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Por: Laura Bonilla No sé si soy solo yo, pero tengo la percepción de que el debate público sobre temas fundamentales, lejos de ser una sana y democrática confrontación entre opuestos, de la cual – en teoría – deberían surgir las mejores soluciones posibles, está sumido en una profunda estupidez. Hay muchos temas que pueden servir de ejemplo, pero me voy a centrar en el más evidente para mí, quizás porque es mi sector: la paz y la seguridad. La estupidez radica en que cualquier debate posible solo termina en una cosa: se está o no se está con el presidente. Se apoya o se rechaza. En caso de ser de alguno de los sectores que apoyan, nada se critica. Si se es partidario del rechazo, es imposible reconocer algo. Esto no es nuevo. Durante muchos años, la seguridad en Colombia fue meramente parte del discurso de políticos identificados como de derecha, siempre del lado del combate frontal – pero solo de forma discursiva – mientras desde los sectores de izquierda se reclamaba la violación de los Derechos Humanos y el abuso de la fuerza, y se demandaban intervenciones o programas sociales que redujeran las condiciones que favorecen la delincuencia o la violencia. Cuando la izquierda llegó al poder en varios países de América Latina, esa división se desmoronó. La seguridad es un bien público y cualquier intención de mejorar la vida de la gente, sus condiciones económicas vitales, el buen vivir, el desarrollo humano, o cualquiera de los conceptos asociados a la calidad de vida, pasa por que la gente pueda hacer su vida tranquila y segura. Y claro, la fuerza legítima del Estado es vital para ello, como también lo es que esta tenga límites claros, pleno respeto por la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho. En Colombia, donde la alternancia llegó tardíamente, llegamos con prejuicios a este debate, con un adicional: nosotros, además de los retos más comunes para la seguridad como el crimen organizado o la delincuencia, tenemos que resolver décadas de conflictos armados violentos. En vez de analizar la evidencia para tomar decisiones informadas y saber qué sirve y qué no sirve a la hora de dar seguridad y tranquilidad a las regiones que más sufren por las acciones violentas, nos enfocamos en una nueva dicotomía, a mi juicio tonta: o paz o seguridad. O mano dura o “presencia integral del Estado”, que es otra de nuestras invenciones, más bien vagas, donde uno no sabe exactamente a qué se refiere. Para salir de este entuerto, en primer lugar, necesitamos llenar de contenido el debate y sacarlo de peleas vagas e identitarias. Por ejemplo, lo más importante de la Misión Cauca que anunció el gobierno es que efectivamente se implemente. Y ojalá también se tenga Misión Catatumbo, Misión Urabá o Misión Caquetá. Pero para eso se necesita primero entender que hoy no tenemos herramientas administrativas o diseños institucionales con los que podamos tener intervenciones coordinadas y de largo plazo, y no una serie de proyectitos y programitas – perdón por los diminutivos, pero es que en realidad son inanes – que sirven para contestar oficios y no para producir resultados. Necesitamos vehículos y mecanismos con los cuales el Estado pueda competir económica, política y militarmente con el crimen organizado y hacerlo a largo plazo. No nos sirve de nada abandonar en dos años lo que se ha podido avanzar. Pero eso también nos lleva a que es necesario producir las condiciones para ese avance, y en eso hay que mantener abierta la puerta de la paz, de la negociación o del sometimiento. De una forma mucho más ordenada y estratégica de lo que se está haciendo, es verdad, pero también con incentivos atractivos a favor de la legalidad y la paz, lo que pasa por recuperar la confianza en que el Estado puede cumplir. Y en cumplimiento, Colombia lo ha hecho fatal desde el tratado de Wisconsin en 1902. Como he sostenido a muchos de mis colegas analistas: la paz no produjo el incremento de la violencia, pero la idea de que la mera negociación pacífica tampoco es verdad. Los grupos hoy no son las guerrillas de antaño, no quieren la misma oferta, ni tampoco el país es el mismo que en los noventa. Todo esto para decir dos cosas en la coyuntura de hoy: me preocupa profundamente que la negociación que celebro se haya abierto con la Segunda Marquetalia termine empaquetando un cese al fuego y entorpezca los potenciales avances de la Misión Cauca u otros esfuerzos para avanzar en la recuperación del control territorial. Al mismo tiempo creo que el gobierno debe ser más honesto y reconocer que no se tienen instrumentos eficaces y eficientes para cumplir con la idea de "se va acordando y se va cumpliendo". No está funcionando. Hoy, hasta un programa de transferencias como Jóvenes en Paz tiene serios problemas de ejecución. Y lo que puede ocurrir es que se siga alimentando la frustración, ya no solo de los propios grupos armados, sino de las comunidades que decimos proteger. PD. En el mes de julio lanzaremos nuestro informe de paz total, donde trataremos de dar información balanceada y proveer evidencia para salir de esta dicotomía tan tóxica entre paz y seguridad.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: RFI y Ara Balears Durante el gobierno de Rafael Correa Ecuador hizo honor a su viejo pasado, ayudar al que está acorralado. En el 2012, cuando todas las puertas se habían cerrado para Julian Assange, la única que se abrió fue la de la embajada de Ecuador en Londres. Fue una lección de dignidad. Los que conocían a Assange lo describían como una persona “intensa, motivada y muy inteligente, con una capacidad excepcional para descifrar códigos informáticos”. El australiano Assange fue el creador en el año 2006 de Wikileaks, una web creada para revelar los excesos de Estados Unidos en territorios ocupados en Irak o Afganistán. En abril de ese año se hizo viral un video en donde se veía como 16 civiles eran asesinados a ráfagas de metralletas desde un helicóptero en Irak. Desde entonces se convirtió en una especie de traidor de los Estados Unidos. Esta situación se agravaría aún más para él cuando publicó material clasificado del ejército de ese país en las zonas que ocupaba. Ese año apareció una orden de extradición desde Suecia contra Assange por delitos relacionados con el acoso sexual. Durante dos años permaneció en una casa rural en las afueras de Londres. En el 2012 se hace efectiva la orden de extradición e inmediatamente él se dirige hasta las puertas de la embajada de Ecuador. Allí estuvo durante siete años. Fueron varios los informes que se hicieron sobre su claustrofóbica situación. Assange vivía en un espacio muy pequeño, si se asomaba a la ventana una nube de periodistas lo esperaban. En el año 2017 quien fuera el vicepresidente de Correa, el presidente que le dio el asilo al creador de Wikileaks, ganó las elecciones en ese país. Lenin dio un viraje a la derecha. Una vez se instaló en su palacio presidencial empezó a lanzar serias acusaciones contra Assange. Afirmaba que el periodista había venido haciendo labores de “espionaje” desde la embajada. Dos años duró el acoso constante de Moreno hasta que en el 2019 le dio vía libre a la policía inglesa para que desalojara de la embajada al periodista. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Este hecho se dio dos semanas después de que Mike Pence, vicepresidente de Donald Trump, visitó Quito en donde se reunió con Lenin y tocaron el tema. Assange fue trasladado a una cárcel en Londres y se aseguró desde el gobierno ecuatoriano que no se haría una extradición a los Estados Unidos. Allí lo esperaban penas durísimas ya que era considerado un traidor a la patria. Incluso la esposa de Julian Assange habló de que existió un plan para asesinar dentro de la misma embajada al periodista por parte del gobierno Trump. Lo único cierto es que Lenin Moreno quedó como el gran traidor de la libertad de prensa. Durante cinco años los Estados Unidos pidieron en extradición a Assange. Todos los esfuerzos fueron en vano. Este 24 de junio sorprendió la noticia de que el periodista logró un acuerdo con el gobierno de Joe Biden para no ser extraditado a los Estados Unidos. El acuerdo consiste en lo siguiente: salir de Inglaterra y viajar hasta una corte en las Islas Marianas, un territorio estadounidense en el Pacífico en donde firmará un papel donde se compromete a pagar 62 meses de cárcel. Ya esta pena está más que pagada por el tiempo que permaneció privado de la libertad. En las próximas horas Assange regresará a Australia, su país de origen, donde estará hasta el fin de sus días.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Colombiano En un evento de gran trascendencia para la paz en Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro y el grupo disidente de las FARC, conocido como la Segunda Marquetalia, han dado inicio formal a un nuevo ciclo de diálogos de paz en la capital venezolana. Este evento marca el tercer intento del Gobierno colombiano por alcanzar un acuerdo con los grupos armados en el marco de la política de "Paz Total" promovida por Petro. La instalación de la mesa de diálogo fue anunciada en un comunicado conjunto, en el cual ambas partes destacaron que las negociaciones se llevarán a cabo del 25 al 29 de junio. Los principales objetivos de esta fase incluyen la definición de protocolos de negociación y el establecimiento de medidas para desescalar el conflicto, además de la preparación de los territorios para la paz. Este primer ciclo de diálogos abordará temas específicos de la Agenda de Diálogos de Paz. Durante el evento, ambas delegaciones reafirmaron su compromiso con el proceso de paz, haciendo un llamado a la participación constructiva de toda la nación. Resaltaron la importancia de la cohesión y la voluntad mutua para alcanzar una solución política al conflicto, subrayando la necesidad de evitar acciones que puedan minar la confianza entre las partes. Expresaron también su pesar por la reciente pérdida del comandante insurgente Hermes Guerrero y se comprometieron a garantizar la seguridad de todos los participantes y las comunidades involucradas. La delegación del gobierno colombiano está encabezada por Armando Novoa García, jefe de la delegación; acompañado por Gloria Arias Nieto; Parmenio Cuellar Bastidas; María Camila Moreno Múnera; Coronel Jaime Joaquín Ariza Girón; Tulio Alberto Gómez Giraldo y Gabriel Bustamante Peña. Por su parte, la Segunda Marquetalia está representada por el comandante Walter Mendoza, jefe de la delegación; Jurleny Guerrero; Andrés Allende; Andrés Rojas; Jairo Marín y Andrés Guerrero. El profesor Francisco Javier Toloza actúa como vocero civil. Los países garantes de este proceso son Cuba, Noruega y Venezuela, con el acompañamiento de la ONU. Estos actores internacionales han manifestado su apoyo a esta iniciativa de paz, considerándola un paso crucial para la estabilidad en la región. Iván Márquez, uno de los líderes más prominentes de la Segunda Marquetalia, aunque no acreditado formalmente como negociador, estuvo presente en la instalación de la mesa de diálogo. Márquez evocó la histórica batalla de Carabobo y la unión de los pueblos de Colombia y Venezuela bajo el liderazgo de Simón Bolívar. En su intervención, Márquez declaró: "Permítanme iniciar esta conversación aludiendo a la efeméride del 24 de junio de 1821, en la que el ejército liberador comandado por el general Simón Bolívar puso fin a más de 300 años de opresión colonial al derrotar en el campo de Carabobo a las tropas realistas españolas". Citó a Bolívar diciendo: "Ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia". Márquez continuó su discurso recordando la valentía del ejército libertador a pesar de ser superados en número y rindió homenaje a los combatientes caídos, subrayando que Colombia y Venezuela son naciones hermanas nacidas del sueño de Bolívar. Enfatizó la disposición de la Segunda Marquetalia para participar en un proceso de paz que incluya cambios políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales necesarios para el país. "Nos encontramos en unas circunstancias en que se puede definir la trayectoria presente y futura del orden social, así como las condiciones de vida y existencia de esta y de las próximas generaciones", afirmó. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el éxito de este diálogo depende de la voluntad de las partes involucradas. En este sentido, el Gobierno Nacional, junto con Otty Patiño, lamentó la muerte de Hermes Guerrero, comandante de la Segunda Marquetalia en el territorio nariñense. Marín también se refirió a las apreciaciones de Walter Mendoza, jefe de la delegación de la Segunda Marquetalia, quien hizo un llamado a la voluntad de paz y expresó la necesidad de evitar situaciones como la de Hermes Guerrero en el futuro. Mendoza mencionó el entrampamiento sufrido por Santrich durante el gobierno anterior, lo que llevó al rearme de la estructura. En cuanto a Iván Márquez, la investigadora destacó que esta fue la primera aparición pública de Márquez tras el atentado que sufrió en 2022. En estas declaraciones que realizó Iván Márquez destacó la necesidad de una salida negociada en el marco de los Acuerdos de Paz, enfatizando su trasfondo ideológico. Marín notó las secuelas físicas que Márquez aún muestra debido al atentado. La investigadora mencionó la presencia del canciller de Venezuela y del comisionado para la paz, Otty Patiño, quienes resaltaron la importancia de las zonas fronterizas de paz y que es esencial generar un nuevo régimen fronterizo que permita la interlocución entre organizaciones sociales y la institucionalidad de Colombia y Venezuela, además de llamar a los actores armados en la frontera a participar en el proceso de paz. Cabe destacar que el presidente Gustavo Petro, quien ha estado promoviendo el diálogo con diversos grupos armados, considera que estas negociaciones son esenciales para poner fin a más de seis décadas de conflicto en Colombia. Cabe resaltar que Petro ya ha iniciado conversaciones con el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), otras facciones disidentes de las FARC, en un esfuerzo por consolidar la paz en el país. Durante este primer ciclo de negociaciones, se espera que las partes trabajen en el desescalamiento del conflicto, la preparación de los territorios para la paz, el reconocimiento de las víctimas y el establecimiento de condiciones para la convivencia pacífica. También se discutirá la posible integración política de los militantes de la Segunda Marquetalia en el Congreso de la República. El comunicado finalizó con ambas delegaciones reafirmando su compromiso con el nuevo acuerdo de paz e invitando a la comunidad a tener una participación activa en el proceso. "El éxito de la paz y los diálogos que se inician exigen cohesión de las partes en la salida política", leyeron. Subrayaron que se abstendrán de acciones que traicionen la confianza en el proceso y lamentaron el asesinato de uno de los jefes de la disidencia, comprometiéndose a garantizar la vida de quienes participen en la negociación. Por otro lado, la investigadora de Pares, Paola Marín destacó el llamado que hizo Otty Patiño sobre la urgencia de priorizar la paz territorial, subrayando la presencia del gobernador de Nariño, quien reconoció una crisis nacional que requiere una paz consolidada en los territorios. La presencia del gobernador es crucial debido a la manifestación de voluntad de paz en Nariño, donde Andrés Allende y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico juegan un papel importante en el diálogo territorial. Marín mencionó que este proceso también involucra al Frente Comuneros del Sur, anteriormente parte del ELN. Cabe señalar que como se mencionó en la declaración conjunta, no habrá un cese al fuego inmediato, sino que el primer punto de la agenda será el desescalamiento del conflicto. Esta estrategia está alineada con otros frentes de negociación del Gobierno. La investigadora, Paola Marín resaltó la importancia de la agilidad en este proceso de negociación, especialmente debido a las circunstancias legales y constitucionales que requieren una pronta resolución. Finalmente, Marín señaló que la Segunda Marquetalia llega debilitada a esta mesa de negociación, lo cual podría ser ventajoso para el gobierno. Este debilitamiento se debe a varias razones. En primer lugar, en 2022, varios de sus cabecillas, incluyendo a Santrich, Romaña y El Paisa, fueron asesinados en circunstancias aún no esclarecidas, pero se presume que fue en combates en la frontera colombo-venezolana. Esta pérdida de importantes líderes ha debilitado su estructura y ha provocado un repliegue, especialmente en las zonas de Nariño y Putumayo. En segundo lugar, las dinámicas de confrontación al interior del territorio han forzado a la Segunda Marquetalia a reducir su presencia, llevándola a buscar alianzas con otras estructuras como el ELN en Nariño y Putumayo. Es conocido que los Comandos de Frontera están articulados con reductos de crimen organizado en estas áreas. Por lo tanto, la investigadora resaltó que es esencial que estructuras como los Comandos de Frontera, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y la Dirección Nacional de la Segunda Marquetalia generen una coordinación efectiva en el proceso de paz, resolviendo cualquier duda sobre la existencia de una figura coordinada en el espacio de diálogo.

Por: Redacción Pares Resulta paradójico que uno de los primeros personajes en reaccionar por las supuestas chuzadas a magistrados por parte de este gobierno haya sido Álvaro Uribe Vélez. Un indignado expresidente se refirió a la investigación que publicó la revista Semana y se mostró muy preocupado por lo que podría estar sucediendo. “Ahora recuerdo, cuando dijeron que Uribe estaba haciendo seguimiento a la Corte Suprema, y quiero decirles que eso nunca, porque yo he sido un combatiente de frente”. Entre los innumerables escándalos que protagonizó el gobierno de Uribe el de las Chuzadas es un capítulo importante. Periodistas como Julián Martínez descubrieron y comprobaron un entramado en donde se espiaron a los siguientes estamentos de la sociedad: Altas Cortes, periodistas independientes, políticos de oposición y defensores de derechos humanos. El cerebro de ese entramado era uno de los favoritos del ex presidente, Jorge Noguera, cabeza máxima del DAS. Álvaro Uribe conoció a Jorge Noguera un año antes de nombrarlo director del DAS. Bastaba leer su hoja de vida para ver que no era el más acreditado para ejercer un cargo tan alto en materia de seguridad. Abogado, su nombre no tenía peso nacional. Había ejercido cargos de influencia pero sólo en su departamento: asesor de la Gobernación del Magdalena, secretario de la Corporación Autónoma Regional, secretario general de la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Para muchos, como para Juanita León, directora del portal La Silla Vacía, había sido un misterio el nombramiento de Noguera Cotes. Una de las razones pudo haber sido el odio que compartían por las FARC, algo que a comienzos de este siglo daba réditos políticos. Otra explicación fue el trabajo que realizó entre los años 2001 y 2002 siendo el jefe de campaña de Uribe en Magdalena. Lo cierto es que una semana después de haber sido posesionado presidente, Uribe nombró al joven funcionario -tenía 39 años en ese momento- como director del Departamento Administrativo de Inteligencia, DAS, que en ese momento tenía 7.000 funcionarios a su cargo. Noguera le calzó como un guante al poderoso presidente. En el año 2004 entró a hacer un revolcón en ese organismo y lo ajustó de acuerdo al llamado estatuto antiterrorista con el que Uribe pensaba descabezar a las FARC. Una de las determinaciones que asumió Noguera fue nombrar a José Miguel Narvaez como subdirector del DAS, cargo en el que duró sólo cinco meses. Durante una década -como lo comprobaría la justicia años después- entre 1995 y 2005 Narváez llevaba una doble vida. Era un académico distinguido, un padre de familia respetable, con una fuerte afinidad con el ejército y con algunos industriales. También era un impulsor de políticas de seguridad tan cuestionables como las CONVIVIR de Antioquia. Además está documentado que visitaba a comandantes paramilitares como Carlos Castaño en sus fincas en Córdoba y le llevaba listas de posibles aliados de la guerrilla. Uno de esos nombres al que él aconsejó matar fue a Jaime Garzón. La orden de asesinar al comediante le terminó pesando en la consciencia a uno de los creadores de las AUC. Pronto esa relación de Narváez con los paracos terminó siendo un escándalo público. Uribe lo descabezó y empezó una confrontación entre los dos mandos del DAS. Sin embargo no pasó mucho tiempo hasta que, a raíz de investigaciones de la revista Semana y de Cambio, Noguera también salió de la institución. Uribe no quería quemar ese fusible. Sobre él afirmaba que se trataba de “un buen muchacho de una muy buena familia”. La historia, una vez más, no le daría la razón al expresidente. El acucioso periodista Julián Martínez explicó en su momento cómo Noguera instigó la muerte del profesor Alfredo Correa de Andréis en el 2004. La caída del director del DAS empezó con la incautación del computador de Don Antonio, mano derecha de Jorge 40. Se llamaba Edgar Ignacio Fierro. Entre los años 2003 y 2004 comandó el frente José Pablo Diaz. Fierro conocía esa parte de la Costa porque había estado allí cuando fue teniente del ejército. Fierro conoció a Jorge 40 cuando él empezaba a ser conocido como un comandante paramilitar de los duros. Por él llega a las AUC. Se especializaron en el Atlántico, a matar y a extorsionar. Según Verdad Abierta  “las víctimas iban desde ladronzuelos o viciosos de barrio, hasta líderes comunitarios, académicos, sindicalistas, comerciantes y ganaderos”. El CTI lo capturó en un conjunto residencial cerca al aeropuerto de Santa Marta llamado Villa Canaria. Recién, cinco días atrás, se acababa de desmovilizar. Incluso cuando lo agarraron creyeron que con la versión libre que había dado se había salvado. Los crímenes que había cometido habían sonado como la caída de una caja de hierro, el asesinato de Andreis, del expresidente del sindicato de Tele Caribe Adán Pacheco, del defensor de derechos humanos Pedro Orozco, hasta el líder de los desplazados en Atlántico Miguel Espinosa Rangel. Todos los crímenes de Don Antonio, todos los políticos que habían comprado las AUC en el Caribe, todo reposaba en su computador personal. En él había una carpeta que se llamaba “Amigos del DAS”. El nombre era una ironía: eran 116 personas con diversas profesiones y actividades que tenían una cosa en común, combatir ideológicamente a los paramilitares. Uno de ellos era Correa de Andreis, un profesor con una experiencia de 23 años cuyo único delito había sido ayudar a las poblaciones desplazadas de Atlántico y Bolívar. Ese apoyo a los que no tenían nada le valió ser acusado como ideólogo del frente 59 de las FARC, calumnia por la que pagó cárcel. Jamás tuvo tiempo para militar en guerrilla alguna. De Andreis estudió ingeniería agrónoma y sociología- Estudió una maestría en Francia y uno de sus amigos, el columnista Alvaro Camacho, lo describió de este manera: “un hombre grandote (yo lo llamaba ‘el Cipote’), alegre, bailarín y excelente conversador. Pero, sobre todo, tenía la ingenuidad que caracteriza a las buenas personas: se asombraba y entusiasmaba con las conversaciones en clave de sociología, y en particular lo seducían los temas de la cultura”. Lo terminó condenando sus estudios sobre el desplazamiento forzado en el Magdalena. El viernes 17 de septiembre del 2004, mientras caminaba por la carrera 53 con calle 60 en Barranquilla, dos sicarios lo mataron. “Ey loco, no dispare”. Alcanzó a decir. Pero la orden estaba dada. Y la orden había provenido de Jorge Noguera como determinaría la justicia en el 2011. A este crimen se le sumaba a uno de los consentidos de Uribe los señalamientos del ex jefe de sistemas del DAS, Rafael García, quien afirmó que, mientras Noguera era su jefe, le ordenó borrar antecedentes de personas que le debían a la justicia. Muchos de ellos cercanos a Rodrigo Tovar Pupo, mejor conocido como Jorge 40. Además, fue el hombre detrás de las famosas chuzadas del DAS, crimen por el que también pagó María del Pilar Hurtado Noguera saldría del DAS por la puerta grande. Fue nombrado por Uribe como cónsul en Milán, Italia. No duraría mucho tiempo en el cargo. El 8 de mayo del 2006 renunció a su cargo. El Fiscal Mario Iguarán incluso había viajado a Italia para escuchar su versión sobre los señalamientos que tenía encima por su colaboración con los paramilitares. Lo capturaron en el 2009 y en el 2011 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 25 años por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y falsedad por ocultamiento y revelación de secreto. Además se determinó que había sido el hombre que dio la orden contra Correa de Andreis. Incluso le había ordenado a un funcionario del DAS a que siguiera durante todo un año al profesor, haciéndole tomar fotos y tener toda su rutina en una carpeta para saber cuando accionar. En el 2017 la Corte lo condenó a 7 años de cárcel por el escándalo de las Chuzadas, el nombre con el que se conoció la red de espionaje que se descubrió durante el segundo mandato de Uribe y que iba dirigida contra periodistas, políticos de oposición y otros personajes de la vida pública. Desde octubre del 2020, en plena pandemia, Jorge Noguera goza de libertad condicional. Entre el 2010 y el 2015 fueron condenadas 20 personas por haber interceptado a cerca de 68 personas. Entre los condenados está María del Pilar Hurtado quien fue directora del DAS, fue sentenciada a 14 años por los delitos de abuso de autoridad y concierto para delinquir. Otro de los cercanos a Uribe que cayó en esto fue Bernardo Moreno, secretario general de la presidencia, Jorge Alberto Lagos, jefe de contrainteligencia del DAS, entre otros. Así que, la indignación mostrada por el ex presidente, revela muy poca memoria de su parte.

Por: John correa Foto tomada de: El Espectador La central hidroeléctrica de El Quimbo, ubicada en el departamento de Huila, representa uno de los proyectos más destacados en el sector energético nacional. Desde su inicio hasta su puesta en marcha, el proyecto ha experimentado significativos avances en términos técnicos y desafíos significativos en el ámbito socioambiental. Este artículo se enfoca en examinar las capacidades técnicas de la central y los conflictos relacionados con esta. El Quimbo fue terminado en 2010 y ha estado operativo desde noviembre de 2015. Mgesa, una subsidiaria del Grupo Enel, opera la central. Con 400 MW de capacidad instalada y una producción promedio anual de electricidad de 2.216 GWh, El Quimbo es un componente importante en la matriz energética nacional. La central consiste en una represa de grava revestida de concreto que alcanza una altura de 151 metros, y un embalse con una altura máxima de 720 metros sobre el nivel del mar. Se extiende por 41 kilómetros y cubre 8.250 hectáreas, impactando a múltiples municipios como Gigante, El Agrado, Garzón, Tesalia, Pichol y Altamira. Dentro de la casa de máquinas de la central hay dos generadores y dos turbinas Francis, cada una con una potencia de 200 MW. Estos generadores son altamente eficaces en transformar la energía cinética del agua en electricidad, lo que posibilita a la central sacar el mayor provecho posible del caudal de los ríos Magdalena y Suaza. Foto tomada de: Enel A pesar de sus impresionantes capacidades técnicas, la hidroeléctrica El Quimbo ha sido objeto de múltiples conflictos socioambientales. Estos problemas han surgido principalmente debido a la implementación del proyecto sin una adecuada consulta y compensación a las comunidades locales afectadas. Uno de los principales conflictos ha sido la afectación de tierras fértiles y productivas en los municipios involucrados. El desvío de los ríos Magdalena y Suaza provocó la inundación de aproximadamente 8,586 hectáreas utilizadas para la agricultura, lo que alteró significativamente la economía local y la seguridad alimentaria de la región. Además, el proyecto afectó áreas de interés arqueológico y cultural, incluyendo la inundación de la capilla de San José, patrimonio cultural del Huila, y la destrucción de 78 sitios arqueológicos de importancia histórica. Las comunidades locales han manifestado su descontento y resistencia a través de diversas formas de protesta y acciones legales. La falta de consultas adecuadas y la percepción de compensaciones injustas han alimentado la oposición al proyecto. En 2009, a pesar de las múltiples denuncias y protestas, el proyecto fue declarado de interés público, lo que permitió su continuidad a pesar de las objeciones de las comunidades afectadas. Desde la Pares oficina caribe, seguimos creyendo que la implementación de proyectos energéticos de gran escala puede traer beneficios significativos en términos de generación de energía renovable, pero también puede generar conflictos si no se gestionan adecuadamente los impactos socioambientales. Para fortalecer futuros proyectos energéticos, se recomienda implementar mecanismos de consulta comunitaria desde las fases iniciales del proyecto, realizar evaluaciones de impacto completas y transparentes, y asegurar compensaciones justas y programas de responsabilidad social que promuevan el desarrollo sostenible de las comunidades afectadas.  Aprender de estos desafíos y aplicar las lecciones que dejan estos proyectos puede ayudar a garantizar que futuros proyectos se desarrollen de manera más sostenible y equitativa, beneficiando tanto a las comunidades locales como al país en general.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: w radio El cierre por tres días de uno de los locales de comida típica colombiana más conocidos de Bogotá, desató todo tipo de populismos. En horas de la tarde del jueves la DIAN tomó la decisión de cerrar este y otros 19 establecimientos por no expedir la factura electrónica. Entre ellos estaba el de Doña Segunda. Usuarios de redes sociales contrarios a Gustavo Petro convirtieron el nombre de la señora en tendencia criticando la decisión del gobierno. Incluso un medio de comunicación, Semana, afirmó que la comerciante estaba “al borde la locura” por la decisión de la DIAN que le impedirá abrir su local por tres días. En lo que va del 2024 se han clausurado 119 negocios por esta infracción. Personas que jamás habían ido a este lugar tomaron la posición contra el gobierno como si fuera un abuso descomedido al “pueblo”. Muchos de estos que criticaron a Petro eran congresistas del Centro Democrático. La memoria es frágil y olvidan que la exigencia de la factura electrónica no fue un embeleco de este gobierno. Incluso la congresista Mafe Carrascal recordó que Iván Duque en un evento en el 2019 impulsaba la Factura electrónica como un elemento para evitar la evasión de impuestos. “Hoy salen a criticar al #GobiernoDelCambio por exigir que se cumpla la Ley. Pero, lo que decía su expresidente Duque, entonces, sí estaba bien”. Afirmó la Representante del Pacto. En ese evento realizado en Cartagena Iván Duque dijo lo siguiente: “La facturación electrónica tiene que ser la gran herramienta para proteger las finanzas del Estado. Tenemos un país de 48 millones de personas donde solamente tenemos dos puntos siete millones de declarantes de renta. Además, en nuestro país puede haber 9.000 personas con ingresos de más de 50 millones de pesos mensuales que no están pagando lo que deberían de impuestos. Es muy difícil conocer cómo está su estructura de costos porque, al separar los ingresos laborales de otros ingresos, tienen tarifas muchas veces sustancialmente inferiores a las del resto de contribuyentes personas naturales”. Según esa intervención Duque afirmó que la evasión en Colombia supera los 20 billones de pesos anuales. Esta es la intervención de Duque recomendando la exigencia de la Factura Electrónica para ayudarle a Colombia a recaudar mejor.

Por: Redacción Pares Entre 1996 y el 2003 en el departamento de Sucre el proyecto paramilitar produjo 42 masacres. En él participaron ganaderos y políticos. Y, a pesar de esto, veinte años después, el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, anunció esta semana que lanzará una estrategia de seguridad en donde armará a 100 ex militares, hoy civiles, para que cumplan funciones exclusivas de la fuerza pública. El alcalde sorprendió afirmando que se encargará de armar a estos ciudadanos. Así lo denuncia el director de la fundación Paz y Reconciliación en una entrevista a Cecilia Orozco publicada en el diario El Espectador titulada "La parapolítica vive". En su carrera como investigador León Valencia ha sido un puntal de las denuncias contra la parapolítica. De hecho su gran trabajo contra esta práctica terminó con las condenas de 39 senadores y 47 representantes a la cámara, 12 gobernadores y 20 alcaldes políticos a quienes se le probaron sus nexos con el paramilitarismo. En la entrevista con Cecilia Orozco Valencia recuerda lo nefasto que fue la implementación de las Convivir a mediados de la década del noventa sobre todo en Sucre. En ese momento 420 de esas "cooperativas de vigilancia" funcionaban en el Caribe y terminaron desencadenando el infierno de las AUC. Sucre fue un escenario de guerra. Políticos como el senador Álvaro "el gordo" García se aliaron con los paramilitares para consolidar su poder regional. El senador fue condenado por ser considerado el autor intelectual de la masacre de Macayepo, perpetrada el 14 de octubre del año 2000 y en donde fueron asesinadas 15 personas y 246 campesinos desplazados. Los responsables materiales fueron los hombres de Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”. La razón de la masacre fue favorecer a latifundistas que se querían quedar con la tierra de esos campesinos. Álvaro García fue sólo uno de los políticos que tuvieron nexos con las autodefensas. En ese departamento 35 políticos han sido procesados por la parapolítica, entre los que se cuentan ocho ex alcaldes, siete ex concejales, un ex diputado, tres ex gobernadores tres representantes a la cámara y tres ex gobernadores. Los dos paras que sembraron el terror en Sucre fueron, el ya mencionado “Cadena” y Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino quienes estaban al frente del Bloque Héroes de los Montes de María. Otra de las masacres que se perpetraron en este departamento es la de Chengue, en Ovejas, Sucre, donde fueron asesinados 24 campesinos. Alias “Cadena” está detrás de más de setenta homicidios. El actual alcalde de Sincelejo fue cercano de Enilce López, la empresaria del chance conocida como “La Gata”, quien murió en enero del 2024 y fue condenada por sus nexos con paramilitares. El padrino político de Acuña es Salvador Arana, el ex gobernador de ese departamento condenado por el asesinato del alcalde del Roble. Yahir Acuña además es cercano de otro ex parapolítico, Juan Carlos Martínez. La entrevista que le da León Valencia a Cecilia López es una llamada de atención, una alarma a una realidad que sofoca: el paramilitarismo está vivo y la encarnación de ese viejo demonio es el Clan del Golfo, en uno de los apartes con López Valencia compara y distingue: “Hay dos diferencias importantes, los jefes de las AUC mantuvieron un discurso antisubversivo con el cual lograron conseguir el apoyo de importantes sectores de la sociedad y, además, conformaron una gran estructura nacional federada. El clan del Golfo es una fuerza atomizada. No existe una cúpula única y centralizada(…) hoy tienen en jaque a los dos puertos más importantes del país: Barranquilla y Buenaventura”. La parapolítica, lo único diferente que tiene con respecto a lo que sucedió a principios de este siglo es que respira en cuerpo ajeno. Está más viva que nunca.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Infobae Cuatro años después de que el ejército enterrara con honores a su hijo en el cementerio de Montería a Don Raúl Carvajal lo llamaron para avisarle que sacarían el cuerpo, que tenía que pagar una plata si no quería que lo arrojaran a una fosa común. Su hija Patricia afirma que lo vio en ese momento hablar solo. Decía una frase que nunca se le olvidará “A mi hijo no lo pueden enterrar como un perro”. Entonces pagó para que le entregaran el cadáver, lo metió en una bolsa blanca, lo subió a su camión y se lo llevó a Bogotá. En la travesía lo acompañó su amigo Ignacio Vélez. En cada pueblo al que le obligaba a llegar el viaje le contaba, al que quisiera la historia de su hijo. Le puso Raúl, como él mismo. Le decían “El mono” y sus tres hermanos lo adoraban. Quería ser piloto de guerra pero pronto se dio cuenta que, con el sueldo que ganaba su papá como comerciante de verduras en Córdoba, jamás podría costearse una carrera en la Fuerza Aérea. Igual quería servir a la patria. Y se enroló en el ejército. Su familia esperaba que se conformara con un cargo de escritorio. Pero no, el Mono era aguerrido, como Don Raúl y quería estar en el frente de batalla. Fue lancero y después cabo. Siempre en la vanguardia. Un día su hermana Doris Patricia recibió una llamada. A su hermano lo había matado un francotirador en el cerro del Martillo, en el Tarra, municipio del Catatumbo. En el combate habían caído cinco soldados más. Había muerto como un héroe. Patricia colgó y al darse cuenta de que ella era la encargada de darle la noticia a su familia, quiso precisar los datos. Ahora le decían que su hermano había muerto en el cerro de Las Comadres y que eran cuatro los soldados asesinados.  Los datos eran incongruentes y había razones para sospechar. Semanas antes de ese 6 de octubre del 2006 Raúl había llamado a su papá y le contó que estaba muy preocupado, que se quería salir del ejército porque había órdenes de matar civiles. Estaban ocurriendo los Falsos Positivos, una práctica que cobró la vida de 6.402 personas. Se medía el éxito de las campañas militares a punta de litros de sangre. Le daba miedo de que lo fueran a matar. Él igual estaba en sus trece. No se movería un ápice. Y no se movió. Cuando a los Carvajal le entregaron el cadáver se lo dieron en un ataúd completamente sellado. Ellos no tenían derecho a verlo. Pelearon y al final se lo dejaron ver. Doris vio algo raro en el cuerpo del Mono. El agujero de la bala era demasiado pequeño y tenía huellas de lazos en las muñecas, como si lo hubieran amarrado. Eran varias las señales. Desde entonces querían justicia pero cuando llamaron a Don Raúl para decirle que a su hijo lo iban a arrojar en una fosa común decidió que era hora de que el país conociera el caso. Así que después de parar en varios pueblos a contar su historia llegó a la Plaza de Bolívar, donde metió a la brava el viejo Dodge. La policía quiso desalojarlo y él no se dejó. Bajó el cuerpo y lo puso a sus pies. La noticia le había dado la vuelta al mundo. Ya todos sabían lo que había sucedido con el cabo Raúl Carvajal, asesinado a los 29 años por cometer el pecado de ser una buena persona. La historia de Don Raúl es la de la persistencia de las víctimas, las que son capaces de aguantar los martirios que sean necesarios con tal de que se haga justicia, o que al menos el país conozca el caso donde murió el ser amado. Don Raúl se hizo a un costado del congreso con su camión, al que lleno de afiches. Uno de ellos eran tres fotos. En la primera decía “Así ingresó” y aparecía la foto del cabo cuando recién entró al ejército. “Así me lo entregaron” y era la foto del rostro después de la muerte. Y en la tercera rezaba “Estos son los responsables” y se veían entonces a Juan Manuel Santos, siendo ministro de defensa, conversando con su jefe directo Álvaro Uribe Vélez, principales responsables, por línea de mando, de lo que sucedió con los Falsos Positivos. La tenacidad de Don Raúl se hizo mundialmente conocida. Él estaba ahí para contarle la historia de su hijo a todo aquel que quisiera escucharla. Decidió estar ahí, vivir en la estrechez de su auto. Y eso hizo hasta el 2021, cuando un coma diabético se lo llevó a los 73 años. Se quedó esperando una sentencia, una disculpa de Santos o de Uribe. El caso de su hijo es la otra cara de los Falsos Positivos. Su hija Doris ha tomado la posta. No descansará hasta saber la verdad de lo que pasó con el Mono.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: Poeticos Fue Fernando Vallejo quien encontró a Rafael Delgado en León, la pobre ciudad de Nicaragua donde nació Rubén Darío. Tenía más de setenta años y de la probada belleza que enloqueció a Porfirio Barba Jacob, quedaba ya muy poco. Sin él Vallejo no habría podido completar su libro, El mensajero, tal vez la mejor biografía que se ha escrito jamás sobre un poeta colombiano. Él conocía cada secreto del autor de La vida profunda . Su vida miserable en pensiones pulgosas en México, Cuba, El Salvador, Guatemala y Perú. Él lo acompañó en su último regreso a Colombia, cuando recibieron cobijo en la casa de una de las hermanas de Miguel Ángel Osorio -nombre real del poeta- en Medellín. También estuvo ahí en su último domicilio, un apartamento sin muebles en la calle López  en México, en donde la sífilis y la tuberculosis terminaron derrotándolo el miércoles 14 de enero de 1942. Barba Jacob tenía 58 años. Eso sí, Rafael no pudo estar a su lado. Había salido a conseguir, según él, medicamentos. La única persona que lo vio morir fue Concepción Velásquez, la mujer que se casó con Rafael Delgado para disipar comentarios malintencionados. Imagínense lo que era ser homosexual en la década del cuarenta. Velásquez le contó a Vallejo que Barba Jacob murió tranquilamente, a pesar de sus problemas respiratorios, viendo un crucifijo y preguntando por Rafael. Quería ser lo último que viera antes de partir. Ella, fervorosa católica, afirma que se estaba arrepintiendo. Después de conocer a Barba Jacob en El mensajero no se puede dejar de pensar en que acaso lo estaba insultando, o tan sólo se estaba burlando del crucificado. Rafael Delgado llegó sobre las cuatro de la mañana, una hora después de la muerte. Concepción Velásquez cuenta que la reacción de su esposo fue gritar con desconsuelo. Lo amaba y a pesar de eso vivió a sus espaldas durante más de veinte años. A Rafael no se le conoció otro oficio más que el de romper corazones. Jugador, bebedor, mujeriego, Delgado dejó a su familia para seguir los pasos del autor de Acuarimántima. Cuando lo conoció quedó fascinado. Sabía de sus leyendas oscuras, como la noche en la que se perdió en la Habana con Federico García Lorca, entraron a un restaurante en donde un fornido mesero los atendió. Barba Jacob, al ver los brazos nervudos, tatuados del joven no pudo resistir las ganas de morderlos. García Lorca, acostumbrado a las excentricidades de amigos de infancia como Salvador Dalí, jamás había conocido a alguien tan salvaje como el poeta colombiano. Nacido en Santa Rosa de Osos en 1883, criado por sus abuelos, creció como un pirata, desarraigado y queriendo cortar cualquier lazo familiar. A uno de sus amigos más cercanos, Juan Bautista Jaramillo Mesa, le confesó alguna vez “Amigo mío, para ser hombre, pero en toda su plenitud, son necesarias dos cosas imperativas: odiar la patria y aborrecer a la madre". Por eso, después de ser profesor en Antioquia, emprendió ruta a Centroamérica y Perú en donde incluso llegó a servirle a dos dictadores, al mexicano Porfirio Diaz, de donde tomó parte de su nombre y Leguía en el Perú. Como alguna vez dijo Frank Sinatra en una de sus canciones más conocidas, That’s life, en todos los países donde vivió supo ser rey y peón. Sobre el apellido que tomó, Barba Jacob, no hay nada claro. El que más se ha acercado a su fantasma, Fernando Vallejo, afirma que lo tomó de un apóstata español llamado Mossén Urbano quien en 1507 publicó que “un cierto Barba Jacob era el Dios verdadero omnipotente, en Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, que era igual a Jesucristo y que así como Jesucristo había venido a dar testimonio del padre, así Barba Jacob que era el padre venía a dar testimonio del hijo”. Esto, queridos amigos, es una blasfemia. Y a nuestro poeta, que tuvo tantos otros nombres, le encantaba eso, el escándalo. Y la noche. Son incontables las fiestas desbordadas que pagó de su bolsillo. Mientras le sacaba plata a directores de periódico que lo contrataban -de sus crónicas no queda nada- y en donde dejó una estela de relatos amarillistas, cuyos temas estaban pensados sólo para vender números, Barba Jacob gastaba a manos llenas en pulques, cantinas y prostíbulos. A veces, incluso, como le sucedió en Bogotá en el breve tiempo que trabajó en El Espectador, salió con Rafael alborozados en medio de la noche a tomarse todo un bar, sin haber dejado la puerta del apartamento con candado, y cuando regresaron no encontraron más que un par de periódicos viejos en la sala. Se les habían robado todo. “No nos quejemos Rafael, tapémonos con los periódicos que está haciendo frío” y así durmieron. Una vez murió Barba Jacob Rafael Delgado perdió el norte. Tenía cuarenta años y los ojos verdes ya empezaban a nublarse. Vivió de unas cuantas mujeres hasta que regresó a León, Nicaragua, donde lo revivió Vallejo. Junto a él recorrieron las posadas de México y Morelia donde el poeta era el foco de atención de deslumbrantes tertulias. Todos recuerdan su voz plateada, dura como una trompeta. Rafael Delgado murió en los años ochenta. Arruinado y triste. Las cenizas de Barba Jacob regresaron a Colombia sólo hasta el 2015 y están en Santa Rosa de Osos. Su poesía, lamentablemente, está cada vez más olvidada. Y es raro, nos quedamos sólo con versos suyos como Hay días en que somos tan móviles, tan móviles, como las leves briznas al viento y al azar… Tal vez bajo otro cielo la Gloria nos sonría… La vida es clara, undívaga y abierta como un mar… Versos de belleza indiscutibles pero que no atraerían a nuevos lectores. Lo que hay que recordarles a los muchachos es que este respondón indomable fue el primero en habla hispana en escribirle una oda a la marihuana. El poema se llama La dama de los cabellos ardientes y sus primeros versos tienen unas imágenes que rayan en el misterio de los románticos alemanes Decíame cantando mi niñera que a mi madrina la embrujó la luna; y una Dama de ardiente cabellera veló mi sueño en torno de la cuna. Su cabello —cauda sombría— ondeando al viento, ondeando al viento, ardía, ardía.

Por: Guillermo Linero Montes Los símbolos son la expresión o la representación de hechos objetivos y materiales, por medio de los cuales las ideas y el pensamiento de los hechos sociales de valor histórico, pueden tornarse memorables mediante la alusión a un símbolo. Cuando vemos una hoz y un martillo entendemos que se trata de la unión obrero-campesina en tiempos de la revolución rusa (y en la plaza roja de Moscú, como máximo símbolo de ella, se conserva embalsamado el cadáver de su máximo gestor). Así mismo, cuando vemos una cruz sabemos al instante que se trata de cristianismo (y la iglesia católica conserva un manto ensangrentado como símbolo de la muerte de Cristo, para que no se descrea de aquella realidad muy desdibujada). Y al observar el círculo, con tres líneas de los hippies, sabemos con prontitud que se trata de una invocación al amor y la paz hecho por una generación cansada de la barbarie y de sus históricas trasmisiones guerreristas. Del hipismo quedan en muchos museos atuendos y guitarras de algunos de sus protagonistas que simbolizan sus creencias en un mundo de convivencia paradisiaca. En tal suerte, la pregunta que da título a esta nota, pareciera ser muy contundente como argumento de los uribistas y de los opositores del presidente Gustavo Petro, al cuestionar que se haya reconocido como patrimonio cultural de la nación el sombrero del excomandante Carlos Pizarro Leongómez, que fuera asesinado por fuerzas del estado, cuando tras firmar la paz con el gobierno de Virgilio Barco en 1990, decidió participar en la contienda electoral por la presidencia del periodo 92-96. Desafortunadamente, porque cuando se trata de transigir en este país la extrema derecha siempre ha preferido jugarle más a la muerte que a los diálogos, Pizarro fue asesinado justo cuando las encuestas empezaban a inclinarse a su favor y cuando sus discursos, sus modos y maneras, le convertían en el más carismático entre sus contendores. ¿Por qué el sombrero de Pizarro y no el de Uribe? Esta sería una pregunta bastante válida, de no ser porque el sombrero de Uribe, por haber sido usado por este durante sus campañas políticas más agresivas, es ya un símbolo para sus seguidores y para los partidarios de la derecha que, siendo casi medio pueblo nuestro, podrían solicitar lícitamente que también le denominen símbolo nacional al sombrero de Uribe, aunque ello resulte muy difícil -y muy injusto también con el sombrero- pues, de someter el contexto de su ocurrencia a un serio examen de entendidos para evaluarlo, habría que erigirlo como símbolo nacional de nuestra incultura. El sombrero de Pizarro, por su parte, se ha propuesto en calidad de símbolo de interés cultural, sobre la base de que para quien hoy gobierna y para la mayoría del pueblo colombiano que lo eligió, debe recordársele a los ciudadanos y ciudadanas del presente y del futuro, que un líder de ellos -del M-19-, que un mártir de ellos, reconsideró su plan de lucha y optó por la paz en favor de todos. Mientras que, con su sombrero Uribe sólo ha avivado discursos calientes y guerreristas, Pizarro con el suyo, cuando en su tiempo habló ante los medios de comunicación o ante las comunidades, lo hizo en términos de paz y de respeto por la vida. Los símbolos no son caprichos, en tal suerte, quiéralo o no el presidente Gustavo Petro, o quiéranlo o no los petristas y los izquierdistas, el sombrero de Uribe también es un símbolo para una gran parte de nuestra población, que lo ha tenido, junto al gusto por el poncho y los caballos, como símbolo del traquetismo; es decir, como distintivo de una clase social muy real, por atroz o inculta que sea, y para la cual, en esa tarea de alcanzar el fin que todo ser humano merece -el confort y las holguras económicas- se justifican la corrupción, el irrespeto a las ideas de los otros y hasta el crimen. Esa población, inmersa sin escrúpulos y maquiavélicamente en su tarea de alcanzar los fines deseados, ha adoptado una música -la carrilera y el reguetón- y unos modos y maneras -las del gomelismo y la exclusión- tanto como el uso de algunos arquetipos -como el poncho y el sombrero al estilo de Uribe- con los cuales experimentan la sensación de ser un poco semejantes al dios Uribe, como le llamó el bandido Enrique Pardo Hasche. El sombrero del expresidente Álvaro Uribe y el sombrero del excomandante Carlos Pizarro, son dos símbolos del pueblo colombiano. Desde la orilla de los uribistas tal vez aborrezcan el sombrero de Pizarro y desde los seguidores del héroe del M-19 quizás hagan lo propio contra el sombrero del expresidente Uribe; pero la realidad es que cuando un gobierno ha ganado en elecciones pulcras, nadie puede dudar que está representando a la mayoría del pueblo; y cuando la mayoría del pueblo decide enarbolar como símbolo un objeto, una figura o una imagen en memoria de un suceso que lo vanagloria; entonces, hay que respetárselo; porque ese es el principio de la democracia y porque eso hace parte -quiéranlo o no los enemigos del gobierno del presidente Petro- de la autodeterminación de los pueblos. Por mi parte, en términos de las connotaciones peyorativas y en favor de la paz, prefiero ver a los colombianos y a las colombianas quitándose el sombrero de Uribe y ajustándose bien el de Carlos Pizarro. Finalmente, y en justicia por quienes fabrican estos sombreros, debo decir que en el trasunto de este debate nada hay en contra de estos productos telúricos y magníficos que incluso no rivalizan entre sí, pues ambos atavíos de copa y ala son aguadeños, aunque uno provenga de Caldas y el otro del Huila.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Español Se llamaba Zelijko Raztanovic pero le decían Arkan. En los tiempos del socialismo en la Yugoslavia de Tito era miembro de la policía secreta, ladronzuelo en París y pateador de minorías étnicas en Bélgica. Después se transformó en un asesino de musulmanes en Serbia. Tenía otra pasión además de la sang#Parisre: el Estrella Roja de Belgrado. Fundado en 1945 -recién terminaba la Segunda Guerra Mundial- es el club más ganador de Serbia. Tiene 34 títulos de liga y 27 de copa. En 1991 hicieron historia. Se convirtieron en el primer club de la Europa del Este en ganar una Champions. En ese momento la Yugoslavia que estaba unida bajo el liderazgo del mariscal Tito explotó en mil pedazos. Empezaba a formarse una guerra y a aparecer líderes como Slobodan Milosevic. Por medio del líder máximo de Serbia fue que Arkan entró en la política. Disciplinado, militar y obsesivo, la misión que le dio Milosevic era infiltrarse entre los Ultra Bad Boys, la barra brava de la Estrella Roja, los disciplinara y abrazara la causa nacionalista que causó cientos de miles de muertos en lo que se conocería como La guerra de los Balcanes. Para 1991, con el boom que significó para Serbia la obtención de la Champions, muchos jóvenes querían pasarse a la barra más extrema de la Estrella Roja. Esto lo supo encausar Arkan para lo que pretendían: hacer de los barristas un ejército sanguinario y disciplinado. Pasaron a llamarse el escuadrón Tigre. El comandante máximo era Arkan. Estos ultras siempre se caracterizaron por los zafarranchos que hacían en cada estadio de Europa o de Serbia a donde iban. Eran crueles, implacables, una energía que tenía que ser dominada y convertida en fuerza para-estatal. En su libro Dios es redondo el extraordinario escritor mexicano Juan Villoro habla sobre los ultras de la Estrella Roja “La violencia que de manera espontánea se había expresado en las tribunas se transformó en táctica de guerra (o quizás sería más adecuado decir de “depredación” pues los prisioneros eran sometidos a las más crueles torturas)” Los Tigres fueron un escuadrón de una ferocidad inusitada en una de las guerras más despiadadas de los últimos treinta años. Se estima que asesinaron a tres mil personas. Arkan, lejos de ser juzgado como un criminal de guerra, terminó el conflicto con una fortuna. Con ella quiso comprar la Estrella Roja de Belgrado pero no se lo permitieron. Se conformó con comprar otro equipo, el Oblic. Durante mucho tiempo Arkan fue una especie de ídolo para la hinchada serbia. Últimamente la historia lo ha tratado muy mal. Sobre los Ultra Bad Boys hay que decir que han cambiado. A veces son noticia por su violencia extrema, otras veces por otras noticias. Una de ellas fue apoyar, en marzo del 2022, abiertamente la invasión de Rusia a Ucrania. Una de las razones para hacerlo es que Gazprom, la empresa de gas rusa, era su principal patrocinador. También han aparecido con carteles denigrando de las invasiones y bombardeos norteamericanos en el mundo. Ya están lejos de ser un escuadrón paramilitar. Ahora son simplemente barra bravas futboleras.

Por Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave[1]. “El siglo XX divorció la justicia y la libertad. La mitad del mundo sacrificó la justicia en nombre de la libertad, y la otra mitad sacrificó la libertad en nombre de la justicia. Esa fue la tragedia del siglo pasado. El desafío del siglo XXI consiste, creo, en unir a esas hermanas siamesas que han sido obligadas a vivir separadas. La justicia y la Libertad quieren vivir bien pegaditas”. Entrevista a Eduardo Galeano-BBC.Mundo. ¿Quién dijo entonces, que la justicia se hace a costa de quitar la libertad? Foto tomada de: icrc.org El siguiente artículo, pretende contribuir a la lluvia de ideas en la búsqueda de solucionar el problema crónico e histórico del hacinamiento en los centros de privación de la libertad en Colombia, desde una orilla, con la seguridad que habrá más aportes desde otras orillas, que enriquezcan el debate y aporten a solución reales, sostenibles en el tiempo y ante todo democráticas. ¿Qué es el hacinamiento carcelario? Básicamente, el hacinamiento carcelario se refiere a la situación en la que las cárceles o centros de detención albergan a un número de personas que exceden su capacidad diseñada o recomendada. Esto significa que hay más personas encarceladas de las que las instalaciones pueden alojar adecuadamente en término. Los efectos negativos son muchos, según el jurista Raúl Zafaroni, en cárceles hacinadas hay flagrante violación de los derechos fundamentales de la población reclusa, obligada a padecer una vida infrahumana, cruel y degradante y la burla de los fines de la pena, como es la readaptación, reinserción, rehabilitación y resocialización. El hacinamiento en Colombia se ha tornado más dramático en los centros de detención transitorios, donde las personas están siendo procesadas,  y gozan del derecho de presunción de inocencia, que el derecho penal establece que toda persona acusada de cometer un delito se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un juicio justo y con todas las garantías procesales. Esto sitios de detención preventiva, son las cárceles municipales, Estaciones de Policía y URIS, éstas dos últimas se han convertido excepcionalmente en cárceles, sin ser su misionalidad, pues los procesos penales desde la justicia retributiva no avanzan y el INPEC, no tiene espacios donde tenerlos, pues también tiene altos niveles de hacinamiento, y si tuviera espacios, podría negarse a recibirlos pues por disposición legal, las personas detenidas preventivamente deben estar en cárceles Municipales (Ley 65 de 1993, Art. 17). ¿Qué no hay que seguir haciendo para deshacinar las cárceles en Colombia? No hay que depender siempre del dinero para deshacinar los centros de detención en Colombia, pues si todo pasa por éste, esa será la disculpa eterna para no hacerlo, pues lo normal es que en Colombia no haya recursos para ello y cuando los hay, no se utilizan en lo que realmente se necesitan o terminan en hechos de corrupción, y seamos sinceros, en el fondo somos una sociedad  punitiva, del castigo, que nos gusta impartir dolor para que los “culpables” rediman sus penas, y el hacinamiento es eso. Así las cosas, olvidemos que para deshacinar , hay que esperar a que el gobierno nacional asigne recursos de contrapartida; tampoco a que las alcaldías y gobernaciones asignen recursos precisos en sus presupuestos para estos fines; ni que se hagan efectivos los cobros de tasas de seguridad municipales y departamentales; y menos recomendable son las alianzas público privadas -APP-, donde se abre la puerta a otras formas de corrupción. Tampoco, es recomendable seguir haciendo más diagnósticos, el sector está sobrediagnosticado y  encuestas y fotos de las personas privadas de la libertad (PPL), exponiendo sus miserias, en las que se ve a personas privadas de la salud (PPS), personas privadas de la educación (PPE), personas privadas de la justicia pronta y justa (PPJ), personas privadas de la esperanza (PPE), en suma, privadas de su dignidad humana (PPDH),  pues en Colombia la pena privativa de la libertad viene en combo, como en los McDonald´s, donde se pierde a más del derecho a la libertad otras libertades, lo que termina convirtiendo a los privados de la libertad en víctimas. El hacinamiento en país supera el mil por ciento donde más de 22 mil personas privadas de la libertad sobreviven en estas circunstancias desde hace varios años, Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), denominados "centros de detención transitoria", en su mayoría son sindicados, que gozan de derecho a la presunción de inocencia. De otro lado el INPEC, a la fecha, 20/06/2024 https://www.inpec.gov.co/ , tiene cupos para 81.923 personas privadas de la libertad; a la fecha hay 102.689, siendo el sobre cupo de 20.762, que corresponde al 20% de hacinamiento. En relación con hombres, hay 75.329 condenados y 20.399 sindicados, y Mujeres hay 4.651 condenadas y 1.810 sindicadas. En total entre hombre y mujeres, hay 22.209 sindicados/as. Lo anterior significa que el hacinamiento del INPEC se produce por los presos que están siendo procesados y que les corresponde a los entes territoriales tenerlos. Se concluye de las anteriores que las cifras del hacinamiento en el INPEC, como en los centros de detención transitorio y cárceles municipales,  lo producen las personas sindicadas que están a la espera que se les defina su situación jurídica, por ello es que nos vamos a centrar en esa población en nuestras reflexiones en este escrito. ¿Qué hay que hacer para deshacinar las cárceles en Colombia? Cuando se aborda el tema del hacinamiento carcelario, se debe dar respuesta a dos preguntas, y de hacerlo responsablemente podemos tener la solución. Las preguntas son: ¿Cómo evitar que las personas vayan a la cárcel? ¿Cómo evitar que las personas regresen a la cárcel (reinciden)? Si damos respuesta a estas preguntas de manera eficiente y justa, “cerramos” la puerta a la cárcel para que las personas no entren; y “las abrimos” para que no regresen. Recordar que la frase, más frecuente con la que se despide el Guardia de Vigilancia que está en la puerta, el día que un preso recobra su libertad, después de haber cumplido su pena es: “…no te quiero volver a ver por aquí”. Cuando hablamos de la Justicia Restaurativa, nos referimos a esa justicia que humaniza, que restablece las relaciones rotas, a la que mejora la convivencia ciudadana, a la justicia de la verdad que preserva la dignidad humana y la vida; a la justicia del salmón, que va en contracorriente de la justicia retributiva castigadora y punitiva; a la justicia del cerdo, pues no se pierde nada, todo se aprovecha y todos ganan; a la justicia que no requiere dinero, pero si voluntad política, que se traduce en que los que tienen el poder legislativo y ejecutivo para hacerlo, lo hagan, aprobando e implementado políticas públicas relacionadas con la justicia restaurativa. ¿Qué es la Justicia Restaurativa? La Ley 906 de 2004[2] la define como todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador”  Art. 518. La Fiscalía General de la Nación[3]  considera a dicha justicia, como un concepto que conlleva una visión alternativa del tratamiento del conflicto, con miras a superar las limitaciones propias del sistema de justicia formal. Entre ellos, su incapacidad para resolver las causas subyacentes a la conflictividad, satisfacer los intereses de las víctimas, lograr una verdadera reinserción del ofensor y dar tratamiento efectivo a todos los casos. La Corte Constitucional en Sentencia C-979 de 2005[4], dice que la justicia en mención, se presenta como un modelo alternativo de enfrentamiento de la criminalidad, que sustituye la idea tradicional de retribución o castigo, por una visión que rescata la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima y victimario. […] Naciones Unidas (2006)[5] afirma que esta justicia es una forma de responder al comportamiento delictivo balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes. Naciones Unidas (2020)[6 ] premoniza, de manera futurista de esta justicia que tiene un gran potencial para contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe, 2030, porque brinda acceso a la justicia para todos y construye instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles. En Colombia nos debemos sumar a la “Lente restaurativa pragmática” que propone Howar Zehr, 2002, quien considera que la Justicia Restaurativa, no es necesariamente lo opuesto a la justicia retributiva y atiende a la existencia de programas centrados en la transición de los ofensores de la prisión a la libertad. A lo anterior, se agrega la posición del criminólogo italiano, Guidoni (2003), quien afirma que en las prisiones existen “obstáculos estructurales” que chocan a todas luces con los valores de la Justicia Restaurativa. Estos obstáculos son: La prisión controla las vidas de las personas internas y eso impide su toma de responsabilidad. La subcultura carcelaria es muy fuerte y antisocial, supone un esfuerzo sobrehumano sobreponerse a ella. La coerción y la jerarquía son inherentes a la cárcel, lo que impide instaurar una cultura de la resolución pacífica de conflictos. Los objetivos del personal penitenciario y las personas presas son contrarios a los de la Justicia Restaurativa. La jerarquía existente en las prisiones impide la consecución de autonomía personal. Las condiciones físicas de las prisiones, su sobreocupación y violencia latente, conllevan la imposibilidad de las personas presas para centrarse en las labores restaurativas. Superando, desde la aplicación en cárceles de Programas de Justicia Restaurativa, podemos superar los obstáculos estructuralesque producen las cárceles, y poner las improntas de los valores de la Justicia Restaurativa, como son los de: La voluntariedad, empoderamiento, inclusión, responsabilidad personal, respeto, honestidad, empatía., comunicación, justicia, igualdad, resolución de problemas, sanación y transformación. Dhami (2009). La JUSTICIA RESTAURATIVA, es una justicia, que solo requiere de hombres y mujeres con aptitud, vocación, compromisos éticos y morales; bien formados en cultura restaurativa y en habilidades humanas y técnicas que representa ser un buen facilitador y/o mediador; que genere confianza y sea empático; venidos de Centros de Conciliación, Cámaras de Comercio, Universidades, asociaciones comunitarias, ONG, entre otras. La justicia restaurativa ante las personas imputadas o procesadas (La Ley 906 de 2004. Art. 518) “la reparación no es una cuestión meramente jurídico civil, sino que contribuye también a la consecuencia de los fines de la pena. Tiene un efecto resocializador, pues obliga a los autores a enfrentarse con la consecuencia de su hecho y aprende a conocer los intereses legítimos de la víctima. Puede ser experimentada por él como algo necesario y puede fomentar un reconocimiento de la norma. Igualmente, puede conducir a una reconciliación entre autor y víctima y facilitar la reintegración del culpable”   (La subraya fuera del texto original) Claus Roxin La Ley 906 de 2004, le dice al Fiscal General de la Nación, que elabore un Manual que fije las directrices del funcionamiento de la mediación, particularmente en la capacitación y evaluación de los mediadores y las reglas de conducta que regirán el funcionamiento de la mediación y, en general, los programas de justicia restaurativa. (Art. 527). Lo anterior es respaldado en el LIBRO VI referido a la JUSTICIA RESTAURATIVA. CAPÍTULO I, donde se define lo que es la justicia restaurativa (Art. 518); imparte las reglas generales de su aplicación (Art. 519); le fija las condiciones al Fiscal y al Juez para remitir los casos a programas de justicia restaurativa (Art.520) y finalmente, define los mecanismos de justicia restaurativa como la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación. (Art. 521 a 526). Después de muchos años de espera, la Fiscalía General de la Nación crea el Manual de Justicia Restaurativa y se dictan otras disposiciones para el funcionamiento de la mediación penal, por medio de la Resolución No. O 03 8 3 del 1 1 mayo 2022. También, la Defensoría del Pueblo, crea el Programa Nacional de Mediación Penal, mediante la Resolución 1542 del 17 de julio de 2023. Luego la misma Fiscalía, emite la Resolución 00447 DE 2023 de agosto 30, con el fin de ampliar la oferta de servicios de mediación penal en desarrollo del Manual de Justicia Restaurativa. Las Resoluciones en mención es pedagógica y orientadora, detalla entre otras los objeto y adopción del Manual; detalla el Grupo de apoyo al funcionamiento de los mecanismos de justicia restaurativa, quien será el encargado desde la Fiscalía de la promoción y difusión; explica en que consisten los Centros de mediación y mediadores, con los que se van hacer los convenios, con entidades públicas y privadas; detalla las condiciones para ser mediador y amplían esta labor a otras profesiones diferentes a las de la abogacía; detalla el procedimiento de la mediación penal y al final, de manera detallada e ilustrada, presenta y Manual de Justicia Restaurativa. Efectos de la justicia restaurativa en el ordenamiento jurídico interno, producto de la aprobación del Manual de Mediación penal, que se dio por la Resolución 0383 de 2022, están determinados por el tipo de procedimiento a desarrollar (ordinario o abreviado) y por la pena mínima establecida para la conducta punible. Fuente: Manual de Justicia Restaurativa. Fiscalía General de la Nación. Pág.15 De acuerdo con el artículo 534 de la Ley 906 de 2004, adicionado por el artículo 10 de la Ley 1826 de 2017, el procedimiento especial abreviado se aplica para la investigación y el juzgamiento de las siguientes conductas punibles: 1.         Las que requieren querella para el inicio de la acción penal. 2.         Lesiones personales a las que hacen referencia los artículos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118 y 120 del Código Penal; actos de discriminación (C.P. artículo 134A), hostigamiento agravados (C.P. artículo 134C), violencia intrafamiliar (C.P. artículo 229), inasistencia alimentaria (C.P. artículo 233) hurto (C.P. artículo 239); hurto calificado (C.P. artículo 240); hurto agravado (C.P. artículo 241), numerales del 1 al 10; estafa (C.P. artículo 246); abuso de confianza (C.P. artículo 249); corrupción privada (C.P. artículo 250A); administración desleal (C.P. artículo 250B); abuso de condiciones de inferioridad (C.P. artículo 251); utilización indebida de información privilegiada en particulares (C.P. artículo 258); los delitos contenidos en el Título VII Bis, para la protección de la información y los datos, excepto los casos en los que la conducta recaiga sobre bienes o entidades del Estado; violación de derechos morales de autor (C.P. artículo 270); violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos (C.P. artículo 271); violación a los mecanismos de protección de derechos de autor (C.P. artículo 272); falsedad en documento privado (C.P. artículos 289 y 290); usurpación de derechos de propiedad industrial y de derechos de obtentores de variedades vegetales (C.P. artículo306); uso ilegítimo de patentes (C.P. artículo 307); violación de reserva industrial y comercial (C.P. artículo 308); ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico (C.P. artículo 312). (Tomado del Manual de Justicia Restaurativa. Fiscalía General de la Nación, Pág. 14-15) Son estos conflictos penales, los que la Fiscalía General de la Nación invita a atender desde la Justicia Restaurativa, siempre que el fiscal o el juez informen plenamente a las partes de sus derechos, de la naturaleza del proceso y de las posibles consecuencias de su decisión; y se cerciorarse que no se haya coaccionado a la víctima ni al infractor para que participen en procesos restaurativos o acepten resultados restaurativos, ni se los haya inducido a hacerlo por medios desleales. ( Ley 906 de 2004, Art. 520). En el informe de gestión, 2020-2024, la Fiscalía General de la Nación, reconoce que si bien el Código de Procedimiento Penal prevé la justicia restaurativa desde 2004, solo en 2022 la Fiscalía General de la Nación expidió la Resolución No. 0383, por medio de la cual se adoptó el Manual de Justicia Restaurativa, reglamentación que permitió implementar la mediación penal en Colombia.  Suscribimos 38 convenios o acuerdos con entidades interesadas en ofrecer servicios de mediación penal y se remitieron más de 700 conflictos a programas de mediación penal. (INFORME DE GESTIÓN. 2020 -2024. En la calle y en los territorios. Dr. Francisco Barbosa Delgado, Fiscalía General de la Nación Dra. Martha Janeth Mancera, Vicefiscal General de la Nación). La Fiscal General de la Nación, la Dra. Luz Adriana Camargo pone sobre la mesa principio de oportunidad para casos de violencia intrafamiliar: “las mujeres que acuden a denunciar no necesariamente quieren que su esposo sea privado de la libertad, quieren una solución". Dice la Fiscal, que hay casos de violencia intrafamiliar, donde las formas de violencia leves, que no queremos que escalen hacia violencia graves, donde no queremos que hayan feminicidios, lo que estamos haciendo ahí es aplicar el Principio de Oportunidad…que nos permitan monitorear cómo avanzan estos compromisos que hace el agresor, que permitan reconstruir el tejido social…las mujeres que acuden a denunciar casos de violencia intrafamiliar, no necesariamente quieren que su compañero o su esposo, sea privado de la libertad, sea condena, no, quieren una solución para la situación conflictiva que viven,  y ahí encontramos que el principio de Oportunidad, nos puede dar esa oportunidad, de solucionar un caso con unos acuerdos favorables, que reconstruyan el tejido social, de eso se trata.” https://x.com/wradiocolombia/status/1803468266817368437?s=48&t=kz_t9rZvxPnGybU-avLTVw A lo que invita la Fiscal General de la Nación se llega desde el Principio de Oportunidad, art. 324 de la Ley 906 de 2004. desde la reparación de las víctimas y justicia restaurativa, de los numerales 7, 13, 14 y 16. Si la Fiscalía General de la Nación, logra promover en el país el Manual de Justicia Restaurativa, de cara a que la gente cambie la mentalidad punitiva por la conciliadora, lleva a cabo convenios con entidades verdaderamente comprometidas y ante todo hay una pedagogía nacional rigurosa para los mediadores penales restaurativos, estaremos frente al “giro de turca” que requiere la justicia retributiva, y avanzaremos a un nuevo paradigma de la justicia penal que requiere el país, para empezar a caminar hacia una justicia donde todos ganen y aporten así, a la paz social. Finalmente, en el INPEC ya está formando en Justicia Restaurativa en los ERONES del país a las personas privadas de la libertad y funcionarios de prisiones, ¡¡Enhorabuena!!. Lo anterior con base en la Resolución No. 000822 del 02/02/2024 y 003028 del 05/04/2023, por medio de las que se aprobaron gastos para la formación de la población privada de la libertad en Justicia Restaurativa. Además de la formación que será en diferentes temas fundamentales, se harán Encuentros Restaurativos al final de los cursos, entre ofensores y víctimas. Se espera con esta formación, sembrar la semilla de la Justicia Restaurativa en los ERONES y se recomienda darle continuidad como una política pública ahora que se avecina una reforma a la justicia en Colombia. Nota final. En la Cárcel de Varones y Anexo de Mujeres, del Distrito de Bogotá, se inició un piloto en el 2028 y 2019 de Justicia Restaurativa para sindicados; además en el Municipio de Titiribí, Antioquia, se está trabajando para implementar una Cárcel Restaurativa, que sería la primera en el país.  Estas experiencias serán objeto de presentación en un próximo artículo. BIBLIOGRAFÍA NACIONAL RECOMENDADA Resolución 383 del 11 de mayo de 2022. Fiscalía General de la Nación. Manual de Mediación Penal. Resolución 447 del 30 de agosto de 2023. Fiscalía General de la Nación. Por medio del cual, se hacen ajustes a la Resolución anterior. Resolución 1542 del 17 de julio de 2023, por medio de la cual se crea el Programa Nacional de Mediación Penal de la Defensoría del Pueblo. El Pacto por la Humanización de los Centros de Privación de la Libertad, a través de la Justicia Restaurativa. Procuraduría General de la Nación. Diciembre 15 de 2017. Directiva 006. Aplicación del Programa de Justicia Restaurativa en el INPEC. 16 de abril de 2018. Directiva 013. Aplicación del Programa de Justicia Restaurativa en el INPEC. 26 de marzo de 2019. Documento de propuesta para el análisis de los programas y procesos de Justicia Restaurativa en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios. Proyecto Piloto de Cárceles Restaurativas. Análisis de resultados y recomendaciones del Proyecto Piloto de Cárceles Restaurativas en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres- Bogotá D.C. Departamento Nacional de Planeación, DNP. Diciembre 2018. [1] Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave, es Criminólogo - victimólogo. En Colombia, ha sido subdirector de Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior; Asesor del Ministerio de Justicia y del Derecho en temas penitenciarios, fue el director del Programa de Justicia Restaurativa de la Procuraduría General de la Nación PGN. El promotor del “Pacto por la humanización de los centros de privación de la libertad, a través de la Justicia Restaurativa”, que en el 2018 dio inicio al programa de “Cárcel Restaurativa”, en la Cárcel Distrital de Bogotá. Dirigió las investigaciones, en el Instituto de Estudios del Ministerio Público, IEMP: "Análisis de los servicios de Justicia Restaurativa en las cárceles colombianas y en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA)",  en el 2017 y “Proyecto integral Preventivo de Justicia Restaurativa en Colombia (PIP/JRC)” en el 2018. [2] Código de Procedimiento Penal Artículo 518. Definiciones https://leyes.co/codigo_de_procedimiento_penal/518.htm [3] Fiscalía General de la Nación. Manual de Mediación Penal. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/MANUAL-JUSTICIA-FINAL.pdf [4]  Sentencia C-979/05. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-979-05.htm [5] Manual sobre Programas de Justicia restaurativa. SERIE DE MANUALES SOBRE JUSTICIA PENAL. OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. Viena 2006. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf [6] Handbook on Restorative justice programmes. SECOND EDITION. CRIMINAL JUSTICE HANDBOOK SERIES. UNITED NATIONS. Vienna, 2020. https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf