Search this site

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Infobae Contra todo pronóstico Yahir Acuña pudo convertirse en octubre pasado en alcalde de Sincelejo. Los escándalos que han acompañado a este hombre en sus veinte años de carrera política son innumerables. Su salto no pudo ser más explosivo, pasó en poco tiempo de ser un estudiante de ingeniería agropecuaria a ser el consentido del entonces todopoderoso gobernador de Sucre Salvador Arana y contar con el aval de los jefes paramilitares, Eduardo Cobo Téllez, alias Diego Vecino y Rodrigo Mercado, “Cadena”. Otro de sus mentores fue Álvaro “El Gordo” García, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo, con su aval pudo ser concejal. En el 2010 fue fórmula a la cámara del exsenador Héctor Julio Alfonso López, conocido por ser el hijo de la empresaria del chance alias “La Gata”. Después del escándalo que protagonizó esta familia, Acuña busca cobijo en el grupo de Afrovides y consigue para las elecciones de ese año 59.627 votos. El aumento fue espectacular ya que en el 2006 apenas había obtenido 1.955. En el libro Herederos del mal, clanes, mafias y mermeladas, un testigo le cuenta a Ariel Ávila y a León Valencia que a Tolú llegaban para esas elecciones del 2010 “carros de políticos de otros departamentos a comprar avales”. Otro de los respaldos complicados que tuvo Acuña fue el de Juan Carlos Martínez Sinisterra quien se hizo tristemente célebre por una frase aberrante y que sintetiza las malas prácticas de la política en nuestro país “Acá es más rentable una alcaldía que un cargamento de cocaína”. Yahir Acuña ha sido investigado por estos hechos desde hace más de una década, pero, a pesar de esa cola de señalamientos, se lanzó a la alcaldía de Sincelejo y ganó esas elecciones en octubre del 2023. Ahora acaba de saltarle otra vez la liebre luego de que miembros del grupo criminal Los Rastrojos lo habrían señalado de recibir su ayuda para las elecciones parlamentarias 2010-2014 cuando llegó a ser Representante a la Cámara. Según denunció la Revista Cambio la Corte Suprema tendría las pruebas para acusarlo por el delito de concierto para delinquir. Los testimonios son de dos ex paramilitares que crearon este grupo paramilitar de los Rastrojos poco después de la fallida desmovilización de las AUC en tiempos de Uribe, se trata de los hermanos Juan Manuel y Brayan Eduardo Borré Barreto. Según estos testimonios se le brindó apoyo a Acuña en los municipios de San Onofre, Tolú, Tolú Viejo, Tolú Nuevo y Coveñas en Sucre. Los exparamilitares le contaron a Cambio lo siguiente: “Yahir Acuña nos aportó para la organización, nos mandó, por todo el tiempo que estuvimos allá, nos dio casi 1500 millones de pesos”. El problema no termina ahí. Los exparamiliares también afirmaron haber recibido dinero por parte de Acuña para realizar asesinatos a reclamantes de tierras despojadas por paramilitares. La Corte Suprema constató ambas declaraciones y no encontró contradicciones lo que los llevarían a realizar una investigación formal contra el actual alcalde de Sincelejo. Las formas de hacer política de Acuña han sido largamente cuestionadas. Como lo denuncian León Valencia y Ariel Avila en el libro anteriormente citado su práctica de entregar “mercaditos” a Mototaxistas fue ampliamente conocida en Sincelejo desde principios de la década pasada. En uno de los apartes del libro se dice lo siguiente sobre Acuña: “Desde los primeros meses del año 2013, este nuevo barón electoral se hizo rápidamente famoso -y temido por sus adversarios políticos- por la financiación de espectáculos populares como las fiestas de toros en Sucre, Majagual y Sampués en las que repartía boletas y whisky a los participantes del espectáculo taurino”. Las acusaciones denunciadas por Cambio le han puesto la lupa a uno de los grandes barones electorales de Sucre y quien ha demostrado tener el método para burlarse una y otra vez de la justicia colombiana.

Por: Redacción Pares Cuando murió Gabo en la semana santa del 2014, en medio del estupor de todo un país, la senadora María Fernanda Cabal no sólo causó conmoción al afirmar que el más grande de nuestros escritores ardería en el infierno junto a su amigo Fidel Castro, sino que La Masacre de las Bananeras no era más que un mito creado por la mente afiebrada del escritor. Cien años de soledad es uno de esos clásicos de los que todos hablan pero pocos tocan. Por eso es importante reproducir los hechos en los que García Márquez no sólo denuncia a una empresa bananera norteamericana, que en la vida real era la United Fruit que con los años se convertiría en Chiquita Brands, y una masacre que pegó doble: no sólo mató a decenas de manifestantes del Magdalena sino que pone en evidencia que alguien realmente poderoso puede cambiar la historia, hacer que una masacre no sea más que un delirio producido por la fiebre. García Márquez era mucho más que un genio narrativo, era un investigador acucioso. Basta con leer El general en su laberinto para entender la vastedad de su rigurosidad histórica. En 1990, en una de las pocas entrevistas que dio, le contó a la televisión británica que  “Las bananeras es tal vez el recuerdo más antiguo que tengo”. El 6 de diciembre de 1928 el futuro escritor tenía dos años cuando ocurrió la masacre. En ese momento Aracataca-Macondo, había dejado de ser un villorrio de unas cuantas casas de adobe que había creado la tribu liderada por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán para convertirse en lo que prefiguró Melquiades en una de sus visiones de gitano: un poblado de techo de zinc en donde un monstruo como la locomotora llevaba y traía gringos y aventureros imponiendo esa palabra incomprensible llamada El Progreso. En esa fecha fatídica los sindicalistas le exigieron a los gringos derechos. No transigieron. Cuando se pararon la respuesta fue la fuerza y ordenaron disparar sus metralletas. Fue uno de sus personajes, José Arcadio Secundo, gemelo de Aureliano Segundo, quien presencia este hecho en la novela. Ileso, lo confunden con un muerto y lo meten en un vagón del ferrocarril lleno de cuerpos. Luego, en lo que quede de vida, intentará hacerle recordar a la gente el horror pero no, nadie se acuerda. Lo mirarán como un delirante. La masacre de las bananeras en un país acostumbrado a no ejercer el rigor de la memoria quedará, con un poco de método, convertido en un mal sueño. En la citada entrevista a la televisión británica Gabo ya no lucha y se entrega al decir popular: es probable que la masacre no haya sido más que un mito: “Fue una leyenda, llegó a ser tan legendario que cuando yo escribí Cien años de soledad pedí que me hicieran investigaciones de cómo fue todo y con el verdadero número de muertos, porque se hablaba de una masacre, de una masacre apocalíptica. No quedó muy claro nada pero el número de muertos debió ser bastante reducido. Lo que pasa es que 3 ó 5 muertos en las circunstancias de ese país, en ese momento debió ser realmente una gran catástrofe y para mí fue un problema porque cuando me encontré que no era realmente una matanza espectacular en un libro donde todo era tan descomunal como en Cien años de soledad, donde quería llenar un ferrocarril completo de muertos, no podía ajustarme a la realidad histórica. Decir que todo aquello sucedió para 3 ó 7 muertos, o 17 muertos… no alcanzaba a llenar ni un vagón. Entonces decidí que fueran 3.000 muertos, porque era más o menos lo que entraba dentro de las proporciones del libro que estaba escribiendo. Es decir, la leyenda llegó a quedar ya establecida como historia”. En esos años Gabo ya estaba intentando dejar atrás las viejas polémicas. Tenía 63 años y se presentaban los primeros indicios de las enfermedades que lo atormentarían al final de sus vidas, el cáncer, el olvido, eran problemas más profundos para él que ponerse de acuerdo con una cifra histórica. Lo cierto es que nunca hubo una cifra oficial. La Prensa, diario de Barranquilla, habló en su momento de 100 muertos, El Espectador, en una investigación publicada cinco meses después, afirmó que se trataban de 1.000 muertos y que el gobierno intentaba ocultarlos. El propio cónsul norteamericano habló de una cifra parecida. Lo único cierto es que acá ocurrió una masacre y no ha habido justicia para sus perpetradores. Quedarse a discutir una cifra que puede variar es de una insensibilidad tan inmoral como la que usan los negacionistas del Holocausto Nazi que se han enfrascado en los últimos años en discusiones sobre si hubo cinco millones de judíos asesinados o un millón en los campos de concentración. Lo único cierto es que hubo un fallo emitido en los Estados Unidos y que, un siglo después, empieza a hacerse justicia. Chiquita Brands fue hallada culpable en Estados Unidos de financiar a las AUC por lo que tendrá que pagar 38.3 millones de dólares a demandantes y familiares de víctimas.  Es que no hay que olvidar que Chiquita Brands procede de la United Fruit Company. Este cambio se dio en 1990. La United Fruit apareció en Colombia en 1899. La United Fruit siempre arrastró terribles polémicas en el continente, promoviendo golpes de estado en Guatemala contra el presidente Jacobo Arbenz en 1954. Su poderío en Latinoamerica fue tan grande que creó una forma de gobierno: la banana republic. Chiquita Brands se fue del país en el 2004. Las víctimas de esta empresa esperan que las mismas sanciones que se dieron en Estados Unidos se hagan efectivo en Colombia.

Por: Iván Gallo Fotos tomadas de Semana y Forbes Colombia Cuando los guerrilleros de las FARC lo vieron por primera vez pisando el campamento de Casa Verde, no lo podían creer. Había tenido que cruzar una vereda entera cerca a Mesetas, enfangarse las botas pantaneras y llegar con toda su vitalidad a ser el emisario oficial del presidente Belisario Betnacur en sus intenciones de paz. Era 1984 y por primera vez que los guerrilleros veían en su campamento a un aristócrata. Desde entonces la historia de Álvaro Leyva es transversal a la de los procesos de paz que han tenido suceso en este país con guerrillas y grupos armados. Leyva nació en lo que se conoce en Colombia como una “cuna de oro”. Es hijo del economista, abogado y político, miembro del partido conservador, Jorge Leyva Urdaneta. Senador, gobernador y ministro cuatro veces, nadie ponía en duda el peso que tenía dentro del partido. Cercano a Laureano Gómez la familia se exilia en 1953 huyendo de la ferocidad de Gustavo Rojas Pinilla y su golpe de estado. En ese momento Álvaro Leyva tenía 11 años cuando se trasladan a Nueva York. En esta ciudad incluso concluye el bachillerato. En 1957, una vez cae el dictador, la familia regresa a Colombia. Jorge Leyva intenta ser presidente de la República pero es derrotado. A los 56 años, después de un viaje por Hong Kong, Jorge Leyva Urdaneta contrae una gripa de la que no se recuperaría jamás. Moriría en 1968. En ese momento su hijo tenía poder dentro del partido conservador. Era muy cercano a Misael Pastrana y estuvo con él en la campaña de 1970. Leyva se transforma en su mano derecha, en su secretario personal y en esa década, en su treintena, empieza a subir las escaleras para realizar su gran sueño, o mejor, cumplir con el destino al que parecía estar marcado: ser presidente de la República. Por eso a los 32 es concejal por Bogotá, a los 34 asambleista y a los 36 representante a la Cámara. Pero Misael Pastrana no le cumplió. No le dio el apoyo que necesitaba para lanzarse a la presidencia. En 1986 Leyva promovió una consulta dentro del propio partido conservador pero el respaldo se fue para las toldas de Álvaro Gómez.  Se distanciaron unos años. Dicen que desde ahí Leyva tomó distancia, al menos ideológicamente, de su partido. Porque siempre ha sido un conservador. Un progresista conservador. Sin embargo, Leyva le reconoció siempre la influencia que tuvo en su carrera el líder conservador. Le aprendió incluso a tratar con la guerrilla. A comienzos de los setenta Misael Pastrana fue tal vez el primer presidente que se comunicó varias veces con Manuel Marulanda Vélez, entonces máximo jefe de las FARC.  Apoyó, eso sí, a Belisario, como ministro y, sobre todo, cuando fue el primer gobierno en intentar un acuerdo con las FARC y también con el M-19. Todo terminó muy mal, con la sangrienta retoma al Palacio de Justicia. Había oficiales que estaban en contra de cualquier tipo de negociación con las guerrillas, uno de ellos fue su ministro de defensa el general Fernando Landazabal. Desde los ochenta Leyva fue una rara avis dentro del partido conservador. Leyva recibió el título por parte de Belisario de “Verificador-garante” de los acuerdos de la Uribe, nombre que recibía en ese momento el alto comisionado de paz. Ese camino que tomó Leyva le trajo inconvenientes. Incluso hoy, a sus 82 años, el ex canciller debe recibir insultos por parte de sus rivales políticos, todos relacionados con una supuesta relación con las FARC. Siempre le adjudicaron, a este hombre que aborrece cualquier tipo de violencia, una simpatía por la guerrilla que jamás tuvo. Incluso en el diario El Tiempo Victor G Ricardo llegó a decir en una polémica declaración que “Tirofijo apreciaba a Leyva”. En lo que siempre creyó fue en la paz y por eso terminó de petrista. Por eso y por las ganas de aventuras. Es que Leyva es un muchacho de 82 años. Sus amigos saben de su pasión por la velocidad. Aún sale a conducir, cuando su estrecha agenda se lo permite, una moto Royal Enfield 500, con su chaqueta de cuero y su altura imponente que los años apenas han reducido. Leyva es un facilitador. Andrés Pastrana lo usó de puente para acercarse a Manuel Marulanda Vélez, lo mismo hizo Samper con sus coqueteos de paz con las Farc. Participó en los diálogos de la Habana cuando la propia guerrilla lo designó, junto al abogado español Enrique Santiago, en una comisión independiente que discutiría los temas de justicia. Con toda esa trayectoria Petro vio que sería el canciller ideal para su Paz Total. No la tuvo fácil. Leyva, indomable, tiene la sangre caliente y la vitalidad del mismo hombre que se metió en un campamento de las FARC en 1984. Su conflicto con el establecimiento no se apaga con los años. El monopolio de una familia sobre los pasaportes en Colombia fue uno de los conflictos en los que sirvió de mosquetero a Petro. El otro es su reciente disputa con Santos por los acuerdos de paz y la probable ventana que se le abriría a la constituyente. Incombustible, Leyva parece un Rolling Stones de la política. Está listo para seguir dando guerra en los escenarios que aparezcan.

Por: Iván Gallo* Entre el 16 y el 22 de febrero del año 2000, 450 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia comandadas por Luis Francisco Robles Mendoza, alias Amaury, John Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, y Uber Enrique Banquez Martínez, mejor conocido como Juancho Dique, siguiendo órdenes de sus jefes, Jorge 40 y Salvatore Mancuso, irrumpieron en la población de El Salado, jurisdicción del Carmen de Bolívar y asesinaron a un número indeterminado de personas. Según la Fiscalía fueron más de 100 en uno de los hechos más atroces que perpetraron los paramilitares. Lejos de cualquier repudio, una semana después, el 1 de marzo del 2000, con corbata y lustrado, aparecía Carlos Castaño en el programa Cara a Cara con Darío Arismendi. Los que habían conocido desde antes a Castaño quedaron impresionados con su actuación. Tosco, primario, violento, gritón, los adjetivos que acompañaron toda su vida a este señor de la guerra, no se ajustaban a lo que los colombianos vieron, un político hábil, con conceptos de país, populista pero hábil. Incluso pudo citar, con holgura, un poema de Mario Benedetti. Hubo colombianos incluso que empezaban a verlo como presidenciable. Las preguntas de Arismendi, por supuesto, eran bolas lentas, fáciles de batear. Existe un artículo titulado Los medios de comunicación y los actores armados: ¿condena o reivindicación? Del periodista Andrés Suárez que se pregunta ¿Por qué no le preguntó por la masacre de El Salado? ¿Qué tuvo de malo preguntarle por Pizarro, Jaramillo Ossa y algunos de los líderes de las AUC asesinados cuando ya se tenía certeza de que detrás de estos hechos estuvo la Casa Castaño? ¿Y del asesinato de Jaime Garzón, ocurrido un puñado de meses atrás, qué? En agosto de ese mismo año Castaño volvió a mostrar sus ideas en un programa de entrevistas, esta vez en RCN. En los meses que van entre febrero y agosto del año 2000, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria, los paramilitares perpetraron 581 masacres. Su comandante fue entrevistado dos veces pero no fue importunado con alguna pregunta incómoda. Incluso estaba preparando un libro, una autobiografía, junto al periodista Mauricio Aranguren que se convertiría en un best Sellers. En ese momento los paramilitares vieron la posibilidad real de convertirse en un poder político. Estaban impulsando incluso un proyecto de “pacificación” en Urabá, entregarles tierras a campesinos también en Córdoba, crear “bases sociales” a través de lo que ellos llamaban su proyecto antinsurgente. Al menos así lo pensaba Castaño quien se rodearía de tres asesores que lo intentaron pulir. Uno de ellos era Ivan Roberto Duque, abogado de la Universidad de Caldas, militante en su juventud del partido Liberal, alcalde del municipio de la Merced en 1987. Dos años después fundaría MORENA, el Movimiento de Reconstrucción Nacional, según León Valencia, en su libro Parapolítica, historia del mayor asalto a la democracia en Colombia, fue el primer intento por hacer parapolítica en este país. Iván Roberto Duque, ya con el nombre de Ernesto Baez, sería uno de los tres comandantes paramilitares que en el 2004 fueron aplaudidos con fervor en el Congreso. Otro de los hombres que asesoraron a Castaño en su idea de convertirse en un líder político fue Hernán Gómez. Conocido como Hernancito, ideológicamente no tenía nada que ver con Castaño. Fue miembro del EPL y en Montería, su tierra, lo conocían por ser un fogoso líder estudiantil. Se decepcionó de la izquierda y como tantos otros casos se fue al otro extremo. Las clases de Gómez le servían a Castaño para conocer a sus enemigos máximos desde adentro. El otro maestro fue Rodrigo García. Los investigadores León Valencia y Mauricio Romero conocieron a García a comienzos de este siglo en medio de la investigación que iba a evidenciar el fenómeno de la parapolítica. Fue un ganadero de gran influencia, candidato a la gobernación y presidente del Fondo Ganadero de Córdoba. Su fervor por Carlos Castaño era sólo comparable al que sentía por Laureano Gómez. En ese momento ya estaba muerto Castaño y García creía que con su asesinato -acusaba a Mancuso de haberlo cometido- se habían acabado las esperanzas de alejar al movimiento paramilitar del narcotráfico y el crimen. Creía, según le contó al propio León Valencia , que “Lo sacrificaron para dejar atrás la misión original de proteger a los empresarios, a los ganaderos y enfrentar a la guerrilla”. A medida que iba tomando más consciencia política Castaño se dio cuenta de lo imposible de su sueño. Tenía las manos untadas de sangre y coca y así a un sector de la población su discurso anti Farc cautivara, los gringos jamás permitirían que se les montara un narco de las proporciones de Castaño. Con su asesinato en el 2004 no terminó la idea de los paras -que en ese momento ya controlaban el 35% del congreso- de crear un partido político. Un sector de las autodefensas quería tener su partido propio y fue Ernesto Báez quien los bajó de la nube. La idea fue de Don Berna quien incluso había creado una ONG para iniciar esa participación. Los argumentos que dio Báez fueron incontrastables: “Los políticos que nos han acompañado van a recelar, lo más probable es que entremos en disputas que no favorecen para nada la negociación y la reinserción a la vida civil, es mejor seguir en las estrategias de alianzas regionales”. Ya tenían el congreso listo y una negociación favorable. No podían pedir más. Sin embargo, como le confesaría Mancuso a León Valencia “nos mató el exceso de uribismo”. Pero, sobre estas traiciones se hablará holgadamente en otros artículos. *Los datos de este artículo se sacaron del libro Parapolítica, historia del mayor asalto a la democracia en Colombia de León Valencia.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia A los 11 años el paludismo condenó a Débora Arango a ser una enferma crónica en lo que le quedaba de vida. La fiebre se le instalaría para siempre. Era una desgracia, pero también le enseñó el camino de ser diferente. Y sí que era duro para una mujer en la Medellín de comienzos del siglo XX ser diferente. Por consejo de su médico se instaló junto a su hermana en el municipio de la Estrella, lejos de la incipiente urbe y cerca de la libertad del campo. Allí aprendió de colores y rostros. Esos años fueron vitales para ir construyendo su universo. Cuando se repuso de su enfermedad regresó a Medellín. Débora tuvo que hacer lo que todas las mujeres hacían, estudiar para ser mujeres competentes, es decir, estudiar para aprender a llevar las riendas de una casa. Esa era básicamente la educación que recibía en el colegio María Auxiliadora. Las mujeres ni siquiera recibían, como los hombres, un título de bachiller sino un certificado de estudio.  Se aburrió y tuvo la fortuna de que sus papás, el comerciante Cástor Arango y su madre Elvira Pérez, la dejaran ser. Sabían, acaso, de la grandeza a la que estaba destinada. Y empezó a pintar. Tenía un taller en su casa en donde invitaba a sus amigas y allí empezó a hacer sus primeros bocetos. En 1931 regresaba a la ciudad Eladio Vélez, quien acababa de tocar con sus ojos la gran vanguardia europea, incluso alcanzó a estudiar dos años en París. En ese momento Débora, como artista incipiente, estaba buscando su voz. Con él aprendió a pintar naturalezas muertas. Otro maestro regresaría de Europa, el gran muralista Pedro Nel Gómez y él le aconsejó empezar a pintar el cuerpo humano. En ese momento el cuerpo humano era otro de los territorios vedados para la mujer. Desde la misma medicina estaba proscrito auscultar a una mujer en una revisión médica. Por eso tantas mujeres murieron sin saber sobre sus enfermedades. El cuerpo de la mujer era sagrado, pero, a la vez, una mujer que mostrara interés en desnudeces ajenas podría ser la encarnación del mismísimo demonio. Pedro Nel Gómez fue el que la convenció de dar el paso que la definiría: pintar el cuerpo humano. Su hermano, que estudiaba medicina, la dejaba entrar a escondidas al anfiteatro municipal y allí vio autopsias y aprendió cada detalle del cuerpo. Se convertía en una anatomista avezada. Se adentró tanto en su arte, consiguió su voz retratando la cotidianidad. En ese momento Guayaquil, que es la zona de la ciudad conocida como El Hueco, albergaba a la más alta población de prostitutas de la ciudad. Por intermedio de amigos muy cercanos a ella como el filósofo Fernando González, quien sería además uno de los primeros en darse cuenta de la importancia de su arte, tuvo contacto con prostitutas que sirvieron para ser sus modelos, como hacía Toulouse Lautrec en el Moulin Rouge con las mujeres que calmaban sus penas ahogándose en absenta. Débora, que tenía la fuerza de un río, se desbordó y hasta sus propios maestros, incapaces de entender su talento, terminaron dándole la espalda. Hay historiadores que lo de Gómez con Débora Arango no era más que celos: otra vez la discípula superaba al maestro. En ese periodo Arango encontró apoyo en el pintor Carlos Correa, con quien consigue hacer su primera exposición. La sociedad camandulera no estaba preparada para lo que sobrevendría: cuadros de desnudos hechos por una mujer. La iglesia, el sector más conservador de la política, se convirtieron no sólo en sus enemigos sino en los obstáculos que intentaron destruirla. Pero ella se repuso a todo. Incluso llegó a pensarse en la posibilidad de excomulgarla. Se cuenta que uno de sus maestros, Eladio Vélez, estuvo detrás de esa campaña llena de moralina en su contra. En 1940 el entonces ministro de educación, Jorge Eliecer Gaitán, la apoyaría. Expondría en Bogotá. El periódico ultra conservador el Siglo calificó la obra de “afrenta al buen gusto”. Detrás del Siglo estaba su dueño, el político Laureano Gómez, quien no sólo criticó a la artista paisa sino también a la decisión de Gaitán de haber apoyado la exposición de una artista que, según la crítica de ese periódico era: “una joven sin gusto artístico, que demuestra no poseer siquiera nociones elementales de dibujo y que desconoce la técnica de la acuarela”. Imparable, Arango dejó los desnudos por algo más escandaloso: la crítica social. En ese momento, 1943, las mujeres en Colombia aún no podían votar. Y empezó a apegarse a ideas socialistas, sobre todo influida por muralistas mexicanos. Hubo un cuadro que desató todo tipo de improperios, se llamaba Maternidad negra. Esta crítica social se exacerbaría aún más después del asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948. Entonces incursiona en algo que acabaría de despelucar a la sociedad paisa y colombiana: la sátira política. El energúmeno del Laureano Gómez sería su principal objetivo. Laureano era virulento. Le decían el monstruo. Con tintes que hacían acordar a Goebbels, ministro de propaganda del Nacional Socialismo, Gómez fue uno de los responsables de que estallara el periodo de Violencia. Débora se frotó las manos y fue contra él. Una vez lo derroca en 1953 el general Rojas Pinilla, pinta el cuadro La salida de Laureano, en donde el líder conservador está sentado en un butaco, acosado por gallinazos. Rojas creyó encontrar en ella una artista afín a sus ideas pero nada más lejos que pensar que nuestra Debora podría inclinarse ante un sátrapa. En Huelga de estudiantes Arango pintó el horror y la intolerancia del régimen. Esto  la llevó al ostracismo. Solo hasta 1975 puede hacer una exposición de peso en la Universidad Piloto de Medellín. En una conferencia del historiador Santiago Londoño se recuerda que incluso en la enciclopedia Salvat publicada ese año sobre el nuevo arte colombiano se ignora de manera grosera a una de las pintoras más importantes del arte Latinoamericano. Martha Traba también la ignoró. Era demasiado problemática, era libre, era mujer. Y tenía un pensamiento propio. Sólo en los años ochenta su nombre pasó a ser lo que siempre había sido: una de las imprescindibles del arte colombiano. Su nombre hace rato forma parte de la leyenda y fue una inspiración para el feminismo en un país de machistas. Débora, en sus colores, está más viva que nunca.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: AS Colombia El Congreso de la República de Colombia se prepara para una etapa crucial en su segunda legislatura del año, donde la agenda política se concentra en la aprobación de reformas sociales propuestas por el Gobierno. En un país marcado por profundas divisiones políticas y sociales, el proceso legislativo se convierte en un reflejo de las tensiones y aspiraciones de la sociedad colombiana. El pasado martes 4 de junio marcó el inicio de tres semanas intensas en las que el Ejecutivo buscará aprobar proyectos fundamentales, siendo la reforma pensional el principal caballo de batalla. Esta reforma ha escalado tres debates y ahora se enfrenta a su prueba final en la plenaria de la Cámara de Representantes. Sin embargo, el camino hacia su aprobación no está exento de obstáculos, ya que sectores de la oposición y grupos independientes han anunciado su intención de proponer cambios sustanciales al texto. A la par, otros proyectos cruciales como la ley estatutaria de educación y la implementación de la Jurisdicción Agraria enfrentan resistencia en el Senado. La complejidad de estas reformas radica en su impacto directo en áreas sensibles de la sociedad colombiana, como el sistema de pensiones, la educación y la distribución de tierras. En medio de este escenario, el presidente Gustavo Petro ha adoptado una postura cada vez más confrontacional, abogando por una Asamblea Nacional Constituyente como vía para impulsar cambios estructurales en el país. Esta propuesta ha generado un intenso debate político y ha polarizado aún más la opinión pública colombiana. A pesar de las críticas y los desafíos, varios proyectos del Gobierno han logrado avanzar en el Congreso gracias al pragmatismo y la capacidad de negociación de figuras clave como los ministros del Interior, Trabajo y Educación. Aunque en público Petro mantenga un tono radical, en los pasillos del Capitolio sus funcionarios trabajan arduamente para construir consensos y garantizar la aprobación de las reformas propuestas. Sin embargo, la sombra de la corrupción ha ensombrecido estos avances, con denuncias de supuestos sobornos y coimas para asegurar la aprobación de las reformas. Estas acusaciones han generado desconfianza y han alimentado la percepción de que el proceso legislativo está influenciado por intereses oscuros. En este complejo escenario político, la oposición continúa desplegando sus estrategias para frenar el avance de las reformas del Gobierno. Acciones legales, críticas públicas y maniobras parlamentarias son algunas de las armas utilizadas por los partidos contrarios al oficialismo para obstaculizar el curso de las reformas propuestas. A pesar de estos obstáculos, algunas reformas han logrado avanzar en el Congreso. La reforma pensional y la reforma educativa se encuentran en etapas avanzadas de su trámite legislativo, mientras que la reforma laboral podría ver la luz antes del cierre de la legislatura. Estos avances son un reflejo del compromiso del Gobierno y de los esfuerzos realizados por las fuerzas políticas para encontrar puntos de acuerdo en medio de la polarización. Según Alejandro Chala, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), las reformas actualmente en discusión plantean incertidumbres sobre su aprobación. La gran pregunta en el Congreso es qué reformas serán aprobadas antes del 20 de junio, fecha límite, o en las sesiones extraordinarias de la semana siguiente. Algunas reformas, como la laboral, están estancadas por trámites, mientras que otras, como la educativa, han perdido su impulso progresista tras renegociaciones. Sin embargo, el investigador menciona que las reformas como la pensional tienen “viento en popa”, aunque pueden ser afectadas por eventos políticos complejos, como las recientes declaraciones sobre la Unión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres. La estrategia del gobierno para lograr la aprobación de estas reformas implica una intensa negociación en el Congreso. Se observa un cambio en la forma de negociar, pasando de la radicalización inicial a una negociación más agresiva, donde el gobierno se ve obligado a adaptarse a propuestas independientes y de la oposición. Según el investigador de Pares, es crucial reflexionar sobre qué está dispuesto a ceder el gobierno para obtener la aprobación de estas reformas. La capacidad de negociar incluso con la oposición, como se evidencia en el caso de la reforma educativa, plantea preguntas sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno en estas negociaciones. Sin embargo, estas concesiones pueden afectar el núcleo de las reformas y generar preocupaciones sobre la línea roja que el gobierno está dispuesto a cruzar. En cuanto al futuro, Alejandro Chala menciona que se espera que el gobierno continúe buscando la aprobación de sus reformas durante el último año legislativo. Sin embargo, con la cercanía de las elecciones de 2026, es probable que el Congreso entre en otras dinámicas, lo que podría limitar la capacidad del gobierno para avanzar en su agenda legislativa. Es necesario observar detenidamente cómo el gobierno gestionará esta situación y qué estrategias implementará para lograr sus objetivos. El Congreso de Colombia se encuentra inmerso en un complejo entramado político, donde se entrecruzan intereses, ideologías y disputas de poder. El destino de las reformas propuestas por el Gobierno está en juego, y el resultado de este pulso político definirá el rumbo del país en los próximos años.

Por: Redacción Pares Foto tomadas de: RTVC Noticias En una columna escrita apresuradamente, María Isabel Rueda atribuye al filósofo italiano Antonio Negri una significativa influencia en el pensamiento de Gustavo Petro. Rueda, confiando excesivamente en su memoria, ni siquiera verificó en Google el nombre real de Negri, a quien llama cariñosamente "Dani". Según ella, Petro se basa en un ensayo titulado "Poder constituyente" para evitar al Congreso y dar un autogolpe, como prefigura buena parte de la derecha. Rueda sostiene que la táctica de Petro sería convocar a comunidades, estudiantes y trabajadores a través de asambleas barriales y veredales para aprobar sus proyectos, dado que el Congreso no le ha brindado apoyo. Aunque es indudable que Petro admira la obra de Negri, es evidente que María Isabel no tiene conocimiento profundo al respecto. Entre 2010 y 2012, Petro mencionó a Negri al menos 25 veces en Twitter. Durante su alcaldía en Bogotá, invitó a Negri a dar una charla en la capital y tuvieron varios encuentros privados. Cuando Negri murió en París en noviembre de 2023, a los 93 años, Petro publicó en Twitter: "Ha muerto Toni Negri, filósofo italiano. Muchas de sus teorías alrededor del concepto de 'multitud' fueron aplicadas por mí en la configuración de los programas de Bogotá y Colombia Humana. Se va un pensador profundo". Negri se hizo conocido en la década de los sesenta. Catedrático de teoría del estado en la Universidad de Padua, fue un protagonista clave de iniciativas como Poder Obrero, que cuestionaban la participación de los trabajadores en fábricas mecanizadas. Por esto, fue encarcelado y acusado de terrorista. Sus ideas, plasmadas en libros como "Imperio" y "Multitud", inspiraron movimientos ciudadanos en Italia en los noventas y levantamientos como el de Bolonia, así como el resurgir de movimientos anti-globalización en Europa a principios del siglo. En "Multitud", Negri y Michael Hardt, de la Universidad de Duke, mostraban cómo surgía una nueva clase global que reclamaba una democracia de multitud. Negri explicó en numerosos seminarios la importancia de la voz ciudadana en las calles. Nunca empuñó un arma, pero afirmó poéticamente: “Cuando me pongo el pasamontañas, siento el calor de la lucha obrera”. Fue detenido en 1977, acusado de terrorista, y liberado en 1984 tras ser invitado a ser parlamentario. Desconfiado, huyó a París, donde el gobierno progresista de François Mitterrand lo acogió. Allí, se convirtió en uno de los profesores más reconocidos de los años ochenta y publicó obras polémicas y liberadoras como "Spinoza subversivo" o "Imperio". Negri murió en París a finales de 2023. No quiso regresar a Italia, un país que veía manejado por un nuevo fascismo encarnado en Giorgia Meloni. Su gobierno siempre consideró a Negri un mal profesor, culpándolo de la muerte de muchos estudiantes que salieron a protestar. Aunque hay puntos en común entre Petro y Negri, especialmente en la fuerza que da la calle, Petro fue más un discípulo de Negri a principios de la década pasada. Como presidente, Petro necesita desarrollar más el capital. Fabián Acosta, profesor del departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y conocedor del pensamiento de Negri, en entrevista con La Silla Vacía, no cree que Petro pueda ser influenciado significativamente por la obra del italiano: "La hegemonía narrativa del discurso ultraliberal ha vuelto difícil y hasta políticamente inconveniente discutir los temas relativos al anticapitalismo. Y Petro no es una excepción en este aspecto". Respecto al polémico poder constituyente, este no es otra cosa que esa ciudadanía activa que sale a la calle y expresa vehementemente una necesidad de cambio o inclusión, y que en democracia debería ser escuchada. En esa lógica, muchas veces en el mundo, ha sido el poder constituyente el que ha impulsado cambios, desde la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, el voto de las mujeres y nuestra séptima papeleta que llevó a la constitución de 1991 son muestras de. Otro tanto en Colombia lo han sido el movimiento por la paz o el movimiento agrario. Es decir, llamar al poder constituyente es un llamado de Petro a su base social a las calles. Para que esto llegue a cambiar una constitución tendría que pasar todos los pasos contemplados en la ley, a no ser que el presidente tuviera la capacidad política de convocar los millones de votos que se requieren para un referendo, además con un llamado al cambio que aun no tiene contenido. La narrativa de Rueda donde las asambleas populares aprobarían su reforma no pasa una sencilla revisión jurídica. Simplemente es mentira. Relacionar a Petro y su idea de constituyente con el pensamiento de Negri puede parecer rebuscado. Petro está más cercano a pensadores contemporáneos como Mariana Mazzucato o Thomas Piketty. El pensamiento evoluciona, al igual que las necesidades de los países. Pero por enésima vez:  No se está convocando a ninguna asamblea constituyente por más pánico que se intente sembrar.

Por: Redacción Pares El miércoles 5 de junio Danilo Castillo Castillo, mejor conocido por su alias de El Menor, era capturado por la policía en Barranquilla. El narcotráfico que se mueve en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira pasaba por su supervisión. Era uno de los líderes de Los Pachenca quienes ensartaron esta semana una serie de reveses que los ha puesto contra la pared. Un día antes, en Pereira, su hermano Carmen Evelio Castillo, alias La Muñeca, también cayó en un operativo. El poder de los Pachenca ha recaído en uno de los hermanos Castillo Castillo, el único que sigue libre, Fredy, a quien le dicen Pinocho. Ninguna estructura puede resumir el fracaso de la desmovilización de paramilitares bajo la ley de Justicia y Paz durante los años de Uribe como Los Pacheca. Así como sucedió con el Clan del Golfo, esta organización es un remanente de los años donde los paramilitares mandaban en el país. Hernán Giraldo, comandante del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC, decidió crear en el 2004 una oficina de cobro en el Caribe, una copia de lo que se conoce como La Oficina de Envigado. Aunque Giraldo fue extraditado en el 2008 sus hijos se encargaron de perpetuar el sanguinario legado. De ellos fue la idea de crear a los Pachencia. Lo increíble de este grupo es su poder para rehacerse en las circunstancias más extremas. Para la muestra está lo que sucedió en julio del 2020 cuando el que era en ese momento su máximo cabecilla, Déimer Patiño Giraldo, alias 80, fue abatido en un operativo de la policía en la vereda Páramo de San Isidro, en zona rural de Santa Marta. Era el dueño de lo que llaman La Troncal del Caribe, el corredor que usan los narcos para llevar su mercancía en el Caribe. Un año duró la policía siguiendo los rastros de Patiño hasta que consiguieron atraparlo. Él había reemplazado a otro capo, Jesús María Aguirre, alias Chucho Mercancía, quien había sido abatido en el 2019. Alejandro Restrepo, entonces investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que en las zonas aledañas a la Sierra Nevada de Santa Marta, se formaba una pelea entre el Clan del Golfo y los Pachenca por el control de las rutas. El Clan del Golfo podrá tener presencia en más de 100 municipios en toda Colombia, pero, como dijo en su momento Restrepo, nadie parece disputarles el control a los Pachenca de la Sierra Nevada: “Los Pachencas son herederos del Bloque Resistencia Tayrona de las autodefensas, lideradas por Hernán Giraldo Serna, incluso alias 80 era sobrino de Giraldo”. La pelea con el clan del Golfo arrancó hace 12 años. En esa época el grupo encabezado por alias Otoniel se llamaba Autodefensas Gaitanistas de Colombia, todo por el control de las rutas. Esa guerra causó, en unos cuantos meses del 2012, 150 muertes entre ambos bandos. La ascensión de Chucho Mercancía, quien conocía bien a Otoniel, trajo una tregua entre ambos bandos. Incluso llegaron a ser socios durante unos años. Para el ex gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, los Pachenca llegaron a tener tanto poder que estuvieron asociados a medios de comunicación y a líderes de la región: “Gracias a los narcoclanes político-empresariales, los herederos de Hernán Giraldo han logrado instalar de nuevo un régimen de miedo, afectando la actividad turística y empresarial por cuenta de la extorsión”. La muerte de Chucho Mercancía provocó una serie de tensiones y de divisiones dentro del grupo. El Clan del Golfo otra vez empezó a disputarle territorios claves como la llamada Troncal del Caribe. Hernán Giraldo, en el 2021, regresó al país después de pagar sus penas por narcotráfico en Estados Unidos. Pero en Colombia también le esperaba la justicia. Fue condenado por haber violado a más de 200 menores de edad en sus años de comandante paramilitar en la Sierra. Con la llegada a la presidencia de Gustavo Petro intentaron meterse en la Paz Total. A pesar de que estuvieron dentro de los grupos que hicieron cese al fuego con el gobierno, las conversaciones nunca prosperaron y hoy están lejos de sentarse en una mesa de negociación. El control de los Pachenca se hace sentir en el puerto de Santa Marta y en Ciénaga, además de las inmediaciones de la Sierra. Informes de la policía señalan que controlan el 70% de la cocaína que se consume en la ciudad. La extorsión es otra de sus fuentes de ingreso. La caída de los hermanos Castillo Castillo esta semana no representaría mayores problemas para un grupo acostumbrado a reponerse de los golpes que le ha dado la ley y el Clan del Golfo en la última década.

Por: Redacción Pares Pocos, en el interior del país, pueden dimensionar el horror que la guerra ha dejado en Tibú. Entre 1999 y el 2015 se perpetraron 31 masacres. La violencia en Tibú tiene que ver con la expansión cocalera en los años ochenta. Si, Tibú, como la región a la que pertenece, el Catatumbo, han estado marcados por su riqueza. En la década del cincuenta empiezan a aterrizar grandes empresas petroleras norteamericanas. El auge termina veinte años después y al campesino se le abren otras puertas: la de cultivar coca fue una de ellas. Las FARC y su frente 33 se instalan allí. Fueron, hasta los noventa, las máximas autoridades del municipio. Ellos decidían todo. Ponían y quitaban a su antojo alcaldes. Según Pacifista, entre los años 1989 y 1996 las guerrillas del EPL, las FARC y el ELN que se disputaban la zona, desplazaron a más de 1000 personas. A finales del siglo XX vino la contraofensiva paramilitar y el terror de las AUC. En 1999 se instala el Bloque Catatumbo, al mando de Salvatore Mancuso y asesinan en todo ese año a 66 personas. Cerca de Tibú, en La Gabarra, 200 paramilitares perpetran uno de los peores hechos de violencia ocurridos en esta guerra, asesinando a más de sesenta personas en una noche. Los procesos de paz con los paras durante el gobierno de Uribe y el proceso de paz con las FARC, significaron cierto alivio para una comunidad que sigue siendo acosada por los grupos armados. En respuesta a esto Diálogo de convivencia por la Paz, DIACONPAZ ha venido haciendo, desde su creación, políticas de incidencia para la paz. Sus logros se han extendido a lo largo de los últimos años. El pasado 1 de diciembre se radicó ante la alcaldía de Tibú tres acciones muy importantes para la paz. De ellas se aprobaron dos para el plan de acción del 2024. Una de ellas es impulsar acciones de pedagogía sobre los acuerdos alcanzados en la negociación entre el gobierno y el ELN y el EMC en sus respectivas mesas. Lo otro fue que el consejo de paz asuma la tarea de construir lineamientos para la política pública municipal de paz, reconciliación y convivencia. Esa es la razón de ser de ese espacio, es la principal misión, la de la participación activa de una sociedad que lleva años golpeada por la guerra. Diaconpaz es una red de organizaciones que trabaja en torno a la construcción de paz que cuenta con el apoyo de la embajada de Noruega. Es importante que las nuevas generaciones en Tibú entiendan la importancia de sembrar paz. Es lo único que puede garantizar que el espiral de violencia, asentado en este lugar desde hace tres décadas, pare de una buena vez por todas.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. En el mes del orgullo LGBTIQ+ mis columnas estarán dedicadas a visibilizar las realidades que vive esta comunidad. Empezaré con lo problemático que es la patologización de las identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Recientemente, Perú promulgó una ley que clasifica las identidades transgénero como "problemas de salud mental". Esta medida, firmada por la presidenta Dina Boluarte y publicada en mayo, contradice las directrices de la Organización Mundial de la Salud – OMS, que en 2019 eliminó las condiciones de identidad de género de la categoría de "trastornos mentales y del comportamiento". Las identidades trans y de género diversa no son condiciones de mala salud mental y reconocerlas como tal profundiza la estigmatización contra las personas trans. La clasificación impuesta por el gobierno peruano ha generado protestas de defensores de los derechos LGBTIQ+ en Lima. El Ministerio de Salud ha defendido la medida, alegando que de esta manera se facilitará el acceso a tratamiento psicológico gratuito para las personas trans. Sin embargo, esta justificación es profundamente regresiva. Patologizar a las personas trans de manera oficial legitima las prácticas de tortura, mal reconocidas como “tratamientos de conversión” y afecta gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género diversa. A diferencia de Perú, en Colombia hemos dado un paso significativo hacia la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, si bien se debe reconocer que aún falta mucho por lograr, en marzo se aprobó en segundo debate un proyecto de ley que prohíbe las "terapias de conversión" dirigidas a cambiar la identidad u orientación sexual de las personas. Este proyecto, que debe pasar por dos debates más en el Senado, y que ha sido reconocido en redes sociales a partir de la frase “Nada que Curar”, es un ejemplo de cómo las políticas inclusivas pueden avanzar hacia el respeto de los derechos humanos y mejorar la calidad de vida de las personas LGBTIQ+. Las organizaciones internacionales y la movilización social juegan un papel central en la vigilancia y presión sobre los gobiernos para que respeten los derechos humanos. La reciente medida en Perú resalta la necesidad de que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantengan una atención constante y ejerzamos presión para enfrentar las políticas que retroceden. La movilización social, tanto a nivel local como global, es crucial para defender y promover los derechos de todas las personas. La patologización de las identidades LGBTIQ+ tiene profundas implicaciones negativas tanto en Perú como en toda la región. Históricamente, etiquetar a las personas como enfermas debido a su orientación sexual o identidad de género ha sido una de las principales causas de violaciones de derechos humanos. La violencia, el acoso y el bullying transfóbico, lesbofóbico, bifóbico y homofóbico son consecuencias directas de acciones como estas categorizaciones, que impactan severamente la salud mental y seguridad física de las personas LGBTIQ+. Ser lesbiana, gay, bisexual o trans es parte de la diversidad de la naturaleza humana. La OMS y otras organizaciones internacionales han avanzado en la despatologización de las identidades LGBTIQ+, pero la lucha continúa. Los estados tienen que adoptar medidas para prevenir, investigar y procesar todas las formas de tratamientos y procedimientos forzados dirigidos a personas LGBTIQ+. Asimismo, deben asegurarse de que los servicios de salud se proporcionen basados en el consentimiento informado y libres de discriminación y estigmatización. La celebración del Orgullo LGBTIQ+ no es solo un momento para festejar, sino también para recordar la importancia de seguir avanzando en la protección y reconocimiento de los derechos. Este es un llamado a la comunidad internacional y a la movilización social para mantenernos alerta. No podemos permitir que se den pasos hacia atrás en la lucha por la igualdad. * ¡MAS MAR!CA EL QUE NO AMA!

Por: Katerin Erazo, Periodista La ciudad de Cali se encuentra en estado de alerta tras la denuncia del presidente del Concejo, Carlos Andrés Arias Rueda, sobre amenazas dirigidas a líderes sociales de la comuna 16. Un panfleto con logos del ELN ha intimidado a miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y concejales del partido de la U. Arias Rueda exigió a las autoridades una investigación exhaustiva sobre el origen de estas amenazas y la protección inmediata de los líderes comunitarios. "Es esencial que los órganos de inteligencia y seguridad protejan a los líderes de este territorio, ya que la amenaza pone en riesgo el ejercicio democrático de participación", enfatizó el concejal. En respuesta, la Secretaría de Seguridad de Cali activó la ruta de protección para personas en riesgo, tras conocer las amenazas contra los presidentes de la JAC en los barrios Brisas del Limonar, Mariano Ramos, La Unión y Ciudad 2000. La Policía Metropolitana de Cali está verificando la autenticidad del panfleto, y unidades de inteligencia están a cargo de esta tarea. Alexander Camacho Erazo, secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, expresó su solidaridad con los líderes amenazados. "Toda mi solidaridad con los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal de Potrero Grande y ahora los de la comuna 16, en el oriente de Cali", manifestó. La situación es especialmente tensa tras un incidente similar en la comuna 21. Hace menos de una semana, el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, solicitó medidas urgentes para proteger a los integrantes de la JAC del barrio Potrero Grande. Estos líderes recibieron amenazas de muerte y una caja fúnebre con flores, lo que aumentó la preocupación por su seguridad. Mendoza Castrillón hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad de los líderes comunales y realicen una investigación a fondo sobre las amenazas. "Es fundamental que la Administración Distrital, la Fiscalía y las fuerzas del orden protejan a estos líderes y aseguren que se respete algo tan sagrado como es la vida", concluyó el personero. La comunidad de Cali espera respuestas rápidas y acciones concretas para proteger a sus líderes sociales y asegurar que puedan continuar su labor sin miedo a represalias. La situación subraya la necesidad urgente de medidas de seguridad más robustas y una investigación efectiva para desmantelar las amenazas contra la democracia y la paz en la región.

Por Isabela Puyana En 2022 el diario El Espectador entrevistó a varios trabajadores de la mina, entre ellos a Luis Fernando Ramírez, de La Jagua, de Prodeco, quien llevaba más de dos años sin entrar a la mina. Primero fue por la pandemia del coronavirus y, después, “porque nos enteramos, antes de que la empresa nos notificara, que renunciaron a tres títulos mineros”, comenta. “Antes de salir, en marzo de 2020, nos habíamos reunido con la gerencia de la empresa porque escuchábamos que se hablaba del Acuerdo de París, sobre el cambio climático y la transición energética, y queríamos saber qué iba a pasar. Pero nos dijeron que no existían riesgos, que la operación iba a durar por muchos años más”. En septiembre de 2021, sin embargo, Prodeco renunció a las minas. A partir de la renuncia de Prodeco los empleados de las minas han salido por dos modalidades: el despido masivo autorizado por el Ministerio de Trabajo del 5 % de la nómina y el plan de retiro voluntario que ha diseñado Prodeco, pero como lo relató el diario El Espectador, los empleados han sentimos que fue una trampa, porque quienes salieron voluntariamente se les dio una liquidación que estaba un 30 % por encima de la liquidación legal, entonces la gente la toma, pero eso no le da ninguna estabilidad financiera a futuro. Paula Andrea Arias, investigadora de la Universidad Católica de Colombia cuenta en su publicación de la Revista Ambiente que a pesar de que las minas a las que renunció Prodeco tienen planes de manejo ambiental, puede que sus impactos perduren a largo plazo. En un ejercicio que hizo AIDA, por ejemplo, calculaban que una mina como Calenturitas, en la que se han intervenido más de 2.700 hectáreas y cuyo contrato inicial terminaba a 2035, sus impactos continuarán a perpetuidad, incluso más allá de 2090. En el 2021, mediante un comunicado oficial, Senadores de ese momento como Ivan Cepeda, Victoria Sandino, Jesús Alberto Castilla, entre otros le solicitaron al entonces Gobierno Nacional de Iván Duque y al Ministerio de Trabajo en Particular, urgente atención tras el anuncio de renunciar a los títulos mineros de Las Jaguar y Calenturitas en el César, solicitud que dejaría sin ingresos a más de 4.000 familias de la región. Foto del Sindicato de Trabajadores de la Indistria del Carbón Según lo confirmó La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a El Espectador en el 2022, el proceso de renuncia de minas ha sido inusual. “Es la primera vez que recibimos un caso de estos”, aseguró Ana Mercedes Casas, quien era la subdirectora de Seguimiento de Licencias Ambientales de la ANLA. Nuestro director León Valencia participó en la entrega del Estudio Brújula Minera realizado por la Asociación Colombiana Minera, la ANDI y el Centro Nacional de Consultoría en el que fue invitado para hablar de la importancia de la Minería en la Transición Energética Justa y durante la charla se habló sobre Prodeco. “No solo es necesario comenzar a transitar a energías alternativas, teniendo en cuenta que el carbón es el principal contaminador para el cambio climático, pero para que se logre hacer una transición justa hay que hacerlo teniendo en cuenta a las comunidades y la huella que deja a largo plazo”, mencionó León. Foto de: Isabela Puyana Lo que ocurrió con Prodeco es una muestra de cómo no se hace una transición energética justa y este gobierno debe aprender y hacerle seguimiento a las empresas que pretenden guiar para que transite a energías renovables, agregó en medio de la jornada. Según León Valencia, quien hace poco hizo anuncio de la aventura del Centro de Pensamiento de transición energética de la Fundación Pares aseguró que debemos empezar a hacernos preguntas sobre cómo hacer diálogos entre las empresas y el Gobierno para que la minería sea compatible con la transición energética, con un Gobierno justo, para que los minerales necesarios para la transición comiencen a explorarse y las minas que están contaminando comiencen a transitar sin que la economía ni el ecosistema de aquellos que allí habitan terminan por pagar.