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Por: Daniela Bernier Pacheco “La Guajira es una dama reclinada,bañada por las aguas del Caribe inmenso,y lleva con orgullo en sus entrañas sus riquezas guardadas,orgullo pa’ mi pueblo. […]Viene un heredero a reclamarla, porque hoy sí tiene plata,porque ahora sí vale. […]Claro, tiene el gas que es una ganga, la sal de Manaurey su carbón de piedra” Hernando Marín La Guajira es uno de los departamentos que conforman la región Caribe colombiana y limita con Venezuela, cuenta con 15 municipios (gobernación de la guajira) y es conocida por su riqueza cultural, pues en el mismo se encuentran asentados los indígenas Wayuu y el municipio de Uribia; es la capital indígena de Colombia, y es reconocido por su riqueza en recursos como el carbón, el gas y la sal marina, que se explotan actualmente[i]. Los dos primeros son recursos no renovables, pero, sin duda han contribuido al desarrollo de la Nación porque se estima que por concepto de regalías se han recibido cuantiosos recursos provenientes del Carbón y el Gas; pese a ello, el departamento se encuentra sumido en una pobreza extrema del 40, 4%, convirtiéndose en el departamento con mayor pobreza extrema del país[ii]. La Guajira además no se salva del fantasma de la corrupción, pues de acuerdo a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia desde el 2010 hasta el año anterior, se presentaron 922 delitos contra la administración pública, de los cuales el 86% corresponde a hechos de corrupción. Todo lo anterior sumado a fenómenos naturales como el fenómeno del niño, se han convertido en el caldo de cultivo para el analfabetismo, el no acceso a servicios como la energía eléctrica, el agua, entre otros. Lo paradójico de esto es como se mencionaba en un inicio, que el departamento no cuenta solo con recursos no renovables, si no que también, posee una alta radiación solar y una potencia de vientos única en el país, que le permiten ser una potencia en materia de fuentes no convencionales de energía, no obstante, este aún no ha sido explotado[iii], de igual manera, es una región estratégica respecto a la producción de hidrógeno verde[iv]. Y es que la potencia de vientos en La Guajira es vista como una de las mejores a nivel de Suramérica pues en ella, se concentran los mayores regímenes de vientos alisios que recibe Colombia en el año[v]. Para el presente año, se decía que iban a entrar en funcionamiento 12 proyectos de energía eólica, sin embargo, se espera que varios de estos proyectos se retrasen por factores como el licenciamiento ambiental, entre otras dificultades. Un ejemplo de ello, fue lo que sucedió con el parque eólico Windpeshi (205 MW) en la Guajira, en el que Enel Green Power decidió suspender de manera indefinida la construcción del mismo, luego de señalar que no podían garantizar los ritmos constructivos del proyecto, por las constantes vías de hecho y las altas expectativas que superan el marco de acción de la empresa. Además de los recursos asociados a la consulta previa, En el señala que las inversiones en proyectos encaminados a educación de calidad, acceso al agua y desarrollo económico va más allá de $ 7.100 millones de pesos[vi] . Por su parte, indígena Zairybeth Velásquez Bonivento Líder Wayuu del Eiruku Ipuana, defensora de derechos humanos -DDHH manifestó que la explotación de los recursos naturales en La Guajira ha traído consigo una serie de problemáticas en los territorios Wayuu.  Y es que han sido objeto de señalamientos por exigir sus derechos como pueblo indígena; Los Wayuu están cansados de permitir que se sigan llevando los recursos y que eso no se vea en la mejora de sus condiciones de vida. La lideresa considera que toda esta problemática se ha dado por diferentes factores tales como: 1.     No se está realizando un debido proceso de caracterización de la comunidad 2.     Los procesos de consulta previa no se fundamentan desde el Wayuuwa y se realizan de una manera muy rápida sin tener en cuenta las dinámicas sociales del pueblo Wayuu. 3.     Se realizan certificaciones a personas que no son de Eirrúku dominante del territorio. En este punto, es necesario explicar a qué hacen referencia los Eirrúku, la cosmogonía Wayuu señala que en el principio de los tiempos se formaron los cuatros elementos: aire, tierra, fuego y agua. Aseyu (Espíritu) les dio vida y nacieron los dioses: Tierra, Mar, Estrellas, Sol y Luna. Después, el Sol se unió con Mar y nacieron Lluvia y Viento.  Después Lluvia se unió con Tierra y nació: El conocimiento ( Wuichii), el abuelo ancestral (Wuchii) y los Wayuu. Los Wayuu se organizaron a partir de la guía del conocimiento y el abuelo ancestral, en el territorio por Clanes (Eirrúku) y cado uno de ellos cuenta con un territorio ancestral. La organización territorial se da por Clanes (Eirrúku) que son ancestralmente dominantes, por lo que es de vital importar conocer cuál es ese Eirrúku para que se realice el relacionamiento del proyecto con esa comunidad y no se presenten dificultades con la misma. 4.     Los intermediarios (asesores) de las comunidades en muchas ocasiones no contribuyen a una asesoría objetiva basada en los principios y valores del wayuuwa. 5.      Las empresas ejecutoras de los proyectos cuando llegan al territorio para realizar la consulta previa ya poseen un tiempo establecido para las mismas, sin conocer el modo de vida y las dinámicas de la comunidad. La suma de todos estos factores, para la lideresa conlleva a que los proyectos eólicos no hayan fluido de la manera como lo tienen previsto las empresas. Por ello, considera que se requiere conocer el ordenamiento territorial del pueblo Wayuu y que desde la elaboración de las propuestas de los proyectos se requiere que la comunidad específicamente el Eirrúku dominante se haga parte de la construcción para evitar las coyunturas que se viven hoy en el territorio Wayuu. Se hace necesario entonces, que los diversos actores que confluyen dentro de los diversos proyectos en pro del desarrollo económico y energético del país, puedan articularse en aras de garantizar los derechos de quienes se encuentran involucrados; Deben existir garantías para las empresas explotadoras para que las mismas sientan confianza al momento de invertir, pero también para las comunidades, pues se deben garantizar su derecho a la autonomía, identidad cultural, entre otros. Pues la situación en la que se encuentra sumido el departamento no es la mejor y su gente se muere de hambre pese a tener múltiples riquezas. [i] Federación Nacional de Departamentos [FND]. (s.f.).  Departamento de La Guajira. https://fnd.org.co/departamentos/la-guajira [ii] Cabrera, M. (s.f.). Pobreza y corrupción en La Guajira. https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/pobreza-y-corrupcion-en-la-guajira-585678 [iii] Gobernación de La Guajira (s.f.). La Guajira. https://www.laguajira.gov.co/LaGuajira/Paginas/La-Guajira.aspx [iv] Rivera, A. (2024). Cámara de Comercio destaca las oportunidades del hidrogeno verde para el desarrollo económico de la Guajira. https://camaraguajira.org/camara-de-comercio-destaca-las-oportunidades-del-hidrogeno-verde-para-el-desarrollo-economico-de-la-guajira/#:~:text=La%20Guajira%20podr%C3%ADa%20desempe%C3%B1ar%20un,tecnolog%C3%ADas%20relacionadas%20con%20el%20hidr%C3%B3geno. [v] Caviedes, M. (2017). El departamento tiene una viabilidad de generar cerca de 15.000 MW de energía con sistemas Eólicos.https://www.eltiempo.com/economia/sectores/la-guajira-todo-un-potencial-energetico-123500 [vi] Enel Green Power (2023).  Enel Colombia suspende indefinidamente la construcción del Parque Eólico Windpeshi en La Guajira.  https://www.enel.com.co/es/prensa/news/d202305-suspension-indefinida-windpeshi.html

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. Cómo es posible que la reciente captura de dos menores de edad vinculados con la organización delincuencial La Inmaculada en Tuluá, haya sido presentada como un "duro golpe" a la criminalidad. Esta narrativa amarillista de los medios de comunicación es realmente lamentable. Revictimizan a los menores y sus familias y desvía la atención de los verdaderos responsables. Recordemos que el pasado 19 de mayo se conoció de la captura de dos menores de edad, de 16 y 17 años, señalados de pertenecer a La Inmaculada, y uno de ellos estaría relacionado con el homicidio de un concejal electo el pasado 31 de diciembre. Me parece crucial examinar cómo se están abordando este tipo noticias, cuál es el papel que instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF desempeñan en la protección de la niñez en articulación con otras entidades, y cómo está funcionando el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que, por cierto, según informes de la Defensoría del Pueblo, este sistema ha presentado sistemáticos incumplimientos a los estándares internacionales incurriendo en conductas violatorias de los derechos humanos. Los menores de edad reclutados para el crimen son víctimas de un sistema que los ha desprotegido. Según la Defensoría del Pueblo, durante 2023 en Colombia se registraron 184 casos de reclutamiento forzado de menores. De los casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes – NNA “110 fueron niños y adolescentes y 74, niñas y adolescentes. Las edades de las víctimas oscilaron entre los 9 y 17 años, siendo el rango etario entre 14 y 17 en el que se concentró el mayor número, con 123 casos”. Además, hace sólo dos semanas la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN reportó que durante los últimos cuatro años y cuatro meses 817 menores indígenas fueron reclutados. Reconociendo que lo anterior puede ser aún mas grave si se tiene en cuenta los subregistros. Estos niños, niñas y adolescentes son manipulados por estructuras criminales que los instrumentalizan para cometer delitos, perpetuando un ciclo de violencia del que es extremadamente difícil escapar. Claro que se debe capturar a todas las personas que cometan delitos, incluyendo los menores de edad, pero las noticias al respecto deberían estar guiadas por unos lineamientos que permita su protección y no su revictimización. Y es fundamental entender que la violencia y la criminalidad que rodean a estos menores se solucionan desmantelando las organizaciones criminales desde sus raíces. Preguntémonos ahora qué ocurre en la mente de quienes leen esa forma de exposición de la noticia. Estas narrativas terminan profundizando una mirada punitivista, alimentando sentimientos de rechazo y hostilidad y otras ideas preocupantes hacia jóvenes, que, en su mayoría, son de sectores empobrecidos. La narrativa debe cambiar y se debe reconocer a estos menores como víctimas. Es necesario que se adopte un enfoque de derechos humanos sólido cuando se reporta sobre menores involucrados en crímenes. Invito al periodismo nacional a reflexionar y a que se esfuércense por informar de tal manera que se visibilicen las realidades complejas que enfrentan los menores en situaciones de vulnerabilidad, y la necesidad de soluciones que realmente los protejan. ¿Qué tal si nos preguntamos por qué los menores de edad llegan a ser parte de actividades criminales? Esto incluye investigar y reportar sobre el reclutamiento forzado, la falta de oportunidades, y las condiciones en las que estos niños, niñas y adolescentes crecen. El “duro golpe” a estas estructuras criminales será cuando se capturen a los responsables del reclutamiento forzado.

Por: Laura Bonilla El gobierno nacional publicó una infografía que muestra un incremento del 28% en la incautación de cocaína, medida en toneladas. Esta cifra positiva desmiente la percepción común de que la fuerza pública ha estado inactiva en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el aumento de incautaciones no es tan positivo si se considera que se esperaba que presionara significativamente al crimen organizado en Colombia al crear menos condiciones favorables de mercado. O tal vez no. Lo que sí es cierto es que el mercado de la cocaína está viviendo una crisis, principalmente debido a un incremento importante en la oferta del alcaloide. Esto se debe, en gran medida, a la entrada de nuevos actores como Perú y Honduras, así como al aumento del uso de hoja de coca para la producción de cocaína en Bolivia, en contravía de la tendencia de los últimos veinte años, que mostraba una disminución del uso de la hoja de coca en la producción de cocaína a favor de los usos tradicionales y culturales. Ya no es el mercado donde Colombia tenía el monopolio de laboratorios y exportación. En Ayacucho (Perú), durante 2023, se han desmantelado laboratorios con capacidad de alrededor de una tonelada, según datos de la Policía Nacional del Perú. Si a esto se suma la capacidad de deforestación de áreas amazónicas, la crisis política y la aparición de cultivos de coca que conviven con la deforestación, es lógico advertir que ya no somos indispensables en el mercado, y que, por ende, el precio del insumo primario – es decir, la hoja de coca y la subsecuente pasta base – está por los suelos. Así que, en un escenario ideal, esta presión económica, sumada a una adecuada intervención estatal en sustitución, un marco normativo favorable, avances en la formalización de predios rurales y un impulso decidido a las obras que requiere la economía rural para ser rentable, sería una oportunidad de oro. Por primera vez, cuando se está pagando la carga de hoja a 30,000 pesos en el Catatumbo, hay un amplio portafolio de productos que le harían una buena competencia, con mejores rentabilidades y menores riesgos. Pero eso no es lo que está pasando. Por una parte, varias comunidades tienen la esperanza de que la crisis va a continuar. Por otra, una porción importante y cada vez mayor de cultivos industriales puede resistir la crisis manteniendo un precio bajo y sin perder capacidad de producción. Además, la fracasada implementación de los PNIS se suma a la frustración y bajas expectativas de las comunidades campesinas que subsisten de la economía de la coca y encuentran mejor mover la frontera agraria una vez más, talar y tratar de ampliar la producción para contrarrestar el menor precio. En síntesis, la gente puede llegar a creer profundamente en que se tienen intenciones de cumplir promesas, pero hoy no creen que el gobierno sea capaz. Y la verdad es que es una encrucijada. Una de las razones por las que el gobierno no ha podido llevar recursos y capacidades al territorio es que los instrumentos para atender a los municipios más pobres no son coherentes entre la necesidad y la solución. El contrato-plan, por ejemplo, que es una de las pocas figuras que se podría usar y con la que de hecho el gobierno pretende cumplir el llamado Pacto Catatumbo, implica que las entidades territoriales pongan el 40% de la inversión total. Esto, para un municipio de categoría seis, que a duras penas paga la nómina y sin capacidad de recaudo propio, es prácticamente un imposible. Es lógico que la estructuración de un proyecto así tarde por lo menos un año, tiempo que no se tiene. Así que, si no se encuentra una fórmula práctica para aprovechar este momento y lograr transiciones económicas en las zonas más afectadas por esta crisis de la coca, el esfuerzo de la incautación no servirá. Finalmente, los grupos armados y la criminalidad organizada tienen los recursos para diversificar sus ingresos a través de un férreo control territorial que les permite extraer rentas de cualquier economía en sus zonas de influencia, sea minería, extorsión, explotación y tráfico de personas, entre otras. La gente no tiene esa posibilidad. Hay que nivelar la cancha.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Los empresarios en Colombia —o al menos los gremios que enviaron las dos cartas a la jefa de negociaciones del Gobierno, la señora Vera Grave— no se sienten representados en los documentos que, la semana del 20 de mayo de 2024, le presentó el Comité Nacional de Participación (CNP) a la Mesa de Negociaciones entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En las dos misivas, los gremios que representan a los industriales, comerciantes y sector financiero —Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Asociación Colombiana de Minería (ACM), Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Asociación de Fiduciarias (Asofiduciarias), Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) y Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)— expresan que no están de acuerdo con el contenido de los documentos. Según los firmantes —Bruce Mac Master, Natalia Gutiérrez, Juan Camilo Mariño, Frank Pearl, Germán Arce, Jorge Bedoya  y Julián Domínguez— este escrito no los representa por varios motivos. Primero, porque en el contenido no se encuentra su voz, no están sus preocupaciones, allí “no se recogen el sentir, ni las opiniones de muchos de sus miembros” y claramente tiene un sesgo con el que no se identifican. Segundo, porque el documento fue elaborado por un grupo de organizaciones que se tomaron atribuciones que no le correspondían. Según los empresarios, el CNP no atendió el propósito para el que fueron encomendados. En el modelo de participación propuesto se hacen también propuestas de transformación que afectan a los gobiernos municipales y departamentales; además, se exige que “las agendas de transformación se vuelven obligatorias para las partes y se convierten en políticas de Estado”, lo que  exige un carácter vinculante y que va en contra del “principio de separación de poderes”. Ante estas críticas, la recomendación de los empresarios a la Mesa fue que estos documentos “no pueden ser sometidos a aprobación”. A pesar de este llamado, el 24 de mayo las partes sentadas en la Mesa —por su afán de mostrar resultados a la opinión pública y dinamizar la el congelado espacio— firmaron en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el Acuerdo No 28, llamado: “Acuerdo sobre el desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz”, con el que se cumple el Punto 1 del Acuerdo de México. Es decir, a pesar de la respetuosa recomendación de los empresarios de “aplazar la discusión”, los representantes del Gobierno y de la guerrilla aceptaron las recomendaciones del CNP. Reconocen y acatan el contenido del Diseño de Participación, del Plan Nacional y las Recomendaciones. Según el Acuerdo No 28, página 1, “el conjunto de documentos estará a disposición de la sociedad para su consulta y han sido la base para la elaboración de este Acuerdo”. Un texto estructurado en 9 puntos y presentado en 10 páginas. Un acuerdo en el que la Mesa reconoce la importancia del Comité Nacional de Participación y de su esfuerzo por construir un documento colectivo. El cual fue elaborado con los insumos de “78 pre-encuentros y encuentros de orden nacional y regional, con la participación de 8.565 representantes de organizaciones sociales de 30 sectores; así como 3.217 organizaciones en todas las regiones del país, 19 cárceles y la diáspora en 14 países de América Latina, Norteamérica y Europa” (pág. 1 del Acuerdo No 28). A pesar de esta masiva participación de las organizaciones de la sociedad civil, que incluso supera la participación que se tuvo en los encuentros sobre los seis puntos del Acuerdo Final con las Farc-ep entre 2012 y 2016,  lo cierto es que los gremios —Andi, Acolgen, ACM, ACP, Asofiduciarias, SAC y Confecámaras— no se sienten incluidas. Lo cual resulta un gran vacío para el histórico logro alcanzado en este nuevo proceso. Un hueco que de no llenarse podría afectar seriamente la legitimidad del proceso, perder un valioso aliado para la paz y continuar avivando el conflicto armado. En este sentido, uno de los mayores retos que tiene el proceso con el ELN es incluir a este importante actor. Hacer realidad la primera frase del Acuerdo No 28: “La paz en Colombia requiere de todas las voces, de todos los pueblos, comunidades, personas, procesos y formas de construir nación”. Es prioritario que la Mesa de Negociación, el Comité Nacional de Participación y los responsables de ejecutar el modelo de participación para avanzar en la propuesta de transformación logre incluir a los empresarios y escucharlos. Recordemos la experiencia en la refrendación del Acuerdo Final con las Farc-ep. En aquella ocasión fueron los partidos políticos de derecha, encabezados por el Centro Democrático, quienes cuestionaron el Acuerdo Final y exigieron su inclusión. Ahora son los representantes de la industria, del comercio, de la minería y del sector financiero los que exigen que su voz sea escuchada, que su opinión se incluya también. Para algunos esto es un despropósito y un sin sentido, pues entre esos 30 sectores que participaron estaban los empresarios; sin embargo ellos no lo consideran así. Los empresarios están habituados a que se les piense como un sector por fuera de la sociedad civil. En el juego de las políticas públicas es habitual que a los empresarios se les mire como un tercer actor que se diferencia y está en conflicto con el Estado y la Sociedad Civil (ver figura 1). Figura 1. Las empresas en el ciclo de las políticas públicas En esta lógica no debe existir dificultad para la Mesa en reconocer que los empresarios están por fuera de la sociedad civil. Que ellos representan otros intereses, la mayoría de ellos basados en la libertad económica, la protección de la propiedad privada y la búsqueda de la ganancia. Principios que pueden discrepar con los que tienen las organizaciones de la sociedad civil y que quedaron contenidos en el numeral 3.2. Modelo Económico del Acuerdo No 28, el cual dice: “Impulsar nuevos modelos sostenibles y propios de producción en los que el Estado cumpla su responsabilidad social, que superen la desigualdad social y el modelo especulativo y monopólico, que permitan y promuevan una transición hacia un modelo económico no depredador del ambiente, las comunidades y acorde con el interés nacional” (pág. 4 del Acuerdo No 28). Es necesario tomar conciencia que los intereses que defiende la sociedad civil pueden ser muy distintos a los que defienden los empresarios. Una cosa es las transformaciones que exigirán las comunidades étnicas e indígenas y otras los grandes empresarios. La recomendación a la Mesa de Negociaciones es que permita que, como pasa recientemente en el campo del conflicto armado, se permita la inclusión de todos los actores en la construcción de la Paz Total. Lo importante es que todos los actores en el proceso sean escuchados, aportando con sus ideas y consensuando las transformaciones. Que a los empresarios se les permita el autorreconocimiento y ocupar el puesto que deseen. Como pasó con las disidencias de las Farc-ep, que ahora se llaman Estado Mayor Central (EMC) o con el Clan del Golfo, que decidió autonombrarse recientemente Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La idea es que se respete al empresariado y que sí desean llamarse fuerza empresarial colombiana (FEC) o simplemente M, de Mercado, como ocurre en el campo de las políticas públicas, se lo permitamos. Este camino sería muy adecuado para el proceso de paz con el ELN. Lo que permitiría aprovechar un valioso actor que históricamente ha aportado en la construcción de la paz. Una participación que, como la de José Félix Lafaurie —presidente de Fedegan y delegado del Gobierno en la Mesa—, ha mostrado ser muy importante para el actual proceso de paz. Una experiencia significativa y valiosa que yo mismo he documentado en textos como “Cuarenta años de activismo empresarial antioqueño en los procesos de paz en Colombia (1980-2020)”(https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/342251). Lo fundamental es que el empresariado logre vincularse en el proceso de paz con el ELN. Que haga parte de la firma de los acuerdos y se convierta en un actor incidente en la implementación de los mismos. El reto del Plan Nacional de Participación es pulir la metodología para que la participación de “todas las voces” sea posible y eficiente. De tal forma que se avance en las  transformaciones estructurales que requiere el país y la sociedad;  que se dejen sentadas las bases de un gran acuerdo nacional para la reconciliación. * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Fotot tomada de: Infobae Fue un muchacho que vivía en la calle a quien escogió John Jairo Alias Tascón, alias Pinina, sicario de confianza de Pablo Escobar, para que condujera un bus, robado previamente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cargado con 500 kilos de dinamita, para hacerlo estrellar al frente de la sede principal del DAS. Pablo Escobar y sus socios tenían en la mira al director de esa entidad, el general Maza Márquez, y si tenían que volar un edificio entero lo harían. El saldo no pudo ser más trágico: murieron 63 personas, algunos funcionarios, otros bogotanos que tuvieron la suerte de estar en el lugar y el momento equivocado. El cráter que dejó fue de cuatro metros de profundidad por trece de diámetro. Quedaron arrasados 300 locales comerciales del sector de Paloquemado. Por la violencia del impacto algunos cuerpos fueron pulverizados. En ese momento, 6 de diciembre de 1989, ser colombiano era un acto de fe. Del muchacho que condujo el bus no quedó nada. Ni siquiera le pagaron el anticipo prometido. Ese fue el año en el que el Cartel de Medellín decidió declararle la guerra al Estado. La modalidad que usaron fue la de los suizos. Así los puso el circulo de confianza de Escobar a todos esos “peladitos que no valían nada” “Desechables de comuna” que querían hacer cualquier cosa con tal de dejarles algo a su familia o de poder disfrutar, así fuera por unos minutos, de unos Nike de última generación. De adolescentes estaban compuestos los ejércitos formados por Pablo Escobar, sacados de los barrios más pobres de Medellín. A uno de esos pelados también lo engatusaron para hacer otro de los peores ataques que perpetró el Cartel de Medellín. El 27 de noviembre de 1989 un avión de Avianca haría la ruta Bogotá-Cali. Se sabía que César Gaviria, quien había tomado la posta dejada por Luis Carlos Galán después del asesinato, se subiría a la aeronave. Por eso, Dandeny Muñoz, alias la Quica, encargado de hacer el operativo, le recomendó a un muchacho que acababa de conocer llevar un maletín, un portafolio, y abrirlo cuando el avión hubiera despegado. A cambio le pagaría un montón de billetes. César Gaviria nunca se montó al avión pero la orden no fue reversada. El avión explotó sobre el cielo de Soacha. Murieron 110 colombianos. Andrés Arturo Gutierrez tenía 21 años cuando mató en el aeropuerto el Dorado a Bernardo Jaramillo Ossa. Trabajaba en una fábrica para hacer la tiza con la que se les saca punta a los palos de billar. Le pagaban una miseria y llegaba a su casa en Medellín con las manos reventadas. Un amigo de toda la vida, llamado Yerry, fue quien le hizo una oferta de trabajo que le cambiaría la vida. Le dio una foto de Bernardo Jaramillo y le dijo que ese era el señor que tenía que matar. Gutiérrez, en su ignorancia, no sabía que ese hombre de bigote y con aire bonachón era candidato presidencial de la UP, una fuerza política que estaba siendo exterminada por los escuadrones de la muerte. Igual no importaba quien fuera. Había que hacer la operación. La realizó en la sala de espera del aeropuerto El Dorado. A pesar del poderoso esquema de seguridad y que dos agentes del DAS habían estado dos horas antes en el aeropuerto para reportar que “todo estaba normal” el detector de metales para pasar a la sala de espera, no funcionaba. Por eso Gutiérrez pudo ingresar la pistola que descargó sobre Jaramillo Ossa. Herido, el líder de la UP intentó pararse pero resbaló después sobre su propia sangre. Mariella, el amor de su vida, alcanzó a escucharlo decir “me mataron mi amor, me mataron estos hijueputas”. Jaramillo llegó sin signos vitales a un hospital en Kennedy. Gutiérrez, una vez disparó, alcanzó a tirarse al piso y a suplicar por su vida. Llegó herido a la clínica y se repuso. Regresó a Medellín y dos años después fue abaleado junto con su papá mientras salían de un parqueadero. Los verdaderos asesinos de Jaramillo Ossa no querían dejar rastro. Yerry tenía otra misión. Matar a Pizarro. El candidato presidencial por el M-19 abordó un avión Bogotá-Barranquila. El verdadero nombre de Yerry era el de Germán Gutiérrez Uribe. Cuando el avión llevaba 15 minutos de vuelo, el joven sicario se levantó al baño, sacó una Mini-Ingram 380 y le pegó 13 balas en el cuerpo y la cabeza del ex comandante del M-19. Los miembros del DAS que formaban parte del cuerpo de seguridad de Pizarro le dispararon a Yerry sin mediar palabra. No quedaron testigos. Los suizos fueron uno de los capítulos más oscuros de la guerra del Cartel de Medellín contra el Estado colombiano y mostró hasta qué punto se degradó. La vida no valía nada.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: El Tiempo El 24 de junio de 1935, desde su finca Otraparte, el filósofo Fernando González vio un fulgor restañando el cielo de Medellín “Dos aviones se han chocado en la pista del Olaya Herrera”, Le dijeron. El corazón se le arrugó. Sabía que ese día viajaba a Bogotá su amigo Estanislao Zuleta Ferrer. Pronto comprobó que sus peores temores se harían realidad. Se había quedado sin su contertulio favorito, sin el intelectual rebelde que dejaba además un hijo de cuatro meses de nacido. El niño se llamaba Estanislao como su padre. La noticia se conoció en todo el mundo. En el avión de la aerolínea SCADTA iba el cantante Carlos Gardel. Su cuerpo chamuscado por el incendio tenía placas doradas: las monedas de oro que siempre llevaba en sus alforjas se habían derretido. Fernando se convirtió en el primer maestro del joven Estanislao. Otraparte fue la catedral donde se forjaría su espíritu indomable. No podría estar en mejores manos. Margarita Velásquez, su mamá, para no morirse de depresión, abrió un taller de moda en la casa de sus padres en el barrio El Prado. La alta sociedad de Medellín se convirtió en su cliente. Mientras tanto Estanislao, asmático, taciturno, se refugiaba en los libros y el ajedrez. Un poeta que pretendió -sin éxito- a su madre, le regaló un libro que le terminaría cambiando la vida: La Montaña Mágica de Thomas Mann. Sumido en el ahogo perpetuo, se sentía identificado en ese mundo de enfermos que buscaban, acaso sin éxito, restañar la salud en ese sanatorio entre las montañas. Las conversaciones intelectuales de sus personajes se le convirtió en una obsesión a Estanislao. Entonces supo que su vida serían los libros. Y no hay nada más contrario al placer de la lectura que el sistema educativo colombiano. Por eso abandonó el colegio en cuarto de bachillerato. Sus profesores serían Dostoyevski, Freud, Kafka y Cervantes. Aprendió a rajatabla la frase de Voltaire: “El que lee sin un lápiz sueña que lee”. No existió en Colombia un lector más juicioso que Estanislao Zuleta. A partir de su experiencia con los novelistas del siglo XIX, con la filosofía de Kant, con la pedagogía de Lacan, se lanzó a ser profesor. En Medellín coincidió con un momento de esplendor cultural. En los cafés del centro se encontraba a la joven Débora Arango, al prometedor Fernando Botero, al futuro presidente Belisario Betancur, a Alberto Aguirre y a una caterva de monstruos sagrados que cambiarían al país. Estanislao fue un educador completamente diferente a todos los que pisaron un aula. Sus clases eran acontecimientos multitudinarios. Así sucedió en la Universidad de Antioquia y después en la del Valle. Como otro pensador, Michael Foucault, no escribió ninguno de sus ensayos. Bueno, cuando recibió el doctorado Honoris Causa en la U del Valle, iniciativa del rector Álvaro Escobar Navia, escribió en tres cuartillas el Elogio de la dificultad, uno de los textos más lúcidos que se han escrito jamás sobre el oficio del lector. Pero sus grandes ensayos fueron apuntes tomados por sus alumnos que lo siguieron como si fuera un ídolo. Como no tenía título profesional siempre estuvo en lo más bajo del absurdo escalafón de las universidades. Además, no creía en las calificaciones. Decía que calificar a un alumno era cerrarle en la puerta el placer más grande al que podría tener derecho una persona: la lectura. Esto le trajo problemas constantes con las universidades. Acostumbraba a decir, en broma, que si alguna vez no tuviera otro remedio que calificar a sus alumnos lo haría de esta forma “tres por existir, cuatro por asistir y cinco por insistir”. Y mientras tanto los viejos demonios lo devoraban. La botella de vodka diaria, los cincuenta cigarrillos mentolados, una dieta despiadada, fueron mermando su salud. María del Rosario y Yolanda, sus dos grandes compañeras, no pudieron hacer nada ante el espectáculo de su propia destrucción. Los estudiantes no tenían problemas con que no los calificaran, pero si empezaron a quejarse de que Zuleta, el admirable profesor, se ausentara de las aulas de clase. Desde 1982 su salud empezó a resquebrajarse. Una vez incluso le dieron una incapacidad de un mes. La llegada a la presidencia de su amigo Belisario Betancur le dio mayor notoriedad. Entre 1984 y 1987 Zuleta fue consejero del Plan Nacional de Rehabilitación de la Presidencia de la República. Vivía la mitad del tiempo en Bogotá, en un hotel de cuatro estrellas llamado el Continental que ya no existe. Su salud se deterioró aún más. Zuleta luchó contra las adicciones. A veces duraba hasta nueve meses sin probar una gota de alcohol o fumarse una calada de cigarrillo. Pero recaía y lo hacía con todo. Se metió de lleno a la Defensa de Derechos Humanos, actividad por la que terminaría siendo amenazado de muerte. Angustiado, regresó a Cali en 1989. Su última esposa, Yolanda, decidió separarse. Se quedó solo en un apartamento en un estrecho apartamento del barrio Meléndez de Cali. La última vez que se ilusionó fue con una joven estudiante, que vivía atiborrada de libros, llamaba Noelba. La diferencia de edad terminó pesando. En Meléndez Zuleta sufrió toda su angustia. Los vecinos ponían sus vallenatos a todo volumen, los techos bajos concentraban aún más el calor. Su único consuelo era tener tan cerca a la Universidad del Valle y la lectura. El viernes 17 de febrero de 1990, mientras releía a Norberto Bobbio y desocupaba una botella de ron, le sobrevino un infarto. Su empleada, Vicky, lo encontró al otro día, tirado sobre la alfombra. Acababa de cumplir 55 años. Las críticas que le hacía Zuleta a la educación colombiana siguen teniendo una vigencia alarmante. Una educación que no invita a la imaginación, que no apasiona, en donde no ocurre una batalla de las ideas, es lo que se sigue respirando en los salones de clase. Volver a su pensamiento es imperioso. Releer sus discursos y abrir La Montaña Mágica, El Quijote, y descubrir los mundos que él supo comprender como ningún otro. Y vivir ebrios, ebrios a la manera que lo aconsejaba Baudelaire, uno de sus poetas amados: ¡Es hora de embriagarse! Para dejar de ser esclavos martirizados del Tiempo, ¡embriágate! ¡Embriágate sin cesar! De vino, de poesía, de virtud… de lo que quieras .

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: ALI info El senador Robert Daza, perteneciente al Polo Democrático, ha sido objeto de una prolongada investigación desde el año 2020, relacionada con supuestos vínculos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). A pesar de este escrutinio, la Corte Suprema de Justicia ha optado por no imponer medidas de aseguramiento en su contra mientras el proceso judicial sigue su curso. La determinación de la Corte Suprema fue anunciada a través de la cuenta oficial del alto tribunal, donde se explicó que la Sala de Instrucción resolvió no aplicar ninguna medida cautelar contra el senador Daza mientras avanza la investigación por el presunto delito de rebelión agravada. Ahora, ¿quién es realmente Robert Daza? Nacido el 6 de julio de 1964 en El Rosario, Nariño, es un destacado senador del Polo Democrático y miembro activo de la Comisión Sexta del Senado. Posee una sólida formación académica como ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Nariño y licenciado en Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario de la Universidad Santo Tomás. Su trayectoria está marcada por una incansable labor como líder campesino en la defensa de los derechos de las comunidades rurales. Desde su presidencia en el consejo estudiantil de la Universidad de Nariño en 1980, ha sido un destacado vocero del Comité de Integración del Macizo Colombiano y del Congreso de los Pueblos, abogando por los intereses de las comunidades del país. A lo largo de su vida, Daza ha enfrentado numerosos desafíos y adversidades debido a su compromiso social. Fue desplazado por el bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2003, y detenido en tres ocasiones por su activismo, en 2008, 2012 y 2020. Esta última detención, relacionada con acusaciones de rebelión agravada y vínculos con el ELN, fue considerada por él y por diversas organizaciones como un caso de injusticia y estigmatización contra los líderes sociales. Además de su trabajo en el ámbito social, Daza ha participado activamente en movimientos como el Paro Agrario entre 2013 y 2014, y formó parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador del Polo, Alberto Castilla, en 2019. En las elecciones legislativas de 2022, Daza ocupó el puesto número 13 en la lista cerrada del Pacto Histórico al Senado, obteniendo un escaño en el Congreso gracias al respaldo de más de dos millones de votos, reflejando así su arraigo y respaldo en la coalición de gobierno. La investigación en la que se encuentra Robert Daza fue iniciada por la Fiscalía General de la Nación en 2020, después de hallar supuesta información incriminatoria en equipos incautados durante operaciones militares. Aunque el senador asumió su cargo en abril de 2023, trasladando la competencia del caso a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, no se impusieron medidas de aseguramiento en su contra. La Corte Suprema concluyó que no había razones procesales para imponer dichas medidas, permitiendo que el senador continúe en libertad mientras se desarrolla la investigación. Daza, a través de su cuenta personal en una red social, celebró la decisión judicial y aseguró que podrá enfrentar el proceso sin que su libertad se vea afectada. No obstante, es importante resaltar que este caso ha captado la atención pública debido a las acusaciones de vínculos con el ELN. El senador ha enfrentado también acusaciones públicas, como la del senador Jota Pe Hernández, quien lo señaló como guerrillero. Daza ha negado estas acusaciones, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de los campesinos y anunciando acciones legales contra quienes difundan información difamatoria en su contra. Asimismo, Daza está vinculado a una lista que señala a varios congresistas, incluyéndolo a él, como receptores de fondos estatales para gasolina y viáticos de seguridad. Estas acusaciones, sumadas a las relacionadas con sus presuntos vínculos con el ELN, continúan siendo objeto de investigación por parte de las autoridades pertinentes.

Por: Redacción Pares Eran tres hermanos. Vivían en Irra en Risaralda. Se llamaban Diego Fernando, Milton Alexis y Edwin Felipe Tabarquino. La vida los había obligado a tener un trabajo de alto riesgo. Una mina de oro llamada El Bosque, en Neira, población ubicada entre los departamentos de Risaralda y Caldas. Nunca se preguntaron si podían jugarse la vida cada día. Había necesidades apremiantes. Sostener una casa, una familia. Ese era el futuro. Pero la mina de oro colapsó el 26 de marzo. Se inundó por completo. El oro, por su peso, hasta siempre al fondo del río. Los mineros deben jugar con su vida para sacarlo. La presión del río siempre es poderosa como sucedió en este lugar. A pesar del esfuerzo, de la desesperación, no pudieron sacarlos sino hasta 24 días después. Fueron 11 mineros muertos. De ellos tres eran los hermanos Tabarquino. Doña Rosa, la madre de los muchachos, se había quedado completamente sola. La mina no contaba con los mínimos requerimientos de protección. Para el rescate se usaron 14 socorredores mineros de la zona y 75 personas de la comunidad distribuidas en tres turnos de 25 personas. En ese momento Iván Duque era el presidente quien ordena tomar medidas inmediatas para que esto no vuelva a ocurrir. La de Neira era una más de las fatalidades con las que se ha enfrentado la explotación minera en Colombia. Entre el 2005 y el 2019 esta actividad cobró la vida de 61 personas nada más en el departamento de Caldas. Uno de ellos es encontrar una alternativa para el método de explotación del oro. Luis Fernando Cardona, CEO de HPSG Colombia S.A.S., una empresa dedicada a formalizar proyectos mineros y de hidrógeno verde, propuso una solución que activaría y de qué manera la economía minera garantizando además la seguridad de sus operarios. Según el ministerio de minas 5249 personas ´son mineras de las cuales el 65% trabajan sin las condiciones para garantizarles su vida. La propuesta de Cardona, con la que ha estado de acuerdo Aris mining, es establecer un modelo sostenible de explotación aluvial en Marmato que involucre a los más de 2000 mineros informales asentados en la zona. A punta de planchones sobre el río Cauca por lo que reduciría la intervención del río. Con esto se busca bajar los riesgos que corren los mineros, hacer excavaciones que no atenten contra el medio ambiente. Este proyecto además contribuiría a mejorar las condiciones socio-económicas de la población que colinda con la mina. Esta iniciativa, que deberá hacerse a través de una alianza pública-privada, resolverá el problema histórico de los peligros que conlleva la explotación minera. Con la creación de una cooperativa los mineros automáticamente estarán legalizados y además tendrán una participación sobre las utilidades que deja el proyecto. La figura propuesta es mediante modelos de subcontratos de formalización minera a lo largo del recorrido del río Cauca por el departamento de Caldas, haciendo partícipes a los mineros no regularizados presentes en el sector, vinculándolos laboralmente y en utilidades del proyecto. Pero las trabas burocráticas han empezado a llegar. Cardona se reunió primero con el ministerio de minas, le presentó la propuesta y afirmaron que, aunque es un proyecto que podría cambiar la nefasta historia de la explotación minera en Colombia, el tema le concernía más al ministerio de medio ambiente. Es un proyecto que interfiere en las prácticas de los mineros ocasionales, por lo que podrían buscar frenarlo. Se efectuaron reuniones con la directora de formalización minera para que el proyecto no se pare y sacarlo adelante. Además se iniciaron conversaciones con la gobernación de Caldas para materializar la propuesta y buscar alternativas de replicar el proyecto para vincular el mayor número posible de mineros no regularizados. Se hará un censo riguroso y se intentará hacer una cooperativa fuerte en esa zona del Rio Cauca. Después de tantas vidas arrebatadas este proyecto parece una luz de esperanza para que nunca más un minero vuelve a morir ahogado por culpa de los que aún están ciegos por la avaricia, el delirio y las fiebres del oro. En estos videos se ve como un proyecto de minería ilegal en Nariño:

Por: Iván Gallo Hubo uno en especial que se comprometió de lleno en la cruzada. El cuentista Milciades Arévalo. Lo conoció en su época de actor. Raúl Gómez Jattin era un animal bello, alto, poderoso. Era 1968 y tenía 23 años. Acababa de llegar a Bogotá a estudiar derecho en el Externado. Pero no iba a clases, iba era a los ensayos. Ese año el Teatro Colón adaptó Los funerales de la mamá grande y Raúl interpretaba a un soldado. Era apenas el primer paso de una carrera que podría haber sido prominente. Pero era absolutamente contradictorio que Raúl pudiera estar encerrado en los rígidos horarios del teatro. Lo intentó igual. Le gustaba. Otro de sus amigos, Roberto Burgos Cantor, fue a otra de sus presentaciones, una adaptación del cuento de Álvaro Cepeda Samudio Las muñecas que hace Juana no tienen ojos . Una experiencia alucinada. Fue el debut y también fue el final de la temporada. Recuerda Burgos Cantor: “Al momento de acabar, el telón abajo, los aplausos en el aire, el asombro en los rostros, una nutrida ráfaga de bolas de naftalina se desgaja sobre los espectadores, rebotan en el cuerpo, golpean las sillas, ruedan por el suelo. Un olor de encierro preservado inunda el ambiente. En ese instante los espectadores quedamos encerrados en el armario en el que el director convirtió al mundo, él pone un candado y se pierde del escenario”. Con la misma determinación con la que Rimbaud se fue al Saer, Raúl regresa a Cereté. Se encierra en su vieja casa paterna ubicada en la calle Cartagenita. Su papá, Joaquín Pablo Gópez Reynero es un abogado que adoraba a su hijo. Lo dejó ser. Tenía lo más bello que un niño puede encontrar en Cereté: una biblioteca llena de novelas. Salgari, Verne, una edición de Las mil y una noches que él nunca volvió a ver pero que lo transformaría para siempre. Cuenta, en este documental que publicamos a continuación, dirigido por Roberto Triana en 1995, que se metía debajo de la cama a leer un libro que había sido prohibido por su exuberancia erótica. Miedos pendejos. Gómez Reynero adoraba que su hijo leyera. Nunca incluso le hizo un reproche por haber abandonado sus estudios de derecho en Bogotá. Que ha de ser lo que fuera. Cuando su padre murió, en el entierro, Raúl tuvo uno de sus ataques y se aferró al féretro y no lo quería dejar bajar Su mamá se llamaba Lola Jattin, también la quiso “a pesar de que lo trajo al mundo”. A la que odió fue a su abuela. El poema está en la primera parte de sus Retratos, se llama Abuela oriental A esa abuela ensoñada venida de Constantinopla A esa mujer malvada que esquilmaba el pan A ese monstruo mitológico con un vientre crecido como una cabeza gigante Yo la odié en la niñez A esa casa en Cereté regresa Gómez Jattin después de que todos han muerto. Una casa llena de fantasmas. Hasta allá va Milciades Arévalo a mediados de los años ochenta a rescatarlo. Muchos afirman que fue Milciades el que descubrió a Gómez Jattin pero él mismo, honesto practicante, aclara que fue Juan Manuel Ponce quien en 1980 publicó sus primeros poemas en una edición que hoy debe valer oro. Gómez Jattin sólo publicó por primera vez a los 35 años y eso que su padre le había dicho cuando tenía seis años que estaba claro que su destino iba a ser escribir. Milciades toca la puerta y sale el gigante en sandalias, con su cara de árabe ya sin pelo en la cabeza. La casa está completamente vacía e incluso se le ha arrancado algunos tablones al piso. En las paredes aparece compulsivamente escrita el nombre una y otra vez de Lola Jattin. Está lúcido. Hablan de poesía. Gómez Jattin quiere regresar a Bogotá. Salen. Caminan por las calles de Cereté, las mismas donde el poeta, en sus desvaríos, ha sido detenido por hacerlo desnudo. Compran una botella de vino. Milciades se sube al bus de regreso a la capital. Lleva un cataparcio con la obra del poeta. Promete regar por el mundo su evangelio. Lo hace. Antes de despedirse Gómez Jattin, como si fuera un niño, le hace una confesión: “Yo quisiera ser tan popular como Celia Cruz”. En la capital Milciades, como un apostol adicto, cumple con enviarle los versos a los principales periódicos. En entonces cuando Santiago Mutis incluye su obra en Panorama inédito de la nueva poesía colombiana, 1970-1986, salió una reseña del propio Milciades sobre su obra en el Magazín dominical. Gómez Jattin regresa a Bogotá. Sufre otra crisis, se recupera en una clínica en la calle 100 con autopista norte. Sale otra vez, se siente fuerte, ahí está Beatriz Vélez Cobo, la pintora, cuidando sus pasos. María Mercedes Carranza le da una oportunidad para que trabaje en la Casa de poesía José Asunción Silva pero los demonios son traicioneros. Una tarde se encuentra allí con Milciades, sin razón alguna le pega un puño, lo alza y lo estrella contra el andén. Tres costillas rotas. “Raúl, ¿por qué me haces esto?” Le pregunta. Y Raúl no puede contestar. Al otro día, después de insultar a María Mercedes, le rompe a piedra los vidrios de la casa de poesía. En los breves momentos de lucidez puede construir una de las obras mas bellas de la poesía colombiana. Retratos en donde cuenta su cotidianidad en Cartagena y el Valle del Sinú, sus reinos e Hijos del tiempo , en donde no teme contarnos donde pasan las noches los jaguares con los que se divierte Moctezuma, se revela como un poeta universal. En esos breves momentos de calma es aclamado en televisión por el ex presidente López Michelsen, afirmando que es el mejor poeta vivo, muy a pesar de Álvaro Mutis, Darío Jaramillo Agudelo, otro de sus amigos incondicionales, le da la oportunidad, después de regresar de una cura de reposo en Cuba, en 1995, de hacer talleres de poesía en el Banco de la República de Cartagena. Hernán Vargascarreño lo deja quedar unos días en su apartamento en Santa Marta. Pero la locura se ha ensañado contra él. Y aunque diga en esta entrevista que le hacen en una clínica San Pablo en Cartagena que la locura es su inspiración, se puede afirmar que Raúl Gómez Jattin escribió a pesar de esa enfermedad horrible. El 23 de mayo de 1997 se levantó contento. Se bañó y se puso sus mejores ropas. Dejó escrito en un papel el que sería su último poema, y caminó por el sector de la India Catalina. Un repartido de periódicos pudo ver como el poeta se le arrojaba a un bus. Tenía 52 años. Esta entrevista de 1992, muestra al poeta en un intervalo entre la lucidez y la locura. Allí siempre lo trataron como lo que era: un ángel caído al que no se le podía juzgar, tan sólo darle amor:

Por: Guillermo linero Montes Es bastante evidente que el expresidente Uribe sigue siendo en Colombia el supremo líder de la derecha y de la extrema derecha. No en vano, a la gente que se manifiesta afín a su línea política, así no tengan nada que ver con el expresidente, ni con el Centro Democrático, se les denomina peyorativamente “uribistas”. De hecho -exceptuando al Centro Democrático, y por cuenta de las confesiones de miembros de las fuerzas militares acerca de los 6.402 jóvenes asesinados por la espalda- los seguidores de los expresidentes Iván Duque, Juan Manuel Santos y César Gaviria; tanto como los militantes de los partidos Cambio radical, De La U, y Conservador, venían negando sus nexos lacayos con el expresidente Uribe, cuando lo cierto es que, desde el 2002, nunca le han desconocido su condición de líder de la derecha. Por eso, al expresidente Uribe, no le ha preocupado que lo hayan dejado solo, o que lo nieguen sin aspavientos, pues entiende que eso es parte de una estrategia de tales partidos para no contaminarse con todo lo atroz que la mayoría de los colombianos y colombianas dicen acerca de él. De hecho, estos partidos citados están conectados visceralmente a los gobiernos anteriores al de Gustavo Petro, y han sido beneficiarios conscientes de tal contexto político, donde robarse las arcas del estado era parte de las reglas de juego y, para conseguirlo, la corruptela era una regla de oro en las contrataciones estatales. La idea falaz de que cuando se roba al estado se roba a un ente abstracto, dio pie a una moral política rapaz que, sólo y únicamente resultaba rentable para los clanes políticos y sus familias, si la ignorancia del pueblo se mantenía como otra regla de oro. Cuando algunos valientes politólogos o pensadores libres, empezaron a denunciar que Colombia era un “narco estado”, o una “narco-democracia”, se referían, sin precisarlo, no sólo a los vínculos de políticos y gobernantes con el narcotráfico (pues eso ha sido igualmente un recurso financiero de las guerrillas y de las bandas criminales), sino se referían, también, a la corrupción política. Dos aberraciones, el narcotráfico y la corrupción, que hoy están siendo fuertemente afectadas por las acciones de las fuerzas militares al mando del presidente Gustavo Petro. De hecho, los estertores de la agonía de estas dos maneras del crimen organizado, se visualizan en los erizamientos de la oposición, cuyo único y real interés es no perder los poderes políticos y económicos, obtenidos precisamente gracias a esas dos aberraciones, el narcotráfico y la corrupción. Lo cierto es que los partidos de derecha, hasta hace muy poco -con vergonzante hipocresía- se mostraban distantes del expresidente Uribe; pero hoy vuelven a mostrarse alineados a sus perversidades, sin duda movidos por el odio que le profesan en común al presidente Petro y por la fobia que le tienen a las prebendas sociales. En efecto, los partidos de derecha coinciden con el expresidente en esta barbaridad: que a falta de verdades jurídicas y de hechos políticos negativos -con los cuales acusar y derrocar al presidente- y después de haber fracasado con las estrategias del golpe blando (con falsas noticias, guerra legal y desprestigio infundado) no queda otra opción que pensar en darle al presidente un golpe fuerte, un golpe militar. Sería muy descabellado e irresponsable, exponer esto así, como lo estoy haciendo, de no ser porque el expresidente Uribe, ha convocado públicamente a las fuerzas militares para que desobedezcan las órdenes del presidente, que es constitucionalmente el jefe máximo de las fuerzas militares. Ha dicho Uribe que: “Las fuerzas militares no pueden quedarse quietas por la orden de un gobierno, mientras que ese gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular del ELN, para que presionen con armas una constituyente. No puede ser que de un lado el gobierno esté promoviendo una lucha popular, finalmente armada, y de otro lado las fuerzas armadas se tengan que abstener de proteger a los colombianos. La protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia, por parte de las instituciones, quiera o no el presidente de la república”. En lógica consecuencia, la alineación a la cual me he referido, toma forma con la actitud de estos partidos mentados que, frente a estas declaraciones temerarias del expresidente, han preferido guardar un silencio cómplice, del cual se traduce una suerte de implícita aceptación. Y, desde luego, tal postura resulta bastante coherente, si consideramos que, ya en mitad del mandato de Petro, comienza la lucha electoral y es apenas natural que estén visualizando la victoria de otro progresista, o de cualquier candidato que asegure la continuidad de las políticas del presidente Petro. De tal suerte, es apenas lógico deducir que, para impedir que ello ocurra, hayan decidido cambiar de estrategia, pasando del fallido libreto del golpe blando, al libreto de un golpe fuerte, de un golpe militar. Si lo expresado por el expresidente Uribe en la Universidad de la Sabana, lo hubiera dicho Pedro, Martha, Miguel, Clara, Esteban, Nicolás, o cualquier ciudadano común y corriente -bien en una cafetería, en una cancha de futbol o en cualquier lugar de menor importancia que un estrado universitario- sería desproporcionado amenazarles con la cárcel, recordándoles los artículos 467 y 468, del código penal colombiano, que castigan la sedición. Y juzgarlos por ello, sería en verdad una pérdida de tiempo y de dinero para la justicia; porque, los ciudadanos y las ciudadanas comunes y corrientes, con ese lenguaje de rebelión no pondrían en riesgo la seguridad nacional por falta de una audiencia que se les sume. Pero, si quien lo expresa es alguien que ha estado al mando de las fuerzas militares por casi 20 años -como lo estuvo el expresidente Álvaro Uribe en un periodo de atroces delitos- y además lleva las riendas de un partido político opuesto al gobierno; entonces es de temer, y hay que recordarle al expresidente que las leyes colombianas, igual que todas las leyes del mundo civilizado, tienen la función teleológica de advertir -o de amenazar si prefiere interpretarlo así- acerca de que las conductas tipificadas como delictuosas en nuestro código penal, ocasionan sanciones y castigos.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: El Espectador El 6 de agosto del 2020 la Nación fue condenada por haber chuzado a Petro. Esto parece haberse olvidado con relativa facilidad. En medio del intercambio de mensajes entre el actual presidente y Álvaro Uribe, Petro recordó estos hecho a través de su cuenta en la red social X: “No hay, sino que recordar cuando, después de mi debate el 18 de abril del 2007 sobre el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia, fui amenazado por el expresidente Uribe con el DAS. "Pregúntele al DAS", dijo en rueda de prensa ante pregunta de Felix de Bedout un 19 de abril”. Por eso es oportuno publicar este capítulo incluido en el libro Parapolítica: historia del mayor asalto a la democracia en Colombia, recientemente publicado por la editorial Planeta. En él se cuenta la estrecha relación que tuvo Uribe con Noguera, quien sería condenado por las interceptaciones telefónicas que hizo desde el DAS, entidad que dirigía, hacia los principales enemigos del gobierno Uribe. Este es el capítulo: Álvaro Uribe conoció a Jorge Noguera un año antes de nombrarlo director del DAS. Bastaba leer su hoja de vida para ver que no era el más acreditado para ejercer un cargo tan alto en materia de seguridad. Abogado, su nombre no tenía peso nacional. Había ejercido cargos de influencia pero sólo en su departamento: asesor de la Gobernación del Magdalena, secretario de la Corporación Autónoma Regional, secretario general de la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Para muchos, como para Juanita León, directora del portal La Silla Vacía, había sido un misterio el nombramiento de Noguera Cotes. Una de las razones pudo haber sido el odio que compartían por las FARC, algo que a comienzos de este siglo daba réditos políticos. Otra explicación fue el trabajo que realizó entre los años 2001 y 2002 siendo el jefe de campaña de Uribe en Magdalena. Lo cierto es que una semana después de haber sido posesionado presidente, Uribe nombró al joven funcionario -tenía 39 años en ese momento- como director del Departamento Administrativo de Inteligencia, DAS, que en ese momento tenía 7.000 funcionarios a su cargo. Noguera le calzó como un guante al poderoso presidente. En el año 2004 entró a hacer un revolcón en ese organismo y lo ajustó de acuerdo al llamado estatuto antiterrorista con el que Uribe pensaba descabezar a las FARC. Una de las determinaciones que asumió Noguera fue nombrar a José Miguel Narvaez como subdirector del DAS, cargo en el que duró sólo cinco meses. Durante una década -como lo comprobaría la justicia años después- entre 1995 y 2005 Narváez llevaba una doble vida. Era un académico distinguido, un padre de familia respetable, con una fuerte afinidad con el ejército y con algunos industriales. También era un impulsor de políticas de seguridad tan cuestionables como las CONVIVIR de Antioquia. Además está documentado que visitaba a comandantes paramilitares como Carlos Castaño en sus fincas en Córdoba y le llevaba listas de posibles aliados de la guerrilla. Uno de esos nombres al que él aconsejó matar fue a Jaime Garzón. La orden de asesinar al comediante le terminó pesando en la consciencia a uno de los creadores de las AUC. Pronto esa relación de Narváez con los paracos terminó siendo un escándalo público. Uribe lo descabezó y empezó una confrontación entre los dos mandos del DAS. Sin embargo no pasó mucho tiempo hasta que, a raíz de investigaciones de la revista Semana y de Cambio, Noguera también salió de la institución. Uribe no quería quemar ese fusible. Sobre él afirmaba que se trataba de “un buen muchacho de una muy buena familia”. La historia, una vez más, no le daría la razón al expresidente. El acucioso periodista Julián Martínez explicó en su momento cómo Noguera instigó la muerte del profesor Alfredo Correa de Andréis en el 2004. La caída del director del DAS empezó con la incautación del computador de Don Antonio, mano derecha de Jorge 40. Se llamaba Edgar Ignacio Fierro. Entre los años 2003 y 2004 comandó el frente José Pablo Diaz. Fierro conocía esa parte de la Costa porque había estado allí cuando fue teniente del ejército. Fierro conoció a Jorge 40 cuando él empezaba a ser conocido como un comandante paramilitar de los duros. Por él llega a las AUC. Se especializaron en el Atlántico, a matar y a extorsionar. Según Verdad Abierta  “las víctimas iban desde ladronzuelos o viciosos de barrio, hasta líderes comunitarios, académicos, sindicalistas, comerciantes y ganaderos”. El CTI lo capturó en un conjunto residencial cerca al aeropuerto de Santa Marta llamado Villa Canaria. Recién, cinco días atrás, se acababa de desmovilizar. Incluso cuando lo agarraron creyeron que con la versión libre que había dado se había salvado. Los crímenes que había cometido habían sonado como la caída de una caja de hierro, el asesinato de Andreis, del expresidente del sindicato de Tele Caribe Adán Pacheco, del defensor de derechos humanos Pedro Orozco, hasta el líder de los desplazados en Atlántico Miguel Espinosa Rangel. Todos los crímenes de Don Antonio, todos los políticos que habían comprado las AUC en el Caribe, todo reposaba en su computador personal. En él había una carpeta que se llamaba “Amigos del DAS”. El nombre era una ironía: eran 116 personas con diversas profesiones y actividades que tenían una cosa en común, combatir ideológicamente a los paramilitares. Uno de ellos era Correa de Andreis, un profesor con una experiencia de 23 años cuyo único delito había sido ayudar a las poblaciones desplazadas de Atlántico y Bolívar. Ese apoyo a los que no tenían nada le valió ser acusado como ideólogo del frente 59 de las FARC, calumnia por la que pagó cárcel. Jamás tuvo tiempo para militar en guerrilla alguna. De Andreis estudió ingeniería agrónoma y sociología- Estudió una maestría en Francia y uno de sus amigos, el columnista Alvaro Camacho, lo describió de este manera: “un hombre grandote (yo lo llamaba ‘el Cipote’), alegre, bailarín y excelente conversador. Pero, sobre todo, tenía la ingenuidad que caracteriza a las buenas personas: se asombraba y entusiasmaba con las conversaciones en clave de sociología, y en particular lo seducían los temas de la cultura”. Lo terminó condenando sus estudios sobre el desplazamiento forzado en el Magdalena. El viernes 17 de septiembre del 2004, mientras caminaba por la carrera 53 con calle 60 en Barranquilla, dos sicarios lo mataron. “Ey loco, no dispare”. Alcanzó a decir. Pero la orden estaba dada. Y la orden había provenido de Jorge Noguera como determinaría la justicia en el 2011. A este crimen se le sumaba a uno de los consentidos de Uribe los señalamientos del ex jefe de sistemas del DAS, Rafael García, quien afirmó que, mientras Noguera era su jefe, le ordenó borrar antecedentes de personas que le debían a la justicia. Muchos de ellos cercanos a Rodrigo Tovar Pupo, mejor conocido como Jorge 40. Además, fue el hombre detrás de las famosas chuzadas del DAS, crimen por el que también pagó María del Pilar Hurtado Noguera saldría del DAS por la puerta grande. Fue nombrado por Uribe como cónsul en Milán, Italia. No duraría mucho tiempo en el cargo. El 8 de mayo del 2006 renunció a su cargo. El Fiscal Mario Iguarán incluso había viajado a Italia para escuchar su versión sobre los señalamientos que tenía encima por su colaboración con los paramilitares. Lo capturaron en el 2009 y en el 2011 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 25 años por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y falsedad por ocultamiento y revelación de secreto. Además se determinó que había sido el hombre que dio la orden contra Correa de Andreis. Incluso le había ordenado a un funcionario del DAS a que siguiera durante todo un año al profesor, haciéndole tomar fotos y tener toda su rutina en una carpeta para saber cuando accionar. En el 2017 la Corte lo condenó a 7 años de cárcel por el escándalo de las Chuzadas, el nombre con el que se conoció la red de espionaje que se descubrió durante el segundo mandato de Uribe y que iba dirigida contra periodistas, políticos de oposición y otros personajes de la vida pública. Desde octubre del 2020, en plena pandemia, Jorge Noguera goza de libertad condicional.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: La Republica Roberto Escobar Gaviria, mejor conocido como “El Osito” era el hermano mayor de Pablo Escobar. Cuando estaba recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagui, los PEPES, que estaban enfocados en la lucha para destruir el imperio del líder del Cartel de Medellín, le enviaron una carta bomba. El osito voló por los aires. Sobrevivió, pero, desde entonces, perdió el 70% de la visión. De la fortuna de su hermano no le quedó casi nada. Una de las pocas cosas que tenía era una casa, avaluada en 12 mil millones de pesos que acaba de ser recuperada por la SAE. Allí funcionó durante mucho tiempo una casa museo de Pablo Escobar. Cientos de turistas de todas partes del mundo iban a visitar. Cuando John Jairo Velásquez Vásquez, mejor conocido como “Popeye” estaba libre, antes de caer en la fiesta de cumpleaños de alias Tom en una finca en Guarne, Antioquia, acompañaba los tours y contaba anécdotas macabras que reflejaban la crueldad de quien él llamaba “El Patrón”. El “Osito” en los últimos años se había quejado de no tener en donde caerse muerto. Pero la SAE acaba de develar la verdad. Poseía, por medio de testaferros, ocho propiedades. Nada más el lugr donde funcionaba la Casa Museo estaba escriturada a nombre de Hernando del Río Duque. Las otras, en las escrituras, figuraban hijastros y parientes del Osito. En los años setenta Pablo y Roberto Escobar Gaviria eran muy cercanos. Los unía una pasión, el ciclismo. Roberto fue reacio a participar, al principio Roberto vivía de una fábrica de bicicletas que él mismo había montado. Pero las montañas de dólares fueron socavando su moral. A principios de los ochenta ambos participaban no sólo de negocios turbios sino que compartían pasiones como el automovilismo y el ciclismo. Crearon un equipo llamado el Ositto que corrió profesionalmente. Incluso en 1981 Escobar estaba decidido a invertir la plata necesaria para que este fuera el primer equipo colombiano en correr en Tour de Francia. Eran los tiempos en los que Pablo Escobar iba al congreso, como suplente de un representante a la Cámara por el Partido Liberal. Consentía a senadores y periodistas en su imponente Hacienda Nápoles. En 1984 todo este esplendor empezaría a opacarse después de ordenar el asesinato del entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Pablo Escobar fue asesinado el 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños, sobre el tejado de una casa en Medellín. Desde entonces su tumba, edificios como el Mónaco -que fue demolido- los lugares en donde efectuó sus atentados, se convirtieron en lugares de peregrinación para extranjeros. Sucesivas alcaldías de Medellín han intentado acabar con estos sitios de memoria. La casa de Roberto Escobar era una de ellas. Otra de las propiedades que intervino la SAE fue una finca de 32 hectáreas ubicada en el municipio de Supía, Caldas. A sus 78 años el Osito recibió el que tal vez pueda ser el golpe que lo mandará a la lona.