nación (PGN), que comienza su periplo por el Congreso de la República.  El presupuesto entrará en discusiones en las semanas próximas. Aunque parecía que el PGN sería una de las primeras muestras de poder de Juan Fernando Cristo y su famoso “acuerdo nacional”, diferentes sectores se han anticipado para rechazar el proyecto o advertir problemas abiertos que trae consigo el documento.  Voces de liberales conocedores del tema, como el senador Alejandro Carlos Chacón o Katherine Miranda, alertan de un presupuesto desfinanciado y con baches que, en caso de ser aprobado, requerirá de una Ley de Financiamiento o una Reforma Tributaria, con el fin de volver a aumentar el recaudo y poder cumplir con la operatividad del Estado.  Este es el segundo año en el cual el gobierno presenta un presupuesto que viene cargado de reducciones presupuestales, de incrementos que aún no han sido del todo justificados por el Ministerio de Hacienda y, sobre todo, de números y cifras que, a la luz de los economistas y observatorios fiscales, generan suspicacias y desconfianzas, especialmente frente a la baja ejecución presupuestal y la probabilidad de que estos recursos se estén desviando a causa de la corrupción. Génesis del proceso  El problema surge con el presupuesto de 2024, presentado hace un año, en agosto de 2023, cuando el presupuesto que entregó el ministro Ricardo Bonilla al Congreso venía amparado en un gran recaudo que previamente había sido concertado con Luis Carlos Reyes, en ese entonces director de la DIAN y actualmente ministro de Industria y Comercio.  Ese recaudo iba hasta los $12 billones de pesos que debían entrar a la DIAN en la figura de los tribunales de arbitramiento. “Las cuentas alegres” comienzan a salir a la luz cuando el recaudo real se confronta al esperado y el resultado termina siendo ineficiente ante lo que se buscaba por parte del gobierno nacional.  Sin esa plata y con el presupuesto ya aprobado, el gobierno sintió un golpe a la caja financiera que provocó un pequeño cisma dentro del mismo establecimiento económico, que terminó con la salida de Reyes hacia el Ministerio de Comercio y la llegada de Jairo Villabona, figura cercana al ministro Ricardo Bonilla.  Pero los golpes a la parte financiera no iban dados solo por la pelea “Bonilla- Reyes”, porque en medio de esa disputa, también se sentían los coletazos del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde Bonilla es uno de los principales cuestionados y a la vez, el golpe por la falta de ejecución de la cual han hecho mella todos los medios de comunicación en los últimos meses. La UNGRD recibe la mayor parte de sus recursos del presupuesto general de la nación, que para 2024 tuvo un monto de $691,7 mil millones de pesos, del que, a corte de julio de 2024, se ha comprometido el 95% pero solo se ha ejecutado el 1,09% del mismo.   El flujo de presupuesto nacional: baja ejecución y riesgo de que los recursos caduquen Una de las principales críticas que ha recibido el gobierno de Gustavo Petro durante los últimos meses, ha sido la baja capacidad que ha tenido para ejecutar planes y programas de política pública a nivel nacional. Según lo reseñamos en el informe de balance sobre los dos años del gobierno de Gustavo Petro , este fenómeno responde a la baja capacidad técnica que tiene el Estado frente a los nuevos proyectos que este gobierno ha impulsado, junto con las deficiencias en la capacidad de contratación a nivel regional y local, las dificultades para poder encontrar operadores idóneos que ejecuten los proyectos, la dispersión normativa de lineamientos, normas y orientaciones para ejecutar proyectos y el temor a que cualquier error en el proceso tenga consecuencias con los entes de control. El presupuesto nacional del país tiene 3 momentos: las apropiaciones  son los recursos autorizados por el congreso para la ejecución de actividades específicas, los compromisos  son los actos de reserva de esos recursos para adquirir bienes y servicios, y las obligaciones  son los gastos efectivamente incurridos al recibir a satisfacción lo contratado. A corte de julio de 2024, el gobierno nacional había comprometido el 54,1% del presupuesto aprobado para 2024, pero solamente había obligado el 42,9% de ese recurso y se había pagado efectivamente el 42,3%. Es decir, que efectivamente el gobierno sólo ha gastado un poco más del 40% de los recursos que el congreso le aprobó, de los cuales la mayor tajada se quedó en pago de gastos de funcionamiento ($148,8 billones de pesos, 29,57%), inversión ($26,3 billones de pesos, 5,23%) y pago de deuda ($53,2 billones de pesos, 10,5%), acorde al análisis realizado por el Ministerio de Hacienda . Fuente:  Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2024. Del gasto por sectores, han sido Minas y Energía, TIC y Ambiente los que más han ejecutado los recursos que han recibido, habiendo una relación entre obligaciones y apropiaciones en el orden del 60% (Ambiente) al 81% (Minas), aunque entre estos 3 sectores sólo ejecutan 5 billones de los 503 billones totales del presupuesto nacional. Fuente:  Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2024. De los sectores con mayor cantidad de recursos, Educación, Salud y Defensa ejecutan entre el 52% y el 58% de los recursos que reciben. Por su parte, Hacienda y Trabajo sólo tienen márgenes de ejecución de entre el 30% y el 36%. De los que menos ejecutan recursos, el sector de Igualdad y Equidad se queda rezagado con un 19,5%, mientras que Presidencia de la República sólo ha ejecutado el 14,04% de lo que ha comprometido. En promedio, la ejecución (obligaciones sobre apropiación del recurso) se encuentra en 45,4%. La pregunta del millón cuando se observan estos datos es ¿y qué sucede con la mayoría de los recursos que no se ejecutan como obligaciones frente al presupuesto comprometido? Terminan caducando, incentivando a que el Ministerio de Hacienda en el presupuesto para el año siguiente decida recortar recursos en las carteras que menos ejecución tengan. Frente a los ministerios, es el Ministerio de la Igualdad el que mayor rezago sigue teniendo frente a las obligaciones adquiridas, pues solamente ha ejecutado el 1% del 80% de los recursos que ha comprometido. Le siguen el MinAmbiente, que tiene sólo un 14% de ejecución, y el MinInterior, que tiene un 15% de ejecución. El MinEducación y el MinSalud son las carteras con mayor ejecución, con 56% y 55% de su presupuesto gastado. Fuente:  Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2024. El presupuesto desfinanciado: La disputa dentro de las comisiones económicas del Congreso El gobierno presentó a las comisiones económicas del Congreso un presupuesto para 2025 que ronda sobre los $523 millones de pesos, tras haber recortado 20 millones de pesos, luego de que se supiera del descalabro en la recaudación de impuestos por parte de la DIAN, que para el primer trimestre de 2024 solamente había recaudado el 21,4% de lo proyectado y que obligó al gobierno a realizar un recorte de $42 billones de pesos en inversión y en general de $20 billones de pesos en el nuevo presupuesto, haciendo que éste solo aumente 3% frente al presupuesto de 2024, que fue de $503 billones de pesos. Tras ello, el gobierno ha venido cocinando una nueva Ley de Financiamiento que le permita recolectar $12 billones de pesos, el 2,29% del total del presupuesto proyectado por el MinHacienda, y que se ha convertido en el Florero de Llorente entre el gobierno y la tecnocracia, especialmente porque esa partida presupuestal depende de que esta Ley de Financiamiento sea aprobada en el Congreso, y denotan que el presupuesto, al igual que en 2023, es frágil y depende de supuestos económicos que no se pueden dar por sentado. Todo este tema está ambientado por l os sucesivos golpes que la Corte Constitucional ha dado a la Reforma Tributaria  que el gobierno pasó por el Congreso a finales de 2022, especialmente de la no dedicibilidad de las regalías en los impuestos de renta a las grandes empresas, en las que el gobierno buscaba recaudar entre el 2% y el 5% más de las rentas a las empresas extractivas (especialmente de hidrocarburos y minerales) y que la Corte tumbó porque esta norma vulneraba el principio de equidad tributaria, fallo que se dio en noviembre de 2023 y que se ratificó en junio de 2024 , posteriormente a que el gobierno presentara un alegato señalando el impacto fiscal que tendría tomar esa medida. Con lo anterior, el gobierno también espera que la Corte tumbe la base gravable de la Reforma Tributaria en las próximas semanas, con lo que el golpe para la recaudación, que es la base fundamental del próximo presupuesto, obligue a que tenga que presentarse otra Tributaria en los próximos meses, en un ambiente legislativo donde el gobierno mantiene el control de la Cámara de Representantes, pero tiene acérrima oposición en las comisiones económicas del Senado. De esta potencial nueva Tributaria no se conocen mayores detalles , más allá de que piensa reducir el impuesto de renta a las empresas del 35% al 30%, así como no tocar el IVA ni ampliar la base gravable para el pago del impuesto de renta de personas naturales. De hecho, un buen sector de la oposición, encabezado por Cambio Radical y secundado por el Centro Democrático, buscó devolver el presupuesto al gobierno nacional. Sin embargo, la bancada de gobierno y sus independientes aliados terminaron rompiendo el quórum  en 3 de las 4 comisiones, lo que llevó a que se levantaran las sesiones y se aplazaran para la próxima semana, donde se espera que los ponentes y coordinadores ponentes comiencen a reunirse. Según los datos del informe de segundo año del gobierno Petro  presentado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el gobierno tiene el control de 1 de las 4 presidencias de las comisiones III y IV, además que tiene garantizada potenciales mayorías en 2 de las 4 comisiones, con una de ellas con una mayoría muy frágil y con una comisión, la IV de Senado, donde no tiene los votos suficientes. No obstante, en sumatoria, el gobierno tiene la ventaja en comisiones conjuntas, pues es José Eliécer Salazar, presidente de la comisión III de Cámara, quien preside estas sesiones, y porque en total el gobierno tiene el potencial de 51 votos de los 94 que suman estas comisiones. No por nada la ruptura del quórum funcionó como estrategia esta vez. Queda por observar si el gobierno nacional tiene la alternativa para poder aumentar el recaudo faltante para solventar el hueco de $12 billones a través de una nueva tributaria y una nueva Ley de Financiamiento. Según algunos expertos , el problema que tiene esta propuesta es que los recursos que va a generar tienen que proyectarse hacia el siguiente año gravable, que es 2026, y que no se pueden disponer de esos mismos recursos en 2025, así como tampoco existe claridad frente al rol que va a cumplir la DIAN en los próximos meses, más cuando sigue con un amplio déficit en el recaudo de impuestos y el gobierno sigue esperando que se cumplan las expectativas proyectadas, aun cuando el recaudo bajó un 19,8% frente al mismo primer trimestre de 2023.

Por: Rafael Acosta Enlace Tumaco de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil  Karen es estudiante del décimo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad De Nariño con conocimiento en la rama Agropecuaria de la ADR y Universidad Nacional, es  técnica en manejo ambiental, planificación y construcción de infraestructuras, Bioseguridad en acuicultura, Adecuación de estanques piscícolas y contabilidad; tiene 22 años, y es becaria de la Escuela de Liderazgo Juvenil  de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) y la Agencia Española de Cooperación Internacional   para el Desarrollo (AECID). Becarias de la Escuela de Liderazgo Juvenil en Tumaco En el año 2019 inicio su historia de liderazgo, con el deseo de ser la voz de las personas más vulnerables y levantar una bandera de esperanza en el territorio. Desde inicios de su carrera universitaria comenzó a dar pequeños pasos de liderazgo iniciando con la representación de su semestre, y posteriormente se convirtió en la representante de la carrera ante el comité curricular, desde entonces su nombre empezó a ser conocido por su gestión, trabajo, espíritu colaborativo y disposición para con los estudiantes la comunidad en general. En el año 2023 ingreso a la Fundación Nueva Esperanza para las Personas Vulnerables, donde fue designada como secretaria, desde entonces ha participado con convicción y motivación para promover el bienestar social y económico de las comunidades tumaqueñas. Ha asumido un papel de liderazgo enfocado en impulsar transformaciones significativas dentro de las comunidades, trabajado activamente en el desarrollo y ejecución de intervenciones que abordan las necesidades más apremiantes. Su enfoque ha sido integral, comenzando con la planificación de estrategias de intervención y protección psicosocial, Ha liderado iniciativas que promueven la salud y la prevención de enfermedades, mejorando el acceso a los servicios y fomentando hábitos saludables en la comunidad, cree en la importancia de la paz y la cohesión social por eso trabajada en la construcción de estos en el contexto del conflicto, promoviendo el diálogo, la reconciliación y la justicia restaurativa. Desde la organización hasta la fecha, han logrado rehabilitar en un 80% el polideportivo de la urbanización Villa Esperanza - Buchely en la zona rural, este logro ha sido significativo, ya que es para beneficio colectivo y a su vez desarrollan unos torneos deportivos para fortalecer los lazos entre los miembros de la comuna 6 y generar un espacio de integración, paz y convivencia, también han organizado jornadas de limpieza y eventos recreativos que promueven la integración comunitaria y el bienestar general, entre otros. Estos logros les han permitido sentar las bases para futuras actividades y programas que generen impacto positivo en la región. La joven Mideros se ve como una persona comprometida para fortalecer iniciativas, mejorando y expandiendo el impacto positivo en múltiples áreas de Tumaco y, a través de esto, está comprometida a desarrollar programas educativos, de empoderamiento económico y de desarrollo integral para jóvenes, mujeres vulnerables y comunidad en general. Y de esta forma ser agentes de la transformación que tanto anhelan en el municipio de San Andrés de Tumaco. “Queremos inspirar paz, desarrollo social y con nuestra labor ser agendes de desarrollo social” Manifestó Karen Mideros.

Por: Katerin Erazo, Periodista La Superintendencia Nacional de Salud (SNS) ha lanzado una nueva circular que refuerza la obligación de las EPS, IPS, entidades territoriales y demás actores del sistema de salud para garantizar el acceso integral y de calidad al servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Colombia. Esta actualización, que reemplaza la circular 003 de 2013, se enmarca en un contexto de avances legales y sociales que buscan asegurar que las personas gestantes puedan ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos, una lucha que ha sido impulsada por movimientos feministas y organizaciones de derechos humanos durante décadas. La importancia de esta nueva reglamentación radica en su alineación con los estándares establecidos por la Corte Constitucional en sentencias clave como la C-355 de 2006, que despenalizó el aborto en tres causales específicas, y la C-055 de 2022, que amplió el plazo para acceder a la IVE hasta la semana 24 de gestación. Estas decisiones judiciales no solo reconocen el derecho fundamental de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo, sino que también establecen obligaciones claras para el Estado en cuanto a garantizar condiciones dignas y seguras para ejercer dicho derecho. Durante la firma de la nueva circular, el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, subrayó la relevancia de adoptar regulaciones que permitan que el derecho a la salud sea realmente efectivo para todas las personas. “Es importante avanzar en circulares como esta, que nos permitan garantizar el derecho fundamental de la salud a todas las personas y acompañar los procesos que tienen que generar transformación a nivel social para que estos derechos realmente logren ser efectivos”, afirmó Leal. En la ceremonia participaron grupos de mujeres de Bogotá, junto a representantes de Antioquia, Atlántico, Boyacá y Nariño, quienes manifestaron su apoyo a esta iniciativa. Entre las 13 directrices emitidas por la circular, se destaca la obligación de prestar el servicio de IVE sin importar la etapa del embarazo, siempre que sea dentro de las primeras 24 semanas, y con especial atención a evitar barreras administrativas y discriminación. Esta normativa tiene un enfoque particular en asegurar que las mujeres y personas gestantes con discapacidad reciban los ajustes necesarios para acceder a la IVE en condiciones de igualdad. Asimismo, se recalca la importancia de la confidencialidad y el respeto a la autonomía, subrayando que ninguna persona gestante menor de edad necesita autorización de terceros para tomar decisiones sobre su cuerpo. La circular no solo se dirige a los prestadores de salud, sino también a entidades de aseguramiento, tanto del régimen general como de regímenes especiales, incluyendo a las comunidades indígenas. Además, contempla la necesidad de establecer canales de comunicación efectivos entre los diferentes actores del sistema de salud para garantizar una atención oportuna y sin demoras injustificadas. Organizaciones como Causa Justa, que han estado al frente de la lucha por la despenalización del aborto y la protección de los derechos reproductivos en Colombia, han celebrado esta actualización como un avance significativo. Según representantes de la organización, “esta circular es un paso más hacia la protección del derecho al aborto y la autonomía reproductiva en Colombia. Esperamos que los prestadores y demás actores del sistema de salud acaten las instrucciones establecidas. No hay excusa para no hacerlo”. Es crucial comprender que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un pilar fundamental en la lucha por la igualdad de género y la autonomía personal. La posibilidad de acceder a una IVE de manera segura y sin estigmatización no solo salva vidas, sino que también otorga a las mujeres y personas gestantes el control sobre su futuro, algo que ha sido históricamente negado. Las recientes disposiciones legales y la voluntad de organismos como la Superintendencia Nacional de Salud para hacer cumplir estas normas son un reflejo de los avances que, aunque tardíos, responden a una deuda histórica con los derechos reproductivos en Colombia. En un país donde los obstáculos para acceder a la IVE han sido persistentes, esta nueva circular representa un paso adelante en la consolidación de un sistema de salud que respete y garantice los derechos de todas las personas, sin importar su origen étnico, condición socioeconómica o identidad de género. Este marco normativo busca construir un entorno más equitativo y justo, donde la autonomía y la dignidad de las mujeres y personas gestantes sean plenamente respetadas y defendidas.

Por: Ghina Castrillón Torres Politóloga feminista. Una vez mas el periodismo de este país genera vergüenza con la forma de abordar noticias como la retención de 66 militares por parte de la Guardia Campesina en San José del Guaviare, durante 72 horas hace unos días, estigmatizado y criminalizado al movimiento social y campesino.   Este incidente fue explicado por los líderes campesinos como un “cerco humanitario” destinado a exigir atención gubernamental y evitar confrontaciones en donde la población civil continue siendo afectada, y muchos medios de comunicación los señalaron como un secuestro, es decir que, se abordó con una narrativa que minimiza las demandas legítimas de las comunidades rurales y refuerza una peligrosa matriz de criminalización.   El mismo alcalde de San José del Guaviare quien estuvo en el lugar de la retención, en entrevista radial dijo que los soldados tenían en su poder el armamento y señaló que no había violaciones a los derechos humanos. Insistiendo, además, en que se debe hacer claridad sobre la intensión y desarrollo de la protesta pacífica desarrollada por la guardia campesina.   Si bien es innegable que en muchas regiones la población civil ha sido instrumentalizada y victimizada por grupos armados, calificar esta protesta pacífica de la guardia campesina como un secuestro, supuestamente ordenado por las disidencias, no solo atenta contra la legítima lucha social y campesina, sino que también pone en grave riesgo la vida de quienes participaron en ella. En este país, el periodismo criminaliza a las comunidades rurales, desacreditando sus demandas históricas y contribuyendo a la estigmatización, lo que casi justifica futuras represiones y acciones violentas en su contra.   Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la formación de la opinión pública, y en muchos casos, han contribuido a construir una imagen negativa de las organizaciones campesinas. Las declaraciones los líderes campesinos aclarando las razones de la protesta, fueron rápidamente desestimadas. Sin embargo, es necesario preguntarnos: ¿Por qué la exigencia de una mayor presencia estatal civil en la región no tiene la misma cobertura mediática que la retención de los militares?   El movimiento campesino ha demostrado una resistencia histórica en Colombia, enfrentando no solo la exclusión económica, la violencia y el despojo de tierras, sino también acusaciones infundadas de vínculos con grupos guerrilleros. Esta narrativa, que no solo criminaliza a las comunidades rurales, sino que también agrava las problemáticas del campo, debe ser firmemente rechazada por todo el movimiento social nacional.   Es urgente exigirles a los medios de comunicación que reflexionen sobre el impacto de sus palabras y el papel que juegan en la protección de la vida de los liderazgos sociales.   Necesitamos un cambio de enfoque. Los medios de comunicación deben asumir la responsabilidad de informar proporcionando espacios para que las comunidades campesinas expresen sus demandas sin ser estigmatizadas. Por su parte, el gobierno debe comprometerse a garantizar la seguridad y protección de los liderazgos campesinos, quienes continúan luchando el reconocimiento de sus derechos. Estos líderes son fundamentales para la democracia y su protección es clave para avanzar hacia ese ideal de paz total.