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Por: Iván Gallo Foto tomada de: El Colombiano A los 13 años a Felipe Ossa su papá le regaló una colección completa con las novelas de Arhur Conan Doyle. La saga de Sherlock Holmes lo dejó literalmente en cama. Sufrió una crisis, no quería seguir yendo al colegio. Un día iba a martirizarse con el sujeto-predicado en Español, los algoritmos en álgebra, la rigidez de los horarios. Entonces un día decidió no estudiar más. Lo único que quería hacer era leer. Ni trabajar ni enamorarse, ni escribir, sólo leer. Desde los cinco años, cuando aprendió a leer, no paró. Salgari, Dickens, Stevenson. La burbuja lo hacía feliz, afuera estaba el mundo y no le importaba. Desde los seis empezó a coleccionar cómics y novelas gráficas. Dick Tracy lo enloquecían ¿Alguna vez, en su mente afiebrada de niño, se imaginó que serían una realidad los teléfonos inteligentes como el que usaba su detective favorito? Ossa pudo leer con comodidad hasta los 18 años, una afición alimentada por su padre. Era una familia rica de Cali, sin ningún tipo de presión por salir a buscarse el pan. A lo sumo llegó a plantearse una manera de trabajar: dibujando novelas gráficas, alcanzó a tomar clases de dibujo pero entonces sobrevino la tragedia familiar. Los negocios sucumbieron entrando a la década del sesenta y a los 18 años Felipe Ossa tuvo que afrontarse a la realidad. Ya no sería ni lector consumado como Borges, ni bachiller porque había abandonado el colegio. Tenía que ponerse a trabajar como un cristiano cualquiera. Lo peor que les había pasado a los Ossa fue cuando Felipe cumplió seis años. En hechos jamás aclarados Jorge Eliecer Gaitán fue asesinado por un desquiciado que se creía era la reencarnación de Francisco de Paula Santander. Se produce el Bogotazo el 9 de abril de 1948. La familia Ossa debe dejar su casa en Bogotá en donde el niño Felipe había construido su propio paraíso: una biblioteca inmensa que su papá había sabido cultivar. Se van para Buga y luego, 15 años después, vendría la ruina de las empresas familiares. Felipe entendió que tenía que salir de la burbuja. En Cali habían abierto una sucursal de la librería Nacional. En su recuerdo era un lugar seguro, donde olía a pasteles recién horneados, a café y a libros nuevos. El director de esa sucursal era un señor llamado Jesús Ordoñez. La primera sede que se abrió de la librería fue en Barranquilla en 1941. Ya tenía una tradición. Felipe, en ese momento, era fisiculturista. A los libros les combinaba las pesas así que, cuando le pidió trabajo a Ordoñez él lo designó a la bodega. En los primeros meses estuvo en el sótano, trabajando con la tenacidad y exigencia que podría tener un bultero en la alameda de Cali. Pero, una tarde, llegaron una colección de sagas islandesas. Él ya había leído, casi que al mismo tiempo que Borges, a Snorri Sturluson y sabía de las sagas. Se lo explicó a Ordoñez que no sabía nada sobre ellas e impactado entendió que Felipe debería estar en el primer piso vendiendo libros. Pasó de las galeras a ser marinero. Con el tiempo sería el capitán del barco. Lo que lo sorprendió de ser un librero en los años sesenta era conocer toda esa literatura que a su papá, lector algo anticuado, no le interesaba. Entonces supo de Camus, Sartre y todos los existencialistas, supo de Cortázar, Onetti, Vargas Llosa y todo el Boom latinoamericano. Ordoñez sería fundamental para la formación de Ossa. Había llegado a Barranquilla por barco desde Cuba y su librería fue abordada por esa tribu Barbara compuesta por Gabo, Cepeda Samudio, Fuenmayor y toda la Cueva. Su cercanía le ayudó a familiarizarse con Faulkner, Virginia Wolff y Joyce. Fue su verdadero colegio. Este 22 de julio del 2024 a los 81 años nos sorprendió su muerte hasta el punto que un poco de nosotros también murió con él. Felipe Ossa nunca paró de leer y de recomendar lecturas. Una de sus últimas pasiones fue el Universo en un junco de Irene Vallejo. No sólo recomendaba este Long seller sino Alguien habló de nosotros, el libro que más le gustaba de ella. Siempre a la vanguardia, siempre acumulando libros. Enseñando que una biblioteca sin libros por leer era una promesa, una esperanza de vida. Tenía 10 mil libros y le faltaron por leer unos cinco mil. A Felipe Ossa lo que más le habrá dolido de haber partido de esta forma es no haber leer las filas interminables de libros que tenía en fila. En ese sentido tendría que envidiar a esos inmortales que alguna vez describió Borges en uno de sus cuentos. Lo que faltó fue tiempo.

Por: Lizeth Serrato Contreras La minería en Colombia es concebida como una de las principales actividades económicas del país, representando a uno de los motores esenciales del engranaje productivo; esta actividad extractivista además de potencializar las dinámicas económicas del país, también abastece a otros sectores de la productividad. Así pues, La minería en Colombia actualmente es un factor fundamental en la economía, debido a que genera altos ingresos, por lo cual ha llevado a tener una mayor vigilancia en la forma en que se hace su explotación debido a los grandes impactos que pueden generar este tipo de actividades en diferentes regiones del país, afectando las rondas hídricas, contaminación atmosférica, degradación del suelo, pérdida de biodiversidad, lo cual altera la provisión de servicios ecosistémicos (Mora, 2023,pag.1) Sin embargo, así como la minería influye en las afectaciones medioambientales del país, también aporta de manera sustancial al sector de exportaciones, regalías, inversión, y empleos; según Mora (2023) en el año 2021 el sector minero aportó, aproximadamente, 8,8 billones de pesos en términos de regalías. De igual forma, la industria minero energética representa el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 33% de la inversión extranjera. La actividad extractiva se mueve entre la legalidad y la ilegalidad, en donde ambas generan el mismo impacto negativo sobre la naturaleza, aunque una de ellas cuenta con el “permiso” de generar este daño. En el país la minería, tanto legal como ilegal, se practica en 101 municipios, aproximadamente, haciendo mayor presencia en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es la encargada directamente de  que la normativa ambiental de los proyectos que requieran licenciamiento se cumpla a cabalidad, esta regulación contribuye a al optimo desarrollo sostenible de Colombia y permite seguir de cerca los procesos que generan efectos adversos sobre los ecosistemas. Pero, ¿Cómo impacta la minería legal en Colombia? A partir de estudios recientes, la minería legal es potencia en deforestación y destrucción de bosques, tanto así que entre 2001 y 2018 se deforestaron aproxima 121 819 hectáreas de bosque; esta cifra deja en evidencia el aumento de la pérdida de bosque, en donde la minería represe el 5,6% de la deforestación total de Colombia en 2017. Según el informe de minería ilegal publicado por Tarazona (2024) la representante de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch, afirmó que durante el 2018 y el 2022 se vieron afectadas cerca de 24000 hectáreas de suelo vegetal de alta importancia ambiental a raíz de la explotación no autorizada, así mismo, la INTERPOL en su página oficial menciona que en América Latina La extracción ilegal de oro destruye el medio ambiente, provocando la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la destrucción del hábitat, así como la contaminación del agua, el aire y los suelos por la liberación de sustancias químicas tóxicas. Las comunidades locales también sufren por los desplazamientos forzados de población, la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y los problemas de salud asociados a la minería ilegal. (2022). Entonces ¿Qué diferencia hay entre el impacto medioambiental que genera la minería legal de la ilegal?  Ambas, en términos naturales, generan repercusiones significativas sobre los ecosistemas, ya que para estas actividades se hace necesario implementar la deforestación y el uso de químicos nocivos. El ANLA, pese a su intento de regular los efectos colaterales del extractivismo, a la hora de autorizar la explotación y otorgar el licenciamiento a determinada mina, también da vía libre a que las afectaciones se den sin menos culpa y con un “permiso” al daño. Bibliografía: -       Mora, G. (2023) Estado actual de la minería en Colombia y la identificación de impactos. Universidad libre sede Bosque Popular. -       Tarazona, D. (2024) Minería ilegal aumentó un 8 % durante el año 2022 en Colombia. Recuperado en: https://www.google.com/amp/s/es.mongabay.com/2023/11/mineria-ilegal-aumento-en-colombia-informe/amp/ -       Interpol. (2022) Los efectos devastadores de la extracción ilegal de oro en América Latina. Recuperado en: https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2022/Los-efectos-devastadores-de-la-extraccion-ilegal-de-oro-en-America-Latina

Por: Rafael Acosta Enlace Tumaco de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil  Cristian es un joven de 27 años del municipio de Tumaco, becario de la Escuela de Liderazgo Juvenil  de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Cristian desde su infancia cree que él será parte de las grandes transformaciones que requiere el municipio y el país. Es Ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad de Nariño.   Desde el año 2018 ha estado en procesos de liderazgo social en el territorio. Hizo parte de la Asociación TAI (Tecnología, Arte e Innovación) donde aprendió mucho sobre la importancia de los procesos de liderazgo y fortaleció temas de gran importancia para las juventudes como la prevención de embarazos a temprana edad, consumo de sustancias psicoactivas, derechos sexuales y reproductivos, entre otros.  Uno de los logros más significativos para él desde el colectivo de liderazgo, fue con Alianza Por la Solidaridad, y proyecto con USAID, ACDI VOCA, mediante el programa de PLAN T, donde fortaleció sus herramientas para el liderazgo, conoció lideres jóvenes de todo el territorio nacional y esas experiencias ratificaron su vocación. Se enamoró más del servicio a los demás y empezó a comprometerse en el liderazgo juvenil.  El estallido social del 2021 fue la razón para que junto con algunos de sus compañeros lideres, crearan una nueva organización llamada RESISTENCIA PAZCIFICA, fue esta organización la que lideró las manifestaciones pacíficas en Tumaco, a través de la creatividad, tomas culturales, velatones, marchas por la paz, murales, participación en política, entre otras acciones que visibilizaron a los jóvenes desde una visión de la movilización pacífica.  Actualmente es quien lideran la Oficina de Juventud del municipio de Tumaco, en la cual está haciendo una gran incidencia con todos los jóvenes del territorio. Es un pleno convencido de que la transformación del tejido social se cumple a través de colectivos y en unión con todo el sector juvenil.   “Los jóvenes somos la fuerza, somos el cambio”, manifestó Cristian Segura.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un paso significativo hacia la paz en el suroeste de Colombia, representantes del Gobierno Nacional y del Frente Comuneros del Sur (FCS) firmaron un compromiso para iniciar formalmente un diálogo social. Este acuerdo, liderado por el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y los delegados del FCS, marca el comienzo de un proceso de co-construcción de paz territorial en Nariño. La iniciativa, denominada ‘Instancia para la Co-construcción de Paz Territorial en Nariño’, se aplicará en diez municipios afectados por la presencia del FCS, incluyendo Andes Sotomayor, Barbacoas, Cumbal, Ricaurte, Samaniego y Santa Cruz de Guachavez. Este esfuerzo se centrará en tres ejes principales: desescalamiento de las violencias, implementación de transformaciones regionales y la reintegración de los miembros del grupo armado a la vida civil. El comunicado conjunto destaca el compromiso de los grupos de trabajo para buscar soluciones efectivas y sostenibles, operando bajo principios de corresponsabilidad y honestidad. En estas mesas de trabajo participan actores comunitarios, instituciones del Estado y representantes del FCS. El encuentro del viernes pasado en Pasto reafirmó lo acordado previamente el 8 de julio en Betania, Samaniego. En dicha reunión, el Alto Comisionado Patiño presentó un plan de trabajo detallado y reafirmó la continuación de las labores de desminado humanitario, crucial en una región donde al menos 164 personas han sido víctimas de minas antipersona. Entre los asistentes al evento se encontraban comunidades indígenas, representantes de organizaciones sociales y juntas comunales, así como miembros del Gobierno, incluyendo a Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización, y Andrés Camacho, ministro de Minas. Los facilitadores del Gobierno en este proceso incluyen a figuras como Carlos Erazo, Ángela María Robledo, Clemencia Carabalí, Pablo Pardo y Andrei Gómez. Por parte del FCS, los representantes son Roger Alvarado, Antonio Ovalles Antilez, Segundo Andrés Obregón Obando, Jorge Wilfredo Rasero Marín, Oliverio Porfirio Pai Rodríguez y Gabriel Yepes Mejía. Además, la Instancia contará con un comité consultivo de alto nivel, integrado por Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y Álvaro Jiménez, asesor de la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Este esfuerzo será acompañado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y la Conferencia Episcopal. A pesar de estos avances, las negociaciones con el Frente Comuneros del Sur han sido recibidas con rechazo por la dirección general del ELN, que considera este proceso una traición al diálogo nacional. En febrero pasado, el ELN declaró una crisis en la mesa de negociaciones, y aunque se han dado pasos importantes, el proceso permanece congelado. La situación se complicó aún más esta semana con las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien afirmó que se habrían concedido contratos en beneficio del ELN en Arauca como parte de una estrategia para apoyar la paz total del presidente Gustavo Petro. Estas acusaciones surgen justo cuando el Gobierno busca reanudar los diálogos y extender el cese al fuego bilateral, cuya vigencia termina el 3 de agosto. Este compromiso de paz en Nariño, aunque enfrenta desafíos significativos, representa una esperanza renovada para las comunidades afectadas por el conflicto armado en la región. Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), destacó dos aspectos clave en la negociación entre el Frente Comuneros del Sur y el Gobierno Nacional. Resaltó que el proceso avanza de manera positiva en el ámbito territorial, con puntos claros ya en desarrollo. El Frente Comuneros del Sur ha progresado en el desminado humanitario desde que se anunció formalmente la negociación, manteniendo una dinámica de participación activa con la comunidad y la sociedad civil. Un aspecto notable de esta negociación es el compromiso del Frente Comuneros del Sur con la reinserción y la dejación de armas. Hasta ahora, es el único grupo que ha expresado su disposición a dejar las armas, diferenciándose de otras mesas de negociación. Este escenario territorial busca negociaciones con dos grupos armados, la Segunda Marquetalia y el Frente Comuneros, la principal disidencia del ELN en este momento. Marín también subrayó la importancia de la participación de la sociedad civil y la movilización social en este proceso, así como el rol fundamental de Luisa Alfonso Escobar. Según Marín, estos factores han contribuido a que la negociación avance de manera óptima. Ella considera crucial resaltar la iniciativa y las voces de los comandantes del Frente Comuneros del Sur, quienes han proporcionado una sensación de tranquilidad respecto a la dejación de armas y han abordado temas controvertidos como la suspensión total de secuestros y el retorno de personas que están en el Frente Comuneros.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia   Horizontes para la paz , así tituló el economista y escritor colombiano, Rafael Pardo Rueda, a su último libro. Con él —como lo manifiesta en la Presentación— busca aportar, con su experiencia y conocimiento, a la política pública de Paz Total. Que es la apuesta que el gobierno de Gustavo Petro está implementando para darle una salida negociada a los diversos conflictos armados que enfrenta el país.   Rafael Pardo ha sido consejero presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación —durante el gobierno de Virgilio Barco—, consejero presidencial para la Defensa y la Seguridad Nacional —en el gobierno de Cesar Gaviria—, ministro de Defensa y del Trabajo, Alto Consejero para el Postconflicto —en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos—, senador y candidato a la Alcaldía de Bogotá y a la Presidencia de la República.   Al final de la década de 1980, en calidad de consejero presidencial, logró negociar y firmar con la guerrilla del M-19 la dejación de armas y el fin del conflicto. Además, entregó listos para las firmas los acuerdos de paz con el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Quintín Lame. Convirtiéndose en el gran gestor de la paz negociada en el país.   Como resultado de esta larga y exitosa experiencia, y consciente de la importancia que tiene para el país, en momentos como estos, de aportar a la construcción de la paz, en este nuevo libro recoge algunas ideas y reflexiones que ha realizado en los últimos años y en el que intenta responder a las preguntas ¿qué hacer? y ¿qué no hacer? en el contexto de la Paz Total, para lograr avanzar con éxito en el horizonte para la paz.   Lo que hace el ex alto consejero para el Postconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad de Colombia —cargo que ocupó entre 2015 y 2018, durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos— fue recurrir a la memoria histórica de los procesos de paz del país y extraer de ella lecciones que se pueden aplicar las negociaciones actuales que tiene el Gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC), la Segunda Marquetalia y los grupos delincuenciales armados (GDA).   Entre los muchos asuntos que identifica y analiza Pardo Rueda y que pueden servir para la construcción de paz están, en primer lugar, la necesidad de que exista “química” entre los negociadores. Es muy importante para el autor, que al iniciar un proceso de paz se dé confianza, entre las personas que se sientan en la mesa. Que entre ellos se tenga un ambiente que permita llevar las negociaciones en los mejores términos.   Para construir y mantener esta confianza es preciso dar seguridad física y jurídica a los participantes en los procesos de paz. Máxime cuando estamos en un país con múltiples actores armados, casi todos ellos enfrentados entre sí. Es necesario que el Estado, con su fuerza pública y su sistema de justicia, se esfuercen por proteger a los implicados en las negociaciones —desde los delegados hasta los posteriores desmovilizados— de la violencia armada.   En segundo lugar, llama la atención en el libro la importancia de que las negociaciones vayan mucho más allá de los simples procesos de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) de los combatientes. Es fundamental que en las mesas de diálogo se discutan las reformas sociales, políticas y económicas, de carácter estructural, que se requieren para darle fin a los conflictos armados. Transformaciones sustantivas que hagan posible superar a estos de manera definitiva.   A está apuesta se le llamó, en la década de 1980, la superación de las causas objetivas de la violencia. Lo que hizo Pardo Rueda, como alto consejero durante el gobierno de Virgilio Barco, fue implementar el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) con los que buscó tal fin. A pesar de que en aquel tiempo se negoció con las guerrillas solo ceses al fuego y hostilidades, para el Gobierno nacional era claro que si quería terminar el conflicto debería, mientras se implementan estos ceses, realizar transformaciones en los territorios y con la gente.   De allí que Pardo valore los esfuerzos del actual Gobierno por implementar los acuerdos parciales de ayudas a los territorios, mientras se dialoga. Con estos acuerdos se pueden realizar transformaciones en las regiones afectadas por los enfrentamientos armados. Estos acuerdos parciales deben servir para que el Estado llegue a los territorios rurales y realice planes y proyectos que mejoren las condiciones de vida y minen las causas objetivas de la violencia —pobreza, desigualdad, abandono estatal, etc.—.   Un tercer aspecto que reconoce Pardo y que se ha convertido en un acumulado de los procesos de paz es el poner en el centro a las víctimas. Trabajar con ellas en la construcción de la verdad, la justicia, la reparación —individual y colectiva, simbólica y monetaria— y no repetición. Es prioritario que no se pierda este horizonte y en todos los procesos de diálogo y negociación esté en el centro la población civil.   Está lección la aprendió Rafael Pardo en 2004, cuando estaba al frente de la Comisión de Paz en el Senado de la República. Allí le tocó enfrentar todo el tema del paramilitarismo y la importante labor de ayudar a visibilizar a las víctimas como actor político. Aprendió, entonces, la obligación que tienen los grupos armados —legales o ilegales— de incluir en todo proceso de paz a la sociedad civil y en especial a las víctimas del conflicto.   Y la lista continúa. Pardo pasa revista por cada uno de los componentes de la Paz Total: desde las negociaciones de paz con el ELN y los diversos grupos armados, hasta la propuesta que se le hizo a los jóvenes de contribuir con la construcción de paz mediante un servicio social obligatorio, dirigido a trabajar con las víctimas. Su idea es señalar aciertos y fallas, asuntos sólidos y vacíos por llenar para que su conocimiento acumulado se ponga al servicio de la paz.   En síntesis, el experto en paz y defensa, Rafael Pardo Rueda, se la juega nuevamente por la salida negociada. Elabora una obra donde recurre a su largo historial de experiencias acumuladas y logra en ella “plantear nuevas comprensiones del momento actual y propuestas para ser estudiadas” (p. 11). Incluso, se atreve a cuestionar de manera rotunda la forma como el gobierno Petro ha actuado en estos dos años con los diversos grupos armados; pero también a reconocer la importante labor que viene haciendo de invertir su capital político en construir este bien público universal.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto. ***Desde la Plataforma de seguimiento al proceso de diálogo entre el gobierno y el ELN (Isegoría) se pueden encontrar una serie de análisis, columnas, boletines, documentos académicos, y reportajes periodísticos relacionados con este proceso. Toda esta información se puede consultar en el sitio https://isegoria.udea.edu.co/

Por: Redacción Pares Buenaventura, a finales del 2022, vivió un periodo inusual de tranquilidad: se cumplieron 85 días sin homicidios. La bandera del gobierno de Gustavo Petro, de la Paz Total, parecía surtir efecto casi que de manera inmediata. La labor del entonces alto comisionado de paz, Danilo Rueda, en conjunto con la mesa de negociación del gobierno y la intermediación de Rubén Darío Jaramillo, obispo de la Diócesis de la ciudad. El seis de diciembre del 2022 se firmó una tregua entre las dos bandas más desestabilizadoras del puerto, los Shottas y los Espartanos, escisión de la gran banda llamada La Local. En esos tres meses que duró la Paz Total Buenaventura se vistió de fiesta. Todavía se recuerda ese fin de año en donde se celebraban ollas comunitarias en las calles del puerto. Barrios como Las Palmas, San Francisco e Isla de Paz, se realizaron actos para celebrar lo que parecía un nuevo escenario. Desaparecían las fronteras invisibles, se respiraba un nuevo ambiente. El 1 de octubre del 2022 se realizó incluso un partido de fútbol, organizado por el propio obispo Jaramillo, en el barrio Juan XXIII, algo que marcaba un nuevo derrotero. Era el primer laboratorio de Paz Total. Hubo crisis. Eran previsibles. Las treguas y los estallidos de violencia se sucedían. La paz no era completa. Según un informe de Pares publicado en mayo del 2023 entre enero y mayo de ese año se perpetraron por acción de los Shottas y  bandas criminales un total de 42 homicidios, siendo mayo (18 casos) y abril (12 casos) los meses más graves. Solo en mayo del 2023 hubo 23 enfrentamientos que cerraron un balance de 48 homicidios por causas de confrontaciones de bandas en los primeros cinco meses del año. Pero mal que bien había una mesa de negociación. Después de la muerte de Alias Super, vocero de los Shottas, viene una crisis desde abril a julio del 2023 cuando se renueva la mesa y se le da un impulso a esta tregua que va hasta enero del 2024, pero los pactos de no agresión quedaron en entre dicho. Esto ha generado que los climas de paz queden en duda y la misma mesa de negociación hayan quedado en entre dicho. Desde el 23 de noviembre del 2023, con la salida de Danilo Rueda el conjunto de procesos de Paz iniciaron un proceso de estancamiento, hay una distancia muy profundo con el nuevo comisionado, se percibe un abandono de las diversas fases dialógicas que se estaban desarrollando, eso incluye las de paz urbana que en Medellín y el Valle del Aburrá y en Buenaventura y en Quibdó ya tenían cuatro puntos de asuntos temáticos para conversar con los delegados o las estructuras armadas de los integrantes que se encuentran privados de la libertad. En el caso de Buenaventura con los Espartanos y los Shottas se habían acordado cuatro puntos que incluían actos de reconocimiento de responsabilidad y un proceso de desescalamiento de las economías ilícitas, discusiones del nuevo proyecto de la ciudad de Buenaventura el tránsito de las economías ilícitas a las lícitas, ese proceso se quedó abandonado. Lo que se buscaba con el nuevo comisionado era descentralizar esa figura. Con base en lo que se conoce en las comunidades que habitan en Buenaventura donde operan grupos armados, a pesar de que estos han mantenido un compromiso de respeto a la vida y que se han roto las fronteras invisible la situación de fondo tiende a empeorarse ya que no hay interlocutor legítimo. Patiño borró de tajo lo que se había amenazado con el anterior comisionado de paz, Danilo Rueda. Se conoce que cuando fue forzada la visita del comisionado por el padre Francisco de Roux, las críticas de los voceros de estas estructuras armadas se hicieron escuchar porque tildaron las declaraciones de Otty Patiño como discriminatorias y desconocían las necesidades del Puerto de Buenaventura. Esta situación de congelamiento de las dinámicas de construcción de paz que pasaron de las fases de exploración lo que está haciendo es una nueva fase que, en vez de diálogos, lo que lleve es a la expansión de la violencia. En Buenaventura ya existe el riesgo de que las operaciones armadas de las AGC y de las EMC, estén ya en el casco urbano en el puerto, lo que generaría una población de alto riesgo para la población. Estas estructuras develaron vinculación de sectores privados de la fuerza pública y sectores políticos en operaciones criminales y de mafias enquistadas en la ciudad. En Medellín, donde se había logrado avances, también está retrocediendo. Para Nicolás León, integrante de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la fundación Pares afirma que “el proceso estaba focalizado en Danilo Rueda, él era quien dialogaba directamente con la mesa de gobierno y con los voceros de los grupos, atendía y tenía iniciativa de personalizar cada una de estas mesas. Cuando sale Rueda se pierde el impulso de mover las mesas, y quedan en entredicho acuerdos que habían tenido con grupos, y con la ausencia de Rueda estos procesos quedaron en entredicho. Por eso la ausencia de un marco jurídico es más fuerte que hace un año. Eso no quiere decir que Otty Patiño no haga las cosas bien sino que se necesita una descentralización de la figura del Alto comisionado para la paz para que estos esfuerzos de paz urbana avancen de manera más efectiva”. Los procesos han tenido suma complejidad, sobre todo el de Buenaventura “Este es un proceso que ha tenido muchas crisis, es un proceso que llega en plena guerra urbana y que tuvo efectos positivos en reducción de la violencia al inicio del acercamiento entre los grupos y el gobierno”. En el último informe de la fundación Paz y reconciliación titulada ¿Plomo es lo que viene? Balance de la Paz Total 2022-2024 , se aborda este complejo tema. Este es el informe https://www.pares.com.co/plomo-es-lo-que-viene

Por: Yudi Angulo Castro Enlace Buenaventura: Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil.  La acción comunal tiene un impacto significativo en la juventud de la región, abordando diversos aspectos que incluyen la formación de liderazgos, el fortalecimiento del tejido social y la promoción de la participación ciudadana. Desde el 19 de abril del año 1967 la junta de acción comunal del barrio Alfonso López Pumarejo sector sur cuenta con personería jurídica, la junta de acción comunal como actor representativo de la comunidad y garante de la convivencia y contribuciones al bienestar comunitario, realiza los acercamientos con las entidades e instituciones, gestión y administración de los bienes y recursos, en busca de dar soluciones a los diferentes problemas y necesidades, además, tener orden en imparcialidad, igualdad y equidad entre sus habitantes.   La junta de acción comunal del barrio Alfonso López Pumarejo sector sur, es una de las diez organizaciones que hacen parte de la Escuela de Liderazgo Juvenil  en Buenaventura, proyecto realizado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID. Este programa de fortalecimiento de capacidades de la Fundación Paz y Reconciliación - PARES, cuenta con la representación de dos jóvenes lideres de este sector.  Este tipo de escenarios motivan a los jóvenes a involucrarse en procesos democráticos y a entender la importancia de su participación en la toma de decisiones que afectan su entorno. El barrio Alfonso López Pumarejo está ubicado en la comuna número tres de la Localidad 1 Isla del Cascajal, desde el año 2019 a junta viene facilitando y promocionando la asistencia permanente de un comedor comunitario que en la actualidad beneficia a más de 220 personas del barrio, garantizado una comida al día y charlas acerca de la importancia de los alimentos y su poder nutricional, además del fortalecimiento del tejido social, a más de 100 personas del sector, entre niños, niñas, adolescentes, personas en condición de discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.  En esta ocasión conoceremos la inspiradora historia de Luis Miguel Hurtado Manyoma, sus anécdotas, experiencias y expectativas frente a la realidad de la juventud del distrito. Creció en un entorno de limitaciones económicas como el sexto hijo de la típica familia bonaverense. Desde temprana edad, experimentó las dificultades financieras que marcaron su infancia, esta situación le inculcó un fuerte sentido de la responsabilidad y el emprendimiento, motivándolo a buscar formas de generar ingresos desde joven. Vendiendo bolis, helados y postres, Miguel demostró una habilidad innata para el emprendimiento, comprendiendo rápidamente la importancia de gestionar recursos y desarrollando un interés particular en la contabilidad y el ámbito empresarial. Miguel destacó en su educación académica, lo que le permitió visualizarse como un futuro contador público. Esta visión lo llevó a explorar y comprometerse con la carrera de Contaduría Pública, combinando sus habilidades empresariales con su pasión por la educación y el crecimiento personal. Hoy, a sus 21 años Miguel es contador público graduado recientemente de la Universidad del Valle sede Pacífico y continúa persiguiendo metas académicas a corto plazo, como realizar una especialización o una maestría para profundizar sus conocimientos en áreas específicas de su profesión.  La participación en organizaciones comunales fomenta un sentido de pertenencia y solidaridad entre los jóvenes, lo que es crucial en sectores afectados por la violencia y la falta de oportunidades, en ese sentido, el liderazgo de Luis Miguel comenzó a manifestarse desde su adolescencia, donde, además de sus actividades emprendedoras y académicas, se convirtió en una figura de apoyo académico para sus compañeros. Reconocido por su capacidad para entender y solucionar problemas, lo invitaron a unirse a la Junta de Acción Comunal de su barrio, comenzando su trayectoria formal en liderazgo comunitario hacia 2020.   Fuente: Escuelas de Liderazgo Juvenil de PARES en Buenaventura  Participó en el programa Martin Luther King, que no solo le proporcionó habilidades en el idioma inglés, sino que también reforzó sus competencias en liderazgo. En 2023, se unió al programa DALE (Desarrollo Autónomo Liderazgos Efectivos) de la Asociación Manos Visibles, donde fortaleció aún más su rol como líder juvenil. Actualmente, es parte de la Escuela de Liderazgo Juvenil en Buenaventura, que lidera la Fundación Paz y Reconciliación con el apoyo de AECID, dedicando sus esfuerzos a transformar su comunidad y abordar los desafíos que enfrenta la juventud en la ciudad.  Luis Miguel reconoce que uno de los mayores desafíos que enfrenta la juventud en Buenaventura es la falta de oportunidades, tanto en el ámbito laboral como en actividades socio-recreativas y culturales. Su objetivo a largo plazo tal como el manifiesta es poder  contribuir a resolver estos problemas , utilizando su carrera y su liderazgo para generar un impacto positivo en su comunidad. Aspira a liderar organizaciones que puedan proporcionar soluciones efectivas y sostenibles a los problemas sociales de su entorno. La perseverancia y la disciplina, reconoce que los resultados de los esfuerzos no siempre son inmediatos, pero insiste en la necesidad de mantener el enfoque y la determinación. Cree firmemente que cada pequeño paso contribuye a un cambio significativo y anima a los jóvenes a persistir en sus objetivos, confiando en que el tiempo adecuado traerá los resultados deseados.

Por: Laura Bonilla Colombia tiene un sistema político en la sombra que se basa en la intermediación. Nuestro sistema ha desarrollado un espíritu mafioso donde las reglas son públicas, aunque no formales. Curiosamente, aunque todo el mundo las conoce y comenta, cuando alguien pone el dedo en la llaga, la sociedad actúa como si no existieran. El centro del sistema es el operador político. Éste o ésta pueden tener distintos niveles de poder o de tamaño. Usualmente pertenecen a un clan, grupo político o partido. Pueden tener carisma y liderazgo o carecer completamente de éste. Lo que los caracteriza es que mueven los votos, los cuentan, los organizan y de cierta forma también los garantizan. Cada operador tiene su grupo, su equipo de confianza, que es usualmente un grupo de funcionarios que ubica hábilmente en distintos niveles de gobierno, según el tamaño de su influencia. El buen operador debe garantizar que su gente no quede desempleada. Por eso odia los concursos de mérito y dice cosas como “uno gobierna con los amigos”. Algunos de los beneficiarios, contratistas o funcionarios de operadores, han contado con la suerte que su operador pertenece a las élites políticas más estables, y por eso fueron considerados “tecnócratas”. Los operadores pueden ser alcaldes, concejales, ediles. Los más poderosos son Representantes a la Cámara y Senadores. Algunos incluso llegan a ser ministros. Conocen al dedillo lo que llaman “el manejo político” que no es otra cosa que la distribución de burocracia que se hace a la tapada en el Congreso de la República, con la promesa de ir amarrando congresistas y coaliciones. No es, ni de cerca una competencia entre partidos por el normal cogobierno en las democracias. Es la bolsa de empleo más costosa del país, donde contrato a contrato se arma la gobernabilidad de un presidente, de un alcalde o de un gobernador. Los operadores – porque así los obliga la ley – tienen un partido político, pero pueden perfectamente cambiar a conveniencia de ideología y de proyecto. No quiere decir que no tengan ideas o pensamientos propios. Sólo que aquellos que llevan muchos años en la política aprendieron con el tiempo el sutil arte de la adaptación. Al final de cuentas, dentro de los partidos políticos los mejores lugares son para los operadores más exitosos. Un operador debe garantizar los fondos para sus propias campañas, hoy en día costosísimas. No cualquiera puede ser operador. Incluso por esa razón hay más operadores que operadoras –nosotras no tenemos el mismo acceso a fondos-. Entre más costosa la campaña, el operador buscará con mayor ahínco aquellos contratos públicos que le permitan derivar recursos a su “proyecto político”, sea cobrando coima a aquellos funcionarios que ayudó a ubicar, o cobrando su intermediación. Hay regiones en las que ser operador es el nuevo “narco”.   Cada elección nacional los candidatos corren a buscar operadores. Sneyders, Olmedos, Yidis, Aídas, Musas, Ñoños, Gneccos.  Aquellos políticos – ya asentados en Bogotá – y que posan de impolutos, pero controlan los recursos centrales y dan avales, siempre tendrán operadores prescindibles en las regiones. Entre más vulnerable sea el departamento o el municipio, mayor riesgo para el operador, que lo sabe y trata de protegerse. Ahí, cuando el operador se descubre es cuando se destapan los escándalos: El 8.000 con Santiago Medina o la Parapolítica con Miguel Pinedo. Olmedo con la UNGRD. Pagan cárcel, las cosas siguen su rumbo. La política tradicional adora que seamos un Estado Contratista . Sin él, desde las OPS hasta tener que buscar operadores logísticos para cada reunión, pasando por grandes obras de infraestructura, la intermediación en la contratación es la que ha hecho de muchos de nuestros políticos una élite económica, mientras mantienen la pantomima de un sistema democrático. Con fallas, pero funcional. Para ellos. Por eso, cuando el presidente Petro pedía perdón a la sociedad colombiana por haber nombrado a Olmedo López en la UNGRD una parte de mí sentía que por fin había reconocimiento de responsabilidad política por la corrupción. Me gustó también la forma en la que el presidente reconociera en ésta un problema endémico. No obstante, creo que seguimos encerrados en un mal diagnóstico: nos enfocamos en darle duro a las personas y suave a los problemas. Echamos la carne a los leones, vemos el circo y vamos a casa.  A esperar el próximo.   PD: En Colombia los grupos armados han extorsionado y cobrado del erario público desde que tenemos guerra. Nada nuevo bajo el sol. Lo dijo el propio Juan Carlos Martínez – político preso por narcotráfico: En este país da más una alcaldía que un cargamento.

Por: Cristian Florez – Pasante de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil   Dentro de la ola de violencia que se está viviendo en el departamento del Cauca hay que sumarle un nuevo hecho, pues este 17 de Julio, en medio de combates entre el ejército y disidencias de las Farc, un ataque con explosivos impactó el techo de un hogar comunitario del ICBF, en el municipio de Argelia en el corregimiento Sinaí. En el departamento hay mayoritariamente presencia de 3 grupos armados: el  EMC, la Segunda Marquetalia y el ELN,  que se han venido disputando el control territorial y la disciplina social, además de la disputa de rutas estratégicas para el tráfico de cocaína y la minería ilegal.  El Estado Mayor Central es el grupo armado con mayor presencia en el departamento, según datos del reciente informe de la Fundación PARE  “¿Plomo es lo que viene?” , situándose en 41 municipios del cauca que representan el 95,3% de los mismos, bajo la estructura del Bloque Occidental Jacobo Arenas (BOJA).   La crisis humanitaria no se agota allí, pues en Argelia, Cauca en los últimos días se han dado diferentes enfrentamientos entre el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, lo que ha conllevado al desplazamiento de más de 1.900 personas. La administración local pide ayuda por parte del gobierno nacional para poder atender esta crisis puesto que los recursos se agotaron. Es importante resaltar que este municipio es el que más desplazamientos forzados presentó en el año 2023, con un total de 5.805, y el segundo en víctimas de confinamiento con 624 casos, según los datos del informe ya mencionado.       La violencia desatada y el conflicto armado en la región supone un riesgo para niños, niñas y jóvenes que están en medio de los enfrentamientos, por ello es importante una atención urgente a sus necesidades buscando alejarlos de las dinámicas del conflicto, especialmente en reclutamiento forzado. Recordemos que el cese al fuego con el EMC en esta región se dio por terminado el 20 de marzo del presente año luego de que realizaran un ataque contra población indígena en Toribio, en un intento de reclutar a una menor de la comunidad.    Astrid Eliana Cáceres, frente a los hechos en el hogar comunitario afirmó:   “Hacemos un llamado a todos los actores armados para que respeten todo espacio donde conviven los niños y las niñas, donde crece la generación de la paz, nosotros somo s un país que está cerrando el circuito de violencia, vamos por el cumplimiento de todo el acuerdo de paz y no puede ser que nuestros lugares donde están los niños y las niñas se encuentren afectados”    Además, resaltó el Plan de Acción Nacional sobre Escuelas Seguras , que busca la prevención, atención y protección de los entornos educativos de los y las estudiantes y demás integrantes de las instituciones educativas, en lugares más afectados por el conflicto armado buscando que se garantice el derecho a la educación.   Es necesario agilizar la aplicación de este plan de acción y así evitar más situaciones de riesgo como la que se presentó esta semana. Las instituciones educativas son escenarios de transformación y de construcción de paz, y las niñas, niños y jóvenes deben mantenerse al margen del conflicto. El gobierno debe también redoblar esfuerzos en la implementación de los acuerdos de paz y en la construcción de estrategias de desarrollo y seguridad que permitan a las comunidades del Cauca vivir en condiciones dignas y libres de miedo. Solo a través de un compromiso firme y acciones concretas se podrá avanzar hacia la paz y la reconciliación en esta región tan afectada por el conflicto. Como lo señala el informe ¿Plomo es lo que viene? Es clave que las acciones violentas contra la población civil paren.

Por: Iván Gallo Uno de los puntos más bajos del pasado 20 de julio durante la instalación del nuevo congreso fue la intervención de Miguel Uribe Turbay, el primer congresista de la oposición que tomó el micrófono para refutar a un presidente Petro que se mostró inusualmente mesurado y conciliador. Uribe se veía nervioso y lanzando datos que no pueden comprobarse en la realidad. Uno de ellos fue afirmar que el presidente “tiene acorralados a los empresarios” cuando en varias oportunidades Petro se ha reunido con los principales cacaos del país. Incluso hay un artículo de Forbes -revista poco sospechosa de ser pro-petrista- en donde señalan que las personas más ricas del país han subido sus ingresos durante 2024. Incluso Catherine Juvinao, quien se ha mostrado completamente opuesta a Petro, afirmó después de escuchar a Miguel Uribe: “Lo único peor que los discursos del gobierno son los discursos de la oposición. Uff”. Uribe era un niño cuando su madre, Diana Turbay, fue asesinada mientras estaba secuestrada por Pablo Escobar. Durante un fallido rescate ordenado por el gobierno del entonces presidente César Gaviria, fue asesinada. Miguel Uribe Turbay es nieto de un presidente, Julio César Turbay Ayala, cuyo gobierno fue una verdadera calamidad para la protección de los Derechos Humanos en el país. Acá haremos una radiografía de cómo fueron los años de Turbay como presidente En los años en los que estuvo mandando, que fueron entre 1978 y 1982, ser líder estudiantil se convirtió en Colombia en un trabajo de alto riesgo. Al igual que ser sindicalista, asistir a marchas, ejercer la democracia. Todo por el Estatuto de Seguridad. Los menores de cuarenta años no lo deben recordar demasiado, así que acá les contaremos qué es. En 1977 se realizó un paro nacional de proporciones monumentales. Entre el 14 y 15 de septiembre las calles se llenaron de gente, un estallido popular que no se veía desde el 9 de abril de 1948 cuando la gente salió a pedir venganza por la muerte de Gaitán. En ese momento López Michelsen era el presidente y se considera que su decisión de recortar el gasto público, una medida completamente neoliberal, hizo estallar la indignación. Antes del gran paro los diversos sindicatos del país realizaron 100 huelgas. El entonces ministro de gobierno, Rafael Pardo Buelvas, empezó a usar términos como “subversivos” para descalificar la protesta lo que endureció aún más el movimiento popular. En Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga se cerraron calles, se hicieron barricadas, la gente se defendió mientras exigía un aumento salarial del 50%, Congelación de tarifas de artículos de primera necesidad y de tarifas de servicios públicos, suspensión del estado de sitio y respeto de las libertades, derogación del Estatuto docente, financiación y desmilitarización de las universidades, abolición de la reforma administrativa, entrega de tierras a los campesinos por el INCORA, jornada de trabajo de 8 horas y salario básico para transportadores, suspensión de decretos de reorganización del ICSS. El gobierno de López adoptó una figura que se venía manejando en los años del Frente Nacional y fue el Estado de Excepción. Esto, según la Comisión de la Verdad consistía en “Bajo su normatividad, las garantías y libertades constitucionales quedaban suspendidas mientras la autoridad reestablecía la normalidad y el orden público, generalmente perturbados por manifestaciones de inconformidad social de trabajadores, sindicalistas, campesinos, indígenas y estudiantes en diferentes regiones”. Así el ejército actuó a sus anchas. El saldo no pude ser más trágico: 33 personas perdieron la vida, hubo 3.000 heridos y se capturó a tanta gente que se tuvo que usar en Bogotá la Plaza de Toros de la Santamaría y el propio estadio El Campín para retenerlos. Un mes después de que asume Julio César Turbay la presidencia, el 6 de septiembre de 1978, se expide el Decreto 1923 que terminaría tomando el nombre de Estatuto de Seguridad. Para la Comisión de la Verdad esta medida “se constituyó en la expresión máxima del estado de sitio. En los ejercicios de memoria y búsqueda de la verdad realizados por la Comisión en las diferentes regiones durante el último año, el Estatuto de Seguridad y su aplicación sobresale como un momento de desconcierto, dolor y zozobra dentro de los sectores sociales organizados y comprometidos con el avance social”. Este Estatuto generó allanamientos de domicilio sin orden judicial, detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada, vimos como los militares se atrevían a hacerles juicios a civiles, Hubo magistrados de la Corte que demandaron y se enfrentaron con fiereza ante, lo que Gustavo Gallón llamo en su momento, una “dictadura constitucional”. Es que además del poder que se les entregaba a los militares había que sopesar la creación de nuevos delitos, el aumento de penas, la imposición de la censura. Dos hechos le servirían al gobierno para aumentar su pie de fuerza. El asesinato de Rafael Pardo Buelvas, el ex ministro de gobierno de López Michelsen y el robo de cinco mil armas por parte del grupo guerrillero M-19 al Cantón Norte. Uno de los primeros jóvenes que cayó fue el reconocido actor de teatro y televisión Carlos Duplat quien fue llevado a las famosas caballerizas de Usaquén y fue torturado durante horas. Así también fue detenida y torturada la actual jefe de negociación del gobierno con el ELN, Vera Grabe, la famosa pianistas Teresita Gómez, sacerdotes jesuitas valientes como Jorge Arango y Luis Alberto Restrepo, además del famoso poeta de izquierda Luis Vidales, que todo el mundo debería conocer porque uno de sus versos está plasmado en el billete de 100 mil  y hasta el hoy presidente, Gustavo Petro. Todos los que alcanzaron a sobrevivir a violaciones, ultrajes, tortura con aparatos eléctricos, métodos copiados de la vileza de la dictadura argentina, concuerdan en que estas caballerizas estaban completamente llenas. Hubo periodistas valientes como Guillermo Cano que hicieron encendidas críticas desde la editorial de El Espectador para frenar la babarie, por primera vez Amnistía Internacional visitó el país. La situación que se vivía en Colombia tuvo ribetes internacional cuando, en 1981, el escritor Gabriel García Márquez tuvo que empacar e irse exiliado porque le revelaron un plan para matarlo, supuestamente por ser parte de una de las guerrillas. Él simplemente participaba del comité editorial de la Revista Alternativa, un medio de izquierda, que, por supuesto, no toleraba a Turbay. Las críticas no sólo estuvieron a cargo de la prensa. El político liberal Darío Echandía salió del ostracismo a denunciar El dictador de este país es el general Luis Carlos Camacho Leyva”, comandante del ejército, quien actuaba como “el dueño del gobierno y el mentor de la política dura”.   La sociedad civil se fortaleció. Según el informe de la Comisión de la Verdad “Nació el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) creado después del primer Foro Nacional por los Derechos Humanos y las Libertades Democráticas, organizado en Bogotá en 1979, como respuesta al Estatuto de Seguridad y encabezado por el excanciller Alfredo Vázquez Carrizosa, prestigioso internacionalista y diplomático”. Turbay, lejos de ser juzgado por estos hechos, fue nombrado embajador después de terminar su periodo presidencial en el Vaticano. La imagen de Turbay fue revitalizada unos años después por Álvaro Uribe Vélez en su primer gobierno. Bautizó el Centro de Convenciones de Cartagena con su nombre. La cercanía de Uribe, quien es un tipo agradecido, con Miguel Turbay, el cariño que se profesan, tiene que ver con la memoria del abuelo del senador. Una memoria que, sólo por la implementación del Estatuto de Seguridad, debería revisarse.

Por: Redacción Pares Este 20 de julio, en la instalación del nuevo congreso, se vio al presidente Gustavo Petro más conciliador y autocrítico. Golpeado por el escándalo de la UNGRD en donde el ex director de esa entidad, Olmedo López, tendría pruebas para hundir a funcionarios claves en este gobierno como el propio ministro Olmedo López, Petro fue más mesurado a la hora de lanzar afirmaciones y subrayó la importancia que tendría para el país acelerar las reformas sociales que han sido las banderas de este gobierno. Llamó la atención que durante su discurso no tocó el tema de la Constituyente ni del poder constituyente, lo que generó alivio en un sector de la política, ayudando a bajar la tensión con algunos sectores a los que la idea les da miedo. Para esto necesitará tener mayorías en el congreso. Ya se saben los problemas que ha tenido en el senado, con la presidencia de Iván Name, para poder sacar adelante sus reformas. La llegada del conservador Efraín Cepeda, respaldado incluso por el Pacto Histórico, fue de manera arrasadora. La votación fue la siguiente: 97 votos a uno. Cepeda deja la jefatura del partido Conservador. La preocupación para él será atajar las intenciones de alguien que está en sus antípodas con Carlos Andrés Trujillo, senador muy cercano al gobierno. Las intenciones de Cepeda es que el partido quede en manos de la senadora Nadia Blel. Cepeda se mostró contrario a la idea del presidente a cualquier intención de aspirar a un poder constituyente. Sin embargo, líderes conservadores como Andrés Pastrana calificó a Cepeda de ser el jefe de lo que él llamó “Petroconservatismo”. A Pastrana no le cabe ninguna duda que Cepeda terminaría ayudando al presidente a sacar adelante su iniciativa. Con Cepeda podría haber vasos comunicantes con mas eficacia que con Iván Name, su predecesor. En la Cámara la victoria de Petro fue inobjetable. No cabe duda que el jefe político de Jaime Raúl Salamanca, nuevo presidente de la Cámara, es el ex gobernador de Boyacá Carlos Amaya, cercano al gobierno. Salamanca ´derrotó a Katherine Miranda, quien hubiera sido para Petro y sus intenciones de reforma una verdadera piedra en el zapato. La Congresista verde había advertido que la contienda a la presidencia de la Cámara era “desigual e injusta”. Un día antes de la votación, el 19 de julio se conoció un falso comunicado, con membrete de la Alianza Verde, en donde se pedía apoyar a Salamanca. Según el portal Cuestión Pública Amaya fue el financiador de la campaña de Salamanca a la Cámara. Este portal también descubrió “que al menos dos familiares tienen vínculos y contratos con la Gobernación de Boyacá. Bertha Carolina Rodríguez Sánchez, esposa de Salamanca, es una figura clave en la administración de Amaya, quien en febrero del 2024 fue elegido Presidente de la Federación de Departamentos”. La cuestionada funcionaria Sandra Ortiz, salpicada por Sneyder Pinilla en el caso de corrupción de la UNGRD, pertenece al mismo combo de Salamanca. El nuevo congreso tiene un gran reto: poner los focos en el escándalo de corrupción que rodea a funcionarios del gobierno y de congresistas por los supuestos sobornos recibidos a través de la UNGRD para mover las reformas sociales que quiere sacar adelante Petro. El saliente presidente de la cámara reemplaza a Andrés Calle, el liberal, cercano a Petro, que apoyó las reformas del gobierno desde la Cámara. Las intervenciones de los que se catalogan como principales opositores del gobierno, los congresistas Miguel Uribe, y Miguel Polo Polo, aludiendo a supuestos problemas personales del presidente no representaron ninguna sombra a una jornada de instalación de congreso para Petro que fue más tranquila de lo esperado. Ni siquiera la llegada tarde al desfile militar de ese día pudo empañar su jornada.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenido Cuando Julio César Arana del Águila puso su empresa del caucho en la Chorrera, cerca de cincuenta mil indígenas huitotos y andoques fueron exterminados. Los hombres al servicio del político y empresario peruano, que hizo una fortuna explotando caucho, mataban el tedio de la selva descuartizando a machetazos a los indígenas. Las sometían a las más violentas torturas. A familias enteras las metían en pozos llenos de pirañas y allí gozaban, entre trago y trago, viendo como los peces se las comían vivas. Muchos de estos indígenas huyeron de la Chorrera y se asentaron en Araracuara, un lugar ubicado entre el Caquetá y el Amazonas, alejada de los blancos y de sus crueldades. Allí creían que estaban a salvo y lo estuvieron hasta 1938. Ese año el presidente Eduardo Santos ordenó la instalación en ese lugar de una cárcel. Se construyeron nueve campamentos a donde llegaron 560 presos y 200 guardianes. No pasó una semana de la instalación del penal cuando ya los guardianes empezaron a arrasar con sus alrededores. Los indígenas, que habían construido sus malokas intentando recuperar su paraíso perdido, vieron como los guardianes irrumpieron en sus casas y, escopeta en mano, preguntaban cuánto costaba sus mujeres. A los que se sintieron ofendidos con las preguntas simple y llanamente les estallaban un disparo en la cara. Y así fueron matando a los hombres y violando a las mujeres huitoto. Las otras víctimas eran los presos. Ante el hacinamiento de las cárceles del país en la década del treinta decidieron construir, en medio de la selva, un lugar que recordaba que el infierno existía y quedaba en la tierra. Los directores y guardianes que existieron entre 1938 y 1972 -año de su cierre- establecieron, lejos de los controles de Bogotá, un régimen de hambre y barbarie contra los condenados. Al penal se destinaban, desde campamentos en los lugares de Patiobonito, Bellavista y los Llanos del Yarí. Del río además sacaban una pesca descomunal. Pero nada de esto llegaba a los presos. Los directores de la cárcel, con tal de engrosar sus bolsillos, las vendían a los mercados de Neiva y Florencia. Los presos aguantaban hambre y morían de ella. Germán Castro Caycedo fue el primer periodista que se metió a la manigua y habló de ella en el año 1972, justo cuando hacía la investigación que desembocaría en su libro Perdido en el Amazonas, en donde narra la aventura de Julián Gil, un hombre que soñaba con hacer un camino de mil kilómetros dentro de la selva y que, en su intento, fue desaparecido por una tribu que no había tenido jamás contacto con los “blancos”, Castro Caycedo conoció a expresidiarios que estuvieron a punto de morir en este infierno, que vivieron los abusos de los guardias, el régimen casi de campo de concentración que se vivía en el penal. Vio, por ejemplo, que alrededor del penal habían cuatro cementerios. Allí despachaban a los presos que no resistían. A Bogotá enviaban cualquier excusa, un intento de escape, una enfermedad de la selva, pero, en realidad, las muertes eran inevitables debido al trato, al hambre, a la falta de un cuidado médico indispensable para soportar las duras condiciones de la selva. Uno de los castigos más temidos era el siguiente: se encerraba durante días, en un cuadrilátero estrecho, en donde apenas cabía un hombre de pie, al que, según el guardia de turno, se portara mal. Allí los dejaban parados durante dos semanas. Algunos no resistían y morían. Otros no paraban de llorar y salían con la piel calcinada y llena de picaduras de bichos que se infectaban. Nadie puede calcular cuantos hombres murieron en Araracuara, pero fueron cientos. Con los años el penal fue creciendo y ya llegó a tener, en el momento de su cierre, once campamentos. Las partidas presupuestarias anuales eran muy altas, 370 millones de pesos anuales mientras, cada año, estaban condenados a trabajos forzados más de 2000 hombres. Alrededor del pena se iba consolidando el poblado de Araracuara, conformado por indígenas y por los guardianes que, una vez se terminó la cárcel, no volvieron al interior del país por una razón: temían la venganza. Sabían que en esa tierra sin Dios podrían hacer lo que quisieran, la impunidad los acompañaba. No se atrevían a regresar por miedo a que el familiar de un preso, o a que un sobreviviente los encarara. Era mejor sobrellevar sus pecados en la selva. Era común que los directores que pasaran por el pena jugaran de esta forma con los presos: les abrían las puertas y les decían que se escaparan frescos, que tendrían un día de ventaja pero que, eso sí, si los alcanzaban los guardianes con sus perros, los matarían. Era pan comido. En esa selva tupida cualquiera que no conociera bien sus recovecos se perdería. El final ya todos lo sabían, encontraban a los fugitivos, los mataban a machetazos y luego los malenterraban. Castro Caycedo conoció a sobrevivientes que afirman haber visto como quedaban, por encima la tierra, pies, manos, cabezas. Ante los rumores de abuso el ministerio de justicia decidió enviar en 1962 una comisión compuesta por las siguientes personas: Rafael Díaz, director general de prisiones, Rafael Poveda, periodista, Emilio Chavarriaga, visitador encargado del pena, otro visitador llamado Carlos Dominguez, el médico Delio Muñoz, el ingeniero Pedro Diaz, y el motorista Carlos Castilla. Iban a verificar las condiciones de la cárcel. Pero ocurriría lo peor. Los guardias les proporcionaron información falsa. Les dijeron que uno de los ríos que pasaba por la prisión no tenía mayor complejidad. La comisión se embarcó en una balsa que ya había sido dañada previamente por los guardias y, apenas zarparon, empezaron a zozobrar. La totalidad de la comisión se ahogó. Araracuara cerró su infamia en 1972 y tal como dijo Castro Caycedo, ya no se escuchó jamás el llanto de los hombres. Hoy en día solo quedan sus ruinas, comidas por la maleza y una historia que se diluye ya en la frágil memoria colombiana.