Search this site

Por: Katerin Erazo, Periodista El reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre una inversión sin precedentes de 3.5 billones de pesos en la región del Catatumbo ha sido calificado como algo histórico por las comunidades campesinas. Este fondo se destinará a mejorar la conectividad e infraestructura vial, salud, educación y proyectos agroindustriales, marcando un hito en el desarrollo de esta área históricamente olvidada. Durante los días 4, 5 y 6 de este mes, se llevó a cabo el encuentro del Pacto Regional de Transformación por el Catatumbo en el municipio de Ocaña. Este evento, que contó con la participación de 35 entidades nacionales y organizaciones sociales e indígenas, fue liderado por Junior Maldonado, integrante de la comisión política de Ascamcat. Maldonado destacó la importancia de esta iniciativa, afirmando: "Buscamos generar una hoja de ruta para la transformación de este territorio. Hemos pactado y acordado una serie de inversiones con el Gobierno Nacional que buscarán tener vigencias futuras para esta región, que trasciendan antes y después de este Gobierno." Alexander López Maya, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), presentó formalmente el Pacto por el Catatumbo, subrayando que esta inversión es una manifestación concreta del compromiso del Gobierno con las comunidades locales. "Ya inició la transformación social y territorial del Catatumbo. Hemos planteado la ruta en materia de agua potable, saneamiento básico, salud, educación, reforma agraria y transición energética para este territorio", declaró López Maya. En su intervención, aseguró que los proyectos que no se completen durante este Gobierno tendrán vigencias futuras garantizadas, asegurando así su continuidad y éxito a largo plazo. Una de las primeras acciones concretas de este pacto será la colocación de la primera piedra de la Universidad Pública del Catatumbo, un sueño que parecía inalcanzable hace apenas tres años. Esta iniciativa forma parte de una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Catatumbo. El Pacto Social por la Transformación Territorial del Catatumbo incluye varios ejes estratégicos: el derecho humano a la alimentación y soberanía alimentaria, el ordenamiento territorial participativo, un modelo regional de salud, una red educativa regional, la transformación económica y agroindustrial, y la mejora en conectividad e infraestructura vial. Además, un eje transversal de Paz Total y la implementación del Acuerdo de Paz son fundamentales para esta transformación. Durante las mesas de trabajo, se recogieron las necesidades y prioridades de los alcaldes de la región, alineadas con las transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. El Pueblo Barí, en particular, solicitó un espacio para dialogar sobre la participación y el enfoque diferencial en el marco del Pacto Territorial Catatumbo, destacando la importancia de la consulta previa y el respeto a sus derechos. Este compromiso del Gobierno nacional con el Catatumbo no solo representa una inversión económica significativa, sino también podría ser un esfuerzo por reparar años de abandono y ofrecer una esperanza tangible de desarrollo y paz para una región que ha sufrido enormemente. Cabe destacar que tras el encuentro que se realizó el 4, 5 y 6 de julio, donde el Gobierno Nacional anunció que invertiría en la transformación de este territorio del Catatumbo, en una carta dirigida al director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, y al presidente Gustavo Petro, 16 alcaldes y alcaldesas de la Asociación de Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y el Sur del Cesar solicitaron formalmente la firma de un decreto que declare a esta región como zona de paz. La solicitud se hizo en el marco del Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo, un evento organizado por el Gobierno Nacional. Durante el evento, los mandatarios locales destacaron que cinco de sus municipios, anteriormente violentos, ahora registran cero víctimas por el conflicto armado, gracias a los esfuerzos continuos por construir la paz. Los alcaldes y alcaldesas de Abrego, Bucarasica, Cáchira, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama, Río de Oro y Tibú firmaron la petición enviada al Gobierno Nacional. La postura de los líderes locales es respaldada por varios sectores del Catatumbo, quienes aseguran que el cese al fuego ha sido efectivo en la región. Emiro Cañizares Plata, alcalde de Ocaña, expresó su esperanza en el proceso de diálogo y la importancia de que el Gobierno firme el decreto en el marco de la Ley de Paz Total. "Somos una región con mucha esperanza en este proceso de diálogo y por eso pedimos al gobierno que firme el decreto que constituya esta región como zona de paz. Eso nos garantiza que el pacto territorial tenga un blindaje y continuidad en los siguientes gobiernos", afirmó. Por su parte, Eyder Robles Ortiz, alcalde de El Tarra, subrayó la necesidad de continuar involucrando a los diferentes sectores en la construcción de paz. "Gracias a Dios en nuestro Catatumbo el acuerdo de paz ha sido positivo y hoy por hoy se ven esos resultados, pero hay que seguir construyendo y hablando con las comunidades", aseguró. Carmen Helena García, presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, destacó los beneficios del cese al fuego para la vida diaria de los habitantes. "Desde que hubo cese al fuego en el Catatumbo hemos podido dormir en paz y descansar de los enfrentamientos entre los grupos legales e ilegales", comentó. Dixon Alberto Amaya, coordinador de la Mesa de Víctimas del municipio de Convención, resaltó los dos años de cese al fuego como un periodo de avances significativos. "Hemos tenido casi dos años de cese al fuego y nos ha parecido excelente porque ya se ha visto que las cosas van por buen camino", señaló. Juan Titira, autoridad indígena del pueblo motilón barí, habló sobre la mejora en la seguridad de la región. "En los últimos tiempos se ha disminuido el conflicto armado, ya que ha habido dos procesos de paz en mesas de negociación y dos ceses al fuego. Eso permite minimizar los riesgos para los líderes y lideresas y mis autoridades indígenas", explicó. Finalmente, Keiner Andrés García Mejía, del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), afirmó que los ceses al fuego han tenido efectos altamente positivos. "La política de Paz Total en el Catatumbo ha disminuido considerablemente la confrontación bélica, lo que ha logrado que disminuyan las acciones que afectaban a la comunidad del Catatumbo", concluyó. La carta de los 16 alcaldes y alcaldesas podrías estar reflejando el compromiso de la región con la construcción de paz y la esperanza de que el Gobierno Nacional tome medidas concretas para consolidar estos esfuerzos.

Por: Redacción Pares A finales del 2008 la parapolítica fue el incendio que sacudió a los círculos de poder en Santa Marta y el Magdalena. Un ex gobernador del departamento, José Domingo Ávila y un ex alcalde de Santa Marta, José Francisco Zuñiga, entre una docena de políticos más, caían por sus nexos con el Bloque Norte de las AUC. Se empezó a hablar por esa época del Pacto de Chivolo y Pivijay. En el primero, según Nuevo Arco Iris nació el movimiento político creado por Jorge 40 y que se conoció con el nombre de Provincia Unida por una mejor vida. La firmaron cerca de 400 políticos. Lo normal era apoyar este modelo político. Arrasaron en alcaldías, consejos, gobernaciones. Gracias a la investigación que empezó a impulsar León Valencia y que contó con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, en ese entonces encabezada por Iván Velásquez, se logró incriminar a senadores, representantes a la cámara y a otro gobernador, Trino Luna, quien ganó las elecciones a la gobernación en el 2003 con un aplastante número de votos, 240 mil, es decir el 81% de la totalidad de electores. Este éxito se debía no sólo por tener en el bolsillo a la clase política del departamento sino también por tener el apoyo de los paramilitares. En marzo del 2007 fue capturado y condenado a cuatro años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado. Esto no constituyó su muerte política. Muy vivito siguió aspirando a cargos de poder e incluso tuvo cuerda, ánimos y respaldo suficiente como para empapelar a su rival, el ex gobernador Carlos Caicedo, a quien acusó de haber secuestrado a su mamá. Además de Jorge 40 hubo otros comandantes paramilitares como Hernán Giraldo, conocido por su temible alias de “Taladro”, quien confesó en declaraciones a Justicia y Paz haber apoyado la campaña de José Francisco Zuñiga para la alcaldía, además de candidatos a la asamblea y al concejo. A sus crímenes de narcotráfico en los Estados Unidos se le suma el haber abusado sexualmente de más de 200 mujeres, muchas de ellas menores de edad, mientras era el dueño y señor de la Sierra. Para muchos su poder sigue intacto, casi dos décadas después, gracias a la influencia que tiene en el grupo Los Pachenca. Veinte años después de este escándalo se vuelve a sacudir Santa Marta. El ex candidato a la alcaldía por Fuerza Ciudadana, Jorge Agudelo, informó este 8 de julio que radicó una denuncia contra Carlos Pinedo, que resultó siendo elegido alcalde de Santa Marta después de una de las elecciones más peleadas y polémicas de la historia. El abogado de Agudelo es el ex fiscal Eduardo Montealegre. La denuncia afirma tener todas las pruebas para afirmar que “Pinedo Cuello supuestamente se valió de sostener vínculos con el paramilitarismo, lo que le permitió ganar las elecciones”. Según en su cuenta de X el político de Fuerza Ciudadana afirmó lo siguiente: “Esta denuncia se suma a la ya existente en la Fiscalía en contra de la Comisión Escrutadora por los delitos de prevaricato por acción, y a la demanda de nulidad electoral en contra de Carlos Pinedo ante el Tribunal del Magdalena”. En el último libro publicado por León Valencia, La parapolítica, historia del mayor asalto a la democracia en Colombia, queda patentado que existe aún influencia de grupos armados a la hora de constreñir al elector. En caso de que se comprobara esto en Santa Marta se comprobaría lo que, desde este centro de pensamiento, ha sido apenas una hipótesis.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: France24 A toda la mala prensa que ha recibido el actual presidente de los Estados Unidos se sumó otro rumor. Se supo que, en los últimos meses, el doctor Kevin Cannard, del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, que es el que suele tratar a los presidentes de los Estados Unidos, neurólogo especialista en Parkinson, se ha reunido por lo menos ocho veces con Joe Biden. Ante el acoso de los periodistas por esta información la Casa Blanca se vio obligada a publicar una carta en donde se asegura que el presidente no está enfermo. Después de su desastrosa actuación en el debate contra Trump el pasado 27 de junio los rumores incluso de que está enfermo, debido a la rigidez y a veces al aire ausente con el que ha estado en los últimos meses, han desatado este tipo de comentarios. Dentro de las toldas del Partido Demócrata se venía tejiendo la posibilidad de que Biden diera un paso al costado y fuera reemplazado ya fuera por Kamala Harris o por la ex primera dama Michelle Obama. Pero esto no parece un camino realista. El pasado 8 de julio Biden escribió una carta a los miembros del Congreso donde reafirma que ahí está y ahí se queda y para eso da dos argumentos: es el mejor candidato al que podría enfrentar el partido demócrata a Trump -a pesar de que las encuestas dicen lo contrario- y obligarlo a retirarse sería una traición a los votantes demócratas que lo apoyaron. En las primarias votaron un 87% por él. "¿Ahora decimos simplemente que este proceso no importó? ¿Que los votantes no tienen voz y voto? Me niego a hacer eso". Esto ha generado preocupación dentro de los donantes a la campaña demócrata que ven bastante improbable que el actual presidente de EEUU tenga alguna opción en las elecciones del próximo 5 de noviembre. Además hay un dato que lo condena: el 74% de los votantes cree que a sus 81 años es demasiado viejo para ser candidato presidencial. Sobre el terreno, cuando le toca darle la cara a sus seguidores, Biden luce débil, a veces incluso necesita de la ayuda de su circulo para verse vivaz. Aunque era resistida en algún momento y ante lo improbable que Michelle Obama pueda dar el sí, el nombre de Kamala Harris podría ganar fuerza y hacerse como una opción viable para reemplazar al actual presidente en las elecciones. La única firmeza que luce el demócrata es cuando escribe cartas. En la última misiva aseguró que seguirá su carrera “hasta el final”. Frases como “no me voy a ningún lado” lejos de calmar las aguas entre los demócratas despiertan inquietudes dentro de los mismos donantes y desatan la preocupación inminente de la victoria de un candidato con posturas tan polémicas, tan retrógradas como la inmigración y el aborto. Si no hay timonazo dentro de este partido de cara a las elecciones de noviembre la derrota parece inminente.

Por: Redacción Pares No hay experiencia más dura para un colombiano que presentarse ante la embajada de Estados Unidos para solicitar una visa. Según la firma de abogados Visas Gómez & Asociados al 41% de solicitantes se las niegan. Muchos de los que piden la solicitud de entrada son profesionales respetables. Por eso sorprendió ver, sonriente, con una bandera de Colombia llevando el nombre de su barrio en Santa Marta llamado el “Pando”. Se llama David Saumeth Montes y es conocido como “el Gato”. Es conocido en la ciudad por su especialidad, robar bancos. A pesar de que es el criminal más buscado de Santa Marta él no tiene empacho de subir publicaciones en sus redes sociales mostrándose paseando, siempre con una sonrisa en su cara, por los Estados Unidos. Incluso, desde febrero del 2021, según informó El Espectador, está vinculado a la investigación por el asesinato del profesor Hugues González Peñaver cuando intentó robarlo. El profesor intentó defenderse y terminó siendo asesinado. Saumeth Montes pertenecía a la banda “Los taquilleros” fue detenido en el 2021 después de darle golpes a varios bancos. Sin embargo, unos meses después, ya estaba libre y delinquía con la banda conocida como “Los laikers”. Al robo de bancos se le sumaba el delito de “fleteo” y se movía por los barrios de Bavaria, sector del Ocean Mall, Avenida del Libertador, Avenida Ferrocarril y San Martín. Volvió a estar preso en el año 2022 pero, debido al hacinamiento en las cárceles de la ciudad, nunca fue trasladado a una unidad penitencial. Según informó El Espectador las autoridades, desde Colombia, ya se comunicaron con sus pares norteamericanas y estarían coordinando su captura. A todos estos crímenes se suma el robo a una sucursal del Banco Caja Social en el sector de El Rodadero en donde, en un cruce de disparos, murió uno de sus cómplices que era menor de edad. La foto que prendió las alarmas ocurrió hace una semana. En el último partido de Colombia en la fase de grupos, en donde se enfrentaba a su par de Brasil, se vio a El Gato sonriente en una de las tribunas de el estadio Levi’s en California. En esta foto que se publicó en redes sociales aparece al lado de dos creadores de contenido llamados Karol Alcendra y Emiro Navarro, en la red social Instagram ambos acumulan un millón de seguidores. Los influencers afirmaron que no tienen nada que ver con el criminal. Se espera que, después de este nuevo capítulo embarazoso y casi ridículo de la justicia colombiana, Saumeth Montes sea detenido y enviado de regreso a Colombia en donde debe pagar por sus crímenes. La foto de él en el estadio siguiendo a Colombia en la Copa América es un nuevo llamado de atención a las autoridades. Saumeth está libre por vencimiento de términos.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un contundente pronunciamiento, más de 200 destacadas figuras del ámbito político, académico y exministros han firmado un comunicado conjunto en el que rechazan la reciente propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Constituyente en Colombia. Este acto de oposición se intensificó tras la reafirmación de la iniciativa por parte del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien sugirió la posibilidad de adelantar dicho proceso constituyente. El comunicado, rubricado por personalidades influyentes como la excanciller Carolina Barco y el exministro Alfredo Rangel, subraya la importancia de defender la Constitución Política de 1991, que cumplió 33 años el pasado 4 de julio. Según los firmantes, la Constitución vigente es fundamental para garantizar la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones democráticas en el país. Además, consideran que los beneficios generados por esta Constitución han sido múltiples y poderosos, desencadenando importantes conquistas en materia de derechos civiles, políticos, ecológicos y sociales. Uno de los argumentos clave presentados en el comunicado es que existen mecanismos institucionales y democráticos adecuados para realizar reformas constitucionales, como el Congreso de la República y los mecanismos de participación ciudadana. Los firmantes insisten en que estos mecanismos deben ser fortalecidos y respetados, en lugar de optar por una Asamblea Constituyente que podría generar inestabilidad política e institucional. “Es fundamental respetar y defender la Constitución Política como la norma suprema del Estado colombiano, garantizando la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Los beneficios generados por la Constitución de 1991 han sido múltiples, desencadenando importantes y poderosas conquistas en materia de derechos civiles, políticos, ecológicos y sociales. Colombia no requiere de una nueva Constitución", señalaron los firmantes. Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores, asegura que en el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC existe la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente. Su argumento se centra en que se trata de una declaración unilateral de Estado, que se convirtió en documento oficial ante las Naciones Unidas. Sin embargo, esta tesis ha sido cuestionada por otros expertos, quienes consideran que la convocatoria a una Asamblea Constituyente podría traer serias consecuencias de inestabilidad política para Colombia. "Una Constituyente podría abrir la puerta a cambios radicales en la estructura del Estado y en los derechos fundamentales, poniendo en riesgo la estabilidad democrática, el modelo económico y el Estado de Derecho en Colombia", afirmaron los firmantes. Además, advirtieron sobre los potenciales costos económicos significativos que conllevaría la realización de una Asamblea Constituyente en un momento en que el país necesita priorizar la inversión en áreas estratégicas y la reactivación económica. Oscar Ortiz, ex zar anticorrupción y uno de los líderes de la Séptima Papeleta, asegura que no existe escenario en el que el presidente de la República pueda saltarse el Congreso para convocar una constituyente. Los firmantes del comunicado aseguran también que una constituyente podría ser una especie de caja de Pandora que podría generar un riesgo para la democracia del país. "Una Constituyente podría abrir la puerta a cambios radicales en la estructura del Estado y en los derechos fundamentales, poniendo en riesgo la estabilidad democrática, el modelo económico y el Estado de Derecho en Colombia", aseveran. Agregan que se generaría "una enorme ola de incertidumbre e inestabilidad jurídica y económica, lo cual se traduciría en menor inversión, desempleo, la ralentización del crecimiento, destruyendo al sector productivo y a nuestro tejido social". Por último, hablan de los enormes riesgos que se vendrían para la economía de Colombia, cuando en este momento la prioridad es fortalecer los diferentes sectores. "La realización de una Constituyente implica altos costos económicos para el Estado colombiano en un momento en el que se requiere priorizar la inversión en áreas estratégicas, así como en la reactivación económica. Recientemente el gobierno hizo un recorte de 20 billones de pesos, por lo que financiar un proyecto de este calado es inconveniente", concluyeron. Por su parte, los exconstituyentes del 91 también se pronunciaron en una carta separada, destacando la amplitud y adaptabilidad de la Constitución vigente. Rechazaron la premisa de que el Acuerdo de Paz con las FARC justifique un proceso constituyente y enfatizaron la importancia de trabajar por transformaciones democráticas con serenidad y respeto al orden jurídico establecido. En este contexto, Eduardo Montealegre, exfiscal general, apoya la interpretación de que el presidente puede saltarse el Congreso y convocar una constituyente por decreto, basándose en el acuerdo de paz con las FARC. No obstante, esta postura ha generado controversia y ha sido fuertemente criticada por diversos sectores. Entre las figuras que apoyan esta postura se encuentran Alejandra Carvajal, Guillermo Botero, y Juan Carlos Echeverri. Estas personalidades subrayan la necesidad de utilizar los mecanismos democráticos vigentes y evitar la inestabilidad política y económica que podría resultar de una Asamblea Constituyente. Este rechazo generalizado refleja una preocupación compartida por sectores clave de la sociedad colombiana ante la propuesta presidencial. Enfatiza la necesidad de fortalecer las instituciones existentes y evitar riesgos innecesarios para el país. La defensa de la Constitución de 1991 y el llamado a utilizar los mecanismos democráticos vigentes son elementos centrales de esta oposición, subrayando la importancia del debate público sobre el futuro constitucional de Colombia y las vías democráticas para abordar reformas legislativas. Según Alejandro Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el clima político actual no es favorable para una Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, dentro de los sectores de la oposición, solo Germán Vargas Lleras y un pequeño sector de Cambio Radical están de acuerdo con la idea. Desde el centro político, nadie apoya la iniciativa, y en la izquierda, muchos sectores que antes estaban interesados han decidido moderar su postura, especialmente después de que figuras como Iván Cepeda, María José Pizarro y David Racero manifestaran apoyar la idea de un Acuerdo Nacional. Estos líderes han preferido apoyar la idea del poder constituyente antes que arriesgarse a promover una nueva Asamblea Nacional. Chala también destaca que, incluso si existiera un clima político propicio, no habría posibilidades de que una Asamblea Nacional Constituyente fuera aprobada debido a la situación en el Congreso. Este proceso debe pasar primero por el Congreso como propuesta que debe ser votada por ambas cámaras, seguido de un referendo para que la ciudadanía vote si quiere una asamblea constituyente. Si se aprueba, se suspenderían las funciones del Congreso, se elegirían los constituyentes y se iniciaría el proceso asambleario. Sin embargo, el investigador subraya que ni los gremios económicos ni los actores políticos externos al Congreso apoyan esta idea. Juan Manuel Santos, por ejemplo, cuestionó recientemente la necesidad de modificar la Constitución de 1991, señalando que no se ha identificado claramente qué aspectos no funcionan y requieren cambios en la constitución actual. En cuanto a los riesgos políticos y económicos, Chala considera que una Asamblea Constituyente afectaría más el clima político que el económico. Aunque podría impactar la confianza crediticia e inversionista si la transformación fuera muy radical, experiencias anteriores en Venezuela y Ecuador no resultaron en profundos impactos económicos. El investigador de Pares enfatiza que la Constitución de 1991 ha logrado avances significativos en derechos sociales e individuales, y una nueva constituyente podría poner en riesgo estos logros, así como el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza al sistema político colombiano.   Finalmente, Alejandro Chala menciona que es posible que un poder constituyente lleve a reformas constitucionales, dependiendo de la capacidad de Juan Fernando Cristo para consolidar un acuerdo nacional entre todos los partidos. Cristo podría desempeñar un papel crucial en la aprobación de reformas moderadas en el Congreso, evitando así la necesidad de una Asamblea Constituyente. Chala concluye que existe la posibilidad de llegar a un consenso para implementar reformas moderadas que preserven el espíritu de la Constitución de 1991, garantizando al mismo tiempo la estabilidad democrática del país.

Por: Laura Bonilla La competencia dentro de un gobierno no es un tema nuevo ni necesariamente malo. Sin embargo, como demuestra la teoría del equilibrio de Nash, poner a competir a ministerios para que el más fuerte – y en este caso, el más cercano al presidente – sobreviva, es una muy mala idea. Lo que ha terminado sucediendo es que se promueva el fuego amigo, o el auto-sabotaje dentro del propio gobierno. Un ejemplo práctico es la disputa natural entre el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente, o entre este último y el Ministerio de Agricultura. Mientras Ambiente busca reducir las emisiones, Minas y Energía trata de mantener la seguridad energética, y Agricultura busca tierras para la reforma agraria. Cada uno intentará anular las metas del otro que sean contradictorias con su propia misión. En este sentido, ninguno logrará resultados positivos y, por ende, el gobierno tampoco. La teoría de que la competencia interna promueve una buena ejecución es inválida en un gobierno donde todos dependen de todos. Lo que tenemos es fuego amigo. Hay varios grupos dentro del gobierno incapaces de cooperar entre sí. Los más cercanos al presidente procuran controlar la comunicación, mientras los demás hacen lo posible por ser vistos. El ambiente de nerviosismo, debido a la incertidumbre sobre la duración de los cargos, dificulta la planificación a largo plazo y fomenta los egos, las roscas y la desconfianza. Lo más grave es que mientras los grupos cercanos al presidente se disputan su lealtad, los operadores políticos dentro del gobierno actúan sin supervisión pública. ¿Alguien se ha preguntado por el Ministerio de Deporte, con una pésima ejecución y gestión? Cuando surgen preguntas complejas en una situación así, lo más fácil es culpar a la "cabeza". El típico “le quedó grande” de la jerga política colombiana termina imponiéndose. En la implementación del Acuerdo de Paz del 2016, se ha acusado a los líderes de las entidades de no haber seguido la ruta trazada. Incluso, se prometió una cabeza de "alto nivel", como si eso fuera a destrabar un acuerdo impráctico. No. Hoy en día, por muchas razones, el acuerdo del 2016 es imposible de implementar tal como fue concebido. Ni el mayor de los genios lo lograría. Requiere reformas, racionalización de proyectos y una fuerte estrategia de recuperación del control territorial por parte del Estado. En la Política Pública de Derechos Humanos, inexistente hoy, ocurre una situación similar. Para prevenir una violación de DDHH advertida, deben intervenir al menos 16 instancias de distintos niveles. Seguimos en el absurdo, ya que al final solo obtenemos un documento lleno de recomendaciones y advertencias para que "las entidades encargadas" solucionen. Cosa que no ocurre. El reto de Juan Fernando Cristo, el nuevo ministro del interior no es menor. Gran parte de su tarea, incluida la de lograr una base de acuerdo nacional, depende de la cooperación y no de la confrontación. Su rol no será solo sentar a distintos sectores de la sociedad a cooperar, sino también a los sectores del propio gobierno que no confían entre sí. En resumen, le corresponde apagar el fuego amigo.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El 11 de julio de 2024 cumplen tres décadas las importantes leyes 142 y 143 de 1994, con las que se reglamentó en Colombia la prestación de los servicios públicos domiciliarios, y de manera particular, el servicio de energía eléctrica y gas. Con ellas, también cumplirá la misma edad, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), quien funge como organismo regulador y controlador de todos estos servicios.   La CREG fue creada como una organización estatal, de carácter técnico e integrada por un cuerpo colegiados de nueve miembros: seis expertos comisionados —elegidos todos por el presidente de la República— y cuatro miembros del Ejecutivo —tres de ellos con voz y voto: los ministros de Minas y Energía, Andrés Camacho, y el de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, además el Director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya; y el cuarto solo tiene voz, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos—.   La tarea de estos nueve agentes, según la Ley 142 de 1994 son múltiples —26 generales y 11 específicas—, sin embargo se puede resumir en que en el país se logre prestar los servicios de energía eléctrica y gas natural, además desde 2011, de gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles líquidos, de manera apropiada por empresas públicas o privadas en calidad, cantidad y cobertura al mayor número posible de usuarios en el país.   Hay que decir que durante estos 30 años de vida, la CREG se ha esforzado por cumplir a cabalidad este importante papel regulatorio, lo que ha posibilitado que el funcionamiento del mercado de los servicios públicos domiciliarios sea adecuado. Ha logrado dirigir la industria para que esta se mantenga alejada del fantasma del racionamiento. Además, ha incentivado la expansión de la oferta de los servicios públicos, configurando un sistema que hoy se considera, a pesar de las dificultades, como sólido y confiable.   Sin embargo, también esta organización estatal ha pasado por momentos de grandes tensiones y fuertes dificultades. Una de ellas es la que atraviesa en la actualidad, donde se cuestiona a la CREG por no estar conformada de manera como la norma lo exige. Al cumplir sus 30 años el ente regulador no cuenta con el quórum suficiente —al menos tres expertos comisionados y los tres miembros del Ejecutivo— para tomar las importantes decisiones regulatorias que permitan el buen funcionamiento del sistema.   En la primera semana de julio de 2024 sólo se tiene a Baisser Antonio Jiménez Rivera, quien es el único experto comisionado en firme, encargado desde abril de 2024 y fue nombrado tan solo recientemente. Los demás miembros se les vence la provisionalidad de su nombramiento antes del 11 de julio de 2024 —al  experto comisionado Omar Velandia, quien es el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se le venció el encargo el 2 de julio; y a Manuel Peña se le vence el próximo 11 de julio—.   Además, su director ejecutivo, Omar Fredy Prías Caicedo, el Consejo de Estado, desde su Sección Quinta, el 5 de julio anuló su nombramiento, el cual venía ejerciendo su labor en la dirección de la CREG desde el pasado 15 de noviembre de 2023. Según el fallo del Consejo, el experto Prias no cumplía con la experiencia que se exige para su cargo. Al revisar su hoja de vida no se certificó el haber estado en algún cargo de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, lo que invalida su posesión.   Todo este asunto alrededor del nombramiento de los expertos comisionados de la CREG comenzó desde el mismo mes de agosto de 2022 de posesión del gobierno Petro. Desde aquel primer momento, se encontró con que la mayoría de los miembros de la Comisión eran fichas nombradas por el gobierno de Iván Duque, a los cuales les faltaba más de un año para su reemplazo, lo que provocó tensiones con la presidenta del organismo, la ministra Irene Vélez, y el rechazo de muchas propuestas reguladoras que hacía el Gobierno.   La reacción del presidente Petro, ante la tan difícil situación por la que pasa el país en materia de servicios públicos, ha sido la de tomar decisiones vía decreto. También, aplazar el nombramiento de los expertos comisionados, hasta el punto que solo en noviembre de 2024, un año y tres meses después de posesionado, nombró al primer experto comisionado, a quien, como vemos, lo ha destituido recientemente el Consejo de Estado.   Sin embargo está es una situación que el Gobierno no puede mantener. La ley es clara en que es necesario que la CREG cumpla con las funciones constitucionales para las que fue creada. Las altas cortes están exigiendo al Ejecutivo que las labores de regulación de los servicios públicos domiciliarios sean de las comisiones. Y que no puede escudarse en la falta de quórum —tal como lo exige el reglamento interno de la Comisión—  para suplantarlo en estas labores.   Incluso la Procuraduría General de la Nación, ante la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y confirmada por el Consejo de Estado dentro de la Acción de Cumplimiento, está presionando al Gobierno desde enero de 2024 para el cumplimiento del quórum que exige la ley. En este sentido es urgente que el presidente de la República nombre a los seis comisionados expertos. No es conveniente para la estabilidad del sistema que se irrespete las normas, aunque sean por una justa causa.   Hay decisiones regulatorias urgentes que tomar. El país está enfrentando un período muy difícil en materia de servicios públicos. Primero, debe atender las consecuencias de la difícil situación climática, la que llevó el sistema al límite de un racionamiento, y que exige la ejecución de proyectos de generación y nuevas redes de transporte de energía, en especial en regiones de la Costa Atlántica.   Segundo, plantear un esquema alternativo tarifario para aliviar los elevados precios de los servicios públicos domiciliarios que hoy tienen los hogares en todo el país. Y tercero, trabajar en la reglamentación para los nuevos mecanismos de prestación del servicio de energía eléctrica, en especial, la renegociación de contratos bilaterales de energía entre generadores y comercializadores destinados al mercado regulado.   En conclusión, a los 30 años de las leyes que estructuran el sector de los servicios públicos domiciliarios en Colombia y de la creación de la CREG se está pasando por un momento crítico del sistema. Esta situación hace que se piense en la urgencia de construir propuestas para transformar nuevamente la normatividad y el sector energético; sin embargo, está no es razón suficiente para que el Gobierno se escude y busque suplantar la institucionalidad vigente.   Además, el presidente no puede seguir retrasando el nombramiento de los expertos comisionados de la CREG. Debe aprovechar la posibilidad que tiene de poner al frente del importante organismo personas idóneas, de su confianza y comprometidas con las transformaciones que requiere el país, para que de forma autónoma lo acompañen, en el corto y mediano plazo, en la toma de las mejores decisiones para el país. Se requiere de un organismo que, además de regular y promover la oferta, logre defender de manera apropiada el interés de todos los consumidores-usuarios.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Foto tomada del: El Tiempo Una semana después de que su amigo Jaime Vásquez, quien compartía con él la coherencia de denunciar la corrupción imperante en Cúcuta a través de redes sociales, fuera asesinado, Francisco Cifuentes entendió que ya no podía estar más en la ciudad. Una de las costumbres cucuteñas es aprovechar el antejardín de cada casa para sacar unas mecedoras y ponerse a conversar. Así lo hizo Cifuentes con su hermana una tarde de mayo del 2024 en su casa en el barrio Torcoroma 3. Entonces vieron que un motorizado parqueó su Yamaha frente a la casa. En algún momento creyeron que era un domiciliario perdido buscando una dirección. Cuando se ubicó a pocos metros de la pareja el hombre se llevó la mano a un bolso y sacó de ella una pistola. Los reflejos de la hermana de Cifuentes, quien trabaja en una agencia de seguridad privada, lo salvaron. La mujer se levantó, forcejeó con el asesino quien disparó tres veces. Una de las balas se incrustó en Sasha, la perrita de la familia quien murió en el acto. La mujer estuvo a punto de quitarle el arma al hombre quien salió corriendo hasta su Yamaha. Al otro día Francisco Cifuentes abandonó la ciudad. A Jaime Vásquez lo mataron el domingo 14 de abril en el barrio La Riviera de Cúcuta. Otro de los rituales de la ciudad es ir a comer pasteles de garbanzo a un lugar llamado Pastelucho. El lugar estaba lleno. Había bajado la guardia, no tenía escoltas a pesar de que las amenazas lo estaban azotando. Entonces un hombre, conocido como “El Cojo” se bajó de su moto y sin quitarse el casco lo acorraló hasta adentro del local donde le disparó en el piso. Las imágenes de su asesinato quedaron registradas en las cámaras de seguridad. Dos días antes, a través de su red social favorita, Facebook live, Vásquez había hecho su última denuncia: “Les sugiero a los sabios que embargaron los carros que echen atrás los procesos administrativos porque el lunes los vamos a demandar”. Vásquez tenía en la mira, según Verdad Abierta, a la Asamblea Departamental “por haber otorgado al Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander (Ifinorte) la facultad de crear una empresa de economía mixta llamada AP System S.A.S, para que ejecutara procesos de carácter tributario. Sin embargo, según la Ley 1386 de 2010, esto es ilegal. En ella se prohíbe la entrega a terceros de la administración de tributos y sólo las entidades públicas pueden encargarse de la recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los aspectos relacionados con las obligaciones tributarias”. La alusión a los carros era por un embargo que, a todas luces, sería ilegal. Su video concluía con una advertencia al actual alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo: “Ojo, Jorge Acevedo, porque los de AP System están haciendo cola para entrar a la Alcaldía. Ojo, ¿no?”. Por lo menos desde el 2020 se tenía evidencia de que al veedor ciudadano lo querían asesinar. Ese año se descubrió un plan para matarlo. El centro de sus denuncias recaía en, acaso, el político más poderoso del departamento, el actual gobernador William Villamizar, cuyos nexos llegan hasta el ex sub director de la UNPGD, el oscuro Sneyder Pinilla. Una vez se supo de asesinato el primero en reaccionar fue el propio gobernador quien, incluso, ofreció una recompensa para dar con el paradero de los asesinos. Una actitud que para algunos fue catalogada como de cínica. Denunciar a políticos corruptos es, en Cúcuta, un oficio de alto riesgo. En el 2003, mientras el paramilitarismo campeaba victorioso por los barrios de la ciudad, fue asesinado en el barrio Ceiba II el asesor jurídico de la alcaldía Alfredo Enrique Flórez. En medio de la alta popularidad que gozaba como alcalde, Suárez Corzo parecía un intocable. Flórez venía haciendo varias denuncias contra el alcalde lo que le costó la vida. El ex alcalde fue condenado a 27 años de cárcel por este homicidio perpetrado en asocio con paramilitares. Ese mismo año, en octubre, fue asesinado el defensor de derechos humanos Pedro Durán también por denunciar la corruptela política. Sólo hasta el 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, su ministro Rivera, en un acto realizado en la Asamblea de Cúcuta, pidió perdón en nombre del Estado Colombiano, por el crimen del veedor ciudadano: “Me permito hacer un reconocimiento de responsabilidad y presentar disculpas a su familia y, del mismo modo, un reconocimiento a la memoria de Pedro Duran Franco, activista político perteneciente a Directorio Liberal de Cúcuta y Norte de Santander y a la organización civil Red de Veeduría de Colombia, con sede en Bogotá”. En el año 2001, mientras salía de la Universidad Libre de Cúcuta, donde era rector, el defensor del pueblo Iván Villamizar Luciani, quien denunció, meses antes de que sucediera la masacre de La Gabarra, el horror paramilitar, también fue asesinado. Todos estos asesinatos vuelven a cobrar vigencia en una ciudad que, tal y como se describió este lunes 8 de julio en el Reporte Coronell de la W Radio vuelve a estar “azotada por el sicariato”. En la entrevista dada a Daniel Coronell Francisco Cifuentes nombró a los políticos William Villamizar, Wilmer Carrillo -quien en el departamento tiene un lugar historial en materia de manejos públicos en infraestructura- y denunció a Hugo Vergel, gerente de Aguas Kapital, por darle, presuntamente, un mal manejo a la distribución del líquido en la ciudad.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Colombiano En diciembre del 2013 supimos de la estrecha relación que tenían Gustavo Petro y Jean Luc Mélenchon. En ese momento Petro era alcalde de Bogotá y se había entrelazado en una disputa con el Procurador Alejandro Ordoñez que terminaría con su destitución. Desde Francia Mélenchon, líder de la izquierda francesa, lanzó un comunicado: “Como todos los amigos verdaderos de Colombia, no nos queremos inmiscuir en los mecanismos institucionales y jurídicos de su país. La distancia nos incita, naturalmente, al respeto y a la prudencia. ¡Pero somos también numerosos a querer hacerles llegar nuestra profunda inquietud!”. Reconociendo, en su carta, que Colombia es un ejemplo de la lucha por los preceptos de la Revolución Francesa, criticó abiertamente la posición radicalizada de Ordoñez. Desde entonces ambos políticos, a pesar de la distancia, han mantenido una relación fuerte. Un mes después de ganar las elecciones Mélenchon visitó a Colombia. A sus 73 años es diputado, desde el 2017, en la Asamblea Nacional representando el partido Francia Insumisa. En las presidenciales del 2017 logró el cuarto puesto de esas elecciones con un 19.58%. En el 2022 lo volvió a intentar y consiguió el 21.95% de los votos. Es hijo de franceses asentados en Argelia. El tema de las migraciones lo ha asumido como suyo. Es filósofo y el pasado 7 de julio consiguió su mayor victoria política. Contra todo pronóstico la Coalición de Izquierda Nuevo Frente Popular obtuvo una victoria en la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias. Se la ha criticado su posición de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. La amistad quedó patentada el 26 de julio del 2022 cuando llegó a Bogotá. En ese momento se tomó fotos hasta con Armando Benedetti, quien fue la sombra del hoy presidente en esa campaña presidencial. Mélenchon dijo sobre Petro que era “el más adelantado en el pensamiento” comparándolos con otros políticos nacionales. Había ideas de Petro que lo seducían, como su posición sobre el cambio climático como una fuente de innovación, de inversión. Incluso tuvo unas palabras comedidas con Armando Benedetti. Sobre el dijo en esa visita que es un progresista que trabaja por la defensa de los derechos del trabajador y la redistribución de la riqueza. No se sabe si, después de los escándalos que ha protagonizado Benedetti, Mélenchon siga creyendo lo mismo.  En esa misma visita se reunió con Francia Márquez, vicepresidenta, a quien el candidato conocía por su lucha ambiental. De la cita se concluyó que Francia y Colombia tenían problemas en común, sobre todo en lo concerniente a lo ambiental. Una vez se conocieron los resultados en Francia el presidente Petro afirmó “Retroceden los Nazis, la humanidad tiene una nueva oportunidad” haciendo referencia a la derrota de la derecha francesa, encabezada por Marine Le Pen, la líder de Agrupación Nacional, quienes se habían impuesto en la primera vuelta. Le Pen quedó relegada al tercer lugar. Su posición contra la inmigración ha hecho que ella y su movimiento sea tildada de racista.

Por: Redacción Pares El Atrato ha visto tanto horror. Su nombre le dio la vuelta al mundo no por su exuberancia, sus imponentes 750 kilómetros de longitud, sus bosques, su belleza. No, fue el horror el que hizo que su nombre apareciera en los principales diarios del orbe. El 2 de mayo del 2002 guerrilleros de las FARC y miembros de las autodefensas se entrelazaron en uno de sus encarnizados combates en la población de Bojayá, a orillas del Atrato. La población civil, desesperada, se refugió en la iglesia. El Padre Antún Ramos, ante el horror de lo que estaba sucediendo, abrió las puertas del templo. Creían que la casa de Dios estaba protegida, por un mandato divino, de la maldad de los hombres. El Atrato fue testigo mudo. Sobre el Atrato viven 500 mil personas. El río les ha dado de comer, de beber. Allí pescan y obtienen su riqueza. A sus alrededores siempre ha existido el oro, y siempre ha existido la gente que se quiere enriquecer con el oro. Los blancos que llegaron de afuera, los que curtieron de mercurio las aguas que alguna vez estuvieron tan limpias que se podía calmar la sed con ella. En el Chocó sólo hay dos hospitales públicos. La mayoría de personas que son atendidos allí lo hacen por enfermedades derivadas a la intoxicación de mercurio. Aunque también entran por gastritis, los problemas de vivir en una tierra azotada por la guerra se reflejan en la boca del estómago, entran enfermos de pena moral porque en esta tierra los padres entierran a sus hijos. Este precisamente es uno de los contaminantes del rio: los cadáveres. Según el portal Rutas del Conflicto la potencia de este rio se debe a sus aguas subterráneas. Debido al volumen de sus lluvias. Porque acá llueve todo el tiempo. Esto hace que los cadáveres que son enterrados en sus riveras sean arrastrados al río. Por eso ya el color que tiene este gigante no se parece en nada a los que vieron la gente que vivió en sus orillas en el siglo XIX. Conscientes de esto el estado, en la sentencia T-622 decidió, de manera histórica, reconociendo al río Atrato como un sujeto de derechos. Por eso se crearon los Guardianes del rio Atrato, catorce personas que de manera voluntaria trabajan para limpiar al gigante, para evitar las talas indiscriminadas de árbol, enseñar a reutilizar el río, frenar su sedimentación, regresar a los años en los que se podían ver los peces a través de sus aguas cristalinas. Pero hoy, a pesar de todos los decretos, el agua se enturbia cada vez más. El destino del río empezó a cambiar desde 1990 cuando, en una de sus orillas, instalaron una mina de cobre y platino. Ramón Cartagena, uno de los 14 guardianes, de pequeño venía a pescar con su familia, a hacer sancochos de olla. Ya esto no es más que una fábula, un recuerdo perdido en el tiempo que se va destiñendo. La sentencia T-622 está llena de buenas intenciones, reconocen los guardianes, pero hay problemas de naturaleza jurídica: en Colombia el agua, los bosques, se pueden concesionar a privados. Desde que esto suceda se puede feriar al mejor postor nuestros recursos. Los Guardianes del río están apoyados por la ONG Siembra. En el 2022 le entregaron a la Corte Constitucional un balance de lo que había sucedido seis años después de la sentencia. Vivana González, abogada de Siembra, afirmó en su momento: Hay cosas que funcionan y otras que son muy críticas. Por ejemplo, el principal problema es que no hay claridad sobre el presupuesto. Tampoco hay medidas sancionatorias para que los responsables de las afectaciones al Atrato y a las comunidades cumplan”. La minería ilegal, lejos de apagarse, está en auge. En el 2021 habían 33 mil hectáreas afectadas. Había crecido en 5.000 más desde que se promulgó la sentencia que salvaría al Atrato. Hay problemas además de límites y jurisdicciones. Se pasa por 26 municipios y dos gobernaciones con intereses disímiles, contrarias. Se hicieron recomendaciones, como implementar los cambios pertinentes en un plan de desarrollo, pero, por ahora, la esperanza es tan turbia como el color del Atrato.  A todos estos problemas se suma la guerra. Los fantasmas que alguna vez destruyeron Bojayá siguen vivos, desplazando, matando, contaminando, explotando. Se suponía que la Paz Total y la llegada de un gobierno que enarbolaba las banderas ambientales significaría que, por fin, el Atrato sería respetado, pero con los días la desesperanza crece. La única ilusión que queda, lo único hermoso, es la historia de estos 14 valientes que, literalmente, dan la vida para intentar salvar a un gigante que siempre les permitió vivir.

Por: Redacción Pares Gabriel García Márquez siempre se reconoció como periodista. La manera como abordó la investigación de novelas suyas como El general en su laberinto, en donde se preocupaba por saber si Bolívar pasó una noche de abril de 1830 bajo el imperio de la luna llena o menguante son obsesiones, más que de historiador, de reportero. Cada dato que da en novelas suyas gobernadas por la fantasía, como Cien años de soledad, es real. Sobre todo los datos que da sobre remedios caseros. García Márquez es un novelista preciso gracias al periodismo. Arrancó de abajo. El primer contacto de Gabo con el periodismo se da cuarenta días después del Bogotazo. La pensión donde vivía había sido incendiada. Su bien más preciado, la máquina de escribir, también fue destruida. Si, ya había publicado tres cuentos suyos en El Espectador, pero aún no había hecho una sola de las crónicas. Desesperado, regresó a Cartagena en donde estaban viviendo sus padres. En mayo de 1948 tiene un encuentro que le cambia la vida y lo encaminaría a su pasión suprema. Manuel Zapata Olivera ya era lo que siempre fue, una de las glorias literarias de este país. Gabo le contó de su situación y Zapata lo recomendó al Universal, un diario que en ese momento apenas tenía tres meses de haber sido fundado. El gerente del diario, Clemente Zabala, lo recibió con los brazos abiertos. Gabo escribiría 38 notas para el Universal. Héctor Rojas Herazo, quien fue una de sus influencias directas y quien lo conoció por esos años, lo recuerda como un muchacho que no paraba de escribir -le dedicaría varias horas del día laboral a escribir sus primeros cuentos- y a la compulsión con la que fumaba esos cigarrillos duros, de tabaco negro. En 1950 se traslada a Barranquilla en donde empieza su fructífera y decisiva relación con el Heraldo en donde escribe 394 artículos. Su columna, la Jirafa, en donde usaba el seudónimo de Séptimus, lo puso entre las páginas más buscadas del periódico. Barranquilla sería vital para su desarrollo como escritor. Desde acá viajaría en 1952 por última vez con su mamá a Aracataca. El objetivo era vender la vieja casa, la que hechizó al novelista desde siempre. Fruto de ese viaje surgió la estructura de La hojarasca, su primera novela. Pero, Barranquilla es la el grupo de la Cueva. En ese lugar se encontraría con los intelectuales y escritores que le prestarían las novelas de Faulkner -a quien llamaban “el viejo”- Hemingway y Virginia Wolf. La amistad con Alvaro Cepeda Samudio sería fundamental. Cepeda le presentó además “El nuevo periodismo” el movimiento que desde revistas como New Yorker esgrimían escritores como Tom Wolfe, Truman Capote o Norman Mailer. Esas jornadas, junto a Obregón, Fuenmayor, el mismísimo Julio Mario Santodomingo, quien en esa época tenía aspiraciones literarias, Ramón Vinyes, toda la plana de bebedores de ron y de lectores de novela que acostumbraban a ser locuras inauditas para demostrar su osadía y su irrespeto a cualquier tipo de normas. En ese momento García Márquez era un joven apocado, flaco, fumador, que vivía en una pensión y de lo que le pagaba El Heraldo. De ahí saltaría a Bogotá, a El Espectador, en donde incluso se dedicaría a la crítica de cine. Súbitamente viaja a Europa. Después de visitar los países del llamado Telón de Acero, que tenían influencia directa de Moscú, se establece en París y vive su aventura literaria. Desde siempre París ha sido el país de los escritores. Y ahí quería estar Gabo, siguiendo el rastro de sus ídolos, Joyce, Hemingway, toda la santa lista. Y justo cuando estaba en París se hace realidad la peor pesadilla. El dictador Rojas Pinilla toma la determinación de cerrar El Espectador. Quedaba entonces el de Aracataca en el peor de los mundos, lejos de su casa y sin cómo sostenerse en el terrible invierno parisino. Unos pocos buenos amigos lo ayudaron a conseguir algo de comer, a sobrellevar el frío, a aguantar tres años terribles. Su estado de ánimo lo llevó a escribir su novela más triste, El coronel no tiene quien le escriba. Pasarían diez años más para que consiguiera la gloria literaria y la holgura financiera con su mega éxito Cien años de soledad. Pero siempre volvería al periodismo ya sea en aventuras tan arriesgadas como Alternativa, una revista de izquierda en un país de derechas que le trajo más de un inconveniente, o en la revista Cambio o ya más formalmente creando la Fundación para el nuevo periodismo que lleva su nombre. Gabo siempre fue lo que le dijo en 1976 en una entrevista a Radio Habana: “Nunca empecé siendo periodista por casualidad —como muchas gentes— o por necesidad, o por azar, empecé siendo periodista, porque lo que quería era ser periodista”.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un operativo llevado a cabo semanas pasadas, las fuerzas armadas colombianas lograron rescatar a dos menores de 13 y 16 años que habían sido reclutados forzosamente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona limítrofe entre Boyacá y Casanare. Este incidente ha sacado a la luz nuevas pruebas de violaciones a los Acuerdos de Paz, con la difusión de audios comprometedores. En los audios, se escucha a alias "Malverde", líder del frente José David Suárez del ELN, dando órdenes explícitas para incorporar a menores de edad en las filas guerrilleras. "La orden es reclutar los menores de edad, vayan a las escuelas, verifiquen si tienen que ir a hablar con los familiares, pero necesitamos, hermano, reclutar lo más pronto posible, peladitos, peladitas de cualquier comunidad", dice Malverde en uno de los mensajes. Este acto podría estar representando una clara transgresión de los compromisos adquiridos en los diálogos de paz con el Gobierno. Alias "Malverde" insiste en la necesidad de nuevos reclutas, señalando una escasez de personal, pero advierte sobre la presencia de tropas del Ejército en la zona, lo que podría dificultar sus operaciones ilegales. "Pilas, pilas porque anda volando el pájaro por ahí, está sobrevolando", menciona, refiriéndose a la vigilancia militar. La situación se agrava al confirmarse que estos menores, tras ser reclutados, son equipados con indumentaria militar, armamento y sometidos a entrenamiento guerrillero. Un mensaje adicional de Malverde instruye a sus hombres sobre rutas seguras para trasladar a los recién reclutados, evidenciando una red organizada para evadir la detección de las autoridades. El Ejército, mediante un comunicado, condenó estos actos, calificándolos como una muestra del "cobarde actuar criminal" del ELN en la región, donde utilizan a menores para acciones contra la población civil y la Fuerza Pública. Este comportamiento es una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH). La delegación del Gobierno que participa en las negociaciones de paz con el ELN habría condenado enérgicamente estos hechos, considerándolos inadmisibles y violatorios del cese al fuego acordado. Han solicitado al Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) mejorar su funcionamiento para proteger a la población civil y prevenir nuevos reclutamientos. En lo que va del año, las Fuerzas Militares han rescatado a 238 menores que habían sido reclutados por diferentes grupos armados en Colombia, subrayando la magnitud del problema y la necesidad urgente de medidas efectivas para proteger a los niños y jóvenes del país. Cabe destacar que en Colombia, el reclutamiento forzado de menores ha alcanzado una magnitud alarmante, mereciendo un capítulo especial en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este tribunal, creado para abordar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, dedica el caso 07 a investigar la captación y utilización de niños y niñas por parte de la desmovilizada guerrilla de las FARC, hoy conocida como el partido político Comunes. En un doloroso recordatorio de estas atrocidades, a inicios de mayo , la JEP entregó los restos de un adolescente de 16 años a su familia. El joven, desaparecido por 22 años, había sido reclutado por las FARC y murió en combate. Sus restos fueron hallados en un cementerio en La Unión Peneya, Caquetá, junto con otros 46 cuerpos, muchos de ellos menores también forzados a unirse a la guerrilla. La hermana del adolescente recordó entre lágrimas cómo su madre sufrió la ausencia del hijo, la imposibilidad de velarlo y darle un funeral adecuado. Este testimonio, recogido por la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), resuena con el dolor de miles de familias afectadas por este crimen. Según la Defensoría del Pueblo, 184 menores fueron víctimas de reclutamiento forzado en 2023, con un 68.4% pertenecientes a comunidades indígenas, particularmente vulnerables en zonas de conflicto. Este problema no se ha detenido a pesar de las conversaciones de paz lideradas por el presidente Gustavo Petro. Por su parte, La Policía Nacional ha registrado 101 casos en lo que va de 2024, destacando al Cauca como el departamento más afectado con 47 incidentes. Otros departamentos como Nariño, Caquetá, Villavicencio y Tolima también reportan casos preocupantes. Las estrategias de reclutamiento de los grupos armados se diversifican para explotar la vulnerabilidad de los menores. Ofrecen incentivos económicos, beneficios comunitarios, e incluso explotan redes sociales como TikTok, donde promueven su imagen bélica y atraen a los jóvenes. Además, utilizan vínculos familiares o de amistad y explotan a menores ya reclutados para captar nuevos integrantes. Las autoridades identifican modalidades alarmantes como la explotación sexual, la capitalización del arraigo comunitario, y el uso de redes sociales. La Policía Nacional ha detectado 63 cuentas de TikTok vinculadas a grupos armados, con 12 específicamente relacionadas con el reclutamiento de menores, acumulando cientos de miles de seguidores e interacciones. Sebastián Solano, coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), destacó que, a pesar de los diferentes ceses al fuego acordados entre el Gobierno Nacional y grupos armados como el ELN, así como los diálogos con el Estado Mayor Central, el reclutamiento forzado, especialmente de menores de edad y jóvenes, no se ha detenido. Al contrario, sigue aumentando. Solano señaló que, en el departamento del Cauca, esta situación se ha agudizado. Investigaciones realizadas por la Línea de Paz Territorial y la Línea de Jóvenes revelan que 32 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados en el mismo periodo. Ver: ( Encendemos las alertas por los jóvenes en el Cauca ). El coordinador de la Línea de Jóvenes de Pares resaltó la importancia de destacar que programas como “Jóvenes en Paz” y "No Más Jóvenes para Guerra" son compromisos del presidente Gustavo Petro dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, estos compromisos no han sido cumplidos a cabalidad y no responden a las condiciones de riesgo que enfrentan los menores de 14 años, quienes están expuestos a dinámicas de conflicto y violencia en sus territorios. Además, Sebastián solano hizo énfasis en que el uso de redes sociales y medios digitales ha incrementado el alcance y la vinculación forzada y voluntaria a los grupos armados. La Fundación Pares se ha sumado al llamado de diversas organizaciones, como el ICBF, la Defensoría del Pueblo y Save The Children, para que el Gobierno Nacional brinde garantías a jóvenes y menores como puntos no negociables en medio de los diálogos con estos grupos. El reclutamiento forzado de menores en Colombia sigue siendo una crisis humanitaria que exige atención urgente y medidas efectivas para proteger a los niños y niñas de las garras de los grupos armados. La JEP y otras instituciones continúan trabajando para hacer justicia, pero la solución definitiva requiere un compromiso integral y sostenido del Estado y la sociedad colombiana.