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Por: Katerin Erazo, Periodista En una atmósfera de creciente tensión y desafíos, el "Gloria al Bravo Pueblo" resuena con fuerza en Venezuela, recordando al mundo la tenacidad de un pueblo decidido a ejercer su derecho al voto. En el reciente proceso electoral, la pasión por este himno nacional, adoptado hace 143 años, se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a las adversidades. Los votantes en diversas regiones del país enfrentaron múltiples obstáculos al intentar ejercer su derecho al sufragio. En el municipio Jesús María Semprum, estado Zulia, la apertura de los centros de votación se vio retrasada, lo que generó frustración entre los ciudadanos. La negativa de los militares a permitir el acceso de los observadores de la oposición y las trabas puestas por el personal electoral fueron algunos de los principales puntos de conflicto. Como respuesta, los votantes entonaron el himno nacional, reafirmando su demanda por un proceso justo y transparente. En Casigua-El Cubo, una región marcada por la presencia de grupos armados, la valentía de los votantes fue puesta a prueba. A pesar de las amenazas y la intimidación, los ciudadanos acudieron a los centros de votación, exigiendo su derecho a participar en los comicios. En un testimonio impactante, se denunció la presencia de un conocido líder guerrillero dentro de un centro electoral, lo que exacerbó la tensión y el miedo entre los votantes. Sin embargo, esto no impidió que la comunidad alzara su voz en protesta. Los relatos de aquellos que enfrentaron estas circunstancias son un testimonio de la resiliencia venezolana. En algunos casos, los miembros de mesa y los observadores de la oposición fueron excluidos, lo que provocó una ola de indignación y manifestaciones pacíficas. Los ciudadanos, armados únicamente con su voz y su himno, desafiaron las barreras impuestas, cantando el "Gloria al Bravo Pueblo" como un acto de desafío y esperanza. En otras regiones, la violencia intentó silenciar a los votantes. En Maturín, un ataque armado dejó a una mujer herida, resaltando el peligro que muchos enfrentaron al acudir a las urnas. A pesar de esto, la comunidad local se mantuvo firme, denunciando las irregularidades y exigiendo el cumplimiento de sus derechos electorales. Según Alejandro Chala, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), los recientes eventos confirman una tendencia observada en los dos informes de violencia político-electoral publicados por Pares. Estos informes sugieren que la violencia ejercida por el Estado venezolano podría intimidar a la población civil y limitar su derecho al voto. La alta abstención registrada, pese a una cifra considerable de votantes según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, respalda esta tesis. Chala subraya que esta violencia no solo afectó a los militantes de los partidos opositores, sino también a negocios, lugares y personas que apoyaban a los candidatos Edmundo González y María Corina Machado. Esto indica que el gobierno oficialista empleó diversas formas de violencia para mantenerse en el poder, reflejando un método que Chala describe en otro artículo de Pares, escrito en febrero, sobre las estrategias del gobierno venezolano para evitar una transición de poder. Los incidentes durante la jornada electoral, como el robo de urnas y la militarización de ciudades, podrían estar demostrando el control del oficialismo sobre el proceso electoral y su uso de la violencia para mantener dicho control. Esta situación, según Chala, viola los derechos democráticos y humanos de la población civil, otorgando una ventaja injusta al oficialismo y constreñendo electoralmente a un sector de la sociedad. Chala también señala la complejidad de atribuir la violencia electoral al ELN o a otras guerrillas binacionales en los estados fronterizos con Colombia, aunque reconoce la existencia de bandas armadas en Venezuela que operan en connivencia con el gobierno oficialista. Si bien es difícil confirmar la participación del ELN en estos eventos, Chala afirma que grupos armados vinculados al oficialismo salieron a intimidar a la población, interferir en el proceso de votación y robar urnas para declarar a González como ganador.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos El 7 de agosto del 2022, en la Plaza de Bolívar, vivimos un momento histórico. En el último momento Roy Barreras, entonces presidente del Congreso y quien era el encargado de ponerle la banda presidencial a Gustavo Petro, decidió cederle este honor a María José Pizarro. El diseñador Diego Guarnizo le había confeccionado un traje rojo que tenía la esencia del Pacífico. Fue tejido por excombatientes tejedores que hicieron, en su espalda, el rostro de su padre, el Comandante. Con los ojos arrasados en lágrimas ungió al antiguo militante del M-19. Tenía que ser ella la indicada. El sueño de Pizarro se hacía realidad. Ajedrecista consumado, Roy Barreras había movido sus fichas pensando en el futuro. Era un guiño claro a Pizarro pensando, precisamente, en el entonces lejano 2026. ¿Quién sería el sucesor de Petro? Dos años después el nombre de Pizarro es uno de los que más suena buscando continuidad en un gobierno que le apuesta a implementar reformas estructurales que necesitan tiempo. La senadora María José Pizarro ha sido el motor del Pacto Histórico. En el 2018 dejó en la estacada a su mentora, Angela María Robledo, con quien se había comprometido a aspirar a la Cámara bajo las toldas del partido Verde. Pero fue Iván Cepeda y Alirio Uribe quienes establecen con ella un puente para verse con Petro. Una tarde del 2018 le suena el celular y es Hollman Morris. Gustavo Petro la espera en una oficina que tenía el hoy presidente en la carrera séptima con 28, en un edifico viejo y feo, un lugar ideal para realizar reuniones de bajo perfil. Esa misma tarde Petro la convenció de que su lucha estaría al lado de un ex militante del M-19, que se había convertido además en el político de izquierda más exitoso en la historia de Colombia. Angela María, eso si, jamás la perdonaría. Formó parte de la lista de Decentes y consiguió 78 mil votos. Por supuesto que llegó a la Cámara. Ella, joyera y artista de joven, lectora de Ray Bradbury, seductoramente punketa, no sabía lo que era ser congresista. Amigos como David Racero la ayudaron a tener la voz de mando con la que hoy, seis años después, como senadora, se ha vuelto indispensable en el Pacto Histórico, ella es la fuerza que está intentando unir a los 13 partidos que conforman el Pacto en uno sólo. Algo muy difícil teniendo en cuenta el ego que ha caracterizado a la izquierda en Colombia. María José tiene intenciones de lanzarse a la presidencia. Ella aún no lo dice oficialmente pero el Pacto quiere y ella también. No la tendrá fácil. En el partidor también está Claudia López. La ex alcaldesa de Bogotá se ha sabido mover con suficiencia. Ni muy a la derecha, ni muy a la izquierda. De pronto es la hora de los tibios. Incluso se dio el lujo de renunciar al Partido Verde. Una vez dejó la alcaldía de Bogotá, el 31 de diciembre del 2023, se fue a estudiar a Harvard. Ocasionalmente viene a Bogotá. Este año incluso escribió un libro sobre la Parapolítica. Aunque afirma que su vocación es el servicio público, Claudia López no ha confirmado sus aspiraciones presidenciales. Amigos que la conocen bien como el hoy senador Ariel Avila, han afirmado que no cabe ninguna duda, Claudia será candidata. Los opacos siete meses de Carlos Fernando Galán como alcalde de Bogotá le han servido para demostrar que su gestión en la capital, a pesar del caos que está generando el metro elevado, no fue mala a pesar de que al final de su mandato tenía un 54% de imagen desfavorable. A Claudia le tocó una alcaldía con las complejidades que trajo la pandemia. En los últimos meses su distancia con Petro es cada vez más grande, como si quisiera dejarle claro hasta a los derechosos más enfebrecidos que jamás sintió ningún tipo de empatía por las ideas del hoy presidente. Basta ver lo que ha dicho en las últimas horas, después de la polémica que se generó en Venezuela por los resultados electorales, para comprobar que las diferencias son irreconciliables. López criticó el silencio que mantiene el presidente, quien prepara una declaración conjunta con Lula Da Silva después del triunfo de Maduro. La ex alcaldesa calificó la actitud de Petro como de cómplice de un posible fraude:  “Es increíble y sorprendente. Gustavo Petro habría denunciado a gritos que en Colombia se hiciera un proceso electoral con el nivel de arbitrariedad y fraude del que se está haciendo en Venezuela; y hoy como presidente de Colombia está mudo, ese señor que es un tuitero enfermizo no ha puesto un solo mensaje en casi 24 horas, ha guardado silencio cómplice con un fraude electoral en ciernes en Venezuela”. Aun no se sabe qué color tendrían las toldas de Claudia López en su posible lucha por ser la primera mujer presidenta del país. En mayo pasado, durante el escándalo que salpicó al presidente del senado Iván Name, por posibles coimas que habrían salido del presupuesto de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastre, López renunció al Partido Verde en señal de rechazo a estos supuestos casos de corrupción. La sorpresa en este probable partidor sería Vicky Dávila. Le pregunté a la directora de la Revista Semana por sus intenciones presidenciales y fue tajante al responderme lo siguiente: “sabes que soy periodista y estoy enamorada de esto”. La postura periodística de Dávila es abiertamente conocida. Es una de las críticas más incisivas que tiene el gobierno. En materia de audiencia esta posición le ha traído réditos. Durante dos años la Revista Semana superó con holgura a El Tiempo en el medidor Comscore como el más visitado de los medios en el país. La versión de que Vicky podría ser candidata la generó una propuesta de Reforma Tributaria que lanzó la propia periodista en Semana. En un video Dávila lanzó esta propuesta:  “Necesitamos que la gente vuelva a confiar. Que los colombianos puedan volver a soñar. (…) ¿Qué tal un 10-10-10? 10% de IVA, 10% de impuesto de renta a las empresas y 10% de impuesto a las personas. Sin exenciones ni gabelas para nadie. Algunos poderosos se han acostumbrado a tener sistemas tributarios a su medida, a costa de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores”. Periodistas como María Jimena Duzán, desde la revista Cambio, Daniel Pacheco de la Silla Vacía, Luz María Sierra, directora de El Colombiano y analistas como León Valencia, director de la fundación Paz y Reconciliación, han respaldado la teoría que la directora de Semana podría ser una opción a la presidencia. Tendría detrás el músculo financiero del grupo Gilinski quienes, desde el año 2019, le compraron a Felipe López Semana. Claudia López se sumó en la polémica al pedirle a Vicky que aclarara sus supuestas intenciones políticas a lo que la periodista respondió: “Claudia López, lo suyo es un delirio. Deje de verme como una competidora, usted es política y yo periodista”. A pesar de lo que puedan afirmar sus detractores es indudable que Dávila tiene un público, cada vez más creciente, que se identifica con sus posturas críticas con el petrismo. Jamás se puede subestimar. Faltan poco menos de dos años para las próximas elecciones presidenciales. Seguramente saltarán al partidor otros nombres, como el del actual gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, o el canciller Luis Gilberto Murillo, pero estas tres mujeres, aunque no lo reconozcan oficialmente, ya arrancaron la carrera. La campaña hace rato comenzó.

Por: Yudi Angulo Castro Enlace Buenaventura: Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil.  La Asociación Cultural Rostros Urbanos es una organización de carácter artística cultural que surge el 6 de septiembre de 2010 como una propuesta de reivindicación de derechos de los y las jóvenes de Buenaventura para promover y defender los Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y víctimas del conflicto armado, utilizando el arte y la cultura como estrategia  de prevención  del consumo de sustancias psicoactivas, evitar la participación en grupos armados ilegales, propiciar el reconocimientos de sus derechos y deberes, de participación ciudadana con conciencia crítica y alternativa de futuro. En estos 12 años de trabajo ininterrumpido se han logrado desarrollar iniciativas de acompañamiento, fortalecimiento de capacidades, formación para la acción, participación e incidencia, fomento a nuevos liderazgos, entre otros para así lograr avanzar hacia el empoderamiento de los derechos y deberes de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y víctimas del conflicto del distrito de Buenaventura.  Esta organización este liderada por una mujer comprometida al fortalecimiento de mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto armado . Esta es una de las organizaciones que hacen parte de la Escuela de Liderazgo Juvenil  de la Fundación Paz y Reconciliación -PARES en Buenaventura, bajo la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID.     Desde el año 2012 ya legalmente constituidos, Rostros Urbanos ha venido desarrollando apuestas usando el arte como una herramienta de construcción de paz y transformación social, usando el arte como “excusa” para mostrarle a las y los adolescentes y jóvenes que existen otras formas de hacer uso del tiempo libre y construir sus proyectos de vida, además, de apostarle a soluciones alternativas a los problemas que padece la juventud de Buenaventura.  Rostros Urbanos trabaja bajo tres líneas estratégicas, alrededor de las cuales giran sus propósitos:    1. Formación y desarrollo humano:  Línea estratégica desde la cual se desarrollan escenarios de formación artística y política, además del acompañamiento en la elaboración de proyectos de vida, orientación vocacional y ocupacional. Esta línea se subdivide en 4 tópicos de trabajo:     Formación política:  Espacio de formación a través del cual se brindan estrategias pedagógicas en los siguientes temas: derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, análisis de contexto, derechos sexuales y reproductivos, identidad cultural del pacífico y tradiciones culturales.  Formación artística:  En este espacio se brindan herramientas formativas en relación con el arte y la cultura a través de talleres tales como: Ritmo y métrica, técnicas de dibujo, grafiti, muralismo, baile, composición musical y puesta en escena. Dicha formación está orientada desde la cultura del Hip Hop y la cultura tradicional del pacifico en procesos de transmisión del saber ancestral, estrategias de conservación y preservación de la cultura, como estrategia de prevención para que los niños, adolescentes y jóvenes no se involucren en grupos armados al margen de la ley y al consumo de sustancias psicoactivas.  Desarrollo humano:  en este espacio se trabaja en la orientación y acompañamiento para la elaboración de proyectos de vida, orientación vocacional y ocupacional, además de brindar asesoría para la configuración de habilidades blandas y capacidades a fin de promover el emprendimiento.  Enfoque de género y diversidad:  Implementar y reforzar políticas que aseguren la equidad de género en todos los procesos y niveles de la organización, creando un entorno inclusivo que valore y respete las diferencias individuales, promoviendo la diversidad en todas sus formas, desarrollando programas y prácticas que aseguren la inclusión de todas las personas, brindando igualdad de oportunidades y eliminando cualquier forma de discriminación.    2. Incidencia política y social:  Línea estratégica direccionada a establecer espacios de relacionamiento y articulación con el gobierno y las organizaciones privadas en orden de fortalecer la cultura y los derechos humanos. Desde la incidencia social se busca incidir en las comunidades para que estas reconozcan su identidad y promuevan acciones para su preservación y conservación, además de que puedan apostarle a la construcción de una cultura de paz y de sana convivencia en sus territorios, empoderándose de sus capacidades.    3. Comunicación e investigación: Su objetivo es investigar las practicas, costumbres y tradiciones culturales del Pacífico para difundir y generar procesos de comunicación que promuevan y fortalezcan la cultura y su relación con las practicas modernas de Buenaventura.    Algunas de las iniciativas más destacadas de la organización que impactaron en estos años de trabajo ininterrumpido a más de 1.000 jóvenes en Buenaventura son: a ritmo de Hip-Hop , propuesta que buscaba fortalecer las capacidades organizativas y lograr altos niveles de incidencia en la ciudad y proponer acciones de cambio a favor de las comunidades juveniles del Distrito de Buenaventura, proceso que se realizó en 2012 y 2013.  Escuela Generando Arte Consciente, proceso artístico cultural con énfasis en derechos humanos y liderazgo, este proceso brindaba herramientas formativas en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, entre otros a adolescentes de zonas vulnerables donde esta población estaban expuestos a ser víctimas de vinculación a grupos armados ilegales y motivados al consumo de sustancias psicoactivas, después de las temáticas se pasaba a un proceso de formación artística que les permitiera por este medio plasmar sus realidades a través de la música, la danza, entre otros, la estrategia del arte y la cultura se convirtió en la excusa para prevenir a adolescentes y jóvenes del consumo de sustancias psicoactivas y la participación en grupos ilegales, como se mencionó antes, dicho proceso se llevó a cabo durante el año 2014. Campaña Súmate al arte por la paz, campaña permanente de promoción de la paz como una cultura, con esta campaña se llega a sectores marcados por las dinámicas de la violencia, logrando que artistas de toda la ciudad, lleguen a estos sectores a compartir espacios deportivos, de arte y cultura con las comunidades, además de generar un escenario de dialogo intergeneracional con niños, adolescentes y adultos frente a lo que es la paz y a la apuesta de estas comunidades para la construcción de paz. Proceso que se desarrolló durante los años 2016 - 2022. Fortalecimiento organizativo para la incidencia en política pública de juventud, construcción de plan de acción y sistematización para la reconstrucción de la memoria social y cultural de los barrios Punta del Este y Vistahermosa, propuesta que permite hacer incidencia en la política pública de juventudes. 2016 – 2017. Recuperando la esquina para la paz, generar procesos de formación en sectores vulnerables del distrito de Buenaventura, orientados a fortalecer su conciencia de derechos y potencializar sus habilidades como protagonistas en la transformación de su realidad. 2016. Escuela de fortalecimiento de capacidades para la acción y la participación juvenil, esta propuesta buscaba   fortalecer las capacidades de liderazgo y participación juvenil de los jóvenes rurales, lo cual les permitiera participar de forma activa en la toma de decisiones en relación con la implementación de la política pública de juventudes, la puesta en marcha de la plataforma distrital de juventudes, la elaboración de planes, programas y proyectos que respondan a la realidad que viven como población. 2017.     Otras apuestas en materia de incidencia y construcción de paz que ha ejecutado Rostros Urbanos en Buenaventura en estos años también han tenido que ver con proyectos como: voces por la memoria: el camino para la verdad y la dignidad de las víctimas, 2020,   el proceso de voluntariado juvenil para la paz,  2020, se retoma la campaña súmate al arte por la paz – encuentros de paz y sana convivencia en 2021 con el apoyo del Ministerio de Culturas, durante el año 2022 se desarrollando 3 iniciativas artísticas y de fortalecimiento; el fortalecimiento organizativo al equipo de comunicaciones de Eleggua, narrativas territoriales para la reconstrucción del tejido social y narrativas artísticas y audiovisuales para la apropiación y difusión del legado de la Comisión de la Verdad este último financiado y acompañado por el Centro Internacional de Justicia Transicional – ICTJ.    Además, Rostros Urbanos ha logrado articular acciones con otras organizaciones de la ciudad y el país, como la Plataforma de acción joven, la Uramba por la juventud, espacio que también es acompañado por la Oficina Pacífico de la PARES desde el año 2018,   el festival Tura Hip Hop, la   construcción de la canción literaria de la vida y obra del Poeta Negro Candelario Obeso ,  para el Ministerio de Cultura: Proceso de producción musical donde se contó con la participación de la agrupación Kombilesa Mi del palenque de San Basilio y la Asociación Rostros Urbanos de Buenaventura la canción fue lanzada en la Biblioteca Nacional y utilizada como estrategia para motivar la lectura. El tema musical está disponible en la página web de la Biblioteca Nacional. – 2016. Han acompañado la conmemoración de la masacre de los 12 jóvenes de Punta del este.  En estos 12 años de trabajo y defensa de derechos humanos muchas organizaciones de cooperación se han sumado a acompañar la labor de Rostros Urbanos con las poblaciones que benefician en sus procesos, entre ellas están: Terre Des Hommes Alemania-TDH, la fundación Servicio Jesuita a Refugiados – SJR, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES, Podion a través del programa Ita-Cho, ACDI-VOCA con el acompañamiento de la Comisión de la Verdad, Open Society Foundation a través de la Asociación Kombilesa y la Corporación de Desarrollo Productivo – CDP, Alianza por la Solidaridad con recursos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, Freedom House y la fundación Paz y Reconciliación que a través de la primera versión de la Escuela de Liderazgo lograron financiar dos iniciativas relacionadas con la seguridad alimentaria para mujeres cabeza de familia del barrio San Luis y la formación audiovisual a jóvenes del barrio Miramar.  Otra de las grandes apuestas de Rostros es usar el muralismo como un mecanismo de memoria y reivindicación de derechos, los murales se han convertido en el puente que conecta el legado, resiliencia, historia y vivencias de las comunidades que se acompañan desde la organización, algunos murales relatan hechos históricos de la ciudad, como el que se construyó en la comuna 6 sobre la vía alterna interna en conmemoración del asesinato del líder social Temístocles Machado, quien fue vilmente asesinado en el año 2018. En el marco de la campaña Súmate al arte por la paz se construyeron varios murales que daban cuenta de los puntos que se acordaron entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP posterior a la firma del acuerdo de paz, con la intención que la población bonaverense conociera lo que se acordó y hacer los ejercicios de apropiación. Además, el arte sigue siendo aquí un puente de conexión y construcción de paz para Buenaventura. En Rostros Urbanos siguen convencidos que el arte y la cultura pueden transformar comunidades.

Por: Isabela Puyana En todas las formas el gobierno de Maduro ha traicionado a los pueblos indígenas que dijo defender. La lucha contra grupos ilegales, algunos procedentes de Colombia que los indígenas venezolanos deben enfrentar también ante la probada incompetencia estatal, frente a Los datos que son escalofriantes: entre el 2019 y el 2023 fueron asesinados veinte indígenas. Todos los homicidios tuvieron que ver con actividades de minería ilegal.   ODEVIDA registró entre el año 2013 y 2022 un total de 40 líderes representantes indígenas víctimas de homicidios, de los cuales 15 fallecieron en manos de efectivos militares venezolanos y 25 fueron asesinados por grupos guerrilleros de Colombia y sicarios pertenecientes a organizaciones de minería ilegal.   La presión de las actividades extractivistas y la presencia de gobernanzas híbridas criminales en los territorios ancestrales. Lo anterior se evidencia en la deforestación acelerada, la contaminación de los ríos, el colapso de los servicios públicos, el aumento de la pobreza, la invasión de los territorios, la consolidación del control de las minas por parte de los grupos armados y persecución de líderes y defensores indígenas   El ELN,  las FARC, del narcotráfico,las disidencias dentro del territorio venezolano son las principales causantes, sin que sean combatidos seriamente por el ejército venezolano.   La Guerrilla del ELN sigue explotando Coltán en los territorios de la Amazonía venezolana. Un líder indígena denunció que el ELN lleva al menos cuatro años administrando la explotación de los recursos mineros en la zona de Pavoni en la que han extorsionado y desplazado la comunidad Jivi, sin que nada ocurra.   En el caso del Estado de Delta y de acuerdo a un informe de Funda Redes opera un brazo de Las FARC, con claros vínculos con el narcotráfico internacional. También hay presencia de otros grupos criminales como el Sindicato de Barrancas, controlando las minas del territorio ubicadas en la frontera con Guyana.   La periodista Minerva Vitti da un diagnóstico de la realidad que se presenta en el sur de venezuela, aseverando que “desde que el gobierno de Maduro creó la zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”en 2016, se profundizaron las consecuencias de la minería en la vida de los indígenas. Los estados Bolívar y Amazonas presentan la mayor hegemonía de minería a través de auge de grupos criminales que controlan la actividad dejando saldos mortales.   Odevida registró entre el año 2013 y 2022 un total de 40 líderes representantes indígenas víctimas de homicidios, de los cuales 15 fallecieron en manos de efectivos militares venezolanos y 25 fueron asesinados por grupos guerrilleros de Colombia y sicarios pertenecientes a organizaciones de minería ilegal.   El caso más relevante fue el asesinato dle líder indígena Piaroa y guardian del territorio Virgilio Trujillo Arana, lo que posteriormente desencadenó 35 casos de desplazamientos y amenazas de líderes y lideresas hacia Puerto Ayacucho y otras zonas del interior de Venezuela.   La situación de los pueblos indígenas se agrava cuando se miden otros indicadores de bienestar como la alimentación, la salud o el derecho a la educación, ambos están en números rojos.

Por. Redacción Pares En abril de este año el área de democracia de Paz y Reconciliación publicó un artículo develando a los clanes políticos, encabezados por el de Diosdado Cabello y seguido por los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, como los principales bastiones de Maduro. Tres meses después se efectuaron las elecciones presidenciales en Venezuela. Después de cinco horas de tensión, de un silencio sepulcral sobre lo que pasaba en las mesas de votación, se dieron sobre la medianoche del 29 de julio los resultados. Con un estrecho margen Maduro fue reelegido. Edmundo González perdió las elecciones por cerca de 500 mil votos. La victoria no convence a nadie. Es que a las 4:30 de la tarde se conoció una encuesta a votantes y mostraba una amplia ventaja a favor de González. Pero los peores temores se hicieron realidad. La cercanía del régimen chavista con el CNE es otro motivo de sospecha. A continuación pasaremos a conocer quienes son los clanes que mantienen a Maduro en el poder: Maduro sí que sabe cuidarse bien las espaldas. Sus secretos, para que nadie ose a disputarle el poder, son el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que otorga al contralor general de Venezuela la facultad de inhabilitar políticamente a cualquier ciudadano por un período de 3 a 15 años. No importa la acusación, siempre será encontrado culpable. Por eso puede aparentar ser un demócrata. No le importa hacerse elegir. Siempre ganará. La segunda clave fue perfeccionar una idea que incubó Chávez, la de crear pequeñas camarillas al interior de su círculo más cercano de poder que sostengan su “Revolución Bolivariana”.  Este informe relatará dos realidades de estos grupos políticos. Por un lado, el nacimiento y emergencia de nuevas redes clientelares y de nuevos grupos en los que el gobierno de Nicolás Maduro ha puesto su confianza para construir su nuevo modelo político y económico, que pretende emular el sistema chino, y el ocaso de los viejos grupos en los que el Chavismo se afirmó para consolidar su poder en la primera década del siglo XXI. Uno de esos clanes es el de Diosdado Cabello. A pesar de sus escándalos y de su discrepancia ideológica con el propio Maduro, ha logrado atornillarse bien al poder gracias a la red familiar que desplegó dentro de la burocracia de la “Revolución Bolivariana”. Uno de los focos en los que se ha centrado la familia Cabello es en el SENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, en donde ha puesto al mando a uno de sus hermanos. Desde el 2017 Nicolás Maduro ha intentado atajar la influencia de los Cabello en ésta y otras instituciones donde antes poseía amplio control. La fidelidad de las Fuerzas Armadas hacia Cabello si explica por pertenecer, y ser en este momento el miembro más destacado del grupo de Los Montilleros, la promoción de militares graduados de la Academia Militar Venezolana con él en 1987 y que acompañarían a Hugo Chávez Frías en la intentona de golpe de estado al gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992, que resultaron siendo la columna vertebral de lo que después se conocería como el Movimiento Quinta República. Aún quedan varios en puestos claves y han protagonizado escándalos de corrupción. Esa red de funcionarios de origen militar le permite a Diosdado Cabello tener la lealtad de la mayoría de los oficiales y suboficiales cercanos a él. No sólo los militares lo sostienen, también está una red de burócratas, como el poderoso Freddy Bernal, gobernador del Táchira, amo y señor de la frontera, que se mantienen fieles a Cabello. Durante su primer mandato, durante 2002. En ese mismo año, fue señalado como encargado de supervisar entrenamientos militares para los círculos bolivarianos, por lo que su peso dentro de la red política de Cabello es tener incidencia y capacidad de movilización sobre los comandos chavistas en el territorio venezolano. Como soporte económico, Cabello aún mantiene varios aliados y conexiones dentro de su inmensa red de poder. A partir de las reparticiones hechas entre los diferentes grupos que conforman el aparato cívico-militar de Venezuela, Cabello tiene incidencia en la mayoría de las carteras que tienen que ver con el tema agrícola (al tener como cuota política a Wilmar Castro, de su círculo de influencia), el tema tributario (debido al control que José David Cabello sigue reteniendo como director del SENIAT) y temas comerciales y financieros con China (pues tiene cuota con Giussepe Yoffreda, actual embajador de Venezuela en el país asiático). Eso sí, en los últimos años el poder de Cabello ha venido menguando. Nicolás Maduro se ha encargado de que sea así. En el año 2020 Maduro pasó a retiro a 53 oficiales y suboficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que eran cercanos a Diosdado Cabello, tanto por ser parte de los “montilleros” como por haber ascendido de rango durante los primeros años del Chavismo en el poder. No obstante, Cabello ha logrado reencaucharse y conservar el poder que posee, especialmente en las regiones del Táchira y Zulia, donde controla a las bases del PSUV gracias a la acción de Freddy Bernal como gobernador y a la incidencia que Francisco Arias Cárdenas sigue ejerciendo en Zulia, además de tener a Omar Prieto como cuota en esa gobernación, en la que se ha establecido como principal líder político y le ha permitido tener control de la frontera. Además su influencia en el poder de la rama judicial y electoral ha aumentado gracias al posicionamiento de políticas como Tania d’ Amelio o María Carolina Ameliach. Además Cabello sigue teniendo control dentro de su propio partido, el PSUV, del que es vicepresidente, que le permiten aceptar o quitar nombres dentro de las listas electorales locales, regionales y nacionales, especialmente con un partido que se sostiene del Estado. Como se verá en este informe, tanto a Maduro como a su esposa Cilia Flórez, no le conviene deshacerse de Cabello. Su sola presencia sigue siendo intimidante y ayuda a exorcizar los fantasmas de un golpe de estado. El otro clan que emerge en la Venezuela chavista son los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez Gómez, hijos de uno de los pilares de las luchas sociales en la Venezuela del Siglo XX, Jorge Antonio Rodríguez, quien murió como un verdadero mártir, en una prisión y torturado por orden del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez en 1977. Delcy llegó a tener cargos de primer nivel gracias a su cercanía con Nicolás Maduro. Un incidente la alejó del poder en las épocas de Hugo Chávez, pero una vez muere el líder de la Revolución, se vuelve a acercar al gobierno esta vez como ministra de Comunicación e Información de Venezuela entre 2013 y 2014. Durante su gestión, Rodríguez se convirtió en la principal portavoz y propagandista del gobierno de Maduro y su "revolución bolivariana". Su ministerio chocó con los medios de comunicación venezolanos y, además, ordenó el cierre del canal de noticias NTN24 en ese país. Como canciller se haría notorio en todo el continente por su cruzada en favor de Maduro. Fue elegida como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue ministra de Economía y es la actual vicepresidenta de Venezuela. Ha sido castigada por su cargo debido a los problemas que tiene la democracia en Venezuela. En junio de 2018, la Unión Europea la sancionó con la prohibición de viajar a su territorio y la congelación de sus bienes por su papel como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Suiza también la sancionó en julio de 2018 por las mismas razones. Estados Unidos la sancionó en septiembre de 2018 por su relación con funcionarios sancionados del gobierno de Maduro y con Diosdado Cabello. Suiza y la Unión Europea ampliaron sus sanciones contra Rodríguez en agosto y octubre de 2019, respectivamente, por violar los derechos humanos y socavar el estado de derecho y las instituciones democráticas. El TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) también la sancionó en diciembre de 2019 con la congelación de cuentas y la prohibición de ingresar a los territorios de los países miembros. Su hermano Jorge Rodríguez fue uno de los vicepresidentes de Chávez. Con Maduro ha sido ministro de comunicaciones. Actualmente es el presidente de la Asamblea Nacional. También ha sido sancionado internacionalmente. Delcy Rodríguez está casada con el empresario Yussef Abou Nassif Smaili, quien, se verá en este informe, es uno de los hombres más poderosos de Venezuela. . Uno de los negocios más destacados y recientes del entorno empresarial ligado a Nabil Abou Nassif es Ok Mart, una cadena de tiendas de conveniencia que surgió durante la pandemia. En febrero de 2019, Nabil Abou Nassif se convirtió en socio de esta empresa, la cual en cuestión de meses abrió tres locales en Caracas, incluyendo uno en el emblemático edificio Los Andes de Sabana Grande, expropiado por Hugo Chávez para montar una residencia estudiantil. Delcy ha puesto a funcionarios de su entraña en puestos claves del gobierno, sobre todo en la cancillería en donde aún tiene un poder importante. A través de Maduro y de su esposa Cilia Flórez, los Rodríguez se han convertido en los posibles herederos del chavismo en Venezuela. En este informe de la línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, se muestra como están conformados los clanes sobre los que se sostiene el siempre discutido presidente Nicolás Maduro:

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La pesca milagrosa es una metáfora religiosa. Se usa en la Biblia, por lo menos, en dos episodios. En el Evangelio de Lucas, Jesús les dice a tres de sus apóstoles —Pedro, Santiago y Juan— que se los imagina como “pescadores de hombres”. Y en el Evangelio de Mateo, donde, en una situación de difícil pesca en el mar de Galilea, el nazareno les indica de manera precisa el lugar donde los pescadores pueden tirar las redes y extraer, de forma extraordinaria, cientos de peces.   Paradójicamente, en Colombia, está metáfora se ha transferido al análisis del conflicto armado interno. Comenzó a aparecer entre 1998 y 2006, en la época de mayor violencia en el país, cuando las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-ep) la usaron para nombrar una de sus más temidas estrategias de guerra, con las que causaban alto impacto entre la población civil y el mismo Estado.   En aquella época —como se diría en las lecturas bíblicas— el ex cabecilla de las Farc, Henry Castellanos, alias “Romaña”, usó está estrategia para intimidar a la población y aumentar el poder territorial. Aprovechaba las épocas de Semana Santa y vacaciones para montar retenes en las carreteras y sembrar pánico entre la ciudadanía. Llamando a esta práctica infame “pesca milagrosa”.   Esta estrategia la practicaron tanto las organizaciones guerrilleras como el paramilitarismo. Ambos ejércitos criminales se ubicaban en lugares estratégicos de la geografía nacional, por donde se daba un flujo vehicular, paraban a las personas y seleccionaban entre ellas las que podían usar. En el caso de la guerrilla, en la mayoría de casos, con fines extorsivos —políticos o económicos—. También con la idea de afectar el orden público, quemaban los carros y afectaban la movilidad.   Pero la peor situación ocurría con los grupos paramilitares. Los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) paraban los vehículos y se llevaban a la gente. Pero, generalmente, las retenciones eran cortas pues el objetivo era asesinarlas y desaparecerlas. En este sentido, las pescas milagrosas se convirtieron en una práctica terrorífica, que servía para causar pánico, pues cuando se les nombraba la gente se imaginaba la peor de las situaciones.   Fue una costumbre tan efectiva y poderosa que, incluso, varios años después, el mismo Estado usó las pescas milagrosas como instrumento de guerra. Durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), el Ejército Nacional fue el responsable de retener y asesinar a, por lo menos, 6.402 civiles —en su mayoría jóvenes campesinos y personas de bajos recursos de las ciudades—. Usó la misma estrategia de los grupos criminales para capturar en sus redes a estos inocentes, los cuales fueron a parar en las cifras de los Falsos Positivos o ejecuciones extrajudiciales.   Afortunadamente, al finalizar la primera década del presente siglo, está situación comenzó a desaparecer y bajar a casi cero los casos. La Política de Seguridad Democrática y con ella la estrategia “Vive Colombia, Viaja por Ella”, liderada por la Fuerza Pública, ayudó a reducir la vieja práctica de las pescas milagrosas. Situación que, finalmente, con la salida de la guerra de las Farc-ep en 2016, luego del proceso de desarme y desmovilización, casi que desaparece.   De allí entonces que la reciente situación que ocurrió el pasado 23 de julio de 2024, cogió por sorpresa a la mayoría de las personas. Hacía mucho tiempo que no se escuchaba de retenes y  pescas milagrosas en las carreteras colombianas. Incluso, los mismos miembros de las disidencias de las Farc-ep o del Estado Mayor Central (EMC) no se imaginaban que iban a ser víctimas de las mismas prácticas que usaban en las décadas anteriores.   En esta fecha, el Ejército realizó un retén en el sector Puente Gabino —corregimiento de Porce del municipio de Santo Domingo, Antioquia—. Lo hizo en el momento en que una caravana de siete camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se dirigía desde Tibú, en Norte de Santander, hasta Anorí, en el Nordeste antioqueño. Encontrándose que al interior de estos vehículos viajaban 34 integrantes de las disidencias de las Farc.   Como es habitual en este tipo de retenes, el Ejército paró los vehículos y procedió a la solicitud de las identificaciones respectivas. Encontrando que la mayoría de los integrantes pertenecían al EMC, a pesar de ello poseían permiso del Estado para circular. Sus órdenes de captura se encontraban suspendidas debido a que a la fecha integraban las comisiones de paz con las que el Gobierno nacional negocia.   Lo sorprendente del retén ocurrió cuando los miembros del Ejército se dieron cuenta que algunas personas no tenían los permisos de movilización. En la caravana se encontraban Jesús Orrego Arango, alias “Firu” —comandante del frente 36— y Erlinson Chavarría Escobar alias Ramiro —líder del frente 18—, al igual que Yuli Vélez, alias “Érika Castro”.   Estos tres importantes miembros de las disidencias de las Farc tenían órdenes de captura vigentes y no portaban documentos que los utilizaban para movilizarse libremente por el territorio nacional. Para la Fuerza Pública no es admisible que delincuentes, sin permiso oficial, se movilicen en carros del Estado. Lo que provocó que de manera inmediata los miembros del Ejército retuvieron los vehículos y las personas que los ocupaban.   Frente a esta situación son muchas las críticas que se pueden realizar. Primero, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien tenía la responsabilidad de hacer cumplir los protocolos para el transporte de personas protegidas y no permitir que otras personas y elementos, como armas y menores de edad, se transportaran allí.   Segundo, a los líderes del EMC. Está es una acción claramente violatoria de la ley y de los protocolos acordados en los procesos de paz. Acciones como estas minan la confianza en el proceso. Estos son hechos que generan incertidumbre sobre la continuidad y seguridad de las negociaciones en curso y complican al Gobierno en la intención de continuar con los diálogos de negociación.   Sin embargo, quiero resaltar aquí la manera adecuada como el Ejército Nacional procedió. Su actuación en estas nuevas “pescas milagrosas” es muy distinta a la que nos tenía acostumbrados en las décadas de los ochenta, los noventa y en los dos mil. El Ejército realizó un retén, pero en este caso, a pesar de las situación, respetó las normas y siguió los protocolos que le exige el derecho.   Debido a que eran carros oficiales, pues pertenecían a la UNP, esperó que la Fiscalía le autorizara la inspección de los vehículos. Está labor la realizó cuatro horas después, en las  instalaciones del batallón Pedro Nel Ospina en Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Respetó el protocolo de seguridad que exigía la situación, ya que el territorio era zona de influencia del Clan del Golfo o del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y podrían correr riesgo los ocupantes de los vehículos si estos fueran abiertos en carretera.   Está situación evidencia de inmediato el cambio que viene dándose en el Ejército Nacional. Si este retén hubiese ocurrido en la década de 1980, el derramamiento de sangré habría sido alto: Primero el Ejército habría asesinado a los escoltas de la UNP, cuando estos buscaran proteger a las personas que están a su cargo. Y luego le hubiesen seguido los negociadores de la guerrilla, en especial, los integrantes ilegales que estaban sin permiso.   Lo digo, porque esto era común que ocurriera en las carreteras del país con los miembros de la Unión Patriótica (UP). Hoy sabemos con certeza que cientos de miembros de este partido político fueron asesinados por la Fuerza Pública. El Ejército se acostumbró a detener los carros donde se desplazaba la población civil y seleccionar entre ellos a las víctimas, que eran inmediatamente acribilladas.   Incluso, en estas pescas milagrosas resultaron asesinados muchos escoltas, pertenecientes al mismo Estado. Factor que, finalmente, contribuyó para que se pusiera fin  a esta práctica macabra y se condenara recientemente por los organismos de justicia internacional al Estado colombiano por estos crímenes atroces. Pero como vemos está situación no ocurrió en esta ocasión. La actuación del Ejército Nacional muestra que la mentalidad y las acciones de la Fuerza Pública están cambiando desde hace varios años.   Estamos ante un Ejército que ha transformado sus hábitos de comportamiento. Las instituciones de la Fuerza Pública, es decir, las reglas formales e informales de esta organización castrista, son distintas a las que se tenían décadas atrás. La manera como actuaron en este retén o pesca milagrosa evidencia que estamos frente a otro Ejército Nacional. Uno que respeta la vida y actúa usando los protocolos que se tienen acordados en las normas para este tipo de caso.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos Se cumplen 20 años de uno de los episodios más aberrantes de nuestra historia política, algo que fue calificado por León Valencia en su último libro con la potencia de sus palabras: fue el mayor asalto a la democracia colombiana. Una fuerza armada ilegal, dedicada al narcotráfico y al despojo decidió, a punta de plata, de sus armas, cooptar una buena parte de los padres de la patria para acoplarlos a sus necesidades, legitimar sus fortunas obtenidas a sangre y fuego. Y mientras tanto Iván Cepeda, creador del MOVICE, quien había visto como fuerzas de la extrema derecha asesinaban a su papá, el senador Manuel Cepeda, a mansalva, era expulsado del recinto. Así era la Colombia en épocas de Uribe. Este 28 de julio se conmemora en acto máximo del mayor asalto de la democracia colombiana, el culmen de la parapolítica. Para la gente que no lo vivió hay que repetirlo hasta la saciedad: Mancuso fue aplaudido en el Congreso. Iván Cepeda nunca volvió a ser el mismo desde el 9 de agosto de 1994. Ese día fuerzas oscuras de la ultra derecha colombiana y del Ejército asesinaron a su papá, el senador Manuel Cepeda Vargas. Era una de las miles de vidas arrebatas a militantes de la UP. Diez años después la infamia contra Iván Cepeda y la memoria de su padre se ahondó aún más cuando uno de los hombres que formaban parte del grupo que lo asesinó, Salvatore Mancuso, fue recibido con vítores en el Congreso. Incluso senadores como Carlos Moreno de Caro le hicieron fila para tomarse fotos con el comandante. Mancuso no llegó solo, lo acompañaban Ernesto Báez y Ramón Isaza. La intervención del comandante de las AUC duró 45 minutos. Presentó en sociedad el proyecto político de las Autodefensas. El haberle permitido entrar al Congreso fue un espaldarazo del gobierno del momento, el de Álvaro Uribe Vélez. Apenas terminó su intervención Mancuso recibió una salva de aplausos. Una de las pocas voces discordantes venía desde la baranda donde estaban apostados los periodistas. Allí habían ubicado a Iván Cepeda quien era conocido por su columna en El Tiempo y ese día llevó una foto de su papá para que no se le fuera a olvidar que sus verdugos habían arrodillado a los mal llamados Padres de la Patria.  Un año atrás, en el 2003, había creado contra viento y marea el MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, agrupando a familiares de personas que habían sido desaparecidas, torturadas o asesinadas por pensar diferente al control establecido. Pero su compromiso político arrancó cuando tenía 13 años, a esa edad ya formaba parte de las Juventudes Comunistas, JUCO. Después de estudiar filosofía en Bulgaria, país que pertenecía a finales de los ochenta al Telón de Acero, regresó al país y le puso toda su energía a la candidatura de Bernardo Jaramillo Ossa. En Bulgaria había visto que los tiempos de la URSS y su dogmatismo se estaban acabando. Muchos dirigentes de izquierda seguían pegados a la egida de Moscú. Jaramillo Ossa era diferente. Representaba un ala despapajada, práctica, lejos de cualquier doctrina. Pero la ultraderecha asesinó a Jaramillo Ossa como mató a Pardo Leal, a Pizarro, a su padre. Acaso por equivocación las cámaras de televisión enfocaron por unos segundos a Iván Cepeda y a la foto de su papá. Mancuso, según la inolvidable crónica que hizo de ese capítulo de la Infamia Universal Hector Abad Faciolince para la revista Semana, lo miró con el rabillo del ojo. En ese momento Salvatore Mancuso había realizado la sangrienta toma a La Gabarra para quedarse con el control de la coca en el Catatumbo, destruyó la esperanza de los Montes de María, permitió que sus hombres acabaran a garrote limpio a cientos de vidas en el Salado. Todo con la excusa de que los paras estaban ayudándole al ejército a limpiar el país de guerrilla y de sus simpatizantes. Todo eso lo hicieron para incrementar sus fortunas, para obtener control político, para legitimarse. La popularidad de Álvaro Uribe superaba el 70% y el libro que un periodista le hizo a Carlos Castaño y que se convirtió en su autobiografía, Mi confesión, se vendía como pan caliente. Pocos alzaban la voz, había miedo y también incredulidad. Iván Cepeda era una de esas pocas voces valientes. Iba acompañado de Lilia Solano, quien ha denunciado con fuerza la constante violación de los Derechos Humanos y que, veinte años después, fue nombrada por Gustavo Petro viceministra para la participación de la igualdad y los derechos en Colombia. Solano tampoco se callaba. Y entonces la policía se incomodó y los sacó del recinto. Nunca se sabrá pero acaso Mancuso se habría molestado por tanto ruido. Su pose imperial, quedó impresa en tantas fotos, demostraba que en julio del 2004 estaba en la cima del mundo. El tiempo pasó, ocurrió la traición de Uribe a los paras, la extradición de Mancuso y ahora su regreso al país. Los mismos que alguna vez no les pareció demasiado grave las masacres para militares, los que aplaudieron en el Congreso al comandante Paramilitar ahora se rasgan las vestiduras por la intención del gobierno Petro de convertirlo en gestor de paz.  En cambio, víctimas como Iván Cepeda, están de acuerdo que en el camino a la verdad hay que tragarse muchos sapos. Ese es el precio que se paga por estar del lado correcto de la historia.

Por: Redacción Pares Nunca antes unas olimpiadas de la era moderna fueron más fastuosas. El Tercer Reich, a quien se veía con recelo en el mundo, sin que ninguna potencia tomara una posición decisiva contra ellas, mostraría su mejor cara. Después del tratado de Versalles, firmado tras la derrota en la I Guerra Mundial, Alemania había quedado arrasada. Su glorioso ejército se había reducido a 100 mil unidades, había perdido Alsacia y Lorena a manos de Francia y les habían impuesto una multa impagable que provocó una inflación y un desempleo monstruoso en Alemania. La caída de la bolsa de Nueva York agudizó aún más la crisis. Luego Hitler se atribuyó un supuesto milagro económico que tuvo que ver más con su impresionante aparato propagandístico. De manera directa Hitler, con su voz chillona, le echaba la culpa a los judíos de la situación en la que estaba Alemania. El Pacto de Versalles, a todas luces desproporcionado e injusto había constituido una “puñalada por la espalda” al pueblo germano dado por los judíos que habían supuestamente conspirado contra el país. El viejo antisemitismo se despertaba y era aplaudido no sólo por el pueblo que estaba amargado por la derrota en la Gran Guerra sino por filósofos como Heidegger o artistas como Leni Riefensthal. El nombre suena a nada en estos momentos, casi un siglo después de los acontecimientos, pero en la década del treinta era la actriz más famosa de Alemania. Un rostro de Valquiria que era el orgullo del Reich. A su talento actoral se le sumaba el de dirigir. En 1932 dirigió el largometraje La luz azul, que sorprendió a la crítica por sus escenas extremas en montañas y iceberg. Tenía la espectacularidad que estaba buscando el Reich. A través de su ministro de propaganda, el implacable Joseph Goebbels, el Reich quería posicionarse como si fuera una marca. Las svásticas, de rojo intenso, eran una pancarta que iba mucho más allá de un símbolo: era un manifiesto. Leni parecía ser la indicada para filmar un documental sobre el I encuentro del partido Nacional Socialista. Lo que grabó lo hizo con gruas que ella misma adaptó, travelings imposibles que ella adecuó a pesar de la pregaria tecnología de la época. Producto de eso filmó El triunfo de la voluntad, uno de los que es considerado, a pesar de la terrible ideología que revista, como uno de los documentales más importantes de todos los tiempos. Así que Hitler pensó en ella para filmar las olimpiadas. Había que dejar el nombre de Alemania en alto. Estados Unidos se había negado a participar pero a última hora dejó ir a su delegación. Entre ellos se destacaba Jesse Owens, uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Como saben, los 100 metros es el evento más importante en una Olimpiada. Para Hitler era fundamental que uno de los arios que encabezaba su equipo fuera el que obtuviera la medalla de oro. Pero se interpuso Owens, afroamericano, y muy a su pesar tuvo que darle la medalla dorada. Owens además ganó medallas de oro en los 200 metros, en la prueba del 4x1000 y en salto de longitud. La sede de Berlín la habían ganado en 1931, dos años antes de que Hitler estuviera en el poder. Le habían ganado esa sede a Barcelona, que estaba pasando los estragos de la guerra civil. España fue de los pocos países que decidió no ir pero no precisamente por una posición contra Hitler sino por la confrontación que vivía dentro de su territorio. Leni Riefensthal hizo Olimpia, la primera gran película sobre deporte y, también, sobre la necesidad de un país de mostrarse ante el mundo como una potencia. La historia nos da distancia, pero hace 90 años, antes de que empezara la II Guerra Mundial, la figura de Hitler era admirada por buena parte de los Estados Unidos de América. Aunque siempre hubo rumores sobre la solución final a los judíos sólo la llegada de los soviéticos a Polonia en febrero de 1945, constató que el Holocausto era real. Los Juegos Olímpicos de Berlín fueron ampliamente difundidos y admirados hasta que llegó el momento donde se vio la verdadera cara de Hitler. Afortunadamente para la humanidad son los juegos recordados porque un afroamericano, como Jesse Owens, fue capaz de darle una cachetada simbólica al feroz tirano y en su propia casa.

Por: Redacción Pares El 26 de diciembre del 2017 aterrizaba en Colombia, despues de pagar ocho años de cárcel en los Estados Unidos, el narcoparamilitar Ever Veloza García, conocido por su alias de HH, quien con el bloque bananeros y el Calima, llevó el terror a Urabá y Buenaventura. Según el documental Impunidad del periodista Hollman Morris HH, antes de ser extraditado a los Estados Unidos Veloza parecía ser uno de los pocos comandantes con verdadera voluntad de confesar crímenes cometidos en Urabá y Buenaventura. Durante 8 años no supimos nada de él hasta que regresó al país donde fue encerrado en la cárcel de Itagui. Después de pagar siete años de cárcel el INPEC ha quedado libre en las últimas horas. Luego de que fuera suspendida la ejecución de todas las sentencias que habían sido impuestas en su contra por hechos relacionados por el conflicto, un total de 28 fallos emitidos por jueces de la justicia ordinaria, frente al cual la defensa de ‘HH’ solicitó uno a uno que se fuese levantando su vigencia y se le otorgara la libertad. Se espera su voluntad para contar la verdad, sobre todo de la relación entre empresarios, fuerza pública y políticos con los bloques con los que él estuvo al frente, el Bananeros y el Calima. En el último mes fue bastante directo contra Chiquita Brands y afirmó que fue la empresa norteamericana la que se acercó a las AUC para pedir su ayuda. La historia de este paramilitar es, como mínimo, escabrosa. José Ever Veloza en este momento tiene 56 años. Es tolimense pero trabajó como raspachín en el Guaviare. Fue de esos paras que primero militaron en las FARC. Ejerció varios oficios entre los que se cuentan el de taxista. En 1994 aterriza en Turbo. Entra a las AUC por cuenta de Vicente Castaño. Sufre atentados por parte de las FARC. Muestra la rudeza que pedían los paramilitares. En 1996 lo ascienden y es comandante del Bloque Bananeros. Su labor fue la de “limpiar” el Urabá de comunistas, de guerrilleros, siempre con la ayuda de la fuerza pública como él mismo ha confesado en las audiencias que ha dado en Justicia y Paz. El resultado son las más de 1.200 muertes que provocó, muchos asesinados directamente de su mano. Ese nivel de frialdad, de determinación a la hora de matar hizo que Vicente Castaño, después de ver lo que podía ser capaz de hacer en Urabá, le encomendó la misión de apropiarse, con el Bloque Calima, del Puerto de Buenaventura. Lo que generó cuando llegó, en el año 2000, es la misma guerra que aun se ve y se traduce en la disputa territorial de bandas como los Shottas y los Espartanos. Allí hizo una fortuna cobrando cincuenta dólares por kilo. Con el Bloque Calima H.H dejó estelas de horror como la que produjo la masacre del Naya en donde, entre el 10 y el 12 de abril del 2001, asesinaron a 27 personas. Algunas de las víctimas fueron niños. Veloza se desmovilizó con 452 de sus hombres. En las audiencias de Justicia y Paz ha sido uno de los comandantes paramilitares que ha estado más dispuesto a contar la verdad. Su testimonio será fundamental para conocer hasta el fondo la verdad de lo que sucedió con Chiquita Brands y su apoyo a grupos paramilitares en Colombia, un caso del que muchos quieren que no se sepa nada. La gran pregunta que queda es saber ¿A quién le conviene que HH quede libre? ¿A quien podrá hundir con su verdad? Habrá más de un político y empresario comiéndose las uñas.

Por: Redacción Pares En el Caribe ya no aguantan más. Se cansaron. Han tomado medidas desesperadas. En Puerto Colombia un hombre decidió, el pasado 24 de julio, encadenarse frente a las puertas de la empresa de energía Air-e. A pesar de haber pagado le cortaron el recibo. Por eso, con la factura paga en la mano, le dijo a El Tiempo lo siguiente: "Vengo a hacer una protesta a la oficina de Air-e. Estamos hartos de esto. El día de hoy me cortaron la luz cuando el recibo está pago". No era su casa, era su propio negocio, con el que se gana la vida. Antes de esta arbitrariedad el hombre ya venía sido afectado por los continuos cortes de luz de la empresa. Ese mismo día, en la noche, en las afueras de Riohacha, en el popular Barrio Caribe, sus vecinos salieron en masa a la calle. Con la costra del calor encima bloquearon con llantas, árboles y lo que fuera la vía que los comunica con Santa Marta. Transportadores, turistas, personas que trabajan entre una ciudad y otra se vieron afectados por la acción. Pero había que hacerse sentir, es que no les quedaba de otra. Tres días atrás un transformador explotó y nadie los solucionó. Decidieron dejarlos expuestos ante el sofoco y los zancudos. Los problemas no son nuevos, vienen de hace meses. En un artículo publicado en marzo del 2024, la periodista Isabella Puyana en el portal de Pares anunciaba lo siguiente: “En el barrio Villa Carolina del municipio de Repelón, un lugar de no más de 50 casas, la empresa Aire canceló el servicio de luz a sus habitantes. Después de los cortes y de la extracción de los contadores de energía, sus habitantes hicieron un paro durante unas horas y obstruyeron el paso de la carretera hacia Barranquilla”. Y además, a todo esto debe agregársele los altos costos de los recibos de luz. En los últimos días la empresa Air-e anunció el corte de luz y racionamientos en 37 sectores y zonas rurales de 21 municipios del Atlántico, Magdalena y La Guajira, que tendrán cortes de energía de hasta 6 horas debido al bajo índices de recaudo por el servicio de energía. Según Norman Alarcón, presidente de la Liga de Usuarios de la Costa Caribe colombiano, para rastrear el origen del problema hay que ir hasta la promulgación de la ley 142 de 1994 que disparó las tarifas por uno de sus parágrafos, el 87, que plantea, según Alarcón en entrevista dada a la Revista Cambio, lo siguiente:  que el criterio fundamental para fijar una tasa es la rentabilidad y toda la estructura de la cadena eléctrica en Colombia tiene un 12% de rentabilidad, mientras que en otros países es de un 5% de rentabilidad como máximo”. La otra razón es el robo constante de energía, costumbre que adquirieron los usuarios debido al desastre que representó Electricaribe, la empresa española cuyo funcionamiento estalló en el 2018. Air e llegó como una solución para prestar el servicio y está terminando convertido en un problema. La semana pasada la empresa anunció que haría racionamientos, cortes de luz a 30 barrios en Barranquilla. Basta recordar los 33 grados que hace a la sombra en la arenosa para darse cuenta de la desesperación que cunde en la ciudad. Los cortes de energía comprenderán horas claves, entre las 7 de la noche y la una de la mañana. En Barranquilla dormir sin un ventilador es algo verdaderamente infernal. Esto retrasa la productividad de los barranquilleros y ni hablar los traumatismos financieros que le generan a los dueños de negocios que operan a esa hora. No importa qué tan al día se esté en su servicio, todos tendrán que sufrir la calamidad de no tener energía eléctrica. Ni hablar de los servicios de salud que siempre dependen de tener el servicio de energía funcionando. El directivo de Air e, llamado Jussy Faroy, le dijo a un medio local lo siguiente: Nosotros no podemos dejar de cobrar el servicio tampoco, tenemos esa obligación y sobre todo porque nosotros preparamos la energía que se consume. Es decir, la energía que se va a consumir en el próximo mes nosotros la tenemos que prepagar y si no lo hacemos tendremos una limitación de servicio» Fue una explicación que fue calificada como “nefasta”. Las zonas afectadas fueron Macarena, Las Malvinas, Almendros (incluye barrios de Soledad), Pumarejo y Cordialidad 10 El 24 de julio los 21 alcaldes de las ciudades del Caribe se reunieron con representantes de la empresa Air E a encontrar una solución a algo que no parece tenerlo: las fallas de la energía en el Caribe. Los alcaldes se quejaron de los continuos cortes y, de paso, de las tarifas altas. Porque si, además de todo, pagar la energía en el Caribe es, a veces, imposible para una familia de ingresos medios. La reunión tuvo el ambiente caldeado hasta el punto que terminó en una recriminación a los gritos por parte de los alcaldes y la levantada de la mesa de los directivos de la empresa. Fue tanta la presión en redes y mediática que a la empresa no le quedó de otra que suspender los racionamientos que estaban programados hasta el 6 de agosto. La medida afectaba a 190 mil usuarios de los departamentos de Magdalena, La Guajira, en donde hay municipios como Manaure donde la gente ya estalló y Atlántico. El acuerdo al que llegaron fue que cada alcaldía deberá pagarle a Air e un porcentaje mensual de la deuda que tienen los habitantes con la empresa. La comunidad espera que esto sea el principio de un problema que en el Caribe parece no tener fin.

Por: Redacción Pares Lo positivo y los cuellos de botella de la Paz Total Todos los gobiernos le apuntan a un legado. Conscientes del papel que les dará la historia, los presidentes saben que no pueden conformarse con que su paso por el Palacio de Nariño se limite a un retrato colgado en uno de sus salones. Desde su paso por el M-19 y por el senado Petro siempre fue un impulsor de las salidas negociadas a los conflictos.  Su promesa de campaña principal fue la de buscar sentarse a dialogar con la totalidad de grupos armados del país, un esfuerzo ambicioso que desató varios escándalos y que levantó críticas dentro de la oposición. La visita de Juan Fernando Petro, su hermano, y de Danilo Rueda, quien sería su primer comisionado de paz, a la Picota, a hablar con parapolíticos condenados, levantó suspicacia en un sector de la prensa que aún tilda estos encuentros como “El Pacto de la Picota”. La Ley 2272, o Ley de Paz Total se empezó a tramitar después del 7 de agosto del 2022, cuando Petro, por sus coaliciones, tenía la mayoría en el Congreso, por eso pudo tramitarse con celeridad. En noviembre del 2022 ya estaba lista. Sin embargo, en el informe que se lanzará este 16 de julio titulado ¿Plomo es lo que viene? Dos años de balance y retos de la Paz Total, “no se conoce otro documento que le dé forma. No hay una hoja de ruta y, en definitiva, no es fácil percibir un plan claro”. La paz ha tenido ya dos comisionados, primero Danilo Rueda y desde noviembre del 2023 Otty Patiño. Se han efectuado cuatro ceses al fuego de los que sólo sobreviven dos y se ha dialogado con siete grupos armados. Uno de los cuellos de botella que ha traído la instalación de mesas, pactar ceses al fuego, llegar a acuerdo es lo organizativo. Donde el avance ha sido más lento es en la provisión de agenda, capacidad, apoyo y recurso humano a los diálogos socio-jurídicos que es el nombre con el cual se conoce a los esfuerzos de diálogo para el sometimiento de grupos delincuenciales o estructuras del crimen organizado de alto impacto (ECOAI). Hoy en día se encuentran activos, pero en cuidados intensivos los diálogos entre Shottas y Espartanos en el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), en Quibdó (Chocó) y en Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia). Por otra parte, los acercamientos con el EGC (Ejército Gaitanista de Colombia) y grupos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra han utilizado varias formas de presión, incluyendo presión violenta a comunidades para ser incluidas en el proceso de Paz Total. Hasta el momento no se han presentado avances. Pero este informe en concreto identifica tres grandes retos de la Paz Total. Primer reto: el “politicómetro” y los incentivos no buscados de la ley de Paz Total para los grupos armados. Que tiene que ver con los cambios que se produce en el tipo de violencia organizada   Segundo reto: información insuficiente sobre las estructuras criminales de alto impacto (EACAI), especialmente sobre el Clan del Golfo/EGC. Tercer reto: Negociar en un momento de expansión y crecimiento de grupos armados. Cuarto reto: La comunicación alrededor  de los avances de la Paz Total  Desde la sociedad civil informes como el que presentará la fundación Paz y Reconciliación el próximo martes 16 de agosto sirven para ir mandándole mensajes al gobierno del camino a seguir en la intrincada negociación. A punto de cumplir dos años el gobierno Petro, la Fundación Paz y Reconciliación lanzará el próximo martes 16 de julio el gran informe sobre Paz Total, un análisis sobre un tema en el que el gobierno espera dejar legado. Mucho se ha hablado desde medios de comunicación sobre el crecimiento de grupos armados aprovechando negociaciones y ceses al fuego. Esto no es fáctico. Existen variables que no se han tenido en cuenta y que se abordarán en este gran informe. Lo cierto es que la propuesta de Paz Total también ha traído puntos positivos al país. Una de ellas es la liberación de las 33 personas que el ELN tenía en cautiverio. Y si, mientras el EMC viene incrementando su incidencia en el departamento del Cauca, en algunas regiones como el Catatumbo, Norte de Santander, se observa una disminución en secuestros, homicidios y extorsiones, junto con avances hacia la Paz Total gracias a la reducción de acciones armadas entre la Fuerza Pública y los grupos armados presentes. Existe una narrativa  de correlacionar la paz con el incremento de algunas violencias y con una situación preocupante de orden público, el crecimiento de bandas delincuenciales, estructuras criminales urbanas, un incremento de la capacidad de los mercados ilegales en zonas urbanas y una criminalidad organizada más sofisticada no es correcta. La oferta de paz no es causante de estos fenómenos, pero la narrativa de que sí lo es puede llevar a que la sociedad colombiana pierda el foco en lograr la paz y abandone los esfuerzos presentes, y la implementación necesaria del acuerdo de paz firmado con las antiguas FARC-EP en 2016. Los indicadores de violencia vienen subiendo desde los años de Iván Duque. La pandemia y, sobre todo, la cuarentena, fue decisiva, por ejemplo, para que muchos grupos armados trasladaran su accionar a las ciudades. Esto podría explicar el incremento de delitos como la extorsión en ciudades. Es indudable que en regiones como Buenaventura, lograr crear una mesa de diálogo entre Shottas y Espartanos, con todos los inconvenientes que ésta ha tenido, ha resultado beneficioso para el puerto. Las muertes han disminuido en un 70%, y en a finales del 2022 se completaron 85 días sin que en este lugar hubiera un solo asesinato. Instalar tres mesas de diálogo y declarar cinco ceses al fuego, de los cuales sólo quedan vigentes dos, sólo puede verse como algo positivo teniendo en cuenta que la única salida lógica que existe para un conflicto es la negociada. De estos meses, que cada una además carga con sus crisis particular, han surgido 33 acuerdos. Uno de los más importantes es el de participación firmado entre la mesa negociadora del gobierno y el ELN, que podría significar el principio de esta organización guerrillera como un partido político. Un proceso que es lento pero que debe comenzar en algún momento. Los desafíos, los cuellos de botella, los balances y los mensajes que, como fundación, Pares podría dejarle al gobierno sobre Paz Total, saldrán en el informe del próximo 16 de julio al que estamos invitando desde ya a leerlo y discutirlo. No se pueden sacar conclusiones fáciles. La Paz Total debe ser pensada y analizada con la complejidad que tiene y que pretende.

Por: Katerin Erazo, Periodista La mañana del miércoles 24 de julio, la Avenida 5BN en Cali vivió una jornada inusual debido a los cierres de vías provocados por las manifestaciones de la Minga Cali. Este cierre, que abarca desde la calle 20 hasta la Avenida 5N, ha impactado de manera significativa a una zona reconocida por albergar varias oficinas y clínicas, afectando tanto a los trabajadores como a los residentes que transitan por este sector diariamente. Los manifestantes, pertenecientes a la Minga Cali, han expresado su intención de permanecer en el lugar durante al menos cinco días más. La razón principal de esta protesta es la demanda de la presencia del alcalde Alejandro Eder, con quien esperan dialogar sobre sus exigencias, centradas en la entrega de tierras. Este tema ha sido motivo de acuerdos y discusiones a lo largo de los últimos meses, pero los manifestantes sienten que no se han visto avances significativos. En el lugar de la manifestación, guardas de tránsito trabajan para regular el tráfico y desviar los vehículos, con el fin de minimizar el impacto en la movilidad de la ciudad. No obstante, los cierres han generado congestión y retrasos considerables, creando un clima de tensión entre los ciudadanos que deben modificar sus rutas habituales. El origen de este conflicto se remonta a un acuerdo firmado en el Concejo Distrital de Cali entre la Minga Cali, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Este acuerdo, iniciado en febrero de este año 2024, identificó a 650 familias de la Minga Cali como potenciales beneficiarias del programa de adjudicación de tierras en el Valle del Cauca. La colaboración entre estas entidades fue un paso significativo, pero la ejecución del acuerdo ha encontrado varios obstáculos en el camino. Luis Mejía, director territorial Sur de la SAE, destacó el compromiso de la entidad con la titulación de tierras, identificando predios incautados en el Valle del Cauca para su transferencia a la ANT. “Buscamos darles una solución digna a estas comunidades. Esperamos que estos predios sirvan para ubicar a estas familias y que puedan desarrollar proyectos productivos, garantizando su seguridad alimentaria”, comentó Mejía, subrayando la importancia de este proceso para las comunidades involucradas. Por su parte, Marleny Gómez, vocera de una de las organizaciones de la Minga Cali, resaltó la importancia de la colaboración entre múltiples entidades y organizaciones para alcanzar este acuerdo. “Esto es un logro conseguido desde la unión de muchas organizaciones, alcanzado en las calles y gracias a la voluntad política de entidades nacionales”, expresó Gómez, subrayando el esfuerzo colectivo que ha permitido avanzar en este tema. A pesar de los acuerdos y compromisos establecidos, la Minga Cali denuncia la falta de avances significativos en la adjudicación de tierras. Según un comunicado de la Secretaría de Vivienda de Cali, liderada por María del Mar Mozo, se han realizado más de 25 reuniones y mesas técnicas durante el año. Sin embargo, los avances han sido limitados debido a la falta de información proporcionada por algunos de los afectados para la caracterización necesaria. Este aspecto burocrático ha sido un impedimento importante en el progreso del programa de adjudicación de tierras. La Minga Cali ha decidido mantener su protesta hasta que el alcalde Alejandro Eder o representantes de la Alcaldía se presenten para dialogar y buscar soluciones concretas. Además, han convocado a una asamblea interna para definir las próximas acciones ante la falta de respuesta satisfactoria por parte de las autoridades locales y nacionales. Esta asamblea tiene como objetivo organizar y planificar las estrategias futuras para asegurar que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Recientemente , un grupo de funcionarios del gobierno municipal de Santiago de Cali, liderado por el secretario de Gobierno Diego Hau, la secretaria de Vivienda Social y Hábitat María del Mar Mozo, y la secretaria de Paz y Cultura Ciudadana Johana Caicedo, visitó el sector de Versalles para dialogar directamente con los residentes y entender sus necesidades particulares. Desde la administración local se ha propuesto la organización de una mesa técnica programada para más adelante en agosto, con el fin de analizar detenidamente cada una de las peticiones formuladas por este grupo específico. Es importante tener en cuenta que las acciones corresponden a las competencias del Gobierno Nacional, Departamental y Distrital. Debido a la falta de consenso entre los asistentes y la dificultad para llevar a cabo las mesas técnicas con el respaldo de las autoridades competentes en este momento, la Administración Distrital ha optado por suspender temporalmente el espacio de diálogo para el día de hoy. Además, hicieron un llamado a los líderes del movimiento para que aseguren los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los pacientes que se encuentran en los centros de salud de la zona. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que la Minga Cali recurre a manifestaciones para expresar sus demandas. El 14 de marzo de 2024, los indígenas cerraron varias vías principales de la ciudad, esperando reunirse con el presidente de la República, Gustavo Petro. En esa ocasión, caminaron por la calle 16 hasta la carrera 86, luego tomaron la calle 25 y marcharon por la calzada principal hacia la carrera 46, en el sector conocido como Puerto Rellena o “Puerto Resistencia”. La manifestación culminó en este punto, que ha sido un símbolo de resistencia desde el estallido social. Durante esa protesta, los indígenas del Cauca, Putumayo, Huila, Valle y Nariño, que conforman la Minga, solicitaron al Gobierno Nacional garantías en la protección de sus territorios, la autonomía de sus comunidades, y avances en la “paz con justicia social”. Entregaron un documento al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, detallando todas sus peticiones y demandas. La situación actual en Cali sigue siendo tensa, con la Minga Cali determinada a continuar su plantón en la Avenida 5BN. La administración municipal ha reiterado su disposición al diálogo y ha invitado a los manifestantes a participar en reuniones con las oficinas de Vivienda, Paz y Gestión del Riesgo. Sin embargo, los líderes de la Minga insisten en la presencia del alcalde y otros funcionarios de alto nivel para avanzar en sus demandas. La comunidad de Cali observa con preocupación el desarrollo de estos eventos, esperando que se logre una solución que satisfaga las necesidades de los manifestantes y restablezca la normalidad en la ciudad. Las expectativas están puestas en un diálogo efectivo y en la capacidad de las autoridades para responder a las demandas de la Minga Cali de manera justa y eficiente.