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Por: Redacción Pares Foto tomada del: Colombiano y Zona Cero Alirio Uribe arrancó en el Colectivo de abogados José Alvear en la década de los noventa. Ya el CAJAR había soportado épocas muy convulsas como la persecución que vivieron los defensores de derechos humanos desde 1978 a 1982 por culpa del Estatuto de Seguridad, en donde le entrega a los militares las llaves del país. El aporte de Alirio Uribe fue fundamental para recopilar los primeros datos sobre la creación de los grupos paramilitares en el Magdalena Medio y, también, sobre la penetración de estos grupos en organismos de seguridad del Estado como el DAS. Bumangués, nacido en 1960, le interesa Barrancabermeja. En los años ochenta viaja con frecuencia al puerto petrolero. Le interesa mucho el movimiento social allá. La capacidad que se tenía era impresionante. A los políticos les interesaba la gente, si llegaban de otras partes del Magdalena personas en condición de desplazamiento y se instalaban en un terreno baldío era inmediata la capacidad para ponerle servicios públicos a la gente. Una de las razones de visitar Barranca era atender los continuos atropellos que sufrían líderes barriales, gente de los sindicatos de Ecopetrol. A medida que pasa el tiempo las agresiones por parte de agentes del Estado contra el movimiento social se recrudecen. Arrecian las masacres, los asesinatos selectivos. El 16 de mayo de 1998 ocurriría la peor de todas. En una tarde de sábado los paramilitares entraron al barrio El Campín y durante tres horas -sin que interviniera la Fuerza Pública- asesinaron a veinticinco personas. El centro de operaciones de Alirio Uribe pasa a ser Bogotá. Con el colectivo José Alvear ayuda a senadores como Gustavo Petro a recoger pruebas que evidenciaran la infiltración de los paramilitares en la clase política tradicional de departamentos como Córdoba o Sucre. Desde el colectivo Alirio empieza a ganar renombre ya que se involucra en procesos como el asesinato de Jaime Garzón, instigado por José Miguel Narváez, quien fue nombrado por Álvaro Uribe subdirector del DAS, defiende a la familia del profesor universitario Alfredo Correa de Andreis, asesinado en plena calle en Barranquilla al lado de su escolta en el año 2002, en este hecho estaba implicado otro de los consentidos de Uribe, Jorge Noguera, director del DAS y un hombre defendido pública y enconadamente por el entonces presidente, Alirio ayudó a esclarecer el crimen del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado por orden de Carlos Castaño y quien habría contado con el apoyo de la cúpula militar. Todos estos casos fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el caso de las Chuzadas lo enfrentó directamente con Álvaro Uribe. Este gobierno, quien veía subversivos hasta debajo de las piedras, se ensañó con uno de sus abogados, Reinaldo Villalba, quien en la actualidad es el hombre que representa a Iván Cepeda en el juicio que se le sigue al expresidente por manipulación de testigos. Villalba tenía sus comunicaciones interceptadas por orden de María del Pilar Hurtado, quien sería la mujer que reemplazaría a Jorge Noguera en la dirección del DAS y al secretario de presidencia de Uribe, Bernardo Moreno. El colectivo encontró además un seguimiento exhaustivo a Villalba y al propio Alirio Uribe evidenciado en fotos saliendo de sus casas, recogiendo a sus hijos al colegio. El gobierno les seguía sus pasos. Moreno y Hurtado, como Jorge Noguera y Narváez, fueron condenados gracias a la labor del colectivo de abogados José Alvear. En el año 2011 Alirio Uribe le pidió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia compulsar copias para investigar al expresidente por la infiltración de los paramilitares en el DAS. Lo implicaron directamente como coautor de las chuzadas. El jurista fue mucho más allá: “El asesinato de la periodista Zully Codina y del sociólogo Alfredo Correa Andreis ocurrieron en el marco de ataques y señalamientos a periodistas opositores y defensores de derechos humanos por parte del mandatario”. El DAS necesitaba encontrar pruebas para demostrar el CAJAR pertenecía a las FARC o a otra guerrilla. Los militares, aupados por Álvaro Uribe, llamaron al CAJAR  “brazo jurídico de la subversión”. Las acciones de Alirio Uribe y el Cajar despertarían a un poderoso enemigo. El expresidente, de rencores largos, empezó a defenestrar al colectivo desde sus redes sociales. En trinos llamaba al CAJAR “Colectivo de abogados de las FARC”. Después de hacerle una visita en la cárcel a Maria del Pilar Hurtado, Uribe acusó al CAJAR de robarle un computador a la ex directora del DAS. Tal vez el primer ataque que recibió el CAJAR por parte de Uribe fue el 8 de septiembre del 2003, cuando apenas tenía un año como presidente. Sus palabras fueron las siguientes durante la transmisión de mando del Comandante de la Fuerza Aérea: colectivos de abogados, bajo uno y otro nombre, voceros del terrorismo”. En esos años se desarrolló una campaña de desprestigio contra el colectivo de abogados, se llamaba Operación Transmilenio, que consistía en en realizar seguimientos ilegales, tortura psicológica, amenazas e intimidaciones a integrantes del Cajar y sus familias, con el objetivo de “neutralizar” su labor, como quedó consignado en documentos del DAS que hacen parte del proceso judicial por estos hechos. Alirio, quien renunció al CAJAR en el 2013 para ser congresista, y estar al frente del Polo y luego meterse de lleno en la candidatura presidencial de Gustavo Petro que terminaría en victoria, sigue teniendo en Álvaro Uribe a un enemigo de cuidado. El país jamás olvidará que fue uno de los pocos que decidió ponerle una barrera cuando el país lo adoraba como si fuera un ídolo. Sin él la democracia Colombia hubiera quedado aún más mutilada después de los ocho años de Seguridad Democrática.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Informador El 21 de mayo, Colombia se unió en conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad, un día que marca la abolición de la esclavitud para las personas negras afrocolombianas, raizales y palenqueras desde el año 1851. Esta fecha, reconocida por el Congreso de la República mediante la ley 725 de 2001, no solo celebra la libertad, sino que también honra la diversidad étnica y cultural del país. La afrocolombianidad representa una parte fundamental del tejido social colombiano. Con una población que supera los 4.6 millones de personas, aproximadamente el 10% de la población total del país, su influencia y legado se extienden a lo largo y ancho del territorio nacional, especialmente en regiones como el Pacífico, Atlántico, Antioquia y Risaralda. La importancia de este día va más allá de la mera conmemoración histórica. Es una oportunidad para reflexionar sobre el pasado, reconocer las injusticias sufridas durante más de 400 años de esclavitud y reivindicar el papel crucial que desempeñan las comunidades afrodescendientes en la construcción de la identidad colombiana. En el marco de esta conmemoración, el Gobierno Nacional dio un paso significativo hacia la justicia social y la equidad. A través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras, se formalizó la titulación colectiva de más de 3.173 hectáreas de tierra a comunidades negras en siete departamentos del país. Esta ceremonia de titulación representa un hito en la lucha por los derechos de las comunidades afrocolombianas, beneficiando a más de 1.046 familias de 19 consejos comunitarios. La Ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, enfatizó la importancia de este logro como un paso hacia la reparación histórica y el reconocimiento de la contribución de las comunidades afrodescendientes a la sociedad colombiana. Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, destacó el compromiso del gobierno en ampliar los territorios de comunidades negras, reivindicando su derecho ancestral a la tierra y su legado cultural. Las áreas tituladas beneficiaron a habitantes de La Guajira, Córdoba, Putumayo, Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca y Guaviare, fortaleciendo así la presencia y el arraigo de las comunidades afrocolombianas en sus territorios ancestrales.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Congreso visible Miguel Uribe Turbay ha sido uno de los críticos más duros que ha tenido este gobierno. Su cercanía ideológica con Álvaro Uribe es innegable. Pasó de ser un turbayista pura sangre a un uribista incondicional. Su madre, Diana Turbay, fue una de las mártires de Pablo Escobar y uno de los símbolos de la libertad de prensa. Sin embargo, a 46 años del inicio de su gobierno, el legado de su abuelo como presidente es al menos cuestionable. Con la distancia de los años se le pueden criticar decisiones que derivaron en abusos. Uno de ellos fue el estatuto de seguridad. En los años en los que estuvo mandando, que fueron entre 1978 y 1982, ser líder estudiantil se convirtió en Colombia en un trabajo de alto riesgo. Al igual que ser sindicalista, asistir a marchas, ejercer la democracia. Todo por el Estatuto de Seguridad. Los menores de cuarenta años no lo deben recordar demasiado, así que acá les contaremos qué es. En 1977 se realizó un paro nacional de proporciones monumentales. Entre el 14 y 15 de septiembre las calles se llenaron de gente, un estallido popular que no se veía desde el 9 de abril de 1948 cuando la gente salió a pedir venganza por la muerte de Gaitán. En ese momento López Michelsen era el presidente y se considera que su decisión de recortar el gasto público, una medida completamente neoliberal, hizo estallar la indignación. Antes del gran paro los diversos sindicatos del país realizaron 100 huelgas. El entonces ministro de gobierno, Rafael Pardo Buelvas, empezó a usar términos como “subversivos” para descalificar la protesta lo que endureció aún más el movimiento popular. En Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga se cerraron calles, se hicieron barricadas, la gente se defendió mientras exigía un aumento salarial del 50%, Congelación de tarifas de artículos de primera necesidad y de tarifas de servicios públicos, suspensión del estado de sitio y respeto de las libertades, derogación del Estatuto docente, financiación y desmilitarización de las universidades, abolición de la reforma administrativa, entrega de tierras a los campesinos por el INCORA, jornada de trabajo de 8 horas y salario básico para transportadores, suspensión de decretos de reorganización del ICSS. El gobierno de López adoptó una figura que se venía manejando en los años del Frente Nacional y fue el Estado de Excepción. Esto, según la Comisión de la Verdad consistía en “Bajo su normatividad, las garantías y libertades constitucionales quedaban suspendidas mientras la autoridad reestablecía la normalidad y el orden público, generalmente perturbados por manifestaciones de inconformidad social de trabajadores, sindicalistas, campesinos, indígenas y estudiantes en diferentes regiones”. Así el ejército actuó a sus anchas. El saldo no pude ser más trágico: 33 personas perdieron la vida, hubo 3.000 heridos y se capturó a tanta gente que se tuvo que usar en Bogotá la Plaza de Toros de la Santamaría y el propio estadio El Campín para retenerlos. Un mes después de que asume Julio César Turbay la presidencia, el 6 de septiembre de 1978, se expide el Decreto 1923 que terminaría tomando el nombre de Estatuto de Seguridad. Para la Comisión de la Verdad esta medida “se constituyó en la expresión máxima del estado de sitio. En los ejercicios de memoria y búsqueda de la verdad realizados por la Comisión en las diferentes regiones durante el último año, el Estatuto de Seguridad y su aplicación sobresale como un momento de desconcierto, dolor y zozobra dentro de los sectores sociales organizados y comprometidos con el avance social”. Este Estatuto generó allanamientos de domicilio sin orden judicial, detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada, vimos como los militares se atrevían a hacerles juicios a civiles, Hubo magistrados de la Corte que demandaron y se enfrentaron con fiereza ante, lo que Gustavo Gallón llamo en su momento, una “dictadura constitucional”. Es que además del poder que se les entregaba a los militares había que sopesar la creación de nuevos delitos, el aumento de penas, la imposición de la censura. Hubo dos hechos que servirían al gobierno para aumentar su pie de fuerza. El asesinato de Rafael Pardo Buelvas, el ex ministro de gobierno de López Michelsen y el robo de cinco mil armas por parte del grupo guerrillero M-19 al Cantón Norte. Uno de los primeros jóvenes que cayó fue el reconocido actor de teatro y televisión Carlos Duplat quien fue llevado a las famosas caballerizas de Usaquén y fue torturado durante horas. Así también fue detenida y torturada la actual jefe de negociación del gobierno con el ELN, Vera Grabe, la famosa pianistas Teresita Gómez, sacerdotes jesuitas valientes como Jorge Arango y Luis Alberto Restrepo, además del famoso poeta de izquierda Luis Vidales, que todo el mundo debería conocer porque uno de sus versos está plasmado en el billete de 100 mil  y hasta el hoy presidente, Gustavo Petro. Todos los que alcanzaron a sobrevivir a violaciones, ultrajes, tortura con aparatos eléctricos, métodos copiados de la vileza de la dictadura argentina, concuerdan en que estas caballerizas estaban completamente llenas. Hubo periodistas valientes como Guillermo Cano que hicieron encendidas críticas desde la editorial de El Espectador para frenar la babarie, por primera vez Amnistía Internacional visitó el país. La situación que se vivía en Colombia tuvo ribetes internacional cuando, en 1981, el escritor Gabriel García Márquez tuvo que empacar e irse exiliado porque le revelaron un plan para matarlo, supuestamente por ser parte de una de las guerrillas. Él simplemente participaba del comité editorial de la Revista Alternativa, un medio de izquierda, que, por supuesto, no toleraba a Turbay. Las críticas no sólo estuvieron a cargo de la prensa. El político liberal Darío Echandía salió del ostracismo a denunciar El dictador de este país es el general Luis Carlos Camacho Leyva”, comandante del ejército, quien actuaba como “el dueño del gobierno y el mentor de la política dura”. La sociedad civil se fortaleció. Según el informe de la Comisión de la Verdad “Nació el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) creado después del primer Foro Nacional por los Derechos Humanos y las Libertades Democráticas, organizado en Bogotá en 1979, como respuesta al Estatuto de Seguridad y encabezado por el excanciller Alfredo Vázquez Carrizosa, prestigioso internacionalista y diplomático”. Turbay, lejos de ser juzgado por estos hechos, fue nombrado embajador después de terminar su periodo presidencial en el Vaticano. La imagen de Turbay fue revitalizada unos años después por Álvaro Uribe Vélez en su primer gobierno. Bautizó el Centro de Convenciones de Cartagena con su nombre. La cercanía de Uribe, quien es un tipo agradecido, con Miguel Turbay, el cariño que se profesan, tiene que ver con la memoria del abuelo del senador. Una memoria que, sólo por la implementación del Estatuto de Seguridad, debería revisarse.

Por: Oficina Pares Pacífico El sábado 10 de febrero del 2024 el país quedó atónito ante las imágenes: a Tuluá, corazón del Valle del Cauca, se lo había tomado una banda delincuencial, La Inmaculada. La detención de Mauricio Marín, mejor conocido como Nacho, había desencadenado el caos. Esto era apenas el síntoma de una situación que Tuluá vive desde el 2021. Es tal el descontrol que no existen ni siquiera elementos para establecer datos que podrían servir para dimensionar el panorama: no se pueden conocer ni siquiera, con fiabilidad, cuántos homicidios ocurren al mes. Con los pocos elementos que hay si se puede afirmar que la extorsión, como en el resto del país, va en alza. Tuluá es el tercer municipio, detrás de Cali y Buenaventura, con mayores casos de extorsiones.  Los homicidios, las amenazas, y las desapariciones también están a la orden del día. Al terror no se escapa el alcalde de la ciudad quien ha sido amenazado por La Inmaculada, además del acoso sistemático que sufren funcionarios de la secretaría de tránsito. Incluso algunos han sido asesinados. La situación se complica aun más por las disputas entre “La Inmaculada” o también conocida como “La Oficina de Tuluá” con otras bandas urbanas como “Los de la Cruz”. ­ Mientras en la ciudad llueve en el área rural no escampa. Las disidencias de las extintas FARC, además de la avanzada del Frente 57, generan terror entre la población. La Defensoría del Pueblo le ha puesto el ojo a la situación y ha hecho énfasis en los riesgos que está corriendo Tuluá. Desde la oficina Pares Pacífico se lanza este informe, una radiografía descarnada sobre una ciudad sumida en la anarquía por culpa de los violentos. Este informe  no se queda en la mera descripción del horror, también, al final, da unas claves para salir por fin del fango. Este es el informe:

Por: Katerin Erazo, Periodista El calendario avanza inexorablemente, marcando el límite temporal para una serie de reformas fundamentales que han sido el centro de intensos debates y controversias en Colombia. Con menos de cuarenta días restantes para el cierre de la segunda legislatura del Congreso, la presión sobre los hombros de los legisladores y el Gobierno del presidente Gustavo Petro se hace cada vez más palpable. En el escenario político colombiano, la urgencia de aprobar reformas significativas se hace evidente. La transformación del sistema de pensiones y las mejoras en las condiciones laborales son imperativos que demandan atención inmediata. Sin embargo, el camino hacia la aprobación de estas reformas está plagado de obstáculos y desafíos que amenazan con retrasar su avance. La reforma pensional, en particular, ha sido objeto de un intenso escrutinio y debate en el Congreso. Esta iniciativa, impulsada por el presidente Petro, busca revolucionar el sistema de pensiones en Colombia, garantizando un acceso equitativo y digno a la jubilación para todos los ciudadanos. Sin embargo, las diferencias ideológicas y políticas han generado divisiones y obstáculos en el proceso legislativo. Uno de los puntos más controvertidos de la reforma pensional es el umbral de cotización a Colpensiones. El presidente Petro ha propuesto elevar este umbral a cuatro salarios mínimos, argumentando que esto garantizará una mayor protección para los trabajadores y una distribución más equitativa de los recursos del sistema de pensiones. Sin embargo, esta propuesta ha generado preocupaciones entre los analistas y legisladores, quienes temen que pueda generar una carga fiscal insostenible para el Estado a largo plazo. Además, la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema pensional ha sido objeto de debate y controversia. Mientras que algunos defienden la necesidad de implementar los cambios de manera inmediata para garantizar una transición fluida, otros argumentan que se necesita más tiempo para preparar adecuadamente a las instituciones y los ciudadanos para los cambios propuestos. En medio de estas tensiones, los representantes designados han comenzado a trabajar en la redacción de la ponencia, buscando consensos y abordando los puntos de discordia. Se han llevado a cabo audiencias públicas y consultas con expertos para recabar opiniones y sugerencias sobre el proyecto de reforma. Sin embargo, el tiempo apremia. Con menos de cuarenta días restantes para el cierre de la segunda legislatura, el reloj está en marcha para el Congreso de la República de Colombia. La pregunta que queda en el aire es si los legisladores podrán superar las divisiones y los obstáculos políticos para aprobar las reformas necesarias para el país. En última instancia, el destino de la reforma pensional en Colombia está en manos de los líderes políticos y los representantes del pueblo. El pueblo colombiano espera con ansias una decisión que garantice un futuro más seguro y próspero para todos. La cuenta regresiva ha comenzado, y el tiempo corre. A medida que nos acercamos al final de la segunda legislatura, la urgencia de tomar medidas concretas se hace más evidente. El impacto de no aprobar estas reformas podría ser devastador para la economía y el bienestar social del país. Es imperativo que los líderes políticos pongan de lado sus diferencias y trabajen juntos en pro del interés común. En este sentido, es importante destacar el papel crucial que juega la sociedad civil en este proceso. La presión y el escrutinio público son herramientas poderosas que pueden influir en las decisiones de los legisladores y el Gobierno. Es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados y participen activamente en el debate público sobre estas reformas. El reloj está en marcha para el Congreso de la República de Colombia. Con menos de cuarenta días restantes para el cierre de la segunda legislatura, la presión sobre los legisladores y el Gobierno del presidente Gustavo Petro es palpable. La reforma pensional, en particular, enfrenta desafíos significativos que deben ser superados para garantizar un futuro más seguro y próspero para todos los colombianos.

Por: NASHRY ZAHGUI IBN MUCKTAFI Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia “En la entrada del camino de la ciénaga se había puesto un anuncio que decía Macondo y otro mas grande que decía Dios existe. En todas las casas se habían escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos”, se narra en Cien Años de Soledad; pero las claves se las están llevando, entre politiqueros y promesas incumplidas; y la memoria se esta acabando, solo están quedando sentimientos de pobreza y desesperación en la Macondo real, Aracataca Magdalena, en donde la soledad ya completa mucho mas de cien años. Se pensaría que Aracataca con su fama, en estos tiempos, sería una población próspera y abundante, con calidad inigualable en el arte y las letras, haciendo dignidad a Gabo, y que por supuesto, el acueducto, del cual tanto insistió en vida nuestro Nobel, ya estaría funcionando a las mil maravillas. Pero no deja todo esto estar mas alejado de la realidad, por que parece que Aracataca nunca encontró desarrollo y vida digna, ni con los inventos de los gitanos de Melquiades. Bajo los 36 grados de calor que oscilan en un territorio de 1755 km2 y una población de 42.930 habitantes, trata de sobrevivir una comunidad olvidada, en donde se ve pasar el desarrollo del carbon por la carrilera, pero que solo pasa. No se queda. Aunque el nombre de Aracataca es conocido mundialmente, por historias, letras y un nobel; poco se sabe de que también es la cuna del talentoso fotógrafo y caricaturista Leo Matiz; de quien poco o nada se conoce allí, pero se codeo con figuras del mundo artístico internacional como Rivera y Frida en México. Este municipio que pare artes y cultura, tiene actualmente deficiencias en atención en salud, con un Centro de Salud con no muy buenas condiciones; problemas con la cobertura de servicios de agua y luz, no hay un sistema de alcantarillado para todo el municipio (pero si ha habido inversiones) y,   en medio de una crisis de altas tarifas y muchas averías en la infraestructura eléctrica, ademas con una sola empresa prestadora, Electrecaribe; Aracataca no cuenta con espacios de recepción de residuos sólidos, la calidad en la educación, irónicamente y como cuento macondiano, no es la mejor; y sin contar los conflictos entre agroindustrias y campesinos por problemas ambientales, y el hecho de que Aracataca ha estado en medio de combates entre las Autodefensas Gaitanistas y las Autodefensas Conquistadoras; hacen un panorama desolador. Pero el cuento no termina allí, y el Macondo, que por si se creía, era parte del realismo mágico del Nobel, es una especie arbórea de la familia de Malvacea, de una madera blanda, que puede alcanzar los 30 metros de altura y hasta dos diámetros de anchura en su tronco. Tiene una flor amarilla rojiza hermosa, que se convierte en su semilla; pero lo realmente hermoso y nostálgico es que cuando caen sus embarazadas flores al suelo, anuncian la llegada de la lluvia. Y Aracataca se esta quedando sin quién anuncie que viene el agua, ahora lo que está anunciando, es el olvido de Aracataca. Según la organización Cultural Casa Matiz, actualmente quedan alrededor de 89 árboles de Macondo en zona rural hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, pero ojo a esto, en Aracataca, solo quedan 3 árboles adultos y 7 jóvenes, así es, como cuento del realismo mágico, la Aracataca de Gabriel Garcia Marques se esta quedando sin sus Macondos. Y lo único que anuncian 3 viejos y 7 jóvenes son el olvido de un territorio que se nombra en el mundo, y que orgullosamente lleva en sus hombros figuras como Matiz y Garcia Marquez. Casa Matiz se ha convertido en una apuesta de jóvenes que creen que, desde la recuperación de la cultura y las tradiciones de Aracataca, se puede traer miradas, visiones, proyectos e inversión para el pueblo. Están desarrollando un proyecto de regeneración asistida de árboles de Macondo y esperan reforestar para no olvidar. PARES en medio de la apertura del Centro del Pensamiento para la Transición Energética, Gobernanza y Paz, Oficina Caribe; recibió un pequeño Macondo. Gran responsabilidad tener este árbol, pero cada institución en Colombia, que tenga en sus manos inversión, políticas, planes y programas, deberían recibir un pequeño Macondo; para que reconozcan esta responsabilidad, una pequeña vida que se convierte en la esperanza de un pueblo, de continuar un cuento, de tener vidas dignas en un territorio. Aracataca debe ser de nuevo mirada, no con los ojos de una víctima del tiempo, ni con la amargura de pueblo olvidado que se quedo en reconocimientos, si no como un territorio lleno de cultura, jóvenes y organizaciones que trabajan sin voces. “En la entrada del camino de la ciénaga se había puesto un anuncio que decía Macondo y otro más grande en la calle que decía Dios existe. En todas las casas se habían escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos”. Se narra en Cien Años de Soledad.  Que no olvidemos los sentimientos de orgullo por Aracataca, que memoricemos, en el marco de la conmemoración de los diez años de la muerte del Nobel, sus deseos por un final feliz en este cuento de Macondo, un final feliz para Aracataca.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un ambiente cargado de expectativas y tensiones, este lunes dio inicio en Caracas la esperada reunión extraordinaria entre las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este encuentro, proyectado hasta el próximo sábado 25 de mayo, marca un hito en la búsqueda de soluciones pacíficas en un conflicto que ha marcado a Venezuela y a la región durante décadas. El propósito de esta reunión, según lo expresado en un comunicado previo emitido por ambas partes, es recibir el informe ejecutivo del Modelo de Participación, Plan Nacional de Participación y Recomendaciones. Se espera que este sea el primer paso hacia la firma del acuerdo sobre el primer punto de la agenda de diálogos, que se refiere específicamente a la participación de diversos sectores en el proceso de paz. Sin embargo, a pesar de la voluntad declarada por ambas partes, el ambiente en la mesa de diálogo se mantiene tenso, principalmente debido a los recientes diálogos que el Gobierno ha llevado a cabo con Comuneros del Sur, un frente que se separó del ELN y opera en Nariño. Esta situación ya ha provocado el aplazamiento del séptimo ciclo de negociaciones, inicialmente programado para el 12 de abril. La reactivación por parte del ELN de los secuestros de tipo extorsivo también ha generado preocupación y ha añadido complejidad al proceso. Aunque la guerrilla justificó esta medida por un supuesto incumplimiento del Gobierno en la creación de un fondo multidonante para el proceso de paz, las autoridades han dejado claro que no se destinarán recursos a esta organización mientras mantenga las armas. Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), destacó la importancia de la reunión programada del 20 al 25 de este mes. Este encuentro, en primer lugar, sirve como espacio para ratificar los acuerdos previamente alcanzados por el Comité Nacional de Participación, siendo el primero de los puntos establecidos en los Acuerdos de México. Marín explicó que este comité es crucial, ya que representa el primer foro en el que están presentes delegados de diversas organizaciones sociales a nivel nacional, así como representantes del ELN. Asimismo, señaló que han estado llevando a cabo encuentros a nivel local y regional, y a través de esta secretaría técnica han logrado elaborar el documento del Comité Nacional de Participación, el cual fue publicado recientemente. Marín también resaltó la importancia de la reunión que se lleva a cabo en Caracas, Venezuela. Además de servir como momento para ratificar acuerdos, se espera que sea una oportunidad para abordar las crisis recientes, especialmente relacionadas con el tema del secuestro. La decisión del ELN de retomar esta práctica con fines extorsivos, así como la fractura ocurrida con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, son temas de gran relevancia. Se espera que este encuentro sea un escenario propicio para retomar las discusiones sobre el tratamiento de las comunicaciones entre las delegaciones del ELN y el gobierno. A pesar de estos desafíos, delegados del Gobierno, representantes de los países garantes, acompañantes y delegados de la Misión de Verificación de la ONU se han reunido este fin de semana en Caracas con la esperanza de alcanzar un acuerdo histórico. El senador Iván Cepeda, delegado del Gobierno ante la mesa de diálogo, ha reiterado el compromiso de su país con el proceso de paz. "Aspiramos a que el próximo 25 de mayo por primera vez se pueda firmar un punto de la agenda con el ELN", afirmó Cepeda en declaraciones al medio de comunicación W Radio. En el corazón de esta negociación se encuentra el papel de la sociedad civil, cuya participación activa será fundamental para construir un futuro de paz duradera en la región. Con el acuerdo que se espera firmar, se abrirá formalmente la puerta a la participación de la sociedad civil en el proceso hasta mayo de 2025. A partir de los aportes de los participantes, se elaborará un plan de transformaciones que aborde los cambios necesarios para superar el conflicto armado. A medida que se desarrollen los próximos días de negociaciones en Caracas, la mirada de la comunidad internacional estará puesta en el avance de este histórico encuentro, que podría marcar el inicio de una nueva era de paz y reconciliación.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El 28 de mayo de 1984 —hace cuarenta años—, se firmó en el municipio de La Uribe, departamento del Meta, el primer acuerdo de paz con los grupos insurgentes colombianos. Este fue un pacto político de cese al fuego y de hostilidades, firmado entre la Comisión de Paz asesora del Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-ep). Aunque el alcance de este primer tratado de paz dista, millones de años luz, de lo que sería el Acuerdo Final firmado con la misma agrupación tres décadas después en 2016; este representa, en la historia de los procesos de paz, un hito fundacional de las negociaciones política entre el Gobierno y los grupos armados insurgentes en Colombia. La importancia del Acuerdo de La Uribe, que se estructuró en 10 puntos y ocupó una cuantas páginas —redactadas a máquina por la periodista Margarita Vidal, una de las miembros de la  Comisión de Paz de Belisario Betancur (ver imagen 1)—, se puede resumir en tres grandes componentes. Imagen 1. Fuente: tomada de El Espectador. (2012). Instantes de paz. El primero fue la promesa que hubo entre las partes de ejecutar labores luego de la firma. Por un lado, las Farc-ep se comprometieron con el Gobierno y el país a iniciar “a partir del 28 de mayo de 1984 a las 00:00 horas” un cese al fuego. Igualmente, parar los “demás operativos militares a todos sus frentes en el país” (punto 1 del Acuerdo). También, en el punto 2, las Farc-ep se comprometieron a acabar con las prácticas terroristas, a “condenar y desautorizar nuevamente el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas” y a avanzar para que no se den acciones que atenten “contra la libertad y la dignidad humana”. Por el otro, el Gobierno se comprometió a gestionar varias reformas de carácter político, económico, agrario y social; a ampliar la cobertura de derechos básicos de los colombianos; y a esclarecer los casos de desaparición forzada (punto 8 del Acuerdo). Todas ellas acciones que, según el gobierno Betancur, eran necesarias para ayudar a la solución de las causas objetivas del conflicto. El segundo componente fue la promesa del Estado a la guerrilla de poder participar en política. En el Acuerdo se estableció que los integrantes de las Farc-ep podrían “organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión” y, además, que el Gobierno les otorgaría “de acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes”. Promesa que se materializó unos meses después con la conformación de la Unión Patriótica (UP) y que permitió la participación en política de varios miembros de las Farc-ep. Una organización legal que durante varios años logró competir con relativo éxito por los puestos de elección popular, como las alcaldías, concejos municipales, asambleas departamentales, el Senado y Cámara y la Presidencia de la República. Finalmente, el tercer asunto importante fue avanzar, por primera vez, en la creación, desde el inicio de la firma del Acuerdo, una organización que se encargaría de verificar que todas las disposiciones establecidas en él se cumplieran. Estructura organizativa que quedó indicada en el punto cuarto con la Comisión Nacional de Verificación. Está, según comunicación presidencial del 27 de septiembre de 1984, se creó dos días después de la firma del Acuerdo y estuvo compuesta por 43 miembros y ampliada posteriormente con diez miembros más. Funcionó en Bogotá, pero dada la complejidad de las tareas, se les permitió el traslado a algunos sitios del país. Además, tuvo a cargo varias subcomisiones de verificación, en lugares estratégicos y con presencia de las Farc-ep, como en Florencia, Caquetá; Vista Hermosa, Meta; Barrancabermeja, Santander; Saravena, Arauca; Santa Marta, Magdalena; Medellín, Antioquia; Neiva, Huila; Orito, Putumayo; y Cali, Valle (punto 5 del Acuerdo). En conclusión, el Acuerdo de La Uribe —a pesar de no contar con un reglamento de cómo, cuándo y dónde negociar, y de que solo se realizaron dos reuniones para su construcción— se estructuró con los componentes necesarios para todo pacto de paz (ver imagen 2). En él se fijaron tareas para todas las partes, se asumieron los compromisos sustantivos que apuntaban a generar las transformaciones que se consideraban esenciales para la terminación del conflicto y, finalmente, se pensó en una estructura organizativa que debe velar por su cumplimiento de lo pactado. Imagen 2. Fuente: tomada de El Espectador (2012). De allí, que este acuerdo de paz se haya convertido en el abuelo de los tratados de paz con la insurgencia colombiana. De él se desprendieron el firmado con el M-19 el 24 de agosto en Corinto, Cauca, y en El Hobo, Huila; con el Ejército Popular de Liberación (EPL) el 24 de agosto en Medellín; y con la Autodefensa Obrera (ADO) el 30 de agosto en Bogotá. Además, consiguió convertirse en el faro para la elaboración de otros acuerdos de paz. * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Centro de Pensamiento - Oficina Caribe Fuente: CVC. Situación actual y proyecciones del sistema regional eléctrico regional. Cali, Corporación Autónoma Regional del cauca 1983. La central hidroeléctrica de Bajo Anchicayá está ubicada en el suroccidente del departamento del Valle del Cauca, entre los municipios de Buenaventura y Dagua, a 95 km al oeste de Cali y a 2 km de la población de El Danubio. Esta central inició operaciones en 1955 y se encuentra en el Cañón del río Anchicayá. Desde su construcción, la central hidroeléctrica de Bajo Anchicayá ha enfrentado diversos conflictos con las comunidades locales, principalmente debido a la gestión inadecuada del embalse y la falta de mantenimiento de las máquinas para la remoción de sedimentos. En 2001, la acumulación de sedimentos putrefactos en el embalse llevó a la apertura de las compuertas, provocando una avalancha de lodo que devastó el río Anchicayá aguas abajo.[1] Esto resultó en la destrucción de la flora y fauna acuática, afectó gravemente los cultivos y eliminó la principal ruta de navegación de la comunidad, además de causar enfermedades en las mujeres que trabajaban con la piangua. Tras la destrucción medioambiental, la autoridad medioambiental estatal, la Corporación Autónoma del Valle (CVC), declaró estar impedida para investigar al ser accionista de la empresa de energía. Por ello, el caso se trasladó al Ministerio de Medio Ambiente que, tras verificar los daños, impuso a EPSA una multa de 200 millones de dólares, así como la obligación de duplicar el número de especies de acuáticas y proporcionar alimentos diarios a la población afectada. La comunidad no se conformó con estas sanciones e inició una batalla judicial para obtener una mayor compensación monetaria. En 2009 hubo dos fallos, el primero ante el Tribunal Administrativo Primero de Buenaventura el 20 de mayo, después pasó a segunda instancia ante el Tribunal Administrativo del valle quien fallo a su favor el 7 de septiembre. [2] En ese mismo año, Unión Fenosa condenada a pagar 169 mil millones de pesos, vendieron los derechos al sindicato antioqueño y dejaron en reserva la plata para pagar esa indemnización. Pero las acciones del sindicato fue impugnar el fallo en lugar de acatarlo, aun cuando se contaba con el dinero. Luego la Corte Constitucional lo tomó para revisión eventual, echando para atrás los 10 años de lucha judicial de las comunidades, y pasó mucho tiempo hasta que se declaró la nulidad del proceso con la sentencia T – 274 de 2012 [2]. En la sentencia, le ordenan al Tribunal Administrativo del Valle que vuelva a realizar las pruebas, pero esta vez a una "organización con formación técnica y científica para establecer los daños y la cuantía de los mismos". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió un capítulo para investigar el asunto, el fallo se considera una decisión perversa que omite muchos de los aspectos clave de la primera y segunda instancia. Cabe señalar que la maquinaria de mantenimiento de la planta no se ha vuelto a poner en marcha desde 2001. En 2021 había más sedimentos de los que se vaciaron hace 20 años y la central colmada de sedimentos. La preocupación de las comunidades es que haya una dilación en el cumplimiento de la sentencia y se pueda repetir la historia. [1] En palabras de Benjamín Mosquera asesor del Consejo Comunitario Mayor del río Anchicayá “Durante estos veinte años la comunidad ha estado movilizada por el país, en Cali, en Buenaventura, en Bogotá, haciendo marchas, denuncias. La plata es importante, pero lo que nos ha movido más es la defensa de los recursos naturales y el derecho a la vida de la gente y la comunidad, que ha sido vulnerado”.[1] Los conflictos no se han limitados a ser de carácter social, ambiental y cultural, en el tiempo transcurrido desde que la comunidad interpuso la demanda hasta el día de hoy, se ha producido la masacre de Zabaletas, la ocupación de la central hidroeléctrica por parte de la guerrilla, la ruptura de las relaciones entre la comunidad y la empresa por exigir el cumplimiento de los fallos, además de existir  amenazas y propuestas de sobornos a líderes de la comunidad, también existen casos de desplazamiento como consecuencia de las amenazas de los grupos ilegales. Incluso el abogado que lleva el caso Germán Ospina ha sufrido extorsiones y tuvo que abandonar Buenaventura. [1] En febrero del 2024 la Corte Constitucional dejó en firme una condena contra varias entidades públicas por el daño ocasionado a las comunidades aledañas al Río Anchicayá, en el año 2001. Esta condena cobija a la Empresa de Energía del Pacífico, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y al Ministerio de Ambiente por el daño causado por el vertimiento de sedimentos al río durante las labores de mantenimiento realizadas a la hidroeléctrica del bajo Anchicayá. [3] La central hidroeléctrica tiene una capacidad instalada de 74 MW. Utiliza un caudal de 104 m³/s del río Anchicayá y del río Dagua, abarcando una superficie de 241 km² con un caudal medio de 9,8 m³/s y un área de drenaje de 777 km². El embalse tiene una capacidad total de 5 Mm³ y una capacidad útil de 3 Mm³, con una longitud de 2,5 km. La presa, construida con concreto macizo tipo arco de gravedad, tiene una altura de 60 metros y una longitud de estribos de 206,5 metros. La casa de máquinas está equipada con cuatro turbinas tipo Francis, dos de 17 MW y dos de 28 MW. Según XM, operador del sistema de interconexión nacional (SIN) y administrador del mercado eléctrico mayorista colombiano, las empresas hidroeléctricas suministran 11.834,57 megavatios (MW).[5] Esto corresponde al 68% de la oferta energética del país, que proviene de centrales hidroeléctricas como la de Bajo Anchicayá. Estas cifras demuestran la dependencia de energía hidroeléctrica en Colombia. No sólo es una de las formas más limpias de generación de energía en el mundo, representando para el gobierno la alternativa más viable para la generación de energía renovable en Colombia debido a larga vida, sino que también es una importante perspectiva para el futuro, ya que alrededor del 80% del potencial hidroeléctrico del país aún no se ha explotado. Desde la Pares oficina caribe, pensamos que es crucial implementar y seguir estrictos planes de manejo ambiental desde el inicio del proyecto e incluir a las comunidades locales en el proceso de planificación y operación de estos proyectos de energías renovables, lo que permitirá mitigar los conflictos y asegurar que los derechos los habitantes y sus medios de vida sean respetados. REFERENCIAS [1]       Colombia +20, “La historia de cómo una hidroeléctrica acabó con el río Anchicayá, en Buenaventura,” El Espectador. Accessed: Mar. 31, 2024. [Online]. Available: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/la-historia-de-como-una-hidroelectrica-acabo-con-el-rio-anchicaya-en-buenaventura/ [2]       A. Marín Correa, “Río Anchicayá, a empezar de cero,” El Espectador, Dec. 23, 2012. Accessed: Apr. 01, 2024. [Online]. Available: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/rio-anchicaya-a-empezar-de-cero-article-376966/ [3]       M. C. Idrobo Munevar, “Confirman condena a varias entidades públicas por daños al río Anchicayá,” RTVC Sistema de Medios Públicos. Accessed: Mar. 31, 2024. [Online]. Available: https://www.radionacional.co/actualidad/medio-ambiente/confirman-condena-por-dano-al-rio-anchicaya [4]       “PIS - Central Hidroeléctrica Bajo Anchicayá,” ANLA. Accessed: Mar. 31, 2024. [Online]. Available: https://www.anla.gov.co/proyectos-de-interes-en-seguimiento/pis-central-hidroelectrica-bajo-anchicaya#:~:text=Capta%20un%20caudal%20de%20104%20m3%2Fs%20del%20r%C3%ADo,energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica%20a%20la%20zona%20suroccidente%20de%20Colombia [5]       “Hidroelectricidad, la mayor fuente de energía renovable” La Republica, Feb. 19, 2020. Accessed: May. 18, 2024. [Online]. Available: https://www.larepublica.co/especiales/colombia-potencia-energetica/hidroelectricidad-la-mayor-fuente-de-energia-renovable-2966269#:~:text=Estos%20datos%20demuestran%20la%20importancia%20de%20la%20hidroelectricidad,aprovechar%2C%20lo%20que%20genera%20grandes%20oportunidades%20a%20futuro.

Por: Redacción Pares Una de las periodistas que más se acercó al coronel retirado Elmer Fernandez Velasco fue Jineth Bedoya, la principal víctima que ha tenido esta cárcel. Su tragedia ha sido ampliamente difundida y ella misma se convirtió en un ejemplo de resiliencia. Velasco acompañó a Bedoya en la reconstrucción que ella vivió en el infernal patio 4. Desde este lugar habría salido la orden de asesinar al director de la Modelo y en el año 2000 ocurrió una masacre de dimensiones dantescas. En diciembre, la legendaria editora de El Tiempo le había pedido al ministro de Justicia, Néstor Osuna, que la dejara pintar dentro del penal un gran mural de memoria. Ella trabajó durante cuatro meses al lado del artista Nats Garu quien dirigió una obra en donde participaron presos, guardias y hasta el propio coronel Velasco. La periodista ha dicho en varios videos y artículos lo impactante que fue para ella recibir la noticia de su asesinato. El estaba entusiasmado con su trabajo. No era fácil, había que organizar a los 3.800 reclusos, garantizarles seguridad, cobijo y controlar a los extorsionistas que pululan en este lugar. Pedro Pluma era uno de ellos. El mural era una buena excusa para el desestrés. Una obra creativa que hacía volar la imaginación en un lugar donde todas las ilusiones mueren. El mural era un ejercicio de memoria. Fue Gustavo Rojas Pinilla, en 1957, quien ordenó su construcción en una zona que para esa época estaba despoblada en el sector de Puente Aranda. Sus puertas se abrieron en 1960 cuando llegan los primeros reclusos. Tenía una capacidad de 1.800 cupos pero ya en los años noventa se presenta una primera gran crisis: el hacinamiento. En ese momento el porcentaje era del 300%. En un espacio de 2.200 personas habían 8.000. Entonces ocurrió la peor de las tragedias. El monstruo que mandaba en La Modelo John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, lo contaría todo diez años después del horror. Entre abril y agosto de 1999 Jaime Garzón se entrevistó varias veces con Ángel Custudio Gaitán Mahecha. Él era el puente entre el periodista y el comandante paramilitar Carlos Castaño. La idea era reversar la orden que ya había caído con la determinación mortal de una guillotina: Garzón tenía que morir. El ex jefe de inteligencia del DAS, José Miguel Narváez, había incluido su nombre en una lista de colombianos que presuntamente colaborarían con las guerrillas. Castaño se mostró dubitativo después de pagarle a los sicarios. Cuando por fin habló con Garzón le dijo, según contó Popeye, que no podía hacer nada, que mejor se cuidara porque los sicarios ya habían asumido la misión y era imposible echarla para atrás. Gaitán incluso se lamentaría tiempo después de esa muerte. Eso lo contó Popeye en una audiencia ante la Fiscalía en el 2008. Popeye no sólo había sido testigo de las súplicas de Garzón sino de la peor masacre que se recuerde en la cárcel Modelo de Bogotá. Sólo existía una persona con más poder que Gaitán en esa cárcel en 1999. Se trataba de J de J Pimiento, ideólogo neonazi y mano derecha de Víctor Carranza. Sin conocerse exactamente el crimen por el que estaba encerrado en la cárcel, Pimiento fue el ungido por la casa Castaño para quitarle el poder a los guerrilleros de las FARC en el penal. Ellos estaban ubicados en el ala norte en los patios 1 y 2, pero su influencia se hacía sentir incluso en donde estaban encerrados los paramilitares, los patios 3,4 y 5 del ala sur del penal. La idea era controlar la cárcel y por eso se rumora aún que Pimiento fue puesto ahí sólo para ejercer su mano dura. La misión de Pimiento era crear el Bloque Interno capital de las AUC. Él no era el único cabecilla, estaba acompañado por José Miguel Arroyabe, que era el narco que oficiaba como financiador y, sobre todo, de Ángel Custodio Gaitán, temible comandante general. La vida de Gaitán fue un completo misterio. En 1989 su nombre apareció por primera vez en los medios nacionales. En una falsa operación del ejército en el edificio de apartamentos Altos del Portal, al norte de Bogotá, Gaitán salió ante las cámaras de televisión suplicando porque no lo mataran. En la operación fueron asesinadas cuatro personas a mansalva. El único que pudo sobrevivir fue Gaitán Mahecha. En esa época ya era cercano al esmeraldero Víctor Carranza, muerte de causa natural en el año 2013. De hecho hizo una fortuna comercializando esmeraldas en la década del ochenta. Pero también tenía contacto con Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, jefe de finanzas del Cartel de Medellín quien, en ese momento, ya estaba cercado por la policía nacional. En la cárcel Gaitán logró un acuerdo con las autoridades y, según el diario El Tiempo, aportó información vital contra el Mexicano ya que se había enterado que este narco estaba pagando miles de dólares por su cabeza. Durante muchos años no se supo nada de él. Después de haber sido detenido en la Modelo resultó siendo extraditado a los Estados Unidos en donde tenía que responder por delitos relacionados con el narcotráfico. La verdad es que las amenazas en Colombia se cernían sobre él por haber hablado sobre la organización que comandaba el Mexicano. Por eso, voluntariamente, se presentó en la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Allí lo ubicaron en una cárcel en Miami. La revista Semana en septiembre de 1989 ironizó sobre este hecho de la siguiente manera: “Todo indica que a diferencia de lo que sugiere el slogan del grupo de "Los Extraditables", Gaitán prefirió una cárcel en Estados Unidos a una tumba en Colombia”. Al país regresó en 1995, el año en los que las AUC empezaban a galopar en el campo colombiano. Su nombre fue clave para que los paras incursionaran en los Llanos. Su casa, en el norte de la capital, fue el escenario en el que se realizó una reunión para entrar a donde más les dolía a las FARC, lugares como Mapiripán o Caño Jabón, en donde se realizaron unas de las peores masacres que recuerde el conflicto colombiano. La reunión se realizó en 1997 y tenía como fin unir a la Casa Castaño con Victor Carranza, el esmeraldero mayor. A la reunión asistió Martin Llanos, líder de la Autodefensas del Casanare y el propio Pimiento, al que ya le decían en ese momento Juancho Pimiento. Un año después Gaitán fue detenido por el CTI mientras estaba reunido con los ex congresistas Carlos Herney Abadía y Jaime Lara Arjona, ambos condenados por el proceso 8000. Con el ingreso de Gaitán a la Modelo empezó el horror. Entre 1998 y el 2001 se asesinaron dentro del penal a 150 personas, hubo 500 fugados y 35 desaparecidos. Cortar en pedazos a los muertos fue una práctica que se hizo común. Según le contó a la Comisión de la Verdad un antiguo miembro de las AUC que estaba preso en La Modelo así sacaban a los muertos de ese lugar: “En los carros donde llevaban los alimentos, unos carros bien importantes que había como de a 3 o 4 canecas de comida, ahí sacaban los muertos; otros lo enterraron. Se citaban: ‘venga Felipe es que usted tiene una deuda con Santiago, venga a la cárcel y hablamos’; ¿qué sucedía?, si usted no cuadraba esa deuda o le daban tanque, donde le metían electricidad, y dentro del sur había un sitio para retenciones que era como una cueva; dejaban la gente que entraba ahí retenida. El vicio se controlaba. Las fianzas que salían de La Modelo todos los lunes eran impresionantes, por el pago de vicio, por el pago de comida, por el pago de prostitutas, por todo. En micro, la cárcel fue lo que después fue el país en macro”. Ante la falta de control del estado los que mandaban eran los paras y los guerrillos. Cuando los paras asumen el poder empiezan a controlar todo, quien vive, quien entra, quien vende, quien es castigado dentro del penal. Se le cobraba a la gente por vivir. Si se pagaba se podía disfrutar dentro de la cárcel de discoteca, gimnasio y hasta acceso a restaurante italiano. Si no se pagaba se era condenado, como contó El Tiempo en su artículo “Desapariciones, homicidios y los otros horrores por los que condenaron a ex paras”, a estar durante semanas encerrados en los túneles que surcan La Modelo, sin luz y expuestos a las ratas y chinches. “Tenía como un metro de ancho y era muy largo el túnel. Metían allí hasta cincuenta presos”. Se torturaba, se desaparecía, se desmembraba. Se violaba. Una valiente periodista, que en ese entonces investigaba sobre estos hechos para una serie de artículos publicados en El Espectador, Jineth Bedoya, vivió en carne propia el horror por una decisión que tomó el propio Ángel Custudio Gaitán y que más de dos décadas después sigue dando escalofríos. La primera matanza ocurrió unas horas después de que presos de las FARC asesinaran a los paras Yema Duque Ospina y Carlos Alberto León. Esta fue la excusa que estaban buscando para entrar a los patios donde mandaban las FARC. El 8 de diciembre de 1999 ocurriría la primera masacre. Doce personas asesinadas en el ala norte de la Modelo. Lo peor estaría por venir. El 27 de abril del año 2000 durante 12 horas, usando revólveres, ametralladoras y granadas los paras mataron a un número indeterminado de personas. Según el INPEC fueron asesinadas 32 personas. Los victimarios después reconocerían 57 personas, pero hay testigos que aseguran que la cifra superó ampliamente los 100. Las denuncias empezaron a cobrar peso y a Gaitán Mahecha lo trasladaron a la Picota donde fue asesinado el 8 de septiembre del año 2001 por un guerrillero de las FARC llamado Luis Augusto Bernal, mejor conocido como Robinson. La venganza no paró ahí. El 22 de noviembre del 2004, después de salir de un supermercado en Chía, su viuda, Beatriz Mateus Pardo, fue interceptada por dos hombres quienes la mataron a tiros sin esperar a que saliera de su auto. La Fiscalía ignoró estos horrores durante 15 años. Sólo en el 2015 empezaron a investigar. Por lo ocurrido Jineth Bedoya fue declarada víctima del Estado colombiano. El director de la Modelo de la época, William Guacharná, fue aceptado por la JEP en diciembre del 2023 y su testimonio será clave para saber la verdad. El pasado miércoles 27 de marzo un juez condenó a 40 años de cárcel a dos paramilitares que participaron de este horror, se trata de Juan Carlos Cadavid, alias Pitillo y Alber Narváez, alias Belisario. Pero aún falta mucho trecho para reparar a las víctimas y dimensionar uno de los capítulos más oscuros de las cárceles de este país y que estuvo a punto de ser sepultado por el olvido. La matanza del COVID Los problemas de la Modelo no empezaron en este gobierno. En marzo del 2020, cuando empezaba la emergencia que surgió a raíz del COVID, se presentó un motín. La entonces ministra de justicia Margarita Cabello le anunció al país que los presos habían provocado un motín, un masivo “intento de fuga”. Acababan de morir dos presos por COVID y los reclusos entraron en pánico. El motín produjo 23 muertos y casi 100 heridos durante 6 horas de terror. El problema de La Modelo es otro de los elefantes en la sala que han tenido diferentes gobiernos que, simplemente, han visto para otro lado. La iniciativa de Jineth Bedoya es más simbólica, crear ese mural, terminarlo, sobre todo después del asesinato del Coronel Velásquez quien, además de perseguir y acorralar a las bandas que azotan al patio 4, buscaba convertir a este infierno en un espacio habitable, digno para las personas que por una u otra razón pagan sus condenas allí.

Por: Laura Bonilla No hay nada más doloroso en este oficio que advertir que algo va a pasar, hasta que ocurre. Y lidiar con la sensación de que no se hizo lo suficiente. Que faltó fuerza, comunicación. Siempre falta algo. La semana pasada publicamos en el portal de Pares las amenazas al director de la Cárcel Modelo. Era imposible que las autoridades competentes no se hubieran enterado de lo que estaba sucediendo. Pese a que se decretó emergencia carcelaria en febrero de este año y se intentan hacer avances para recuperar el control de las cárceles, resulta absurdo que no se mueva un dedo para proteger a quienes están en la primera línea, lidiando día a día con la realidad. Sobre el INPEC se especula mucho. Entre otras cosas, se asegura que está indefectiblemente condenado a ser un ente corrupto, capturado por las mafias del crimen organizado y a juicio de muchos —entre otros algunos “bukelistas”— que mejor valdría acabar para ceder la administración penitenciaria a privados. Administrar un sistema carcelario no es cualquier cosa. No es como en las películas, donde la corrupción siempre se trata de unas pocas manzanas podridas. Implica saber que se está tratando con redes mafiosas que, así como están adentro, están afuera; tienen vasos comunicantes que a veces no es posible eliminar. Por ejemplo, en algunas cárceles del país es conocido que quienes administran la comunicación de los criminales más reputados son sus propios abogados. Algunas incluso manejan negocios con una “moneda” más sofisticada, como las rutas, que no son otra cosa que libretas de contactos, todos puestos en la nómina de la red criminal y que garantizan que cualquier cosa o persona se mueva a sus anchas dentro y fuera de Colombia. Mientras tanto, el funcionario de a pie del INPEC y todo el que participa del lado de la legalidad en el sistema carcelario tienen la tarea de hacerle frente a eso, con las uñas en muchos casos. Porque, además del reto de hacer frente a las cárceles, como cualquier entidad pública, tienen que usar su nómina y su presupuesto para pagar favores políticos. Después de eso, los guardianes tienen pésimos sueldos, turnos agotadores y un muy precario sistema de protección. Es un David contra Goliat, pero con un David que en vez de piedras tiene bolitas de algodón. En Pares, desde 2021, encontramos 17 gravísimos hechos de seguridad relacionados con los funcionarios del INPEC. La semana pasada publicamos una investigación sobre cómo los llamados “peloteros” ingresan todo tipo de mercancía en la Cárcel de Palogordo, en Bucaramanga. En febrero de 2024, el ministro de Justicia decretó emergencia carcelaria después del asesinato de dos dragoneantes en la cárcel de Cartagena. Hay 230 funcionarios del INPEC asesinados. Según la propia entidad, en los últimos cinco años, entre 70 y 80 servidores han sido asesinados en cumplimiento de su deber. Pero ni siquiera los datos están claros. Lo que hay, cuando uno se asoma, es una profunda oscuridad. Es verdad que la prevención es algo que no se nos da bien a los colombianos. No actuamos hasta que algo realmente grave sucede, e incluso en ese momento preferimos tomar medidas temporales que no impliquen afectar demasiado el statu quo. No es únicamente en relación con los guardianes del INPEC que esto sucede. Por ejemplo, el decreto 660 para la protección colectiva está aprobado desde 2018 y su implementación da vergüenza. Hasta este año se ha logrado identificar las organizaciones que se protegerán, seis años y muchas muertes después. Ni hablar ahora que el EMC ha declarado objetivo militar al Consejo Regional Indígena del Cauca, o de las múltiples amenazas a líderes sociales que se quedan en un cajón en la Fiscalía. Pasa exactamente lo mismo, y en el mejor de los casos la respuesta estatal es un plan. Mientras el Estado anda a su ritmo, la criminalidad organizada va al suyo. Se adapta rápidamente a cualquier esfuerzo público. ¿No valdría la pena, entonces, tomar medidas racionales como incrementar los incentivos positivos para los funcionarios del INPEC, como mejores salarios, transporte seguro, seguros de vida para ellos y sus familias, formación en autoprotección y todo aquello que puede hacer contrapeso a la oferta criminal? Si es mucho pedir, por lo menos valdría la pena que de forma urgente le pongan seguridad al director de la cárcel Palogordo, en Bucaramanga, que también está amenazado de muerte.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: UNR y BBC El 29 de febrero Gustavo Petro se pronunció a través de la red social X sobre la masacre israelita en la Franja de Gaza. Ese día escribió: “Pidiendo comida, mas de 100 palestinos fueron asesinados por Netanyahu. Esto se llama genocidio y recuerda el Hocausto así a los poderes mundiales no les guste reconocerlo. El mundo debe bloquear a Netanyahu. Colombia suspende toda compra de armas a Israel”. Con el correr de los días hubo un rifi-rafe entre el presidente colombiano y el israelita. Este último llamó a Petro simpatizante de Hamás. Este le contestó con toda la fuerza y afirmó que Netanyahu pasaría a la historia “por ser un genocida” aseguró además que “lanzar bombas sobre miles de niños y niñas, mujeres y ancianos inocentes no lo hace a usted un héroe. Queda usted al lado de quienes mataron millones de judíos en Europa”. Las críticas a la desproporcionada respuesta de Israel en Palestina se han extendido a viejos aliados suyos como Estados Unidos y la misma Unión Europea. Sin embargo lo peor para Netanyahu estaría por venir este lunes 20 de mayo del 2024 cuando Corte Penal Internacional solicitó órdenes de detención contra Yahya Sinwar, máximo cabecilla de Hamás y contra el primer ministro israelita Benjamin Netanyahu, después de ser acusados de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. A Hamás se le juzga por los ataques a la frontera israelita a comienzos de octubre del 2023 y que dejó 1.200 muertos y a Netanyahu por la violenta reacción de Israel que ha dejado más de 30 mil palestinos muertos. Los ataques se han centrado en la población civil. Las imágenes de niños asesinados en bombardeos encogen cualquier corazón. Los misiles también han caído sobre hospitales y ambulancias. La CPI también emitió órdenes de captura contra el ministro de defensa israelí, Yoav Gallant, y contra otros dos dirigentes de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, líder de las Brigadas Al Qassem y más conocido como Mohammed Deif, e Ismail Haniyeh, líder político de Hamas. Pero, ¿en qué consisten estas órdenes de captura del CPI? Ya hay suficientes elementos para la orden de captura, el fiscal solicita a jueces de primera instancia de la CPI diciendo que hay suficiente material para hacer la orden de captura, tanto para Hamás, sino también a los ataques contra civiles por parte de Netanyahu y su primer ministro. Lo que sigue es esperar que los jueces analicen la evidencia y decidan si ejecutan estas órdenes de captura. Hay suficientes testigos y pruebas contra Hamás y contra el primer ministro israelita que los calificaría como criminales de guerra. Especialistas afirman que esto, a priori, es un golpe durísimo para Netanyahu. Todo apunta a que la solicitud del Fiscal Karim Khan prosperará. La investigación apenas comienza pero el anuncio de esta probable detención ocupa ya los titulares de los periódicos más importantes del mundo. Esto apenas es una solicitud que no impide que a Netanyahu le sea restringido movimientos hacia otros países. Netanyahu, quien no firmó el estatuto de Roma, podría alegar no cobijarse ante esta solicitud. Sin embargo, ante la gravedad de los ataques de Israel a la población civil, la CPI podría tener injerencia para intervenir.