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Por: Yudi Angulo – Enlace Buenaventura: Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil  Transformando vidas y construyendo futuro, Cristian Farid Rodríguez es la voz y el corazón de una nueva generación de líderes juveniles en Buenaventura. De esos liderazgos emergentes que le siguen apostando a la transformación de la realidad de cientos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el puerto más importantes del país. Farid es 1 de los 17 jóvenes becarios de Escuela de Liderazgo Juvenil  en Buenaventura, que lidera la Fundación Paz y Reconciliación con el apoyo de AECID, en donde sigue afianzando su formación social y política, involucrándose en temas de ciudad y aportando la consolidación de acciones que sigan contribuyendo al bienestar de la población joven del distrito.  Con  26 años, nacido en el barrio 6 de enero de la comuna número 9 de la localidad 2 del hoy distrito especial de Buenaventura, es estudiante de quinto semestre de Sociología en la Universidad del Pacífico. Ha tenido la oportunidad de formarse en otros aspectos como un diplomado en formación política para liderazgos emergentes con la universidad ICESI, curso en formulación de proyectos étnicos con el Ministerio de igualdad y equidad, formación en ocupar la política con Extituto de Política Abierta y el Instituto Neerlandés para la Democracia Multipartidista, diplomado en contenidos digitales con USAID y ACDI/VOCA,  formación periodística con enfoque étnico certificado por RCN, formación en veedurías ciudadanas y control social con Alianza Activa Buenaventura, curso sobre fortalecimiento de la participación juvenil en el desarrollo territorial con la ESAP, entre otras formaciones ligadas al liderazgo juvenil y social. Es padre de un menor de 6 años por quien procura logre tener las condiciones necesarias y las garantías para una vida digna en Buenaventura.  Durante el estallido social a inicios del 2021, Farid se consolidó como uno de los líderes activos del Movimiento Buenaventura Resiste con otro grupo de jóvenes de la ciudad, que buscaban llamar la atención al Gobierno Nacional, dada la ola de violencia que atravesaba la ciudad desde finales del año 2020, la violencia se había convertido en una pandemia más que parecía difícil de superar, pues los constantes enfrentamientos, asesinatos, desplazamientos mantenían a la comunidad confinada.  Desde hace 5 años es miembro de la Corporación Eleggua Comunicación, Acción y Producción, hoy en día lidera la línea de participación e incidencia juvenil, con dicha organización, ha estado al frente de diferentes procesos sociales y comunitarios, además de participar en proyectos y formaciones fundamentales para su liderazgo. Hace parte del programa Externado por la niñez y el tejido familiar, que atiende a más de 70 niños, niñas y adolescentes de diferentes barrios donde se busca la prevención del reclutamiento de bandas armadas ilegales, el consumo de sustancias psicoactivas y el aprovechamiento del tiempo libre. Cabe resaltar que también dicta talleres de construcción de Paz en diferentes espacios y aporta a la participación de la juventud desde las organizaciones, brindando espacios formativos entorno a la ley de juventud. La Corporación Eleggua Comunicación, Acción y Producción es una entidad sin ánimo de lucro que desde su apuesta misional, trabaja para: primero, visibilizar las realidades del territorio a través de la producción audiovisual y la comunicación alternativa, segundo empoderar a las comunidades, especialmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, incluidas organizaciones juveniles para que sean sujetos activos y participativos y con sus acciones y en tercera medida logren transformar las realidades que atraviesan a Buenaventura. Desde Eleggua se trabajan con 3 líneas estratégicas que facilitan el quehacer de la organización:  Desarrollo sociocultural:  Desde la línea de desarrollo sociocultural Eleggua Comunicaciones le apuesta a la atención y prevención de violencias a partir de programas de atención comunitaria como: programa externado por la paz y el tejido familiar, programa juventud transformadora y Eleggua palenque cultural  Desarrollo económico comunitario: desde esta línea se apuesta a la creación y fortalecimiento de economías populares y comunitarias propias, además de una apuesta por las economistas populares y comunitarias de las comunidades y sectores con quienes trabajamos.  Dialogo comunitario:  Desde la línea de dialogo comunitario se promoverán diálogos de gran importancia de acuerdo con el contexto territorial, estas conversaciones comunitarias serán espacios de reflexión, memoria y construcción colectiva.  Farid fue candidato al Concejo Distrital de Buenaventura para el periodo 2024 – 2027 consagrándose como el candidato masculino más joven durante esas contiendas, encabezando la lista al concejo del Partido Ecologista.  Desde el año 2020, lidera el Círculo de Hombres de Buenaventura, espacios en los que se reúne con otros compañeros masculinos a tratar temas que giran en torno al machismo y buscar opciones de mejorías para la igualdad y la equidad de género. El círculo de hombres es un espacio seguro y de apoyo donde los hombres puedan explorar, expresar y canalizar sus emociones de manera saludable. A través de la conversación abierta, la escucha activa y la reflexión, se busca fomentar la inteligencia emocional, el autocuidado y el crecimiento personal.   Desde las Escuelas de Liderazgo Juvenil le apostamos a fortalecer este tipo de liderazgos como el de Cristian, que buscan retroalimentar en sus organizaciones lo aprendido en la escuela, y cómo desde esos saberes se sigue aportando ese grano de arena para continuar transformando a Buenaventura.

Por: Rafael Acosta – Enlace Tumaco de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil  Roxana Michelle Estacio Tenorio es una joven líder tumaqueña que hacer parte los 64 jóvenes becarios de las Escuelas de Liderazgo Juvenil lideradas por la Fundación Paz y Reconciliación - PARES con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional – AECID.   Su compromiso social comenzó formalmente en el año 2019 donde fue designada como vicepresidenta en la Fundación Nueva Esperanza para las Personas Vulnerables,  su trabajo constante y disciplina le permitieron ascender a la presidencia. Desde entonces, ha sido la lideresa empoderada y vehemente que ha guiado y encaminado a un equipo de jóvenes que buscan día a día promover el bienestar social y la inclusión de comunidades vulnerables en San Andrés de Tumaco, Nariño.  Roxana es ingeniera civil con un técnico en manejo ambiental y formación adicional en altimetría, contabilidad, gestión de recursos financieros, diseño y presupuestos, con habilidades para utilizar herramientas informáticas y redactar informes técnicos o proyectos de investigación, lo cual ha sido fundamental para el desarrollo y la ejecución de las iniciativas que viene liderando.  Hace parte de la organización FUNEPAVUL, donde se han enfocado en planificar futuras intervenciones y programas para fortalecer diversos aspectos de la comunidad y Planean desarrollar estrategias para la intervención y protección psicosocial, promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como para la construcción de paz y la fase posconflicto dirigida a víctimas del conflicto armado. También están en el proceso de diseño de programas educativos, iniciativas de desarrollo integral y proyectos comerciales que promuevan el desarrollo económico en el territorio de Tumaco  Uno de los grandes logros de los cuales ha hecho parte es la recuperación en un 80% del polideportivo de la urbanización Villa Esperanza - Bucheli en la zona rural, mejorando infraestructuras clave para beneficio colectivo. También la creación y organizado de jornadas de limpieza y eventos recreativos que promueven la integración comunitaria y el bienestar general, entre otros. Estos logros le han permitido sentar las bases para futuras actividades y programas que ampliaran las posibilidades de impacto positivo en la región.    “Soñamos con ver un Tumaco desarrollado y lleno de oportunidades, nuestra visión a grandes rasgos para el futuro de FUNEPAVUL es seguir fortaleciendo nuestras iniciativas actuales y expandir nuestro impacto positivo en múltiples áreas. Estamos comprometidos a desarrollar programas educativos, de empoderamiento económico y de desarrollo integral para jóvenes y mujeres vulnerables. Aspiramos a fortalecer nuestro ámbito territorial y explorar nuevas áreas de intervención y crecimiento comunitario para asegurar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de nuestras actividades” manifestó Roxana Estacio

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El próximo 3 de agosto de 2024 finalizará el segundo acuerdo parcial de cese bilateral al fuego y hostilidades entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta prórroga fue acordada por la Mesa de Diálogos la primera semana de febrero de 2024 —en La Habana, Cuba, por 180 días— y comenzó operar el 3 de febrero. Convirtiéndose en el mayor avance hasta el momento logrado en las negociaciones de paz con está guerrilla.   Desafortunadamente, el comienzo de este importante acuerdo coincide con el tiempo que lleva la Mesa de Diálogos sin reunirse y avanzar en un nuevo ciclo de conversaciones. Desde marzo de 2024, el Comando Central (Coce) del ELN tomó la decisión unilateral de parar los ciclos de conversaciones —se tenía programado realizar varias semanas después en Caracas el VII ciclo—.   Está parálisis se debió a la decisión del gobierno Petro de autorizar al gobernador del departamento de Nariño unos diálogos paralelos regionales con el Frente Comunero del Sur del ELN. Cuyo objetivo era reducir el conflicto en este territorio. Invitando a este actor clave y dispuesto a acordar varias acciones.   Durante estos meses de parálisis la Mesa de Diálogo se ha reunido en muy pocas ocasiones, y lo ha hecho de manera extraordinaria. Uno de los encuentros ocurrió la semana del 20 de mayo de 2024, donde ambas delegaciones recibieron, en Caracas, Venezuela, el informe del Comité Nacional de Participación (CNP) —este organismo entregó un Plan Nacional de Participación y dos documentos más— y se aprovechó para firmar el Acuerdo Parcial No 28, que sirvió para concretar el punto uno de la agenda de paz.   A pesar de este importante acontecimiento, los ciclos oficiales de conversaciones de la Mesa han continuado paralizados. Incluso, en junio, cuando se pensaba que con la realización del VI Congreso interno del ELN se lograría descongelar el proceso, esta situación no se dio. La organización insurgente manifestó al final del encuentro, en un comunicado, su disposición a la búsqueda de una salida negociada, pero no dijo nada que permitiera inferir el descongelamiento del proceso.   En su lugar, el ELN sigue manifestando la desavenencia que tiene con el Gobierno nacional. Lo señala de ser el único responsable de la crisis de la Mesa. De allí que le exija dar mayores claridades frente a la situación con el Frente Comuneros del Sur y avanzar en la discusión del reconocimiento de las organizaciones políticas para permitir los diálogos de paz. Además, ha exigido al Gobierno que respete los acuerdos firmados y rectifique los fallos cometidos.   Por su parte, el Gobierno y su delegación de paz han sido insistentes en llamar al ELN a “reanudar a la mayor brevedad los ciclos de diálogo de la Mesa”. Para el Ejecutivo es fundamental retomar los diálogos y las negociaciones, lo que permitiría sortear la crisis y avanzar en los importantes temas que el país requieren para dar forma a la política de paz total.   En este mismo sentido, los países acompañantes y garantes —como México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile— han realizado también el llamado a que las partes que integran la Mesa de Diálogo le pongan fecha al reinicio de las conversaciones  y retomen las negociaciones. Para ellos la salida negociada es el único camino para finalizar el largo conflicto armado colombiano.   A pesar de esta insistencia del Gobierno y de la Comunidad Internacional, la Mesa de Diálogos sigue parada a la mitad de julio. De allí que como sociedad civil debemos presionar también para que se retomen con celeridad los ciclos de conversaciones. Como actor político clave debemos aprovechar el poder y exigir al ELN el reinicio inmediato de los diálogos de paz. No es justo que nos inviten a una fiesta y nos dejen organizados.   Se requiere que la Mesa logre, en primer lugar, hacer un balance y una evaluación de la implementación del acuerdo del cese al fuego; y luego se continue con la discusión sobre su  ampliación o prórroga. Es necesario que las delegaciones ratifiquen su conveniencia y discutan los nuevos tiempos y espacios para su implementación.   No se puede permitir que se avance en el proceso de dialogo sin negociar de nuevo el cese al fuego y hostilidades. El importante acuerdo parcial hay que mejorarlo y fortalecerlo, para que en lugar de cuestionarse este componente de la paz total —como pasa con las disidencias del Estado Mayor Central— se presente como un ejemplo para los demás procesos.   Otro tema importante es avanzar en concretar las dinámicas de participación de la sociedad. La agenda exige celeridad y avances con los puntos dos y tres: tanto en el componente de democracia para la paz como de transformaciones para la paz. Ya tenemos una fecha límite —mayo de 2025— y debemos trabajar para que las proyecciones se cumplan.   Es necesario que los miembros de las delegaciones retomen el Acuerdo No 28 y logren dar cumplimiento a la visión compartida de construir una participación amplia de la sociedad. Una dinámica que permita llegar a un gran acuerdo nacional, con el que se le de sustento a las propuestas que saldrán del proceso de paz.   Estamos en una etapa donde se requiere de muchos diálogos y concertaciones, y el ejemplo debe comenzar por casa, es decir, por los miembros de la Mesa. En esta lógica es necesario avanzar con celeridad en torno a difundir los mecanismos de participación de la sociedad en la construcción de paz, especificando y aterrizando cómo se vivirá el proceso. También, discutir sobre los temas que se abordarán, como el régimen político, el modelo de desarrollo y las políticas de protección de la naturaleza, entre otros.   En síntesis, esperemos que pronto tengamos buenas noticias sobre la convocatoria por parte de las delegaciones del Gobierno colombiano y el ELN para realizar el séptimo ciclo de negociaciones. Que en este importante ciclo se logre abordar importantes temas, como la evaluación del cese al fuego, la ampliación y fortalecimiento de este —ojalá que se amplie por un año más—, trabajar en concretar la participación de la sociedad en el proceso de paz y lograr nuevos acuerdos parciales que beneficien a las poblaciones y territorios donde la violencia aún persiste.   No queda para nada bien que el ELN siga congelando el proceso. Es tiempo de continuar. El grupo rebelde sabe muy bien que es necesario y conveniente seguir realizando acuerdos parciales y trabajar para cumplirlos mientras se dialoga. Hay que aprovechar la disposición de este Gobierno para implementar transformaciones. A partir de agosto quedan tan solo dos años para acordar e implementar importantes acciones con las que se logre mejorar, en el corto y mediano plazo, la situación de todos los colombianos.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto. ***Desde la Plataforma de seguimiento al proceso de diálogo entre el gobierno y el ELN (Isegoría) se pueden encontrar una serie de análisis, columnas, boletines, documentos académicos, y reportajes periodísticos relacionados con este proceso. Toda esta información se puede consultar en el sitio https://isegoria.udea.edu.co/

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Caracol Radio El clima el domingo 14 de julio en el Hard Rock de Miami no podía ser más hostil. En los camerinos del estadio los jugadores colombianos estaban angustiados. Hasta allá les llegaron los rumores de lo que sucedía afuera. Las entradas estaban bloqueadas. La boletería falsa y el intento de cientos de aficionados colombianos de entrar a la brava a la final de la Copa América generó agresiones que provocaron el retraso en 90 minutos del partido Colombia vs Argentina. Las imágenes le dieron la vuelta alrededor del mundo. El partido tuvo un final triste para la selección. Después del juego, durante la premiación, los futbolistas esperaban que el máximo dirigente de la Federación les entregara la medalla de plata. Pero jamás llegó. Ellos no sabían que Ramón Jesurún se estaba metiendo en el lío de su vida. Mientras buscaban salir al campo de juego, luciendo una escarapela que les permitía moverse con soltura por todo el estadio, Ramón Jesurún y su hijo Ramón Jamil, se vieron envueltos en una trifulca. Tanto el padre, como el hijo, buscaban tomar un ascensor dentro del estadio que les permitiera bajar a la cancha. Un guardia de seguridad, ya con los nervios crispados, les negó el acceso. Jesurún y su hijo se encontraba en un palco en el estadio al lado de Jaime Pumarejo, ex alcalde de Barranquilla. Al parecer mientras veían el partido se tomaron unos tragos. El medio local de Miami, Local 10, cuenta detalles de lo que sucedió. El padre y el hijo ante la negativa del guardia de seguridad de dejarlos pasar, empezaron a gritarle al hombre. “El informe del arresto indica que el altercado se volvió físico después de que un guardia de seguridad les pidió a los hombres, gritando en la cara, que retrocedieran, y colocaron una palma en el pecho del joven Jesurun para guiarlo de regreso”. Luego empezó un zafarrancho. Según el medio Local 10 “Eso llevó al anciano Jesurun a dar un paso adelante y empujar al guardia, dijo la policía. Su hijo luego agarró el cuello del guardia y le dio puñetazos, según la policía. Ambos hombres están acusados de pelear con los guardias de seguridad que intentaron interrumpir el altercado”. Hubo incluso versiones que en el suelo uno de los Jesurún le dio una patada a uno de los guardias. Ambos fueron detenidos y llevados al Centro Correccional Turner Guilford Knight después de las 4:15 a.m. El dirigente a las 4:18 a.m. exactamente, mientras que a Ramón Jamil lo registraron a las 4:20 a.m. Los dos hombres en el momento en que agredieron al guardia de seguridad estaban acompañados de su familia que incluían niños. La detención de Jesurún fue la principal razón por la que no hubo recibimiento ni honores para la selección que tuvo una excepcional Copa América llegando por tercera vez a la historia a una final. Unas horas después ambos Jesurún fueron liberados. Las imágenes del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol con el uniforme naranja que distingue a los presidiarios en Estados Unidos se hicieron públicas. Al salir del penal Jesurún dijo lo siguiente: “Esta credencial dice ‘acceso total’ y un guardia de seguridad, de esos que quieren hacerse los importantes, la desconoció. Fui a entrar y me empujó y ahí se armó un tumulto ridículo e injusto”. No es la primera vez que Ramón Jesurún está envuelto en una polémica. Su nombre está envuelta en la polémica por la reventa de boletas a los partidos de la eliminatoria al mundial de Rusia 2018. Se especula que su cercanía con la Procuradora Margarita Cabello ha sido fundamental para dilatar el proceso y que este prescriba por vencimiento de términos. Los principales afectados por este hecho en Miami fueron los jugadores de la selección que no pudieron ser recibidos en Colombia como lo que son: verdaderos héroes.

Por: Redacción Pares El principal cuello de botella de la paz total hoy es la presencia extendida de actores armados con capacidad de control y daño, pero cada uno con agendas e intereses diversos. El ciclo de violencia que se vive no tiene nada que ver con la Paz Total. Con excepción del ELN una característica de la violencia armada organizada en Colombia es que los grupos que la ejercen pueden sobrevivir y adaptarse. El Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia, con un fuerte arraigo en las zonas de influencia de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, el Estado Mayor Central de las FARC-EP que trata de replicar el control territorial y especialmente de población en zonas de antiguo control de las antiguas FARC, la Segunda Marquetalia cuya narrativa fundacional fue la traición al acuerdo de paz del 2016 y un cuarto caso que con las estructuras urbanas del crimen organizado, que en algunos casos como Medellín y el Valle de Aburrá tienen una larga trayectoria de regulación del crimen y el delito, pero también de imposición de normas sociales, lavado de activo y grandes inversiones en la economía legal y formal.  La expansión desde el 2018, cuando las FARC se van, era apenas natural. Sin copar estas zonas el Estado lo hacen los grupos armados. El cese al fuego no fue el principal  contribuyente al crecimiento. La capacidad de los grupos armados para gobernar de facto un territorio, tomar decisiones sobre las normas sociales, culturales, la economía y la política está siendo inversamente proporcional a la capacidad de una respuesta institucional o formal a un problema básico de la comunidad como la función de policía, la aplicación de normas, la prestación de seguridad y algunas dotaciones de bienes públicos. La alta percepción de violencia no sólo se explica en el foco que tiene actualmente el país sobre guerras de alto impacto social y mediático como la que se está librando en el departamento del Cauca, ni sobre la expectativa generada en los inicios del gobierno de que los esfuerzos de negociación redundarían en reducción de violencia en todos los lugares del país. Sin embargo, lo que nos ha mostrado el análisis territorial es que las violencias que se asocian a la grave situación humanitaria están permaneciendo o bien silenciadas como en el caso del reclutamiento de NNA o bien con altas dificultades para la denuncia en zonas rurales y en municipios alejados. Una suspensión nacional del cese al fuego de forma abrupta puede llevar a un escalamiento violento sin capacidad de contención por parte del Estado, que incluso lleve a la población a optar por apoyar medidas que suspendan el estado de derecho local – ya de por sí frágil – a cambio de una protección básica en seguridad.  En vez de cese al fuego, cero la violencia contra civiles. Es urgente detener el ciclo de expansión de los grupos armados. Una base jurídica más clara, un plan y un norte más estable en la política de paz son importantes, pero no toda estabilidad es jurídica. Se necesita que el Estado actúe como uno solo a nivel regional, departamental y municipal. Proteger el mayor activo para la paz. Una paz no centrada en los actores armados es una paz más efectiva y protectora- No puede haber un solo defensor de derechos humanos más asesinado.

Por: Redacción Pares El Cauca y los problemas que le ha traído su posición estratégica El cañón del Micay es un corredor hacia el Pacífico de inigualable importancia estratégica. Argelia está en el centro de todo esto. Este municipio ha sido escenario de numerosas acciones armadas debido a la presencia de grupos como el EMC, el ELN y la SM. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV el 70% de las personas desplazadas en el Cauca provienen de Argelia, seguido por un 22% de Suárez. Es crucial destacar la situación en Suárez, ya que, como se mencionó, ocupa el segundo lugar en casos de desplazamiento y el primero en confinamiento, con 1221 eventos, seguido por Argelia. Esto puede estar relacionado con la movilidad de los cultivos de uso ilícito, que gradualmente se han desplazado a lo largo del corredor del Cañón del Micay, estableciéndose en López de Micay y Guapi. Aunque Suárez no está directamente ubicado dentro de este corredor, forma parte de una configuración que incluye a Cajibio, Morales, Buenos Aires y concluye en El Naya, conectándose así con el océano Pacífico. Desde años atrás, la Defensoría del Pueblo han identificado a Suarez como la entrada al corredor estratégico del Naya. La presencia casi que hegemónica de grupos armados que componen el Bloque Occidental Jacobo Arenas del EMC, evidencia la continuidad del control territorial y la explotación de recursos ilícitos tras la salida de las antiguas FARC-EP. La violencia en la región se manifiesta a través de amenazas, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados, afectando especialmente a liderazgos sociales y comunidades étnicas. Además, se ha observado un preocupante incremento en el reclutamiento de menores por parte del EMC. La escalada de violencia perpetrada por los grupos armados en el Cauca continúa, y uno de los casos más impactantes tuvo lugar en la región del Norte del Cauca. En julio de 2023, se observó un notable aumento de las acciones armadas, culminando con el devastador ataque con un cilindro bomba a la Institución Educativa Técnica Agrícola de Suárez – Sede María Inmaculada. Este evento cobró relevancia a nivel nacional debido a que fue la escuela primaria de la Vicepresidenta Francia Márquez. Este suceso, junto con el atentado con carro bomba contra la Estación de Policía y otro incidente similar al día siguiente en Mondomo, conmocionó profundamente la región. A pesar del establecimiento del Cese al Fuego, fundamental para la Paz Total, los combates persisten en áreas clave como el Cañón del Micay, lo que sugiere un escaso compromiso con los acuerdos o serias desconexiones entre la mesa negociadora y los actores en el terreno. En el Cauca queda claro que los grupos armados no están motivados por una agenda política, sino por intereses lucrativos y económicos. Esta tendencia se manifiesta no solo en el establecimiento de nodos de operación, sino también en la creación de corredores que sirven como rutas para actividades de economía ilegal. Actualmente, estos corredores pueden dividirse en tres: el primero abarca Cajibio, Morales, Suarez y Buenos Aires, con salida al mar por el Naya; el segundo es la ruta del Cañón del Micay, que comprende Patía, Tambo, Argelia, Guapi y López de Micay, con tres municipios conectados directamente al océano Pacífico siguiendo la cordillera oriental; y finalmente, un corredor emergente que atraviesa el oriente a través de Inzá, Paéz y Huila. Nariño en la Paz Total De acuerdo con el monitoreo realizado por la Fundación Paz & Reconciliación, para el año 2024, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), hace presencia en 26 municipios (12 más que en el 2023). La Segunda Marquetalia (SM) continúa teniendo presencia en 11 municipios. El Estado Mayor Central (EMC), hace presencia en 16 municipios (4 más que en el 2023). El Ejército Gaitanista de Colombia EGC, más conocido como el Clan del Golfo, hace presencia en 9 municipios, (6 menos que en el 2023). Y las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN) en 12 municipios ubicados sobre la Cordillera Occidental del departamento. Según la Defensoría del Pueblo (2024), Nariño fue el departamento en donde se registró el mayor número de eventos de desplazamiento masivo forzado en 2023 (58 eventos de 154 registrados a nivel nacional), según (OCHA, 2024) durante el primer trimestre de 2024, en Nariño, y específicamente en los municipios de la costa pacífica, ocurrieron la mayor cantidad de casos de desplazamiento en Colombia (3.400 de 3.900 a nivel nacional); según (CODHES, 2023), Nariño figura dentro de los departamentos más afectados por desplazamiento forzado, confinamientos y restricciones a la movilidad (2023). La (CICR, 2024) también ubica a Nariño dentro de los departamentos más afectados en 2023 por desaparición forzada y por afectación individual a causa de artefactos explosivos: 91 de las 380 víctimas de artefactos explosivos reportadas a nivel nacional se ubican en Nariño. En el Triángulo del Telembí, conformado por los municipios Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas, la población, en su mayoría afrodescendiente e indígena, se ha visto continuamente victimizada por las acciones del Frente Urias Rondón y las columnas Franco Benavides, Alan Rodríguez y Rafael Aguilera del EMC; el bloque occidental Alfonso Cano, los frentes Ariel Aldana, Oliver Sinisterra e Iván Ríos de la SM; el Frente Comuneros del Sur y las estructuras Guerreros del Sindagua y José Luis Cabrera Ramos del ELN, siendo la subregión que reporta la más diversa presencia de EAI en el departamento. En 2024 la Segunda Marquetalia y el Frente Comuneros del Sur establecieron un acuerdo “de unidad y colaboración” (Noticias Al Punto, 2024), posiblemente en la búsqueda de menoscabar el control de otros grupos armados. Los retos de la Paz Total en Nariño El enfoque de la política de Paz Total es novedoso en relación con las anteriores apuestas gubernamentales de pacificación del territorio y reconoce la complejidad del problema de la violencia armada en los territorios. Además de los intentos de diálogo con EAI y la apuesta de territorializar la paz que incluye el diálogo social amplio y el establecimiento de acuerdos con dirigentes locales de los EAI, el Gobierno Nacional ha optado por dirigir la lucha contra el narcotráfico hacia las estructuras criminales y no hacia los campesinos productores, como resultado se registra una cifra histórica de cultivos de coca en pie (Rodriguez, 2024), a la vez que se reporta una disminución significativa de los precios de la hoja de coca y un aumento considerable de incautaciones de pasta base y de clorhidrato de cocaína, que, según Insight Crime (Posada, 2023) ascendió a 80 toneladas en el Departamento. Ya que la política de Paz Total concibe la violencia armada como una consecuencia de la desigualdad social y económica, el Gobierno ha anunciado inversiones estratégicas para la transformación de la economía ilegal y la garantía del acceso a derechos básicos de las poblaciones que habitan los territorios más golpeados por la violencia, sin embargo, los resultados de estas inversiones y decisiones políticas, en términos de pacificación de los territorios, sólo pueden cuantificarse a mediano y largo plazo, entretanto las comunidades siguen siendo victimizadas por la confrontación armada. Norte de Santander: la puerta a Venezuela Otro de los apartamentos que ha sufrido por las ventajas de su posición geográfica es Norte de Santander. Aunque los indicadores señalan que la violencia está bajando, hechos puntuales como la retención de la directora de la Unidad de Víctimas en el Catatumbo, es una clara señal que el fantasma sigue allí. En el departamento el cese al fuego con los grandes grupos armados continúa. Sin embargo la comunicación entre el gobierno y las autoridades regionales es casi nula. Así están distribuidos los grupos armados en Norte de Santander: El ELN hace presencia en Ábrego, Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, La Playa de Belén, Hacarí, El Tarra, Sardinata, Tibú, Lourdes, Salazar y Bucarasica; El Frente Efraín Pabón Pabón se encuentra en Herrán, Chitagá, Toledo, Cácota, Silos y Ragonvalia; el EPL, por su parte, tendría incidencia en los municipios de Ocaña, La Playa de Belén y Ábrego;  a su vez, el Frente 33 del EMC, hace presencia en El Tarra, Ocaña, Bucarasica, Teorama, Tibú, el Carmen, El Zulia, y Cúcuta. Este último municipio, capital del departamento, ha padecido la incursión de las guerrillas en su casco urbano, zona rural, y área metropolitana. De hecho, en la capital del departamento convergen las tres guerrillas mencionadas, el Clan del Golfo, y 17 organizaciones delincuenciales más (entre las que se encuentra El Tren de Aragua). Sumado al incremento de la inseguridad en Cúcuta, una posible alianza entre las guerrillas del ELN y el EMC para combatir a los grupos paramilitares mantiene en vilo a las autoridades, especialmente por la presencia del Ejercito Gaitanista de Colombia (EGC) en la capital del departamento.  Lo único que se le pide al gobierno es mayor interacción con las autoridades regionales. Antioquia: el clan del golfo manda Así están distribuidos los grupos armados en el departamento: el Clan del Golfo, se posiciona como el grupo armado más influyente de la región, ejerciendo control en 65 municipios (7 más que en el año 2023). El segundo grupo con mayor presencia en Antioquia es el ELN, con actividad en 32 municipios. Y por su parte, los Grupos Armados PosFarc (GAPF) o disidencias ocupan 18 municipios del departamento correspondientes al EMC, concentrando su influencia en las subregiones del Norte, Bajo Cauca y Nordeste. Aunque las cifras de violencia a nivel departamental sugieren una disminución del conflicto armado en la región, esta tendencia no puede atribuirse exclusivamente a la implementación de la política de Paz Total y los ceses al fuego. Más bien, este descenso también está relacionado con el proceso de consolidación, expansión y control del Clan del Golfo como un actor hegemónico en el departamento de Antioquia. Otra manifestación de la disminución de la violencia en el marco de la Paz Total es la reducción en el número de homicidios en el año 2023 en comparación con el año anterior. Desde la perspectiva de la política de Paz Total, esto podría atribuirse a una disminución en los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados organizados, así como a una reducción en los conflictos y alianzas entre el ELN y el EMC. En Antioquia el cese al fuego se ha establecido con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC), la Segunda Marquetalia (SM) y el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Pero este cese al fuego se ha roto. Los principales motivos por los cuales estos tres grupos armados: Clan del Golfo, ELN y EMC (los más grandes del territorio antioqueño) se disputan estas subregiones de fronteras como: Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Occidente y Urabá es por la importancia geográfica y económica que tienen estas para sus organizaciones. Estas subregiones son corredores geográficos con topografías muy complejas, que cuentan con complejos montañosos como la Serranía de San Lucas y el Nudo de Paramillo, selvas como el Tapón del Darién y complejos hídricos conformados por los ríos Cauca, Nechí y Atrato, y deltas fluviales como La Mojana, que conectan el departamento con otros departamentos, con la salida al mar Caribe y Panamá. Otro de los hechos que despiertan preocupación en Antioquia en el marco de la Paz Total es el aumento de asesinatos a líderes sociales en el departamento. La posición tanto del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, contra la política de la Paz Total, es un verdadero cuello de botella para este proceso. El EMC desafía al ELN en Arauca “Antonio Medina” se ha convertido en un verdadero desafío para el ELN en Arauca. Los ceses al fuego en Arauca se han notado en una disminución de los ataques a la infraestructura petrolera: del 25% durante el año 2023 respecto al año 2022. Según las declaraciones de altos oficiales de la Fuerza Pública, en su mayoría son efectuados por el ELN, como retaliación a las políticas mineroenergéticas del gobierno nacional, que favorecen los intereses económicos de las empresas petroleras. También se ve en este informe la disminución significativa de los ataques a la Fuerza Pública en un 23% y combates o enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las guerrillas en un 67%. Durante el primer semestre (enero-mayo) del año 2024, en el departamento de Arauca se mantiene el mismo comportamiento estadístico del año 2023, en cuanto a ataques a la población civil, pues en apenas cinco meses, se han registrado: 30 homicidios, 38 secuestros y 520 personas desplazadas y confinadas. Salvo contadas excepciones, ninguno de los actores armados reconoce su autoría en los hechos de violencia. Cada 72 horas hay una persona muerta o secuestrada en el departamento de Arauca. Chocó, otra vez en medio de la guerra El departamento del Chocó atraviesa una compleja situación humanitaria debido a la guerra entre el EGC y el ELN, que se disputan ferozmente el control territorial en 27 de los 31 municipios del departamento. Las subregiones del Atrato y San Juan enfrentan la situación más crítica, donde el EGC ha avanzado a través de la selva y los ríos hasta el Bajo San Juan, llegando incluso al Bajo Calima en Buenaventura, en la frontera entre Chocó y Valle del Cauca. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas de la Unidad de Victimas (2024), en el Chocó se reportaron 12.224 personas víctimas de desplazamiento forzado. Los municipios que mayor número de víctimas son Sipí y el Litoral del San Juan, ambos pertenecientes a la subregión del San Juan. El confinamiento es el hecho victimizante que más víctimas registró en el Chocó durante el 2023 con 19.942 personas, según datos de la Unidad para las Victimas (2024). De acuerdo con las cifras, este se concentra principalmente en los municipios de Alto Baudó y Medio San Juan. Conforme a los datos de Medicina Legal (2024), en el departamento se registraron 219 asesinatos durante el 2023. De estos, 106 se presentaron en Quibdó, seguido de Istmina con 22 hechos. Del total del departamento, 9 fueron contra mujeres, mientras que los restantes se perpetraron contra hombres. El secuestro no es muy común en el departamento del Chocó, sin embargo, existen registros de esta victimización. Según datos de la Policía Nacional (2024), entre enero de 2023 y enero de 2024 se presentaron 10 casos de secuestro, casi uno por mes, en 7 municipios. En el departamento del Chocó hay dos procesos de paz actualmente en funcionamiento: el espacio de diálogo sociojurídico con grupos organizados de alto impacto en Quibdó y las negociaciones con el ELN. ¿Qué pasa en otras regiones? En el Caribe continúan las confrontaciones. En la Sierra Nevada de Santa Marta, hace presencia las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Este grupo se consolida como una organización, reducto de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC (Fundación Paz & Reconciliación, 2022), teniendo varias décadas de presencia territorial en esta zona del departamento del Magdalena. Pese a sus confrontaciones con el EGC, la captura y muerte de algunos de sus líderes más importantes y las disputas entre familiares , la posición estratégica de este grupo en la Sierra Nevada de Santa Marta ha contribuido a que mantenga relativo poder sobre los enclaves del narcotráfico  en la región del Caribe. En el sur del departamento de Bolívar, existe una triada de estructuras que se encuentran disputando este territorio. El EGC- Clan del Golfo continua con su proyecto de expansión en los enclaves mineros  ubicados en el sur del Bolívar, que se articulan a otros territorios relevantes para esta actividad, como lo es el Bajo Cauca en Antioquia y, donde tienen control de la economía aurífera. Por su parte, el ELN, ante la avanzada y el fortalecimiento del EGC, ha tenido que replegarse en algunas zonas, en donde históricamente ha tenido presencia, como lo son los municipios de Cantagallo, San Pablo, Simiti, Morales, entre otros.  Frente a esta situación, el ELN, ha generado articulaciones con los Frentes 4, 24 y 37, del Bloque Magdalena Medio perteneciente al EMC, con el fin de frenar el avance del EGC. De acuerdo, con la información consignada por la Coordinadora Humanitaria, en su informe trimestral 2024. Durante el primer trimestre del año, la región caribe registró un total de (45 eventos) de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, en donde los municipios con un mayor número de afectaciones fueron: Fundación, Plato, Ciénaga, Santa Marta y Banco (Magdalena), Valledupar, El Copey y Pailitas (Cesar), Riohacha y San Juan del Cesar (La Guajira), Carmen de Bolívar, San Jacinto y María la baja (Bolívar), Malambo y Sabanagrande (Atlántico) y Toluviejo (Sucre) En el informe donde se hace un balance exhaustivo a la Paz Total presentaremos al detalle cómo está la situación en el país.

Por: Redacción Pares ¿Y cómo va la Paz Urbana? Valle de Aburrá Uno de los escenarios más estables que tiene el gobierno nacional en este momento en medio de la paz Urbana es la que lleva a cabo en Medellín y el Valle de Aburrá. En este lugar el homicidio se ha reducido: Según estadísticas del SIEDCO de la Policía Nacional, en el Valle de Aburrá se cometieron 552 homicidios durante 2023, una reducción del 2.5% respecto a 2022. En Medellín, hubo una reducción del 27% en los homicidios asociados a grupos delincuenciales, mientras aumentaron los relacionados con convivencia, violencia de género y violencia intrafamiliar. Sin embargo, delitos como la extorsión (20.1%), el secuestro (83.3%) y el hurto (6.4%) han aumentado preocupantemente en el Valle de Aburrá. El secuestro, por su parte, reportó un aumento preocupante de los casos denunciados. En 2023 se evidenció un aumento del 83,3% (15 más que en 2022) Finalmente, los casos de hurto a personas también evidencian un incremento del 6,4% en 2023. En síntesis, el Valle de Aburrá presenta una disminución de la violencia letal asociada a disputas entre organizaciones delincuenciales correlacionada con los pactos de no agresión vigentes en el marco de las negociaciones con el gobierno nacional. Sin embargo hay preocupación por la llegada de grupos de crimen transnacional que vendrán a disputar territorio y con drogas tan desconocidas aún en nuestro medio y tan letales como el fentanilo. Uno de los inconvenientes que podría tener en Medellín La Paz Urbana es convencer al alcalde Federico Gutiérrez, quien está en las antípodas del gobierno Petro. el desarrollo del espacio de diálogo del Valle de Aburrá ha transcurrido en una tensa calma. Si se compara con el desarrollo de los espacios en Buenaventura y Quibdó, se puede afirmar que este es el diálogo más consolidado y abierto de cara a la sociedad civil. Sin embargo, luego de más de un año de acercamientos entre las partes, y de cumplirse un año desde la instalación de la mesa los avances no son los esperados. Se busca que la visita de Otty Patiño a la cárcel de Itagüí, el fortalecimiento de una agenda conjunta con la sociedad civil y la confianza construida entre las partes pueda por fin encaminar el rumbo de la Paz Urbana. Por esta razón, 2024 es un año determinante. De no consolidarse una hoja de ruta, unos primeros acuerdos y confluencia de fuerzas sociales y políticas en torno al espacio de diálogo, la Paz Urbana del Valle de Aburrá puede entrar en un punto de desgaste definitivo para el proceso. Buenaventura De acuerdo con el último informe de la Paz Urbana de Pares en 2023, en Buenaventura ejercen mayoritariamente el control territorial Los Shottas y Los Espartanos, que surgen en 2019 de la ruptura de la antigua empresa criminal La Local, y en menor grado, Los Chiquillos, quienes actualmente tendrían una alianza con Los Espartanos . Los Shottas cuentan con un pie de fuerza que va de los 600 a los 1.000 integrantes, que en su mayoría son hombres jóvenes. Hace presencia en 5 de las 12 comunas de Buenaventura, específicamente en las comunas 6, 7, 8, 11, y 12. Los Shottas, según Según el Mapa del Delito de Pares tienen un número de integrantes que oscila entre los 600 y 1.000 integrantes, sin embargo, su presencia territorial se duplica, ya que ejercen control en las comunas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12. Desde septiembre del 2022 el gobierno ha intentado sentar a negociar a Shottas y Espartanos. La tregua se quebró después de la desaparición de alias “Súper” vocero de los Shottas. Este escenario dejó en cuatro meses (abril 2023-julio 2023) una cifra de 68 homicidios, en contraste con los 50 homicidios registrados en los ocho meses anteriores. Durante este periodo, las comunas 6, 7, 8, 10 y 12 fueron las que concentraron estas acciones violentas.  Aunque han sido varios los esfuerzos por disminuir los homicidios en el marco de la Paz Urbana, para 2023 los homicidios aumentaron en un 36%, para el 2022 se registraron 113 hechos, mientras que para 2023 la cifra subió a 154. A sabiendas que la extorsión puede tener un subregistro, es un delito que va a la baja en el puerto de Buenaventura, en contraste con lo que sucede en el resto del país. El hurto también ha disminuido: Para 2023 se registraron en los primeros tres meses 142 hurtos y en el comparativo con 2024, en el mismo periodo, 129 hurtos documentados. Mesa de negociación entre Shottas y Espartanos A finales del 2022, tanto el Alto Comisionado para la Paz, Daniel Rueda, como la vicepresidenta Francia Márquez anunciaron a Buenaventura como “piloto” del componente de Paz Urbana, de la Paz Total, que dio paso a toda una fase exploratoria y comenzaron oficialmente los diálogos entre ambos grupos y el gobierno nacional. Al mismo tiempo que se oficializaban los diálogos, los esfuerzos por alcanzar la paz en la urbe bonaverense atravesaban varios obstáculos por una serie de eventos violentos que sacudieron la estabilidad frágil que se había intentado construir y demostraron las tensiones en la ciudad. El asesinato de alias “Super” figura clave de Los Shottas en abril, seguido del atentado contra "Gordo Lindo" en junio pusieron en vilo la instalación del espacio, pero como muestra de voluntad de paz, las treguas que se pactaron entre agosto y septiembre lograron reducir la confrontación armada y, por ende, el comportamiento de la violencia selectiva. Sin embargo, cabe resaltar que en medio de este dinámico escenario y de forma paralela, se sumó la fragmentación entre los lideres de un grupo menor conocido como la Empresa, que en meses anteriores añadió un nuevo nivel de complejidad al panorama, puesto que su ruptura llevó a que alias “Robert” con su empresa criminal, Los Chiquillos, se aliara con los Espartanos y que alias “El Mono” y su facción se unieran a Los Shottas. Los dos grupos decidieron seguir apostándole al diálogo pero las cifras de violencia en Buenaventura para el último trimestre de 2023 ascendieron nuevamente. Después de una serie de crisis el gobierno logró renovar la tregua entre los dos grupos por noventa días más. Una de las grandes dificultades que presenta la Paz Urbana es que el nuevo alto comisionado de paz, Otty Patino, no la ha puesto andar ni en Buenaventura ni en el Valle de Aburrá. Desde la oficina del Alto Comisionado de la Paz no ha habido una metodología clara para empezar a hacer funcionar la mesa. En Quibdó el desinterés por la Paz Urbana cunde De los tres espacios analizados el de Quibdó es donde menos información hay. Pero, por la situación en términos de seguridad en los barrios del municipio, no parecen dar cuenta de que se esté logrando avances significativos en la reducción de la violencia y las actividades delincuenciales que afectan a la población. En la capital del Chocó hacen presencia estos grupos: el Clan del Golfo, el ELN, Los Mexicanos y Los Zetas, Los Locos Yam, RPS o Los Rapados quienes viven en una constante disputa territorial. De estos grupos solo uno, el Clan del Golfo, no le entró a participar de la Paz Urbana. Según cifras de MinDefensa sobre homicidios en Quibdó, se puede evidenciar que, tras el anuncio de cese al fuego por parte de Mexicanos y RPS en diciembre de 2022, se registró una reducción de más del 50% en los casos en enero y febrero del 2023. Sin embargo, para el mes de marzo se registró un pico de incremento del 200%, periodo que coincide con una tensa situación en la que se señalaba tanto al Clan de Golfo y el ELN como a los distintos grupos delincuenciales urbanos de un aumento en la violencia, y en la que se dio el asesinato del líder comunitario José Eduardo Cárdenas Sánchez, y una masacre a inicios del mes en la que al parecer estarían implicados miembros de Los Zetas/Palmeños. El proceso de diálogo con las bandas criminales en Quibdó ha estado marcado por múltiples complicaciones. Uno de los primeros puntos está relacionado con el profundo hermetismo con el que se ha desarrollado el proceso. Primero, la no presencia de la Gobernación en estas conversaciones, lo cual ha generado suspicacia y ha planteado interrogantes sobre la legitimidad y la transparencia del proceso. La ausencia de una entidad gubernamental clave como la Gobernación puede socavar los esfuerzos de paz y reconciliación, dado que esta tiene un rol fundamental en la administración y el bienestar de la región. Este hermetismo que ha caracterizado la mesa de diálogo en Quibdó ha generado un desconcierto generalizado en la población, alimentando la desconfianza de la ciudadanía y la percepción de que las negociaciones no están alineadas con la realidad territorial. En este sentido, sin formas de acceder al desarrollo del espacio sociojurídico de Quibdó, el ambiente de paz generado al inicio del proceso se ha ido desvaneciendo. Hoy el desarrollo de la mesa de diálogo no es un tema urgente o si quiera de mayor interés para los habitantes de Quibdó, lo que le resta no solo importancia. La paz urbana en otras ciudades En otras ciudades, como Barranquilla, Los Costeños han manifestado su interés por ingresar a un proceso de Paz Urbana. Sin embargo, estos acercamientos, específicamente entre la OACP y Los Costeños, no parecen haber tenido mayores avances. Sumado a esto, en análisis anteriores, desde la Fundación Pares, se han recalcado las dificultades existentes para el desarrollo de esta iniciativa en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, debido a la configuración de la dinámica delictiva en la ciudad, en la que participan otros grupos con una capacidad de acción importante, como los Rastrojos Costeños y Los Pepes, y además cuentan con cientos de jóvenes en sus filas realizando acciones delincuenciales a nivel barrial. Además, la incursión latente del Clan del Golfo en el departamento, que ha sido una constante en las otras ciudades, se configura como un factor de riesgo importante ante una posible tregua. En el Valle del Cauca la Inmaculada, que ya ha probado su poder en Tuluá, ha manifestado su intención de sentarse a dialogar con el gobierno. Su consolidación es tal, que incluso han llegado a tener capacidad de incidencia a nivel nacional, con la reciente vinculación que se les ha hecho con una organización denominada MAGO (Muerte a Guardianes Opresores), señalada de realizar amenazas y cometer atentados en contra de funcionarios del INPEC, siendo uno de los casos más recientes el asesinato del entonces director de la cárcel Modelo de Bogotá, Elmer Fernández. Si bien está por esclarecerse su participación en este asesinato, La Oficina de Tuluá y el grupo MAGO se han convertido en una amenaza latente para guardianes y funcionarios del INPEC. De cara a lo que viene la posición de las estructuras criminales del Valle de Aburrá de sentarse a dialogar con el gobierno ha servido para que otras, en diferentes partes del país, se animen a la negociación. Algunas de estas se han quejado de que, a pesar de su interés por arrancar a negociar, el gobierno no las escucha y que las condiciones, desde la salida de Danilo Rueda y la llegada de Otty Patiño como Alto Comisionado de Paz, no ha abierto demasiadas puertas.

Por: Isabela Puyana Foto Luis Bernardo Cano Antes de jugar contra Argentina en la final por la Copa América, las palabras de Juan Fernando Quintero para una rueda de prensa fueron: “perdón por ser tan reiterativo y hablar sobre mi familia todo el día, pero yo soy el reflejo de lo que es Colombia también, porque sufrí de niño la desaparición de mi padre, pero tuve una madre ahí que siempre estuvo firme”. Quintero insistía frente a cientos de periodistas que era un colombiano más emocionado por estar en la final, no sólo por el significado de un triunfo deportivo, sino porque él como individuo no es ajeno a lo que pasa en la realidad colombiana y porque sabe que el Fútbol es también “una luz de esperanza para muchos niños y niñas¨, personas que en algún momento, como él, su única salida estuvo representada en el deporte. Hoy, seis de los principales jugadores que hacen parte de la Selección Colombia, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Luis Sinisterra, Jhon Córdoba y Miguel Ángel Borja. 3 son defensa y 3 son delanteros, nacieron y crecieron en municipios excluidos. Según la Revista Cambio, los jugadores pertenecen a municipios PDET, Programas de Enfoque Territorial, es decir, municipios considerados como los más afectados por la violencia, hambre y pobreza y tienen prioridad para lograr un desarrollo rural desde la firma del Acuerdo de Paz. Caloto y Santander de Quilichao, en el Cauca, damnificado por violencias y exclusiones que se repiten. Según datos de INDEPAZ, una de cada cuatro masacres que se presentan en el Cauca ocurren en ese municipio y tiene la tasa de homicidios más alta, incluyendo las grandes ciudades de Colombia; Itsmina y Condoto en Chocó, un municipio sometido al olvido, salvo el de los ejércitos ilegales y mafias que atacan a la sociedad civil, en especial a jóvenes de barrios populares; Amalfi, un municipio aún sometido por carteles, y Tierraalta en Córdoba donde las luchas campesinas y el terror paramilitar no acaban. La vida de muchas de las estrellas del fútbol no se separa de aquello que los jugadores experimentaron fuera de las canchas. El fútbol en Colombia es tal vez el reflejo de los lugares donde nacieron. Como lo dijo el escritor y creador del género de la novela histórica Walter Scott : “la vida en sí misma no es más que un partido de fútbol”, así, las grandes hazañas que como espectadores hemos presenciado en nuestras pantallas, muchas veces han resultado ser la única opción para que un jugador haya salido de la marginalidad.     La Revista Shock en el 2014 publicó el reportaje Urabá: la reserva natural más grande de futbolistas en Colombia en el que cuenta cómo niños de las zonas más remotas llegan a ser jugadores de la selección Colombia: “Es tanta la demanda de futbolistas de esta región de indígenas, mulatos, zambos y mestizos, que en los últimos tres mundiales a los que Colombia acudió, Urabá, con cerca de 600.000 habitantes, tuvo más representantes que Bogotá, con casi 9 millones”. Afirma el periodista Juan Diego Restrepo.   Foto: Luis Bernardo Cano.   “El joven futbolista que vimos cavar en la playa de Turbo, el alumno de un profesor que corta plátanos en la vereda Guapa de Chigorodó y el niño que le ayuda a su abuela a coger gallinas en Necoclí. Todos en su infancia se entrenaron sin pretenderlo para el fútbol”.   Restrepo identifica cómo en Urabá y municipios aledaños, muchos futbolistas, por cultura y formación tienen habilidades que se exaltan a la vista, pero, no por esto se garantiza su profesionalismo.     Este es uno de los mayores retos para aquellos que en medio de la escasez logran superar el largo camino para alcanzar el profesionalismo. En medio de este proceso existen personas claves para guiarlos: sus entrenadores. Ellos deciden dedicar su vida a los niños, en muchas ocasiones sin ningún pago fijo, cuando como acompañantes de los jugadores nunca tendrán la suerte de ser reclutados.   “La función de estos entrenadores en la sociedad es más importante que fabricar súper-campeones: gracias a ellos muchos niños y jóvenes reducen las posibilidades de ser reclutados por cualquier guerra, por la delincuencia o las drogas”.  escribe Juan Diego Restrepo.   Aún con personas que dedican sus esfuerzos en los escenarios más complejos, para entregar su vida a la formación de las próximas estrellas que representarán esa luz de esperanza de la que hablaba Juan Fernando Quintero, existe aún un vacío por parte del Estado que reconozca escuelas y formadores de jóvenes en las zonas más excluidas. Un proyecto para apoyar a jóvenes, niños y niñas desde el inicio de su carrera, donde se sabe que el fútbol es muchas veces la única opción para sobrevivir.

Por: Oscar A. Chala. Investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Uno de los principales problemas que ha generado la idea del "poder constituyente" promovida por el Gobierno Nacional  y Gustavo Petro desde el 15 de marzo de 2024 en Puerto Resistencia, Cali, es la falta de claridad. Esta idea ha sido en gran medida abstracta y vaga, resultando confuso tanto para las bases sociales, en las que el gobierno afirma que se origina este "poder", como para los sectores políticos institucionales, los gremios empresariales y la burocracia colombiana. Se puede rastrear la definición de poder constituyente en Antonio Negri , el fallecido filósofo italiano, quien es uno de los principales teóricos de la corriente operaísta dentro del llamado post-marxismo, y que ha sido uno de los principales referentes teóricos de Gustavo Petro desde su paso por la Alcaldía de Bogotá en 2011. Negri concibe el poder constituyente como una fuerza constante y persistente que busca mantener vivas las tensiones revolucionarias con el objetivo de generar diversos proyectos políticos emancipadores. Según Negri, "el pueblo" o "las multitudes" tienen la capacidad de impulsar transformaciones institucionales que no necesariamente implican una modificación del sistema político vigente. La idea de Poder Constituyente y Asamblea Nacional Constituyente no son lo mismo. Si bien una Asamblea Nacional Constituyente puede surgir como consecuencia de un proceso iniciado por el poder constituyente, no todos estos procesos se traducen en una transformación institucional formal. El poder constituyente puede ser una fuerza contestataria, una forma de democracia radical que provoca tanto continuidades como rupturas en el contexto político nacional, que puede trascender los límites del sistema político establecido, construyéndolo, moldeándolo o cuestionándolo. Según la socióloga chilena Marta Harnecker, el poder constituyente tiene como objetivo crear nuevas formas de participación política desde las bases sociales . Estas nuevas formas de participación, según Harnecker, deberían integrarse en un sistema de toma de decisiones que influya en las dinámicas de poder, especialmente en la capacidad de legislar, que debe responder a las necesidades de la sociedad y no estar limitada únicamente al ámbito parlamentario. La vía está por revivir un Acuerdo Nacional que nunca se concretó En su discurso inaugural de la segunda legislatura del Congreso, el 20 de julio de 2023, Gustavo Petro dilucidó los primeros esbozos de un gran “Acuerdo Nacional”  con los partidos políticos y los diferentes sectores de la sociedad civil, que buscaba dos cosas. Por una parte, pretendía romper el estancamiento político en el que se había sumado el gobierno, tras la ruptura de la primera coalición con el Partido Conservador y el Partido de la U en abril de 2023 —que terminaron en la independencia—; por otro lado, quería evitar el bloqueo político que la oposición le había planteado como estrategia para evitar la aprobación de su agenda de reformas al cierre de esa primera legislatura. No obstante, las negociaciones para lograr este “Acuerdo Nacional” pronto se vieron opacadas por el contrapunteo entre el gobierno y la oposición por movilizar a sus bases en las calles, junto con la preferencia del gobierno por negociar con los congresistas de manera individual, antes que someter a discusión y negociación la mayoría de sus proyectos con los partidos independientes y opositores. Del mismo modo, el gobierno logró generar algunos avances con sectores económicos importantes del país  en la construcción de este acuerdo, como la reunión realizada con los “cacaos” el 21 de noviembre de 2023, en la que Gustavo Petro logró construir una agenda con los empresarios alrededor de las necesidades de un posible diálogo nacional, alrededor de la promoción de proyectos productivos y una agenda de desarrollo económica ligada a la defensa del medio ambiente y la educación. La idea de un nuevo Acuerdo ha vuelto a tomar fuerza desde que fuera aprobada la reforma pensional en Senado, a finales de mayo de 2024. Aunque el presidente Petro señaló que la aprobación de la pensional demostraba que existía un ambiente propicio para generar este Acuerdo, la caída del proyecto de ley de educación como derecho fundamental mostró que muchos sectores del bloque progresista no están dispuestos a negociar los puntos fundamentales del paquete de reformas a cambio de su aprobación. La apuesta de Cristo: el Acuerdo Nacional para mover las reformas sin llegar a un escenario constituyente El ministro Juan Fernando Cristo ya no está hablando de una Asamblea Nacional Constituyente, sino de la búsqueda y la consolidación de un Acuerdo Nacional cuyo pacto pueda, eventualmente, proponer la idea de Constituyente como una posibilidad —entre otras que ese pacto decida— para implementar los acuerdos alcanzados. Así lo dejó claro en una entrevista que le brindó a Patricia Lara Salive, para la Revista Cambio . Cristo pretende aterrizar la idea del “poder constituyente” de Petro sin apelar a un cambio constitucional radical que transforme la institucionalidad existente en el país. La tesis del Santismo, expresada por el mismo expresidente Santos y ratificada por gran parte de la institucionalidad colombiana, es que la Constitución de 1991 tiene todas las herramientas posibles para generar las reformas sociales  que necesita en este momento el país. Lo que puede significar que Cristo puede buscar un punto medio dentro de la construcción de un nuevo Acuerdo Nacional a través de reformar, en algunos casos, elementos puntuales de la Constitución, sin que aquello implique derogarla. Los riesgos, en cualquier caso, radican en los resquicios que dejan estos procesos, por donde se pueden colar propuestas regresivas. Además, Cristo deberá enfrentar el desafío de conciliar las expectativas de los sectores más progresistas frente a las reformas, con la necesidad de lograr acuerdos políticos viables con otros sectores políticos distantes del gobierno y evite un distanciamiento de las bases sociales del gobierno. El reciente proceso de negociación del proyecto de ley de educación como derecho fundamental en la Comisión Primera del Senado generó resquemores entre los miembros del Pacto Histórico, quienes consideraron que las concesiones hechas a la oposición debilitaron el carácter reformista del proyecto original, lo que ha despertado temores sobre el futuro "diálogo nacional" propuesto por el gobierno, más si se tiene que cruzar las “líneas rojas” que el gobierno ha establecido para cada proyecto de ley.  Existe inquietud de que, para lograr consensos con partidos independientes y de oposición, se tengan que hacer concesiones en proyectos de ley clave. En este contexto, Cristo podría necesitar implementar una estrategia de negociación diferente a la utilizada hasta ahora por el gobierno en sus interacciones con el Congreso. Es importante recordar que la reciente negociación entre sectores independientes, la oposición y el bloque gubernamental para aprobar el proyecto de educación como derecho fundamental provocó un paro por parte de FECODE, que pudo haberse extendido al movimiento estudiantil universitario. Esta situación presenta una ambivalencia: por un lado, refleja la idea del "poder constituyente" que promueve el gobierno, fomentando la movilización política y la defensa integral de las reformas por parte de estos sectores. Sin embargo, también genera el riesgo de que estas mismas bases sociales puedan volverse críticas con el gobierno que las ha impulsado, especialmente en un escenario donde el gobierno necesita de la movilización de las mismas. El Gobierno Nacional es nombre propio.

Por: Oscar A. Chala. Investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad En las últimas 3 semanas, posterior al cierre de la segunda legislatura, el presidente Gustavo Petro ha realizado 6 cambios en su gabinete, en la línea de un remezón ministerial que, a diferencia de los anteriores, ha sido progresivo y lento. De estos 6 cambios, los últimos dos han generado ruido en la opinión pública, en especial por la recomposición de fuerzas políticas en el marco de un nuevo Acuerdo Nacional que el gobierno quiere construir de cara a los próximos 2 años y a la tercera legislatura que se abre en el Congreso el 20 de julio. En los últimos 2 días salieron la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y la ministra de Educación, Aurora Vergara, y entraron Helga María Rivas y Daniel Rojas respectivamente. Catalina Velasco:   La saliente ministra de Vivienda fue una de las ministras más longevas dentro del gabinete del presidente Petro, habiendo sido designada como ministra el 11 de agosto de 2022. Economista de la Universidad de los Andes; especialista en Derecho Urbanístico y en Políticas Públicas y Gestión Urbana de la Universidad Javeriana; magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Michigan y doctora en Estudios Políticos de la Universidad Externado, fue secretaria de Planeación de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón en Bogotá entre 2006 y 2007; secretaria de Hábitat de la administración de Samuel Moreno entre 2008 y 2009, y vicepresidente de Servicios Públicos y Regulación del Grupo de Energía de Bogotá, durante la administración de Gustavo Petro entre 2012 y 2013. Fue considerada cuota cercana de los liberales cercanos a las propuestas de Gustavo Petro, aunque la mayoría de los directivos de ese partido no la reconocieron como militante. Velasco tuvo que capotear un escenario adverso durante su gestión, que estuvo marcada con los efectos económicos de la pandemia y con la implementación del subsidio “Mi Casa Ya” , que generó posteriores diferencias con el presidente y llevaron, eventualmente, a su salida. Las altas tasas de interés —que ralentizan el acceso a créditos de vivienda—, la desaceleración económica, la reducción lenta de la inflación y el golpe de la pandemia al sector de la construcción ambientaron la gestión de Velasco. Además, la saliente ministra de Vivienda fue el pararrayos que canalizó los reclamos del gremio de la construcción frente a sus críticas por los pocos incentivos para reactivar a uno de los sectores que más tiende a empujar la cifra de empleabilidad y crecimiento en el país, especialmente frente a las cifras de ventas de vivienda, que se redujeron un 62,9% en 2023. No obstante, el punto de mayor tensión durante la gestión de Velasco se concentró en la disputa por el futuro del programa “Mi Casa Ya”, un programa de subsidios que surgió en 2015, durante la gestión de Juan Manuel Santos y de su entonces ministro de vivienda, Luis Felipe Henao, y su vicepresidente, Germán Vargas Lleras, que permitía a personas que devengaran entre 2 y 4 salarios mínimos adquirir su casa con aportes del gobierno nacional. El gobierno Petro cambió los criterios de asignación del subsidio para buscar una mayor focalización del programa, luego de que Velasco señalara la necesidad de comenzar a limitarlos debido a los recortes presupuestales y reducir el gasto público que endeudó al país en tiempos de pandemia. Con estos cambios, se ralentizaron los procesos de asignación del subsidio, lo que terminó en la reducción de la venta de inmuebles, junto con una caída en la oferta de Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y el riesgo de no cumplir la meta de cobertura de 50 mil viviendas, lanzada por el gobierno nacional a inicios de 2024. Velasco tuvo que entrar a negociar con Camacol para garantizar que se iban a financiar 17 mil viviendas y que no se iba a cortar dinero para la financiación del programa y, con ello, calmar las aguas. ¿Quién es Helga María Rivas? La entrante ministra de Vivienda es arquitecta de la Universidad de los Andes, con especialización en Diseño Urbano, que ha estado en el sector público desde finales de la década de los 90, cuando fue gerente general de la Caja de Vivienda Popular e hizo parte del Comité de Reconstrucción de Armenia, posterior al terremoto de 1999. Rivas también estuvo en el Departamento Nacional de Planeación y fue secretaria de Hábitat de Gustavo Petro entre 2012 y 2015. Llegó al gobierno Petro en enero de 2024 a dirigir el Fondo de Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, encargada de la atención para la reconstrucción, gestión del riesgo, adaptación y reactivación económica en el marco de desastres a causa del cambio climático. La ministra entrante llega a apagar el incendio frente a los pocos incentivos para la compra de vivienda y la desaceleración económica del sector de la construcción, especialmente debe resolver los cuestionamientos y las críticas del gremio empresarial, liderado por Camacol, que demanda la intervención del gobierno y la ampliación de los programas de subsidio de vivienda para reactivar el sector, así como honrar la palabra y los acuerdos alcanzados por la saliente ministra. Aurora Vergara: los “pecados” de la ministra moderada Aurora llegó al gobierno nacional en medio del primer remezón ministerial, sucedido tras la ruptura de la coalición de gobierno en abril de 2023. Desde su llegada, asumió el reto de construir e impulsar las dos principales reformas en el ámbito educativo, reclamadas por el movimiento estudiantil y los sindicatos de maestros desde hace varios años. Por un lado, consolidar el proyecto de ley que buscaba que la Educación fuera proclamada derecho fundamental en la Constitución, y por el otro, una potencial reforma de la Ley 30 de 1993 de Educación Superior, que quedó en el congelador desde agosto de 2023. Su resultado legislativo fue, cuanto menos, limitado. Aunque abrió la construcción del proyecto de ley a diferentes movimientos estudiantiles y otros sectores ligados al sector educación, la Ley Estatutaria se radicó en septiembre de 2023, pasó por la Comisión I de Cámara de Representantes en diciembre de 2023, y llegó en marzo de 2024 a la plenaria de la misma corporación, hasta que aterrizó en la Comisión I de Senado el pasado junio. Ante el panorama de bloqueo político que existió por parte de la oposición y los independientes para mover el debate y la votación de este proyecto, la ministra abrió el escenario de negociación con estos partidos para consolidar una propuesta de proyecto de ley que fuera votada y pudiera superar su trámite hacia la plenaria de Senado. No obstante, esta negociación generó resquemores y choques al interior de la base política del gobierno, que llevó a que FECODE se levantara en paro durante varias semanas. Al mismo tiempo, la ministra debió enfrentar la tensión generada sobre del nombramiento del nuevo rector de la Universidad Nacional, que giró alrededor de la autoproclamación del candidato José Ismael Peña como rector, tras varias irregularidades presentadas en el proceso de elección, desde el método de votación utilizado hasta la firma del acta de nombramiento, que la ministra inicialmente no ratificó. Esta situación generó un paro estudiantil que duró más de 3 meses, ambientado por las presuntas denuncias de corrupción contra la exrectora Dolly Montoya y otros profesores del Alma Máter, un gobierno de interinidad del Consejo Superior Universitario, denuncias de nulidad ante el Consejo de Estado, choques entre los diferentes representantes de este mismo Consejo, hasta el nombramiento de dos nuevos representantes que permitieron rehacer la votación y nombrar a Leopoldo Múnera como rector. No obstante, la copa que rebosó el vaso frente a la gestión de Aurora Vergara tuvo que ver con el paro de maestros, posterior a que la Fiduprevisora entró a administrar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) en el mes de mayo, y luego de que la misma fuera sancionada por la Superintendencia de Salud  tras recibir más de 2100 reclamaciones de usuarios (en su mayoría docentes), luego de que el gobierno buscara centralizar la administración de la salud de los profesores en manos de la entidad. ¿Quién es Daniel Rojas, el nuevo ministro de Educación? El ministro entrante a la cartera educativa es economista de la Universidad Santo Tomás y estudiante de maestría de Economía de la Universidad Nacional. Exmilitante del Polo Democrático Alternativo, trabajó como asesor de políticas públicas en la Secretaría de Integración Social y como secretario en el área de Planeación Territorial, durante la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá. Posteriormente fue asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo de Gustavo Bolívar en Políticas Macroeconómicas y llegó al gobierno de Gustavo Petro como director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) desde 2022. Es uno de los funcionarios de mayor confianza y cercanía con el presidente, tanto así que fue director encargado de la Dirección Nacional de Planeación, tras la salida de Jorge González. Su nombramiento ha generado bastante ruido, no solo porque es considerado uno de los principales “enroques” del gobierno Petro en su gabinete, sino también por sus posturas políticas, que algunos políticos y figuras públicas consideran como “extremas”. No obstante, Rojas deberá asumir varios retos posteriores a la salida de Vergara, especialmente en la agenda legislativa, en la que deberá consolidar un nuevo proyecto de ley estatutaria de educación y apretar el acelerador frente a una potencial reforma de la Ley 30 de 1992.  Su cercanía con el movimiento estudiantil a nivel nacional y su capacidad de negociación y diálogo con las bases sociales educativas que respaldan al gobierno buscarán profundizar la idea de “poder constituyente” dentro de uno de los principales sectores de votantes del gobierno nacional, más cuando las reformas educativas deberán pasar por comisiones parlamentarias donde los independientes y opositores tienen mayorías, y donde el poder constituyente podría servir como herramienta de presión para flexibilizar las condiciones de negociación y evitar un escenario similar al que vivió Vergara en el cierre de la segunda legislatura.

Por: Redacción Pares En Argentina, en el fútbol, existen dos religiones. Los bilardistas y lo menotistas. Los primeros son los pragmáticos, los que creen que Carlos Salvador Bilardo, campeón del mundo de 1986, tiene razón al afirmar que lo único que importa en el fútbol es ganar. A César Luis Menotti, hombre de izquierda, le gustaban las formas. Era un lírico. Sin embargo fue Menotti quien tuvo la desgracia de ser el técnico escogido para dirigir la selección en 1978, cuando la dictadura de Videla mandaba. Argentina había sido elegida como la primera sede sudamericana del mundial desde Chile en 1962, pero desde el 24 de marzo de 1976 la bota militar mandaba en ese país. Un golpe liderado por Videla había depuesto la democracia. El 1 de junio de 1978, acompañado por los obispos que lamían su bota, Videla fue la figura principal de la inauguración de “el mundial de la paz” como llamó la Junta Militar a la competencia. Sin embargo, a cuatrocientos metros del lugar donde se efectuaba la ceremonia, el estadio de River Plate, en la ESMA se torturaban estudiantes. Era la Escuela de Mecánica de la Armada y en ese lugar funcionó el mayor centro de detención, tortura y desaparición de personas de la última dictadura militar de Argentina, entre 1976 y 1983. Pero las voces de las víctimas no alcanzaban a ser escuchadas por las algarabía concentrada en los 70 mil espectadores que colmaron las graderías del estadio de River Plate. Fue día cívico. En el momento en que se hacían coreografías para darle apertura al mundial, las Madres de Plaza de Mayo eran valientes y demostraban de qué estaban hechas. Aprovecharon además la presencia de periodistas de todo el mundo para contar las historias de sus hijos desaparecidos. La dictadura se esforzó por mostrar la mejor cara de su país. Pero, durante el mundial, se contabilizan por lo menos cincuenta desaparecidos en el mes que duró el campeonato. Nueve de ellos eran mujeres embarazadas. Sus hijos tuvieron el destino de muchos: se los dieron a familias cercanas a la dictadura que ansiaban tener un hijo. El día que Argentina jugó la final del mundial contra Holanda habían jugadores de ese país que tenían miedo de ganar. El ambiente podría ser tan hostil como el que sintieron los atletas olímpicos extranjeros durante las olimpiadas de Berlín en 1936, organizadas por el partido Nazi o el mundial de 1938 organizada por la Italia fascista. Se cuenta que en la Esma los torturadores pararon su tarea y vieron la final con los que torturaban. Ebrios de poder, después de que Kempes destrozara a la Naranja Mecánica, decidieron sacar a los muchachos torturados, los metían en un carro e incluso les dejaban sacar sus cabezas por las ventanas para que gritaran. Nadie los escuchó. El país había salido a la calle, ebrio de alegría. Eran puros papelitos blancos. Algunos de ellos que sobrevivieron contaron este momento de angustia como la constatación de que vivimos en un mundo absurdo. Menotti cargaba una culpa sorda. Ardiles, ídilo de ese equipo, comentó años después que en algún momento se preguntaba ¿Qué implicaciones podría tener cada gol que él metía? Incluso, en el imaginario latinoamericano, se habló siempre de un arreglo con Perú para dejarse hacer los seis goles que necesitaba por parte de Argentina para pasar a la final. El punto es que esa primera Copa del Mundo le dio a la dictadura, por unos pocos años, la extraña certeza de que a punta de triunfos deportivos serían eternos. La Guerra de las Malvinas sería la cachetada definitiva.

Por: Oscar A. Chala Padilla y Diego Alejandro Pedraza. Investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad. Desde el final de la segunda legislatura, el 20 de junio, hasta ahora, el presidente Gustavo Petro ha realizado 6 nuevos nombramientos en su gabinete ministerial, buscando contrarrestar las bajas cifras de ejecución presupuestal, como las bajas tasas de ejecución de proyectos que algunas de las carteras presentan hasta el día de hoy. En el marco del relanzamiento el nuevo “acuerdo político” luego de la aprobación de la reforma pensional en las postrimerías de la última legislatura, estos nombramientos han generado la pregunta de si el gobierno, en búsqueda de tender puentes con sectores políticos más distantes, abriría la burocracia o reencaucharía a la mayoría de sus funcionarios más leales. Con los nombramientos conocidos hasta el día de hoy, parece que el gobierno ha decidido evitar entregar sus carteras a los partidos, pero tampoco engrosa la fila de sus alfiles dentro del ejecutivo. Así queda por el momento el panorama. ¿Petro se encasilló en sus alfiles más leales? La mayor parte de los funcionarios que son cercanos al gobierno nacional se encuentran en los departamentos y unidades administrativas de la Presidencia de la República. Es aquí donde se manifiesta en su totalidad el enroque de figuras cercanas a Gustavo Petro dentro de altos cargos en su gabinete. Para el tercer remezón ministerial —que, dicho sea de paso, fue mucho más progresivo y lento que los anteriores— la mayor parte de los cambios en los gabinetes tienen un sentido mucho más técnico que político. Exceptuando el nombramiento en el Ministerio de Educación, a las carteras de Agricultura, Justicia, Transporte y Vivienda llegaron viceministros con experiencia en sus carteras. Sólo debe resaltarse el caso de Helga María Rivas, ministra de Vivienda, que durante la Alcaldía de Petro fue su secretaria de Hábitat entre 2012 y 2013, y el caso de María Constanza García Alicastro, quien fue secretaria de Movilidad de Bogotá en 2014. Junto con lo anterior, debe indicarse que la mayoría de los nombramientos son de figuras con alta relevancia y producción académica. La mayoría de los nombramientos pretende profundizar las agendas de reforma social que el gobierno pretende cumplir en estos próximos dos años sin generar mayor ruido, por lo que el gobierno también envía un mensaje a los partidos políticos, en la que no abrirá el gabinete para transar o negociar su agenda legislativa. La mayoría de los cambios a nivel ministerial no representan cuotas políticas de los partidos políticos ajenos a la coalición de gobierno. En el caso de Daniel Rojas, ha sido cercano al proceso de progresistas, Bogotá Humana y la Colombia Humana, lo que lo convierte en el único nombramiento cercano en el que el gobierno amplía la cuota del Pacto Histórico dentro del consejo de ministros. Con estos nombramientos, el Pacto Histórico tendría representación de 6 ministros en los 19 que componen a todo el gabinete, mientras que el Partido Comunista tendría a 1 ministra (Gloria Inés Ramírez), el movimiento político En Marcha —que perdió su personería jurídica en mayo de 2024— tendría también 1 cuota, con el Ministerio del Interior en su poder, 1 ministro devenido del movimiento político Marcha Patriótica, 1 ministro que tiende puentes con el Partido de la U y que posee al partido “Gente en Movimiento”, y 8 ministros serían independientes, con posturas cercanas al progresismo. De los ministros que son cercanos, la mayoría tienen representación porque responden al electorado y las bases sociales que eligieron a Petro. Estos ministros son claves para el gobierno en su idea de consolidar su base hacia las elecciones de 2026, pero aún conserva operadores políticos importantes como Mauricio Lizcano y el recién llegado Juan Fernando Cristo. La mayoría de los alfiles del gobierno siguen en las dependencias administrativas del ejecutivo El nombramiento de Daniel Rojas se convierte en el segundo de un ministro que llega desde una oficina administrativa del ejecutivo. El primero fue el de Luis Carlos Reyes, que llegó desde la DIAN hacia el Ministerio de Comercio en junio de 2024. Sin embargo, el nombramiento de Rojas se convierte en el primero que Petro realiza de una de sus figuras más cercanas, tras haber traído a Guillermo Alfonso Jaramillo en abril de 2023. Con estos últimos 6 nombramientos, así queda conformado el círculo más cercano del gobierno de Gustavo Petro dentro de los principales cargos de la rama ejecutiva: El impacto de los nombramientos en las relaciones con el Congreso y el “Acuerdo Nacional” La mayoría de estos nombramientos no genera mucho ruido en el Congreso, especialmente porque las relaciones con el parlamento se concentrarán en el Ministerio del Interior, a cargo de Juan Fernando Cristo. Al ser nombramientos con carácter técnico, en su mayoría no se observa que pueda existir un cambio de dirección en las formas como estos ministerios realizan su lobby institucional, al mismo tiempo que tampoco se dilucida un cambio fundamental sobre el rumbo que puede tomar su gestión. Al mantener la continuidad de los cargos es muy probable que las políticas impulsadas desde cada cartera se mantengan, al mismo tiempo que las negociaciones con el Congreso no van a tener un volantazo notable. No obstante, se puede señalar que el ruido se genera desde la cartera de Educación, con el nombrado ministro Daniel Rojas, con quien las negociaciones para los proyectos de ley de Educación como Derecho Fundamental y la Reforma a la Ley 30 van a tender a cerrarse. Rojas se caracteriza por ser una de las principales figuras cercanas al gobierno de Gustavo Petro y de los que más confianza genera al interior de su gabinete, al mismo tiempo que ha manifestado en la opinión pública ser uno de los principales defensores del proceso constituyente y del proyecto progresista del gobierno. Su postura política podría convertirse en un contrapeso a la idea de diálogo y acuerdo nacional que en estos momentos está construyendo el ministro Cristo, especialmente frente a las potenciales negociaciones de los proyectos de ley educativos que el gobierno quiere evacuar en los próximos dos años y que deben pasar tanto por la Comisión I de Senado (en la que los sectores independientes y oposición poseen suficiente control y votos), como por la plenaria de la misma corporación, en la que el gobierno depende de acuerdos con sectores del Partido de la U, del Partido Conservador y algunos liberales de línea gavirista para poder tener peso en votos.