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Por: Redacción Pares La implementación del acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC no se ha implementado como se deseaba. Basta hacer un paneo para comprobarlo: el que presenta mayor avance es el punto 6, el de Mecanismos de implementación, verificación y refrendación que está ejecutado en un 58%, pero hay otros puntos, como el punto 1, el de Reforma Integral Rural, que apenas está en un 6%. La demora en la implementación viene desde el mismo gobierno de Santos, en el de Duque hubo poca voluntad política, en el de Petro la ejecución para implementar el acuerdo no ha sido el esperado: De acuerdo con cifras del Fondo Colombia en Paz (FCP), para el 2023 se destinaron 2.779.820 millones de pesos, de los cuales tan solo se ejecutaron 468.746 y se comprometieron presupuesto por 273.458, lo que equivale a un 17% del presupuesto. El gobierno Petro ha intentado dejar establecido una jurisdicción agraria y garantizar la restitución de tierras a la que está comprometido el acuerdo. Pero los números no acompañan la gestión del gobierno, tampoco hay avances significativos los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Las buenas intenciones tampoco han sido suficientes para implementar los compromisos adquiridos para algo tan importante para la democracia como es la participación política. Los líderes sociales siguen estando expuestos. La Defensoría del Pueblo entre enero y octubre de 2023 emitió 34 alertas tempranas en las que advirtieron los riesgos a los que estaban expuestos directivas de las juntas de acción comunal, liderazgos comunitarios, defensores de derechos humanos, movimientos políticos, candidatos de partidos en el marco de las elecciones locales, campesinos, indígenas y afrodescendientes. Ante el avance y consolidación de las disidencias FARC se debe garantizar el cuidado de los firmantes de paz, amenazados constantemente por grupos como los hombres del EMC al mando de Iván Mordisco. Referente a la reincorporación socioeconómica se destaca el avance en materia de seguridad alimentaria de los antiguos Espacios de Transición, Capacitación y Reincorporación (ETCR) al cual se le hizo un cambio, “el nuevo modelo tiene como objetivo fundamental ampliar la cobertura del apoyo del 20% al 95% de la población en proceso de reincorporación” (CNR, 2023). Además se reconoce la aprobación para seguir prestando servicios de salud en los AETCR y la prórroga de la asignación mensual  de un recurso para las personas en proceso de reincorporación. Ni en compra de tierras o vivienda para reincorporados se han mostrado avances significativos. Se ha puesto voluntad e imaginación a la política antidrogas pero tampoco hay resultados tangibles. Quedan dos años para que Gustavo Petro puede revertir esta situación. Una de sus promesas de campaña fue la Paz Total, para hacerlo necesita terminar de implementar los compromisos adquiridos en los acuerdos del 26 de noviembre del 2016, cuando Rodrigo Londoño y Juan Manuel Santos se dieron la mano en el teatro Colón. Esta es la síntesis de la implementación de los acuerdos en los dos años que lleva el gobierno de Gustavo Petro.

Por: Redacción Pares Sin la idea que puso en movimiento el presidente Andrés Pastrana en 1999, de crear un escuadrón antidisturbios que sirviera para repeler las manifestaciones que están formuladas y propuestas con razones legítimas. El ESMAD había asesinado a 43 personas antes de que estallara el 21 N. Las medidas que se adoptaron para frenar la pandemia durante la llegada del Coronavirus dejaron a muchas personas sin trabajo. Pero este sólo fue el detonante por el que se dio el estallido social. Las razones venían de mucho más atrás. El 21 de noviembre del 2019 el pueblo salió a protestar después de que se diera a conocer el borrador con el que el entonces ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó al Congreso para clavar a la clase media y las clases menos favorecidas, con una Reforma Tributaria en donde quedaban grabados los alimentos más esenciales de la canasta básica. Ese 21 de noviembre un miembro del ESMAD disparó contra un joven estudiante de bachillerato de 18 años que protestaba con cientos de colombianos. Era Dylan Cruz, luchó por su vida y tres días después moriría. Los muchachos que salían a esas marchas, que se hicieron diarias durante el 2021, decidieron protegerse. Copiaron una idea que había llegado desde Chile, en donde también las protestas se hacían una constante. Uno de los jóvenes que impusieron la idea acá en Colombia afirmó lo siguiente sobre la creación de la Primera Línea “Empezamos a ver obviamente la represión que hubo en ese momento y se crea la primera línea defensiva, obviamente para defender a las personas que están manifestándose”. Otros afirmaban que debían cuidarse del ESMAD porque ellos “no miran para donde disparar”. Durante el estallido social 103 jóvenes perdieron sus ojos por culpa de la sevicia con la que el Esmad disparó sobre ellos. El ESMAD fue una de las indignaciones que unieron a los colombianos a protestar en ese estallido social. La Primera Línea fue satanizada por algunos y por otros, en los que se incluye al presidente Petro, en apóstoles de la libertad. Una vez salió elegido como presidente el 19 de junio en el Movistar Arena en segunda vuelta, Petro prometió sacar de la cárcel a los jóvenes de la Primera Línea que seguían siendo procesados. Varios de estos integrantes salieron en fotos con políticos como el propio Petro o María José Pizarro. Uno de ellos fue David Estiven Fernández. Durante un año este joven venía denunciando que sufría de graves amenazas contra su vida. Incluso acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para pedir medidas cautelares de protección. Acorralado David Estiven se unió al grupo armado de Iván Mordisco, incluso llegó a aparecer en varios videos al lado del comandante del EMC. En abril del 2024 el EMC se partió entre los comandantes que optaban por la guerra y los que querían seguir dialogando con el gobierno Petro, comandantes como Andrey Avendaño y alias “Calarcá”, en el Pacífico, en departamentos como Nariño, Cauca y Valle del Cauca, Iván Mordisco seguía con su estela de terror. Incluso Avendaño y Calarcá afirmaron que se iniciaría una ofensiva de Mordisco contra ellos. Este comandante, el pasado 31 de julio, lanzó un comunicado en donde reculaba y afirmaba que regresaría a las mesas de negociaciones con el gobierno. Iván Mordisco, en esa aparición, afirmó que el joven David Estiven Fernández había sido asesinado por Calarcá: “Un hecho aberrante que nos lleva a calificar de fraccionistas y traidores a este grupo descompuesto”. En el comunicado afirma que las acciones paramilitares contra el joven Fernández lo obligaron a tomar la decisión, siempre difícil, de integrar un grupo armado. Aún no se conocen más detalles de los hechos en los que el joven perdió la vida.

Por: Redacción Pares La abstención ante la OEA de Petro ha generado indignación. El 31 de julio, en reunión de la OEA se presentó un proyecto llamado Resolución sobre las elecciones en Venezuela del 28 de julio de 2024, se hizo para presionar a Maduro para que presente las actas que legitimarían su elección el pasado domingo. La presión internacional sobre el presidente venezolano es cada vez más asfixiante y se necesitan conocer las actas que legitimarían la victoria que obtuvo el oficialismo el pasado domingo. Sin embargo no se llegó a un consenso. No se consiguieron los votos necesarios para que esto se volviera oficial. La razón que dio Colombia para abstenerse a votar fue que, desde el 2019, Venezuela fue sacada de la Organización de Estados Americanos. Así que imponer sanciones o exigencias no es más que un saludo a la bandera. Igual se necesitaban 18 sufragios para que el proyecto pasara, apenas se obtuvieron 17. Abstenerse es una manera de sacarse de encima el problema, es algo parecido al voto en blanco y esto fue lo que hizo Colombia. Los medios contrarios al gobierno han dejado en el aire que Colombia fue el único país que optó por abstenerse. En realidad fueron 11 los que optaron por esta opción. Estos fueron las naciones: Bolivia Brasil Honduras Antigua y Barbuda Barbados Belice Dominica Granada San Cristóbal y Nieves Santa Lucía Otros, como México y Venezuela, decidieron votar en contra. El presidente Nicolás Maduro, ante la presión internacional, decidió hacer una rueda de prensa con los periodistas que se apostan en Venezuela desde el domingo. La rueda de prensa se hizo en el palacio de Miraflores. Ante la interpelación constante que sufrió el presidente sobre las razones por las que no ha entregado las actas la respuesta del presidente sonó a excusa “Hay un ataque cibernético”. En las últimas horas el Centro Carter, que garantiza que las elecciones en el mundo sean limpias, lanzó el pasado 31 de julio un comunicado en donde se afirmaba que las elecciones venezolanas “no cuenta con los estándares internacionales” Todo porque el gobierno no sólo ha mostrado las actas, sino que los estándares internacionales requieren un CNE independiente, este, el de Venezuela es bastante parcializado, en el conteo de los votos deben mantener esa independencia. Estos reparos del Centro Carter ha sembrado más dudas en las elecciones venezolanas. El Centro Carter pide pruebas, sólo pruebas legítimas sobre la victoria del oficialismo en Venezuela. En Colombia ha caído una lluvia de críticas contra Petro por la posición del gobierno en la OEA. El expresidente Santos afirmó que “el voto de Colombia en la OEA es una vergüenza”. Y afirmó que los resultados en Venezuela “no son creíbles”. Petro, en horas de la mañana del 31 de julio, lanzó un comunicado en donde, si bien le exigía a Maduro mostrar las actas, también habló de la importancia del espíritu de Chávez y le reprochó a los Estados Unidos el bloqueo económico al que está sometiendo a Venezuela.

Por: Katerin Erazo, Periodista En una medida que intensifica la investigación sobre presuntas coimas en el trámite de reformas gubernamentales, la Corte Suprema de Justicia ha ordenado una inspección judicial al Congreso de la República. La diligencia, promovida por el magistrado Francisco Farfán de la Sala de Instrucción, tiene como objetivo recolectar información crucial sobre la aprobación de reformas clave, entre ellas las de salud, laboral y pensional, así como la adición presupuestal destinada a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aunque aún no se ha definido la fecha exacta para esta inspección, se espera que se revisen minuciosamente las actas de las sesiones donde se discutieron estas reformas, así como la documentación relacionada con la adición presupuestal. Esta medida surge en medio de las investigaciones que vinculan a exaltos funcionarios del Congreso, incluidos los expresidentes Iván Name y Andrés Calle, con presuntos sobornos millonarios para favorecer los intereses del Ejecutivo. Se prevé que la inspección abarque tanto las secretarías como las presidencias del Senado y la Cámara, así como las comisiones económicas y séptimas, donde se discutieron las reformas. La Fiscalía General ha compulsado copias a la Corte Suprema detallando las posibles implicaciones de nueve congresistas en la estructura ilícita de la UNGRD durante la administración de Olmedo López Martínez, donde se desviaron recursos destinados a la gestión de desastres. Testimonios de exdirectivos como Olmedo López y Sneyder Pinilla han revelado cómo estos fondos fueron desviados a través de contratos alterados, supuestamente como sobornos a legisladores clave. Este escándalo amenaza con complicar la agenda legislativa del presidente Gustavo Petro, quien enfrenta críticas crecientes sobre la legitimidad de sus propuestas de reforma en un contexto de profunda controversia política. A pesar de la instalación reciente de sesiones del Congreso y la elección de nuevas mesas directivas, la incertidumbre persiste sobre la viabilidad de sus proyectos, especialmente en áreas críticas como salud y educación. La renuncia del exdirector de Inteligencia Nacional, Carlos Ramón González, señalado de haber autorizado los sobornos a Name y Calle, ha incrementado la presión sobre el Ejecutivo. El presidente Gustavo Petro, en medio de este torbellino, se encuentra en la difícil posición de avanzar con su ambiciosa agenda de reformas mientras enfrenta una creciente oposición y desconfianza. Entre sus propuestas destacadas se encuentran una eventual Asamblea Constituyente y el uso de un mecanismo de fast track para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, el escándalo de corrupción en la UNGRD ha puesto en vilo estas iniciativas, generando un ambiente de incertidumbre y descontento. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha reconocido la complejidad del panorama actual, destacando la necesidad de negociación y disuasión para asegurar el avance de la agenda legislativa del Gobierno. Cristo subrayó la importancia de dialogar con las bancadas y de mantener un plan claro para la agenda legislativa y el acuerdo nacional, aunque admitió que los recientes episodios de corrupción tendrán un impacto significativo. Desde la oposición, se argumenta que la crisis de legitimidad generada por el escándalo de corrupción socava cualquier intento del Ejecutivo de impulsar reformas importantes. Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, ha señalado que la legitimidad del Gobierno para avanzar en reformas dentro del Congreso es nula debido a los señalamientos de corrupción. La oposición sostiene que cualquier activación de bancadas y sectores políticos estará siempre bajo sospecha, y exige respuestas claras por parte del Gobierno Nacional y del Congreso. Además, se vislumbra un fuego amigo al interior del Ejecutivo que dificulta todavía más el trámite de los proyectos. La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, criticó al ministro del Interior por su agenda en el Congreso, acusándolo de no alinearse con los objetivos del Gobierno. Esta fractura interna añade otra capa de complejidad a los esfuerzos de Petro por consolidar su base de apoyo y avanzar con su programa legislativo. El propio ministro Cristo reconoció en una entrevista con el medio de comunicación “El Tiempo” que “sería ingenuo pensar que todo esto de la UNGRD no va a afectar al Gobierno. Hay que hablar con las bancadas. Nosotros ya tenemos un plan con la agenda legislativa y el acuerdo nacional y el plan sigue su marcha. Obviamente con estos episodios, los partidos tomarán sus decisiones”. Cristo también destacó la necesidad de implementar una estrategia de disuasión y negociación con los directores de los partidos para tratar de marginar el escándalo y circunscribirlo a hechos del pasado por parte de funcionarios que ya no están en el gabinete. En medio del escándalo y proyectando desde ya las elecciones de 2026, los partidos Liberal, Conservador y La U anunciaron que trabajarán en un acuerdo programático para tener un candidato único y poder enfrentar al petrismo. La propuesta la lanzó el expresidente César Gaviria, jefe de los liberales, y ya tuvo acogida en La U. Alexander Vega, codirector de la colectividad, manifestó la intención de formar una coalición de centro para presentar una alternativa sólida en las próximas elecciones. El bloque que se comienza a gestar en contra del Gobierno Petro no es de poca monta. Juntos —La U, conservadores y liberales—, representan uno de cada tres votos en Senado y dos de cada cinco en Cámara. Esta alianza tiene el potencial de modificar significativamente el panorama político y presentar un desafío formidable para las aspiraciones de Petro y su coalición. La legislatura apenas comienza y las miradas están puestas en el ministro Cristo y en la forma como el propio presidente enfrente los coletazos del escándalo. Al Gobierno solo le queda este año parlamentario para sacar adelante sus reformas, pues en 2025 los congresistas —sin distingo de partido—, entrarán en modo elecciones y, además de tomar distancia de un gobierno impopular, también arreciarán en sus críticas para hacerse a réditos políticos. ¿Podrá el Ejecutivo tramitar su ambiciosa reforma legislativa? La respuesta a esta pregunta dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para gestionar la crisis actual, negociar con las diferentes bancadas y mantener un enfoque claro y cohesionado en su agenda legislativa. En un año crucial para el futuro político del país, el presidente Gustavo Petro y su equipo tienen un desafío monumental por delante.

Por: Rafael Acosta  Enlace Tumaco de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil   Lucecita es una joven de 25 años del municipio de Tumaco, becaria de la  Escuela de Liderazgo Juvenil   de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Es socióloga egresada de la Universidad de Nariño, con un diplomado en políticas públicas de juventud y construcción de paz en la institución universitaria Unibautista, apasionada por el cambio social y una mente analítica en comprender las complejidades de la sociedad. Capacitada, con habilidades sólidas para la elaboración y gestión de proyectos político- sociales, enfocados principalmente en la población joven del municipio de Tumaco, con una visión transformadora y transparente que pueda materializar un mejor porvenir para la sociedad y la calidad de vida de los jóvenes.    Hace parte del colectivo GENERACIÓN V+ Tumaco, colectivo que está conformado por una red de jóvenes voluntarios que impulsan acciones individuales y colectivas. Su función principal es crear espacios de memorias que permitan apoyar a la comisión en diferentes tareas. Su misión es liderar procesos que lleven a pensar, conversar y actuar frente a múltiples problemas asociados a la violencia y al conflicto armado, realizan talleres pedagógicos en instituciones educativas, donde jóvenes y educadores se unen para imaginar y construir un futuro mejor. Adicionalmente, crean espacios de escucha activa como el círculo de la palabra, donde las víctimas del conflicto armado encuentran un lugar seguro para compartir sus historias, sanar heridas y tejer juntos el camino hacia la reconciliación. Planean nutrir más el diálogo, la convivencia y la construcción de paz en las comunidades.  Lucecita, junto al colectivo, impactaron positivamente a la comunidad, ya que han logrado involucrar a jóvenes en la construcción de paz, creado ambientes seguros y de confianza para las víctimas del conflicto armado y facilitando espacios permanentes para sanar e involucrarles en la sociedad. Estos logros les han permitido tener una visión clara de cómo seguir impactando y dando buenos resultado en el territorio.  Quiere continuar siendo un catalizador de cambio positivo no solo para Tumaco, sino para todo el país y así, poder expandir los talleres y círculos de la palabra a más instituciones y comunidades, desarrollar nuevas iniciativas que fortalezcan la paz y la reconciliación, empoderar a más jóvenes como líderes comunitarios, innovar en las metodologías de resolución de conflictos y comunicación. Considera que con sus acciones está siendo una luz en medio de tanta violencia y oscuridad, por eso sueña con trabajar toda su vida al servicio de la sociedad y ser un brazo de ayuda para los tumaqueños y los colombianos.

Por: Redacción Pares En las últimas horas la presión que tenía Gustavo Petro por pronunciarse sobre las polémicas elecciones en Venezuela era unánime. La oposición, encabezada por María Corina Machado, inhabilitada por 15 años, ha afirmado tener pruebas de fraude. Mientras tanto, en Venezuela, marchas del oficialismo y de la oposición se entrecruzan en sus calles. Se han presentado incidentes en donde se reportan 11 personas asesinadas durante las protestas. La comunidad internacional ha pedido que se ponga claridad sobre las elecciones mostrando las actas electorales. Pero 72 horas después no las han entregado. A ese coro se sumó Gustavo Petro quien en las horas de la mañana se pronunció a través de la red social X, antes conocida como Twitter. En ella le exigió a Nicolás Maduro permitir “un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional”. Petro matizó esta exigencia pidiéndole, en el mismo mensaje, a los Estados Unidos que cesen las medidas contra Venezuela “Le solicito al gobierno de los EEUU, suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos. El bloqueo es una medida antihumana que solo trae más hambre y más violencia de las que ya hay y promueven el éxodo masivo de los pueblos. La emigración a EEUU desde Latinoamérica disminuirá sustancialmente si se levantan los bloqueos. Los pueblos libres saben tomar sus decisiones”. Según especialistas el éxodo de venezolanos, que ya ha llegado a cerca de 8 millones en todo el mundo, podría aumentar en un millón más después del descontento que ha generado una nueva reelección del dirigente chavista. El modelo político impuesto por Chávez arrancó en enero de 1999. Hugo Chávez gobernó hasta su muerte en abril del 2013 y desde entonces la posta la ha tomado Nicolás Maduro. La falta de confianza en la sociedad civil, que ha derivado en expulsiones del país de ONG que se han quejado de la falta de libertades en ese país, a la prensa y a sus propios ciudadanos, ha generado un clima internacional al gobierno de Maduro. Desde su llegada a la presidencia Gustavo Petro ha intentado reestablecer relaciones ya que estas se encontraban rotas desde agosto del 2015 cuando Maduro ordenó cerrar la frontera. Colombia tiene en Venezuela a un aliado para las negociaciones de paz con el ELN y no puede desconocer la importancia del intercambio comercial en ambos países. Este es el mensaje completo que Gustavo Petro tardó 72 horas en hacer público: Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. Mientras se realiza ese proceso, la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas y detener las violencias que lleven a la muerte hasta que termine el escrutinio y terminen oficialmente las elecciones. Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones.  Dicho acuerdo puede ser entregado como una Declaración Unilateral de Estado al consejo de seguridad de las Naciones Unidas.   Le solicito al gobierno de los EEUU, suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos. El bloqueo es una medida antihumana que solo trae más hambre y más violencia de las que ya hay y promueven el éxodo masivo de los pueblos. La emigración a EEUU desde Latinoamérica disminuirá sustancialmente si se levantan los bloqueos. Los pueblos libres saben tomar sus decisiones. La situación actual del mundo, donde se rompe el derecho internacional, asesinando niños con impunidad total y donde pueblos hermanos se enfrentan con las armas ante designios de poderes oscuros que gravitan alrededor de la codicia y no piensan en la vida de la humanidad, puede hacer del Caribe un fogón de la violencia y de la inestabilidad enfrentando potencias extranjeras ajenas a nuestra historia y nuestro territorio. El pueblo colombiano sabe en su propia historia de la gravedad de la polarización violenta construida por el sectarismo político. Llevamos 75 años de violencia casi que permanente con más de 700.000 muertos desde entonces, con una sociedad y un estado que han recorrido tramos de profunda degradación. Eso no puede suceder en nuestro país hermano y debe terminar definitivamente en Colombia. Cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia y viceversa. Como el gobierno venezolano ha ayudado a la paz de Colombia, ahora este gobierno que represento quiere ayudar a la paz de Venezuela. América Latina debe ser una región de Democracia, Libertad y Paz. Esa fue la consigna final del Libertador Bolívar. Esa bandera debe seguir levantada por nuestros propios pueblos. El presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad, recordar el espíritu de Chávez, y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido. El escrutinio es el final de todo proceso electoral, debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia. Mis votos por la paz y la Democracia en Venezuela.

Por: Redacción Pares Veintitrés años después de haber visto al Palacio de Justicia arder, la entonces fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, decidió desengavetar los archivos sobre la toma del M-19 y la sangrienta retoma del ejército. Allí encontró una lista de supuestos guerrilleros dados de baja en combate. No pudo creer que estuviera en esa lista el nombre del magistrado Carlos Horacio Urán. Él era uno de los 11 magistrados que componían la gloriosa Corte Suprema de Justicia que se había convertido en un palo en la rueda, por ejemplo, a los llamados extraditables e incluso a un sector de las Fuerzas Armadas. Buitrago, hoy en día ministra de justicia del gobierno Petro, fue hasta la Escuela de Caballería y encontró una de las dos evidencias indiscutibles de que a Urán lo habían matado de un tiro de gracia algún oficial del ejército: en ese lugar, en donde además también se torturaba, encontró la billetera con los papeles del magistrado 23 años después de su muerte. Además, los camarógrafos del noticiero PROMEC, Nelson Vargas y Álvaro Freddy Acevedo, quienes estuvieron cubriendo para ese desaparecido medio, las incidencias de la toma y retoma del Palacio, le entregaron a Ignacio Gómez de Noticias Uno un video en donde aparecía, en un puñado de segundos, al magistrado Urán saliendo del Palacio cojeando pero con vida. No cabía duda: a Urán no lo mataron en el baño en el fuego cruzado entre guerrilleros del M-19 y soldados, sino que lo habían ejecutado. Encontró otras verdades terribles no sólo con la desaparición de Urán sino con la de otras 10 personas. Fue a cementerios donde desenterró cuerpos, revisó 1.500 horas de videos grabados en 1985, consultó libros, fotografías, regresó a la vida la memoria perdida de los muertos. Incluso llegó a recuperar el cuerpo de Carlos Urán. La Fiscalía demoró un tiempo para entregárselo a la viuda, la profesora uruguaya Ana María Bidegain. La investigación duró dos años. Fue durante el segundo periodo de la larga estadía presidencial de Álvaro Uribe y el comienzo del gobierno de Juan Manuel Santos. Unas semanas después de que este se posesionara fue despedida de su cargo. Era el injusto pago que recibía por haber logrado algo histórico: haber llamado a indagatoria a tres generales en retiro, Iván Ramírez, Alfonso Plazas Vega y Jesús Armando Arias Cabrales. Los tenía contra la pared pero siempre existirá una fuerza que salve a los poderosos en este país, sobre todo si tienen charreteras. El 7 de septiembre del 2010 el fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago le pagó su valentía echándola de la Fiscalía. Ni siquiera se lo dijo de frente. Sólo pidió las renuncias protocolarias de todos los funcionarios y la única que aceptó fue la de Buitrago. En una entrevista dada al portal La Silla Vacía Ana María dijo, sin que le temblara la voz, “Hubo ruido de sables de algún sector político o militar, y pidieron mi cabeza”. Tuvieron que pasar tres años para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le diera la razón y condenara al estado colombiano por esos desaparecidos. Su investigación cobró más relevancia cuando Plazas Vega – a quien después le quitarían los cargos- lo condenaran a 30 años de cárcel por desaparición forzada, en enero del 2024 al general Arias Cabrales lo sentenciaron a 35 años de prisión por el mismo delito y al oficial Iván Ramírez también le cayó una condena por el holocausto del Palacio. Sin Ángela María Buitrago no le habría quedado claro al país la macabra participación de las Fuerzas Armadas en la Retoma al Palacio de Justicia. Perfil bajo y metas claras, Ángela María participó en la comisión que intentó aportar la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Estuvo en la terna que presentó el gobierno para reemplazar al fiscal Francisco Barbosa y en junio fue nombrada como al nueva ministra de Justicia. Su nombre vuelve a estar en el sonajero público después de que se diera una inexplicable decisión: este 31 de julio se dio a conocer que una fiscal delegada ante la Corte negó que el magistrado auxiliar Carlos Urán hubiera salido vivo de palacio, desconociendo las pruebas irrefutables que había ayudado a juntar Buitrago. Según como lo detalló la W Radio “Desde la primera autopsia está determinada la causa de su deceso por el tatuaje de pólvora en el cráneo: “murió por proyectil de 9 milímetros disparado contra su cabeza a contacto”. Ninguna de las dos fuerzas en contienda, ni guerrilleros ni soldados, traían esta arma el día del combate. Sólo los oficiales. Quedaba claro que Urán había sido ejecutado acaso por orden y acción de un oficial del ejército. Ante este nuevo contratiempo a la verdad la viuda de Urán, la profesora Bidegaín, apelará. En noviembre del próximo año los hechos del Palacio de Justicia cumplirán cuarenta años. Y la verdad total, absoluta, nada que aparece.

Por: Redacción Pares Es la primera vez que la junta directiva de Ecopetrol recibe a miembros de sindicato de la USO en 54 años de lucha. La reunión se realizó el pasado 25 de julio, se escucharon los pliegos de peticiones de los sindicalistas que afirmaron ir “por el millón de barriles y por la Transición Energética”. Desayunaron y dialogaron lejos de cualquier tipo de tensión. La USO resaltó la importancia del plan de inversión y justificaron la inversión en el segmento de exploración que garantice el empleo regional. Acuñaron incluso la consigna de ir por el “millón y la Transición” se planteó la importancia de hacer el proyecto de línea base para calidad de combustible en Barrancabermeja. Se solicitó además construir un proceso disciplinario garantista y que se trabaje en la búsqueda de una cláusura de estabilidad laboral además de garantizar la participación de un trabajador activo en la junta directa de Ecopetrol. Se escucharon muy bien estas propuestas. Resulta un poco extraño que la prensa tradicional no haya cubierto este desayuno, que es histórico mire por donde se mire. El 25 de agosto de 1977 estalló la huelga en la refinería de Barrancabermeja. La represión ordenada por el entonces presidente López Michelsen fue brutal. Según una investigación de Renán Vega “el ejército persiguió con obstinación a los habitantes de Barrancabermeja, se encarceló arbitrariamente y sin orden judicial, a trabajadores, dirigentes sindicales, esposas de los trabajadores, jóvenes escolares y todos aquellos que tenían alguna simpatía con la huelga”. Bucaramanga y el puerto petrolero de Barrancabermeja fueron brutalmente militarizados. Lo que pedían los trabajadores era una nueva convención colectiva. Fue una huelga violenta cuyas heridas, en ambos bandos duraron mucho tiempo en cerrarse.  Sin embargo la primer gran huelga de la USO con Ecopetrol fue en 1971. Lo que reclamaban los trabajadores era lo siguiente: a defensa de los recursos nacionales, el desmonte de la Concesión Barco y la supresión del dólar petrolero, que alentaron el sentimiento nacionalista de los trabajadores. La supresión del dólar petrolero era un tema muy sensible para el sindicato porque, desde su perspectiva, beneficiaba a las empresas aumentando el precio de la gasolina y de los bienes de consumo de la población. Esta huelga duró 18 días, del 5 al 23 de agosto. Esta huelga generó 117 despidos y fue duramente criticada por el presunto daño a la infraestructura. A comienzos del siglo XXI las relaciones entre la USO y Ecopetrol fueron tranquilas. Esta paz se rompió en el 2016, tras doce años sin paros. La Unión Sindical Obrera convocó en septiembre de ese año anunció una huelga que buscaba evitar la privatización de Ecopetrol y que se respetaran los derechos de los trabajadores. La huelga se desató el 2 de octubre luego de que en el Plebiscito por la paz en Colombia ganara el No a los acuerdos de Paz con las FARC. En su momento la USO explicó estas razones para ir al paro: “Dentro de los reclamos del sindicato, se encuentran la necesidad de mejorar las condiciones laborales en la empresa, efectuar cambios al sistema de salud y eliminar los obstáculos para el desarrollo de la actividad sindical. Además el sindicato denunció el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la convención colectiva vigente, por parte de la empresa”. Ahora, cuando está al frente Ricardo Roa, se sentó la USO con la Junta Directiva de la empresa pensando incluso en tener adentro a uno de los sindicalistas. Un puente que nunca se había dado.

Por: Iván Gallo El 23 de enero del 2023, durante la posesión de Ruth Maritza Quevedo como Comisionada de la Regulación de Agua Potable y de Saneamiento Básico, el presidente anunció su intención de implementar en el país el programa Basura Cero. Era una reencarnación del mismo programa que impulsó durante su alcaldía de Bogotá. Aspiraba a imponer una cultura entre la ciudadanía que permitiera aprovechar y reducir los residuos sólidos. Cegado por el entusiasmo el presidente prometió que, a través de Basura Cero se aprovecharían los residuos sólidos, en reciclaje y en producción de energía. El objetivo era, como mínimo, ambicioso. Un país con una consciencia social más avanzada como Suecia, alcanzó un 95% de aprovechamiento de residuos. Buena parte de la energía que consume Estocolmo, su capital, sale de allí. En los Países Bajos se están importando residuos, ya, incluso, hay empresarios en Los Ángeles dedicados a una práctica que, bien utilizada, se puede convertir en un buen negocio. En China hay más de 600 plantas de Termovalorización. Pero, año y medio después de ese anuncio, no existen resultados tangibles de Basura Cero. Hay lugares del país en donde se hace urgente implementar el plan. Por ser una isla, San Andrés tiene un problema serio con la cantidad de basura que producen sus habitantes y también sus visitantes. Por eso, en el 2021, en pleno gobierno de Iván Duque, se inauguró la primera planta de valorización energética de residuos sólidos. Esta es la hora y no funciona, convirtiéndose en un nuevo elefante blanco. Lo primero que debe hacer el presidente, según especialistas en el tema como Amanda Camacho, ex directora de la UAESP, es desmontar el negocio de la basura que ha convertido a más de uno en magnate. Los rellenos sanitarios son minas de billete en donde se cobra por tonelada de basura. Bogotá genera al día 7.800 toneladas de basura al día. De ellas 1.300 son aprovechadas por recicladores. 800 se recogen en los que son llamados Puntos Críticos, que en Bogotá son 743, y el resto, que son cerca de 6.000 toneladas, son enterrados en rellenos como Doña Juana.  Este relleno, que se ha hecho tristemente célebre por sus continuos deslizamientos, le pertenece al Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, propiedad de Carlos Rangel quien a su vez es hermano de María Fernanda Rangel quien estuvo a punto de ser Contralora gracias a su cercanía con Roy Barreras, el ex contralor Carlos Felipe Córdoba y Juan Fernando Cristo. Doña Juana está operando desde el 1 de noviembre de 1988 mientras el alcalde de Bogotá era Andrés Pastrana. Doña Juana, si este fuera un país realmente comprometido con el medio ambiente, debería ser cerrado inmediatamente. Los residuos orgánicos que a diario se entierran allí se desprenden lixiviados, un líquido inmundo que se cuela hasta el río Tunjuelito, esparciendo contaminación y muerte. Según el portal Cuestión Pública “Desde 1989, cuando su operación fue entregada al consorcio español Promotora de Construcciones e Inversiones Santana Limitada (Prosantana Ltda), ha constituido un modelo de privatización de un servicio público con serias deficiencias en operación y administración”. Otra empresa que tiene puesta sus fichas en este negocio es Promoambiental Distrito, que ha tenido quejas por su operación en Cali. William Vélez, un multimillonario que no aparece en ningún ranking, como alguna vez lo describió el portal Las 2 orillas, se ha convertido en el zar de la basura. Su empresa, Interaseo, es una fuente de ingresos multimullarios para este antioqueño. La familia Ríos Velilla es otra que participa activamente en este negocio que ya está a punto de convertirse en una mafia. Si no se desmonta esto las palabras del presidente quedarán en el aire. La cultura que se está implementando cada vez más en hogares de estrato 1 y 5, de separar la basura entre lo orgánico e inorgánico y contar con un reciclador de confianza, debe extenderse al resto de los estratos. Además, para una experta como Amanda Camacho, se deben implementar medidas como hacer centros de compostaje dentro de los conjuntos cerrados, conectar a Doña Juana con bioceldas para que estén conectadas directamente a biogas y puedan aprovecharse para hacer energía. Y hay que incentivar a la gente de que el problema de las basuras nos concierne a todos. El distrito de Bogotá se gasta 35 mil millones de pesos anuales en recolección de basura en espacio público. Debe hacerse lo posible, incluyendo, por qué no, multas a usuarios que no tengan consciencia ecológica, para que este desangre de recursos pare. El planeta se encuentra en un momento crítico. Si no paramos la fábrica de desperdicios desapareceremos como especie. La intención del presidente puede ser buena, pero si no está enfocada en combatir las mafias que se han enriquecido con la basura, si no existe una estrategia de campañas publicitarias para promover una cultura de reaprovechamiento de residuos legítima y efectiva, la promesa de Basura Cero será una nueva frase de Petro que se le sumará a su ya larga lista de palabras vacías.

Por. Redacción Pares En Colombia ser sindicalista es un acto de fe. Entre 1971 y 2023 fueron asesinados en el país 3.230 sindicalistas, buena parte de ellos murieron en el periodo de mayor represión, los cuatro años de Julio César Turbay, quien con su estatuto de seguridad violó derechos de trabajadores con la excusa de estar persiguiendo a la subversión. Acá exigir derechos es rozar el sacrificio. Ha habido masacres como la de las bananeras, respaldadas por la empresa que después se conocería como Chiquita Brands quien, además, según confesó Evert Veloza, comandante paramilitar conocido por su alias de H.H, fueron los mismos empresarios los que abordaron a las Autodefensas para irse contra los sindicalistas en Urabá. Ante estas cifras que fueron conocidas en septiembre del 2023 en un evento llamado Reparar los sueños de libertad, el presidente Petro afirmó a través de su cuenta de twitter que “Mataron miles de sindicalistas solo para aumentar las ganancias”. De estos sindicalistas asesinados 2.745 pertenecían a la CUT. La Central Unitaria de Trabajadores fue creada el 26 de septiembre de 1986. Esta unión se dio gracias a un proceso de varios meses en donde se pudieron poner de acuerdo la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia CSTC, de tendencia comunista, la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), de tendencia demócrata cristiana ligada a la CIOSL, el sindicalismo independiente -entre ellos el magisterio y el sector petrolero-, y 17 Federaciones de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) se reunieron en la Plaza de Bolívar para proclamar la constitución de la CUT. El acto se realizó ante 20 mil personas que abarrotaron la Plaza de Bolívar. Ante esta unión de trabajadores la reacción de la derecha fue violenta. A comienzos del 2020 el medio BBC de Inglaterra se preguntaba ¿Por qué en Colombia no hay sindicatos? E intentaron relacionar esto con el asesinato sistemático de líderes sociales. En el artículo se daba una cifra: entre noviembre del 2016, fecha en la que el gobierno Santos y Rodrigo Londoño firmaron un acuerdo de paz en el teatro Colón hasta el 2020 habían sido asesinados a 600 líderes sociales. Todo lo que represente liderazgo entre los sectores menos favorecidos significa una amenaza al capital. El momento en el que el movimiento sindical estuvo más fuerte en el país fue en las décadas del 60 y el 70 en los que el 14% de los trabajadores de Colombia formaban parte de algún sindicato. Pero en los ochenta, con la violencia descarnada desatada por los grupos de violencia extrema, algunos que hacían parte de la extrema derecha y estuvieron capitaneando genocidios como el que sufrió la Unión Patriótica, el número de trabajadores que se afilian a un sindicato descendió dramáticamente. Hoy en día sólo un 4% de los trabajadores colombianos forman parte de un sindicato. En Latinoamérica el país que más trabajadores tiene afiliados a sindicatos es Argentina con un 35%. Colombia y Perú están al fondo de la tabla con un 4% La llegada, el 7 de agosto del 2022, de un presidente de izquierda, encendió la ilusión en la CUT de que por fin fueran a cambiar las condiciones de los trabajadores del país. Por eso desde la CUT se realizará un seminario este 5 de agosto para pensar los dos años que lleva el gobierno y que avances se han conseguido al respecto. El evento se realizará en CODEMA, calle 39B #19-30 y arrancará a las 8:30 con un panel en donde se discutirán los avances de las reformas sociales. La participación tendrá un costo de 25 mil pesos. El plato central del evento será una mesa redonda en donde los panelistas serán León Valencia, director de la fundación Paz y Reconciliación, la ex ministra de salud Carolina Corcho, Marcelo Torres, secretario general del PTC y Marío Alejandro Valencia.

Por: Redacción Pares En Venezuela las últimas 48 horas han sido convulsas. Nada parece ser normal en el país del chavismo. Ante la presión que ha recibido el régimen para entregar las actas que respaldarían la victoria, esencial a la hora de buscar el reconocimiento internacional, Maduro igual se ha confirmado él solo como presidente. A la oposición no le cabe duda que se le hizo fraude y María Corina Machado afirma tener todas las pruebas que lo confirmarían. En estas horas el presidente venezolano ya invitó a pelear en un ring de boxeo a Javier Milei y se preparara para cortar relaciones diplomáticas, que incluye cierre de embajadas y retiro de personal diplomático con los siguientes países: Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Uruguay y Panamá. Mientras tanto ya van tres las estatuas de Hugo Chávez que han caído en todo el territorio venezolano. En las últimas horas Nicolás Maduro ha sumado un nuevo enemigo, el magnate Ellon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo y que tiene, además, una de las tribunas más potentes que se pueden tener: la red social X. Poco después de que se dieran a conocer unos resultados que desde muchísimos lados ha generado cuestionamientos, Musk se sumó al coro de los que apoyaban a María Corina Machado, candidata de la oposición venezolana quien ha sido inhabilitada por 15 años. Ante la reiterada defensa a Machado Nicolás Maduro, proclamado una vez más como presidente de Venezuela por seis años más, no ahorró epítetos para irse contra Musk. Así lo dijo en una de sus primeras intervenciones oficiales: “Las redes sociales crean una realidad virtual que la controla nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk, que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela”. Musk se ha mostrado cercano a presidentes del área como Javier Milei, autoproclamado Libertario quien ha sido invitado por el magnate a sus fábricas en Estados Unidos donde desarrolla los cohetes con los que ha pretendido reanudar la carrera espacial. Maduro criticó la “sumisión” de Milei y afirmó que lo que busca el magnate de Tesla era quedarse con el litio en ese país. Después terminó su retahíla como si fuera un matón de colegio y lo desafío prácticamente a que se vieran “afuera” “Quien se mete conmigo se seca. Quieres pelea, vamos a darle, estoy listo, no te tengo miedo, vamos a darle, dónde quieras, di dónde?”. Lejos de amilanarse o buscar una salida más diplomática, Musk enfiló baterías contra Maduro y en una serie de trinos llamó “burro” al presidente venezolano “El burro sabe más que Maduro… Perdón por comparar al pobre burro con Maduro. Es un insulto al mundo animal”. A las caídas de las estatuas se suma la decisión de la gente en Caracas para quitar, con furia, cualquier objeto que represente al régimen, entre las cosas que han decidido quitar de las calles caraqueñas está toda la publicidad del oficialismo que durante campaña ha sido tan agresiva.

Por: Lizeth Serrato Contreras Mucho se habla de cómo Transición Energética es cada vez más necesaria y urgente en Colombia para mitigar el impacto medioambiental severo que sufre el país, combatir la pobreza energética de las comunidades y poder dar manejo a las altas tarifas del servicio de energía actual. Además de oxigenar al medio ambiente por la reducción de las emisiones de CO2 también será la oportunidad ideal para que el extractivismo solo quede como un recuerdo en la robusta historia de Colombia, o eso es lo que se cree.  La sociedad asocia los discursos de la Transición Energética a la erradicación de la minería, pasando por alto factores importantes como la economía, o incluso los minerales que se requieren para ejecutar la Transición.   Actualmente, la minería representa un 34,8% de las exportaciones totales del país, contribuyendo directamente a los impuestos de renta, Impuesto de Valor Agregado (IVA) y a los impuestos al patrimonio; además, de generar un aporte importante al sector de las regalías. Por otro lado, en el país existen, según la Agencia Nacional de Minería, 9.602 títulos mineros vigentes que autorizan la explotación de 312 tipos de minerales, consolidados, a partir de su explotación y uso, en ocho (8) grandes grupos distribuidos de la siguiente forma: Creación propia a partir de datos recopilados en investigación. 2024. Pero, ¿una vez iniciada la Transición Energética Justa en Colombia la minería dice adiós? Esta actividad resulta ser un mal necesario para que el país: 1. No caiga en un declive económico exorbitante, y 2. Pueda darse la Transición; llegado a este punto es importante saber que la explotación de ciertos minerales resulta ser un paso indispensable para que Colombia transite del uso de las energías convencionales a las energías limpias.   ¿La Transición necesita de la minería?   La respuesta, aunque controversial, resulta ser un rotundo SÍ; minerales como el cobre, cobalto, níquel, boro y hierro figuran como piezas claves para la fabricación de paneles solares y aerogeneradores, además de ser esenciales para construir las baterías destinadas al almacenamiento de la energía. Por suerte, o tal vez no tanta, Colombia cuenta con gran parte de estos minerales y su materia prima puede convertirlo en un país potencia para la Transición, sin embargo, como lo menciona Monzó (2021) para ZEO: los países líderes en la producción de minerales deben reducir las emisiones provocadas por la extracción y el procesamiento mediante el uso de tecnologías de bajas emisiones, buscando la eficiencia energética y utilizando las energías renovables en los diferentes procesos. Se estima, en general, que la producción de minerales y metales primarios emite, aproximadamente, el 10% de las emisiones globales de GEI. (Recuperado en: https://plataformazeo.com/es/el-papel-de-los-minerales-en-la-transicion-energetica/ )   Finalmente, la minería seguirá siendo una realidad en cualquiera de los escenarios, aunque se deje de utilizar un mineral, se va a necesitar de otro; la Transición beneficiará en gran medida al medio ambiente pero no queda exonerada de pagar la cuota de daños, contaminaciones y alteraciones significativas a la casa común. Por más que los gobiernos busquen y propongan erradicar la extracción de materia prima, el consumismo y las exigencias de la sociedad de este nuevo siglo convierten a esta actividad -minería- en un mal necesario para la cotidianidad, en otras palabras, Colombia corre para huirle al extractivismo, pero este corre más rápido.                                                                  Bibliografía Minería, A. N. (s.f.). Así es nuestra Colombia minera . Obtenido de https://www.anm.gov.co/?q=Asi-es-nuestra-Colombia-minera Monzó, N. (9 de junio de 2021). Obtenido de Zero Emissions Objetive: https://plataformazeo.com/es/el-papel-de-los-minerales-en-la-transicion-energetica/