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Por: Lizeth Serrato Contreras. El Ministerio de Minas y Energía dentro de las estrategias implementadas para avanzar en la Energía del Cambio, promovió la convocatoria para la consolidaciones de municipios energéticos en el país, en esta iniciativa se recibieron 427 postulaciones distribuidas de la siguiente forma: Región Andina 191 postulaciones, región Caribe 120, seguida de la región Pacífica y la Orinoquia con 62 y 39, respectivamente, y, finalmente, la Amazonía con 116 postulaciones; pese a que se recibió un número significativo de inscripciones a la convocatoria, se proyecta que solo   15 de las postuladas estén en  funcionamiento a finales de 2024. Pero, ¿en donde quedan las otras 412 comunidades inscritas?  En paralelo a las cifras surge una nueva línea de crédito accesible para municipios, distritos y departamentos es habilitada por el Ministerio de Minas y Energía en asocio con Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter) con el fin de facilitar recursos para que los municipios y territorios interesados puedan financiar proyectos de energías renovables en miras a avanzar en la Transición Energética bajo la estrategia de “Energía del Cambio”.                                                      El pasado 2 de agosto del 2024 el Ministerio de Minas y Energía confirmó, en su portal web, la alianza con Asocapitales, Asointermedias y Fedemunicipios para trabajar de manera articulada en el financiamiento de parques de generación de energías renovables como proyectos propios de las comunidades, de manera que se incursione mas en el mundo de las Energías Renovables y se pueda alcanzar una mayor cifra de municipios y comunidades energéticas en el país. Durante lo corrido del año, el Ministerio de Minas y Energía (MME) ha promovido la convocatoria para la consolidación de municipios energéticos en Colombia, y son justamente los territorios vinculados a este programa lo que les apuntan a la construcción de canchas energéticas de 130 kW y de granjas agro voltaicas de 1 MW para sus comunidades.                                                                         Pero, ¿cómo funciona este proceso? A través de la línea de crédito Eficiencia Energética y Conectividad Virtual las poblaciones interesadas podrán tocar la puerta de Findeter en busca de un respaldo económico para la ejecución de estas iniciativas. En términos de sostenibilidad del proyecto es importante señalar que, una vez ejecutada la infraestructura e instalación de los sistemas de generación de energía, los entes territoriales asumirán el mantenimiento, monitoreo, correcto funcionamiento y apropiación comunitaria para garantizar la permanencia del proyecto. En términos económicos, la línea de crédito como nueva estrategia del Gobierno del Cambio funcionará de manera que los municipios accedan a un préstamo de Findeter que cuenta con una tasa establecida desde el IBR (Indicador Bancario de Referencia) + 0.7% del mes vencido, contando con un plazo 10 años a partir del crédito admitido.  Según la información que brinda el Ministerio de Minas y Energía (MME) estos proyectos están pensados para generar un retorno de la inversión en menos de 25% de la vida útil del mismo, además de brindar utilidades a la comunidad que lo ejecuta después de siete años de la construcción. Ahora bien,  ¿Estas comunidades cuentan con la capacidad económica para asumir estos compromisos? Si bien, se conoce la situación financiera que presentan las poblaciones con relación a las actuales empresas prestadoras del servicio de energía, las condiciones socio-económicas en las que se encuentran gran parte de estas, y la presencia latente de la pobreza energética y de los escenarios de vulnerabilidad en el país, lo que lleva a cuestionar, desde el análisis, lo que realmente representa esta oportunidad de financiación. La idea de que la Transición Energética es una cama lo suficientemente amplia en la que todos los colombianos podemos reposar y descansar del panorama energético actual permite entender que esta estrategia de la línea de crédito busca, bajo cualquier medio, que las poblaciones se conviertan en comunidades energéticas y permitan validar los resultados y mostrar el éxito de las iniciativas del Gobierno; entonces, si la idea es reducir los costos que representa la energía en Colombia, ¿es realmente viable asumir una deuda más?

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Dos días antes de llegar a la mitad del gobierno actual, el presidente Petro sorprendió al país con la publicación de la Resolución Ejecutiva 257 del 8 de julio de 2024. Allí informó, que se creará, a partir de agosto de este año, un nuevo “Espacio de Conversación Sociojurídico” (art. 1) con el Clan del Golfo o la autodenominada organización armada Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Según la Resolución, el objetivo de este Espacio será “verificar la voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho” de esta organización criminal, al tiempo que logre “fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la Ley” (art. 1). Para lograr avanzar en este objetivo, el Gobierno puso al frente al politólogo Álvaro Jiménez Millán, quien fuera el director de la Campaña Colombiana Contra Minas Antipersonal (CCCM) y quien será, a partir de ahora, el coordinador de los representantes del Gobierno nacional en este nuevo proceso de paz (art. 2). Además, en la disposición presidencial, aparecen los nombres de otras personas, como la de María Gaitán Valencia, quien es la nieta del líder caudillo Jorge Eliecer Gaitán y actual directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); y el de Armando Custodio Wouriyu, quien es el representante de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia (ONIC) (art. 3). Está es una muy positiva noticia para el país, a pesar de las críticas que se le puedan hacer. Son varios los factores que permiten ver como un acierto el hecho de que el Gobierno haya decidido conformar este espacio de conversación, que se le une a los tres ya creados en Itagüí, Buenaventura y Quibdó, para un fin similar. Lo más destacable de este nuevo proceso es que involucra en las dinámicas de la política pública de la Paz Total al grupo armado ilegal más grande y poderoso del país, además el que ejerce mayor violencia en más territorios de Colombia. En el informe reciente de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), “¿Plomo es lo que viene?” nos informa que según inteligencia del Estado, los integrantes del Clan del Golfo son más de cinco mil; pero también se habla de datos que elevan a nueve mil su red criminal. En todo caso, el Clan del Golfo está por encima del número de personas que integran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que son alrededor de cuatro mil, y del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), que son alrededor de dos mil quinientos. En cuanto a la presencia del actor armado en los territorios, en el mismo informe de Pares se calcula que este grupo armado se encuentra en la actualidad ejerciendo control criminal en 316 municipios, distribuidos en 24 departamentos del país. Destacándose la expansión que ha tenido en el último año, donde se observa un crecimiento del 17%, al pasar de 270 municipios en 2023 a la cifra actual. Este crecimiento tanto en número de hombres y mujeres como presencia territorial le ha permitido a la organización criminal incursionar y desarrollar negocios ilícitos de toda clase. Hoy se puede decir que no hay negocio ilícito en Colombia donde el Clan del Golfo no tenga las manos metidas. A este grupo delincuencial se le encuentra cometiendo delitos como masacres y asesinatos, confinamientos y reclutamiento de menores, extorsiones y el desplazamiento forzado, control de minería ilegal y tráfico de migrantes. Su red criminal es tan basta que se le haya realizado negocios en tráfico de estupefacientes y de armas con los grandes carteles internacionales. También, construyendo alianzas, vendiendo servicios o asesorando a pequeños grupos criminales en localidades alejadas en departamentos como Tolima o el Huila. Incluso, presionando a gobernantes locales y regionales para que contrate con ellos o les entregue recursos públicos. En síntesis, el Clan del Golfo se presenta como la principal amenaza para la paz del país. Actúan como un gran “holding empresarial criminal”, que tiene relaciones con buena parte de la delincuencia del país. Una empresa criminal que se encuentra en expansión territorial, que viene ejerciendo control social y que tiene la estructura criminal más poderosa de Colombia. De allí entonces que queda claro para el Estado y debe quedar justificado también para la sociedad que es necesario buscar sacar a este actor de la guerra. Ya sea usando la fuerza —mediante la captura de sus hombres y confiscando sus bienes para debilitar sus finanzas— o proponiéndoles el sometimiento a la justicia como lo hace la política de Paz Total. Frente al nuevo Espacio de Conversación son muchas las expectativas que se tienen. Para el Gobierno, por ejemplo, que el Clan del Golfo permita en poco tiempo evidenciar su disposición a acogerse a la ley y aportar a la construcción de la paz; y que el Congreso de la República se comprometa con desempolvar y discutir  el proyecto de ley de sometimiento. Sin embargo, en este texto quiero resaltar una que como analista me interesa explicitar. Espero que por fin, con este nuevo frente de diálogo, se logre avanzar en la propuesta de Paz Urbana con las estructuras criminales organizadas. Desde hace un año, en agosto de 2023, desde múltiples lugares se viene insistiendo en la necesidad de avanzar en los diálogos socio jurídicos que se abrieron en Itagüí —el 2 de junio de 2023—, en Buenaventura —el 18 de julio— y en Quibdó —el 18 de agosto del mismo año —. En los tres Espacios se tiene abierto el diálogo con, por lo menos, 17 grupos organizados. En el Valle de Aburrá son 14, entre los que están las estructuras armadas: El Mesa, Pachelly, Los Pesebreros, Los Triana, Chatas, Niquia, Camacol y La Terraza. En Buenaventura, dos: Los Shottas y Los Espartanos. Y en Quibdó, son tres: Los RPS, Los Locos Yam y Los Mexicanos. Que en su conjunto superan en número, presencia y poder a cualquiera de los grupos con que hoy se negocia la paz en el país, incluido el Clan del Golfo. De allí la esperanza que se tiene de que con la entrada de este “gran actor” a la Paz Total se logre dinamizar los otros Espacios de Conversación que se han instalado desde hace más de un año. Y que, por fin, la Oficina del Alto Comisionado de Paz se mueva a atender el componente olvidado de su política de paz. Pues, el gran tamaño del Clan del Golfo, el poder que tienen en el país y la importancia para la construcción de la paz obliga al Gobierno a no equivocarse en esta nueva apuesta. * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Ghina Castrillón Torres Investigadora Oficina Pares Pacífico El pasado 26 de junio desde la Presidencia de la República se firmó la resolución número 231 de 2024 “por la cual se designa a representantes del Gobierno nacional en el espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Buenaventura” en la que se reconoce a Fabio Cardozo como coordinador del Gobierno en dicho espacio y se anuncia a las otras cuatro personas que lo acompañarán en esta labor. La pasada delegación, coordinada por el congresista del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, estaba conformada por 9 personas, dos de ellas mujeres. La nueva delegación pasa a estar conformada por 5 personas, una de ellas mujer. Pero ¿Quién es ella? Laura: Raíces y Vocación   Laura Fúquene es la única mujer en la delegación de paz del gobierno en Buenaventura. Con apenas 32 años, tiene una amplia trayectoria de servicio comunitario y dedicación a la innovación social. Es oriunda de Toro, Valle del Cauca y desde su paso por la universidad, exploró su vocación de servicio para con las comunidades. Diseñadora Industrial de la Universidad Nacional de Palmira, ha encontrado en la innovación social una manera de replantear el papel del diseño, ahora en pro del empoderamiento comunitario en sus procesos de desarrollo. Fue así como en 2014 llegó a La Barra, una comunidad en Buenaventura, donde, junto con otros compañeros vivieron ahí, durante algunos meses, diseñando y ejecutando proyectos con la ayuda de fondos universitarios, a través de los cuales promovían la creatividad para solucionar problemas cotidianos con recursos limitados, mediante prácticas de gestión participativa. El trabajo de Laura en La Barra marcó el inicio de una conexión con el trabajo comunitario. Esta experiencia le permitió observar que, pese a la aplicación de metodologías participativas, los proyectos no lograban la sostenibilidad deseada, inspirándola a buscar soluciones más integrales. La curiosidad de Laura por las desigualdades socioeconómicas la llevó a estudiar más a fondo la relación entre economía y sociología. su maestría en Chile, estudió desarrollo a escala humana y economía ecológica, y se enfocó en conocer experiencias de desarrollo local y comunitario. Después de la firma del Acuerdo Final de Paz en Colombia, Laura regresó con el entusiasmo de aportarle a la paz con sus nuevos sus conocimientos. Colaboró en proyectos de turismo agroecológico y seguridad alimentaria en diversas comunidades rurales y de excombatientes en departamentos como el Cauca, Valle del Cauca y Guaviare. Estos proyectos se centraron en satisfacer las necesidades locales de manera sostenible y promover la cohesión social entre población campesina, afrodescendiente y excombatiente. Esta experiencia le permitió interactuar con diversas comunidades, enriqueciendo su comprensión de los desafíos que enfrentan las regiones periféricas en el país. Participación en la Delegación de Paz   En su rol actual como delegada de paz, Laura Fúquene enfrenta el desafío de ser la única mujer en un entorno predominantemente masculino. Sin embargo, considera que su capacidad para sintetizar conversaciones y proponer soluciones técnicas concretas es su aporte especial para el proceso que se adelanta en Buenaventura hace un año. Su enfoque en la organización y la argumentación técnica puede ser crucial para avanzar en el diálogo. Dice que Buenaventura le ha enseñado la importancia de la resiliencia y la generosidad. Recuerda que encuentra su motivación en las historias de los niños, las niñas y jóvenes que conoció en La Barra hace ya una década. Laura reconoce las complejidades del diálogo sociojurídico dado que antes de ser delegada, estuvo acompañando el trabajo de Luis Guillermo Pérez, uno de los delegados anteriores, a quien conoce hace algunos años trabajando temas de cooperación internacional. Desde la Super intendencia de Subsidio Familiar, juntos trabajaron en identificar y articular acciones estratégicas para fomentar el empleo en el Valle del Cauca. Su  c olaboración con Luis Guillermo en Buenaventura ha sido fundamental para impulsar proyectos que respondan a las necesidades planteadas desde el territorio y traducidas en la agenda del Paro Cívico, en la que están las transformaciones territoriales que se requieren. La experiencia de trabajar directamente con Pérez le ha permitido aprender profundamente de su convicción y trabajo por la paz de los territorios y los retos que esto implica. Si bien reconoce que, cuando le propusieron se delegada, lo primero que sintió fue susto, el acompañamiento y respaldo de Luis Guillermo le permitieron reconocer que puede brindar grandes aportes al proceso. Cabe recordar que Luis Guillermo Pérez, ex Superintendente de Subsidio Familiar, fue miembro de la delegación del gobierno para el proceso de diálogo sociojurídico en Buenaventura, y actualmente enfrenta una sanción disciplinaria por la Procuraduría General de la Nación, que lo destituyó del cargo y lo inhabilitó por 12 años, como él indica , por haber pedido “ayuda voluntaria y solidaridad a las Cajas de Compensación para respaldar la tregua entre Shottas y Espartanos”. Frente a lo cual la Procuraduría, el pasado 30 de julio, confirmó dicha sanción por dos temas específicamente: la aparente modificación de la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación y solicitar dinero a cajas de compensación vigiladas con lo que utilizó su posición para una finalidad distinta a las establecidas en la ley. Laura considera que el trabajo adelantado por la delegación anterior se complementará de manera efectiva con la nueva delegación, destacando que se ha logrado generar un valioso nivel de confianza con los voceros de los Shottas y los Spartanos. Parte de la nueva delegación ha estado cercana al proceso desde el año pasado y sus integrantes han trabajado en estos temas durante muchos años, lo que garantiza una continuidad en las acciones y estrategias implementadas. Este historial de trabajo conjunto refuerza la posibilidad de seguir avanzando significativamente en el diálogo sociojurídico y en la construcción de paz urbana en Buenaventura.   Sin embargo, en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro el 19 de julio de 2024, los voceros de la Mesa Socio-Jurídica de Buenaventura expresan su preocupación por el inesperado cambio en la delegación del gobierno, subrayando que esta decisión, tomada sin su conocimiento, ha debilitado su confianza en el proceso. Resaltan que la anterior delegación fue fundamental para los avances logrados hasta ahora. Pese a la tensión generada, este cambio puede ser una oportunidad para continuar fortaleciendo el diálogo y tomar medidas para recomponer las confianzas, asegurando así el progreso hacia la paz urbana en Buenaventura. Desafíos para la Paz Urbana en Buenaventura   El día 5 de agosto se divulgó un comunicado firmado por la delegación del gobierno nacional para el Espacio de Conversación Sociojurídica de Buenaventura en donde anuncian la ampliación de la tregua entre Shottas y Spartanos por 90 días más. Decisión tomada el primero de agosto en sesión extraordinaria, la cual contó con el acompañamiento del Obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Misión de Apoyo a los Procesos de Paz – MAPP/OEA Aunque el cambio en la composición de la delegación ha generado ciertas inquietudes en varios sectores de la comunidad, la experiencia y el conocimiento acumulados por la nueva delegación son un punto de partida para asegurar que se mantendrá el enfoque y la dedicación en los objetivos trazados previamente. Al haber estado involucrados en el proceso desde sus etapas iniciales, cuentan con una comprensión de las dinámicas y necesidades locales, lo que les permite abordar los desafíos con una perspectiva integral. No obstante, la falta de una ley de sometimiento colectivo hace que este proceso tenga debilidad estructural ya que limita las herramientas legales disponibles para asegurar un tránsito a la legalidad efectivo.   Además, hay un reto significativo en la comunicación, pues es crucial que las comunidades y los observadores externos perciban transparencia en las acciones de la delegación. La claridad en la comunicación es esencial para construir y mantener la confianza de la población, lo que a su vez es fundamental para el éxito del proceso de diálogo sociojurídico. La nueva delegación deberá esforzarse por mantener un diálogo abierto y constante con todos los actores involucrados, asegurando que las decisiones y avances se comuniquen de manera efectiva y, así, fortalecer el apoyo al proceso.

Por: Redacción Pares Desde 1963, cuando empezaron a llegar los primeros colombianos al Sarare, producto de una primera y fallida reforma agraria, Arauca comenzó a convertirse en un lugar de condiciones especiales en el país. La formación en 1981 del frente de guerra Domingo Laín hizo que esas condiciones se hicieran aún más complejas. Desde entonces el ELN ha mantenido un dominio en ese departamento, cooptando la política, presionando en elecciones y ayudando a poner gobernadores. En este 2024 la confrontación entre el ELN y el EMC, después del rompimiento de una tregua, va a resultar afectando, como siempre, a la población. En este informe se devela además una alianza entre elenos y la Segunda Marquetalia, afincada en el estado limítrofe de Apure, en Venezuela. Entre los avisos que deja este informe se destaca uno que en particular da temor: el regreso de Antonio Medina, hombre fuerte del EMC que llevó zozobra a la población de Tame durante años, fue repelido y ahora se ha aliado con “Los paracos del Casanare”. En Arauca nada cambia. La guerra sigue arrastrando sus terribles números. Durante el primer semestre (enero-mayo) del año 2024, en el departamento de Arauca se mantiene el mismo comportamiento estadístico del año 2023, en cuanto a ataques a la población civil, pues en apenas cinco meses, se han registrado: 30 homicidios, 38 secuestros y 520 personas desplazadas y confinadas. Salvo contadas excepciones, ninguno de los actores armados reconoce su autoría en los hechos de violencia. Cada 72 horas hay una persona muerta o secuestrada en el departamento de Arauca. Al posible retorno de Antonio Medina se suman las amenazas del comandante 10 del frente CCOr del EMC, alias Pescado, que declaró objetivo militar a los líderes de masa de centro oriente. En territorio la Paz Total pasó de ser la luz al final del túnel, a más de lo mismo. Según el informe ahora hay “miedo e incertidumbre”. En uno de los apartes del mismo se describe con crudeza lo que está sucediendo, por ejemplo, con el accionar de la fuerza pública: “En el departamento de Arauca, pareciera que el ejército, la armada y la policía se acuartelaron en sus bases y batallones para dedicarse a observar por televisión la confrontación entre las dos guerrillas, adoptando la estrategia de: “…Esperar pacientemente ¿cuál grupo insurgente sobrevive?, para enfrentarlo, ya debilitado en el futuro, y vencerlo fácilmente”. Según lo que ha observado la FOIDH la población indígena está siendo seriamente afectada por el conflicto: “los pueblos indígenas Sikuani, Jivi, Eñepá, Hitnü, Makaguan, Yukpa y Kiwa, de ocupación transfronteriza, han sufrido desplazamientos forzados y están en peligro de extinción tanto física como cultural. La utilización de sus tierras por parte de actores armados ha agravado su situación, aumentando su vulnerabilidad y amenazando su supervivencia[ Esta información proviene de la recopilación de información de medios de comunicación y redes sociales realizadas por la FOIDHD sobre afectaciones del conflicto armado en las comunidades indígenas de la región”. En este informe titulado Arauca: un reto de frontera para la paz total, queda claro sobre la necesidad de implementar una estrategia para proteger a la población civil de la arremetida que amenaza a uno de los departamentos más golpeados por la guerra.

Por: Centro de Pensamiento TEJ - Oficina Caribe El evento reunirá a expertos de la academia, la industria y el gobierno para discutir y analizar la sostenibilidad energética de Colombia. Del 2 al 4 de septiembre de 2024, se reunirán en la Universidad de los Andes y en Uniandinos (Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes) diferentes actores interesados en la sostenibilidad energética del país para explorar temas clave relacionados con la búsqueda, producción, distribución y consumo de energía en Colombia, así como los desafíos implicados. Los representantes de la industria, el gobierno, la academia y la sociedad civil compartirán sus experiencias en la diversificación y adopción de tecnologías limpias y renovables, y sus perspectivas sobre cómo estas pueden ser escaladas para cumplir con las metas nacionales de sostenibilidad energética. En conjunto, los expertos presentarán un panorama completo de la situación energética en Colombia, discutiendo las prácticas que permitan una transición exitosa hacia fuentes de energía más sostenibles y limpias. El congreso también brindará una oportunidad para que los participantes interactúen con los expertos y formulen preguntas, lo que fomentará un diálogo productivo y enriquecedor para todos. Convocatoria de posters Como parte del evento, los estudiantes de todas las universidades del país que tengan trabajos relacionados con (pero no limitados a) Comunidades Energéticas, Microrredes y electrificación rural, Responsabilidad social en la Transición (Gas, Hidrogeno y Power To Gas (P2G)), Impacto de Integración de Fuentes No Convencionales, Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs), Recursos Energéticos Distribuidos (DERs) y Convertidores de Potencia, podrán presentar sus posters hasta el 20 de agosto de 2024 y serán evaluados hasta el 24, con una posibilidad de corrección y versión final hasta el día 28 de agosto. Los posters deben ser enviados en formato digital (PDF) al correo electrónico congresoenergia@uniandes.edu.co con el asunto Propuesta: Título de Poster/ Apellido - Nombre/ Organización Afiliación. Los posters deben estar redactados en castellano y deben cumplir el formato suministrado por el Congreso. Los tres trabajos mejor calificados por el comité del Congreso tendrán un reconocimiento económico y el ganador tendrá la posibilidad de exponer su trabajo en al 1er Congreso de Gobernanza para la Transición Energética y la Paz de la Fundación Pares - Paz y Reconciliación- en el mes de noviembre en Santa Marta.

Por: Redacción Pares En la mañana del domingo 11 de agosto el ministro de defensa Iván Velásquez le dio un ultimátum a los hombres de alias Calarcá que operan en la zona donde están secuestrados 60 soldados del ejército nacional: si no hay voluntad para liberarlos se rompería el cese al fuego que sostienen con ese grupo: "La continuidad del secuestro de los soldados en San José del Guaviare, obligará a replantear el cese al fuego con el bloque Jorge Suárez Briceño. La prórroga por 3 meses, vigente hasta el 15 de octubre, se debe suspender si no existe real compromiso de parte de ese grupo ilegal". El Bloque Jorge Briceño forma parte de lo que se denomina como Estado Mayor Central quien, desde abril, viene partido ya que el continuo movimiento de los hombres comandados por Iván Mordisco en el Cauca y el Pacífico contra la población civil, hicieron que los otros dos comandantes del EMC, Calarcá y Andrey Avendaño, decidieran despegarse de Mordisco y seguir sosteniendo diálogos con el gobierno Petro. Calarcá ya había protagonizado un escándalo a finales de julio cuando fue descubierta una caravana, con autos pagadas por la UNO, en donde se movilizaban él y varios de sus hombres, algunos incluso con ordenes de captura encima. El EMC es sólo uno de los nueve grupos con los que el gobierno está sosteniendo mesas de negociación. La bandera de este gobierno, desde su campaña, fue proponer una paz integral, que incluyera incluso bandas delincuenciales locales. La Paz Urbana tuvo su primer laboratorio en Buenaventura, en donde, por casi noventa días, lograron que no hubieran asesinatos en el puerto. La fórmula fue sentar en una mesa a las dos bandas principales en ese lugar, los Shottas y Espartanos, que quedaron remanentes de la gran banda llamada La Local, que estaba a cargo de alias Optra, quien cayó en el 2020. Sin embargo, desde el 2023, el proceso ha tenido sus ondulaciones, sus quiebres, pero hoy en día está activo, con agenda y cese al fuego con los cerca de 1.700 miembros que tienen estas dos organizaciones. El jefe de la delegación del gobierno es Fabio Cardozo Montealegre. Activos también están las mesas de negociación con los Locos Yam y los Mexicanos en Chocó y con la Oficina en el Valle de Aburrá, centrales e importantísimos a la hora de establecer la Paz Urbana. Desde octubre del 2023, según lo mostró el gran balance de la Paz Urbana publicada por la fundación Paz y Reconciliación, cuando salió el ex comisionado de paz Danilo Rueda, estos procesos se encuentran estancados. Las mesas de negociación con Itagui, los Pachenca y Clan del Golfo, apenas están iniciando. Sin embargo, una de los diálogos vitales para la Paz Total han sido con el ELN. En un principio al presidente Gustavo Petro le interesaba, al final de su mandato, poder llegar a acuerdos con el ELN, Clan del Golfo e implementar los acuerdos de la paz de La Habana. Pero con el ELN los diálogos están congelados. El haber sostenido un diálogo aparte con el Frente Comuneros Sur, considerado por el COCE una disidencia, el no haberle concedido un estatus político, provocó que esta guerrilla decretara un paro armado en el Chocó que empezó a regir desde la madrugada del pasado domingo 11 de agosto. En este cuadro que publicó Carlos Velandia, Coordinador del Observatorio de Paz de la Universidad Nacional, en su cuenta de X, un cuadro en donde se muestra cómo están las nueve mesas de negociación que sostiene el gobierno. Lo que sucede en el Guaviare es otra dura llamada de atención:

Por: Laura Bonilla En una conversación familiar sobre los resultados de Colombia en los Juegos Olímpicos, alguien comentó que el país no tiene derecho a exigirle a ningún colombiano buenos resultados, porque ese mismo país no ha hecho nada bueno por nadie. Los colombianos que destacan en el deporte son en su mayoría forjados a pulso, no gracias, sino a pesar de este país y a pesar del Estado. A julio de 2024, el sector deporte apenas ha comprometido el 22% del presupuesto asignado. Cabe anotar que en gobiernos anteriores, desde la creación de este ministerio, la ejecución ha sido impecable, pero el apoyo a los deportistas ha sido igualmente precario. Este es solo un ejemplo de lo complejo que es el debate sobre la ejecución presupuestal. Por una parte, es cierto que el gobierno nacional tiene serios problemas de ejecución, ocasionados por distintas variables, complejas pero reales. Sin embargo, por otra parte, Colombia es un estado contratista, paquidérmico y gigante que malgasta cantidades ingentes de dinero en cosas que no obtienen resultados, por la sencilla razón de que ese dinero está destinado a mantener a su clase política. El deporte es emblemático: se gastan los impuestos del país para sostener una burocracia pública completamente ineficiente y unos contratos departamentales que dependen de operadores políticos. Cada medalla de un deportista colombiano cuenta una historia que nuestra cultura ha aprendido a admirar: sobrevivir a todo, sin ningún apoyo. Pero eso ha sido un arma de doble filo, una trampa, si se quiere. Creemos que somos una sociedad de titanes cuyo mayor mérito es poder sacar la cabeza en medio del lodo. La sociedad del "no morir", pero también la de salir del fango a toda costa. Y peor aún, la sociedad que cree que "el que quiere, puede". Sin embargo, pocas cosas en nuestro país han contribuido significativamente a la movilidad social: el deporte, la migración con sus remesas y la educación superior pública son las más virtuosas. En la contracara, siempre presente, están el narcotráfico, el clientelismo y la corrupción. De esta cultura de la supervivencia se alimenta la corrupción. En Uribia y en Florencia, los adolescentes aspiran a conseguir un padrino político para poder ser políticos, no por vocación de servicio, sino porque es la única profesión legal que han visto sacar a la gente de la pobreza. No a nivel colectivo, sino para los operadores y sus respectivos séquitos. Y con cada uno de estos operadores que demuestra que es cierto, que una alcaldía da más dinero que un cargamento, se refuerza esta idea. Desde 2019, cuando se creó el Ministerio de Deporte, los logros han sido pocos, al igual que lo fueron bajo el diseño institucional anterior. Al final, la prioridad de todos los diseños institucionales ha sido servir a las agendas personales de quienes los manejan. Y si sobra algo, se ferian los contratos —con excelente ejecución— para hacer cualquier cosa. Diseños mucho más sencillos, como tener más y mejores instalaciones públicas deportivas, ubicadas estratégicamente en los deportes en los que somos más competitivos y en las regiones que más lo necesitan, costarían mucho menos, pero le quitarían a la clase política la posibilidad de cambiar a su antojo la administración cada cuatro años. Con este sistema de apoyos, no podemos seguir celebrando las victorias individuales como si fueran logros del sistema, cuando en realidad son testimonios de la resiliencia frente a un Estado que falla en brindar las condiciones necesarias para el éxito. Pero el gobierno ha estado fallando en esto. La promesa del cambio no es —como ha circulado en varios espacios cercanos al gobierno— cambiar una burocracia de derecha por una de izquierda, sino lograr que la mayor cantidad de población acceda a los mismos derechos. Podría empezar por revisar lo que está ocurriendo en el Mindeporte.

Por: Oscar A. Chala Padilla y Diego Alejandro Pedraza investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Que se abran cien flores y que compitan cien escuelas de pensamiento” Largo ha sido el recorrido que han tenido que vivir los movimientos de izquierda en Colombia para poder llegar por primera y hasta ahora, única vez, al poder en cabeza de la figura más relevante que han podido llegar a tener. El cauce y la confluencia de cosas que termina con Gustavo Petro en la presidencia de Colombia no es una casualidad ni un azar, es la conjunción de años y de nombres, el cumulo de movimientos y de ideas y el devenir histórico de un movimiento que tuvo facciones, historias, personajes, insurgencia e ideas políticas revolucionarias y no tan revolucionarias dentro de los contextos generales de la historia misma. ¿Cómo surge la izquierda insurgente y la izquierda legal? Fuente: Comisión de la Verdad. Quizás la pregunta central de toda esta historia pasa por saber cómo y cuando surgió la izquierda legal en medio de los contextos de la izquierda insurgente, que se movía por todo el país desde la fundación de los movimientos guerrilleros en 1964. El contexto se da en el marco del Frente Nacional, aquel acuerdo político entre los partidos tradicionales para alternarse el poder durante 4 periodos consecutivos. Dieciséis años bajo la tutela de dos fuerzas totalizantes y aglutinadoras no permitió que “terceras fuerzas” se movieran dentro del panorama nacional. Ese cierre del sistema y el contexto de la ley de autodefensas del presidente Guillermo León Valencia permitió el cultivo de la idea de izquierdas insurgentes que verán sus nacimientos en 1964 con las Farc y en 1964 con el ELN. Con las izquierdas insurgentes moviéndose en los territorios rurales y con el ambiente enrarecido, los movimientos de “tercera vía” creyeron que en 1970 habría una posibilidad real para terminar con el dominio bipartidista establecido en Benidorm en 1958. Es por esto por lo que, en las elecciones presidenciales, el general Gustavo Rojas Pinilla con su movimiento Alianza Nacional Popular y Obrera (ANAPO) va a intentar disputar el poder al conservador Misael Pastrana Borrero. Lo que popularmente se conoce como “el robo del 70” por parte de los conservadores, cambió las lógicas de los movimientos de izquierda en Colombia. El robo de las elecciones dio paso al M-19 y a una nueva dinámica en los enfrentamientos con las fuerzas armadas. El campo político se mantuvo agitado y los movimientos tradicionales buscaron mantener el poder y la pervivencia del ya fracasado frente nacional. La izquierda por su parte intentó unificarse bajo la idea de la Unión Nacional de Oposición, que nació en 1972 como el primer gran intento que se hizo para unificar a la izquierda bajo una sola denominación. La unión aglutinó en su seno a las disidencias de la ANAPO, facciones liberales disidentes del oficialismo, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario o MOIR y el Partido Comunista Colombiano. Quizás fue esa unión la que hizo que en 1974 se enfrentaran en la contienda presidencial María Eugenia Rojas (hija del general Rojas Pinilla) por la ANAPO y Alfonso López Michelsen (hijo de Alfonso López Pumarejo), quien años atrás había liderado una facción del Partido Liberal conocida como el Movimiento Revolucionario Liberal – MRL, movimiento que estaba más próximo a las ideas de izquierda pero que se seguía enfrascando en las lógicas bipartidistas de los movimientos tradicionales. Estatuto de seguridad Fuente: Comisión de la Verdad. Pese a que en 1974 las ideas políticas de izquierda predominaron, en 1978 llegaría al poder Julio Cesar Turbay y el temido “estatuto de seguridad” con el cual se perseguiría y aniquilaría a todo movimiento insurgente o a todo aquel que por intuición se creyera relacionado a la insurgencia. Fue una época del terror en todo el país, donde se exacerbó la persecución política a todos los miembros de los movimientos de izquierda legal y una persecución descarnada contra los movimientos de izquierda insurgente. La persecución alcanzó cotas inéditas para los movimientos de izquierda y quizás fue porque la persecución solo trajo exterminio, desaparición y un precedente de lo que sería la tragedia de los 80. Pero además de esto, la izquierda se enfrentó a dos problemas enormes dentro de la dinámica nacional, el primero fue la proliferación de izquierdas, la amplitud de movimientos y la imposibilidad de una idea unificada. Los intentos pasados como la Unión Nacional se habían configurado en un fracaso y la separación ocasionada por facciones como el MOIR solo desgastaban la ideología y el movimiento ante la mirada pública. El segundo problema fue que en Colombia se mantuvo a la izquierda asociada con los movimientos insurgentes, las ideas políticas de izquierda siempre se metieron dentro de una misma bolsa con las luchas que llevaban los movimientos guerrilleros. El acuerdo de La Uribe y la Unión Patriótica Después del estatuto de seguridad y del gobierno de Turbay vino el gobierno de Belisario Betancourt y con él, un acuerdo con la guerrilla de las Farc. Los acuerdos de La Uribe terminaron por formar un primer pacto de paz que buscaría impulsar el paso de la guerrilla y el movimiento insurgente a la esfera política. Es por esto por lo que en 1985 nace la Unión Patriótica como un partido de izquierda que se presentó como alternativa de poder a los partidos tradicionales y más, como un hilo de esperanza ante la “sangre desatada” producto del tenebroso estatuto de Turbay y el dominio de la “bota militar” que asolaba el país. La Unión Patriótica es uno de los partidos más tradicionales de la izquierda y en su momento fue quizás uno de los más fuertes de la época, tanto así, que en su primera elección sorprendió a todos con unos resultados sin precedentes para las fuerzas políticas de izquierda. Eligieron 15 congresistas entre senadores y representantes, 18 diputados, 335 concejales y el nombramiento de 23 alcaldes municipales. Y en las presidenciales Jaime Pardo Leal alcanzaría más de 300 mil votos lo que consolidaba al partido como la tercera fuerza política del país.              Sin embargo, el ascenso de la UP sería corto y lo sería porque detrás de todo el proceso de paz y de todo lo que pasaba en la Colombia que quedó después de la tragedia del Palacio de Justicia, las fuerzas oscuras del paramilitarismo se levantaban y se asociaban en el territorio con las fuerzas estatales que en silencio comenzaban a fraguar su poder contra los gobiernos constituidos políticamente. El Gobierno de Belisario terminará sitiado por los militares y la llegada del presidente liberal, Virgilio Barco, vendría acompañada de la implosión del país y de las violencias sistemáticas de nuestra sociedad en contra de los movimientos de izquierda, una nueva lógica, una nueva dimensión y un nuevo golpe a la idea política de la izquierda en el país. El cambio constitucional, la apertura política y la crisis identitaria de la izquierda Fuente: Revista Soho. Ante la tragedia desatada por cuenta de la persecución del paramilitarismo y de los agentes paraestatales en contra de los movimientos de izquierda se tuvo que repensar la forma de ver y entender un país que para ese entonces estaba sumido entre la amalgama del narcotráfico y la violencia desmedida por cuenta de todos los agentes del conflicto armado. El M-19 que ya se había desmovilizado y había impulsado un partido político que se conoció como la Alianza Democrática M-19 fue uno de los agentes centrales del proceso constitucional que culminó con la derogación de la anquilosada constitución de Núñez y Caro para dar paso a una nueva carta política que incluyera todas las denominaciones políticas existentes. En esa época la izquierda comienza un vaivén que se asocia a una crisis identitaria. Los movimientos políticos como la AD-M19, el MOIR, los restos de la Unión Patriótica y las facciones del partido comunista se dividieron impulsando políticas difusas y separadas que no permitieron la unidad, sino que, por el contrario, terminaron dividiendo más a la izquierda. En medio de esas divisiones fueron surgiendo otros movimientos que le van a dar un vuelco a la idea de la izquierda y la alternatividad en Colombia. El Partido Verde y el Polo Democrático tomaron la batuta de alternativos en los años 2000. Estas denominaciones fueron quizás las únicas que lograron cohesionarse, tanto así que el mismo MOIR entraría a forma parte del mismo Polo. Sin embargo, en medio de esta historia la izquierda llegaría nuevamente al caos interno producto de los pragmatismos que se han permeado siempre dentro de los movimientos políticos de izquierda. La llegada de los Moreno Rojas al Polo o de personajes como Enrique Peñalosa al Partido Verde provocaron unas rupturas serias entre los diferentes movimientos. Fue precisamente el caso de los Moreno Rojas y el carrusel de la contratación en Bogotá decantó en una pelea interna al interior del Polo que terminó con la salida de Gustavo Petro de la colectividad en medio de lo que eran sus mejores años en la esfera nacional. Los movimientos políticos de izquierda han recorrido una historia, que ha culminado con una fragmentación permanente entre las ideas alternativas. En palabras de León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, “la izquierda solo ha logrado consensos cuando ha querido, pero esos consensos son frágiles en medio de la política nacional”. Del Mockusianismo al progresismo: así se construyó la Alianza Verde Fuente: El Mundo.es Desde que el Partido Opción Centro (antecesor de la Alianza Verde) fuera fundado en 2003, ha estado compuesto por diferentes tendencias, cobijadas bajo la premisa de la defensa de un programa político moderado y de centro, de carácter amplio frente a las otras tendencias políticas que ha acogido a lo largo de su historia, especialmente frente a los procesos electorales de 2010 y 2014, cuando Antanas Mockus y el Movimiento Progresistas ingresaron oficialmente al partido respectivamente. La llegada del mockusianismo se dio en 2009, cuando ingresó al partido junto con los exalcaldes de Bogotá Enrique Peñalosa y Luis Eduardo Garzón. Posteriormente, en el quinto congreso de ese partido, fueron investidos como codirectores de la organización, de cara a las elecciones de 2010, donde luego Mockus se llevó la candidatura. Con la entrada de Mockus el partido vivió una transformación interna gradual, en la que consolidó su red de juventudes, la red ambiental nacional de aquel partido, integró la plataforma política-electoral que Mockus ya había construido para impulsar proyectos políticos desde Bogotá — Confianza Electoral — y el partido adquirió la estructura que le permitió arrasar en la campaña a primera vuelta, en lo que se conoció como “La Ola Verde”. No era para menos. Mockus, con un programa político civilista y con una idea anticorrupción articulada con el ciberactivismo, logró venderse como la alternativa al uribismo, que estaba para ese tiempo desgastado, aunque seguía movilizando la mayor parte del electorado colombiano. Su contrincante en ese momento, Juan Manuel Santos, logró explotar la aprobación que aún tenía Uribe y convirtió aquellas elecciones en un plebiscito sobre el uribismo, utilizando estrategias cuestionables para mostrar a Mockus como incapaz de gobernar al país. En primera vuelta Mockus había sacado 3.134.222 votos, el 21,51% por ciento, ganándole a Germán Vargas Lleras, a Gustavo Petro y a Noemí Sanín. En segunda, Mockus logró sólo capitalizar el 6% en disputa y obtener 3.587.975 votos, sólo el 27,44%. Para casi todas las militancias del verde que emergieron en esta época, Mockus perdió por defender sus principios y no entrar en el juego sucio que le planteaba la candidatura Santos. Luego vinieron los progresistas, y con ellos se consolidó el ala izquierda del partido. Tras las elecciones de 2010, Gustavo Petro se escindió con un grupo de militantes del Polo Democrático y montó su Movimiento Progresistas con el que llegó a la Alcaldía de Bogotá. Tras ello, y sin la posibilidad de que su partido tuviera personería y participara en las elecciones legislativas de 2014, comenzó todo un proceso de negociación que llevó la a fusión, celebrada en un congreso del partido en 2013, en la que 617 delegados votaron a favor de la unión. De esta fusión comenzaron a emerger las primeras tensiones que llevaron luego a la salida de Enrique Peñalosa en 2014, que se unía a la renuncia de Antanas Mockus en 2011 tras la declaración de su partido de plegarse a la bancada oficialista de Juan Manuel Santos. Con esta misma fusión, llegaron al partido Antonio Navarro Wolff, Angélica Lozano, Inti Asprilla y otros importantes dentro del proyecto progresista de Petro. Tras ello, en 2014, emergió la figura de Claudia López dentro del partido, cuando ganó una curul al senado con 81.125 votos. Con la relevancia que tuvo en la opinión pública tras haber destapado junto a León Valencia y Ariel Ávila en la Fundación Nuevo Arco Iris el fenómeno de la parapolítica, además de haber denunciado el conflicto de interés que tenía el periódico El Tiempo frente a la candidatura de Juan Manuel Santos y el caso de Agro Ingreso Seguro, Claudia comenzó a articular tras de sí un nuevo proyecto político de centro dentro de las toldas verdes. Este proyecto se consolidó en su candidatura a la presidencia, anunciada desde diciembre de 2016, que luego entró a reforzar la candidatura presidencial de Sergio Fajardo en 2018, luego en la consulta nacional anticorrupción, también en 2018, que recibió 11.671.420 votos (32,04% del 33,3% necesario para ser aprobada) y en 2019, cuando ganó la Alcaldía de Bogotá con 1.108.541 votos, el 35,21%. Para Ariel Ávila, esas son las dos grandes tendencias dentro del verde: “El Partido Verde tiene dos genes: un gen más a la izquierda, derivado de lo que fue el movimiento Progresistas y el M19, de centro izquierda más a la izquierda; y un nuevo gen nuevo, en donde está Claudia López, está Juvinao, incluso puedo estar yo, quienes somos una nueva generación que no nos debemos a esa militancia. Esos dos genes tienen fricciones”. La división dentro de los verdes: ¿se acaba el sueño civilista? Fuente: El País, Cali. “El Partido Verde está siendo víctima de su propia indefinición” afirmó la representante a la Cámara, Cathy Juvinao, cuando se le preguntó por la situación interna dentro de su partido. Por su parte, Ariel Ávila señaló que la gran ventaja de la Alianza Verde era la suma de individualidades que electoralmente eran independientes, pero no tenían disciplina entre sí. “Aquí no importa tanto si tú tienes diez alcaldes o si tienes 200 concejales apoyándote, o si el partido te presta plata o no, porque cada uno de nosotros nos hicimos con una suma de individualidades. Eso nos hace que nosotros seamos muy buenos para ganar elecciones, pero se vuelve imposible ponerlas de acuerdo en el momento de gobernar” indicó. Lo que sí parece ser verdad es que dentro del Partido Verde están de acuerdo en que la llegada del gobierno de Gustavo Petro hizo manifiestas las tensiones que antes se sabía que existían, pero no se solían discutir de manera abierta. Ariel Ávila afirma, por ejemplo, que “el Partido Verde no está volando en átomos, sino que está en una serie de dificultades —como están todos los partidos—. La diferencia es que nosotros los hacemos públicos, pero todos los partidos están viviendo una crisis muy fuerte. Todos los partidos están viviendo un reajuste dentro de esta reacomodación ideológica de la sociedad”. Las recientes acusaciones contra el senador y expresidente de esa corporación, Iván Name, y contra el exdirector Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González —uno de los fundadores del partido y el copresidente más poderoso del mismo hasta 2023— de estar involucrados en el escándalo de corrupción de la UNGRD llevaron a la renuncia posterior de Claudia López y Antanas Mockus al partido en mayo, y a un gran bloque de este a buscar la escisión en una convención nacional convocada para octubre de este año, entre ellas, Cathy Juvinao. Frente a la pregunta de por qué no salir ahora mismo ante ese escenario de escisión, Juvinao ha sido muy clara: “Yo ya estoy representando a mis electores, yo le estoy haciendo control político a Petro, y si el partido está en un absoluto desbarajuste y colapso, yo no puedo pagar entregándole mi curul. Al revés, ahora es cuando yo abrazo más mi curul, porque me permite hacerle control al gobierno. Yo me gané mi curul en una lista abierta con el sudor de mi frente, voto a voto, en las calles”. En esa misma línea, Ávila reafirma “Esa suma es imposible ponerlas de acuerdo en el momento de gobernar, porque cada cual piensa en lo suyo. Entonces, por ello el Partido Verde tiene una gran ventaja para ganar elecciones siendo oposición, pero cuando se volvió gobierno, esa gran ventaja se convirtió en una desventaja. Y es que la suma de individualidades hace imposible ponerse de acuerdo en algo”. Esa ruptura se manifiesta en la forma como la Alianza Verde vota en Congreso, con un bloque en senado El Pacto Histórico: entre el tercer experimento de unidad y la fragmentación nodal Fuente: Semana Para León Valencia, "ha habido un proceso de dispersión y de agrupamiento. No es que la izquierda toda la vida haya estado dividida. La izquierda se agrupa y se dispersa, según las circunstancias y según también la forma como reacciona a la derecha. La izquierda se une cuando tiene que unirse y se divide en los procesos también, sobre todo se divide en las derrotas. Las derrotas dividen la izquierda y los triunfos la unifican". Con el triunfo electoral del Pacto Histórico en 2022 en elecciones legislativas y presidenciales, es claro que el objetivo ha sido la unidad. Ya desde febrero de 2021 se estaban haciendo convocatorias  desde el Polo Democrático Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Todos Somos Colombia, el Partido del Trabajo de Colombia (PTC), el Partido Comunista Colombiano, Unidad Democrática Amplia (UD, posteriormente Esperanza Democrática) y Alianza Progresista, que posteriormente, entre marzo y diciembre terminaron ampliando a un gran abanico de fuerzas entre la centroizquierda progresista, la izquierda del Partido Comunista y Comunes, y el centro santista encarnado en Roy Barreras y su partido, Fuerza de la Paz. Para 2022, el Pacto Histórico obtuvo 61 curules, 27 en Senado y 34 en Cámara de Representantes, y ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta con 8.542.020 de votos (40,34%), y en segunda con 11.291.987 (50,44%). Con las elecciones regionales de 2023, desde febrero de aquel año ya habían comenzado a circular los rumores sobre la posibilidad de que el bloque de partidos se convirtiera en uno solo. En este momento, la decisión de la mayoría de los partidos fue no perder las personerías jurídicas para seguir manteniendo la figura del Pacto como coalición  y lanzarse a cargos de elección popular de esta forma. No obstante, la jugada salió mal, y el Pacto Histórico no capitalizó su triunfo en alcaldías y gobernaciones, teniendo solo 3 gobernadores, 70 alcaldías, 642 concejales municipales y 28 diputados departamentales. Posterior a la derrota de octubre de 2023, los movimientos para unificar al Pacto como partido se profundizaron . Debido a las limitaciones para volverse a presentar como coalición en 2026 por haber obtenido más de 15% del umbral de votos, David Racero y María José Pizarro salieron a defender la tesis de la unidad como salida, aseverando que la pérdida estrepitosa electoral se debía a la incapacidad de articular los diferentes intereses y grupos que convergen en los partidos en una sola propuesta. Aquel llamado se vio concretado a finales de noviembre de 2023, cuando en su cuenta de X (anteriormente Twitter) el presidente Petro llamó a la necesidad de unificar el Pacto  y de reconstruir la coalición de gobierno a través de un Frente Amplio multipartidista que defendiera la agenda de reformas sociales. Luego, a finales de enero de 2024, Petro hizo la convocatoria a un gran Congreso del Pacto Histórico, con base en las más de 1500 personas elegidas para cargos de elección popular en 2023, con miras a consolidar un partido político de cara a 2026. Fuente: X (Anteriormente Twitter). El llamado tuvo eco en el Comité Político de la coalición  a inicios de febrero, ya que desde ese momento comenzó a buscar a las principales vocerías de los partidos, para luego sentarse a negociar con los congresistas y después con los ediles, concejales y alcaldes electos. No obstante, solo fue hasta recién finalizada la segunda legislatura que finalmente comenzó a verse humo blanco en la bancada del congreso, y el 22 de julio emitieron un comunicado señalando que todos los congresistas estaban de acuerdo en organizarse de manera unitaria en un nuevo partido político. Fuente: Infobae. No obstante, la propuesta ha generado tensiones, que han terminado por desnudar algunas de las fragilidades y grietas que existen al interior del bloque frente a la posibilidad de unirse. Para los partidos políticos minoritarios, como MAIS y ADA, perciben que el gran peso que tienen la Colombia Humana, el Polo Democrático y la Unión Patriótica limita en muchos sentidos el ejercicio de la democracia interna, como lo reveló en su momento La Silla Vacía  frente a la posible repartición de cargos directivos y delegaciones dentro del partido unificado. Fuente:  La Silla Vacía. Al mismo tiempo, los partidos de origen indígena y afro también desconfían de los procesos de unificación , especialmente frente a la posibilidad de perder financiación electoral, así como de tener libertad ideológica para apoyar candidaturas por fuera del Pacto a nivel regional, así como también creen que entregarían los proyectos políticos de sus comunidades a un grupo mucho más grande. Según una nota publicada en Código Caracol el 23 de julio de 2024 , hasta ahora los partidos que se han mantenido firmes en su interés por unificarse son los más grandes dentro de la coalición: el Polo Democrático, la Colombia Humana y la Unión Patriótica. Según lo señaló Camila Zuluaga, la idea es que el partido lance en coalición con los demás partidos que componen al Pacto (pero que no se quieren unir) una sola candidatura presidencial, mientras que se propendería a lanzar listas al congreso separadas, en las que los partidos unificados lanzarían la suya propia. También la nota indicó que se realizarían 3 seminarios en el seno de los movimientos de centroizquierda e izquierda con los partidos y otras organizaciones sociales, para trazar la hoja de ruta de la unificación. Buscamos comprender cómo estaba funcionando este proceso y que resultados se esperaban, pero no obtuvimos respuesta por parte de los congresistas que están abanderando el proceso, especialmente de María José Pizarro. De concretarse el proyecto de unificación que propone el Pacto Histórico, sería el tercero a nivel histórico desde 1958 cuando se crea el Frente Nacional, luego de la Unión Nacional de Oposición en los años 70 y del proyecto de unidad del Polo Democrático en los años 2000.

Por: Iván Gallo Contaba Popeye en sus delirios que Carlos Castaño se arrepintió de matar a Jaime Garzón. Azuzado por José Miguel Narváez, quien fuera en tiempos de Álvaro Uribe el jefe de inteligencia del DAS, Castaño procedió a mandarle dos asesinos al humorista. Narváez le llevaba hasta su finca en Córdoba listas al comandante de las AUC en donde se incluían a posibles colaboradores de las FARC o el ELN. Petro, Leyva, Piedad, Jaime Garzón, todo aquel que luchara por un cambio se convertía en sospechoso de terrorista y había que matarlo. Castaño, emocional, inestable, asesino, se precipitó en la decisión. Por esa época ya soñaba con sumarle el poder político a su imperio de tierras y horror. Ideólogos como Ernesto Báez le habían aconsejado la infiltración en el Congreso, pagarle campañas a senadores y representantes para que después les ayudaran a limpiar sus fortunas a los paras. Pero a Castaño el poder que más le gustaba era el de decidir quien podía vivir y quien no. Le gustaba ser Dios. Garzón fue varias veces a La Picota, a hablar con Ángel Gaitán Mahecha, quien era el hombre fuerte de Castaño en esa cárcel. Dos años después Gaitán Mahecha comandó la matanza de militantes de las FARC en la Picota. Era temible, pero respetaba a Garzón.  Popeye, en agosto de 1999, estaba en esa cárcel y por eso fue testigo de las súplicas de Garzón. Fueron tres reuniones, las tres veces, a través de un teléfono satelital que manejaba desde adentro del penal, Gaitán intentó comunicarse con su jefe, sólo una vez tuvo suerte. Castaño escuchó atentamente, incluso lo consideró, pero afirmó que la orden ya estaba dada y no se podía reversar. Garzón salió de La Picota sabiendo que ya la guadaña de la muerte lo arañaría. El país no volvió a ser el mismo desde ese 13 de agosto y eso que, este país, lo que ha hecho es soportar asesinatos inexplicables. Ocho tiros segaron la vida de Andrés Escobar en 1994 en un parqueadero en Medellín, frente a un semáforo en Bogotá, le dispararon a Guillermo Cano, director de El Espectador. La lista es larga y no hay profesión que se escape. Pero asesinar al referente del humor político era mandar un mensaje claro: la sociedad estaba enferma. Un año después de haber matado a Garzón, Carlos Castaño salió de corbata y recitando a Mario Benedetti ante periodistas como Darío Arizmendi y Claudia Gurisatti, publicó una autobiografía y llegó a ser postulado por más de un colombiano de bien como presidenciable. Con Garzón murió el humor político. No se puede comparar el nivel de su ironía, de su discurso, de su coherencia con el de un Juanpis González, más un influencer que un crítico real, de peso. Ni hablar de la simpleza, comodidad con el establecimiento y obviedad de Daniel Samper Ospina. Veinticinco años después de su asesinato seguimos buscando alguien que pueda interpretar al pueblo real y que sea capaz de cantarle la verdad a los poderosos. Pero es que, después de lo que le pasó a Garzón ¿Quién se atreve?

Por: Redacción Pares En el 2023, en Santiago, Chile acogió la Primera Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la ética de la Inteligencia Artificial en América Latina. Era necesario empezar a construir un ecosistema en torno a la IA sin descuidar, ignorar o desconocer los peligros de lo que alguna vez sólo fue un delirio de la ciencia ficción. Un año después avances como el Chat GPT han permeado con rapidez inusitada a este continente. Es urgente saber que el futuro ha llegado. Por eso entre los días 8 y 9 de agosto se realizó en Cartagena la cumbre ministerial latinoamericana y del caribe por la Inteligencia Artificial que contó con la presencia de 22 ministros de 19 países. El presidente Gustavo Petro le dio la importancia que el evento merecía. El día 8 de agosto instaló la cumbre con estas palabras: “En Latinoamérica y el Caribe debemos juntarnos para construir sobre Inteligencia Artificial. Tenemos que estudiar el tema y su implicación en la sociedad”. En su cierre se hizo una declaración que presentaremos a continuación. La almendra de la cumbre fue dejar en el aire la necesidad de que la IA sea inclusiva, que ayude a cerrar la brecha social. Latinoamérica tendrá la responsabilidad de implementar la IA en sus escuelas. Este avance tecnológico debe ser una herramienta de inclusión y no convertirse en un negocio para enriquecer a unos pocos. Esta es la declaración:

Por:   Guillermo Linero Montes El reciente 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro alcanzó la primera mitad de su mandato. Estos dos años iniciales fueron sin duda los más difíciles y no hay necesidad de explicarlo, porque en la naturaleza de la comprensión humana -y en el estricto contexto de los hechos políticos- se sabe que la primera mitad de los proyectos en ejecución, siempre van cuesta arriba. En adelante -pese a que el presidente ha dicho que los dos años que faltan serán los más duros- por la naturaleza de las llamadas “secuencias lógicas” y por los buenos resultados hasta ahora logrados, es visualizable que en adelante los obstáculos serán sorteables, y no es riesgoso atreverse a decir que se viabilizarán con la efectividad de lo que va cuesta abajo. Evidentemente estos dos años han sido muy difíciles; pero, lo más desilusionador de ello, es saber cómo la mayoría de las dificultades para el debido cumplimiento de lo prometido en campaña, han sido fabricadas por la oposición al margen de las reales actuaciones del gobierno. A la oposición le ha quedado más fácil obstruir y desacordar, que debatir y concertar; y al no encontrar quejas o delitos achacables directamente al presidente y a sus ministros, se han inventado en remplazo de la realidad exitosa de su gestión, un mundo ficticio, donde todo fracasa. Han confeccionado un mundo de engaños según los cuales, por ejemplo, con el presidente Gustavo Petro el dólar se elevaría mucho más de lo que había subido en el anterior gobierno; cuando en la realidad lo que hizo fue bajar y bajar. Dijeron que Colombia se convertiría en una Venezuela, y en este momento no creo que haya un solo colombiano honrado que quiera irse del país por asfixia económica o persecución política. Desde ese mundo ficticio se oculta a los ciudadanos -entre otros logros muy difíciles de alcanzar en tampoco tiempo y en un país de gobernantes egoístas- que gracias a este gobierno bajó el desempleo, que las matrículas en las universidades públicas ahora son gratuitas, que frente al dólar se revaluó el peso colombiano, que la inflación bajó y se recuperó el turismo, que los jóvenes pueden acceder a la carrera militar gratuitamente, que hubo récord en incautación de droga, que se entregaron tierras gratis para los campesinos, que la Ruta del Sol por fin es transitable, y que se redujo la deforestación. Inventaron que la delincuencia se tomaría las calles, y pese a que todavía falta mucho por hacer en ese aspecto, hoy, gracias al talante político pacifista del presidente, y a la ejecución de algunos de sus programas sociales, se empieza a respirar por fin sosiego y convivencia ciudadana. Recordemos el aire social de cuando estaban en boga las pescas milagrosas de las guerrillas y los crímenes atroces de los paramilitares y, desde luego, por lo reciente, hasta los niños recuerdan el irrespirable aire social durante el mandato del expresidente Duque, cuando a los jóvenes les sacaban los ojos o los asesinaban únicamente por salir a protestar en contra de las reformas de su gobierno. No se ha conseguido todavía la paz, pero en el proceso de conseguirla no se descuida la objetividad, no se desgasta la esperanza y crece la tranquilidad, lo cual es una situación emotiva claramente propicia para construir y distanciar a la población vulnerable de emociones negativas como la desazón; porque hoy, solo deben estar seriamente preocupados quienes alimentaban sus negocios con la corrupción, con el narcotráfico, y con las políticas anti distribución de las riquezas. Frente al presidente Gustavo Petro, ninguna oposición política ha tenido la capacidad argumentativa para debatirle sus políticas y como estrategia han preferido echar mano de los congresistas más inescrupulosos, desalmados o con el cerebro vacío, que no votan los proyectos de ley del gobierno por estar desprendidos de la voluntad del pueblo que los eligió y por estar plegados a sus ambiciones personales, y especialmente por estar obligados a servirle a sus poderosos padrinos económicos. En tal suerte, la oposición ha optado por echar mano de los medios de comunicación, a tal punto de convertir a dichas empresas en las llamadas bodegas que son centros de manipulación de la opinión pública para la confusión social. Y a los periodistas, en este mismo propósito, los han convertido en mamarrachos de primera línea, con el único fin de que estos -como ya está pasando- sean los desprestigiados y no los poderosos que los alimentan. Este país sabría muy poco de lo que hace bien el gobierno y nada sabría de las sucias artimañas de la oposición, de no ser por cuenta de los comunicadores alternativos e independientes como, entre otros, Alejo Vergel, Daniel Monroy, Andrés Rivera, Eco Aneko, Universidad Anómala, Estrato Medio, Colombia Hoy, La Píldora, Comunícate Mejor, y Mr. Carvajalino, a quienes Juan Pablo Calvás, con pelusa malévola califica de “aparecidos”. Siempre he visualizado con preocupación, que la estrategia de los oponentes al presidente Gustavo Petro, dirigida a frenar o dilatar sus proyectos, está abriendo puertas para que un día el pueblo decida exigirle, al menos dos años más de permanencia, o hasta cuando termine de cumplir las promesas de cambio que por culpa de una oposición deshumanizada se han entorpecido. Yo no estoy de acuerdo con que las democracias se eternicen en un solo candidato o en un solo partido, pues tales situaciones desdibujan la democracia, pero cuatro años es muy poco en un país de estorbosos egoístas. Por dura que sea la cuesta en esta segunda mitad de gobierno, lo cierto es que el presidente Gustavo Petro, cuenta como nunca con el poder popular y eso lo mantendrá firme en el gobierno hasta el 7 de agosto de 2026, si es que este mismo pueblo -la única autoridad con poder supremo en un estado civilizado- no lo conmina a prolongar su gobierno por lo menos dos años más; pues la democracia también requiere eficacia, y en cuatro años y en un  país tan intrincado políticamente como el nuestro, ese tiempo no alcanza, como lo estamos viendo. No obstante, valga decir que la democracia no es inflexible, pero tampoco tolera extravagancias.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) decidió  no prorrogar el contrato para la construcción del estadio Marino Klinger. Esta medida, derivada de los incumplimientos por parte del consorcio encargado, pone de evidencia, una vez más, los desafíos que enfrenta el distrito en la gestión de proyectos de infraestructura pública y me hace preguntar ¿cuándo tendremos obras libres de sospechas en Buenaventura?   El estadio Marino Klinger es de gran importancia para Buenaventura, no solo como un necesario espacio deportivo, sino también como un símbolo de compromiso del gobierno nacional con los acuerdos del Paro Cívico. Sin embargo, los retrasos en la ejecución han generado desconfianzas. A pesar de recibir un anticipo de 11 mil millones de pesos, el contratista solo ha ejecutado el 34% de la obra, un avance que a la fecha se esperaba que fuera mayor. El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, fue claro en su declaración : "No tenemos ningún tipo de tolerancia o flexibilidad con contratistas que no hagan su trabajo."   Esta situación inevitablemente me trae a la memoria otras grandes obras inconclusas en Buenaventura, como la Casa de la Cultura, que debía estar lista en 2020 tras una inversión de casi 4 mil millones de pesos; el SENA, que su finalización estaba prevista para 2017 con un presupuesto de 36 mil millones; o el Acuaparque, que debería haberse inaugurado en 2016 tras una inversión de 3.600 millones, y cuyo contratista fue judicializado, dejando la obra abandonada hasta hoy.   El atraso en la obra del estadio Marino Klinger no es un tema aislado, sino parte de un patrón más amplio de mala gestión y falta de rendición de cuentas que ha afectado numerosos proyectos en la ciudad. La reciente decisión de la UNGRD es un mensaje claro de que el actual gobierno nacional está dispuesto a tomar medidas drásticas para asegurar que los recursos se utilicen correctamente. Ahora, la unidad en colaboración con el Ministerio del Deporte y el Ministerio de la Igualdad, estarían diseñando un nuevo proceso de licitación para seleccionar a un nuevo contratista idóneo, una medida que debe ser observada de cerca para evitar repetir los errores del pasado.   Aparentemente, los retrasos se atribuyen a una serie de contratiempos durante el desarrollo de la obra, como las constantes lluvias y la suspensión temporal debido a problemas de seguridad y denuncias de extorsión. Sin embargo, estas circunstancias debieron haberse previsto, dado que estamos en una de las regiones más lluviosas del mundo. Además, considerando el historial de extorsiones en otras obras de la ciudad, era fundamental que se implementaran medidas de seguridad más robustas desde el inicio.   El abogado Jhon Silvio Bohorquez, con experiencia en contratación pública, destaca que el proceso debe seguir dos fases clave: "El primero es el de sanción por incumplimiento, normalmente tasado con anticipación en el contrato, alrededor del 20% del valor del contrato. En este proceso se sanciona al contratista, pero como el contratista tiene una póliza que lo ampara, entonces la aseguradora termina pagando." Esta sanción debe ser seguida por la liquidación del contrato, donde se hace un balance de lo pagado versus lo ejecutado. Si se determina que lo ejecutado es menos de lo pagado, el contratista debe devolver la diferencia al Estado.   Todo parece indicar que los y las bonaverenses no veremos el estadio terminado en mayo del 2025. Es fundamental no perder de vista los avances de los acuerdos del paro cívico, los cuales demandan una inversión significativa en infraestructura y desarrollo social. No obstante, la historia de corrupción en la región nos recuerda que no podemos bajar la guardia. Las veedurías ciudadanas y los mecanismos de control deben ser más activos que nunca para garantizar que los nuevos procesos contractuales y el avance de la obra se manejen con la mayor transparencia posible.   Para cerrar, creo que vale la pena recordar las palabras que el presidente Gustavo Petro dijo  el primero de abril 2023 en el acto simbólico de inicio de obra del Estadio Marino Klinger: “ si el Estado incumple, ese incumplimiento de la palabra del Estado es un generador inmediato de violencia. Si al contrario el Estado cumple, es un generador inmediato de paz ”.