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Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El Colombiano y El País Entre los titulares que dejaron la entrevista de Daniel Coronell con Salvatore Mancuso quedó una que sigue retumbando veinticuatro horas después de haberlo pronunciado: “Luis Carlos Restrepo ordenó asesinar a Vicente Castaño”. Mancuso ha responsabilizado varias veces al ex comisionado de paz de Uribe de haber traicionado a la cúpula del paramilitarismo al haberles ofrecido prebendas para dejar las armas que al final se cayeron. Pero nunca había lanzado una afirmación más dura contra él. Desde su cuenta de X el ex presidente Uribe ha descalificado las afirmaciones de Mancuso y al propio entrevistador, Daniel Coronell. A Uribe también le salpicaron algunas de sus declaraciones, sobre todo las que se refiere a la participación del helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevolando la zona del Aro mientras se realizaba una masacre. El ex jefe paramilitar se refirió también al apoyo que tuvieron de Pedro Juan Moreno, mano derecha de Uribe en la gobernación de Antioquia. Sobre Luis Carlos Restrepo en meses pasados habíamos escrito desde la página de la Fundación Paz y Reconciliación. Acá revivimos un perfil sobre cómo ha logrado evadir, el reconocido doctor Ternura, sus líos con la justicia colombiana: El pasado 19 de marzo fue un día agitado para Salvatore Mancuso. El anuncio del presidente Petro de que estaría dispuesto a recibirlo en Palacio para tener una audiencia privada sacudió el avispero. Además, la entrevista con Hollman Morris para RTVC causó impacto sobre el final del día. Las respuestas a las preguntas de Morris daban para grandes titulares. Afirmó, entre otras cosas, que si bien el ideólogo de ultra derecha José Miguel Narváez fue el que azuzó para que Carlos Castaño tomara la determinación de asesinar a Jaime Garzón, habría nombres de más peso, de poder, detrás. Se trataría de un crimen de Estado. Se despachó largo contra el expresidente Uribe a quien llamó “perpetuador del conflicto”, criticó los falsos positivos durante su gobierno  y afirmó que el Clan del Golfo “es un hijo ilegítimo” de los incumplimientos del gobierno Uribe con los comandantes paramilitares. Pero la almendra salió cuando se refirió al ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo a quien señaló de ser uno de los instigadores del asesinato del comandante de las AUC Vicente Castaño cuando éste empezó a ser un estorbo para los acuerdos de paz con Uribe. “Hay personas que son instigadoras de crímenes. Cuando Vicente Castaño le solicitó al comisionado Luis Carlos Restrepo y al presidente Uribe, y así se lo hizo saber a través de Sabas Pretelt, que él se entregaba si se firmaban los acuerdos a los que habíamos llegado las Autodefensas, lo que sucedió fue que asesinaron a Vicente Castaño y quien estuvo detrás de esa muerte como instigador fue Luis Carlos Restrepo como representante del gobierno”. Cuando Álvaro Uribe nombró al doctor Luis Carlos Restrepo como el comisionado de paz que lideraría la desmovilización de las huestes paramilitares, pocos en Colombia pusieron algún reparo. Siquiatra de la Universidad Nacional, defensor de la nueva Constitución, autor del libro El derecho a la ternura, que fue uno de los libros más vendidos en 1994, su nombramiento en un cargo tan importante en el conservador gobierno de Uribe era una bocanada de aire fresco. Restrepo era conocido por su posición de apertura a repensar la guerra contra las drogas y durante toda su carrera dio visos de ser un defensor a ultranza de las libertades personales. Llegó al gobierno Uribe por su cercanía con Francisco Santos, entonces vicepresidente. Todo parecía ir viento en popa. En julio del 2003 se firma el Pacto de Ralito y empiezan las desmovilizaciones de los bloques más importantes. Según la Agencia Colombia de Reintegración, 30 mil paramilitares habían dejado las armas para el año 2006. Pero las críticas de los contradictores de Uribe arreciaban. Se quejaban de lo laxas que eran las penas concedidas a los comandantes de las AUC. No había ninguna posibilidad de que los paras contaran la verdad y lo más grave es que se estaban colando narcos en esas listas para poder conseguir la impunidad. Por esos años también se desmovilizó un presunto bloque de las FARC llamado Cacique La Gaitana. Su desmovilización fue televisada en cadena nacional y tratada por los medios adeptos al entonces presidente Uribe como si fuera un suceso histórico. En el 2009 Restrepo renunció a cargo. Se creía victorioso. El camino de la política parecía allanado. En su paso fugaz como presidente del Partido de la U defendió a brazo partido la reelección de Uribe, renunció para presentarse al senado en donde sus aspiraciones naufragaron. Pronto vendría la tormenta que lo borraría del mapa político. El 25 de febrero del 2011 La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ordenó la investigación a Restrepo por la falsa desmovilización del frente de las FARC Cacique la Gaitana. Se basaron en el testimonio de tres desmovilizados que sostuvieron que todo se trató de un montaje orquestado por el Ejército y Restrepo. Un año después la Fiscalía de Viviane Morales emitía la orden de captura contra Restrepo. Era acusado de los siguientes delitos: delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Unos días antes de que se ordenara su captura Restrepo huyó del país hacia los Estados Unidos. Además de la desmovilización de los 62 falsos guerrilleros que constituyeron el Bloque Cacique La Gaitana, Restrepo tenía otro lío: haber dado instrucciones al comandante del Bloque Catatumbo de las AUC de no entregar al ICBF a los menores de edad que hacían parte de dicho grupo armado, al momento de la desmovilización que se realizó de diciembre de 2004 en la vereda Campo Dos en Tibú (Norte de Santander), sino que, por el contrario, fueron entregados directamente a las familias. El otro proceso que se le sigue es por la desmovilización del bloque Elmer Cárdenas. Entre los años 2012 y 2014 Restrepo estuvo en las siguientes ciudades de Estados Unidos intentando estar lo más lejos posible de la justicia colombiana: Washington, Texas, Nueva York, esperando a que Canadá le diera un asilo político que se lo otorgó en el 2015. En el 2022 la Fiscalía de Francisco Barbosa logró que el “Doctor Ternura” como fue conocido por su libro, tuviera circular roja de Interpol. Lo buscaban en 168 países. Escurridizo, ha sabido mantenerse en la clandestinidad, aunque se afirma que su lugar de residencia en este momento es Panamá. Junto a otros seis implicados en la falsa movilización, en donde se incluye a los oficiales del Ejército el coronel Jaime Joaquín Ariza, Restrepo presentó una tutela a la Corte Suprema de Justicia en donde ante los fracasos en los estrados, aducen que les están vulnerando derechos fundamentales y que –luego de 10 años de litigio– se debe dar por terminado el proceso. Porque entre los ires y venires de una justicia ineficiente, se cumplieron en el 2022 diez años de haber sido abierto ese caso y los sindicados no pasaron de la imputación. Por lo que pidieron la preclusión del caso. Las hábiles defensas de Restrepo y los oficiales del ejército lo que hicieron fue dilatar lo que más pudieron la imputación. La táctica que ya se hace común entre los hábiles abogados colombianos. A algunos de los sindicados esta pataleta les sirvió, pero a Restrepo no. Un juez de Bogotá determinó que por haber sido servidor público a Restrepo le quedaba vivo el delito de peculado por apropiación, un yugo que le caía también a otros dos oficiales. Restrepo tenía que seguir huyendo de la justicia, lejos de Colombia. La denuncia de Mancuso en la entrevista a Hollman Morris deja en claro la necesidad de que se juzgue como se debe al ex comisionado de paz de Uribe. La gran pregunta que nos hacemos es ¿Dónde está?

Por: Sebastian Solano Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La reforma a la educación en Colombia ha sido uno de los temas más candentes en el escenario político y social del país en las últimas semanas. Impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, esta reforma busca transformar el sistema educativo colombiano, convertir la educación en un derecho fundamental y garantizar una mayor equidad y calidad en la educación pública. Sin embargo, el proceso legislativo ha estado marcado por intensos debates, marchas y controversias, aumentando las tensiones de los intereses diversos que convergen en el sector. Contexto de la Reforma a la Educación El Proyecto de Ley Estatutaria No. 224/2023C, cuyo objetivo principal es garantizar el derecho fundamental a la educación en todos sus niveles y que busca reformar el modelo educativo para convertir la educación en un derecho fundamental en todos los niveles, ha sido objeto de debate en la Comisión Primera del Senado de la República. Al ser una ley estatutaria, debía pasar por votación mayoritaria de esta Comisión, encargada de velar por la constitucionalidad de las ponencias y proyectos de ley. Fueron tres ponencias las que se debatirían en la Comisión Primera: la ponencia de la Senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, la segunda liderada por el Senador David Luna de Cambio Radical; estas dos primeras pertenecientes a la oposición, y la tercera ponencia liderada por la Coalición de Gobierno y respaldada por el Ministerio de Educación Nacional. Las sesiones de la Comisión Primera fueron escenario de prolongadas discusiones que finalmente llevaron a una conciliación entre las tres propuestas, anunciando un proyecto de ley que integró la visión de los diferentes sectores en un modelo educativo mixto. Sin embargo, esta conciliación generó reacciones negativas de diversos sectores educativos. Reparos de FECODE: Las críticas y preocupaciones de diversos sectores educativos llevaron a movilizaciones masivas el 12 de junio, organizadas por FECODE y otros grupos sindicales. Estos fueron los principales puntos cuestionados: Creación de un modelo mixto: Poner la educación pública y privada en una misma bolsa desconoce las necesidades históricas de la educación pública en Colombia. Bonos Escolares: Inspirados en las aspiraciones del presidente argentino Miley, que fue criticado por propiciar la privatización y mercantilización de la educación. Aumento de la autonomía de las IES: Esto limita progresivamente la participación en escenarios democráticos de la comunidad educativa en las Instituciones de Educación Superior. Educación primaria obligatoria: La exclusión de los grados de transición, jardín y pre jardín de la obligatoriedad de la educación para la primera infancia. Reparos de la comunidad filosófica La Sociedad Colombiana de Filosofía y la Red de Docentes de Filosofía manifestaron dos puntos críticos sobre la propuesta: Formación integral: El proyecto de ley reducía la presencia de las humanidades de las mallas curriculares, siendo esto una regresión en la ley, pues bajo la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, se reconocen las humanidades y la filosofía como componentes esenciales para la formación integral de los estudiantes como individuos reflexivos, éticos y críticos, capaces de contribuir al desarrollo social y cultural del país. Educación como derecho esencial y servicio público: La propuesta de reformar la educación en Colombia para ser considerada un derecho esencial y un servicio público ha generado intensos debates, especialmente en cuanto a sus posibles implicaciones para la participación y el derecho a la protesta de las comunidades educativas. El conflicto surge cuando la prestación de un servicio público esencial, como la educación, se enfrenta a las acciones de protesta que pueden interrumpir su funcionamiento. Al clasificar la educación como un servicio público, se podría argumentar que cualquier interrupción en su prestación afecta directamente a un derecho esencial, lo que podría justificar medidas restrictivas contra las protestas del sector educativo. Sin embargo, esto es modificado en estas dos nuevas ponencias donde al ser categorizada como un derecho fundamental, no restringe la movilización social del magisterio. La oposición a la conciliación propuesta culminó el 13 de junio con el rechazo de la misma, dividiendo nuevamente las ponencias en dos propuestas distintas que se presentarán el 17 de junio en el Senado. La reforma educativa en Colombia se encuentra en una encrucijada, con profundas implicaciones para el futuro del sistema educativo del país. La polarización política y las diferentes visiones sobre el papel de la educación serán las tensiones inherentes a este proceso. El enfoque del gobierno en fortalecer la educación pública y garantizarla como un derecho fundamental responde a una necesidad crítica en Colombia. La educación pública ha sido históricamente subfinanciada y desatendida, lo que ha perpetuado las desigualdades sociales. Sin embargo, la implementación de esta reforma requiere un compromiso significativo de recursos y una visión clara para evitar la burocratización y asegurar una educación de calidad. Escenarios posibles Ante la radicación de las dos ponencias el día de hoy, se perfilan tres escenarios posibles en la última semana legislativa que tendrá el Congreso en el cierre de este periodo: Aprobación de la ponencia de la oposición: Ante la votación mayoritaria del Senado de esta ponencia, se implementaría un modelo que pone en riesgo la educación pública, limita la formación en humanidades y propicia la privatización progresiva de la educación. Aprobación de la ponencia del Gobierno: Ante la votación mayoritaria del Senado de esta ponencia respaldada por el gobierno, sería un logro para los sectores que se movilizaron y manifestaron sus desacuerdos y la educación serían un derecho fundamental para todos sus niveles. Además, sería un logro del gobierno al lograr tramitar de manera efectiva esta reforma. Caída de ambas ponencias: Si ninguna de las dos ponencias logra el quorum o la votación necesaria, la reforma educativa podría fracasar siendo archivada, sumándose a otras reformas no concretadas por el gobierno. El debate continuará en el Senado, y el resultado de esta reforma tendrá implicaciones duraderas para el futuro de la educación en Colombia. Es fundamental que se prioricen los intereses de los estudiantes, el magisterio y las comunidades académicas e intelectuales para que se promueva la idea de una educación que fomente el pensamiento crítico, la equidad, la inclusión social y la defensa de la educación pública.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un movimiento estratégico que marca un hito en la diplomacia colombiana, el presidente Gustavo Petro ha iniciado una gira por Europa con una visita oficial a Suecia. Este viaje no solo representa una oportunidad para fortalecer los lazos bilaterales entre Colombia y Suecia, sino que también busca abrir puertas hacia una cooperación más amplia en áreas clave como la paz, la tecnología y la economía. La llegada del presidente Petro al aeropuerto Arlanda de Estocolmo el pasado 12 de junio fue recibida con gran expectación, tanto en Colombia como en Suecia. Acompañado por una destacada comitiva compuesta por ministros, el canciller Luis Gilberto Murillo, la directora del Dapre Laura Sarabia, la presidenta de Procolombia, el comandante de la Fuerza Aérea y otros líderes empresariales, Petro fue recibido con honores diplomáticos, reflejando la importancia de esta visita para ambas naciones. El objetivo central de esta gira es consolidar y ampliar la colaboración entre Colombia y Suecia en diversos frentes. En primer lugar, la agenda incluye reuniones de alto nivel con autoridades suecas, entre ellas el rey Carlos XVI Gustavo, así como con líderes políticos y empresariales del país escandinavo. Estos encuentros no solo buscan fortalecer los lazos diplomáticos, sino también explorar nuevas oportunidades de cooperación en áreas como la paz, la transición energética y la transferencia de tecnología. En el ámbito de la paz, Colombia y Suecia comparten una historia de cooperación y apoyo mutuo. Suecia ha sido uno de los países que ha respaldado activamente el proceso de paz en Colombia, brindando asistencia técnica, financiera y política para la implementación del Acuerdo firmado con las FARC en 2016. En esta visita, se busca profundizar en esta colaboración, identificando áreas donde Suecia pueda seguir siendo un aliado clave en la consolidación de la paz en Colombia. Según Paola Marín, investigadora de la Línea de Paz, Posconflictos y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es crucial destacar las denuncias realizadas no solo durante esta gira, sino también las que el presidente ha venido haciendo respecto a la incapacidad de gobiernos anteriores, incluido el de Iván Duque, y el Legislativo, para cumplir con los acuerdos alcanzados en el proceso de paz de 2016. Marín destaca que el Gobierno Nacional ha enfrentado dificultades para sentar bases sólidas y avanzar de manera efectiva en la implementación de dichos acuerdos. Aunque se ha progresado de forma lenta, especialmente en temas como la reforma agraria, otros aspectos como el de las víctimas y la participación, continúan avanzando a un ritmo insatisfactorio. La investigadora de Pares señala que el Gobierno Nacional tiene su enfoque en los procesos de paz en su totalidad, lo que implica la generación de fondos sostenibles para el proceso, con el apoyo de los países garantes. Sin embargo, la negociación con facciones como el ELN y el surgimiento de la segunda Marquetalia plantean desafíos críticos. La violencia inesperada protagonizada por el Estado Mayor Central del ELN ha generado preocupación, especialmente en áreas clave para el proceso de paz, como el Bajo Cauca, Antioquia, el Sur de Bolívar y el Sur del Cesar. La reciente movilización también resalta la preocupación por el paramilitarismo y los ataques a líderes sociales, así como la violencia en el norte del Cauca y el suroccidente del país. La población civil enfrenta graves repercusiones debido a estos ataques, lo que resalta la necesidad de un esfuerzo integral por parte del Estado para garantizar la presencia efectiva en los territorios afectados, más allá de la simple presencia militar. Por su parte, la directora del Dapre, Laura Sarabia, ha destacado la importancia de fortalecer las alianzas internacionales para resolver los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz. Esto incluye no solo el apoyo político y financiero, sino también la participación del sector privado y la sociedad civil en la construcción de una paz sostenible y duradera. Además de la paz, la visita de Petro a Suecia también tiene como objetivo promover la cooperación en áreas de tecnología e innovación. Suecia es conocida por ser líder en sectores como la tecnología, la inteligencia artificial y la sostenibilidad ambiental, áreas en las que Colombia busca fortalecer su capacidad y conocimiento. En este sentido, se han explorado oportunidades de colaboración entre universidades suecas y colombianas, así como entre empresas de ambos países, con el fin de fomentar el intercambio de conocimientos y tecnologías. Según Diana Herrera, líder del equipo de Tecnologías de la Información de la Fundación Pares, la visita del presidente Gustavo Petro a Suecia representa un compromiso con la relación diplomática entre Colombia y Suecia, la cual existe desde el 11 de diciembre de 1874. Herrera menciona que tras más de un siglo de intercambios y colaboración, ambas naciones han forjado una sólida relación basada en el progreso común. Esta alianza no solo refleja una asociación a largo plazo, sino también un compromiso compartido con valores fundamentales como la paz, la justicia y el desarrollo sostenible. En este contexto, la Líder del equipo de Tecnologías de Pares destacó y explicó los siguientes puntos: Fortalecimiento de la cooperación en áreas clave: La visita de Petro a Suecia busca ampliar la colaboración en sectores fundamentales como la paz, la tecnología y la economía. Esto indica, según Herrera, un compromiso mutuo para abordar desafíos importantes y aprovechar oportunidades de desarrollo en áreas prioritarias para ambos países. Apoyo sueco al proceso de paz en Colombia: Suecia ha sido un aliado clave en el proceso de paz en Colombia, brindando asistencia técnica, financiera y política. La continuación y profundización de esta colaboración demuestran un compromiso conjunto con la construcción de una paz sostenible y duradera en Colombia. Transferencia de conocimientos y tecnología: La cooperación entre universidades y empresas suecas y colombianas promueve el intercambio de conocimientos y tecnologías, beneficiando a ambas naciones en términos de innovación y desarrollo económico sostenible. Impulso a las relaciones comerciales y la inversión: La visita incluye encuentros empresariales y ruedas de negocios, lo que puede estimular el intercambio comercial y la inversión entre Colombia y Suecia en sectores estratégicos como el agroindustrial, la energía renovable y la manufactura. Esto puede conducir a un crecimiento económico mutuo y a la creación de empleo. Promoción de la imagen de Colombia en Suecia: La participación del presidente Petro en eventos culturales y sociales contribuye a fortalecer los lazos humanos y culturales entre ambas naciones, fomentando una comprensión mutua más profunda y una mayor cooperación en el futuro. En conjunto, Diana Herrera menciona que la visita de Petro a Suecia y la alianza entre ambos países representan una oportunidad para avanzar hacia objetivos compartidos de paz, desarrollo sostenible y prosperidad económica. Por otro lado, la visita de Petro a Suecia también tiene implicaciones económicas significativas. Se espera que durante esta gira se impulsen las relaciones comerciales entre ambos países, promoviendo la inversión y el intercambio comercial en sectores clave como el agroindustrial, la energía renovable y la manufactura. En este sentido, se han organizado encuentros empresariales y ruedas de negocios para facilitar el contacto entre empresarios colombianos y suecos, buscando identificar oportunidades de inversión y colaboración mutua. Además de las reuniones oficiales y los encuentros empresariales, Petro ha participado en una serie de eventos culturales y sociales en Suecia, que han servido para promover la imagen de Colombia en el país escandinavo y fortalecer los lazos entre ambas naciones a nivel humano y cultural. La visita del presidente Gustavo Petro a Suecia marca un momento importante en las relaciones bilaterales entre Colombia y Suecia, abriendo nuevas oportunidades de colaboración en áreas clave como la paz, la tecnología y la economía. Más allá de los acuerdos y compromisos alcanzados durante esta gira, esta visita refleja el compromiso de Colombia con la construcción de un mundo más justo, pacífico y próspero, en el que la cooperación internacional juega un papel fundamental.

Por: Redacción Pares El pasado 9 de junio la revista Raya publicó un artículo titulado El plan del clan del golfo para copar el sur de Bolívar y exigir reconocimiento político. En uno de sus párrafos hace un peligroso señalamiento contra el reconocido profesor de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos Rosero en donde afirman que él está buscando los argumentos teóricos para que el Clan del Golfo sea reconocido políticamente. “Trejos defiende la tesis de que este clan mafioso es un actor armado con un acelerado proceso de “politización” en curso. Paradójicamente, el profesor Trejos denunció a mediados de 2023 que estaba siendo amenazado por dicho grupo criminal”. La base para esta afirmación fue que uno de los abogados del Clan del Golfo reposteó en Twitter un artículo del profesor Trejos. Además de ser profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla, de doctorarse en estudios americanos en el Instituto de Estudios Avanzados en la Universidad de Chile, de ser un experto en negociaciones de paz, conflicto armado y seguridad ciudadana, Trejos Rosero se ha convertido en una voz influyente en el Caribe gracias a la tribuna que ha logrado construir con sus artículos en medios como La silla vacía. Es necesario que Trejos pueda sacudirse cualquier tipo de señalamiento o estigmatización que ponga en riesgo su seguridad y la de su entorno. Por eso es necesario leer su defensa contra la cruz que pusieron sobre él desde la revista Raya: Considero que la referencia que hacen de mí en su artículo simplifica y tergiversa mis argumentos, poniendo en duda la calidad de mi trabajo académico. También banaliza las amenazas que he recibido en el pasado reciente, por lo cual le exijo a la Revista Raya una rectificación pública teniendo en cuenta las siguientes razones y preguntas. Lo que ustedes denominan “la insólita teoría” hace parte de una amplia y documentada discusión académica que se ha dado en distintos continentes y que en Colombia tiene su origen en el año 2006, cuando Francisco Gutiérrez Sanín y Gonzalo Sánchez Gómez, en el prólogo del libro “Nuestra guerra sin nombre”, hablaron de la insostenible dicotomía política/criminal. En sus palabras, el conflicto colombiano, era “más económico, más criminal y más político (…). Hay criminalización de la política y de la guerra y politización del crimen”. Ya en ese mismo año, dentro del uribismo había sectores que afirmaban que el ELN y las FARC-EP no eran grupos armados políticos porque se habían involucrado en economías criminales, lo que anulaba una negociación con ellos. Esto, en el contexto del proceso de desmovilización y desarme de las AUC. Más recientemente, la discusión en Colombia (porque en países como México y Brasil hay mucha producción académica al respecto desde hace años), se hace pública en el marco de la Política de Paz Total y tuvo una nutrida deliberación político-jurídica en la audiencia de la Corte Constitucional sobre las demandas contra la Ley 2272 de 2022 denominada por el Gobierno "Ley de Paz Total". Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=bT91WPAmxZY Así que esta discusión ni es “insólita”, como ustedes la califican, ni es nueva, como ustedes dicen en su “Nota de la Dirección”. La interpretación que hacen de mis argumentos es sesgada. Ustedes dicen que yo afirmo que el Clan del Golfo es una organización con carácter político y para sostenerlo, adjuntan un link a un artículo académico de mi coautoría en el que textualmente decimos que analizamos “los discursos publicados por la organización [Clan del Golfo] para entender su proceso de politización, a la vez que se explica su dimensión criminal.” Ustedes omiten que mi argumento incluye su dimensión criminal. Hacerlo es un claro ejemplo de sesgo de elección (cherry picking), que consiste en usar ejemplos, eventos o casos que validan una premisa o posición, ignorando las evidencias que la podrían cuestionar. Si leyeron todo el artículo, en las conclusiones afirmamos lo siguiente:  “Paralelamente, reconocer su carácter político-discursivo no implica desconocer su participación en diferentes mercados ilegales. El discurso político de las AGC es muy probablemente una estrategia de legitimación de su práctica criminal. Sin embargo, también se cuestiona la visión común de que las AGC son un cartel de drogas, principalmente porque no se comportan como uno y su portafolio de actividades está lejos de reducirse al narcotráfico. Por tanto, se propone entenderla como una organización enfocada en el control y defensa de territorios y en las redes transnacionales que le permiten sostenerse activa en Colombia y blanquear los dineros producidos por sus actividades ilegales”. ¿Esto no les pareció relevante? ¿Por qué lo obviaron? Cuando afirman que este argumento “ha encontrado respaldo entre académicos” solo me referencian a mí. ¿Por qué no nombran a otros académicos? ¿Por qué no se contactaron conmigo para conocer mis argumentos teóricos y conceptuales o pedirme otras referencias académicas o de prensa? ¿Por qué me escriben un correo electrónico solo hasta el martes 11 de junio, dos días después de publicado el artículo y no durante su redacción? Al afirmar que mis artículos, entrevistas y columnas “son replicadas por el abogado Giraldo” parecen insinuar que tengo una responsabilidad sobre quiénes y cómo se usa mi producción intelectual y mis opiniones emitidas en medios de comunicación públicos. Cuando dicen que “paradójicamente” denuncie el año pasado que había recibido amenazas de muerte por parte de ese grupo armado ilegal ¿Qué es lo que les resulta paradójico? ¿Por qué utilizan ese adjetivo? Atentamente. Luis Fernando Trejos Rosero.

Por: Redacción Pares El 23 de abril del año 2009 mientras estaba en su casa en el municipio de la Estrella, cumpliendo su pena, fue asesinado Francisco Villalba. En ese momento los medios apenas cubrieron la noticia. El nombre de este ex paramilitar les sabía a poco. Por problemas de salud a Villalba le habían concedido el privilegio de pagar su condena desde su casa. Pero hasta ahí lo alcanzaron las balas de sus asesinos. Este ex paramilitar tenía el alias de Cristian Barreto, pero su verdadero nombre era el de Francisco Enrique Villalba Hernández. Pertenecía a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y participó en las masacres del Aro y la Granja en donde fueron asesinadas veinte personas. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo afirma que la masacre del Aro se cometió para rescatar a ocho personas que estaban secuestradas por las FARC. En el 2008 Villalba fue noticia porque inculpó a Uribe en la masacre del Aro en 1997, mientras este era gobernador de Antioquia. En una entrevista a Noticias Uno Villalba afirmó lo siguiente: “El Presidente mismo me dio en su momento la orden personalmente, en el año 97, de cometer esa masacre”. Incluso afirmó que Uribe lo había condecorado: “El [Uribe] me dio las condecoraciones, se lo digo de frente. Él me dio las decoraciones [sic], me dio la felicitación y simplemente yo le digo al país: esperen el video, las fotos y yo presento eso”. Villalba compareció en su momento ante la Fiscalía para inculpar al expresidente pero, según Verdad Abierta, las pruebas fueron desestimadas: “los datos y fechas que aportó no concordaban, al punto que cuando la Fiscalía le remitió su versión a la Corte, esta la desechó por considerar, primero, que no tenía competencia y, sobre todo, por dudas de credibilidad”. Meses después Villalba se desdijo de sus declaraciones e incluso le pidió en una carta perdón a Uribe: “Quiero pedirle perdón a usted, por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública”. Durante 10 años estuvo preso en el patio de Alta Seguridad de La Picota y en marzo del 2009 fue trasladado a su casa en La Estrella para que terminara de cumplir su pena allí. Dos semanas después de ese traslado sicarios entraron a su casa y le dispararon en varias oportunidades. El nombre de Villalba vuelve a salir a la palestra pública después de que en entrevista a W Radio Salvatore Mancuso afirmara que el helicóptero de la gobernación de Antioquia si sobrevoló la población del Aro mientras se realizaba la masacre. Esto ha ocasionado un rifi-rafe a través de la red social X entre Daniel Coronell y Alvaro Uribe y el Centro Democrático. Ellos afirman tener pruebas de que lo que afirma Mancuso es falso. Coronell desestimó las supuestas mostradas para evidenciar la inocencia de Uribe en este trino: “Este documento no prueba nada. Primero, la gobernación de Antioquia no tenía un solo helicóptero. Y segundo a la declaración de Mancuso hay que sumarle la del asesinado testigo Francisco Villalba y de la víctima Rosa María Posada quien confirmó el sobrevuelo del helicóptero amarillo”. Quince años después del asesinato de Villalba, como ocurre en este país, la impunidad cunde sobre este caso.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Espectador Los últimos años de Carlos Castaño fueron desesperantes para él. Había tocado la gloria en el año 2000, después de que tres de sus asesores, un ex guerrillero del EPL al que le decían “Hernancito”, un viejo ganadero que lo idolatraba, de nombre Rodrigo García, y Ernesto Báez, ideólogo supremo de las AUC, decidieron convertirlo en un político. Lo pulieron, lo enseñaron a debatir, a controvertir. Por eso salió muy orondo en entrevistas con Darío Arismendi y Claudia Gurisatti, de corbata y citando a Mario Benedetti. Su autobiografía, que tenía como escritor fantasma a Mauricio Aranguren, se vendía como pan caliente en cada esquina. Soñaba con ser el líder de un proyecto político que legalizaría cada tierra despojada, cada dólar arañado a la coca. Pero el reconocimiento de una sociedad enferma terminó jugándole en contra. Además, todo el peso de la guerra, de la sangre, se le vino encima como una maldición. Su hija, Rosa María, nació con un síndrome conocido como “el maullido del gato” que producía un acelerado proceso degenerativo. Según Salvatore Mancuso “Carlos Castaño en el 2004 tenía unos problemas tremendos”. Uno de sus amigos más cercanos, Carlos Mauricio García, alias Doble Cero, contó al detalle en un libro sobre su vida, en qué consistía la enfermedad de la hija de Castaño. Este es el extracto de una carta en donde narra la angustia que le generaba este problema: “podrá desarrollar todos su sentidos mentales y físicos en un ochenta por cierto; dan algunas esperanzas de mejorar este patrón, para lo que tendremos que trabajar por alcanzarlo. Solo el inmenso amor que profesamos por ella nos mantiene felices; es así amigo, así pasó, esto sin explicación científica del porqué (sic). Kenia ha sido fuerte y unidos en familia estamos superando el dolor que esto causa en medio de la alegría que nunca desaparece”. Castaño quería pactar con los gringos. Si se trasladaba a Estados Unidos su hija podría tener alguna posibilidad. Por eso los paras sabían que era posible que Carlos los traicionara y se pusiera a pactar con la DEA. En su desesperación ordenó un atentado contra su hermano Vicente, el último que podría disputarle el poder dentro de las AUC. Así se lo contó un testigo de excepción, Salvatore Mancuso, a Daniel Coronell en una larga entrevista sostenida en W Radio. “En algún momento decidió que iba a acabar con Vicente Castaño, que era una de las figuras políticas de las AUC y le hace un atentado. Vicente toma la decisión de organizar un grupo que se enfrenta a Carlos Castaño y lo asesinó”. Una semana antes de que lo mataran Carlos Castaño, bajándose de una lancha, tiene un accidente con una hélice y pierde movilidad en uno de sus brazos. La orden de matar a Carlos Castaño fue tomada en abril del 2004 en una reunión en donde estaban Vicente Castaño, alias El Profe, Hebert Velosa, alias H.H, y Jesús Ignacio Roldán Perez, alias Monoeleche. La orden la tomó el propio Vicente. Cincuenta hombres de los bloques Calima y el Bananero emprendieron la misión. Monoe’leche, quien conocía la zona de San Pedro de Urabá, fue quien dirigió la operación. Seis años después, en el 2010, uno de los paras que participó en la operación contó que Carlos Castaño murió rogando pedir una audiencia con su hermano. Movil Cinco, el hombre que le disparó, le contó a Justicia y Paz ese año los últimos momentos del jefe paramilitar: “Allí, recostado en una silla contra la pared, Carlos Castaño nos preguntaba qué estaba pasando y ‘Móvil Cinco’ le hacía varios reclamos. Cuando Castaño insistió que lo llevaran donde su hermano, ‘Móvil Cinco’ le disparó y lo mató”. En la reveladora entrevista de Mancuso con Coronell queda claro y le pone fin a las especulaciones: Vicente Castaño mató a su hermano Carlos porque este, primero, lo había atacado a él.

Por: Guillermo Linero Montes El ejército colombiano, en su historia -fundado en 1810- ha sido fiel a la constitución y ha obedecido con ciega lealtad a los gobiernos de turno. Esa es una verdad que no tiene discusión en Colombia y es unánime la creencia de que tal lealtad es el talante moral del ejército. Por ello, quienes estudian nuestra historia política (la historia de la violencia, de la corrupción y de las inequidades) aseveran que la guerra, que el conflicto armado, que la miseria y la corrupción, no son por culpa del ejército, sino por culpa de los gobernantes a quienes los mandos militares han obedecido ciegamente. Hoy, el gobierno de Gustavo Petro, por ser el primero de izquierda en la historia política de Colombia, el contexto resulta por completo distinto y el ejército se encuentra en una prueba de fuego, pues deberá probar que esa lealtad demostrada hasta ahora, es verdadera, y que no ha estado ligada al provecho que los mandos militares les sacaban a los gobiernos de derecha apoyándolos en sus insensateces. Como todos los ejércitos decentes del mundo, el ejército colombiano siempre ha tenido dos misiones: la del flanco armado, con operaciones en defensa de la soberanía, en busca del aseguramiento de la independencia y en el cuidado del territorio; y la misión del flanco desarmado, con acciones en pro de generar un ambiente de paz. Generar un ambiente de paz significa que habiendo guerra (como ocurre en nuestro país) el ejército tiene que promover discursos en favor de la paz; y, de no haber guerra, entonces tendría que dedicarse a mantener y promover la paz. Pero, también dentro de la misión del ejército está contribuir con el desarrollo del país, lo cual implica asistir a la población en todas aquellas eventualidades que conlleven la participación inteligente de una fuerza organizada profesionalmente, como la caída de un puente y la construcción rápida de uno provisional. De hecho, siendo los ejércitos un conjunto de personas que por su preparación física son capaces de asegurar la consecución de sus fines sociales, y para ello -como ya lo han determinado científicos y filósofos, deben sumar además factores y herramientas, y es necesario que sumen igualmente estos cuatro componentes: la tecnología, las experiencias, las aptitudes humanas y los medios de producción. Por tal razón, las denominadas fuerzas militares, que son incuestionablemente una fuerza especial para la consolidación de las naciones, deberían contar con la mejor tecnología -dispositivos y programas electrónicos actualizados-, y sus soldados deberían tener una mínima experiencia escolar, al menos la primaria y la secundaria. Asimismo deberían tener aptitudes humanas, conducentes al respeto por los derechos de los demás, partiendo de que la vida es sagrada; y en su condición de medios de producción deberían estar provistos de herramientas y maquinarias que, en el contexto de Colombia como potencia de la vida, antes que para acciones bélicas se necesitan primero para estimular el desarrollo de las regiones, especialmente en aquellos lugares que por apartados suelen ser inhóspitos, o para asistir con urgencia a la población civil de ocurrir desastres naturales. Un ejército es una fuerza viva, no para aplastar a sus semejantes; sino para emprender en nombre de estos los retos más difíciles. Por eso es injusto que un ejército, aparte de la férrea disciplina que les exige a sus soldados, no les garantice la dignidad humana, que reside en un buen trato, en un salario justo y en bonificaciones merecidas. De eso bien se cuidaban los antiguos gobernantes del imperio romano y se cuidan hoy los gobernantes de los ejércitos poderosos. Los soldados deben tener óptima salud, deben estar bien alimentados y provistos de los implementos necesarios para hacerles menos difícil su trabajo. Y deberían tener sueldos altos; porque, ¿quién niega que la labor del soldado no es de alto rendimiento y de riesgos fatales? En el caso de nuestro ejército, ni siquiera hay que hacer una encuesta entre los soldados, acerca de su realidad social y militar, para saber las respuestas que nos darían. Si les preguntáramos, por ejemplo, a que estrato social pertenecen; de seguro la mayoría de ellos respondería que al estrato 1, y sólo algunos pocos dirían que al 2 o al 3. Y esto es así, porque los gobernantes, los políticos, los empresarios adinerados, y quienes hacen parte de los estratos 4, 5 y 6, no envían a sus hijos al ejército. Si les preguntáramos a nuestros defensores de la patria, si provienen o hacen parte de una familia económicamente estable; es decir, con posibilidades económicas para al menos asegurarles una educación básica y una alimentación digna a sus hijos; entonces, la mayoría de ellos, si no todos, contestarían que no, porque las familias de estrato uno por lo general viven en estas condiciones: no los alcanza la cobertura escolar, apenas comen una vez al día y es vergonzosa la tasa de mortalidad infantil por causa de la desnutrición. Y en cuanto a la salud, basta saber lo mal que venían en Colombia las empresas que la administran. Si les preguntáramos, a los soldados regulares, si en su desarrollo tuvieron una formación escolar normalizada; la mayoría de ellos respondería que no, que escasamente hicieron la primaria y que se entregaron al ejército, precisamente porque no tenían ninguna otra opción escolar más allá de la escuela rural ni tampoco opciones de empleo. Si les preguntáramos a los soldados colombianos, si acaso sus padres son dueños de las casas donde viven, si tienen autos, finca, una empresa que liderar o si son dueños de algún monopolio en el comercio; la mayoría de ellos, si no todos, contestaría que no, que sus padres viven en arriendo, que son empleados de empresas que les pagan el sueldo mínimo y los explotan haciéndolos trabajar más horas de las legalmente autorizadas. Si les preguntáramos a nuestros soldados, si sus padres tuvieron la oportunidad de estudiar, de sacar adelante al menos un pregrado y desempeñarse como profesionales, o si sus madres tuvieron igualmente esas opciones y no terminaron siendo sólo empleadas domésticas de su propia familia; de seguro, todos dirían que no, porque los ciudadanos en edad de prestar el servicio militar, cuyos padres tienen propiedad, empresa, y tuvieron la oportunidad de estudiar, están convencidos de que el servicio de seguridad, como el de recoger las basuras, deben ser prestados por los hijos de las personas que no son empresarios, ni propietarios, ni adinerados, ni tampoco tuvieron agallas para ser delincuentes. Si les preguntáramos a los soldados colombianos, que si en vez de estar largas horas vigilando el territorio o realizando escaramuzas militares a veces non sanctas, preferirían contar con oportunidades económicas -como los hijos de quienes poseen empresa y propiedades las tienen- que les permitieran asistir a las universidades, ir a cine, asistir a conciertos, comprar libros e implementarse con dispositivos y sistemas de comunicación de última tecnología; sin duda todos dirían que sí. Si les preguntáramos a los soldados colombianos si les gusta la guerra más que la paz, o si sienten deseos de matar a los otros no importa si de la misma comunidad suya y de la misma condición social; todos dirían que no, que al ejército llegaron pues no había otra opción de vida, y porque el destino los arrojó allí por haber nacido en la casa de alguien sin empresa, sin propiedades y sin educación. Si les preguntáramos a los soldados colombianos, si prefieren apoyar a un gobernante como el presidente Gustavo Petro, que les ofrece gratuidad en la matrícula académica de las escuelas de formación para ingresar a la fuerza pública, que les aumentó el sueldo y además les restableció la llamada mesada 14; todos dirían que sí, que prefieren a un presidente que lucha y administra las riquezas del estado en favor de que los pobres dejen de serlo, y no a los anteriores que los mantenían en una situación de indignidad. Por todo lo anterior, es muy claro que los soldados colombianos del presente -en esa tradición de un ejército cuyo talante moral es la lealtad a su comandante en jefe y a la constitución- sin importarles lo que digan los expresidentes, los opositores al gobierno, los jefes políticos de la derecha y de la extrema derecha, o lo que sugieran los grupos económicos de poder, no moverán un solo dedo en contra del presidente Gustavo Petro.

Por: Laura Bonilla Hace unos días, en la feria del libro de Valledupar, León Valencia, Antonio Sanguino y yo fuimos a hablar de nuestro último libro: “Parapolítica, historia del mayor asalto a la democracia en Colombia”. El libro no es una reedición de la investigación de hace veinte años. Es más que eso. Son ensayos que narran la historia de la investigación desde las voces de sus protagonistas y también es una reflexión sobre lo que ha pasado en estos veinte años. Lo bueno y lo malo. Pero, sobre todo, es una preocupación sentida sobre la democracia y el sistema político colombiano que aún conserva un lado muy oscuro. Cuando llueve en Valledupar no hay clases en los colegios. La gente se queda en casa, esperando que el agua amaine. Incluso hay vallenatos que lo cuentan. Ese domingo en la mañana, Álvaro Araújo estuvo en primera fila en la presentación de nuestro libro. “Me van a permitir una réplica”, nos dijo antes de empezar el conversatorio. Honestamente, según pasaba el tiempo, creí que efectivamente seríamos solo él y nosotros, en un contrapunteo entre dos testimonios distintos sobre la misma historia: el nuestro como investigadores y el suyo como protagonista de la historia. Pero con el tiempo escampó y el auditorio se llenó. Hablamos de lo que se habla en un lanzamiento de un libro. Al final, toda persona que escribe trata incansablemente de que la lean. Pero se sentía en el ambiente la tensión. Álvaro Araújo fue tal vez el oyente más atento. Tomaba nota de todo lo que decíamos. Cuando Antonio Sanguino habló sobre el periplo que significó su reciente candidatura a la gobernación del departamento y dijo sin ambages: "La política en el Cesar la tiene tomada una banda criminal", Araújo asintió con la cabeza. Se notaba que tenía una mezcla de rabia y tristeza. Cuando habló, eso fue claro. Seis minutos. La mayoría de la interpelación la dirigió a León Valencia, a su rol de director de esa investigación en ese momento. Otra gran porción la usó para denunciar al cartel de la toga, contar que le pidieron dinero para archivar su caso y mostrar cómo otros políticos que contaron con más recursos y poder de negociación salieron, o bien impunes, o con menores condenas. Y otra porción del tiempo la dedicó a mostrar una paradoja: que, al haber eliminado a un grupo político de la ecuación, el otro, el clan Gnecco, se había tomado todo el poder departamental. “Fracasaste, León”, fue la frase final. Es tan común en Colombia que cada uno de nosotros nos aferremos a nuestras razones que la respuesta fue todo menos lo que ni Álvaro ni el auditorio esperaban: “Yo soy la persona más consciente de mis fracasos. Sé cuándo en mi vida he producido daño”. Y es verdad. Cada cosa que hacemos, más cuando estamos ante fenómenos tan complejos como los que vivimos en Colombia, produce consecuencias. Y hay personas, siempre hay personas en esas consecuencias. Álvaro Araújo fue condenado por la Corte Suprema a nueve años. Perdió su vida como la conocía, su grupo político, otrora influyente, desapareció. León Valencia vivió dos exilios después de la parapolítica. Yo, uno. El departamento del Cesar quedó en manos del Clan Gnecco. Y así, poco a poco, la vida de todas las personas que estuvimos involucradas fue cambiando, pero la del país también. De una u otra manera, se repite la paradoja: a nivel nacional se produjo una ruptura que explica en parte el triunfo por primera vez de un político abiertamente de izquierda en el país. En algunas regiones, los operadores políticos, muchos de ellos provenientes de clanes políticos, otrora uribistas e incluso otrora parapolíticos, se realinearon con el ganador. En otros departamentos, con la oposición. Lo cierto es que, con todo y cambios, la brecha democrática entre el centro del poder político y las regiones sigue siendo insondable y es difícil que en zonas enteras del país se defienda la democracia cuando esta no ha dado prácticamente nada de sí. Y cada campaña que vivimos transcurre repitiendo patrones: campañas costosísimas, políticos con un espíritu mafioso, mafiosos invirtiendo en la política y clanes políticos imbatibles. Para la muestra, los Gnecco. En eso, la distancia que en algún momento se abrió con la investigación de la parapolítica, la denuncia y la condena entre quienes investigamos y quienes protagonizaron se cerró un poco. Cada caso es distinto y el departamento del Cesar, por supuesto, lo es. En ese momento que nos permitió encontrar en lo humano cierta cercanía, entregamos el libro a Álvaro Araújo y él nos lo recibió. Nos dimos la mano. Un amigo querido en el departamento nos tomó una foto. A la gente vallenata, que llenó el auditorio aun en un día de lluvia, le gustó el gesto. Nos lo dijeron después. Es como cerrar un episodio, contribuir a la reconciliación. Yo creo que también de parte de Álvaro Araújo ocurrió lo mismo. Creo que tenemos mucho que aprender de lo que ocurrió, de las vivencias y también de las consecuencias del episodio de la parapolítica en todas sus versiones y vertientes. Aunque parezca lejano, nos debemos más conversaciones como esta.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Pulzo En el 2007, poco después de terminar la investigación que partiría la historia de la política colombiana en dos, Laura Bonilla se encontró con Luis Alberto Gil en un foro organizado por el diario El Tiempo. La parapolítica había estallado y el partido con el que Gil llegó al Congreso, Convergencia Ciudadana, estaba en el ojo del huracán. El hombre, resentido porque Bonilla le había quitado la máscara, rompió en improperios contra ella y en medio de su andanada soltó una frase que veinte años después tiene vigencia: “Nadie tiene autoridad moral para juzgarnos, somos como cualquier partido político”. Premonitorio porque, a pesar de las condenas nunca llegó el castigo político. Ese fue un gran año para Gil. Su partido ganó 74 alcaldías en 18 departamentos, 30 de ellas en Santander, 852 concejales, 26 diputados en asambleas departamentales y un gobernador. El pedazo de la torta estaba grande. En cambio, para la académica que puso la llaga en el problema estaba desesperada. Había sido amenazada de muerte junto a los otros investigadores de la Corporación Nuevo Arco Iris que develaron la ayuda de paramilitares a políticos consiguiéndoles votos en sus áreas de influencia, así que ya cargaba con el incómodo lastre de tener un esquema de seguridad. Por medio del correo electrónico la joven investigadora recibía mensajes como estos: “Se calla o la callamos”. A la propia oficina de León Valencia llegaba información desde la cárcel de Itagui sobre un plan para matarla a ella y a otra de las investigadoras de Nuevo Arco Iris, Claudia López. El círculo se hacía cada vez más estrecho. León Valencia y Laura Bonilla hablaron con la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado y les constató de la gravedad de la situación. Valencia abordó a Bonilla y fue crudo: “En este país ya no matan a las cabezas porque es un escándalo. Tampoco a los pies porque a nadie le importa. Matan al ombligo y yo creo, que en ese caso, el ombligo eres tú. Es mejor que te vayas” Así que, con el alma rota, Laura Bonilla tuvo que irse del país por haber cometido el pecado de contar la verdad sobre un político y mostrar la expansión paramilitar desde Barrancabermeja hasta el sur de Bolívar. Detrás de las amenazas estaba el Bloque Central Bolívar. Luis Alberto Gil nunca fue un hombre brillante en el M-19. Nacido en Cite, corregimiento de Barbosa, hace 72 años, estudió licenciatura en Química en la UIS cuando ésta universidad vivía su época más convulsa, los años setenta. En la UIS es reclutado por el M-19. Le vieron dotes de líder así que lo envían a la Libia de Kadafi en donde se preparó durante seis meses en ciencia militar. Regresó para vincularse con el sindicato de profesores y una vez esta guerrilla se desmoviliza en 1990 se vincula al sector de la salud. Una de las EPS que encabezó, Solsalud, terminó siendo liquidada por malos manejos. En 1997 crea Convergencia Ciudadana. Allí traicionó todos los principios que podía tener desde el M-19 y le abrió la puerta a los paramilitares y también al enriquecimiento ilícito. En el año 2000 Convergencia Ciudadana ganó diez alcaldías, dos de ellas en Santander, Lebrija y Barrancabermeja. Según Laura Bonilla en su capítulo Los mecanismos del sistema que favorecieron la parapolítica contenido en el libro Parapolítica, la historia del mayor asalto a la democracia en Colombia “la lista de Convergencia ciudadana fue una combinación de políticos profesionales, principalmente liberales, con ansias de autonomía y dispuestos a pagar por ella, con los recomendados del Bloque Central Bolívar”. De la noche a la mañana Gil consiguió 82 mil votos para llegar al senado en el 2002. Tenía, además, dos de las siete curules a la Cámara en Santander. Su apoyo sería fundamental, un año después, para que Hugo Aguilar, quien sería condenado años después por haber tenido apoyo de los paramilitares, arrasara en las votaciones a la gobernación de Santander. En el 2006 repetiría curul en el senado pero ahí ya estaba cocinándose la investigación de Nuevo Arco Iris. La Corte Suprema de Justicia, en cabeza de Iván Velásquez, tomó esta investigación para seguirle el rastro a los políticos vinculados con paramilitares. Se presentaban pruebas de reuniones de Gil con Ernesto Báez y Julián Bolívar. El juicio duró cinco años y fue condenado a 90 meses de prisión. Mientras tanto Laura Bonilla intentaba reconstruir su vida en España. La salvó la fe que da la juventud. Regresó al país en el 2013  y siguió siendo uno de los puntales de la investigación en Colombia. Hoy, desde la subdirección de la Fundación Paz y Reconciliación, sigue trabajando para poner en evidencia a los clanes políticos que se comen a Colombia. La cárcel no fue el final para el Tuerto Gil quien renacía una y otra vez. Después de hundir Convergencia Ciudadana reencarnó en el Partido de Integración Nacional, el PIN, al nado de un hombre con un pasado oscuro como Juan Carlos Martínez. Mientras estuvo en la cárcel su esposa salió elegida senadora con 40 mil votos en el 2014. Ese mismo año salió de la cárcel pagando sólo una parte de su pena. Pero, en el año 2019 sería capturado por la Fiscalía por haber estado metido en supuestos sobornos para favorecer a Jesús Santrich. Fue condenado en el 2021 a cuatro años de prisión. Sin embargo, ya está libre, como si no hubiera ocurrido nada. Y la fiebre de poder permanece intacta.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Noticiero 90 minutos Hace 11 años murió Víctor Carranza y aún le aparecen chanchullos. La Fiscalía acaba de descubrir que por intermedio de uno de sus abogados de confianza, y hasta de una cocinera, Víctor Carranza se apropió de 26.939 hectáreas de terrenos baldíos. Con esa triquiñuela se burló de lo que hasta hace una década se conoció como el INCORA, hoy Agencia Nacional de Tierras, una oficina creada para hacer la Reforma Agraria en el país. El abogado de Carranza, de nombre Fernandel Alonso, lograron hacer pasar a 27 personas de su entera confianza para que tomaran estos predios en el marco de la Reforma Agraria. Esto sucedió en 1992. Esas tierras fueron vendidas en el 2007. Carranza fue el que las compró por una suma irrisoria que apenas alcanzó los 750 millones de pesos. En este entramado también estarían salpicados funcionarios de Notarías en Villavicencio. Este es tan sólo uno más de los torcidos que hizo Víctor Carranza. Si, estuvo preso un par de años, pero al final moriría impune en el 2013. Según Verdad Abierta al menos diez jefes paramilitares lo señalaron como patrocinador principal de las AUC. Incluso Ernesto Báez afirmó que Carranza no era el zar de las esmeraldas sino el zar del paramilitarismo. Cercano a la iglesia, incluso con un obispo que se convirtió en su sombra, tenía permeada a la clase política de Boyacá. Conservador de pura cepa, Carranza era de misa diaria. Sus nexos con Pablo Escobar, para muchos, fueron diáfanos. Es más, a las pocas personas que podría temerle el jefe del Cartel de Medellín era carranza. En 1988 Andrés Pastrana fue secuestrado por alias Popeye en la sede de su campaña. En esa época a Escobar no le temblaba el pulso para ordenar el asesinato de la gente que estuviera bajo su cautiverio. Fue por intermedio de Carranza que se consiguió la pronta liberación de Pastrana quien meses después se convertiría en el primer candidato en ser escogido de manera popular como alcalde de Bogotá. Aunque todos sabían de su poder, de sus ejércitos privados, la primera investigación formal que le hicieron fue en 1993 por Enriquecimiento Ilícito pero no prosperó. Cinco años después el fiscal Alfonso Gómez Méndez logró ponerlo preso por conformación de grupos paramilitares. Tres años duró preso, la laxitud del fiscal Osorio con los grupos paramilitares le permitió salir a Carranza. Desde entonces Victor Carranza vivió con holgura, sin mayores sobresaltos judiciales. Eso sí, sus enemigos en el bajo mundo como el Loco Barrera le hicieron varios atentados a los que sobrevivió. Según La Silla Vacía al momento de su muerte, ocurrida el 4 de abril del 2013, poseía un millón de hectáreas. Su nombre le dio la vuelta al mundo cuando en 1966 encontró lo que muchos consideraron hasta ese momento la esmeralda más grande del mundo. Uno de sus socios en esa época, Gonzalo Rodríguez Gacha, se le volteó en los ochenta y empezaron una de las más sangrientas guerras de esmeralderos que el país recuerde. Se cuenta que, debido al acoso de las FARC en sus tierras, Carranza creó grupos de autodefensas para protegerse. Sin embargo el grupo que armó, al que llamaron los “carranceros” estuvo envueltos presuntamente en varias masacres. La de Mapiripán fue una de ellas. Este escándalo que salta 11 años después de su muerte es un ejemplo de las jugaditas de las que se valió Carranza para siempre escaparse de la ley.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Las negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia que se inician este 24 de junio de 2024, en Caracas, Venezuela, podrían convertirse, con relativa facilidad, en el componente más exitoso de la política pública de Paz Total de Gustavo Petro. Esto si logra llegar, en menos de dos años, a la firma de un acuerdo final, tal como lo proyecta Otty Patiño, el alto comisionado para la paz. De llegar a este final, el lema que podría aplicarse a esta negociación sería: “con quien se negocia de último se negocia mejor”. Pues buena parte de los aprendizajes de la paz negociada se están usando con este grupo. La lista de chequeoevidencia que a este proceso se le han introducido, desde su inicio, una gran cantidad de aspectos que hacen probable alcanzar un buen resultado. De acuerdo con la teoría de resolución de conflictos, el gobierno Petro ha procedido como se debe. Primero invitó a la agrupación armada a involucrarse en la construcción de la paz total. En uno de los componentes de la Ley 2272 de 2022, el Gobierno plantea la necesidad de avanzar en un diálogo sociopolítico con las estructuras disidentes y re–insurgentes de las extintas FARC–EP. Y aunque este grupo armado se tomó un tiempo en responder, casi un año y medio después aceptó la invitación. Lo que hizo posible que el Gobierno diera el segundo paso: reconoció  a los re–insurgentes —con la Resolución 64 del 28 de febrero de 2024— como un grupo armado ilegal con el que se puede negociar, y, por tanto, autorizó la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz con las autodenominadas Segunda Marquetalia. Iván Márquez, el máximo líder de la agrupación ilegal, por su parte, ha tenido acciones positivas con el Gobierno. Entre ellas, la aparición en un video —a comienzos de mayo de este año— donde, además de ofrecer pruebas de supervivencia después del atentado que sufrió, respalda las políticas del presidente de Colombia y su intención de llamar a una asamblea nacional constituyente. Estas muestras de buena voluntad entre las partes permitieron que entre el 3 y 4 de junio de este año se reunieran representantes del Gobierno nacional —entre ellos, el alto comisionado para la paz— y de la re-insurgencia —en cabeza de Iván Márquez, el jefe de la Segunda Marquetalia— y emitieran un comunicado conjunto donde presentan un Acuerdo para el inicio formal de la Mesa de Diálogos de paz. Este Acuerdo, estructurado en nueve puntos y que ocupa dos páginas, presenta una agenda acotada —aunque no muy precisa— de cinco puntos: El primero es Desescalamiento del conflicto y alistamiento de los Territorios de paz; el segundo, la Construcción de Territorios de paz; el tercero es las Víctimas como sujeto social transformador; el cuarto sobre las Condiciones para la convivencia pacífica; y, finalmente el quinto de Implementación y verificación. Allí también se habla de varios componentes operativos y procedimentales, como son: la fecha de instalación formal de la Mesa, que será el próximo 24 de junio en Caracas-Venezuela. La cual operará para el primer ciclo hasta el 29 del mismo mes. Y se reunirán, como mínimo, cada 30 días hábiles, durante una semana, con la posibilidad de prórrogas de mutuo acuerdo. En la Mesa se encontrarán los delegados del Gobierno nacional y de la Segunda Marquetalia. Del Gobierno el jefe de la delegación será Armando Novoa —un hombre que conoce el presidente de la República, quien fue coordinador de la Comisión Legislativa especial que se instaló tras concluido el proceso de la Asamblea Constituyente de 1991 y fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE)—. Además se espera que pronto se den a conocer los otros nombres que lo acompañaran. De parte de la organización armada ilegal, se habla de José Vicente Lesmes —alias ‘Walter Mendoza’— quien será su jefe de negociación. También de Alberto Cruz Lobo —alias ‘Enrique Marulanda’—, Allende Perilla Sandoval —alias ‘Andrés Allende’—, Geovanny Andrés Rojas —alias ‘Andrés Araña’— y William Danilo Malaver López —alias ‘Gersón González’—. Todos ellos importantes jefes y cabecillas de agrupación insurgente, como de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, los Comandos de la Frontera y la Columna Móvil Vladimir Steven. Lo que significa que la Segunda Marquetalia va con todo en este proceso. Está poniendo al frente de la Mesa de Diálogos de Paz, a la mayoría de sus líderes ideológicos y militares. Lo que deja claro que la apuesta por la paz es total, y que las intenciones son negociar en un escenario de desescalonamiento del conflicto y reducción de las acciones contra la fuerza pública al mínimo. Finalmente, estará en la Mesa y en torno a ella, una serie de países garantes y de organizaciones en calidad de acompañantes. En la primera categoría estarán Cuba, Noruega y Venezuela, países con alta experiencia y conocimientos en procesos de paz. Y en la categoría de acompañantes estarán los delegados del secretario general de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal Colombiana. Otros elementos importantes que hay que nombrar son: el involucramiento de la sociedad en los diálogos, en especial, las víctimas, buscando poner en el centro del proceso a este importante actor; también a los empresarios, para que las transformaciones económicas que se pacten tengan su respaldo financiero. Igualmente, el acogimiento del lema “implementar lo acordado mientras se negocia”, que es uno de los recientes aprendizajes del proceso de paz con el ELN. Además, la re-insurgencia se compromete de manera unilateral a desescalar el conflicto y no acudir a acciones violentas contra la fuerza pública, como muestra de buena voluntad y con el fin de crear un clima propicio para los diálogos de paz. Y a no realizar prácticas de secuestro con fines económicos y acciones que afecten el medio ambiente, como los ríos y la selva. En conclusión, todo está dispuesto para que el proceso de paz con la Segunda Marquetalia sea exitoso y muestre resultados desde la primera ronda de negociación. A él se le están aplicando la mayoría de aprendizajes que se tienen de pasados y actuales procesos de paz. Esto no significa que no se tengan reparos y dudas, las cuales espero señalar en una próxima columna. * En la plataforma Isegoría se pueden encontrar una serie de análisis, columnas, boletines, documentos académicos y reportajes periodísticos sobre las dinámicas de paz actuales. Esta información se puede consultar en el sitio https://isegoria.udea.edu.co/ ** Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. *** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Fredy Chaverra Foto tomada del: Colombiano En la plaza central de Buriticá reposa un monumento que exalta la rebeldía del cacique Buriticá, un cacique legendario investido en oro que hacia el año 1538, en medio de la violenta arremetida de los conquistadores, prefirió arder en la hoguera antes que entregar la ruta de su tesoro a la voracidad de los invasores españoles. La gesta y rebeldía del cacique forman parte de la identidad social y cultural de este tradicional municipio del occidente antioqueño. Ahora, casi cinco siglos después de la gesta del cacique, la disputa por el oro sigue persistiendo en las montañas de Buriticá, y en los últimos meses, se ha intensificado en una escalada de confrontación que ya se ha cobrado la vida de varios mineros ancestrales. Desde el 27 de mayo los mineros iniciaron una protesta en contra de la Zijin Mining Group Co Ltd, una multinacional de origen chino que, desde el año 2020 cuando adquirió el título P7495011 tras un multimillonario negocio con la Continental Gold, llegó a la región con la intención de explotar un área de1.893,8 hectáreas entre los municipios de Buriticá, Giraldo, Santa Fé de Antioquia y Cañasgordas. Es la mina de oro más grande del país. La llegada de Zijin al territorio generó una conflictividad social que no ha parado de acrecentarse con los años. Desde algunas organizaciones mineras, la multinacional es percibida como una “intrusa”, se cuestiona su compromiso social y ambiental, y especialmente, su modelo de extracción masiva y tecnificada que ha tenido un impacto sustancial en la minería tradicional. Pero lo más delicado es que, según denuncian los mineros, desde hace un año Zijin estaría llenando de lodo los socavones que no le son provechosos en un procedimiento de retrollenado, esto, mientras decenas de mineros ancestrales todavía se encuentran extrayendo el mineral. Algo que ocurre a la par que estructuras armadas integradas al Clan del Golfo -ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia- avanzan en una disputa a sangre y fuego por ejercer un control ilegal en los socavones y limitar las labores de Zijin. Y en medio de esta disputa se encuentran miles de mineros ancestrales y sus familias, que, en una situación cada vez más trágica, se ven expuestos, por un lado, a la instrumentalización por parte de un actor armado ilegal, y por el otro, deben padecer las acciones contenciosas de retrollenado por parte de la multinacional. Acciones violentas y deleznables que atentan contra los derechos humanos. De ahí que la desaparición a principios de mayo de los mineros Edison Jiménez y Danny Humberto Ocampo, quienes operaban en los socavones ilegales y cuyos cuerpos, por motivos técnicos y de seguridad según afirmó Zijin en un comunicado público, no podrán ser rescatados de los socavones, haya detonado el más reciente bloqueo, el quinto desde el año 2020, pero el más intenso desde la llegada de la multinacional a la región. La única salida a esta crisis se encuentra en un diálogo sostenido. Una ruta para ello podría ser la instalación de mesas con equipos de trabajo diversos y con la presencia de los gobiernos locales, departamental y nacional; estas mesas deberán sesionar de forma pública y llegar a acuerdos vinculantes en torno a un programa de formalización minera, así como de planes sociales y ambientales, y además, hacer un enérgico llamado por el respeto a los derechos humanos. Rechazando el accionar y la instrumentalización de los actores armados. Tanto los mineros ancestrales como la multinacional china deben poner todo de su parte para encontrar una solución integral que sea verdaderamente sostenible en el tiempo, o si no, esto solo será la antesala a más muertes y a una crisis aún mayor. ¡Se requieren medidas urgentes!