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Por: Katerin Erazo, Periodista Las Fuerzas Militares han lanzado una alerta ante la aparición de una nueva modalidad de secuestro, identificada como 'falso servicio', que estaría siendo empleada por las disidencias de las FARC, específicamente por la estructura 'Marco Aurelio Buendía' del autodenominado 'Estado Mayor Central'. Este método se reveló en un reciente caso en el departamento del Meta, el cual afortunadamente fue frustrado a tiempo por las autoridades. La situación ocurrió en la vereda El Diamante, en la zona rural de Acacías (Meta). Supuestos clientes contactaron a una empresa de transporte público solicitando el traslado de una familia hacia Villavicencio. Sin embargo, cuando la camioneta de servicio público llegó al lugar indicado, fue interceptada por hombres armados. Según el comunicado de prensa emitido por las Fuerzas Militares, al llegar al sitio, el conductor fue abordado por varios hombres armados que lo intimidaron, lo despojaron de su teléfono celular y lo aislaron mientras lo amenazaban. Los secuestradores exigieron una suma de 28 millones de pesos al gerente de la empresa transportadora a cambio de la liberación del conductor y la devolución del vehículo. El Gaula Militar del Meta fue alertado del secuestro extorsivo mediante la modalidad de falso servicio. En menos de hora y media, un plan candado se ejecutó entre las unidades militares y la Fiscalía, lo que permitió localizar y rescatar a la víctima. A través de inteligencia técnica, se identificó la ubicación del conductor y de dos de los secuestradores. Uno de ellos intentó escapar, pero fue capturado. El rescate se realizó en un paraje rural de Acacías, donde las autoridades lograron liberar al conductor y capturar a los secuestradores, presuntos integrantes de la estructura 'Marco Aurelio Buendía'. El coronel Gerson Rincón Morantes, comandante de la Séptima Brigada, informó sobre el exitoso operativo: "Sobre las 4:00 de la tarde, mediante inteligencia técnica, fue identificada la ubicación del retenido y dos secuestradores, quienes fueron capturados en flagrancia por el Gaula; uno de ellos intentó escapar, pero falló". El coronel destacó la rápida y efectiva respuesta de las fuerzas de seguridad que permitió salvar la vida del conductor y desmantelar una operación criminal. El conductor fue llevado a las instalaciones de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, donde se reencontró con su familia y colegas. Agradecido y emocionado, expresó su alivio y gratitud hacia las autoridades por su pronta intervención. Las Fuerzas Militares anunciaron que fortalecerán los dispositivos de sus Gaulas Militares en el Meta y recordaron la disponibilidad de la Línea Gratuita Nacional 147 para reportar cualquier acto delictivo, como secuestro y extorsión. En un comunicado, la unidad militar enfatizó: "Esta acción muestra el compromiso de las tropas con la protección de la vida y los bienes de la comunidad metense, que decide denunciar a actores criminales que pretenden arrebatar su tranquilidad y el producto de su trabajo". El operativo no solo resultó en el rescate del conductor, sino que también permitió la captura de individuos vinculados con acciones terroristas y de extorsión en la región. Según las autoridades, los capturados habrían participado en el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados en municipios como Acacías y Granada, utilizados como métodos de intimidación contra comerciantes. El coronel Rincón instó a la comunidad a continuar denunciando cualquier actividad delictiva, resaltando que la colaboración ciudadana es crucial para desarticular las redes criminales y garantizar la seguridad y la paz en la región. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, el secuestro en Colombia ha disminuido un 32% en lo que va del año. Sin embargo, la extorsión ha mostrado un preocupante incremento del 28%. Estas estadísticas subrayan la necesidad de mantener y reforzar las estrategias de seguridad y cooperación entre las fuerzas del orden y la ciudadanía. Cabe recordar los informes realizados por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Uno de los informes publicado en marzo, titulado “Radiografía de la extorsión en Colombia”, menciona que la extorsión creció entre 2022 y 2023 un 7.9%, pasando de 9.791 a 10.560 casos en un solo año. El modo predilecto para efectuarlo es a través de llamadas telefónicas con 4.513 casos, seguido por los cobros directos con un 26% y las redes sociales con un 14.3%. Además, el 40% de las extorsiones se realizan desde centros carcelarios. Los departamentos con mayor incidencia son Antioquia, Bogotá D.C, Atlántico, Valle del Cauca y Norte de Santander, destacándose también Meta, Cauca y Chocó. Por otro lado, otro informe publicado por la Fundación Pares sobre el secuestro menciona que el país cerró el 2023 con un total de 343 secuestros, con octubre destacándose negativamente al acumular 43 casos, la cifra más alta registrada para un solo mes en los últimos cinco años. Los departamentos más afectados por este delito son Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño y Cauca, que suman un total de 205 casos, mostrando claramente las regiones más impactadas por esta problemática. Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, menciona que, en términos de actores armados, no habían registrado una mayor cantidad de acciones armadas por parte del Estado Mayor. Sin embargo, en la última semana se han reportado combates y ataques a la fuerza pública en lugares como Mapiripá. Marín destacó que el Ejército ha denunciado que el Estado Mayor Central utiliza las casas como escudos humanos para atacar al Ejército. Además, la investigadora señaló que estos actos se atribuyen al Frente 44. En otras zonas, especialmente en cabeceras municipales, se han registrado hechos de extorsión, amenazas e incluso secuestros, que no incluyen repertorios de violencia como los combates. Estos ataques a la población civil se han intensificado. Esto es problemático según Paola Marín ya que se viene de un escenario de diálogos regionales en los que el líder de esta estructura, Calarca, se ha reunido con organizaciones sociales, entes del gobierno y en la Mesa de Negociación de Paz, comprometiéndose a generar acuerdos territoriales. La gobernación del Meta ha tomado acciones junto con la policía para frenar estas actividades delictivas, golpeando a varios cabecillas e integrantes de la estructura. Sin embargo, una observación que hace la investigador de Pares es que, en el marco de las negociaciones territoriales, hay una disminución de acciones violentas, pero cuando se sale de esos escenarios de discusión, los picos de violencia vuelven a aumentar. Por lo tanto, ella sugiere que es necesario incentivar el escenario de diálogo territorial en congruencia con los diálogos nacionales, considerando que un nuevo ciclo de negociación está por iniciarse. Debe haber coherencia entre el escenario territorial y el nacional, así como una comunicación efectiva entre las gobernaciones departamentales, municipales y el escenario nacional. El espacio de diálogo no debe ser utilizado por organizaciones como el Estado Mayor para delinquir abiertamente. Si cometen crímenes, debe haber una respuesta por parte del gobierno, complementando las estrategias de paz acordadas entre la estructura y el gobierno.

Por: Redacción Pares Fotos tomada del: Canal 1 En Colombia no existen crímenes de sangre. Y está bien. Como lo dijo el protagonista de este artículo, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, “Yo quiero a mi papá pero yo soy yo y él es él”. Eso está claro, pero hay nombramientos y poderes, en un país golpeado por la guerra, que deben tener matices. Pocos hombres han llevado tanto terror al Caribe colombiano como Rodrigo Tovar Pupo, ex comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ha sido tan poca la voluntad de Jorge 40 para contar la verdad de lo que sucedió en el Caribe colombiano que la ley de Justicia y Paz lo excluyó de ella. Es que se negó a asistir a 48 diligencias de versión libre en los primeros siete años de su condena. Jorge 40 debe hablar y hundir a los poderosos de la Costa Caribe que se lucraron y amasaron fortuna con los paramilitares. Jorge 40, en conversaciones que se han filtrado, ha señalado lo siguiente: “Nosotros a los municipios no les quitábamos un peso, pero eso sí, a cada empresario que llegara a la región para enriquecerse como contratista, le gravábamos el 5% del 70% del valor de la obra”. Además Jorge 40 filtró a la clase política de esa región. En el año 2022 Jorge 40 reconoció su responsabilidad en el asesinato de 13 personas y desplazamientos forzados ocurridos entre los años 2000 y 2005 en los departamentos de Atlántico y Cesar. Nunca confesó los crímenes que todos sabían cometió: los asesinatos selectivos a sindicalistas de la minera Drummond, o masacres como la de Nueva Venecia en donde asesinaron a 39 personas. En ese mismo año el país conoció el nombre de su hijo. Es que fue elegido con 35.133 votos como representante a la cámara por la circunscripción transitoria especial para la paz. Yayo, como le dicen, obtuvo la mayoría de los votos en la tierra de su padre, Valledupar, donde consiguió 14.222 electores. Su campaña estuvo plagada de señalamientos. Algunos de los candidatos a la Cámara que no alcanzaron los votos suficientes le afirmaron al portal Rutas del Conflicto que no pudieron moverse por algunas zonas en donde el único candidato que podía hacerlo era el hijo de Jorge 40 “Estos tres meses no podíamos entrar a la Sierra Nevada o la Serranía del Perijá a hacer campaña, eran territorios que los paramilitares custodiaban y le decían a la gente que debía votar por ‘Yoyo’ Tovar”. Muchos candidatos de zonas en donde Jorge 40 y sus hombres sembraron el terror se sintieron revictimizados ante la victoria electoral de su hijo. La investigadora Natalí Triana de la Fundación Pares afirmó en su momento, sobre las circunscripciones de paz que Se volvieron un botín para los políticos tradicionales, que necesitan mantener o ampliar su poder en el Congreso. Para nadie fue un secreto las denuncias de las víctimas frente a la presencia de grupos armados que pedían a la gente votar por ‘Yoyo’”, Este abogado de treinta años se hizo conocido en el país después de que fuera nombrado por Alicia Arango en el ministerio del interior como director de la oficina de víctimas en el 2020, nombramiento que causó indignación nacional. El poder del hijo de Jorge 40 se ha hecho sentir en la Agencia de Desarrollo Rural. Allí tuvo el poder para darle el aval a alguien de su cuerda, Carlos César Silva. Para los que no lo saben La Agencia de Desarrollo Rural es una entidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y se encarga de ejecutar la política de desarrollo agropecuario con enfoque territorial, según información oficial. Carlos César Silva hizo campaña presidencial con Alejandro Gaviria y fue avalado por Yoyo Tovar. La Unidad Técnica Territorial tiene competencia en Magdalena, Cesar y La Guajira y su sede está en la ciudad de Santa Marta. En Colombia no existen delitos de sangre y está bien, pero es inexplicable e indignante que el hijo de uno de los más temibles paramilitares tenga en un puño la ADR.

Por: Redacción Pares La Carolina, en Yarumal, Antioquia, es una de las veinticuatro grandes propiedades de los Uribe Vélez en Antioquia. Para los que no lo saben esta familia tiene fortuna. La heredó de su padre, Alberto Uribe Sierra, y la acrecentaron sus hijos. Alberto Uribe fue asesinado en 1983 mientras aterrizaba en su hacienda, Las Guacharacas. Uno de sus hijos, Álvaro, hizo campaña exitosa hasta la presidencia afirmando que a su papá lo habían matado las FARC y que él era una especie de vengador. La verdad no es clara la participación de este grupo guerrillero en ese ataque. Uno de los primeros libros que desentrañó los entresijos del poder y el narcotráfico fue Los jinetes de la cocaína del periodista Fabio Castillo, un libro que no le debe gustar demasiado al ex presidente y a su familia. En él se afirma que tenía vínculos directos con el clan Ochoa, uno de los miembros del Cartel de Medellín, socios de Pablo Escobar. Los Ochoa, después del secuestro de Martha Nieves, la hermana menor del clan, arman el MAS, Muerte a Secuestradores, uno de los primeros grupos paramilitares que se movieron en el país. En 1982, afirma Castillo, Uribe Sierra fue detenido con fines de extradición a los Estados Unidos, pero los contactos que tenía Álvaro Uribe lo salvaron. Un año después lo asesinarían. Entre todas las propiedades que heredó Santiago Uribe se amañaba mas en La Carolina. Recuerda la periodista Olga Behar en su libro El clan de los doce apóstoles que Santiago se mudaría a este lugar donde fundaría este grupo paramilitar. La legendaria periodista vallecaucana se consiguió un testigo de excepción, el mayor Juan Carlos Meneses, quien después compadecería ante la JEP y es el principal testimonio contra el hermano del ex presidente. El pasado 17 de junio reiteró que Santiago Uribe era auspiciador de paramilitares. Está condenado a 27 años de prisión por homicidio y fue el ex comandante de la policía de Yarumal por lo tanto sabía muy bien los nexos entre fuerza pública y paramilitarismo. A Behar Meneses le contó lo siguiente: “Usted llegaba a la hacienda La Carolina y encontraba gente armada, con fusiles y uniformados. Usted pensaba “es el ejército” pero no, al mirarles los fusiles R-15 o el AK 47, se daba cuenta que no eran soldados, esas no son armas que el ejército manejaba. Ya por esa época los paramilitares consiguieron buen armamento”. Meneses afirmó que se encontró varias veces con Santiago Uribe y le mostró que, detrás de la plaza de toros que tenía en La Carolina, había una pista para entrenar paramilitares. “Allí era donde entrenaba físicamente a los que después participaban en las acciones ordenadas por Santiago Uribe. Yo estaba aterrado, impactado, porque mientras íbamos caminando por los terrenos, muy bonitos y bien cuidados, me decía que políticamente él estaba muy bien conectado, tanto así que su hermano, que había sido senador, tenía segura la Gobernación de Antioquia. Me decía que tenía el apoyo de todo el mundo y yo entonces pensaba: esto está orquestado con todo el Gobierno, está amparado en los altos mandos militares”. Estos eran los años 1992-1993. Cuatro años después Santiago Uribe Vélez fue interrogado por el accionar de los 12 Apóstoles, nombre con el que se conocería este grupo. En 1999, por falta de pruebas, archivan su caso y este duerme hasta el 2010 cuando aparece el testimonio de Meneses. Él llegó a Yarumal en 1993 a ser comandante de la policía. Reemplazaba a un oficial de apellido Benavides quien le dijo que tenía que ayudar a un grupo que operaba en la zona y que hacía Limpieza Social. Según le contó a Verdad Abierta “el grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez, quees el hermano del (entonces) senador Álvaro Uribe. Él es un ganadero de la región que tiene la hacienda cerca de Yarumal, la hacienda La Carolina. Él es el jefe de este grupo paramilitar”. En varias reuniones Meneses acordó apoyar a los 12 apóstoles, realizar casi que una labor conjunta. El nombre del grupo se debe a que uno de sus integrantes era un sacerdote de apellido Palacios quien cargaba una biblia hueca donde escondía su pistola. Aunque Meneses estuvo sólo tres meses en Yarumal fue testigo de dos acciones del grupo. Meneses no es el único testigo contra Santiago Uribe. De él ha hablado Salvatore Mancuso y un ex trabajador de la finca llamado Eunisio Pineda Luján. Lo increíble del caso de Santiago Uribe es que después de dos años de haberse acabado las audiencias no hay veredicto sobre su caso. Este es un proceso que lleva 26 años y que ha demostrado que en Colombia, si se tiene poder, las investigaciones pueden dormir hasta extinguirse.

Por: Iván Gallo Los picós retumbaban en las esquinas de Aracataca. Era domingo, pleno día del padre y todas las licencias estaban permitidas. En el parque central los borrachos desocupaban las últimas botellas. Acá no existe la depresión del atardecer dominguero. El lunes no es real, es sólo una pesadilla lejana. Estas son las ventajas olvidadas de que el tiempo pase lento.  Llegamos a Aracataca con el último aliento de un sol esplendoroso. Somos rolos, la depresión se nos posa en el hombro como un Rey Gallinazo, el sudor nos empapa la camisa. Nos molesta el calor y también la alegría. “Hay días más calientes” dice con orgullo Tony, un estudiante de artes plásticas de hablar pausado y ojos soñadores que se ha leído desde los siete años todos los libros de Gabo y que cada seis meses relee su obra más famosa: Cien años de soledad. Él fue nuestro guía. Aracataca ha sido un peso que ha cargado Gabo desde que se convirtió en el colombiano más universal en 1967, cuando la historia de la familia Buendía fue tan popular como El Quijote. García Márquez, se afirmaba a los cuatro vientos, era el nuevo Cervantes. Desde su lanzamiento Cien años de soledad ha vendido cincuenta millones de ejemplares. Cifras parecidas han tenido otros clásicos suyos como El amor en los tiempos del cólera y Crónica de una muerte anunciada. Gabo ha sido uno de esos casos cada vez más raros en el que la crítica y el gusto popular se mezclan. Fue rico porque creó un universo, Macondo, no porque haya robado o explotado a nadie. La única obligación que tuvo fue la de escribir y en eso fue extremadamente riguroso. Le dio magia a un país que no lo tenía. Magia al país de las masacres. La deuda con él es impagable.   Aracataca ha sido la excusa perfecta para los que decidieron odiar a Gabo porque no tienen el tiempo ni las neuronas para adentrarse en su obra, Aracataca es la venganza por haber sido amigo de Fidel Castro, por haber nacido en el Magdalena, por ser un costeño. ¡Qué duro ha sido para Bogotá, esta tierra de poetas, aceptar que el escritor más grande del país no sea un cachaco! Armando Zabaleta compuso a comienzos de los ochenta un vallenato en donde le reprochaba la decisión de donar el dinero que recibió por el Premio Rómulo Gallegos a un grupo guerrillero en Venezuela cuando bien pudo “haber sido como Pambelé” y haber ayudado a su pueblo. En una parranda privada en el último Festival de la Leyenda Vallenata, Carlos Vives y Silvestre Dangond decidieron cantar Aracataca te espera , el nombre que le puso Zabaleta a su canción y otra vez la historia volvía a ser esa serpiente que se muerde la cola. Las mismas críticas que se escuchan desde hace 57 años, señalando al escritor como el único culpable del abandono en el que está su pueblo. Ojalá se tuviera el mismo rigor a la hora de señalar a los corruptos. No hay que ser un experto en política pública para saber que el destino de Aracataca es el mismo que han tenido la mayoría de municipios colombianos. Se saben quienes son los verdaderos culpables del abandono, pero nadie los señala. Es más fácil señalar a un mito. El espíritu garciamarquiano no se siente en la plaza central de Aracataca. Este ya no es el mismo pueblo de casas de bahareque y cañabrava de principios del siglo XX, ni el mismo que era cruzado por un río de aguas diáfanas en donde se veían unas piedras tan grandes como huevos de dinosaurio. Es la ruina de la ruina de lo que dejaron los gringos después de que se fueron en 1928. La United Fruit, que después se llamaría Chiquita Brand y que acaba de ser encontrada culpable de asociarse con grupos paramilitares, cumplió un siglo en el país  haciendo masacres y saqueos. Lo único que quedó de su paso demoledor fueron las casas de techos de zinc y la hojarasca del olvido. Son las cinco y treinta de la tarde, y como cada cuarenta y cinco minutos los rieles de la vía empiezan a temblar. El tren, que fue tan importante para Macondo, pasa pero no se detiene. Viene cargado de carbón. Durante cuatro minutos vemos pasar y pasar vagones cargado de riqueza y contaminación. Es el corredor férreo entre Santa Marta y Chiriguaná que moviliza 35.5 millones de toneladas de carbón. Petro, en su grandilocuencia, lo llamó el corredor de la vida, algo bastante paradójico teniendo en cuenta el nivel de contaminación que genera el carbón. El tren pasa por la bella estación amarilla. Pasa y no se detiene. Hace más de setenta años no deja pasajeros. Cuando Gabo se fue la primera vez de Aracataca, lo hizo en un tren. Tenía ocho años y Nicolás Márquez, su abuelo, el oficial del ejército, acababa de morir. Era lo que más quería en esta vida. Alguna vez le preguntaron por sus memorias y dijo que no tenían ninguna importancia, no se podrían escribir porque “a mí me pasaron cosas hasta los ocho años” como si la vida fuera de Aracataca, toda la gloria y Mercedes no fueran más que una entelequia. Gabo, en ese tren, regresó en 1952 a acompañar a su mamá a vender la vieja casa y después lo esperaría el hambre en Paris, el sacrificio en México, la explosión de Cien Años en Buenos Aires, el vedetismo en Barcelona, el Nobel en Estocolmo y la cómoda vida en la calle del Fuego en México. Aracataca sólo fue un recuerdo, un sueño que se le aparecía de vez en cuando y sólo regresó en el 2007, cuando ya la enfermedad del olvido lo había minado. Regresó en tren, también. Eran los años en lo que el presidente era Álvaro Uribe, un hombre que jamás habrá gastado un minuto de su tiempo en leerse una novela. Y mucho menos una novela de un amigo de Fidel Castro. En ese momento Gabo ya estaba más allá del bien y del mal así que promueven el regreso de Gabo a su pueblo en un tren compuesto de tres vagones remodelados como si fueran de los años cuarenta. Hace el trayecto, desde la Sociedad Portuaria de Santa Marta al lado de la siempre distante Mercedes. Lo acompañan 200 invitados. Están celebrando los cuarenta años de la publicación de Cien años de soledad y este viaje es la oportunidad para lanzar un proyecto: revivir la ruta de Macondo para incentivar el turismo. Gabo es recibido como un totem, como alguien que no es de este mundo, con el mismo asombro que los habitantes de Macondo vieron levitar al padre Nicanor Reyna cada vez que se tomaba un chocolate caliente y subir al cielo en cuerpo y alma a Remedios la bella, contemplaron a Gabito bajarse del tren. Aracataca por fin podía abrazar a los dos gigantes que la habían hecho grande: el tren y el Nobel. Pero ninguno de los dos se quedó. Gabo regresó a México entre la niebla de su enfermedad y los vagones se los llevaron. La estación sigue allí, amarilla, republicana y hermosa, como una muestra más de lo que estaba destinada a ser Aracataca, la tierra de Gabo, de Leo Matíz, la tierra que da artistas tan tenaces como Tony, nuestro guía, quien posee la misma determinación que tuvo José Arcadio Buendía por conseguir una ruta que lleve a Macondo la modernidad. Es inevitable no irse de Aracataca triste. El olvido en el que está sumido este pueblo es una nueva cachetada que le da Bogotá al Nobel. Y nos han hecho creer lo contrario. Hay una anécdota que muestra el desprecio que Bogotá sentía por Gabo. Felipe López, en el año 1981, lo invitó a dar un taller de periodismo a los periodistas de Semana, revista de la que era su fundador y su dueño. García Márquez en ese momento era uno de los hombres más amenazados del país. El haber sostenido durante 8 años Alternativa, una revista que se oponía con firmeza a la desmesura dictatorial del gobierno Turbay, le granjeó enemigos poderosos de la extrema derecha. Se hablaba incluso de un plan para asesinarlo. Así que Gabo daba en la sede de Semana una clase magistral de cómo hacer títulos sugerentes, pegadores, para que la gente se interesara por la noticia. Puso un ejemplo “Si yo salgo ahora de este edificio y me asesinan, ustedes cómo titularían” López, hijo de presidente, respondió “Matan a costeño”. Todos rieron, menos Gabo.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El pasado 2 de junio de 2024 se cumplió el primer año del inicio de la Mesa Carcelaria con las Bandas del Valle de Aburrá. Recordemos que su instalación se hizo en la Cárcel La Paz de Itagüí, lo que permitió que se contara con la presencia de la mayoría de los cabecillas de las organizaciones criminales de este territorio; además, representantes del Gobierno Nacional, de la Comunidad Internacional y de la Pastoral Social, entre muchos otros asistentes. Para hacer un balance del primer año de operación de la Mesa, el 14 de junio de 2024, la congresista Isabel Cristina Zuleta, quien ha estado al frente del proceso de paz urbana por parte del Gobierno en la ciudad de Medellín, citó a una audiencia pública en el histórico recinto el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Donde la acompañaron un grupo de congresistas para escuchar a todas las partes —fueron más de 100 las personas inscritas para hablar, entre ellos: los voceros de ambas delegaciones, representantes de la sociedad civil y de la academia y funcionarios del Gobierno—. Como era de esperarse, las posturas frente a este proceso fueron muy disímiles. El balance que hizo la delegación del Gobierno en la Mesa la hizo Jorge Mejía, el facilitador de paz urbana del Gobierno, quien destacó los logros alcanzados este año en materia de seguridad. Entre ellos, la reducción de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que durante este primer trimestre de 2024 ha sido la más baja en los últimos 40 años. También la caída en variables como el hurto —con una reducción del 22%—, los atracos con arma de fuego —cayeron en 33%— y el hurto a residencias —disminuyó 16%—, entre otras variables. Para Mejía, está importante reducción en las variables asociadas a la criminalidad en la ciudad se debe, en buena parte, a la disposición a dialogar y pactar acuerdos de las 14 estructuras armadas criminales que participan en el proceso —entre ellas, La Oficina, Los Pachelly, Los Mesa, La Terraza y Los Triana—. Las cuales representan cerca del 85% de todas las estructuras criminales de Antioquia y alrededor de la mitad del país. Igualmente, varias organizaciones de la sociedad civil destacaron la participación que vienen teniendo en el diálogo socio-jurídico, como parte del Comité Autónomo de Impulso de la Sociedad Civil. Con el que se reconoce el apoyo de la ciudadanía y de diversas organizaciones de la sociedad a la paz urbana. Y los esfuerzos que hacen para ampliar la legitimidad y confianza en el proceso y trabajar en generar un apoyo más amplio de la ciudadanía. Sin embargo las críticas, los problemas y los vacíos a este proceso de paz urbana fueron mayores que los logros y avances alcanzados. La promesa que hizo el Gobierno de avanzar en el pilar de sometimiento a la justicia de las estructuras armadas de alto impacto, y especialmente, con los grupos armados criminales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se está incumpliendo. El optimismo con que se abrió el diálogo en la cárcel de la Paz hace un año se está desmoronando, pues los resultados son pocos, para un proceso que es fundamental para avanzar en la construcción de la paz total en el país. En conclusión, el balance que se hizo en el evento, luego de doce meses del inicio del proceso de diálogo socio-jurídico con las estructuras organizadas criminales del Valle de Aburrá, son escasos. Con ello, el Gobierno de Gustavo Petro está desaprovechando el compromiso de los líderes de estos grupos para avanzar en el  componente de la paz urbana contenido en la Ley 2272 de noviembre de 2022 o Ley de Paz Total. El Gobierno está olvidando la tarea de convertir nuevamente a Medellín en un territorio piloto de la metamorfosis de la criminalidad en legalidad y que sirva a otras ciudades de Colombia y del mundo como ejemplo para enfrentar la criminalidad organizada que también es uno de sus mayores problemas. Los responsables de está inacción alrededor de la paz urbana en Medellín son muchos, pero aquí quiero nombrar dos que fueron comunes en las intervenciones que se realizaron en la audiencia. El primero es el Congreso de la República, quien, a pesar de contar con una propuesta de Ley de Sometimiento, no ha tenido gran discusión y hoy está al borde del olvido esta iniciativa. La inacción legislativa dejó en el limbo jurídico los acercamientos y desmotivó a los  cabecillas, y está provocando que los diálogos socio-jurídicos tengan un halo de inseguridad y generen la parálisis de los actores. Y el segundo responsable es el Gobierno en todos sus niveles. Empezando por el Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que ha tenido olvidado la paz urbana, en especial, luego de la salida de Danilo Rueda —quien al menos escuchaba—, con la llegada de Otty Patiño, quien ha estado ausente y ni siquiera mandó un representante a la Audiencia Pública. Continuando con el Gobierno departamental, que en sus dos mandatos —el de Aníbal Gaviria y Andrés Julián Rendon— han mantenido una postura crítica frente al proceso. Y terminando con el Gobierno local que, a pesar de los potenciales que tiene para el manejo del orden público en la ciudad, ha estado reacio a reconocer los avances. El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en todas sus intervenciones desconoce los aportes que está haciendo el espacio socio-jurídico y considera que los buenos resultados se debe a la acción de las autoridades para el desmonte de estructuras criminales. Entre todos ellos —Gobierno nacional, regional y local— existe una baja cooperación interinstitucional que hace imposible el trabajo coordinado. Todos han dejado solos al equipo de trabajo con que se inició el proceso —en cabeza de Jorge Mejía, el facilitador de paz de Petro en la región— con lo que se constata el abandono estatal. A pesar de todas estas inacciones y las múltiples debilidades, en el evento del 14 de junio quedó claro se debe seguir insistiendo en el fortalecimiento de la paz urbana en el Valle de Aburrá. Se hizo el llamado a que este requiere de mayor compromiso de los diversos actores, para que se propongan iniciativas y se ayude a aumentar los esfuerzos en materia de reducción de la violencia: las tasas de homicidio, las extorsiones y el desplazamiento forzado intraurbano y la vinculación de los menores en la criminalidad. Pero, en especial, se requiere avanzar en la construcción de esta paz positiva, orientada a la reconciliación y la búsqueda de la tranquilidad. El llamado que se hice es en la necesidad de incorporar a la población en las dinámicas de la paz urbana. Es muy conveniente acompañar el proceso de iniciativas sociales y comunitarias, eso sí, respetando su autonomía y capacidades. El territorio urbano requiere reconciliarse, avanzar en la construcción de la verdad, la justicia restaurativa, la reconciliación, la configuración de nuevas economía y aumentar la gobernanza policéntrica. * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares El último congreso del ELN se había realizado en enero del 2015. Uno de los puntos más destacados de ese encuentro fue el de abrirle la posibilidad a una salida negociada de la guerra. En el comunicado final dejaban la puerta abierta al diálogo "Asistimos a este diálogo para examinar la voluntad real del gobierno y del Estado colombiano; si en este examen concluimos que no son necesarias las armas, tendríamos la disposición de considerar si dejamos de usarlas". Diez años después el ELN realizó su VI Congreso. La expectativa era total. Semanas antes a este encuentro el gobierno nacional y este grupo guerrillero lograron un importante acuerdo: el de la participación. Sin embargo las relaciones entre ambos bandos se habían tensado en las últimas semanas. Por eso las noticias que llegaron desde el VI Congreso son buenas. El centro de la declaración final del congreso fue la apuesta por la paz: “El Congreso reafirma su voluntad de paz y su compromiso para cumplir lo acordado en la mesa de diálogos con el Gobierno”. La carta fue leída por uno de sus máximos dirigentes, Antonio García. La buena noticia es tener la certeza que todos los frentes, incluso en donde más ha habido amagues de rompimiento, como el Domingo Laín, están alineados en torno a la negociación política. También mostraron su entusiasmo por el acuerdo de participación al que se llegó en la mesa “Este proceso de paz, construido con la participación de la sociedad, al recoger las expectativas de cambio de las mayorías puede abrir o confluir en un proceso constituyente”. Igual, las conclusiones no estuvieron exentas de una que otra puya al gobierno. el proceso de conversaciones de paz atraviesa una grave crisis producida por incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno”. Para el director de la fundación Paz y Reconciliación León Valencia esta es una muy buena noticia ya que no hubo “Un llamamiento a la confrontación y a la guerra”. Estas fueron las conclusiones más relevantes que dejó el VI Congreso: “hablan también de que Petro y su gobierno están intentando las reformas que requiere el país, pero la oposición las tiene bloqueadas, apreciación muy similar a la que se le oye al gobierno nacional; señalan que la paz con el ELN y el proceso de participación de la sociedad civil puede desembocar en un proceso constituyente,  idea que coincide en mucho con las declaraciones de Petro de los últimos meses; hablan de la unidad del ELN de la ratificación del mando y destacan como tres principales comandantes a Antonio García, a Pablo Beltrán y a alias Pablito o Gustavo Aníbal Giraldo, lo que quiere decir que la representación del frente de Guerra Oriental y del Domingo Laín están garantizadas en el máximo órgano de dirección de esta guerrilla; hay en todo caso un airado reclamo al gobierno por lo que el ELN llama incumplimiento en la mesa de conversaciones y reclaman un cambio en la actitud del gobierno para superar la crisis en la negociación”. Francisco Daza destaca la voluntad de seguir negociando con el gobierno nacional y es un reflejo de la importancia que tuvo el haber firmado el acuerdo de participación civil. Pero hay preguntas que siguen flotando, uno de ellos es el del Frente Comuneros del Sur, en donde no se sabe si este Frente seguiría siendo parte del ELN. Lo otro que no se expuso en este comunicado fue lo del secuestro, práctica que, afirmaron, volverían a implementar. Esto queda aún como incógnita “También queda claro que no se han curado los roces entre delegación de gobierno y el COCE, seguramente para el VII Ciclo que se va a retomar ambas partes harán exigencias para retomar la negociación”. El ELN ha intentado acercamientos con el gobierno para hablar de paz desde 1975. Ninguna de las mesas de negociación en la que participó esta guerrilla había logrado concretar un acuerdo como el de participación.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Infobae Sobre las once de la noche del 13 de noviembre de 1985 todos los malos augurios que habían sobre Armero se hicieron realidad. El alcalde de esa ciudad, Ramón Rodríguez, venía advirtiéndole al gobierno nacional sobre la amenaza que se cernía sobre ellos. La erupción del volcán nevado del Ruiz era inminente. Había un informe que predecía este hecho. Lo había escrito el coronel Joaquín Acosta en 1842 y se había publicado en la Academia de Paris. Por la periodicidad mostrada por el volcán se podía saber a ciencia cierta el momento en el que volvería a despertar. Con las pruebas en la mano viajó a Ibagué se reunió con quien era en ese momento el gobernador del Tolima, Eduardo García Alzate, pero nadie le hizo caso. En la noche previa a la avalancha ya Armero estaba inundado. Tuvieron tiempo incluso de sacar a la gente del lugar. Pero no. A nadie le importó. La tragedia de Armero no acabó con los 22 mil habitantes que fueron borrados del mapa. Para los sobrevivientes empezaron otras luchas, como recuperar a los niños que se robaron, reubicarse, mantener el arraigo y la memoria. Por eso es tan importante el esfuerzo que ha realizado en todos estos años Francisco González, director de la fundación Armando Armero, adalid de la búsqueda de los niños que fueron robados ese día y que hoy son hombres que viven en diferentes partes del mundo sin saber la verdad de su origen. Pero, sobre todo, él es un constructor de memoria. En su cuenta de Facebook publicó estas imágenes, hechas el 14 de noviembre, grabadas en una cámara de 16 milímetros, un formato que le da poesía a cualquier hecho, hasta a este, que enmarca una de las peores tragedias que ha sufrido la humanidad. Una poesía que da miedo y tristeza, que impresiona. Lo que sucedió con Armero no fue sólo un desastre natural, fue un error que se pudo evitar. Las 22 mil vidas perdidas, el pueblo destruido, es el símbolo de la corrupción y desidia de nuestros dirigentes. Estas imágenes tienen el poder de hablar por sí mismas:

Por: Redacción Pares El 4 de septiembre del 2012, ante la incredulidad general, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunciaba que Oslo sería la sede de los diálogos de paz entre su gobierno y la guerrilla de las FARC. Había incredulidad porque previamente se habían intentado tres acercamientos que se convirtieron en un naufragio. El primero de ellos fue durante el gobierno de Belisario Betancur. Los diálogos de la Uribe llegaron a acuerdos importantes, uno de ellos el de crear una fuerza política que le demostrara a las FARC que la lucha armada no era la única salida a los cambios. Por eso se fundó la Unión Patriótica. La parte más extrema de la derecha colombiana, junto al repudio que le generaba el comunismo a generales retardatarios como el ex ministro de defensa Fernando Landazabal, quien ayudó a generar un estigma dentro de la sociedad colombiana, además de la organización de grupos de Autodefensas liderados, entre otros, por los hermanos Fidel y Carlos Castaño, terminaron con el asesinato de más de cinco mil miembros de esta organización. El bombardeo a Casa Verde, cerró cualquier tipo de posibilidad de paz. Se esperó hasta 1999 para instalar otra mesa de negociación. Fue durante el gobierno de Andrés Pastrana cuando se intenta montar otra mesa de negociación, esta vez en San Vicente del Caguán. En este punto de la historia aparece por primera vez Noruega como uno de los países amigos de la paz en Colombia. Desde los años noventa este país de 5.3 millones de habitantes ha sido facilitador en procesos de paz en Asia, Africa, Medio Oriente y la propia América Latina. La tradición empieza en 1993 con los llamados Acuerdos de Oslo en los que el gobierno de Israel y la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, intentando encontrar una salida negociada al conflicto. En ese momento el ministro de relaciones exteriores de Israel Shimon Perez y el representante de la OLP se comprometieron a negociar durante cinco años un acuerdo permanente y durante ese período, el gobierno israelí se mantendría como el único responsable de los asuntos exteriores, la defensa nacional y las fronteras. En este sentido, Israel seguiría siendo responsable de la seguridad en las fronteras internacionales y los puntos de cruce con Egipto y Jordania. Israel también conservaría la responsabilidad de la seguridad de los israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza, los asentamientos israelíes en esas zonas y la libertad de movimiento en las carreteras. Fue un acuerdo histórico que abría la esperanza a la ansiada paz y el final hubiera sido muy diferente a lo que estamos viendo en este momento, los refugiados palestinos desesperados huyendo entre las bombas israelitas después de la respuesta exagerada del gobierno de Netanyahu a los ataques de octubre de Hamás si el primer ministro israelita Yitzjack Rabin no hubiera sido asesinado en 1995, un año después de haber recibido el Nobel de paz. Desde entonces Noruega se ha comprometido de lleno a ser un país garante de paz a todo aquel que quiera tocar su puerta. Esto está asegurado por el convencimiento dentro de su política interna, un consenso nacional sobre el apoyo que se le debe brindar a cualquier proceso de paz ya que, en una aldea global, un conflicto exterior puede desencadenar una serie de hechos que afecten a todo el planeta. Su neutralidad también ha sido demostrada y respetada. Noruega podría ser en cualquier momento un puente entre Estados Unidos y Rusia. Tienen una autoridad moral ganada históricamente: jamás han tenido colonias. Al ser un país rico -es el segundo, detrás de Suiza, con más ingreso per capita- puede respaldar este tipo de acuerdos. Como dijo en su momento Kristian Berg Harpviken, director del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, a la BBC "El compromiso pacífico le da notoriedad a Noruega y lo vuelve interesante para los líderes más influyentes del mundo". Además de los históricos acuerdos de Oslo, Noruega fue facilitador en Guatemala y los diálogos llegaron a buen puerto con la firma de los acuerdos de paz en 1996. En Sudán y Sudán del Sur consiguieron detener con una firma de paz la cruda guerra que se vivía en esos países en el 2015. Su contribución de paz también se ha sentido en procesos de paz en países como Filipinas, Somalia y Afganistan. La colaboración por la paz con Colombia nace en los frustrados diálogos de paz del gobierno de Andrés Pastrana con la guerrilla de las FARC. Noruega fue uno de los países amigos durante ese proceso. Incluso miembros de las FARC y del gobierno Pastrana viajaron en el año 2000 a Oslo a montar avances de ese proceso. En 1999, durante los diálogos del Caguán, Jan Egeland, quien sería en el 2014 el secretario general del Consejo Noruego para los refugiados, visitó esa zona enviado directamente por el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan. Egeland ya había participado en los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina y también en la firma de paz en Guatemala. Fue uno de los pocos diplomáticos que tuvo acceso al impenetrable entorno de Manuel Marulanda Vélez y al de alias Gabino, máximo jefe del ELN. Se fue del país en el 2002 después de que el proceso con las FARC volviera a naufragar. El país que dejaba era el de los desplazamientos, el de la masacres paramilitares, y el de los desplazamientos: desde los años ochenta Colombia registraba 6 millones de desplazados y más de 400 mil refugiados. El 9 de diciembre del 2014 Egeland visitó el país, en donde sus zonas más golpeadas por la violencia, Jambaló en el Cauca y Tumaco, Nariño y veía como en medio de los diálogos entre Santos y Timochenko la guerra se recrudecía, algo que era absolutamente normal en un proceso de negociación. Ser facilitador de paz no ha sido fácil para Noruega. Un sector de la oposición al proceso de paz con las FARC tildó de terrorista en su momento a ese país por otorgarle legitimidad a las FARC. Es imposible no hacerlo si se busca sentar en una mesa de negociación a dos partes. Para eso es muy importante que todas las partes involucradas muestren un deseo genuino de negociar. Lo vital para Noruega es creer. Y creyó en el proceso de paz con Santos y las FARC. En octubre del 2016 incluso le otorgan en Oslo el premio Nobel al presidente Santos. Fue un espaldarazo a la negociación que había sufrido un duro revés el 3 de octubre del 2016 cuando en el plebiscito por la paz el No ganó la consulta. El galardón servía para respaldar el proceso y no muriera tras el fracaso del referendo. Sin Noruega es muy difícil haber llegado a buen puerto estos diálogos con las FARC. Noruega anunció en noviembre del 2016 que apoyaría la fase de implementación del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno Santos. En noviembre del 2022 el entonces Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y la ministra de relaciones exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt, confirmaron el apoyo a la Paz Total de Gustavo Petro. El compromiso de la paz no sólo en Colombia, sino en el mundo, sigue siendo inquebrantable para este país nórdico.

Por: Sebastian Solano Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La Reforma a la Educación en Colombia, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, ha generado un intenso debate que trasciende lo meramente político para adentrarse en cuestiones fundamentales sobre el modelo educativo y los principios que se promueven en la sociedad colombiana. En medio de este proceso legislativo, uno de los puntos más controversiales ha sido la posible exclusión de las humanidades, especialmente la filosofía, de las mallas curriculares. Esta propuesta ha suscitado críticas y preocupaciones significativas entre diversos sectores, incluyendo la comunidad académica y filosófica del país. Contexto de la Reforma a la Educación El Proyecto de Ley Estatutaria No. 224/2023C representa un esfuerzo por consagrar la educación como un derecho fundamental en todos los niveles, buscando garantizar una educación pública más equitativa y de calidad. No obstante, el camino legislativo de esta reforma ha sido turbulento, caracterizado por la polarización política y protestas sociales. Es por esto que el pasado 5 de junio, la Comisión Primera del Senado llegó a una conciliación que unificaría las visiones de la oposición y el gobierno en un articulado que sería presentado a segundo debate en el Senado. Sin embargo, ante las modificaciones que tuvo la ponencia inicial respaldada por el Ministerio de Educación Nacional y diferentes miembros del sector de educación, se despertó una gran inconformidad y preocupación por los riesgos que el nuevo proyecto de ley representaría ante la educación pública y el modelo de educación integral. Puntos críticos: la filosofía y las humanidades en riesgo Uno de los puntos de mayor controversia ha sido la reducción de la presencia de las humanidades, incluyendo la filosofía, en los planes de estudio. Según la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, estas disciplinas son reconocidas como fundamentales para la formación integral de los estudiantes, proporcionando herramientas para el pensamiento crítico, ético y reflexivo. La exclusión de estas áreas del currículo educativo representa una regresión en la ley como del modelo educativo en la formación ciudadanía y el pensamiento crítico en las nuevas generaciones. La Sociedad Colombiana de Filosofía y la Red de Docentes de Filosofía han manifestado su profunda preocupación respecto a la ambigüedad del proyecto de ley. Argumentan que estas disciplinas son fundamentales no solo para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y reflexivo, sino también para la comprensión profunda de la ética, la ciudadanía y la construcción de una sociedad democrática robusta "Las denominaciones como pensamiento crítico o formación para la paz deben estar respaldadas por referentes sólidos construidos por la comunidad filosófica. Es esencial que los estudiantes cuenten con una base filosófica sólida que les permita no solo reflexionar sobre su entorno, sino también cuestionar las normas establecidas y participar activamente en la vida democrática de nuestro país" – Maximiliano Padra, Miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía y docente universitario. Este argumento resalta la importancia de mantener la filosofía como componentes integrales del currículo educativo. Estas ciencias y disciplinas no solo proporcionan herramientas intelectuales indispensables, sino que también cultivan la capacidad de los estudiantes para abordar críticamente los desafíos éticos y sociales contemporáneos. Por otro lado, la inclusión progresiva de la filosofía desde los primeros años de la educación media, es necesaria según expertos. Andrés Santos, miembro de la Red de Docentes de Filosofía, enfatiza que, desde una edad temprana, los estudiantes deben desarrollar habilidades de reflexión y cuestionamiento para comprender su entorno y contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. Según él: "Introducir la filosofía desde los primeros grados no solo es relevante, sino esencial. Los jóvenes necesitan herramientas conceptuales y habilidades de pensamiento crítico para navegar el mundo complejo en el que vivimos. La filosofía no solo les enseña a pensar, sino también a cuestionar, a debatir ideas y a entender la diversidad de perspectivas que existen en nuestra sociedad" – Andrés Santos, Red de Docentes de Filosofía. Esta perspectiva es respaldada por la UNESCO, que reconoce en la enseñanza de la filosofía una oportunidad para desarrollar lo que denominan "saber ser". Esto implica que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen una comprensión profunda de sí mismos y del mundo que les rodea, promoviendo así una ciudadanía activa y reflexiva. Recomendaciones de la Comunidad Filosófica al Congreso La comunidad filosófica de Colombia ha subrayado la importancia vital de integrar la filosofía en todos los niveles educativos como parte fundamental de la formación integral de los estudiantes. Más allá de ser una disciplina académica, la filosofía desempeña un papel crucial en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, ético y reflexivo que son esenciales para una ciudadanía informada y participativa. Mateo Guerrero, docente e investigador en filosofía, argumenta: "Es fundamental entender que la filosofía tiene un papel preponderante en todas las áreas del conocimiento porque son las que constituyen lo fundamental. En las ciencias indiscutiblemente la epistemología nos permitirá tener un desarrollo científico y tecnológico con responsabilidad ética. Entonces es fundamental tener este tipo de diálogos para la creación de una política que nos permita entendernos, entender el mundo, entender a Colombia y fundamentalmente poder conversar con el otro." - Mateo Guerrero, Docente e investigador en Filosofía. Desde esta perspectiva, la fundamentación de la filosofía en el currículo educativo no solo fortalece las capacidades cognitivas de los estudiantes, sino que también promueve una comprensión profunda de los valores éticos y democráticos que sustentan nuestra sociedad. Panorama actual y futuro de la Reforma Educativa Con la radicación de dos ponencias distintas ante el Senado, el futuro de la reforma educativa en Colombia se encuentra en un momento álgido. Cada ponencia representa visiones divergentes sobre cómo estructurar el sistema educativo del país y qué prioridades deben tenerse en cuenta. Si se aprueba una ponencia que fundamente las humanidades y filosofía en el currículo, se podría fortalecer el acceso universal a una educación integral que prepare a los estudiantes para los desafíos globales y locales. En contraste, una ponencia que relegue las humanidades y reduzca su presencia en las aulas podría limitar la capacidad de los estudiantes para desarrollar habilidades críticas y éticas necesarias para una participación cívica activa y responsable. Es urgente que el Congreso considere cuidadosamente estas implicaciones y escuche las voces de la comunidad educativa y académica en el proceso legislativo. Es responsabilidad del Congreso y de la sociedad en su conjunto asegurar que la reforma educativa promueva un modelo que no solo garantice el acceso universal a la educación, sino que también fortalezca las bases de una sociedad democrática y pluralista. Proteger las humanidades es proteger nuestra capacidad colectiva de pensar, cuestionar y construir un futuro mejor para todos. En última instancia, la decisión que tome el Congreso determinará no solo el futuro de la educación en Colombia, sino también el tipo de sociedad que aspiramos a construir.

Por Isabela Puyana Imagen del discurso en Barranquilla, tomada de Notas de Actualidad En un giro inesperado de los acontecimientos, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia ha anunciado la reducción en las tarifas de energía, tras recibir críticas del presidente Gustavo Petro. Este anuncio surge como respuesta directa a las observaciones del mandatario, quien cuestionó públicamente las medidas inicialmente propuestas por el actual ministro, Andrés Camacho, para abordar los altos costos de la electricidad en el país. Todo ocurrió durante un discurso reciente, que terminó por ser viral en redes sociales en el que el presidente Gustavo Petro manifestó su descontento con las soluciones planteadas por el ministro Camacho, clasificándolas de insuficientes para enfrentar la problemática de las tarifas elevadas que han afectado a millones de colombianos. Aquí le contamos con detalle cuáles fueron las críticas del presidente y cuáles serán las nuevas medidas propuestas por el ministro Camacho para reducir las tarifas de energía: En un discurso público el presidente Petro subrayó la necesidad de implementar políticas más agresivas y efectivas para aliviar la carga económica que representa el costo de la energía para los hogares y las empresas. "El pueblo colombiano merece respuestas claras y soluciones efectivas. Las medidas presentadas hasta ahora no han sido suficientes para reducir las tarifas de energía de manera significativa. Es imperativo que el Ministerio de Minas y Energía adopte un enfoque más decidido para garantizar tarifas justas y asequibles," declaró el presidente Petro en su alocución. Durante el discurso, el presidente se comprometió a asumir la opción tarifaria, una deuda que están pagando los usuarios porque se congelaron los precios durante la pandemia. Este compromiso impacta y beneficia a toda Colombia, no solo al Atlántico. También mencionó que era necesario inyectar más capital, cerca de 117 mil millones para programas de normalización eléctrica y para agilizar programas de transición energética con instalación de paneles y comunidades energéticas con el fin de democratizar la energía en toda Colombia. Para revisar mejor el primero de los compromisos en los que el Gobierno se compromete con asumir la opción tarifaria, es también necesario entender qué es lo que se está cobrando hasta el momento en la factura de energía que se recibe mes a mes. Factura Aire Vaya a un recuadro de la factura en donde dice Tarifa de energía Allí encontrará un listado y un nombre que le anunciará la cifra de generación. Pero si ve con más detenimiento puede encontrar lo complejo detrás de este cobro y es que hay una lista de ocho cosas más que impactan el costo final del kilovatio hora que los usuarios pagan. También está la Transmisión, las restricciones, pérdidas,distribución, comercialización, el CU y el CU+COT. El presidente Petro quiere bajar el costo de lo que se paga por energía cambiando esta fórmula a través de la que se permite cobrar y por tanto generan ganancias excesivas. Pero, ¿Cuál es esa fórmula? Foto de Isa Intercolombia Las empresas del mercado de generación son empresas diferentes a las que comercializan la energía y en el Caribe son Aire y Afina, tan reconocidas por los precios elevados de la energía a sus usuarios. Es decir, los usuarios pagan a quienes comercializan algo que viene de una cadena que empieza por la transmisión, distribución y termina con la generación. Actualmente muchas familias tienen que decidir entre pagar la energía o comer por los altos costos de la energía. En el sector de la generación hay un oligopolio. Esto quiere decir que se concentra la oferta de un sector en un número reducido de empresas y esas empresas son principalmente EPM y Sajín. ¿Por qué ocurrió la primera medida del ministerio fue insuficiente? El Ministro de Minas Andrés Camacho anunció como una posible solución una resolución en la que ponían un límite al precio posible de ese componente de generación, pero Gustavo Petro dijo que la fórmula construida por el Ministerio no le convencía, porque beneficiaba desproporcionadamente a las hidroeléctricas. Se lo dijo también a la Comisión de energía y de gas del país. La crítica del presidente parte de que el sistema hoy permite que las hidroeléctricas que tienen un costo de producción muy por debajo de las termoeléctricas terminan cobrando como si fueran termo, que necesitan combustible, carbón o gas en sus procesos de generación, mientras que las hidro utilizan agua. A las primeras les es más costoso producir y hoy la segunda están cobrando como si les costase lo mismo. Entonces rehacer la fórmula sería la promesa para redefinir este mercado. Ese cobro viene de una medida que tomó Duque en pandemia se congelaron las tarifas para que la gente no sufriera más en su momento fue un alivio, pero hoy parte del drama porque se activó el cobro de lo que se dejó de pagar y en el Caribe eso es un descontrol, por ejemplo, mientras en marzo aire cobró 354 pesos afilia solo 226 aire está entre los peores. En respuesta al reto impuesto por el presidente Gustavo Petro y después de 30 días del discurso en Barranquilla, el Ministro Andrés Camacho expuso una nueva ruta para reducir las tarifas de energía que serán las siguientes: A continuación, se detalla la ruta acordada: Se crearán mecanismos para que el saldo de la deuda de la opción tarifaria para los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3, estimada en 2,7 billones sea asumida por la Nación. El mecanismo inmediato de financiamiento a estas empresas será por medio de las líneas de crédito habilitadas por la banca pública, destinadas a financiar a las empresas comercializadoras de energía que tienen saldos de deuda de la opción tarifaria. Dichos créditos gozan de bajas tasas de interés (tasas de interés compensadas por el Gobierno Nacional -menores a las del mercado) y cuentan con períodos de gracia de hasta 12 meses. De común acuerdo con las empresas comercializadoras beneficiadas con los desembolsos de las líneas de créditos de Findeter y otras entidades, estos dineros se reflejarán de forma progresiva en la tarifa de sus usuarios, teniendo en cuenta sus particularidades, disminuyendo el costo unitario de la opción tarifaría correspondiente a los recursos recibidos por el financiamiento, en tanto está vigente el periodo de gracia y las facilidades de los créditos que financien la opción tarifaría en plazos amplios. De esta forma, los usuarios del país experimentarían un alivio en sus tarifas, que iría desde el 4% hasta el 20% del costo unitario de la prestación del servicio de energía eléctrica, dependiendo de la empresa prestadora del servicio, y proporcional al monto del crédito adquirido por éstas. El valor más representativo de este rango de porcentaje lo experimentarán los usuarios más vulnerables. El Ministerio de Minas y Energía y la CREG expedirán una regulación específica que permita el cobro diferenciado del costo por opción tarifaria entre los estratos beneficiados (1,2 y 3) y los que continúan pagando la totalidad de la deuda (4,5 y 6 industriales y comerciales). Así como la optimización del esquema actual de las garantías que respalda las transacciones en el Mercado de Energía Mayorista. Los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía presentarán el 20 de julio, ante el Congreso de la República, el proyecto de ley que permite al Estado asumir el pago de la deuda (con los criterios aquí descritos). Se adelantarán mesas de trabajo con las demás empresas que tienen saldos de opción tarifaria que aún no han realizado acuerdos, con el fin de lograr la disminución tarifaria y activar los mecanismos para concertar este alivio en los costos de energía a la población colombiana. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios continuará con el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control para asegurar que las empresas de servicios públicos apliquen debidamente la normativa expedida en el marco del acuerdo. Continuaremos las jornadas de trabajo con usuarios, empresas y agremiaciones, orientado a definir un esquema de disminución del costo de la energía para la población más vulnerable del país e identificar medidas adicionales como renegociación de contratos para garantizar energía más barata destinada a esos mercados como el del Caribe que representa cerca del 20 % de los hogares pobres. Nuestro objetivo es encontrar todas las medidas posibles que deriven en la disminución de las tarifas de energía eléctrica en el país. Respecto a una nueva fórmula de los costos de energía producida por hidroeléctricas, aún no hay un planteamiento claro.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. En mayo, en Argentina ocurrió un terrible crimen de odio. Tres mujeres lesbianas fueron quemadas vivas. Este ataque no puede ser tomado como un hecho aislado, sino como una señal alarmante de la existencia de los crímenes de odio motivados por la orientación sexual de las víctimas. El caso es conmovedor: Pamela, Mercedes y Andrea murieron, ésta última agonizó por varios días con el 75% de su cuerpo quemado. El hombre de 62 años detenido por este crimen las había hostigado repetidamente por su orientación sexual. Esto es un claro ejemplo de crimen definido por el desprecio y la discriminación. El contexto político agrava esta situación. Las derechas retrógradas, que están llegando al poder, como pasó en Argentina con Miley, buscan retroceder en los avances logrados en materia de derechos humanos e inclusión y son una amenaza innegable. Las declaraciones del portavoz de esa presidencia, Manuel Adorni, son un ejemplo claro de esta amenaza cuando dice que “no me gusta definirlo como un atentado a este colectivo. Es repudiable sea contra quien sea. No nos focalizamos en que solo es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares”, minimizando la naturaleza lesbofóbica del ataque, y desviando la atención de la realidad específica de violencia sistemática contra la comunidad LGBTIQ+. Este tipo de discursos son realmente peligrosos porque contribuyen a la invisibilización de las causas de los ataques. Lamentablemente, Argentina no es el único país en donde las mujeres lesbianas, y en general, la comunidad LGBTIQ+ viven con miedo de vivir libremente. En Colombia, entre 2019 y 2020, al menos 448 personas LGBTIQ+ fueron víctimas de actos de violencia, según cifras publicadas por PARES. Los datos son alarmantes: en 2022, hubo 5.491 víctimas de violencia contra esta población, con amenazas, discriminación y homicidios. En Colombia la violencia lesbofóbica, transfóbica y homofóbica es una constante. En enero, un caso particularmente perturbador en Bogotá demostró la brutalidad de esta discriminación: Sofía Rojas y su pareja fueron atacadas a botellazos, por un vecino menor de edad, simplemente por ser lesbianas quedando con graves heridas. Frente a esto, es necesario que como sociedad latinoamericana reflexionemos sobre el respeto y protección de los derechos humanos. No podemos permitir que las derechas retrógradas avancen en el poder y fortalezcan sus discursos de odio y exclusión, que les da aún más valentía a las personas intolerantes y violentas. Esta situación obliga a que los gobiernos locales y nacionales implementen estrategias efectivas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la población LGBTIQ+. Pero también debe alertar a las organizaciones sociales porque su papel es crucial en la visibilización de estas problemáticas. Estas organizaciones son muchas veces la primera línea de apoyo para las víctimas de violencia y discriminación, que, a su vez, también son violentadas, su labor incansable en la sensibilización y denuncia es esencial. Hoy la violencia y el odio siguen siendo una amenaza constante para la diversidad sexual y de género y no puede seguir siendo aceptada. Necesitamos un cambio radical para asegurar sexualidades libres de miedo y discriminación. * Continuando con el objetivo del mes del orgullo LGBTIQ+ mis columnas estarán dedicadas a visibilizar las realidades que vive esta comunidad

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Centro democratico, Noticas RCN En enero del 2012 León Valencia viajó a Cartagena a disfrutar del Hay Festival. Allí coincidió con Sabas Pretelt de la Vega. En ese momento ya quedaba poco de quien había sido el ministro estrella de Álvaro Uribe. Cartagenero, nacido en 1946, nunca pensó que terminaría su vida enlodada en un rollo político de estas proporciones. Había llevado con éxito y durante 15 años la dirección de Fenalco, tenía un largo recorrido por el sector privado, en donde se debe incluir su paso por las juntas directivas de los bancos Popular y Cafetero, los Ferrocarriles Nacionales y la Coorporación Autónoma del Valle del Cauca. Dejó todo eso porque creía en el proyecto uribista. El cuento ya se lo sabe todo el mundo, el país en el 2002, después del fallido proceso de paz del gobierno Pastrana con los paras, tenía que soportar el auge de las FARC. El discurso duro de Uribe contra esta guerrilla caló bien entre los empresarios. Sabas lo dejó todo ante el llamado del presidente. Como ministro del interior se puso la diez en dos proyectos bandera de ese gobierno: la reelección presidencial y la ley de Justicia y Paz. El 15 de diciembre del 2004 fue el encargado de decir públicamente que a Uribe le sonaba la reelección. Once años después, en el 2015, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 80 meses de prisión y una multa de 167 salarios mínimos por haber influido de forma ilegal en el trámite de ese proyecto. Pero Sabas no habló en ese 2012 con León Valencia de ese hecho sino de otra traición. La de cuando tuvo que darle la cara a los paramilitares, que se habían dado cuenta que estaban pecando “de exceso de uribismo” y que las garantías que ellos tenían para desmovilizarse Uribe las estaba cambiando, presionado por los Estados Unidos. Los paramilitares querían levantarse de la mesa ante la falta de garantías para cumplir lo prometido. Poco a poco venían dándose cuenta que el documento firmado con el gobierno era una hoja simple, que no estaba blindado jurídicamente. En la sentencia C370 la Corte Constitucional les borró la prerrogativa más atractiva para Mancuso y compañía: el estatus político que les eximía de contar toda la verdad y de pagar cárcel efectiva a sus condenas. Inmediatamente pasaban de firmantes de paz a convictos. Uribe los había traicionado. Para calmar el incendio Uribe envió a su ministro del interior para darles su palabra que no les iban a extraditar, que se garantizaría lo pactado. Los convenció y los paras le creyeron. Había engañado a demonios que le harían pagar caro su traición. Porque fue Sabas el que dio la cara Así le contó Pretelt este hecho a León Valencia el momento en el que se dio cuenta que Uribe lo había usado, cuando ya era embajador de Colombia en Italia: “Un día, a principios de mayo del 2008, iba camino a un almuerzo en el vehículo de la embajada de Colombia en Roma, escuchaba la emisión de W Radio, cuando de repente anunciaron que en la madrugada habían sido extraditados los catorce jefes paramilitares presos en la cárcel de seguridad de Itagui. En ese momento empezaba para Sabas, además de los problemas que tendría con la justicia, ganarse la enemistad profunda de asesinos consumados como era la cúpula del paramilitarismo. A este empresario la vida se le partió en dos por culpa de Álvaro Uribe. Tres años después de este encuentro vendría la condena de 80 meses de prisión y la muerte social para un hombre acostumbrado a sentase en todas las mesas. Esta anécdota es uno de los episodios que cuenta León Valencia en su último libro Parapolítica, historia del mayor asalto a la democracia en Colombia, publicado por la editorial Planeta.