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Por: Redacción Pares Desde 1962, con la creación del INCORA, se ha venido manejando la posibilidad de hacer una reforma agraria en Colombia. El fracaso ha sido una constante. La frustrada Reforma ha dejado capítulos muy tristes en el país, como lo que sucedió en el Sarare en Arauca en donde miles de colombianos, a los que la violencia les quitó todo. Este gobierno tiene la oportunidad histórica de hacerla. Había el dinero y la disposición para comprar más de 3 millones de hectáreas. Sin embargo ni Cecilia López, ni Jennifer Mojica, las dos ministras de agricultura anteriores, no lo pudieron hacer. Esta responsabilidad ha caído en las manos de Martha Carvajalino. En la mañana del martes 2 de julio el presidente anunció a través de su cuenta de Twitter a Martha Viviana Carvajalino, quien hasta ese momento era la segunda en esa cartera, como la nueva ministra. El movimiento hace paso del remezón que viene realizando el presidente y en donde han caído ya Néstor Osuna, reemplazado por Angela María Buitrago, también salió William Camargo, ministro de Transporte al que llegó María Constanza García, también se fue el ministro del interior. Martha Carvajalino es abogada, especialista en derecho constitucional, y una maestría en derecho en el 2012, todo esto realizado en la Universidad Nacional. Su experiencia en temas agrarios se refleja en los 17 años que lleva metida en temas agrarios y ambientales como consultora. Trabajó siete años como procuradora judicial agraria en Bogotá. Hizo parte además como contratista en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Colombia (Fundescol). Pero la gran misión que tendrá la nueva ministra será darle vía libre, destrabar la Reforma Agraria. Por eso buscó a alguien que tenga sobre sus hombros el peso de los temas rurales y agrarios. En su cuenta de X Carvajalino escribió lo siguiente: “la expropiación agraria está consagrada, quizá antes, en la ley 74 de 1996. Se ha hecho de la ley un fantasma”. Ella ha hecho una de las grandes adalides en el país del derecho agrario. En El manual básico del derecho agrario de José Alfonso Valbuena, queda estipulado lo siguiente: “Las líneas aquí plasmadas parten del concepto general de derecho agrario como conjunto de instrumentos normativos, jurisprudenciales y doctrinales; instituciones y mecanismos que regulan el ejercicio de las actividades agrarias y complementarias, con miras a obtener en el sector agrario la producción más racional y el más alto grado posible de justicia social. En contexto histórico se articulan elementos básicos que tienen que ver con la función de la tierra, como parte de ésta la de ser modo y medio de vida de los grupos humanos; la tierra como factor principal de la producción agropecuaria; la regulación y reglamentación de la tenencia y propiedad de la tierra, y la tierra como base para el desarrollo de los pueblos”. Por eso para Carvajalino es imperativo lograr una reforma agraria en el país para lograr la paz en el país. En los más de sesenta años de conflicto ha quedado claro que la tierra ha sido el factor por el que la mayoría de grupos armados han peleado. El presidente Petro incluso ha sido más preciso al decir que “La riqueza no está en tener la tierra, la riqueza está en hacer producir la tierra”. El nombre de Carvajalino y su posición sobre la expropiación agraria han generado resquemor en algunos sectores de la oposición. Especialistas en el tema como Mónica Parada han salido ha defenderla “Decir que algo está en la ley no es una opinión, sino la constatación de un hecho que cualquiera puede verificar en Google.   La expropiación agraria está en la Constitución y la Ley. Si no les gusta, sometan el tema a una discusión pública” esto lo dijo a través de su cuenta de X. Su trayectoria en el derecho agrario, su conocimiento sobre el tema, fueron las razones por las que Gustavo Petro se jugó con su nombre para hacer realidad algo que parece inevitable: la reforma agraria se hará en Colombia en los próximos años.

Por: Redacción Pares En los últimos 19 meses han sido asesinados en Colombia cinco periodistas. En el país donde cayeron Guillermo Cano, director de El Espectador, Jorge Enrique Pulido, Jaime Garzón y una lista interminable de comunicadores, esta profesión sigue siendo un riesgo. Uno de los pocos bastiones que tienen los periodistas para defenderse del poder y de los extremos es la Fundación Para la Libertad de Prensa. La FLIP siempre ha estado cuestionando el poder sin importar los colores del que está mandando. El ex presidente Álvaro Uribe lo sabe. En el 2017 hicieron pública una amonestación contra el entonces senador quien hacía peligrosos señalamientos contra Julián Martínez, periodista de Noticias Uno quien hizo una exhaustiva investigación contra las Chuzadas que sucedieron en su gobierno y la directora de Noticias Uno Cecilia Orozco.  En ese momento la FLIP anunció  lo siguiente:  “La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los señalamientos hechos por el senador del Centro Democrático contra Julián Martínez, reportero del noticiero que dirige Cecilia Orozco. El lunes 15 de mayo el senador Álvaro Uribe Vélez estigmatizó a Martínez a través de su cuenta en Twitter: “A Noticias Uno, su periodista Pro Farc Julián Martínez y a su directora dra Orozco les repetiré la respuesta de 2013 a su repetido infundió,” (sic.) dijo Uribe”. Poco antes de que se acabara su mandato presidencial la FLIP también amonestó a Iván Duque. El 1 de agosto del 2022 en su página oficial lanzaron el siguiente comunicado: “El gobierno de Iván Duque mantuvo una estrategia de amigo-enemigo con la prensa. Con aquellos, considerados como críticos, primó la desconfianza y el hermetismo. Además, utilizó recursos humanos y económicos para priorizar la comunicación institucional e imponer su narrativa. Con ello contribuyó al ambiente de polarización y construyó una muralla que afectó el acceso a la información. Todo esto, mientras las cinco periodistas fueron asesinados por razones de su oficio y otras y otros 750 recibieron amenazas de muerte”. Por lo tanto resulta un despropósito que el presidente Gustavo Petro pueda afirmar que la Flip fue fundada por un “paramilitar” haciendo alusión a Francisco Santos quien, antes de ser vicepresidente de Uribe fue periodista de la casa editorial El Tiempo y defendió la libertad de expresión. Los ataques de Petro contra la prensa han sido una constante en su gobierno. Maria Jimena Duzán, quien incluso estuvo en la mesa de negociación con el ELN y que, mientras fue candidato presidencial, estuvo de su lado en sus columnas, ha sido calificada por el presidente como “Periodismo Mossad” todo por los cuestionamientos que ha hecho la periodista contra los privilegios que supuestamente tendría el hermano de Laura Sarabia y la propia directora del DAPRE en este gobierno. Petro dijo sobre Duzán, además que “miente y quiere destruirlo ante la opinión pública”. En su defensa Maria Jimena ha sido vehemente y afirmó que ella “no es ninguna periodista de bolsillo”. Incluso el presidente anunció una demanda en su contra lo que, para ella, es un delito, así lo afirmó en una entrevista que le hicieron en la mañana de este 2 de julio en el programa 6AM 9AM “Si una demanda como la que me anunciaron próspera se volverá delito, oigan bien, preguntarle a los funcionarios públicos. Si la demanda pasa lo que significará en Colombia la libertad de expresión es que los funcionarios que protege cualquier presidente serán intocables y eso, pues obviamente va en contra de la libertad de expresión”. Petro aseveró lo siguiente en su cuenta en la red social X: “El periodismo debe buscar siempre la verdad, por difícil que sea. Hoy, contrario a la verdad, se usa la mentira de manera generalizada, se ocultan fechas en titulares para endilgarle corrupción a este Gobierno cuando es de otros, o, peor, para hacer propaganda política en favor de la extrema derecha. Los grupos neonazis parecieran dominar el relato mediático”. La sentencia en X alentó aún más a sus seguidores a amenazar e insultar a periodistas que han permanecido en una línea crítica como María Jimena Duzán. Debido a esa injerencia de Petro, atentando contra la libertad de prensa, la FLIP lo reconvino. Señala que en su gobierno ha ignorado la violencia contra los periodistas y además él mismo ha asumido una posición errónea contra los comunicadores. Para Jonathan Bock, director de la FLIP, los ataques de Petro a los periodistas “son sistemáticos”.  Laura Bonilla, subdirectora de la fundación Paz y Reconciliación recordó que la misión de la FLIP “no es hacer control a la prensa, ni a su calidad, sino defender la libertad de prensa”. Y además señaló que se comete un error al confundir el periodismo con el medio “Es cierto que Colombia ha tenido medios muy complacientes con el poder, pero al mismo tiempo periodistas valientes, íntegros y éticos”. Colombia es uno de los países en el mundo en donde es más riesgoso ejercer el periodismo, por eso, cualquier señalamiento contra ellos de parte del poder es sumamente peligroso.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un esfuerzo renovado por alcanzar la paz en Colombia, en este ciclo de negociaciones entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno de Gustavo Petro concluyó con importantes compromisos por parte de las disidencias de las FARC. El encuentro, que se llevó a cabo durante cinco días en Caracas, Venezuela, marcó un hito significativo en el proceso de desescalamiento del conflicto armado que ha aquejado al país durante décadas. El ambiente durante las negociaciones fue descrito como propositivo y constructivo, con ambas partes mostrando un permanente ánimo de llegar a acuerdos que favorezcan la paz en Colombia. En un comunicado conjunto, se destacó la disposición de las delegaciones para avanzar en un camino que beneficie a la población civil y reduzca los impactos de la confrontación armada. Este primer ciclo se centró en establecer las bases para el funcionamiento de la mesa de negociación, el tratamiento de controversias y la definición de los próximos pasos. La Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez, asumió varios compromisos importantes que reflejan su disposición a contribuir a la paz. Entre los acuerdos más destacados se encuentra la promesa de no portar armas ni vestimenta militar en zonas urbanas ni en vías terrestres y fluviales. Este compromiso es un paso crucial para reducir la tensión y la violencia en las áreas urbanas, donde la presencia de grupos armados ha sido una fuente constante de inseguridad y temor para la población civil. Además, se comprometieron a liberar a todas las personas secuestradas, un acto que podría significar un alivio significativo para muchas familias afectadas por la violencia y la incertidumbre de tener a un ser querido en cautiverio. Otro punto crucial del acuerdo fue el cese unilateral del fuego por parte de la Segunda Marquetalia. Aunque este cese no limita las competencias constitucionales y legales de la Fuerza Pública, abre la puerta a la posibilidad de un cese al fuego bilateral, decisión que quedó en manos del presidente Gustavo Petro. La declaración conjunta publicada tras el cierre del ciclo de negociaciones dejó claro que la implementación integral del desescalamiento del conflicto comenzará con la entrada en vigencia de un Decreto Presidencial que suspenderá las operaciones militares ofensivas en las zonas acordadas. En estas áreas, la Fuerza Pública proporcionará las condiciones de seguridad necesarias para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y proteger a la población civil.   El modelo de negociación adoptado se basa en el principio de "acuerdo pactado, acuerdo cumplido", abarcando las fases de diseño, puesta en marcha, implementación y verificación. Este enfoque busca garantizar que los compromisos asumidos se lleven a cabo de manera efectiva, consolidando así un proceso de paz sostenible. La confianza en este modelo es fundamental para asegurar que las partes involucradas mantengan su compromiso y trabajen juntas hacia un objetivo común de paz y estabilidad. El siguiente ciclo de negociaciones está programado para las primeras semanas de agosto, con Cuba como posible sede de los encuentros. Antes de esta nueva ronda, el Gobierno y las disidencias realizarán una reunión con las comunidades para diseñar el acuerdo de desescalamiento del conflicto, asegurando la participación activa de la población en el proceso. Esta participación comunitaria es esencial para asegurar que los acuerdos reflejen las necesidades y expectativas de quienes han sido más directamente afectados por el conflicto armado. La Segunda Marquetalia surgió en 2019, cuando un grupo de desertores del Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo a Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, decidieron retomar las armas. Este grupo tiene una presencia significativa en el sur y occidente de Colombia, así como en los departamentos fronterizos con Venezuela. La reemergencia de este grupo armado representó un desafío significativo para el Gobierno y la sociedad colombiana, ya que amenazaba con deshacer los avances logrados en el proceso de paz iniciado en 2016. Informes de inteligencia revelan que la Segunda Marquetalia cuenta con aproximadamente 1.751 integrantes, de los cuales 1.162 están armados y 589 forman redes de apoyo. La estructura de mando está encabezada por Iván Márquez, seguido de líderes como José Vicente Lesmes (Walter Mendoza) y José Aldinever Sierra (Zarco Aldinever). Además, se identificó que el grupo tiene campamentos en Venezuela y mantiene una operación financiera basada en el tráfico de cocaína, generando conflictos con otras disidencias como el Estado Mayor Central, liderado por Iván Mordisco. La financiación de la Segunda Marquetalia a través del tráfico de cocaína y su presencia en regiones estratégicas complican el panorama, requiriendo un enfoque integral que incluya el fortalecimiento de la presencia del Estado y el apoyo a las comunidades afectadas. Esta complejidad resalta la necesidad de un enfoque multifacético para abordar las raíces del conflicto y asegurar una paz duradera. Las actividades de tráfico de drogas de la Segunda Marquetalia no solo financian sus operaciones, sino que también alimentan la violencia y la inseguridad en las regiones donde operan, exacerbando los desafíos para el gobierno y las comunidades locales.   El proceso de paz enfrenta varios desafíos, entre ellos, la necesidad de cumplir con los compromisos asumidos y de garantizar la seguridad en las zonas de implementación de las medidas de desescalamiento. La participación activa y continua de la comunidad internacional será crucial para apoyar estos esfuerzos, proporcionando los recursos y la supervisión necesarios para asegurar que los acuerdos se implementen de manera efectiva y que se mantenga la presión sobre todas las partes para cumplir sus promesas. Sin embargo, las perspectivas son alentadoras. Otty Patiño, uno de los negociadores, destacó la innovación del enfoque de desescalamiento del conflicto, considerándolo más prometedor que los ceses del fuego bilaterales tradicionales. Según Patiño, este nuevo enfoque tiene el potencial de ser más productivo y alentador, ya que se centra en reducir gradualmente la violencia y crear un ambiente propicio para la paz. Al permitir que las comunidades locales vean mejoras tangibles en su seguridad y calidad de vida, este enfoque podría generar un mayor apoyo popular para el proceso de paz. Asimismo, líderes de paz como Rubén Zamora han expresado su optimismo sobre los avances logrados, viendo en ellos una oportunidad para establecer la paz en los territorios y devolver el respeto y la seguridad a la sociedad civil. Zamora señaló que el primer ciclo de conversaciones ha mostrado avances considerables y que hay razones para creer que se pueden lograr acuerdos importantes en los próximos ciclos. Además, enfatizó la importancia de la presencia del Estado en los territorios afectados por el conflicto, subrayando que es fundamental para devolver la confianza a la población y reparar la deuda histórica por el abandono que han sufrido muchas comunidades. El primer ciclo de negociaciones entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno de Gustavo Petro marca un avance significativo en el complejo camino hacia la paz en Colombia. Los compromisos asumidos por las disidencias de las FARC, junto con la voluntad del Gobierno de implementar y verificar estos acuerdos, ofrecen una luz de esperanza para las comunidades afectadas por el conflicto armado. La próxima ronda de negociaciones será crucial para consolidar estos avances y seguir construyendo un futuro de paz y estabilidad para el país. Este primer ciclo de negociaciones entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno de Gustavo Petro representa un paso significativo hacia la paz en Colombia. Los compromisos asumidos, el modelo de negociación adoptado y la participación activa de las comunidades locales son elementos clave que podrían conducir a un desescalamiento efectivo del conflicto y la construcción de una paz duradera. Aunque los desafíos son considerables, las perspectivas son alentadoras y hay razones para ser optimistas sobre el futuro de Colombia.

Por: Redacción Pares El 2 de julio de 1994, lo que iba a ser una fiesta se convirtió en el capítulo más tiste de la historia del fútbol nacional. Andrés Escobar fue asesinado por el chofer de los hermanos Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao. Cada disparo que le pegaban al defensa le gritaban ¡Gol! A pesar de su profesionalismo, de su calidad como futbolista, los mafiosos le cobraron el autogol contra los Estados Unidos. Francisco Maturana, quien entonces era técnico de la selección Colombia, le recomendó a sus jugadores no ir inmediatamente a Colombia después de la temprana eliminación del mundial. Especialistas como Pelé habían dado como favorito a la selección para ganar la competencia, debido a la espectacular clasificación que incluyó el famoso cinco cero contra Argentina. Escobar fue a una discoteca esa noche del 2 de julio y allí empezó a recibir las ofensas de los Gallón. El chofer de los Gallón Henao se llamaba Humberto Muñón. Él asumió toda la responsabilidad y fue condenado a cuarenta tres años de cárcel. Sin embargo sólo cumplió la pena hasta el 2005. Los hermanos Gallón apenas pagaron 15 meses de prisión. El fiscal que estuvo a cargo del caso Jesús Albeiro Yepes, en un artículo publicado en El Espectador en el 2014, afirmó que había sido un despropósito que los Gallón Henao no hubieran pagado lo que debían pagar por este asesinato: “En la indagatoria le pregunté (a Muñoz) si sus patronos le habían dado la orden de disparar, y él contesto expresamente: ‘Todavía no me habían dado la orden’ (…) Nuestra teoría era que los Gallón implícitamente le habían dado una orden a Muñoz, porque ellos lo que evidenciaron con el crimen de Andrés Escobar fue una estructura de poder y, obviamente, no se trataba de un poder pacífico, sino criminal. Lo que se decía en nuestra providencia era que cuando un hombre con ese poder dice delante del conductor de manera repetida y desafiante ‘usted, hijueputa, no sabe con quién se está metiendo’, es porque él mismo considera que representa un poder intimidante, un poder incluso capaz de la eliminación física. Y lo que hizo Muñoz respondía a una estructura de poder que esperaba de él decisiones, acciones”. La relación de los Gallón Henao con Álvaro Uribe es la siguiente. En 1996, dos años después del asesinato de Andrés Escobar, le compraron a la familia Uribe una parte de las Guacharacas, la hacienda que arrastra una oscura leyenda. Allí asesinaron a Alberto Uribe Sierra, el papá del expresidente, en hechos confusos que fueron atribuidos a las FARC aunque tiempo después miembros de esta ex guerrilla lo negaron. En las Guacharacas también habría arrancado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Santiago y Álvaro Uribe Vélez han sido investigados por estos hechos. En el 2009 Juan Santiago Gallón se entregó a las autoridades aceptando su responsabilidad de financiación de grupos paramilitares. Su otro hermano José Guillermo Gallón cayó una redada con otros 22 mafiosos. En el 2019 los hermanos Gallón fueron liberados. Al final jamás se hizo justicia con el crimen de Andrés Escobar.

Por: Redacción Pares En terreno la gente cree que detrás de los asesinatos de los líderes indígenas están las disidencias de las FARC. Al menos sobre uno de ellos hay algo más de certeza. La Dagoberto Ramos está detrás del secuestro de Florentino Mesa Noscué. La víctima había sido interceptada por integrantes de ese grupo en una carretera del municipio de Miranda. A Florentino no le respetaron nada, ni siquiera que viajara con su mujer y sus dos hijos. Los de la Dagoberto Ramos, quienes reciben órdenes de Iván Mordisco, lo sacaron del auto y lo llevaron para la parte alta del resguardo asegurando que lo iban a matar. Desde el momento de su secuestro los miembros de la comunidad realizaron una búsqueda que terminó con el hallazgo de su cuerpo el pasado martes. Presentaba múltiples impactos de bala. Además de su liderazgo Florentino era hermano de una de las autoridades más importantes, Rogelia Mesa Noscué, la autoridad ancestral Sa’th We’sx del resguardo La Cilia-La Calera. En lo que va corrido del año, al menos hasta mayo, según cifras de la fundación Paz y Reconciliación, han sido asesinados en el país 72 líderes sociales. El 26 de junio se registró otro hecho de violencia. El que cayó fue el médico ancestral llamado Luis Eduardo Vivas, sabedor espiritual quien fue encontrado sin vida en el territorio indígena de Mosoco. El médico se movía y era una figura reconocida en Páez Cauca. En una declaración dada a Caracol Radio el Consejero Mayor del CRIC Rodrigo Perdomo afirmó que “fue una persona que ejerció como autoridad, hecho que realmente rechazamos de manera contundente. Lamentamos profundamente esta pérdida y extendemos nuestra voz de aliento a la familia y a la comunidad”. Esa misma semana en el sector de San Francisco, en Toribío, fue secuestrado Eyber Danilo Poto. La búsqueda del hombre duró apenas unas horas. El viernes 28 de julio fue encontrado asesinado en Caloto. El fin de semana también fue asesinado un firmante de paz en el Cauca. Desde hace décadas el Cauca es uno de los departamentos en donde con más rigor se ha sentido el paso de la guerra. Sin embargo en los últimos dos meses esta situación se ha intensificado en ese departamento. Ataques a estaciones de policía situadas en las cabeceras de varios municipios han sido una constante. Hace dos semanas el papá de la actual vicepresidente de la república, Francia Márquez, recibió disparos en el auto en donde iba. Municipios como Suarez, Toribío, y el Plateado deben vivir con la zozobra constante que trae la violencia.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia A partir del 8 de agosto comenzará en Colombia a implementarse el Decreto 763 del 18 de junio de 2024. Con esta norma el Gobierno nacional busca acabar el mecanismo diferencial de estabilización de precios para el Aceite Combustible para Motores (ACPM). Comenzando por los grandes consumidores, quienes, a partir de este mes, empezarán a comprar el combustible diésel de acuerdo con la variación del precio del mercado internacional.   Esta valiente decisión la tomó Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda y Crédito Público, como una de las acciones para controlar el acelerado déficit estatal. Luego del desplome en el recaudo fiscal, que ha provocado un recorte de $20 billones de pesos del presupuesto nacional, con lo que hoy se tiene menos recursos para varios ministerios —aproximadamente 5.6% de menos recursos para este año—. Y después de que el Congreso de la República le autorizara la ampliación del cupo de endeudamiento de USD 17.000 millones.   Recordemos que desde el año 2020, el gobierno de Iván Duque tomó la decisión de congelar el precio de los combustibles, tanto de la gasolina corriente para motor como del ACPM. Este último ha permanecido en $9.315 pesos el galón. Lo que significó para el Estado asumir el diferencial entre el precio interno y el externo por más de cuatro años y medio. Deuda que tiene con el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc), que estaba en 37 billones en 2022 y logró bajarse en 2023 a $15,2 billones debido a la reducción del subsidio a la gasolina.   De allí que el gobierno Petro haya tenido que tomar la decisión de acabar con el subsidio a los combustibles, a pesar de los costos políticos que tiene para su gobierno. La estrategia ha sido, primero, aumentar mensualmente el precio de la gasolina corriente, pasando de $9.200 pesos en octubre de 2022 hasta igualarla hoy al precio  internacional a $14.300. Y luego pasar a esta segunda medida de acabar con el subsidio al combustible del ACPM.   Con el Decreto 763, el Gobierno comenzará con los grandes empresarios —aproximadamente 150 grandes empresas, que consumen mensualmente más de 20 mil galones y que representan el 5% del consumo total de ACPM—. La idea es que estas, en lugar de pagar $9.315 que cuesta en promedio el galón de diésel hoy, paguen a partir de agosto —el Decreto estableció 45 días de colchón para su aplicación— el precio internacional, que es aproximadamente $4.500 más alto.   Y aunque está cifra aparenta ser muy pequeña, en términos porcentuales, representará para el Estado un ahorro de $50 mil millones mensuales o, si se quiere, 600 mil millones al año. Un subsidio que estaba generando un gran déficit en la deuda pública y que a partir de ahora dejará de crecer tan rápidamente. Una demanda diaria de ACPM que está alrededor de los 145.000 barriles por día para el país —un poco más de 6 millones de galones por día—, que multiplicados por 4.500 pesos que se subsidian suma 27 mil millones de pesos diarios que se privatizan, al ser este dinero usufructuados por empresarios y particulares.   Como era de esperarse, tan pronto salió el decreto la reacción en su contra fue inmediata. Los gremios que las agrupan a las empresas petroleras, mineras, cementeras y el sector agroindustrial, comenzaron a lanzar comunicados en contra de esta medida —desde el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, la Cámara Colombo Americana hasta los gremios, como la Alianza de Gremios y Asociaciones Empresariales de Colombia (Aliadas) y la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), entre otros—.    Todos ellos buscan que el Gobierno se llene de motivos para echar atrás la medida y continúe subsidiando diariamente la astronómica cifra que representa el subsidio. Asocaña, por ejemplo, advirtió que al quitarle el subsidio al combustible pone en riesgo las cosechas este año y perjudica gravemente la competitividad de la empresa. Según su comunicado, son  más de 240 mil hectáreas de caña que se verán afectadas, debido a que sus tractores cosechadores usarán un combustible más caro, y se ven a gatas para comprar los más de 10 millones de galones de ACPM necesario para transportar las cosechas en sus trenes cañeros—cifra consumida en 2023—.   Otros argumentos son el efecto que podrá tener la medida en el nivel de inflación. Como saben, uno de los objetivos del Banco de la República es controlar el aumento de los precios y, además, que los combustibles son uno de los insumos más importante para el nivel de precios de todo el sistema. De allí que advierten los críticos que se podría afectar está variable debido a la división transporte, acelerando el crecimiento inflacionario y retardar la reducción en las tasas de interés. Afectando, finalmente, a los consumidores y a la economía en general.   Pero esto es solo un pataleo de un actor gran consumidor. Es tiempo ya de que los grandes empresarios actualicen sus costos. La idea es que estos tengan claro los gastos en combustible. El estar atado el precio interno del combustible al internacional hará que las empresas puedan planificar mejor sus inversiones y tomar mejor las decisiones para asumir la competencia.   Incluso, hay que pensar en extender la media con rapidez a los medianos pequeños consumidores. El Decreto 763 sólo suprime el subsidio a los grandes consumidores —a aquellos empresarios que compran directamente a los distribuidores mayoristas— y sacó del aumento a las estaciones de servicio o bombas que distribuyen el combustible de forma minoritaria. Pero el Gobierno debe continuar con firmeza implementando el programa de ponerle fin al subsidio de los combustibles fósiles.   Deberá este año, como lo hizo con la gasolina, quitarle el subsidio a las empresas transportadoras de carga, aumentando el precio en las estaciones de combustible. Y luego extender la medida a toda la economía. Es cierto que quitar el subsidio tendrá impactos en la economía, en especial, en la inflación, sobre todo en sectores como el Sistemas de Transporte Terrestre Masivos de Pasajeros o en las empresas generadoras de energía situadas en Zonas No Interconectadas (ZNI). También podrían haber bloqueos en las vías, problemas de seguridad y bajos volúmenes de carga transportados. Pero es necesario para que pare este desangre fiscal y la pesada carga que dejó el gobierno anterior.   Quitar el subsidio a los combustibles fósiles es una medida que se justifica. Pues, además de ayudar con el saneamiento de las finanzas públicas, servirá para reducir la privatización de los recursos de la nación. Serán 27 mil millones de pesos que dejarán de privatizarse diariamente, al ser este dinero usufructuados por empresarios y particulares. Dejará de salir del bolsillo del Estado una gigantesca cifra que se privatiza en unas cuantas empresas dedicadas a la minería, la producción de petróleo o refinadoras de azúcar.   Además, se convierte en un valioso instrumento para impulsar la transición energética. El subsidio al consumo de combustibles fósiles, como el ACPM, contiene un mensaje inverso al que quiere dejar sembrado el Gobierno en la cabeza de los consumidores. Se lee como un incentivo al uso de un bien que causa daños ambientales. El quitar el subsidio conlleva entregar el mensaje de sustituir esas tecnologías por otras con energía limpia y que sirven para apoyar la descarbonización del planeta.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares El nombre de Angela María Buitrago ha estado en el sonajero del gobierno colombiano desde hace más de un año. Ella conformó la terna que presentó el presidente Petro para reemplazar en el 2023 al fiscal Francisco Barbosa. Su nombre quedó en el camino pero no fue olvidada. El pasado lunes 1 de julio se anunció su nombre como el reemplazo de Néstor Osuna quien hasta ese día fue el ministro de Justicia. Además de todos sus pergaminos Buitrago hizo parte del Grupo Interdisciplinarios de expertos independientes que investigó durante ocho años la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La última resolución que determinó este grupo fue continuar con la investigación: “El caso no se cierra porque no siga el GIEI en la actualidad. El Estado y sus instituciones tiene la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos”. La valentía que tuvo este grupo, en donde además de Buitrago se contó con Carlos Martin Beristain, consistió en contradecir la verdad histórica que intentó imponer el gobierno de Peña Nieto. Pero, ¿En qué consistió el caso de Ayotzinapa?. En noviembre del 2012, cuando recién se instalaba en la presidencia, Enrique Peña Nieto consideraba que una de las principales amenazas que tenía México no era el Chapo Guzmán, ni el Cartel de Sinaloa sino los normalistas de Ayotzinapa. La escuela se llama Raúl Isidro Burgos y se creó en 1926 junto con otras 35 normales rurales que tenían como función principal formar profesores. Eran, más que escuelas, gobiernos estudiantiles, autónomos, con sus propias reglas. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1990) se introdujo en las normales rurales el marxismo-leninismo. Después de la represión vivida en lo que se conoció como la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en donde el ejército asesinó en la Plaza de las tres culturas a un número indeterminado de estudiantes que puede ir entre los 300 y los 500, estas escuelas se redujeron a la mitad. Ayotzinapa es la más activa de todas. En el estado de Guerrero un joven tiene tres opciones en la vida, o se mete a militar, se introduce en un grupo armado o se va para los Estados Unidos. También existe una cuarta posibilidad: ingresar a la escuela de Ayotzinapa e intentar ser maestro. No es fácil. Bueno, para un joven en guerrero nada es fácil. La semana de inducción es una prueba de resistencia. Pocos terminan la iniciación. Deben trabajar la tierra, raparse y entender que se les brindará educación de calidad a cambio de un servicio a la comunidad. Una de las materias que ven los muchachos es la política. Escuchar a estos campesinos es entender un modelo educativo único en Latinoamérica. Los muchachos entienden de los problemas del mundo y de su país. Son orgullosos de sus orígenes, del legado de sus mentores. En sus paredes hay murales de Lenin, Marx y el antiguo comandante Marcos, hoy conocido como Galeano. En las semanas previas al 2 de octubre los estudiantes de Ayotzinapa, para conmemorar la masacre de Tlatelolco tienen varios rituales, uno es el de expropiar por unas horas buses de transporte público para viajar las tres horas que hay hasta Ciudad de México y participar en las marchas que siempre son multitudinarias. Hasta el 2012 habían hecho esta actividad sin mayores sobresaltos. En ciudades como Iguala los conductores dejaban que los estudiantes hicieran la retención, sabían que una hora después los dejarían libres, con una nota y una sonrisa. Al fin y al cabo eran muchachos que, si tenían capucha, no eran por terroristas, sino porque si mostraban el rostro el Estado se los podía quitar. Pero de un momento a otro la represión se hizo una forma de gobernar. Desde que en el 2006 el gobierno mexicano decidió implementar “La guerra contra las drogas” las masacres se dispararon y los estudiantes pagaron su insolencia. En diciembre del 2011 los normalistas de Ayotzinapa bloquearon en protesta la autopista México-Acapulco. Llegaron 61 policías federales, 73 de la Seguridad Pública estatal y 34 ministeriales: 168 efectivos armados contra 300 estudiantes sin un arma. El resultado de la confrontación fue el asesinato de dos estudiantes de la Ayotzi y una docena torturados. Aunque la justicia encarceló por unas horas a nueve policías, unas horas después los dejaron libres. Un año después uno de los jefes de los carteles de la droga de Guerrero les advirtió a los normalistas “Los vamos a quemar vivos”. Así que, en el fondo lo que pasó la noche del 26 de septiembre del 2014 ya estaba anunciado. Nadie hizo nada. Los normalistas no importaban o bueno, si importaban: eran una amenaza para el ejército, que los odiaba y para el propio presidente. Lo que sucedió ya todo el mundo lo sabe, sesenta normalistas tomaron cinco autobuses de la terminal de Iguala. Cuatro de ellos fueron detenidos a balazo limpio. La policía estatal, como si se tratara de un grupo armado, los abaleó. Los estudiantes grabaron la escena, les decían “No disparen, no llevamos armas” pero era como si los uniformados no escucharan. En esa escena murieron tres estudiantes, dos resultaron heridos -uno de ellos es Aldo Gutiérrez quien lleva diez años conectado a un respirador, en coma profundo- y se llevaron a 43. Los buses pertenecían a las siguientes empresas: dos de Costa Line, dos de Estrella Roja (En donde se llevaron a los 43 desaparecidos) y un bus Estrella Roja. Los muchachos que sobrevivieron tuvieron que subirse a un tejado en una casa y esperar a que amaneciera. Mientras tanto la policía estatal los buscaba para asesinarlos. Cuando amaneció empezó una pesadilla que no ha terminado. Las líneas de investigación tomadas por el gobierno nunca llegaron a ninguna parte. Ni siquiera se pusieron de acuerdo en que fueron cinco y no cuatro los autobuses usados por los muchachos y que fueron atacados por la policía. Tuvo que venir una comisión de la CIDH, integrada entre otras por Ángela María Buitrago, quien estuvo en la terna de fiscales que presentó Petro para reemplazar a Francisco Barbosa, para constatar que el gobierno estaba haciendo todo mal. El Procurador Murillo Karam entregó una versión a la prensa dos meses después en donde cerraba el caso: se trataba de la retaliación de un ataque del grupo criminal Guerreros Unidos, que sólo funcionaba en esa ciudad, contra los muchachos a los que asesinaron y luego incineraron en un basurero local. Incluso se detuvieron a tres personas que confesaron bajo tortura, como después se comprobó. No era un crimen de Estado, era la orden del alcalde de Iguala, un señor de apellido Abarca, que tenía contacto con carteles locales. La CIDH y forenses venidos de Argentina, tumbaron esta teoría. Incluso probaron que usaron restos humanos de una de las múltiples fosas comunes que rodean Iguala para hacerlos pasar por los restos de los estudiantes desaparecidos. La DEA además comprobó que desde la terminal de Iguala se enviaban grandes cantidades de heroína hasta Chicago usando buses de transporte público. El tráfico subía a los 120 millones de dólares al año. El gobierno de Peña Nieto encubría no sólo a este cartel sino al ejército. La CIDH juntó pruebas y mostró la ineptitud en la investigación. Ni siquiera pidieron ver las cámaras de seguridad dentro de la terminal de Iguala. Además intentaron tapar el papel que cumplió el ejército en esa noche del 26 de septiembre del 2014, patrullando calles, controlando la escena, no interviniendo. La calle Juan N Álvarez, donde ocurrió la primera balacera, estaba a unos pocos metros de uno de los dos batallones que estaban apostados en Iguala. Estaba claro que el ejército se había cruzado de brazos. En el 2018 Andrés Manuel López Obrador se hizo elegir prometiendo esclarecer la verdad. Estableció una Comisión de la Verdad y todo apuntaba a señalar a oficiales del ejército como uno de los culpables de la desaparición. Estaban a punto de destapar una olla podrida cuando AMLO dio un bandazo y protegió a los militares. Aún así dos generales fueron detenidos en una investigación que se hace eterna. Mientras tanto los familiares de los 43 desaparecidos se deshacen en la desesperación y empiezan a perder la fe. Es posible que los estudiantes, históricamente odiados por los militares, se hayan convertido en ceniza, incinerados en algún horno crematorio. La verdad no la trajo AMLO. La verdad está cada vez más lejos. Mientras tanto los sobrevivientes y los nuevos estudiantes de Ayotzinapa se mantienen firmes, más rebeldes que nunca y sabiendo que afuera de sus muros hay un mundo hostil, que quiere que los campesinos de México sean sumisos, obedientes, que no tengan voz. El sacrificio de los 43 estudiantes desaparecidos debe valer la pena para que la llama de las escuelas normales rurales de México sigan vivas, como están desde hace 90 años.

Por: Redacción Pares En la cárcel donde cumple su condena, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, acaba de hacer llegar al gobierno una carta de dos páginas en donde da su apoyo absoluto a “la paz incluyente” a la que le está apostando este gobierno. Don Berna aplaudió la iniciativa del presidente Petro de llevar a la mesa de negociación a antiguos y encarnizados enemigos suyos como el ELN, las disidencias de las FARC y la Segunda Marquetalia. El Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, invitó a antiguos comandantes paramilitares a que fueran gestores de paz. Berna alzó la mano y afirmó “cuenten conmigo”. Sin embargo, su compromiso con la verdad no ha sido el esperado. En el 2022 la Fiscalía y los representantes de sus víctimas buscaron su exclusión de Justicia y Paz debido precisamente a su poco compromiso con la verdad. Bernal es testigo de buena parte de la violencia que desarrolló en el país desde 1989 hasta la fecha. Perteneció a la estructura criminal del Cartel de Medellín al ser el chofer de Kiko Galeano, uno de los hombres que llenaban de plata las arcas de la organización manejada por Pablo Escobar. Cuando el capo decidió asesinar a su jefe en la cárcel de la Catedral, Don Berna se convirtió en uno de sus más encarnizados enemigos conformando el grupo los PEPES, Perseguidos por Pablo Escobar, quienes torturaron, desaparecieron y asesinaron con el aval del gobierno nacional. Después conformaría a las AUC y lideró los bloques Cacique Nutibara, quienes participaron activamente en la terrible operación Orion. Paralelo a esto consolidó La Oficina de Envigado, quien aún está en actividad y La Terraza, la banda a la que se le señala de ser la que ordenó el asesinato de Jaime Garzón. Don Berna fue extraditado a los Estados Unidos en el 2008 y allí fue condenado por cargos relacionados con el narcotráfico a 31 años de prisión. Pero hay crímenes más graves contra la población cuyas víctimas están esperando la verdad. La primera versión libre que dio Don Berna fue el 16 de julio del 2007 dio su primera versión libre en el año 2007. Don Berna desde ese momento no ha dicho verdades significativas sobre la colaboración de la escuela de carabineros Carlos Holguín con los PEPES en sus actos terroristas. Tampoco ha abierto la boca sobre la cooperación de altos mandos de la policía con los hermanos Castaño. Otra de las verdades sobre las que puede dar luz Diego Murillo es sobre lo que sucedió con La Terraza luego de la muerte de Pablo Escobar. En 1994 Carlos Castaño los citó en Medellín para que se unieran a las AUC. Ellos aceptaron y se convirtieron en una banda de sicarios más temible aún porque ya estaban bautizados por los paras. En una versión libre en el 2012 Don Berna salpicó a José Miguel Narvaez, jefe de inteligencia del DAS, en el asesinato de Jaime Garzón: “Él (Narváez) era una persona muy cercana a las Autodefensas. Él llegó con información de que Jaime Garzón no sólo era facilitador de secuestros sino que también era parte de la estructura de las Farc”. En esas declaraciones también salieron manchados el ex coronel del ejército Jorge Eliecer Plazas quien le proporcionaba información a Carlos Castaño y quien estaría detrás del asesinato en su apartamento en Chapinero de los investigadores del CINEP Elsa Alvarado y Mario Calderón. También salpicó a Pedro Juan Moreno, quien fuera la mano derecha de Álvaro Uribe Vélez mientras este fue gobernador de Antioquia. Él habría ordenado el asesinato de Jesús María Valle, el defensor de derechos humanos que le advirtió al entonces gobernador que ocurrirían masacres en las poblaciones del Aro y la Granja. El problema de estas declaraciones de Don Berna es que no ha aportado pruebas importantes. No ha pasado de la anécdota. Por eso sus declaraciones no han servido para compulsar copias o para seguir una investigación. Esta falta de rigor, de compromiso con la verdad, debe cambiar de manera urgente ahora que ha pedido pista para participar en Paz total de Petro. Si lo desea debe ser más riguroso. Con las versiones que tiene más de un poderoso en Antioquia debería estar temblando.

Por: Iván Gallo Fue a una de sus amigos más cercanas, Leonor Muñoz, a quien Camilo Torres le regaló su sotana. Eran las cinco de la mañana y terminaba 1965. La decisión del sacerdote de dejar los hábitos e irse a luchar al monte estaba tomada. El hombre la sacó de su carro y se la entregó. Era más que una simple sotana, era la ropa de trabajo de una persona convencida de que se podía cambiar el país. Muñoz había conocido a Torres cuando este era el capellán de la facultad de sociología de la Universidad Nacional, cargo en el que duró entre 1959 -recién llegado de haber estudiado en Lovaina, Bélgica- y 1962. Ella era profesora de microbología y cuando podía iba a la misa. Así se conocieron. Se volvieron tan amigos que Torres la visitaba en la casa pero al papá de Leonor no le gustaba que a su casa “entraran hombres con faldas”, así que se la quitaba cada vez que iba. No le importaba, se volvieron muy amigos. Desde la facultad de sociología Camilo repetía una frase con la que promulgaba el cambio en un país que ya estaba martirizado por la guerra: el amor eficaz. Era seguir a rajatabla lo que dice el evangelio: dale de comer al hambriento, de beber al sediento. Pero su labor pedagógica, de compromiso de defensa con el estudiantado no cayó bien entre sus superiores de la iglesia así que lo echaron. Fue Leonor Muñoz quien lo vio subiendo por la calle 34 con la cabeza baja. Venía llorando. Ella conducía su carro, le pitó y él entró en su auto. Ahí le contó: no podía seguir como sacerdote por orden de sus superiores. Lo pusieron a escoger “O la sotana o la revolución”. Así que dejó su sotana. A Leonor nunca le contó que se iba para la guerrilla. Cuando ella se enteró, como muchos de sus amigos, fue en la prensa. Y de la noche a la mañana se había convertido en la Universidad Nacional. Sin embargo no fue la sotana que le dio a su amiga Leonor Muñoz la que Petro encontró hace unos días. En su cuenta de X explicó que, según estudios de Medicina Legal, comprobó que tiene en su poder la sotana de quien fue considerado en su momento el sacerdote más famoso del mundo: “Informo al pueblo Colombiano y latinoamericano, a la Iglesia Católica, y a todas y todos los luchadores sociales del mundo, que hemos confirmado científicamente en medicina legal, que la sotana guardada por un obrero desde la década de los sesenta, antes que el sacerdote Camilo Torres Restrepo partiera a la insurgencia del ELN y a su muerte, y entregada a mi, en semanas pasadas por el cuidador, es efectivamente la sotana del padre Camilo Torres Restrepo. Que su memoria viva en el recuerdo del pueblo de Colombia”. Días antes el presidente había generado una controversia por anunciar su intención de nombrar patrimonio cultural nacional el sombrero de Pizarro, comandante máximo del M-19. Con la sotana de Camilo el incendio se intensificó aún más. Camilo Torres nació en una familia acomodada de Bogotá. Hijo de Isabel Restrepo, quien heredó una fortuna de su padre, Juan de la Cruz Gaviria, empresario paisa quien financió varias campañas militares liberales contra los conservadores durante la guerra de los mil días y del médico Calixto Torres, podría haber elegido cualquier destino de poder pero su vocación por ayudar a los demás lo llevó a ser sacerdote. Dejó súbitamente una vida de universitario rumbero, que tenía ciertas inquietudes sociales, para irse a Chiquinquirá a meterse en el convento de los dominicos. En plena estación de la sabana, su madre, Isabel, alcanzó a detenerlo, se lo llevó a rastras a su casa. Era impensado que en esa casa, en donde primaba la libertad de pensamiento, uno de sus hijos quisiera ponerse una sotana. Isabel había sufrido mucho por las costumbres anquilosadas de la sociedad bogotana. Había tenido el coraje de separarse de su primer esposo, el alemán Kart Werstendorp, con quien tuvo a su primer hija, Gerda, quien, a su vez, se convirtió en la primera mujer en ingresar en una facultad de medicina en Colombia. En el momento en el que Camilo tomó su súbita decisión, su papá Calixto estaba en un congreso de médicos en los Estados Unidos. Cuando llegó a Bogotá pudieron lograr un acuerdo. Camilo no se iría con los dominicos. Esta orden era famosa por sus condiciones de renuncia extrema, su radicalismo místico. Consiguieron un término medio: que se fuera al seminario del Chicó, una construcción de ladrillos rojos y amplios jardines que hoy sigue sorprendiendo a la gente que transita por la séptima a la altura del Chicó. Su biógrafo, Walter Broderick, contaba que al principio le costaba horrores acostumbrarse a la sotana. No podía cerrar la interminable hilera de botones y por eso el cuello romano le quedaba torcido. Además se le enredaban las piernas en las faldas de paño negro “Y todo movimiento, aún el más sencillo, se le hacía complicado”. Se asombraba ver a sus compañeros con más experiencia en el seminario ver como podían correr, jugar fútbol con la sotana cuando él ni siquiera se podía mover. En una semana ya la dominaba pero empezó una desazón que lo carcomía. El seminario era un búnker a donde las noticias y la actualidad no llegaban. Incluso ni se enteraron de la tarde aciaga donde fue asesinado Jorge Eliecer Gaitán. Adentro se hizo cercano de otro seminarista, Gustavo Pérez, con quien inició un círculo de estudio. Así, medio de manera clandestina, le sacaron tiempo a sus días para la lectura de la Rerum Novarum, la encíclica escrita por el papa León XIII a finales del siglo XIX. Era el comienzo de una actividad subversiva. Poco a poco se acercaban a ensayistas católicos expertos en materia socioeconómica. Cuando terminó sus estudios en el seminario, en 1952, sus padres querían que siguiera estudiando. Por eso estuvieron de acuerdo con que se fuera a Lovaina, en Bélgica, a estudiar sociología. Cuando regresó, en 1959, quiso estar cerca de los estudiantes de la Universidad Nacional y allí su pensamiento se transformó y se convirtió en uno de los íconos revolucionarios de Latinoamérica. Su sacrificio, que está a punto de cumplir sesenta años, sigue siendo analizado y a veces no comprendido. Son otros tiempos y la elección de tomar las armas para cambiar un destino ya luce anacrónico. Pero a Camilo Torres todos los caminos se los cerraron. El intento del presidente de mantener viva su imagen podría acercar a muchos jóvenes a un legado que debe perdurar: el de la lucha por una sociedad más igualitaria. La lucha por el amor eficaz no se debe apagar jamás.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: historia y biografia La escritora Elena Poniatowska vio por primera vez a Fernando Vallejo en un avión. No podía creer que ese hombre compungido, de aspecto monacal, que juntaba sus manos blancas, pequeñas, de cura, como si estuviera rezando, fuera el mismo monstruo que había escrito en una de sus obras cumbres, La virgen de los sicarios , la frase de un blasfemo consumado “Dios no existe, y si existe es la gran gonorrea”.  Vallejo es un provocador y ha sabido construir un personaje en los 83 años que ha pastado -muy a su pesar- en esta vida. Es biólogo, cineasta, escritor y, en México, vivió durante décadas al lado del decorador David Antón, diseñador de arte de las grandes películas mexicanas de su época de oro. Aunque el Rio del tiempo, el nombre con el que se conoce su pentalogía de novelas sobre Medellín le dio renombre, fueron dos biografías de poetas los que lo catapultaron a la fama. Una, llamada Chapolas negras, que comprende las afugias de José Asunción Silva y su afán por volverse rico a punta de negocios imposibles. Ir tras la esquiva fortuna se le convirtió en la causa principal por la que se disparó, y la otra es El mensajero , una obra en donde logra lo imposible: poder apresar a un fantasma, Porfirio Barba-Jacob, el incontrolable errante puede ser una figura de carne y hueso gracias a la investigación de Vallejo. Pero el gran público colombiano lo conoció en el 2001 por culpa de un mal periodista. Germán Santamaría, entonces director de la revista Diners, publicó un editorial en donde se le pedía al público colombiano “boicotear” La Virgen de los sicarios. El eminente director francés Barbet Schroeder se enamoró de la obra del escritor paisa. “Fue una fascinación parecida a la que sentí cuando conocí a Bukowski” quería hacer un documental sobre él pero terminó fue adaptando La virgen de los sicarios. Esa visión escalofriantemente realista de la Medellín de finales de los años noventa, escandalizó al pacato Santamaría quien alcanzó a tener un rifi-rafe con Vallejo a través de la emisora la F.M, que en ese momento era dirigida por Julio Sánchez Cristo. Las ventas de los libros de Vallejo se dispararon y su libro, El desbarrancadero, fue un suceso editorial. Atraído por la imagen del maldito inveterado el cineasta caleño Luis Ospina, perteneciente a la generación del Caliwood, compuesta por Carlos Mayolo, la “Rata” Carvajal, Sandro Romero Pereiro y Oscar Campo, se interesó por Vallejo. Al haber realizado la película sobre La virgen de los sicarios, Barbet ya no tenía interés de hacer el documental que lo retomó Luis Ospina. Le puso el nombre de La desazón suprema, basado en un verso de Barba Jacob y, a dos décadas de su estreno, sigue teniendo un valor único. Muestra al Vallejo fuera del personaje, el hombre que vivía cómodamente en su apartamento de la colonia Condessa en México, al lado del hombre que amó, viendo televisión, contestando mails o paseando alguno de sus perros. Para suerte nuestra el documental se consigue fácilmente en youtube. Acá está completo para descubrir a una de las personalidades más fascinantes de nuestra cultura.

Por: Redacción Pares A comienzos de esta semana el presidente de Brasil Lula Da Silva visitó a Noam Chomsky en su casa en Sao Paulo. El lingüista norteamericano, uno de los más críticos con respecto a las comunicaciones en la era digital, fue víctima de una fake news: hace unas semanas se regó por internet la noticia de su muerte. Incluso medios prestigiosos de comunicación replicaron la desinformación. Su propia esposa, Valeria Waserman, tuvo que salir al frente y desmentir las publicaciones. Lo cierto es que Chomsky fue dado de alta del hospital de Sao Paulo y está en su casa en esa ciudad brasilera. El motivo del agravamiento en la salud del norteamericano fueron los rezagos que le trajo una apoplejía sufrida el año pasado. Con Lula hablaron sobre los avances de la ultraderecha en el mundo. Chomsky tiene una simpatía muy grande por Lula, lo visitó en los años en los que estuvo preso por un caso de presunta corrupción. Chomsky ha sido un crítico acérrimo de las políticas expansionistas norteamericanas. Aunque afirma que EEUU es un imperio en franca decadencia en lo social, en lo militar es la potencia que más al día está en cuanto a consecución de armas. El lingüista, desde los años sesenta, se ha puesta a las políticas exteriores de su país. Chomsky pertenece a una familia de librepensadores que siempre lo vieron como lo que fue: un superdotado. Hizo sus primeros años escolares en una escuela experimental, basada en la pedagogía de John Dewey, una de las figuras más trascendentales de lo que se conocería como la “pedagogía progresista” en la primera mitad del siglo XX. A los diez años Chomsky, quien seguía con fervor la Guerra Civil española, publicó un artículo sobre la caída de Barcelona a manos de Franco. Desde allí se veía que era un muchacho único. Ese era nada más el principio del que es considerado hoy en día el intelectual más influyente de occidente. A los 16 años terminó el tortuoso camino por el colegio en donde aprovechó, según sus palabras, para “autoeducarse”. Entró a la Universidad de Pensilvania y poco a poco se fue ganando un lugar dentro de la selecta academia norteamericana. En los sesenta, una época dorada para la contracultura, Chomsky se convirtió en un faro, alguien con una capacidad de análisis único. Se opuso, por supuesto, a la guerra de Vietnam. Aún hoy a sus 94 años, a pesar de afirmar que uno de los peores cánceres que tienen las libertades mundiales es el partido Republicano, cree que la administración de Kennedy sirvió para llenar de armas a los Estados Unidos. En los años sesenta se proclamó en rebeldía con el estado y se rehusó a pagar sus impuestos. En una entrevista dijo lo siguiente sobre esos años: “supe que era demasiado intolerablemente autocomplaciente simplemente aceptar un papel pasivo en las luchas que entonces estaban ocurriendo. Y yo supe que firmar peticiones, enviar dinero, y hacer acto de presencia de vez en cuando en una reunión no era suficiente. Pensé que era críticamente necesario tomar un papel más activo, y sabía muy bien lo que eso significaría”. Por eso fue encarcelado varias veces y entró en la lista negra del nefasto presidente Richard Nixon. A sus 94 años es uno de los pensadores que más influye en los jóvenes. Es adorado y vilipendiado por los sectores de derecha. Lo que si nadie puede contradecir es la importancia que tiene su pensamiento para entender un mundo acorralado por la autodestrucción. Hay que ver cómo Chomsky, lejos de ser un anticuado, cree que, en buenas manos, avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial, podrían sacar a la humanidad del hueco donde ella misma se ha metido.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: La Nación Despreciado, acorralado, echado de la URSS, la nación que él ayudó a forjar y de Turquía, León Trotsky se aferró a la única posibilidad que tenía: México. El presidente Lázaro Cárdenas le abrió las puertas gracias a la gestión que hizo Diego Rivera, gloria azteca, muralista supremo, comunista lacayo. Un año duró la gestión para que el arribo del gran comandante de la revolución rusa llegara a Tampico junto con su esposa Natalia, el 9 de enero de 1937. Desde ahí Rivera los llevó a su hermosa casa azul en Coyoacán. Hubo tequila y comida rebosante. Las medidas de seguridad, para la época, eran extremas. Stalin le había puesto en la frente la cruz de la muerte. No descansaría hasta que alguno de sus agentes matara al traidor mayor. En la puja por el poder que dejó Lenin, Trotsky parecía el favorito para quedárselo. Sería el amo y señor de la URSS. Como comandante y creador del ejército rojo había demostrado la crueldad y decisión que necesitaba para manejar con puño de hierro a la nueva potencia. Pero Stalin, con sus estrategias, terminó venciéndolo. Lo echó de su país en 1927 y desde entonces había montado todo su aparato de propaganda para destruirlo moralmente. Ahora sólo le servía muerto. La bala podría salir de cualquier lado. Así lo había sentido en los meses que estuvo en Noruega, Francia y Turquía. En México habían comunistas lo suficientemente perturbados como para dar el golpe de gracias. No se podía confiar de nadie, incluso de su anfitrión. Trotsky conoció a Frida Kahlo, la pintora que estaba casada con Rivera, esa tarde en Coyoacán. Ya era una leyenda. A su talento se le sumaba la desgracia. Muy joven fue víctima de un terrible accidente en un tranvía. Desde ese momento su cuerpo, atormentado, sufrió 32 cirugías. Los dolores en la columna vertebral sólo se calmaron con su muerte. Parte de ese sufrimiento lo trasladó a su obra. El cuerpo como un ciborg, intervenido, casi que mutilado, fue el sello de sus cuadros. Era imposible no fijarse en ella. Siempre fue una indomable. De chica le gustaba llevar la corriente. Aún sobreviven fotos en donde se ve, juntos con sus hermanas, vestida de hombre. Fue una adelantada a su tiempo. No se depilaba, se vestía haciendo una declaración de principios. No hay nada más contemporáneo que Frida. Y esa aparición confrontó a León Trotsky. En esa época que conoció a Frida la pintora estaba lacerada en cuerpo y alma. Las continuas infidelidades de Rivera -entre las que se cuentan el amorío que tuvo con su hermana- le habían causado profundos estragos pero, también, la terminaron de liberar. Trotsky cometió la imprudencia de tener un amor clandestino con la esposa del hombre que lo había traído a México, que lo tenía salvaguardado del brazo largo de Stalin. Ella no se arrepentía. Ella afirmó que en su vida había tenido dos tragedias muy graves: “Sufrí dos accidentes graves en mi vida; el del tranvía y el de Diego. El de Diego fue de lejos el peor”. Frida fue una amante de sus amigas como la pintora Georgia O’Keefe. También tuvo escarceos con Chavela Vargas. La cantante, uno de los motores artísticos de artistas tan potentes como Pedro Almodóvar, le movió el corazón a la pintora. En una carta que le envió a su amigo, Carlos Pellicer, se refiere a Chavela: “Hoy conocí a Chavela Vargas. Extraordinaria, lesbiana, es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo. Pero creo que es una mujer lo bastante liberal, que si me lo pide, no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. ¿Cuántas veces no se te antoja un acostón y ya? Ella, repito, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía?”. Nunca se supo si se avanzó mucho más allá de un coqueteo. Tampoco se tiene certeza qué tan profunda fue la relación con María Félix, otra leyenda del cine mexicano. Lo que si es seguro, gracias también a la exhaustiva investigación que hizo el escritor cubano Leonardo Padura para su ya clásica novela El hombre que amaba a los perros es que el contacto con Trotsky fue intenso. Usaban el inglés para burlar a sus parejas y se encontraban en la casa de una de las hermanas de Frida. El amor se descubrió y esto habría decidido para que Diego Rivera le diera la espalda al ruso. Fue asesinado en 1940 por un fanático de Stalin. Lo que usó para matarlo fue una pica de alpinista. Frida moriría el 13 de julio de 1954. Fue quemada como si fuera un viejo emperador azteca. Lo último que escribió antes de morir fue lo siguiente: “Espero alegre la salida y no volver jamás”.