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Por: Yudi Angulo Castro Enlace Buenaventura: Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil. El 28 de junio de este año, Buenaventura fue un hito en su camino hacia el desarrollo económico y social. En un evento que se denominó “La Revolución del Cambio, llega a Buenaventura”, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó formalmente 134 locales del Centro Comercial Bellavista. Esta acción tiene como objetivo primordial fortalecer las economías solidarias y populares del Distrito , promoviendo así un desarrollo más inclusivo y sostenible para la comunidad bonaverense. Los locales fueron adjudicados a diversos emprendimientos populares de la ciudad, permitiendo a los emprendedores y nuevos emprendimientos ofrecer una variedad de productos como artesanías, prendas de vestir, productos para el cabello y bebidas a base de viche, gastronomía, servicios, entre otros. El proceso de recuperación de estos locales, que anteriormente estaban bajo ocupación irregular, fue una colaboración entre la SAE, la Alcaldía Distrital de Buenaventura y organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad. La entrega de estos espacios fue vista como un importante paso para apoyar a los emprendedores y nuevos emprendedores locales, y promover la economía del hoy Distrito. El evento de inauguración incluyó presentaciones folclóricas a cargo del grupo de danzas de la Dirección Técnica de Cultura Distrital, destacando la esencia cultural de la región​. Esta entrega forma parte de una estrategia más amplia de la SAE para reutilizar bienes recuperados de actividades ilícitas y ponerlos al servicio de la comunidad, contribuyendo así al desarrollo económico y social de Buenaventura​. El punto por destacar de todo este ejercicio es el papel que están jugando las organizaciones juveniles en el proceso, alrededor de 40 de esos locales fueron entregados a organizaciones que han venido desarrollando sus actividades en favor de la población joven del Distrito, como la Corporación Eleggua con 30 locales, la Fundación Progreso y Paz – PROYPAZ con 5, Rostros Urbanos, Jóvenes Emprendedores de Paz, entre otras, el 50% de los jóvenes becarios de la Escuela de Liderazgo Juvenil  de la Fundación Paz y Reconciliación -PARES en Buenaventura, bajo la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, hacen parte de estas organizaciones. Organizaciones que por años han desarrollado sus procesos con recursos propios o a través de la cooperación con otros. Hoy la apuesta es por generar emprendimientos sociales que puedan revitalizar la economía local, generar empleo a los miembros de las organizaciones y fomentar la creación de negocios que sean sostenibles. Para Edilberto Viveros, edil de la localidad Isla del Cascajal, este tipo de iniciativas sin duda será un impacto positivo para la ciudad, no solo se incentiva la economía local, a su vez se fortalece también el trabajo de las organizaciones juveniles. Esta nueva iniciativa busca fomentar el espíritu emprendedor y promover la sostenibilidad económica y de las organizaciones como una alternativa a las situaciones problemáticas que atraviesa la ciudad, pero especialmente los problemas que padecen las y los jóvenes del territorio.  Las organizaciones juveniles de Buenaventura han decidido dar un paso adelante en su desarrollo y contribuir de manera significativa a la generación de recursos en la región a través de la gestión empresarial. Según lo manifiesta Brayan Montaño, director de la Fundación PROYPAZ es importante entender este ejercicio en varias vías: 1.     Retos que asumen las organizaciones: lograr diferenciar el ejercicio del activismo que se ha ejercido en momentos coyunturales, pero que también han sido constantes dadas las particularidades del territorio, y eso podría convertirse en un factor distractor del proceso de autosostenibilidad. 2.     Además, poder superar la mentalidad que desde lo social se ha gestado de comprender la financiación por parte de terceros y no como ese gran paso de entender que desde lo social también se pueden generar ofertas que logren sostener sus acciones más allá de la puesta en marcha de proyectos sociales y comunitarios. 3.     Desde las organizaciones juveniles también se podría apostar por la prestación de servicios dado las habilidades que estas organizaciones han adquirido en el territorio. Se puede desde lo social generar ejercicios de empoderamiento económico. Las organizaciones sociales deben comenzar a verse como empresas. Los emprendedores y las personas que se les asignó un lugar para sus emprendimientos e iniciativas tienen una oportunidad muy grande, que se debe aprovechar, pueden ser promotores de economías, populares y circulares, de acuerdo con lo expresado por Farid Rodríguez miembro de Eleggua y becario de la Escuela de Liderazgo Juvenil en Buenaventura.  En esta medida es importante indagar sobre ¿ Qué es más difícil en Buenaventura, emprender o sostener los procesos sociales y comunitarios?, Danny Vanegas líder de la asociación jóvenes emprendedores de paz, sostiene que, mantener los procesos organizativos sigue siendo un reto en un territorio como este, el contexto en las zonas de influencia de sus acciones es difícil y siguen estando en la mira de actores armados ilegales que operan en estas zonas, los líderes están expuestos a todo tipo de riesgos. El camino de lo organizativo a la gestión empresarial es una apuesta ambiciosa, pero necesaria para las organizaciones juveniles de Buenaventura, con esta iniciativa, se busca empoderar a los jóvenes, fomentar el emprendimiento y asegurar la sostenibilidad económica y organizativa. Esta transición no implica dejar el quehacer como organizaciones de base y defensoras de derechos humanos, sino un canal de generación de oportunidades para continuar impactando a la juventud bonaverense.

Por: Álvaro Martínez El 2, 3 Y 4 de septiembre la Facultad de Ingeniería realizará el 2do CONGRESO DE ENERGÍA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA de la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá. El evento se desarrollará durante los dos primeros días en las instalaciones de la universidad con conferencias técnicas alrededor de cuatro ejes temáticos principales: Energía y Tecnologías, Energía y Biodiversidad, Energía y Desarrollo, y Energía social. En este evento se contará con la presencia de conferencistas de la Fundación Pares, y de diferentes organizaciones, empresas y entidades del sector, con múltiples visones y experiencias alrededor de la Transición Energética.   Además, el día 4 de septiembre en la sede de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes (Uniandinos), El Centro de Pensamiento para la Transición Energética, la Gobernanza y la Paz de la Fundación Pares liderará el cierre del evento con la instalación de 4 mesas de incidencia alrededor de los ejes temáticos del evento, en alianza con agencias como Isópolis, la AHK, el CEET del SENA y el Fondo Emerger. Para el desarrollo de estas mesas, se espera una participación plural de agentes interesados en los diferentes desarrollos técnicos, sociales, sociopolíticos y ambientales de la Transición Energética en Colombia y, desde el día de hoy, se abre convocatoria de inscripciones. Son bienvenidos: estudiantes, profesores, servidores públicos, empresarios, líderes comunitarios, lideres gremiales o sindicales, gestores ambientales y, en general, diferentes agentes de la sociedad civil interesados en hacer parte de la discusión en materia de Transición Energética en Colombia y sus implicaciones en la sociedad y los territorios. Si usted desea participar en estas mesas de incidencia, puede inscribirse en el siguiente formulario y escoger la mesa técnica en la que desee participar. 2do Congreso Energía y Transición Energética ( eventtia.com ) Las discusiones se realizarán desde las 9:30 a.m. hasta las 12:30 a.m. en las instalaciones de Uniandinos (Calle 92 # 16 – 11, salones: Fundadores y Presidentes) y serán la base para las discusiones que se llevarán a cabo en el 1er Congreso de Gobernanza para la Transición Energética y la Paz, de la Fundación Pares, en el mes de noviembre en la ciudad de Santa Marta. En el marco de este evento Caribe también se abrirá un espacio a los ganadores del concurso de posters del Congreso de Energía Uniandes para que puedan exponer sus ideas para la Transición Energética en Colombia en la ciudad de Santa Marta. Está abierta la convocatoria de posters del 2do Congreso Energía y Transición Energética de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes ( pares.com.co ) La asistencia será de entrada libre con registro previo en los enlaces oficiales de la universidad. 2 y 3 de septiembre: Conferencias técnicas magistrales - Universidad de los Andes (Auditorio A, edificio Mario Laserna) 4 de septiembre: Mesas de incidencia - Uniandinos (Calle 92 # 16 – 11, salones: Fundadores y Presidentes)

Por: Cristian Florez Pasante de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil  A cuatro meses de inicio de las Escuelas de Liderazgo Juvenil es pertinente hacer una radiografía de cómo ha avanzado este proyecto. En este caso nos enfocaremos en Cúcuta y Tibú, municipios de Norte de Santander en el que se encuentran 32 becarios, de los cuales hay 11 mujeres y 5 hombres en Cúcuta, y 10 mujeres y 6 hombres en Tibú respectivamente. Dentro de este grupo hay gran variedad poblacional, en el que hay jóvenes estudiantes, victimas del conflicto armado, campesinos, población afro y LGBTIQ+, representantes de diferentes organizaciones juveniles que le apuestan a la construcción de paz y transformación social desde diferentes enfoques. El proyecto está dividido en 4 módulos centrales, a la fecha se han completado 2 de estos, mientras que los otros están en desarrollo. Así pues, el primer eje está centrado en la planeación territorial e incidencia pública , la cual está enfocada en realizar un estudio, análisis y recomendaciones de los Planes Municipales de Desarrollo correspondientes a cada territorio, desarrolladas del 3 de abril al 17 de mayo. La última sesión de este primer eje estuvo centrada en encuentros ciudadanos con actores claves del territorio para la realización de alianzas e incidencias de cara a los Planes Municipales y departamentales de Desarrollo, por medio de una agenda e iniciativas de los jóvenes del programa. Por un lado, los espacios de incidencia que se dieron junto con la alcaldía de Cúcuta fueron importantes para reconocer la labor social y cultural de las barras de fútbol. Esta iniciativa, que se reconoció bajo la categoría de barrismo social —que se ha venido adelantando desde el plan decenal de convivencia en el futbol 2014-2024 la cual tiene por objetivo erradicar la violencia en el futbol dentro y fuera de los escenarios deportivos— se puede encontrar en el Plan Municipal de Desarrollo, en la sección 7.1.9, en el que reconoce el papel transformador del barrismo. En este sentido, el barrismo social es definido como “acciones encaminadas a redimensionar las formas de expresión y las prácticas de los integrantes de las barras de futbol que inciden negativamente en los ámbitos individual, comunitario y colectivo, y de potenciar los aspectos positivos que de la esencia del barrismo deben rescatarse” (Plan decenal de convivencia en el futbol 2014-2024).  La participación de los y las jóvenes se tuvo en cuenta en todos los aspectos, tanto así que se creó una mesa sectorial para la población barrista y vincular sus propuestas en el Plan Municipal de desarrollo. La reorientación social y cultural alrededor del barrismo supone un gran avance al llegar a lo institucional. La s ecretaria de posconflicto fue una pieza fundamental en el proceso de acompañamiento y direccionamiento, evidencia una voluntad política para seguir con estos procesos. Primer encuentro ciudadano en el Concejo de Cúcuta educación. En este primer encuentro orientaron la propuesta de creación de una política pública de juventud para el Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027. A su vez, en reunión con estudiantes de la Escuela de Liderazgo Juvenil y funcionarios de la Alcaldía Municipal, entre ellos la secretaria de Desarrollo Social María Fernanda García y el Enlace de Juventudes Gregorio Moncada, se definió: ·      el apoyo al fortalecimiento de los espacios de participación como el Consejo Municipal de Juventudes y la Plataforma Municipal de Juventudes; ·      El acompañamiento a los emprendimientos liderados por los y las jóvenes; ·      La vinculación de sesenta jóvenes a una propuesta educativa liderada por el ISER y que llegará al municipio en el segundo semestre de 2024. Propuestas que contarán con el seguimiento de Pares para su respectiva implementación.  Primer encuentro ciudadano en Tibú Ahora bien, el segundo módulo de Gestión de proyectos y emprendimiento social para la paz estuvo centrado en el fortalecimiento de proyectos de los y las jóvenes, formándolos en la formulación y gestión de proyectos productivos que aporten a la construcción de paz, al sostenimiento de las organizaciones juveniles y al trabajo colectivo en comunidades. Se habilitó además un fondo económico para apoyar las necesidades que van surgiendo de los proyectos e iniciativas sociales lideradas por los y las jóvenes. Al finalizar este módulo, se eligieron tres iniciativas por municipio que serán implementadas en el mes de octubre. Las y los jóvenes al momento de plantear sus proyectos siguieron una hoja de ruta que los ayudará a cumplir sus objetivos. Allí, en un principio identifican la problemática que existe en sus comunidades, realizan la justificación de su proyecto y plantean los objetivos, tanto general como específicos. Ya establecido este proceso, se identifica la población beneficiaria, los resultados esperados del proyecto, y las actividades a realizar para lograrlo. En la tercera parte se realiza el cronograma correspondiente, el presupuesto necesario para ejecutarlo, los mecanismos de monitoreo y evaluación, finalmente se hace el estudio de sostenibilidad tanto en lo financiero como lo operativo. Dentro de los proyectos formulados encontramos una gran variedad de temas e intereses, a continuación, destacamos los siguientes: -       Festival Mujeres Emprendiendo Paz. -       Goles por la Juventud y la Vida. -       Sembrando conciencia colectiva ambiental Como ya habíamos mencionado, actualmente el proyecto está en su tercer módulo de financiación y sostenibilidad de la mano con el fondo económico ya mencionado, se busca apoyar a las organizaciones juveniles en la formulación de proyectos y búsqueda de financiamiento para iniciativas de paz y desarrollo, buscando su sostenimiento en el tiempo. Finalmente, tenemos el módulo de Fortalecimiento Organizacional , que iniciará en septiembre, con el objetivo de dotar a los becarios de herramientas para fortalecer la estructura y el funcionamiento de organizaciones juveniles en sus comunidades, incluyendo aspectos financieros y administrativos. Vemos con buenos ojos el proceso que se ha logrado con las organizaciones juveniles y sus líderes y lideresas, a través de la transformación de sus territorios por medio de la acción política. También reconocemos en este esfuerzo transformador a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  por su apoyo financiero dentro del marco de la focalización territorial de la Cooperación Española para el período 2020–2024. Esperamos continuar con el seguimiento de las Escuelas de Liderazgo Juvenil, sus impactos en la comunidad, y los proyectos que se ejecutarán a futuro.

Por: Katerin Erazo, Periodista El presidente, Gustavo Petro, ha planteado una propuesta para la crisis política que atraviesa Venezuela, sugiriendo un modelo similar al Frente Nacional colombiano como una solución transitoria que permita avanzar hacia la estabilidad. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro señaló que una experiencia de alternancia en el poder entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición podría ayudar a lograr la paz y prosperidad en el país vecino. Esta idea surge en un contexto de creciente tensión luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyos resultados no han sido verificados de manera independiente, generando dudas tanto dentro como fuera de Venezuela. El Frente Nacional colombiano, propuesto por Petro como referencia, fue un acuerdo entre los partidos Liberal y Conservador que rigió en Colombia entre 1958 y 1974. Este pacto surgió como respuesta a la violencia bipartidista que había azotado al país durante décadas y la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. La alternancia en el poder y la distribución equitativa de los cargos públicos entre los dos partidos tradicionales permitió restablecer la estabilidad democrática en Colombia, aunque a costa de la exclusión de otros movimientos políticos, lo que a la larga contribuyó al surgimiento de nuevos conflictos armados. El contexto venezolano, sin embargo, presenta particularidades complejas. Desde el pasado 28 de julio, las elecciones presidenciales han sido objeto de controversia, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno de Maduro, no ha presentado las actas que permitan corroborar la victoria proclamada del mandatario. Esta falta de transparencia ha llevado a la oposición y a la comunidad internacional a cuestionar la legitimidad del proceso. En respuesta, Petro y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, han mantenido conversaciones para tratar de intermediar en la crisis y explorar posibles soluciones. La propuesta de Petro, en esencia, sugiere la formación de un gobierno de coalición en Venezuela, donde tanto sectores del chavismo como de la oposición puedan participar en la administración, similar a lo que ocurrió en Colombia con el Frente Nacional. Este enfoque coincide con la sugerencia de Lula, quien recientemente planteó la posibilidad de que ambas facciones políticas compartan el poder como una medida temporal para desescalar las tensiones. Lula también ha insistido en la importancia de que se publiquen los resultados electorales y se permita una auditoría independiente, algo que hasta ahora no ha ocurrido. En medio de este panorama, los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y de Brasil, Mauro Vieira, se reunirán en Bogotá para abordar la crisis venezolana como tema central de sus discusiones. Este encuentro se da en un momento crítico, ya que la comunidad internacional sigue presionando por una solución que respete la voluntad popular en Venezuela, sin desestabilizar aún más la región. Mientras tanto, la situación en Venezuela continúa deteriorándose. Informes elaborados por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y la Alianza Rebelde Investiga revelan un preocupante patrón de violencia política que ha afectado principalmente a la oposición. Según estos informes, más del 90% de los actos de violencia registrados durante el periodo electoral fueron perpetrados por organismos del Estado, como la Policía Nacional Bolivariana, que ha sido señalada como la principal ejecutora de agresiones, intimidaciones y detenciones arbitrarias. Estos actos incluyen ataques directos a figuras de la oposición, como el atentado contra la candidata inhabilitada María Corina Machado en Barquisimeto, donde vehículos de su comitiva fueron vandalizados. Ver: ( Desapariciones, deportaciones y detenciones arbitrarias: Los resultados del Tercer Informe de Violencia Político-Electoral en Venezuela ) La violencia no solo se ha limitado a ataques físicos, sino que también se han reportado desapariciones, amenazas de grupos armados y deportaciones de observadores internacionales. En regiones como el estado Táchira, durante la jornada de verificación ciudadana para la auditoría de votos, una persona fue asesinada por disparos de un grupo de civiles armados, mientras que en Maturín, una mujer resultó herida en un incidente similar. Estos hechos subrayan la gravedad de la situación y la urgencia de encontrar una salida que permita restaurar la paz y la confianza en las instituciones venezolanas. Según Alejandro Chala, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Pares, la propuesta de un Frente Nacional en Venezuela planteada por Petro no parece viable por varias razones. En primer lugar, señala que el sistema político venezolano actualmente no lo permite. En segundo lugar, destaca la existencia de una estructura cívico-militar que sostiene al Estado venezolano y que posee dinámicas de legitimidad robustas, difíciles de desafiar. Chala argumenta que la oposición no representa una amenaza significativa al poder en Venezuela, ya que carece de influencia sobre el Ejército y otras subdivisiones clave de la unión cívico-militar, así como en otros sectores políticos.   El investigador subraya además que el Partido Socialista Unido de Venezuela ha consolidado su hegemonía y presencia en todo el territorio nacional, debilitando la organización territorial de la oposición. Comparando con el contexto histórico del Frente Nacional en Colombia, Chala indica que este surgió en un momento de disputa entre un tercer poder, facilitando un acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para gestionar el país y reducir la violencia. En contraste, en Venezuela, no existe un tercero en disputa y Nicolás Maduro, quien detenta el poder, no muestra voluntad ni capacidad para abrir el escenario político a otros actores, a menos que enfrentara una amenaza internacional significativa. En conclusión, Alejandro Chala considera que la propuesta teórica de un Frente Nacional en Venezuela es interesante, pero poco factible sin un ejercicio real de presión que ponga en riesgo el poder de Maduro y su régimen, lo cual es visto como altamente improbable en el contexto actual. En Venezuela, donde la polarización es profunda y los sectores políticos enfrentados tienen visiones irreconciliables, lograr un consenso para implementar un modelo de gobierno compartido requeriría un esfuerzo extraordinario de mediación y garantías de parte de actores internacionales. A medida que se acercan las movilizaciones convocadas por la oposición venezolana para protestar contra los resultados electorales, la presión sobre el gobierno de Maduro aumenta. Las protestas, que se esperan también en varias ciudades de Colombia, podrían marcar un punto de inflexión en la crisis, especialmente si se produce una represión violenta o si el CNE decide finalmente divulgar las actas que hasta ahora han mantenido en secreto. En definitiva, la propuesta de Gustavo Petro, aunque audaz, no deja de ser un recordatorio de los complejos desafíos que enfrenta la región en la búsqueda de soluciones pacíficas y democráticas. La historia del Frente Nacional colombiano ofrece lecciones tanto de éxito como de advertencia, y su aplicación en el caso venezolano podría abrir un camino hacia la reconciliación o, por el contrario, profundizar las divisiones. Lo que está claro es que la situación en Venezuela requiere respuestas urgentes y coordinadas, tanto a nivel interno como internacional.

Por: Daniela Bernier Pacheco Foto tomada de: Ecopetrol Hace unos días, se dio la apertura el Instituto Colombiano de Petróleo y Energías de la Transición (ICPET), en Piedecuesta Santander, donde se contó con la presencia de Gustavo Petro presidente de la República, Andrés Camacho ministro de Minas y Energía, los representantes de la Junta Directiva de Ecopetrol y el presidente del grupo Ecopetrol Ricardo Roa Barragán. Este último señaló que, en el marco del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en el que se habla de: “tener un instituto que promoviera el desarrollo de las tecnologías, el desarrollo de la innovación, el desarrollo del conocimiento y las capacidades para los recursos de la Transición Energética”. Fuente: El Colombiano  De acuerdo a Ecopetrol este Instituto se enfocará su conocimientos y experticia de 39 años en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico en propulsar la Transición Energética en aras de las eficiencias en la producción de hidrocarburos. ¿Por qué se habla de 39 años de experiencia en materia investigativa?, antes el ICPET era conocido como el Centro de Innovación y Tecnología (ICP) de Ecopetrol, quien desde el año pasado venía colocando en marcha su plan de modernización. Con dicho plan se buscaba fortalecer las capacidades científicas y experimentales del Centro en una primera fase, en la que se establecieron cuatro ejes de acción, dentro de los que se destacan las energías limpias. Para este año, se tenía previsto construir un área multifuncional con plantas pilotos para la captura de carbono, transformación térmica de biomasa, plástico reciclados y otros, para la producción de energía con bajas emisiones. Con el ICEPT se tiene pensando amentar eficiencia de procesos de investigación, a través de tecnologías que permita apalancar proyectos de hidrógeno, energías renovables, bajas emisiones, entre otros. El Instituto pone a su vez en funcionamiento un nuevo laboratorio en el que se tiene proyectado realizar mezclas de hidrógeno y gas natural para generar un combustible con bajas emisiones de carbono, que se pueda transportar mediante la infraestructura domiciliaria de gas. El ICPET cuenta actualmente con 266 investigadores y más de 1.100 trabajadores de empresas contratistas, 10 grupos de inversión reconocidos por MinCiencias, 29 laboratorios y 2.600 equipos de alta tecnología. Y se espera que los próximos años se logre la construcción de un área multifuncional en la que se tiene previsto instalar tres plantas piloto para impulsar captura de carbono, producción de combustibles sintéticos, transformación térmica de biomasa y otros. Podría decirse entonces, que el gobierno nacional en conjunto con Ecopetrol le apunta a la transformación de la matriz energética en el país no solo en el cambio a fuentes de energía renovables no convencionales, sino que también tienen otros ejes como la ciencia, innovación, tecnología e investigación. Sin duda, este es un avance significativo en materia de Transición Energética que permitirá explorar por ejemplo la producción de un combustible a base de hidrógeno y gas natural. Referencias   Ecopetrol [@ECOPETROL_SA] (31 de julio de 2024). ¡El Presidente Gustavo Petro ya está aquí! Juntos, avanzamos hacia un futuro energético sostenible e innovador  [Tweet] [imagen adjunta] X. https://x.com/ECOPETROL_SA/status/1818735442084364791 Ecopetrol [@ECOPETROL_SA] (31 de julio de 2024). ¡Un paso más hacia un futuro sostenible! Acompáñanos a revivir los mejores momentos del evento de inauguración del #ICPET con el presidente Ricardo Roa. [Tweet] [vídeo] X.  https://x.com/ECOPETROL_SA/status/1818814954297835725 Ecopetrol. (2023). Centro de Innovación y Tecnología. ICP de Ecopetrol se prepara para liderar la transición energética justa.  https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/noticias/detalle/centro-de-innovacion-y-tecnologia-icp-de-ecopetrol-se-prepara-para-liderar-la-transicion-energetica-justa Ecopetrol. (2024).  Nuevo Icpet impulsará el futuro de la transición energética de Colombia. https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/noticias/detalle/nuevo-icpet-impulsara-el-futuro-de-la-transicion-energetica-de-colombia#:~:text=El%20ICP%20se%20transforma%20en,impulsar%20la%20energ%C3%ADa%20del%20futuro .

Por: Oscar A. Chala y Diego Alejandro Pedraza investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Este viernes se decidirá quién liderará la Defensoría del Pueblo. El presidente Petro ha ternado a tres mujeres con perfiles ligados a la defensa de los derechos humanos, pero con visiones distintas sobre el rol de la institución. Mientras dos de ellas provienen del reconocido Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y defienden un fortalecimiento de la institución desde la base y una mayor cercanía con las comunidades, la tercera, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, propone una continuidad en la línea institucional. La elección se ha convertido en una batalla política al interior del Congreso, donde el gobierno busca asegurar una votación unánime para una de las candidatas.   El próximo viernes 16 de agosto se elegirá a la próxima defensora del pueblo. Tras la renuncia del exdefensor Carlos Camargo y la interinidad de Julio Luis Balanta Mina, más de 75 hojas de vida fueron aceptadas el 21 de julio por el Departamento Administrativo de la Presidencia, en las que estuvieron, entre otras figuras, Néstor Osuna, exministro de Justicia y Jhenifer Mojica, exministra de Agricultura.   No obstante, el presidente eligió el 8 de agosto de entre estas candidaturas a sus 3 ternadas, dos de ellas con su pasado en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y una de ellas magistrada auxiliar de la Corte Institucional. Con perfiles ligados a la defensa de los Derechos Humanos, la disputa ahora es por conocer si la defensoría queda en la cancha de los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos, o si sigue bajo un perfil más institucionalista.   Una magistrada auxiliar y dos figuras emergidas del Cajar: la apuesta del gobierno por una nueva Defensoría   De las ternadas por el gobierno de Gustavo Petro, dos vinieron recomendadas por organizaciones de derechos humanos y organizaciones feministas, según lo indicó en su momento La Silla Vacía . El primer nombre fue el de Iris Marín, luego vino el de Jomary Ortegón.   Iris Marín Ortiz es abogada experta en justicia transicional y magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Trabajó en su momento con entidades relacionadas a procesos de paz como la JEP, la Unidad de Víctimas, el programa de mujeres de las Naciones Unidas y la Comisión de la Verdad.   En su experiencia destaca también su presencia en los comités asesores del proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, al cual llegó después de su tarea como promotora de la ley de víctimas y restitución de tierras. Si bien no se le puede endilgar una corriente política clara, sí es verdad que su paso por el gobierno de Juan Manuel Santos y su cercanía con las instituciones derivadas del Acuerdo de Paz firmado con las antiguas FARC la hacen cercana al bloque santista cercano al gobierno de Gustavo Petro.   Frente a las propuestas para la Defensoría, Marín considera que el rol de la Defensoría sigue radicando en la legitimidad que tiene la institución  para generar puentes entre diferentes sectores de la burocracia con la población para la defensa de los derechos humanos, antes que dotarle de funciones sancionatorias y persecutorias, por lo que se espera que Marín no genere mayores transformaciones dentro del aparato institucional de la Defensoría, ni que termine por mover cualquier proyecto que amplíe sus funciones.   Por su parte, Jomary Ortegón es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en derecho constitucional, estudios de género y derecho penal y magister en estudios latinoamericanos. También es la actual vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).   Ortegón ha tenido relevancia por los casos que ha asumido, entre ellos el litigio de 60 casos de violaciones de Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la defensa de figuras y eventos importantes de la política nacional ante el mismo ente, como el caso de la destitución de Gustavo Petro, el caso de la Masacre de Mapiripán, el caso Palacio de Justicia, el caso Manuel Cepeda Vargas y el caso de la Masacre de la Rochela.   Del mismo modo, Ortegón también tiene relevancia por su rol en el acompañamiento a las denuncias frente a los falsos positivos durante el gobierno Uribe, lo que ha llevado a que sea cuestionada por congresistas del Centro Democrático y por el mismo expresidente, especialmente luego de que se radicara ante la justicia argentina una denuncia contra Álvaro Uribe sobre este tema en 2023, apelando al principio de jurisdicción universal.   Para Ortegón, lo fundamental de la nueva Defensoría gira sobre el fortalecimiento institucional a partir de una restructuración en la relación directa que tiene la Defensoría con entidades como la Procuraduría y la Fiscalía , con el fin de que la entidad tenga mayor relevancia y legitimidad en el territorio, así como las alertas tempranas y los llamados de esta tengan efectos en estas instituciones y consecuencias legales mucho más claras. De igual manera, propone el fomento de la participación comunitaria y la recuperación de los espacios territoriales de la institución.   La terna la cierra Dora Lucy Arias, abogada especialista en derecho constitucional y magister en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Durante sus más de 20 años de experiencia ha representado a las víctimas en diferentes casos donde se presentan casos de graves violaciones a derechos humanos, así como también, a organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas vulneradas y en proceso de reorganización y fortalecimiento organizativo.   Su propuesta está centrada en fortalecer la presencia regional de la Defensoría  en los territorios, destacando la importancia del reconocimiento y de la implementación de políticas públicas y estrategias para proteger a las poblaciones civiles de los territorios más periféricos del país.   De las tres candidatas, ninguna propone una transformación profunda de la Defensoría, ni defienden abiertamente brindarle mayores poderes y facultades frente a las labores que ejercen otras instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría.   La huella del Cajar en esta elección a Defensoría   Que dos de las ternadas sean del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) deja claro que el gobierno ha querido abrir la defensoría a las organizaciones y colectivos sociales. De hecho, ya el pasado 18 de julio, organizaciones de derechos humanos y feministas recomendaron en una carta los perfiles de Jomary Ortegón e Iris Marín para el cargo, resaltando la importancia de que una mujer pudiera asumir aquel rol y del trabajo que las mujeres han ejercido en la defensa de los derechos humanos.   No es para menos. El Cajar nació en 1978 como respuesta ante el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay, en la que muchos de los civiles retenidos por el Estado eran juzgados en tribunales militares, participó en el proceso de Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y ha tenido relevancia en la defensa de los derechos humanos, especialmente en casos de desapariciones forzadas, persecución política, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y masacres.   No por nada tiene muchísima importancia su rol en la construcción de verdad, justicia y reparación frente a la violencia sociopolítica del país durante los últimos años, junto con el acompañamiento a organizaciones de víctimas y la elaboración de informes para los organismos de justicia transicional en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz con las FARC.   Los movimientos y cálculos en el congreso   La elección de la nueva defensora se ha convertido en una verdadera campaña política al interior del Congreso de la República, lo que marca diferencias respecto de campañas anteriores, donde la elección era un saludo a la bandera desde el momento en el que se conocía al candidato respaldado por el gobierno de turno, quien en la mayoría de los casos resultaba electo sin mayor problema por la Cámara de Representantes.   No obstante, la terna presentada por el gobierno generó bastante ruido, especialmente en la oposición de derechas, donde el Cajar no es bien visto por su acompañamiento a las denuncias acerca del paramilitarismo, los falsos positivos y a otros hechos sucedidos durante el gobierno de Álvaro Uribe, como las chuzadas del DAS. Para algunos representantes como Hernán Cadavid, el nombre de Jomary Ortegón genera mucho ruido, pues consideran que ha encabezado una “persecución” contra Uribe y los miembros de su partido desde el Cajar, por lo que consideran que su nombramiento podría ponerlos en riesgo y como objetivo de, lo que consideran, sería una “Defensoría parcializada”.   Ante el temor de que el uribismo en pleno y Cambio Radical decidan votar en blanco o abstenerse de votar por cualquier candidato que les genere ruido, el gobierno se ha movido para apoyar a Iris Marín, quien se ha especulado que es apoyada por Juan Fernando Cristo y el Ministerio del Interior y que, de las ternadas, es la más moderada en su experiencia laboral y posturas frente al nuevo rol que ejercería en la Defensoría.   De hecho, en el reporte Coronell del día 14 de agosto, emitido por la W , se conoció que el gobierno (excluyendo a los partidos de oposición) se ha reunido para lograr el apoyo unánime de los partidos de la bancada de gobierno y de los partidos independientes para ir con un voto en bloque hacia alguna de las candidatas, que en este caso sería Iris Marín.   No obstante, el gobierno se ha blindado en señalar que apoya a las tres ternadas y que no tiene interés por ninguna de ellas, aunque hasta hace unas horas se cantaba que el apoyo estaba decantado por Jomary Ortegón, especialmente luego de la reunión de la bancada del Pacto Histórico con esta candidata , cuyo apoyo ha sido movilizado por Alirio Uribe, quien fuera presidente del Cajar a inicios de la década pasada.   María Fernanda Rangel, según el Reporte Coronell y según fuentes de El Tiempo , ha estado moviendo el apoyo a Marín dentro de la misma Corte Constitucional, donde Marín ha dejado buenos comentarios, al igual que Rangel ha estado buscando apoyos para Marín dentro de las bancadas de la oposición, que sienten resquemor por que llegue Ortegón o Arias a ese cargo.   El gobierno esperaría a tener un voto unánime con la mayoría de los partidos con los que se reunió para poder definir una candidatura única en la tarde del 14 de agosto. Sin contar con los votos de la oposición, el gobierno espera el apoyo de la Alianza Verde, del Partido Liberal, del Partido Conservador y del Partido de la U, con lo que sumaría eventualmente 143 votos de 187 posibles, aunque con la potencial posibilidad de que congresistas de estas bancadas decidan votar en blanco, la cantidad de votos que sumaría la candidata que apoye el gobierno estaría sobre los mismos 110~115 votos con los que cuenta el gobierno en la plenaria de Cámara.   Los retos para la nueva defensora del pueblo   Según Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la nueva defensoría tiene varios retos por cumplir, especialmente tras la gestión de Camargo que, según varios analistas, se ha considerado bastante sutil y con poca incidencia dentro de la defensa de los derechos humanos en el país.   1.     El primer reto radica en la consolidación de una Defensoría eficiente, sin que esté mediada por el intercambio burocrático  a congresistas a cambio de los votos necesarios para ser elegida en el cargo. Para Bonilla, el que ninguna de las tres venga del mundo de la política las hace susceptibles a operadores políticos que busquen entregar su apoyo a cambio de cargos dentro de la entidad, apetecida por tener más de 4000 puestos y que históricamente ha sido un bastión del Partido Liberal.   2.     Un segundo reto tiene que ver con el aumento de la capacidad de la Defensoría , especialmente frente a la carga laboral de la mayoría de los funcionarios, que suele ser alto frente a las necesidades de la institución y que en muchos casos no suele dar abasto.   3.     Según Bonilla, también es necesaria una “desclientelización” de la Defensoría , especialmente a nivel local y regional que permita recuperar la independencia y representar de manera adecuada la mayoría de los intereses de las comunidades, reconstruyendo la confianza existente previamente y reactivando las labores de la Defensoría, que a causa del clientelismo ha tenido menor incidencia a nivel territorial.   4.     Es necesario resolver los cuellos de botella existentes dentro de la gestión de la Defensoría, especialmente frente a su incidencia territorial contrastada con las pocas facultades que tiene.  Bonilla pone el ejemplo de las alertas tempranas, en las que considera que los funcionarios no están pendientes de generar las alertas tempranas y atenderlas, sino de que los entes de control no estén encima de ellos, además de la incapacidad de la defensoría por brindar información de análisis a nivel territorial, puesto que se ha convertido en fuente de análisis y datos, pero carece de un sistema de información y análisis más concreto.   5.     Finalmente, Bonilla señala que el reto más grande de la Defensoría radica en su relación con el Ministerio del Interior , especialmente en la consolidación de la Política Nacional de Protección y Prevención de la labor de líderes y defensores de Derechos Humanos, y a la dispersión de los instrumentos e instancias para atender estos casos. Además, porque el trabajo mancomunado debería ir frente a la capacidad de traducir lo que indica el sistema de alertas en acciones de acuerdo con la capacidad del Estado y a las capacidades de los entes regionales y locales.

Por: Redacción Pares Desconfía de una persona que afirme que todo tiempo pasado fue mejor. Esa nostalgia la pueden tener, si acaso, los grandes imperios, las civilizaciones que avanzaron creando inventos, leyes, que nos fueron quitando las ataduras. Pero Colombia no. En Colombia son necesarios los cambios, algunos que ni siquiera sabíamos que eran necesarios. Las historias ya las conocemos. En reuniones familiares escuchamos a un primo recordar las travesuras de algún abuelo. Contar, entre risas, que el abuelo Eusebio se robó a la abuela Magola cuando esta tenía 14 años. El tenía 35 “pero la edad no es un impedimento para el amor” Tuvieron 12 hijos y se amaron hasta el final, en uno de esos matrimonios “que ya no se dan”. La familia aplaude, ve fotos con nostalgia. Nadie se cuestiona si lo que cuentan como el inicio de una estirpe no es más que la historia de una violación que se perpetuó legalmente. La costumbre, que parece bíblica, aún es legal en Colombia y se practica. Si se tienen los permisos legales una familia puede otorgarle la obligación -el yugo- a una niña de casarse con un hombre mucho mayor que ella. El Congreso está intentando quitar esta ley a como de lugar. En 1886 se aprobó una Constitución que según Rafael Núñez era tan perfecta “que estaba escrita por los ángeles” un año después se aprobó un artículo del código civil en donde se dio vía al matrimonio infantil en Colombia. Como bien lo reseña el diario El País de España una de las grandes impulsoras de esta idea es Angela Anzola, directora de la fundación Plan. El Ministerio de Educación aprobó el proyecto de ley que busca blindar la protección de los menores para que tengan un mejor desarrollo de su personalidad. No casarse a tan temprana edad es al menos uno de esos primeros pasos. Según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de julio del 2022 se solicitaron 400 permisos para permitir que menores se casaran. Mientras que la Superintendencia de Notariado y Registro reportó que 114 chicxs se casaron en 2023. Antes de la pandemia la UNICEF entregó un informe titulado “Análisis de situación de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en Colombia (2010-2020)” las cifras no pueden ser más escabrosas: 31.718 niñas entre 10 y 14 años se casaron en Colombia en el año 2020. Las niñas casadas a edades tan tempranas viven en carne propia dos crímenes, secuestro y violación. No tienen derecho a elegir entre ser madres o no. Su cuerpo no les pertenece. El cuerpo como botín de guerra se sigue usando en territorios donde el conflicto arrecia. En Arauca y Catatumbo, donde la fundación Paz y Reconciliación tiene enlaces territoriales, se denuncian como el comandante de un grupo armado se obsesiona con una niña y la familia voluntaria o obligada por el poder de las armas, no tiene otro camino que entregar a la menor. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda para el 2018 470 mil niñas y niños de este país estaban casados o vivían en Unión Libre. Esto afecta directamente no sólo la salud de los afectados sino que la interrupción de su ciclo educativo perjudica directamente las expectativas laborales. Casarse temprano es una de las formas para estar condenado a la pobreza. En la Comisión Primera del Senado, el pasado 6 de agosto, se inició la discusión. La propuesta está liderada por la congresista Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso y Clara López del Pacto Histórico. Es de resaltar que por lo menos, desde el 2007, 10 veces se ha intentado tumbar este código civil que es una clara invitación a la pedofilia. Fue precisamente el partido Conservador quien presentó la propuesta de tumbarlo por primera vez en el 2007 y que el propio Alvaro Uribe como senador también lideró esta propuesta. Después de tantos esfuerzos el pasado 14 de agosto La Comisión Primera del Senado aprobó el tercer debate de ese articulado. Se está muy cerca de prohibir esta práctica atroz. Sólo le falte el trámite de un debate del senado para tumbar un código que convierte en legal que una niña de catorce años se case con alguien veinte o más años mayor. En eso hay suficiente consenso. No hay un solo congresista lo suficientemente vil y retardatario que lo impida.

Por: Redacción Pares El domingo en la noche la guerra volvió con todo al Chocó. El anuncio de paro armado por parte de este grupo, que no pudo renovar el cese al fuego con el gobierno el pasado 3 de agosto, tiene confinados a cerca de cincuenta mil personas en ese departamento, sobre todo al sur. En Istmina, Sipí y Medio San Juan se vive una verdadera crisis humanitaria. Desde hace tres días las calles están solas y las canoas varadas. Por sus calles sólo pasean los fantasmas. En Sipí, desde el domingo, se han desplazado más de 70 familias. La semana pasada, en Istmina, también fueron obligadas a dejarlo todo un número similar de personas. La excusa que ha mostrado el ELN ante una acción que pone en evidencia el congelamiento de la mesa de negociación con el gobierno es la confrontación que tiene por el territorio con el Clan del Golfo. La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, afirmó que la utilización de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, principales arterias fluviales y de transporte que tiene el departamento, ha impedido la cotidianidad de sus pobladores. Además se tiene la certeza de que el ELN está cercando con minas antipersonales el territorio. La respuesta del gobierno ha sido desplegar en esa zona cinco mil oficiales en puntos estratégicos del departamento, sobre todo en el sur donde están siendo afectadas 84 comunidades étnicas. Mario Alvarez, obispo de Quibdó, ha hecho un llamado porque la situación empeora con el correr de las horas ya que no hay cómo atender a ancianos que necesitan medicinas y niños que deben ir al colegio. La situación es tan grave que ya cada vez más son las voces que alertan sobre un posible desabastecimiento en estos municipios. La opción que les queda a los habitantes en Sipí es salir a como dé lugar y como sea del lugar. Entre los desplazados se han contado cerca de 50 niños. Mientras en Sipí no hay gente en la calle en Istmina hay gente durmiendo en la calle porque, al ser sacada de sus casas no tienen a donde ir. Así lo afirmó el alcalde Jeison Mosquera. Estas acciones están comandadas por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez que siempre ha desconfiado públicamente de las negociaciones del ELN con el gobierno. El 30 de marzo del 2023 lanzaron un comunicado donde cuestionaron las alianzas con políticos tradicionales del gobierno Nacional y los problemas que hay para la reforma política y la de la salud. Las imágenes que varios noticieros mostraron sobre la soledad en Sipí, Chocó, muestra la desolación de un territorio que necesita urgentemente una salida negociada al conflicto en donde ellos, la población, puedan tener una participación más determinante:

Por: Redacción Pares El 23 de octubre del 2019 las organizaciones defensoras de derechos humanos, la Asociación Minga, las corporaciones jurídicas, Yira Castro y Humanidad Vigente, y la Comisión Colombiana de Juristas, le entregaron en Arauca a una comisión de la JEP un expediente en donde se registraban más de 100 casos de falsos positivos perpetrados por militares en Arauca. Estos crímenes habían sido cometidos entre el 2002 y el 2008. En este departamento la impunidad en estos casos, sobre esa época, era profunda. En un aparte del informe se escribe: “la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales de Arauca completan más de una década en etapa de indagación, sin que haya habido un adecuado impulso procesal por parte del ente investigador que conlleve a su esclarecimiento y a una ejemplar sanción a los responsables”. En ese documento entregado a la JEP se develaban patrones que se habían visto en otros lugares del país donde se realizaron estos hechos: en Arauca también sucedía que campesinos eran pasados por guerrilleros dados de baja en combate. Les ponían, una vez muertos, camuflados y botas de caucho. Las operaciones en los que se hacían estos supuestos combates eran hechas a partir de información de inteligencia defectuosa y los propios militares eran conducidos por guías civiles que entregaban a estas personas inocentes. Había un método que se seguía a rajatabla y que correspondía al afán que se tenía, en la época de la seguridad democrática, de mostrar resultados en el ejército a partir de los litros de sangre entregados a sus superiores. En Arauca se mantenía un silencio cómplice hasta ese año, donde las organizaciones de víctimas, cansados de la impunidad, decidieron actuar por cuenta propia. Los soldados se defendían diciendo que en ese departamento ellos tenían que actuar a diestra y siniestra porque eran atacados por avanzadas múltiples de guerrilleros: sin embargo no se reportaban casos en estas operaciones de militares heridos. Ante esto, los uniformados afirmaban que lo que usaban estos guerrilleros eran armas blancas como cuchillos y puñales, algo que pocas veces se ha constatado en la historia de las confrontaciones. Además los militares tenían una renuencia a hablar de sus superiores, los que habían dado la orden. Esto empezó a cambiar desde ese año cuando cada vez era más común ver como en audiencias de la JEP los soldados empezaban a revelar nombres de oficiales responsables de estas operaciones. Así surgió en el 2020 el nombre del general Carlos Ovidio Saavedra Saenz, implicado en varios hechos de falsos positivos en Norte de Santander. Como comandante de la Segunda División del Ejército en el Catatumbo Saavedra Sáenz fue señalado de participar en 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas. El lo negó todo, aunque se entregaron audios que lo incriminaban. En uno de ellos él afirmaba lo siguiente a uno de sus coroneles: “Usted sabe cuál es su compromiso, mi coronel. Usted sabe cómo tiene que trabajar allá. Usted sabe que es un área, es el área estratégica No. 1 de la Segunda División. Ahí lo que hay es bandidos, usted dispara, hace un tiro y mata a tres bandidos […] Usted tiene que dar resultados, necesito los muertos”. Con Saavedra Sáenz se repiten todo el tiempo las mismas frases con las que el ejército alentaba a tener resultados. El general en ese momento negó todo ante la JEP y al caso le pusieron unos puntos suspensivos. El 15 de agosto del 2003, en el diario El Tiempo, encuentro un artículo que dice: El dilema del general. El periódico en ese momento se preguntaba por los resultados que mostraba en cuanto a bajas la Séptima Brigada en Arauca contra la insurgencia. Sin embargo, este era uno de los departamentos más azotados por el ELN. Esto dice El Tiempo en la nota de ese momento sobre los resultados que presentaba la Séptima Brigada a cargo del general Saavedra: “esta unidad militar es la segunda en resultados operacionales en todo el país y el Batallón de Infantería 21 Vargas, que opera en la región del Ariari, adscrito a la Séptima Brigada, es el primero del país, pues es el que más numero de bajas enemigas presenta.Sin embargo, resulta paradójico que la región del Ariari es donde más ha atacado la guerrilla en el último año, pues municipios bajo la jurisdicción del Batallón 21 Vargas como Puerto Lleras y San Martín son los que más han sido blanco de los ataques por parte de los grupos armados”. El secreto podría estar en la práctica de falsos positivos. Cuatro años después de su primer llamado por primera vez, la JEP vuelve a citar al general Saavedra para responder por más de 100 falsos positivos en Arauca. Los casos de falsos positivos en este departamento, olvidados en el pasado gobierno, han tenido preponderancia en este. Incluso en octubre del 2023 el ministro de defensa Iván Velásquez viajó hasta Arauca a pedir perdón por ocho víctimas de ejecuciones extrajudiciales en ese departamento. Sobre el general la JEP afirmó lo siguiente: “La Sala ha encontrado que, el desarrollo de las operaciones militares en las que tuvieron lugar los hechos previamente referidos pudo involucrar las funciones de mando y control a cargo del señor Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, como comandante de la Séptima Brigada. Adicionalmente, en múltiples versiones voluntarias practicadas se hizo referencia al señor Saavedra Sáenz o al ejercicio de las competencias propias del cargo que desempeñó”. Una de esas fue un bombardeo realizado contra el Bloque Centauros en donde habrían caído varios civiles que fueron pasados por paramilitares. El nombre de este general ha salido en innumerables informes presentados por asociaciones de víctimas que esperan se haga por fin justicia.

Por: Redacción Pares Viviana León, directora de la Imprenta Nacional, anunció que ellos serán quienes expedirán los pasaportes desde septiembre del 2025. Lo que ha traído interrogantes que hasta ahora no han sido resueltos es saber qué compañía hará la transición ya que el próximo 3 de octubre terminará contrato con el actual operador, Thomas Greg & Sons . Desde marzo el gobierno nacional entró en conflicto con la compañía, que en Colombia es manejada por la familia Bautista quien manejó el tema de los pasaportes durante 18 años. Ese conflicto le costó el puesto, por ejemplo, al entonces canciller Alvaro Leyva y es posible que Colombia deba pagar una megamillonaria demanda por incumplimiento del contratoLeón no tiene la respuesta de quién será el encargado de cubrir el periodo que va entre octubre del 2024 y septiembre del 2025. Si no se tiene un oferente pronto y confiable miles de colombianos que tienen que renovar el pasaporte en ese lapso de tiempo podrían verse perjudicados. Pero allí no terminarían los riesgos. Desde el 10 de febrero del 2016, cuando Juan Manuel Santos firmó la exención de la visa Shengen, los colombianos ´podían viajar a ese continente sin necesidad de ese trámite. Se abrían las puertas para 26 países de Europa. Este privilegio podría terminar con el periodo que cierra Thomas Gregg. Los estándares de calidad que tendrían este pasaporte en materia de seguridad difícilmente los podría ofrecer el nuevo proveedor. Tumbar privilegios no es fácil y siempre traerá algún tipo de daño colateral. No obstante, en la búsqueda del mejor servicio y asegurando transparencia y pluralidad en el oferente, Thomas Greg  & Sons presentó propuesta para quedarse con un contrato desde el 2025. Sin embargo, las posibilidades de que ellos lo obtengan son mínimas. Viviana León, desde la imprenta nacional afirmó que lo que se hará es una alianza internacional entre el gobierno colombiano y otro. De ese trámite se está ocupando el canciller Murillo. En marzo del 2024 el canciller -entonces encargado- Murillo afirmó que no firmaría la renovación del contrato con Thomas Greg  & Sons porque lo consideraba “irregular”. Es oportuno recordar que en ese momento el secretario general de la cancillería, José Antonio Salazar, reactivó una licitación en donde el único oferente era la famosa empresa de seguridad. El presidente Petro lo que buscaba era cortar ese monopolio. A pesar de algunos problemas que ha presentado la Imprenta Nacional en la expedición de cédulas de extranjería, este es uno de los emblemas de Colombia. Fundada en 1894, el Gobierno contó con una verdadera imprenta oficial a partir del 18 de mayo de 1894 cuando, en la presidencia de Miguel Antonio Caro, se adquirió la que entonces era la mejor imprenta de Bogotá: la de "Echavarría Hermanos", en cuyas instalaciones se organizó definitivamente la Imprenta Nacional. Se emitió entonces el Decreto Ejecutivo número 504 que la dejaba bajo la dependencia del Ministerio de Gobierno. Lo que se espera es que la movida de los pasaportes no vaya afectar a colombianos que están esperando renovar y obtener pasaportes y que el cambio de operador no afecten medidas tan importantes como la exención del requerimiento de Visas para entrar a Europa.

Por: John Correa Romero Foto: Ministerio de Minas y Enegía En un anuncio reciente desde Barranquilla, el Ministerio de Minas y Energía confirmó la creación de la Empresa Energética del Caribe, un proyecto ambicioso que promete abastecer a más de 2.7 millones de hogares en la región y poner fin a las altas tarifas de electricidad que han afectado a la población. Esta iniciativa busca replicar el éxito de modelos como el de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB), integrando la gestión de energías renovables como la solar, eólica y la futura producción de hidrógeno. El ministro de Energía, Andrés Camacho, destacó que este proyecto representa un paso fundamental hacia la autonomía energética del Caribe, aprovechando las condiciones climáticas favorables de la región, como la abundancia de sol y viento. Además, se acordó renegociar los contratos entre las comercializadoras de energía Aire y Afinia con las generadoras, y se establecerá un marco regulatorio especial para proteger a los usuarios más vulnerables. Foto: Ministerio de Minas y Energía Sin embargo, aunque el anuncio ha sido recibido con optimismo por muchos, no todos comparten la misma visión. Críticos del proyecto señalan que la simple creación de una nueva empresa podría no ser suficiente para resolver los problemas estructurales que han llevado a las elevadas tarifas. En particular, apuntan a la necesidad de una reforma profunda en la infraestructura energética existente, que se encuentra deteriorada, y advierten sobre el riesgo de que este nuevo proyecto termine siendo una promesa más, en lugar de una solución efectiva. La región Caribe, conocida por sus altas temperaturas, depende en gran medida de la electricidad para mantener un nivel de vida adecuado, lo que ha hecho que las tarifas actuales resulten inasequibles para muchos hogares. Este contexto, combinado con el deterioro de las redes eléctricas y decisiones regulatorias pasadas, ha agravado la situación. El éxito de la empresa energética del Caribe dependerá de la implementación efectiva de los proyectos renovables propuestos y de la capacidad del gobierno y las administraciones locales para gestionar el proceso de transición energética de manera inclusiva y sostenible. De lo contrario, esta iniciativa podría convertirse en otro proyecto fallido en la larga lista de intentos por solucionar los problemas energéticos de la región. La creación de la Empresa Energética del Caribe marca un hito importante hacia la transición energética y la autonomía de la región, pero su éxito dependerá de una ejecución sólida y de la capacidad para abordar los problemas estructurales que han afectado a la región durante años.

Por: Redacción Pares La primera vez que se asesinó a un periodista en Colombia fue el 12 de octubre de 1938. Fue al director del periódico La Voz de Caldas en Manizales, Eudoro Galarza Ossa, que había publicado unas denuncias sobre el maltrato que el teniente Jesús María Cortés Poveda le daba a su tropa. La respuesta del militar fue ir a la oficina dispararle y desocuparle el proveedor en el pecho. Defendía su honor como uniformado. Desde entonces han sido 180 los periodistas asesinados en Colombia. La gran mayoría de ellos han sido por militares o fuerzas de extrema derecha que han decidido borrar del país cualquier tipo de consciencia crítica. Pasaron cuarenta años, desde el asesinato de Galarza, para que otro periodista muriera. Fue en Cúcuta, el 11 de diciembre de 1977, el director de Radio Guaymaral, Carlos Ramírez Paris, fue asesinado a culatazos por dos miembros de la policía. A partir de allí se desató una violencia que pocos países en el mundo han vivido. En 1979 asesinaron a cinco periodistas. Sin embargo, el peor año fue 1986. Allí el narcotráfico empezó a ser un agente determinante a la hora de lanzar su ofensiva contra la prensa. Ese año fueron asesinados siete periodistas. Todos importantes aunque el que tenía mayor notoriedad era Guillermo Cano, director de El Espectador, diario sobre el que Pablo Escobar montó una persecución. Una investigación de la periodista María Jimena Duzán significó para el capo del Cartel de Medellín ser desenmascarado, perder su capital político, el que esperaba ver crecer, después de ser publicada una foto en donde develaba su pasado criminal. La respuesta de Escobar fue asesinar a Cano. El narcotráfico y los grupos paramilitares acabaron con periodistas valientes como Jorge Enrique Pulido. En 1989 lo mataron a él y a otros catorce periodistas más. Quedaba claro que Colombia no era un país en donde se podría ejercer la libertad de prensa. En 1990 Secuestraron a Diana Uribe y a su grupo de reporteros. Ella terminó asesinada después de una torpe operación de liberación ordenada por el entonces presidente César Gaviria. Pero, a pesar de estos antecedentes, nadie estaba preparado para el asesinato de Garzón. Instigado por José Miguel Narváez, quien fuera en años de Uribe jefe de inteligencia del DAS, Carlos Castaño, comandante de las AUC, ordenó asesinarlo. Tenía 39 años y desde su espacio en Radio Net y en CM&, puso el listón muy alto del humor político. Eso fue ya hace 25 años, en 1999, y siguen cayendo periodistas. Este año lo que sucedió en un lugar donde vendían empanadas en Cúcuta no tiene nombre. El domingo 14 de abril mientras desayunaba Jaime Vásquez, periodista y líder social, veedor ciudadano, fue asesinado por un sicario en la residencial zona de la Riviera. Venía, desde hacía meses, denunciando a la clase política corrupta de la ciudad. Era famoso por sus lives en Facebook. Desparpajado, frentero, no parecía tenerle miedo a nadie. En su último live lanzó una frase que se transformó en su sentencia de muerte: “Les sugiero a los sabios que embargaron los carros que echen atrás los procesos administrativos porque el lunes los vamos a demandar”. Las imágenes del asesinato de Vásquez quedaron grabadas en las cámaras de seguridad del local. Amigos del comunicador afirmaron que la policía estaban manipulando su celular horas después de su asesinato. En lo que va corrido del 2024 han sido asesinados cuatro periodistas en Colombia. Todos en región. Ya no se centran en grandes figuras radicadas en Bogotá sino que eligen a los que hacen denuncia desde la Colombia profunda. A los 25 años de la muerte de Garzón su nombre se convirtió en el símbolo del periodista valiente que es capaz de denunciar sin tener que pensar en su propia integridad física. Un ejemplo que siguen valerosos comunicadores en lugares como el Catatumbo y Arauca, completamente desprotegidos pero con la firme convicción de que la verdad es el único camino.