Por: Redacción Pares El Archivo General de la Nación es uno de los edificios más bellos del país. Con ángulos circulares y espacios llenos de luz, Rogelio Salmona terminó esta obra el 1 de septiembre de 1992 y dos años después fue premiado con la Bienal de Arquitectura. Con toda su carga simbólica, el archivo fue el lugar donde las fundaciones Vivamos Humanos, dirigido por el expresidente Ernesto Samper y Paz y Reconciliación, con León Valencia a la cabeza, presentaron el informe La paz ¿Cómo vamos? Radiografía de los procesos de diálogos de paz en Colombia entre el 2022-2025, con sus 175 páginas es el informe más completo que se ha hecho en el país sobre las nueve mesas de negociación en las que se centró el gobierno Petro para alcanzar el bien más preciado al que podemos aspirar: la paz total. Al evento asistieron personalidades del progresismo y protagonistas de estos diálogos como la jefe negociadora del gobierno nacional con el ELN Vera Grabe, la senadora Isabel Cristina Zuleta quien cumple un papel preponderante en la conversación sociojurídica de Medellín y el Valle de Aburrá, la senadora del Pacto Histórica Clara López Obregón, quien se la ha jugado a través de su carrera política por la paz, además de miembros de la sociedad civil y delegados de embajadas de países comprometidos con la paz como España. En el próximo enlace les mostraremos el informe en su totalidad. Independientemente del estado en el que estén las negociaciones en esta radiografía de las mesas de negociación queda más que claro que el único camino lógico que queda después de la confrontación es el de la salida negociada. La guerra incesante lo único que puede producir es abrir más heridas, más resentimientos y prolongar hasta el infinito el espiral de violencia. Después del atentado sufrido por el precandidato presidencial por el partido Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, quedó en el imaginario que estamos viviendo una violencia parecida a la que padeció el país en los años ochenta. Las cifras hablan por sí mismas y desmienten este enunciado. A continuación presentamos el siguiente informe:

Por: Andrés Camacho Miguel Uribe Turbay nació en 1986. Es abogado, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático. Somos polos opuestos: militamos en partidos enfrentados, representamos ideas y estilos distintos. Pero somos de la misma generación. Crecimos en un país roto por la guerra, la exclusión y la violencia. Nacimos en los años 80, cuando las bombas de Escobar estremecían ciudades enteras, cuando vimos caer a Pardo Leal, Lara Bonilla, Galán, Jaramillo y Pizarro. Aprendimos —a las malas— que cuando el odio se normaliza, el país retrocede. Por eso el atentado contra Miguel el 7 de junio nos duele. Nos duele a quienes venimos del progresismo, porque también cargamos las marcas del miedo. A nosotros también nos han matado compañeros, y por más de tres décadas hemos luchado por garantías, por derechos, por una democracia real que se imponga ante el ruido de los tiros. Nos duele porque entendemos lo que está en juego: no es solo una vida, es la posibilidad de que las diferencias políticas no se conviertan en amenazas. No se trata de pensar igual. Se trata de reconocer que compartimos una historia: la de una generación que vivió el conflicto, la Constitución del 91, el estallido social, la pandemia. Una generación a la que le tocó formarse en medio del ruido de la guerra y que ahora tiene la responsabilidad de no repetir los errores del pasado. Vi a Miguel por última vez en abril, en Bucaramanga, en un foro sobre transición energética y fracking. Debatimos duro, él con sus ideas, yo con las mías. Nos dimos la mano al final. Eso es lo que debería significar hacer política: debatir con fuerza, pero con respeto. Disentir sin deshumanizar. No quiero que lo que pasó nos quite la posibilidad de volver a discutir. Quiero que ese debate continúe, porque sé que aún sin convencernos, podemos aprender mutuamente. A quienes hoy nos toca gobernar, nos corresponde también proteger a quienes se oponen. Cuando éramos oposición, exigimos respeto y garantías. Hoy debemos actuar con la misma coherencia. La paz, el respeto por la vida y la diferencia no son banderas de un partido, son aprendizajes de una generación que creció entre el miedo y la esperanza. Por eso necesitamos llegar al fondo, esclarecer lo ocurrido y conseguir que haya justicia. No podemos permitir que el país vuelva al lodazal de los 90. No necesitamos oportunismo político. Necesitamos grandeza. Nos duelen las balas, vengan de donde vengan. Nos duele la violencia, y nos duele porque sabemos lo que cuesta salir de ella. Fuerza, Miguel. Este país necesita que vivas. Necesita que tus ideas convenzan a quienes deban convencer. Nosotras haremos lo nuestro, con argumentos, con respeto. Colombia necesita cerrar el capítulo de la violencia política. Y eso empieza por no callar. Quiero volver a debatir contigo.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad —Todos están montados en el caballo ganador Fuente: Cuenta de X/Twitter de María Fernanda Carrascal Hoy todo el mundo se siente ganador en el Senado de la República. Por un lado, el gobierno terminó “cobrando facturas” y asumiendo la aprobación de la Reforma Laboral como una victoria propia. No es para menos, pues en últimas el proyecto, por más de que durante el último mes fuese liderado por Angélica Lozano y los partidos independientes tradicionales (liberales, conservadores y de la U), sigue siendo parte del paquete de reformas sociales que el gobierno Petro elaboró desde inicios de 2023 y que, en últimas, conserva la mayor parte de su espíritu. Esa sensación de triunfo se acentuó con la forma en cómo esta reforma terminó siendo aprobada, pues partió de la improbabilidad total de acuerdo entre el Pacto Histórico y los partidos independientes frente a los 12 artículos restantes de la reforma, que habían quedado pendientes de la sesión del lunes 16 de junio, y que eran el campo de discordia entre ambos bloques. Al final, tanto la bancada de gobierno como los independientes de centro y los tradicionales decidieron irse a voto limpio. Allí las cuentas comenzaron a cambiar para el gobierno. También de la improbabilidad de que los votos que podía lograr el gobierno para cambiar o hundir los artículos que consideraban problemáticos, comenzó a inclinarse la balanza tras la votación de los contratos especiales del SENA, luego de que el ponente Juan Felipe Lemos, de la U, propusiera con apoyo de la oposición una figura especial donde los aprendices del SENA tuvieran prestaciones de ley en una figura de contrato especial. El gobierno se movió, pidió que se hundiera esa iniciativa y se lanzó por el contrato laboral. Según La Silla Vacía , el gobierno logró los votos por dos factores. Primero, porque pudo articular y movilizar a la bancada de liberales y del Partido de la U por la vía de los ministros que son cuotas de esos partidos en el gabinete (Diana Morales, MinComercio; Julián Molina, MinTIC), y segundo, porque aprovechó los momentos donde Efraín Cepeda, como presidente del Senado, hizo malos cálculos políticos para abrir y cerrar las votaciones. Un tercer factor también fue la desarticulación de la oposición, pues varios senadores de Cambio Radical (Temístocles Ortega, Ana María Castañeda y Didier Lobo) terminaron torciendo el voto y apoyando al gobierno. El artículo de los contratos laborales para los aprendices del SENA terminó ganando  con un apretado 47 a favor y 46 en contra. Allí se inclinó la balanza, pues luego por propuesta de la bancada del Pacto Histórico también se hundió el contrato por horas y a la unidad de trabajo especial , con 54 votos a favor; tras ello, el gobierno se retiró de apoyar una potencial medida diferencial para MyPIMEs en la reducción de la jornada laboral y se abocó a que sin excepción se implementara desde las 7:00 pm , iniciativa que también ganó, y el resto es historia: se eliminó el artículo que definía la jornada de 4 días de trabajo y 3 de descanso con más de 8 horas de trabajo, así como el artículo de las políticas de formalización laboral para transportadores. Finalmente, se votó afirmativo el título, la pregunta y la vigencia del proyecto de ley, y con ello se aprobó la segunda de las 3 grandes reformas sociales del gobierno . La oposición, embotada con las últimas noticias sobre el estado de Miguel Uribe, no tuvo mayor margen de maniobra, y declaró que la reforma que se había aprobado generaría mayor informalidad y riesgo para la economía del país . Pero también salieron ganadores por otros sectores diferentes al gobierno. La senadora Angélica Lozano, quien había asumido el liderazgo de sacar la reforma laboral concertada, también celebró la aprobación como suya. Aun cuando el lunes pasado señalaba en el gobierno el potencial culpable de que se hundiera la iniciativa, finalmente reconoció que la reforma ganó en democracia, “a voto limpio”, como indicó en sus redes sociales . Esto es importante porque, como habíamos señalado en este  y este artículo , la posibilidad de que se hundiera la reforma terminaría por afectar el discurso que los llamados independientes de centro han querido articular alrededor de la idea de “consenso” y de “mediación” como la solución a la polarización política que vive el país. Aunque habían esgrimido este discurso a la luz de la falta de voluntad de negociación del gobierno, al final lograron salvar a último minuto su narrativa, por lo que su rol, aunque sigue en riesgo, evita por ahora su fragmentación. En este bus también se subieron los partidos tradicionales, que se suman a la idea de concertación y negociación como herramienta para desescalar las tensiones políticas de los últimos días. El problema de su narrativa es que, al aceptar que sí se pudo negociar y transar una reforma laboral en poco tiempo, con discusiones y con la posibilidad de dirimir las diferencias a voto limpio, terminan por legitimar de cierta manera el discurso del Pacto Histórico de que el Congreso tuvo falta de voluntad para tramitar esta agenda y que sí utilizó herramientas legales dentro de lo que permite la discusión y votación de las leyes en el Congreso para generar un bloqueo político. Así lo manifestó el presidente Petro . De hecho, en ese relato en el que todos son ganadores, las culpas se reparten también entre todos. Algunos analistas políticos han señalado, por ejemplo, que esta negociación implica la inexistencia de ese bloqueo , mientras que, desde el lado de las bases políticas del gobierno, se habla de la falta de voluntad del Congreso por debatir las reformas sociales que favorecen a la gente . —A pesar de todo, la agenda de reformas del gobierno terminó moviéndose, pero... ¿y la Consulta? Momento en el que el presidente Gustavo Petro, en el Consejo de Ministros del 17 de junio, llama “desleales” a los 5 senadores que no rompieron el quórum en la votación de la segunda Consulta Popular. Fuente:  Infopresidencia No obstante, las alegrías duraron poco, pues mientras en la bancada del Pacto Histórico se celebraba la aprobación de la Consulta, Efraín Cepeda como presidente del Senado se movió rápidamente para votar los conceptos favorables para la Consulta Popular 2.0 (que venía integrada con preguntas de la reforma a la salud) y de la Consulta 3.0 (otro concepto afirmativo que había solicitado el presidente Petro). Si no se votaban en ese momento, el gobierno tendría el argumento jurídico para decretarlas. Aquí el cálculo político funcionó, pues Cepeda ordenó al secretario del Senado, Diego González, a que leyera las dos solicitudes y abriera el registro de la votación. Ante la movida, el bloque del Pacto Histórico se movió para abandonar la sala y romper el quórum para impedir la votación, pero fue tarde. Con 54 votos por el NO y 3 votos por el SÍ, ambos conceptos fueron hundidos, el bloque de gobierno no votó . Con esta primera queja empezó el presidente Gustavo Petro su ya tradicional Consejo de Ministros, transmitido el martes en la noche sólo por los canales públicos, al afirmar que había existido traición por parte de un grupo de 5 senadores de su bloque al quedarse para votar afirmativo a las consultas, y no seguir la estrategia de salir de abandonar la sesión. De hecho, fue enfático en resaltar la “deslealtad” de estos congresistas , al afirmar que “decían que eran amigos de este gobierno (...) no dejaron la sesión, dejaron que se votara, eso significa que les hicieron el quórum, hundieron la Consulta Popular 2 (...) nos quitaron una palanca que tiene que ver con la conciliación en Senado”. Tampoco estuvo contento el presidente con lo que se aprobó en Senado. Signos de ese descontento ya venían en las declaraciones de Armando Benedetti , que había dicho al cierre de la plenaria del Senado que, aunque recibía con agrado que la reforma fuera aprobada, seguían esperando lo que se aprobara y la conciliación, que debería realizarse entre este miércoles 18 y el jueves 19 de junio. La espera no duró mucho, pues el presidente respondió desde su cuenta de X/Twitter que seguía firme en que esperaba que el texto aprobado en Cámara fuera aprobado para poder retirar la Consulta Popular 1.0 , aunque las diferencias con el texto aprobado en Senado son ínfimas y versan especialmente sobre la licencia para mujeres menstruantes, la licencia de paternidad y el proceso disciplinario laboral, junto con la posibilidad de reducir la jornada laboral hasta las 6:00 pm, que es uno de los puntos de honor del presidente y uno de los grandes elementos que articulan la Consulta Popular. Del mismo modo, también expresó su desagrado porque ambos conceptos favorables frente a la Consulta Popular 2.0 se hundieran, en tanto consideraba que con ello perdían presión frente al Congreso, aun cuando con la aprobación de la Reforma Laboral, la mayor parte de las preguntas formuladas en ambas consultas terminaron subsanándose. Por lo que la estrategia del gobierno ahora estará dirigida a mantener la Consulta, tanto para seguir presionando a que el texto que se apruebe en conciliación sea el de Cámara, pero también para presionar a que la Consulta se realice en 53 días. En ese caso, enfiló sus baterías contra el registrador Hernán Penagos , quien hoy tomó la vía del medio y señaló que esperaría a que las Altas Cortes tomaran una decisión  frente a la legalidad y constitucionalidad de la Consulta, antes de tomar una decisión. El presidente Petro, claramente afectado por la decisión de Penagos, afirmó en su Consejo de Ministros que el registrador estaba en abierto desacato al desconocer una decisión de Estado, y le pidió al ministro del Interior, Armando Benedetti, iniciar procesos judiciales contra el mismo, bajo la figura de sedición contra el gobierno. —La pelota queda en el campo del presidente Fuente: El Colombiano No obstante, la jugada del gobierno es riesgosa, especialmente porque con la aprobación de la reforma laboral, aumenta el costo político de sostener la Consulta y seguir tensionando la cuerda de la institucionalidad. Como lo señalamos en este artículo , el gobierno había elegido navegar por las líneas rojas al decretar la Consulta, sin romper del todo con el ordenamiento jurídico colombiano, para mantener la iniciativa viva en un momento donde estaba claro que el Congreso no aprobaría la iniciativa y generando presión al Legislativo con estas medidas para generar mejores condiciones de negociación frente a la reforma laboral. Sin embargo, en este nuevo escenario, con el hundimiento de las otras dos Consultas y con el articulado de la reforma laboral en consonancia casi total con las preguntas de las mismas, el gobierno quedó en una encrucijada. El primer camino tiene que ver con la posibilidad de que retire el decreto de la Consulta , que es un escenario que al momento de escribirse este artículo no es tan probable, por las últimas declaraciones del gobierno. Aun así, teniendo en cuenta la posibilidad de que en conciliación se logren resolver las últimas nimiedades que diferencias a los textos aprobados en Senado y Cámara, si el gobierno decide retirar la Consulta, se enfrenta con el dilema de cómo sostener su mito político hacia 2026. Esto es importante porque el gobierno logró movilizar a una gran parte de sus bases políticas y sociales bajo la idea de que era imposible tramitar la agenda de reformas sociales por las instituciones  y era necesario cuestionarse el modelo de democracia en el país, ya fuese utilizando los mecanismos de participación que garantiza la Constitución o bajo la figura de una potencial Constituyente, discurso que había quedado dormido a mediados de 2024, pero que el gobierno ha ido despertando poco a poco en las últimas semanas. Al retirar el decreto de la Consulta, el gobierno debe confrontarse tanto con la idea de que realmente el bloque político por parte del Congreso era parcial, de que las Altas Cortes estarían dispuestas a abrirse a moderar sus conceptos sobre la veeduría a la gestión del gobierno y de que debe construir otra narrativa que sustente la necesidad de volver a elegir su proyecto político hacia 2026. El camino podría ir por asumir la victoria de la agenda de reformas, pero a un año de que se termine el Congreso y su gobierno, en plena época preelectoral, no se ve muchas posibilidades de que otros proyectos de esa agenda se muevan más allá. La batalla estaría en la reforma a la salud 2.0 y en el nuevo proyecto de reforma tributaria, con la que seguro puede quemar lo que le resta de capital político. En el segundo camino, mucho más probable, el gobierno se niega a retirar la Consulta y va hasta las últimas consecuencias . El problema de este camino tiene que ver con qué tan dispuesto está el gobierno a asumir la posibilidad de que se rompa la pita institucional y transgreda finalmente los límites jurídicos como presidente frente a la potencial irregularidad e ilegalidad de la Consulta. Si lo hace, debe asumir el costo político desde dos frentes. Primero, el jurídico , que como señalábamos en este artículo , ya se está dando con el estudio de la constitucionalidad y legalidad de la Consulta Popular, y que tomará su tiempo antes de que las Cortes emitan un fallo. En este caso, la situación jurídica del gobierno podría agravarse si se suman procesos jurídicos de prevaricato contra el Gabinete de Ministros y contra el mismo presidente. Segundo, en el ámbito político , no retirar la Consulta posterior a la conciliación terminaría por romper los pocos puentes que se han reconstruido entre el Congreso y el Ejecutivo, y terminarían por agudizar las tensiones políticas y escalar aún más el enfrentamiento entre las ramas del poder público. Además, también le darían la narrativa al bloque de independientes y de oposición para terminar de consolidar su bloque antipetrista, con el que podrían lanzarse a futuro en la campaña electoral de 2026. Con las relaciones bloqueadas con las Altas Cortes y el Congreso, poco margen de maniobra tendría el gobierno, más allá de lanzarse en la aventura de mover una convocatoria a la Constituyente  a través de firmas, con el mito de que las mismas instituciones, cooptadas por las élites políticas y económicas del país, impiden que se implemente cualquier agenda reformista en el país.

Por: Redacción Pares En el 2009 los iraníes tuvieron miedo de que su ciudad más bella fuera devastada por un terremoto. Por el lugar donde está enclavada es posible que un sismo lo acabara. Se iniciaron incluso trabajos de evacuación. Es que como queda a los pies de la cadena montañosa Alborz los movimientos telúricos eran una constante. Pero también estaban los movimientos de la historia. Los primeros vestigios de Teherán como ciudad datan de 1220 pero sólo hasta 1725 es la capital de lo que alguna vez se llamó Persia. Durante el siglo XX, con el auge del último Sha de Irán, Teherán se convirtió en una ciudad cosmopolita, lleno de teatros y de hoteles lujosos en donde llegaron a presentarse, a comienzos de los años setenta, artistas de la talla como Frank Sinatra. Pero, desde la ciudad de Qom, a unos 70 kilómetros de Teherán, empezó a tejerse la revolución islámica que cambiaría para siempre a este país. Los excesos del Sha, reflejados en torturas, desapariciones y represión, desembocaron en el fin de su reinado y la imposición de una república islámica liderada por un religioso radical como el Ayatola Jomeini. Fueron años oscuros para las mujeres iraníes. Se les restringirían los derechos, les impondrían el velo y les sería prohibido incluso ir a la universidad. Los ochenta significaron para Irán un rompimiento con occidente. Llegó una guerra con Irak y se convirtieron en una de las principales amenazas para los Estados Unidos. A pesar de una guerra de más de ocho años con el régimen de Sadam Hussein, Teherán, y sus mezquitas de cúpulas doradas se mantenía intacta, eterna. Pero la ciudad de casi mil años está a punto de ser arrasada por culpa de la crueldad israelita. Desde finales de la semana pasada, cuando empezaron a caer misiles desde Tel Aviv, se presenta una gran migración de personas que buscan otras ciudades ya que la capital de Irán es el centro de los ataques israelitas. Netanyahu ha afirmado que la única manera que tienen los iraníes de salvar su ciudad más preciada y sus vidas es hundir el régimen islámico. La respuesta casi unánime de los iraníes es la de que desprecian cualquier tipo de salvación que venga desde Israel. Desde el pasado viernes 220 personas han sido asesinadas por el poder de las bombas que llegan desde Israel. Trump, con su habitual tono descarnado, fue implacable: la única posibilidad que tienen en Teherán es salir de la ciudad. Así que en este momento en la esplendorosa ciudad hay miedo y pánico. Y además una tristeza enorme. Esta ciudad que ha soportado todo, desde la furia de la naturaleza hasta la brutalidad humana está a punto de sucumbir. Como sucedió con Beirut, otra joya de oriente, Teherán podría ser reducida a cenizas. Otra vez por culpa de Israel y de los Estados Unidos la humanidad está a punto de perder a una de sus joyas.

Por: Fundación Paz & Reconciliación y Vivamos Humanos El informe presenta un análisis exhaustivo sobre los procesos de acercamiento, diálogo y negociación que se han dado en el marco de la Ley 2272 de 2022, más conocida como la Ley de Paz Total. Prioriza el enfoque territorial, diferencial y humanitario, hace seguimiento a los altos niveles de violencia, a la reconfiguración de actores armados, a la situación humanitaria y a los eventos violentos en más de 17 regiones del país entre 2022 y 2025. Dentro de su seguimiento, explora los procesos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Comuneros del Sur (FCS), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF)1 , la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el espacio de conversación sociojurídico (ECSJ) en el distrito de Buenaventura con Shottas y Espartanos, el ECSJ Medellín y Valle de Aburrá - Los Pachelly y La Oficina y el ECSJ en Quibdó con: Los Mexicanos, Los Locos Yam, las Fuerzas Armadas RPS Cartel del Norte, Revolución Cabí y Los Zetas.  Evalúa aspectos clave como: la suspensión de la mesa con el ELN —tras seis ciclos de negociación y la firma de 28 acuerdos—; la continuación de procesos que han tenido fracciones internas como el FCS, la continuidad del procesos con el EMBF y la CNEB. Detalla los diálogos exploratorios que se han dado con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que —junto con los espacios de conversación sociojurídicos con estructuras urbanas— dependen de un marco jurídico que no está definido. Determina algunos avances de la Paz Total como: la creación del Comité Nacional de Participación (CNP) en el proceso con el ELN, la firma de Ceses al Fuego Bilaterales, la priorización de transformaciones territoriales como uno de los ejes centrales de los procesos, la apertura de nuevos espacios de diálogo territorial,y los esfuerzos de participación social. Establece retos transversales como: el incumplimiento de los Ceses al Fuego Bilateral Nacional y Temporal (CFBTN) la fragmentación y expansión territorial de los grupos armados, la ausencia de garantías de seguridad para la participación amplia de todos los sectores de la sociedad, la desconfianza hacia la institucionalidad y la débil presencia estatal en diferentes territorios. Identifica que los procesos de diálogo han tenido avances desiguales y en algunos casos, frágiles, en medio de un panorama de alta conflictividad armada por el control del territorio y de las economías ilegales. Además, evalúa que existen múltiples dificultades en la implementación de la política de Paz Total, debido a falencias en seguridad jurídica, intervención integral del Estado y articulación interinstitucional.  Resalta que las comunidades y las organizaciones sociales territoriales de base mantienen su disposición de aportar a la paz, pero solicitan garantías de seguridad efectivas, respeto por su autonomía y participación efectiva en los diversos procesos de diálogo o conversación. Recomienda reanudar el diálogo con el ELN —garantizando medidas de desescalamiento de la violencia y participación de las comunidades—, fortalecer la CCP como instancia coordinadora y operativa con enfoque territorial, establecer lineamientos normativos claros sobre el uso del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en los procesos de diálogo, poner como punto de partida la consecución de alivios humanitarios inmediatos e impulsar mecanismos de monitoreo y verificación eficientes y con participación social.

Por: María del Rosario Laverde Esta era una conversación telefónica normal, acerca de los problemas de la economía familiar. Mi interlocutor era una persona cercana, así que me resultaba muy fácil contarle mis preocupaciones. De repente las cosas se subieron de volumen, él las subió, y empezó a gritarme: “petristaaaaaaa, petristaaaaaaaa, petristaaaaaaaaaa”, completamente poseído por un odio hacía mí, desconocido hasta ese momento. Colgué el teléfono y corrí a esconderme, presa del pánico. Por supuesto, nunca más pude hablar con esa persona. Para entonces, jamás hubiera pensado en ser etiquetada con tal adjetivo, pues había pasado por una mala experiencia laboral durante la alcaldía de Gustavo Petro, y no planeaba hacer parte de sus filas. Eso tampoco tenía por qué convertirme en miembro del equipo contrario, al que menos me interesaba pertenecer. Pero, como en mi sangre hay conciencia social de sobra, estaba muy clara sobre dónde quería estar. Y como en Colombia solo se puede ser o lo uno o lo otro, calladamente seguí los avatares de la política y me encomendé al Divino Niño, esperando que nos fuera lo mejor posible como país. Curiosamente, esa no fue la única conversación que ha terminado mal, ni la única distancia que ha nacido del tema político.  Son muchas amistades o relaciones sólidas que se enfriaron o se acabaron por culpa de la extrema polarización. No puedo entender cómo gente que me conoce hace décadas, y que jamás en su vida ha conocido al político, objeto de su adoración, me saca de su vida con tal de proteger la imagen del otro, a quien venera. El pasado domingo, la mal llamada marcha del silencio, convocada en principio como señal de solidaridad con la difícil situación del senador Miguel Uribe Turbay, se convirtió en una muestra más de lo enfermos que estamos. Las redes sociales se llenaron de videos que evidenciaban agresiones a marchantes que eran tildados de asesinos o guerrilleros por pertenecer a un partido o trabajar en un medio x. Yo no sé a usted, pero a mí eso me da una tristeza infinita. Me siento cansada de que nuestra vida esté determinada por el poder de la agresión del otro o hacia el otro. Y tan fácil que sería respetar sus ideas. Tzvetan Todorov, en su libro La Conquista de América. El problema del otro,  habla de la firme convicción que se tenía acerca de la superioridad europea sobre los indígenas, aunque esto no es ninguna novedad, y el libro es mucho más profundo que esta simple afirmación, yo me pregunto quién les dijo a los unos o a los otros que eran los únicos con derechos o con verdades absolutas. Esta columna no tiene una posición política, solo quiere recordarle que valore a su gente y que la ame por encima de sus ideas, que haga del disenso un ejercicio saludable de convivencia y que deje a los políticos hacer su trabajo sin odiar a su vecino o a su tía. Esta columna no es una invitación a que no se involucre: hágalo hasta los huesos, grite todo lo que tenga que gritar, pelee todo lo que tenga que pelear, pero primero párese duro por los que tiene al lado. Nos hemos olvidado de lo esencial: pensar diferente no nos hace diferentes, nos hace iguales.

Por: Paola Marín Molano El pasado 15 de junio fue publicado un comunicado en el cual el Bloque Amazonas, perteneciente al Estado Mayor Central, facción disidente al mando de ‘Iván Mordisco’; declaraba Paro Armado y Toque de Queda para las comunidades del departamento del Guaviare. El Paro Armado empezarían a regir partir del 16 de junio, hasta el 21 de junio. E incluye medidas restrictivas como la prohibición de la movilidad desde las 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana; la prohibición del uso de casos para motociclistas, entre otros. De igual forma, se le exige a la población civil no estar cerca de guarniciones militares, policiales o del grupo de ‘Calarcá’, a quienes llaman paramilitares.   Aunque el paro se decreto esta semana, es importante mencionar que el departamento del Guaviare viene enfrentando una crisis humanitaria que se refleja en las acciones violentas que viven constantemente las comunidades. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, producto de los enfrentamientos entre las disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ ya abrían al menos 10.000 personas confinadas.  Al igual que reportes de reclutamiento a menores de edad, desaparecidos, asesinatos y amenazas a líderes sociales. Dinámicas de conflicto armado en el Guaviare. La guerra entre ‘Calarcá Córdoba’ y ‘Iván Mordisco’ corresponde en términos generales a la dinámica de expansión del Bloque Jorge Suarez Briceño, perteneciente al EMBF, comandado por ‘Calarcá’; en zonas estratégicas y corredores que se encuentran bajo el control del Bloque Amazonas, al mando de ‘Iván Mordisco’ del EMC.   Inicialmente, la disputa entre estas dos facciones disidentes se concentro en zonas como Cartagena del Chaira y Solano, en Caquetá y en los municipios de Puerto Leguizamo y Puerto Guzmán en el departamento de Putumayo.  Sin embargo, comunidades del departamento del Guaviare, ya comunicaban la tensión que se venía generando entre estos dos grupos. Para noviembre del 2024, varias comunidades del municipio de Calamar denunciaron incursiones del Bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de ‘Calarcá’. Lo que supuso un aumento de las amenazas a líderes sociales de la zona, señalados de ser supuesto colaboradores del Frente Primero, estructura perteneciente al Bloque Amazonas, del EMC. De acuerdo con el monitore realizado por Pares, el Bloque Amazonas de ‘Mordisco’ ha presentado un poder hegemónico, en zonas de San José del Guaviare y el Retorno. Sin embargo, en algunas zonas rurales de San José del Guaviare, ubicados en el sector de Guayabero, se han reportado incursiones del Bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de ‘Calarcá ’. De igual forma se han presentado combates en zonas rurales de Calamar y San José del Guaviare. Y comunidades advierten que hay presencia de ambas facciones sobre la cuenca del río Guayabero, en veredas como Termales, Miravalle, San Miguel, Patio Bonito, Primavera y Caño Triunfo, y zonas rurales del corregimiento El Capricho. El interés de las dos facciones por estas zonas del Guaviare está relacionado con factores geoestratégicos. Las condiciones geográficas del departamento facilitan funciones de repliegue y refugio. Recordemos que antes de la Firma del Acuerdo de Paz del 2016, esta zona estaba consolidada como retaguardia de las FARC; luego, con la reconfiguración de disidencias se convirtió en epicentro de los diálogos con el EMC, foco de concentración del Frente Primero y en donde se concentrarían facciones que no se acogieron al acuerdo de paz. Luego de la ruptura en el EMC , era claro que la violencia iba a escalar en lugares en donde los diferentes bloques hacían presencia. Como bien se ha mencionado, los primeros escenarios en los cuales empezaron a hacerse evidentes estas tensiones fueron en el Cauca, Huila, Caquetá, y recientemente Putumayo. En el departamento del Guaviare el conflicto escalo, cuando se empezaron a registrar enfrentamientos entre los disidentes. El 18 de enero del 2025, se registraron combates  en la vereda de Miravalle, protagonizado por el Frente Jhon Linares del EMBF y el Bloque Amazonas del EMC. Esta situación no solo aumento hechos victimizantes como confinamientos y desplazamientos, sino que agudizo diversos mecanismos de control sobre la población, como la imposición de retenes, reclutamiento, toques de queda y otros mecanismos de gobernanza armada. De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en la AT 001-2025, tanto el Bloque Jorge Suárez Briceño del EMBF, como el Bloque Amazonas del EMC, han impuesto extorsiones simultaneas. Esto ha generado que entre grupos se desautoricen el cobro de dichas extorsiones, exigiendo a la comunidad no realizar pagos a la contraparte. Sumado a esto, los y las líderes de las comunidades, son constantemente presionados a escoger bando, esto les hace ser señalados y estigmatizados por ser simpatizantes de uno o de otro grupo. La Defensoría del Pueblo, de igual forma, ha advertido sobre el riesgo extremo e inminente de confrontación. Dentro de la región del Amazonas, resalta la importancia de poner el foco en lugares como: el área no municipalizada de Puerto Santander en el Amazonas y en el municipio de Mesetas en el Meta.  Como escenarios con riesgo alto de confrontación, menciona que las tensiones entre los bandos disidentes pueden desencadenar disputas armadas con efectos humanitarios en las áreas no municipalizadas de Mirití-Paraná y Puerto Alegría, en el Amazonas y municipios como Neiva, Acevedo, El Agrado, Garzón, Isnos, La Argentina, La Plata, Palestina, entre otros, en el departamento del Huila.  Todos estos municipios, focalizado a partir del análisis del riesgo de la confrontación entre el EMC y el EMBF. Frente a este punto es necesario mencionar que la situación se puede agrava por la presencia y cooperación con otros grupos armados como Comandos de la Frontera y la Segunda Marquetalia. ¿Cuáles son las medidas del Gob. Nacional? Frente a este panorama el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro , ordenó un despliegue militar y policial en los cuatro municipios del Guaviare. El ministro de Defensa activó a la Fuerza de Despliegue Rápido, junto con el Ejército y la Policía, para garantizar la movilidad y disuadir la imposición de toques de queda por parte de las disidencias. En paralelo, la Gobernación de Guaviare, bajo la dirección del gobernador Yeison Rojas, convocó a consejos de seguridad extraordinarios con alcaldes, militares y autoridades locales, estableciendo controles en los accesos urbanos y comprometiendo la supervisión de rutas y veredas afectadas por las restricciones. La Defensoría del pueblo, advierte que de esta situación podría haber un aproximado de 12.000 a 30.000 personas confinadas, por ello solicitó la activación de corredores humanitarios para evacuar a los afectados con garantías de seguridad. Por ahora, aunque el presidente Petro menciona que no se permiten paros armados, es claro que deben trazarse rutas para evitar la expansión del EMBF y el EMC, sobre todo teniendo presente el escenario de negociación que se desarrolla con la facción comandada por ‘Calarcá’. Al igual que avanzan las ZUT (Zonas de Ubicación Temporal) en otras regiones como la región del Catatumbo, hay que buscar la forma de desescalar el conflicto en estos nuevos focos de violencia.

Por: Redacción Pares Este domingo, mientras se desplazaba con su camioneta por Modein, zona rural de Villa Robledo, fue atacado a bala el alcalde de Cartago Juan David Piedrahita. Aunque Piedrahita salió ileso uno de los proyectiles que impactó en el carro, uno de sus escoltas está herido y se desconoce aún su estado de salud. La semana pasada el occidente del país tuvo que sobrellevar veinticuatro ataques terroristas en un solo día. Estos ataques, según las autoridades, se le han atribuido a Iván Mordisco. El propio alcalde salió a explicar lo que había sucedido: “En horas de la mañana, realicé un desplazamiento a la zona rural y sufrimos una afectación en el vehículo y una de las personas que me estaban acompañando se encuentra en el hospital, siendo atendido por los médicos del Hospital Universitario”. El atentado se dio sobre las dos de la tarde del pasado domingo 15 de junio. Piedrahíta, desde comienzos de este año, ya salía denunciando amenazas de muerte contra su vida. El ataque al alcalde de una población tan importante como el de Cartago es una muestra más del nivel de violencia que sigue escalando en el occidente del país. Cartago ha sido tomada por los grupos armados por ser un punto estratégico, un corredor para transportar tanto drogas como armas hasta el Pacífico. Piedrahita afirmó haberse comunicado con las autoridades nacionales y, aunque la preocupación es absoluta, cree que se está haciendo todo lo posible para cuidar su vida. La violencia política se ha exacerbado en junio. En la primera semana de este mes el país tuvo que sufrir el atentado con arma de fuego contra el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Pero no sólo en la capital y con este atentado se nota el problema que vive el país en materia de seguridad sino que también en el territorio esta realidad es una herida abierta. El atentado contra el alcalde de Cartago así lo evidencia.

Por: Iván Gallo Coordinador de Comunicaciones León Valencia cumplió setenta años el sábado pasado. Ese mismo día salió su nueva novela, se llama La infausta vida de Apolinar Mosquera . Allí me encontré el nombre de Jorge Artel. Valencia recuerda los años en los que Artel fue inspector del corregimiento de Santa Elena. ¿Cómo haría un poeta para llevar el orden público? Sus amigos confirman que este hombre cumplía con su deber. Que tenía que delimitar linderos y hasta intervenir en peleas de borrachos. Santa Elena, tan cerquita a Medellín, estaba lejos de ser el campamento para hippies y aspirantes a comedores de setas alucinógenos que es hoy. Para Artel, la montaña era una contradicción de sus versos. Pero la montaña fue el menor de sus males. Durante toda su vida fue perseguido, encarcelado, casi que asesinado por sus ideas de izquierda. Cuenta la leyenda que Jorge Artel murió tres veces. El 9 de abril de 1948 fue encarcelado, acusado de participar en una supuesta conjura comunista que terminó con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. No le quedó de otra que salir del país. Empezó entonces un periplo que lo llevó a varios países, como si fuera el mismísimo Porfirio Barba Jacob, se movió con soltura por Centroamérica, Puerto Rico, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, en donde fue director del periódico El Porvenir  -como con Porfirio podemos decir que el periodismo es el último refugio del poeta-, en Panamá y sorprendentemente lo vemos en Estados Unidos perteneciendo al consejo de redacción de Readers Digest . Las famosas Selecciones . Ustedes son muy jóvenes y no recuerdan lo que significaba para el lector secular, casi que la persona de a pie, las Selecciones en los puestos de revistas. Era la revista más popular del mundo. Hasta en esos rincones tan poco probables, Jorge Artel podía encontrarse con la poesía. Y siempre regresaría a Colombia. Dice Valencia en su libro que sus pocos amigos, tan solo le pudieron conseguir un empleo en su regreso para poder subsistir, el más aburrido de todos, ser inspector de policía en Santa Elena. Luego conseguiría otro empleo, aún más sofocante, para un poeta: jefe de instrucción pública en el departamento de Bolívar. En 1982, ocurriría su segunda muerte. La memoria es frágil y creemos que las fake news  las inició un centennial  borracho, a través de sus redes sociales. No, El Colombiano  también se equivocaba hace 42 años. En primera plana publicó, acaso por no constatar un rumor desfachatado, que Jorge Artel se había muerto. En ese momento estaba gozoso, feliz. Como una plaga, otros periódicos de otras partes del país jamás pensaron en llamarlo para confirmar. Simplemente también doblaron las campanas y publicaron en sendos titulares la supuesta muerte del poeta. Modesto, Artel esperó días para aclarar la fake news . Se le ocurrió hablando como lo hacía, diáfano como un rayo de sol atravesando un martini: “Todos mis amigos han muerto, incluso yo”. El Colombiano , paradójicamente, lo quería e incluso le dio un espacio en donde entregó alguno de sus mejores escritos, una columna titulada “Señales de humo”. La muerte lo alcanzaría una cuarta vez y esta vez no lo dejó ir. Moriría a los 85 años en Malambo, Atlántico, de un infarto. En Hamlet hay un verso que sentencia a la muerte “El resto es silencio” Artel contradijo esto. Cuando murió fue cuando empezó una bulla que sigue, que continúa, una bulla que dice así:       Oigo galopar los vientos bajo la sombra musical del puerto. Los vientos, mil caminos ebrios y sedientos, repujados de gritos ancestrales, se lanzan al mar. Voces en ellos hablan de una antigua tortura, voces claras para el alma turbia de sed y de ebriedad. ¿De qué angustia remota será el signo fatal que sella en mí este anhelo de claves imprecisas? Oigo galopar los vientos, sus voces desprendidas de lo más hondo del tiempo   me devuelven un eco de tamboriles muertos, de quejumbres perdidas en no sé cuál tierra ignota, donde cesó la luz de las hogueras con las notas de la última lúbrica canción. Mi pensamiento vuela sobre el ala más fuerte de esos vientos ruidosos del puerto, y miro las naves dolorosas donde acaso vinieron los que pudieron ser nuestros abuelos. —¡Padres de la raza morena!— Contemplo en sus pupilas caminos de nostalgias, rutas de dulzura, temblores de cadena y rebelión. ¡Almas anchurosas y libres vigorizaban los pechos y las manos cautivas! Una doliente humanidad se refugiaba en su música oscura de vibrátiles fibras… —Anclados a su dolor anciano iban cantando por la herida… —¡Oigo galopar los vientos, temblores de cadena y rebelión, mientras yo —Jorge Artel—galeote de un ansia suprema, hundo remos de angustias en la noche!   De la novela de su amigo, León Valencia, solo puedo decir que tiene la potencia y también la tristeza de los abalaos.

Por: Redacción Pares El principal sospechoso del asesinato de Melissa Hortman y su esposo Mark es Vance Luther Boelter, un férreo seguidor de Donald Trump y opositor visceral de derechos como el aborto y las demandas de la comunidad LGBTIQ+. Con las investigaciones realizadas en los últimos días, va quedando claro que este fue un asesinato de odio. Los ánimos en Estados Unidos están caldeados. Trump ha sacado a las calles a la policía, una decisión que no se tomaba desde 1965. Existe una clara resistencia a las políticas migratorias de este gobierno. La gente no soporta más este nivel de inhumanidad. Por eso, en ciudades como Los Angeles, las calles están incendiadas. Es indudable que el ambiente se estaba llenado de elementos como para que una tragedia de estas proporciones sucediera. Hortman fue abaleada en la entrada de su casa en Brooklyn Park, Minneapolis. Tenía 55 años y una vida dedicada a la política. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de junio. Junto a ella estaba su esposo y también otra pareja de políticos, el senador John Hoffman y su esposa. Basta con ver su trayectoria para saber que se trataba de una progresista. Se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad de Boston, en 1991, y cuatro años después, se graduó como abogada en la Universidad de Minnesota. Una de sus grandes inspiraciones dentro del Partido Demócrata fue haber hecho pasantía con Al Gore y con John Kerry, dos demócratas de trayectorias inobjetables que se han transformado en íconos mundiales de causas como la defensa del medio ambiente y la paz mundial. Desde 2004 viene ganando elecciones estatales en Cámara, siempre defendiendo causas como el derecho al aborto o la defensa de las libertades. Era tan consecuente que, en una de las últimas votaciones que tuvo que hacer en el Congreso, se le vio abatida porque tenía que respaldar un proyecto propuesto por los republicanos. Pero todo acabó el sábado pasado. El hombre que probablemente la asesinó, Vance Luther, había trabajado en granjas agrícolas en Sudáfrica e incluso fue director de una agencia de seguridad privada en Pretoria. De regreso a Estados Unidos afrontaba una serie de reveses económicos. Para el ataque, se disfrazó de policía e incluso contó con un coche-patrulla. Desde la página de internet de su empresa, Luther decía: "Conducimos la misma marca y modelo de vehículos que utilizan muchos departamentos de policía en EE. UU. Actualmente conducimos vehículos utilitarios Ford Explorer". Sin duda, Boelter es un hombre excéntrico. Entre sus trabajos estuvo el de pastor evangélico en una iglesia en el Congo. La iglesia se llama Red Lion Group y hay videos subidos en YouTube en donde el pastor afirma: "Hay gente, sobre todo en Estados Unidos, que no sabe qué sexo tiene", dijo también: "No conocen su orientación sexual, están confundidos. El enemigo se ha metido demasiado en sus mentes y almas". Boelter se ordenó como pastor evangélico en 1993. Por estas características, no cabe duda de que el asesinato de la congresista demócrata fue un crimen de odio. Las cruces volvieron a encenderse en los Estados Unidos.

Por: Redacción Pares En 1948, poco antes de que lo asesinaran, Jorge Eliécer Gaitán, preocupado por los altos índices de violencia que había en ese momento en el país, convocó a una marcha del silencio. Como todas las manifestaciones gaitanistas, que muchos comparaban con las que hacía en Italia el fascismo, eran perfectamente organizadas y el caudillo demostraba su ascensión hacia la masa. Nada se salía de su cauce. Casi ochenta años después, el país vive otra escalada de violencia. Un precandidato presidencial se debate entre la vida y la muerte, después de que le dispararan durante un acto público en la localidad de Modelia en Bogotá. La oposición convocó una marcha del silencio para mostrar su indignación. Cientos de miles de personas salieron en varias ciudades del país. Sin embargo, se presentaron momentos bastante álgidos. El llamado era a la paz, los manifestantes salieron vestidos de blanco, pero en Bucaramanga incluso intentaron agredir a un periodista de RTVC a quien casi linchan mientras le gritaban petrista y guerrillero. En Bogotá, a la precandidata Claudia López, quien salió arropada con una bandera de Colombia, le gritaban oportunista y le demostraron su odio. Ante estos hechos, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero fue crítico con la marcha y afirmó que se trató de “una marcha del odio”, que, aunque una de las banderas de la concentración era la no politización y hacer un llamado a la esperanza y a la pronta recuperación de Miguel Uribe Turbay, el sentido de esta, pronto se desdibujó. “A los minutos ya la habían convertido en una marcha del odio”. A estos mensajes los acompañó con un video publicado a través de su cuenta de X, en donde afirmó que la derecha perdió una gran oportunidad de hacer un llamado a la unidad, desgastándose en proclamas violentas que incitaban la división y los ataques al gobierno. Es de resaltar que, a pesar de lo que diga Quintero, la marcha del silencio no reportó daños al bien ajeno ni personas agredidas. El gobierno, además, les brindó a los manifestantes las garantías para realizarla en paz. A la marcha fueron eminentes figuras de la derecha como Vicky Dávila y las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Por eso, desde antes de que empezaran las concentraciones que se dieron en veinte ciudades del país, ya Quintero estaba poniendo en duda la legitimidad e independencia de la marcha. “Pregunta? Frente a la Marcha del Silencio convocada por Paloma Valencia responda una de estas 3 opciones y comente. 1. Es una marcha con un objetivo noble que va contra la violencia política y contra el terrorismo. 2. ⁠Es una marcha para hacer politiquería y hablar mal del gobierno. 3. Es una marcha que busca darle un golpe de estado presidentente Petro" , cuestionó Quintero en dicho mensaje. El estado de salud de Miguel Uribe Turbay era de extrema gravedad hasta el pasado lunes en la noche. Las cadenas de oración se multiplicaron, e incluso la Iglesia católica intentó establecer un puente entre la oposición y el gobierno para desescalar el odio y el lenguaje.

Por: Redacción Pares Con una hora de retraso llegó Gustavo Petro a la reunión a la Casa Episcopal que estaba pactada para la una de la tarde. Debido al lenguaje cada vez más belicoso entre los bandos que defienden y atacan la consulta y la reforma populares, la Iglesia —encabezada por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, además de ser el presidente de la Conferencia Episcopal y el padre Hermann Rodríguez, provincial de la Compañía de Jesús y representante de la Conferencia de Religiosos de Colombia— llegó para limar asperezas. A las fuertes discusiones que han protagonizado el presidente Petro y Efraín Cepeda, presidente del Senado, se suma al clima polarizante el atentado a Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, quien en este momento se encuentra luchando por su vida en la UCI de la Fundación Santa Fe. El llamado de la Iglesia generó expectativa entre los medios, ya que muchos de ellos se encontraban apostados en la entrada de la Conferencia Episcopal, esperando reportar novedades. Durante el encuentro, la Iglesia desplegó un documento enfocado en desarmar la palabra. Así se remarca en uno de los apartes del documento que firmaron ambos bandos. La posición de la Iglesia no es la de imponer posiciones, sino la de facilitar el entendimiento. Pero el retraso del presidente generó molestias. A pesar de los esfuerzos de conciliación por parte de la Iglesia, el senador Efraín Cepeda quien, aunque no nombró directamente a Petro, sí se molestó por el retraso de alguno de los convocados. Cepeda afirmó: “De nada sirve firmar documentos si se actúa de otra manera, lo tengo que lamentar”. Sin embargo, parece ser que hay algo parecido a una luz al final del camino. En la sesión donde se discutía la nueva reforma laboral, el gobierno y la oposición en el Congreso parecían haber encontrado un punto neutro sobre el cual establecerse. Lamentablemente la bancada del Centro Democrático se tuvo que retirar del recinto debido a la gravedad que se presentó con el senador Miguel Uribe Turbay, y todos salieron a respaldarlo a la Fundación Santa Fe. En los últimos días, debido a lo ríspido que se había puesto el ambiente político en el país, había sido solicitada por distintos sectores la mediación de la Iglesia. Además de Petro y Cepeda asistieron Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes; el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional y el magistrado Octavio Augusto Tejeiro, quien es el actual presidente del Consejo de Estado. La iglesia no se quedará en esta intención, seguirán avanzando hasta poder conseguir un puente firme que pueda lograr un flujo de comunicación constante. No importa las diferencias lo que se necesita es que se mantenga la cordialidad y la esperanza de conseguir que se desescale un lenguaje que parece llegar al paroxismo y que espera se pueda desarmar la palabra tanto dentro del oficialismo como de la misma oposición.