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Por: Redacción Pares Foto tomada del: El Espectador Iván Cepeda recibió en el 2009 los testimonios de dos ex paramilitares, Pablo Hernán Sierra García, que en ese momento estaba recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagui y de Juan Guillermo Monsalve, que pagaba su condena en Cómbita. A Monsalve le decían Guacharaco porque había crecido justamente allí, en esa hacienda, un lugar que no debe ser el preferido del presidente Álvaro Uribe. Hay suficientes malos recuerdos como para que sea así. El papá de Monsalve se llamaba Oscar Antonio, y era el administrador de la hacienda Guacharacas cuando, en confusos hechos, el papá del expresidente fue asesinado. El 14 de junio de 1983 Alberto Uribe Sierra, acompañados de sus hijos Santiago y María Isabel, aterrizaron en la hacienda ubicada en el municipio de San Roque. Una vez el helicóptero tocó el suelo empezó un intercambio de disparos. En la versión oficial se habla de que fue un comando de las FARC, grupo que previamente había amenazado al ganadero. Uribe Sierra, quien estaba armado, se enfrentó a disparos con los hombres. En la balacera cayó asesinado. Desde entonces su hijo, Alvaro, inició una cruzada contra ese grupo guerrillero. Sin embargo, en el 2020, cuando las FARC ya había firmado la paz, uno de sus ex comandantes, Julián Gallo, le contó al periodista Gonzalo Guillén que ellos no habían tenido nada que ver en ese asesinato. Afirmó además que desconoce qué pruebas podría tener el ex presidente para atribuirle ese crimen a ellos. “Lo que le puedo decir al respecto es que sería muy importante conocer en qué va esa investigación en la Fiscalía, porque en este país ha sido costumbre atribuir a las Farc-EP la responsabilidad hasta de los desastres naturales, y por eso sería muy importante y muy interesante, conocer el estado de esa investigación, qué se sabe de los posibles responsables, qué pruebas se tienen”. Esta respuesta desató la ira santa del ex presidente. Lo cierto es que Guacharacas le trae malos recuerdos a Uribe. El testimonio que le dio Monsalve, testigo de excepción, a Iván Cepeda, fue lo que ha desencadenado, 15 años después, que Uribe esté en un juicio. Todos saben que, por ahora, la justicia lo tiene entre ojos fue por, supuestamente, haber intentado torcer el testimonio de Monsalve, usando a su abogado, el controvertido Diego Cadena. Pero la almendra de todo este lío podría ser la presunta participación de Uribe en la creación del Bloque Metro de las AUC. Los testimonios de Sierra y Monsalve apuntan a que Alvaro y Santiago Uribe, junto a Santiago Gallón Henao -quien compraría después Las Guacharacas y fue el autor del asesinato del futbolista Andrés Escobar- crearon el Bloque Metro inicialmente para enfrentar al bloque Bernardo López Arroyave del ELN, que estaba comandado por alias Juan Pablo. Este bloque del ELN se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los ganaderos por el continuo robo de ganado y extorsiones. El Bloque Metro habría ordenado varias masacres y no sólo apuntó sus fusiles contra la insurgencia. Según el testimonio de Monsalve habrían asesinado a dueños de carnicerías de San Roque que comprarían las reses robadas por la guerrilla. Según denunció en su momento Cepeda, Uribe, mientras fue gobernador, protegió a este Bloque en el negocio del narcotráfico. Aunque Monsalve nació en Yarumal, en 1986, con ocho años de edad, llegó a las Guacharacas de la mano de su padre. En ese lugar vivieron diez años. Monsalve trabajó varios años para Carlos Mauricio García Fernández, mejor conocido como Doble Cero, máximo jefe del Bloque Metro. García Fernández perteneció al ejército a donde llegó al grado de teniente. Fue miembro de los PEPES, la organización criminal que combatió a Pablo Escobar y era hombre de confianza de Fidel Castaño. Era sanguinario pero tenía principios. Uno de ellos era evitar que los paras se transformaran en un cartel de la mafia. Por eso se entrelazó en una disputa con alias Don Berna, en donde terminaría asesinado en Santa Marta. Monsalve, después de trabajar con Doble Cero, le sirvió a los Rastrojos, el grupo que creó Wilber Varela, alias Jabón, capo del cartel del Norte del Valle. En el 2008 Monsalve fue condenado a 40 años de cárcel. En el 2018, años después de haber acusado a Uribe de la creación del Bloque Metro de las AUC, Monsalve le contó a Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, que un miembro del Centro Democrático, del departamento del Huila- el ex congresista Álvaro Hernán Prada está siendo investigado por estos hechos- lo había buscado para que torciera su versión y afirmara que Iván Cepeda le habría tratado de sobornar para hundir al expresidente. A la presión de este supuesto miembro del CD se suman las visitas que le hizo el abogado de Uribe, Diego Cadena, en donde lo habría presionado para que firmara un documento para exonerar al expresidente y a cambio recibiría beneficios carcelarios. Por estos hechos Diego Cadena fue suspendido durante tres años para ejercer su cargo como abogado. La defensa de Uribe ha intentado desacreditar a Monsalve como testigo ya que, afirman, ni siquiera estaría en listas de Justicia y Paz, lo que harían poco creíble su pasado como paramilitar. El propio Álvaro Uribe, semanas antes de que arrancara el juicio contra él por manipulación de testigos, se quejó en la red social X de un posible montaje contra él del que el ex paramilitar sería protagonista. Además se quejó de supuestas interceptaciones de la Corte Suprema a su teléfono y de unos pagos de Iván Cepeda a una ONG que habría servido de puente para entregarle recursos a Monsalve. Por ahora la defensa de Uribe, comandada por el abogado Jaime Granados, a pedido la nulidad del juicio basándose en la poca credibilidad que podría tener un testigo como Monsalve. Sin embargo es poco probable que este pedido llegue a buen puerto.

Por; Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El País El retorno a escena de Luciano Marín Arango, conocido en los círculos guerrilleros como Iván Márquez, ha generado un revuelo político en Colombia que no se limita solo a las fronteras del país sudamericano. La figura emblemática de las FARC, quien fue parte fundamental en los históricos Acuerdos de Paz del 2016, ha vuelto a dar señales de vida en un momento crucial para la nación, desafiando los rumores de su presunta muerte que han circulado desde un atentado en 2022. Su reaparición en un video compartido por El País de España durante el Foro Binacional de Paz en Puerto Carreño, Vichada, ha avivado tanto la esperanza como la incertidumbre en un país que aún busca consolidar la tan anhelada estabilidad tras décadas de conflicto armado. El vídeo, que dura casi 17 minutos, muestra a un Márquez con problemas de dicción, evidenciando las secuelas físicas de aquel ataque que lo dejó al borde de la muerte. Sin embargo, su voz resuena firme al expresar sus opiniones sobre el actual panorama político de Colombia y su apoyo a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente liderada por el presidente Gustavo Petro. En un país donde la polarización política es moneda corriente, las palabras de Márquez han desatado un debate en torno a la legitimidad de sus planteamientos y su influencia en la opinión pública. Para comprender el impacto de esta aparición, es necesario remontarse a los orígenes de Iván Márquez en el escenario político colombiano. Como uno de los líderes históricos de las FARC, Márquez desempeñó un papel crucial en los diálogos de paz que llevaron al acuerdo histórico de 2016, un hito que prometía poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado en el país. Sin embargo, su regreso a la lucha armada en 2019, junto con otros excombatientes descontentos con la implementación del acuerdo, representó un duro golpe para el proceso de paz y una señal de los desafíos pendientes en la construcción de una paz duradera. La aparición de Márquez en el Foro Binacional de Paz ha sido interpretada por algunos como un intento de revitalizar su agenda política y reclamar su lugar en la escena nacional. Sus declaraciones en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Gustavo Petro reflejan su posición como una voz disidente en un país marcado por la desigualdad y la exclusión social. Al mismo tiempo, sus palabras han sido recibidas con escepticismo por aquellos que cuestionan su legitimidad para hablar en nombre del pueblo colombiano, dada su trayectoria como líder guerrillero. El contexto en el que se produce esta aparición es igualmente relevante. Colombia se encuentra en medio de una profunda crisis política y social, agravada por la pandemia de COVID-19 y el recrudecimiento de la violencia en algunas regiones del país. El gobierno de Gustavo Petro, el primero de izquierda en la historia de Colombia, ha generado tanto esperanzas como resistencias en un país acostumbrado al predominio de fuerzas políticas de derecha. La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente ha sido uno de los pilares de su plataforma política, presentada como una vía para impulsar reformas estructurales y ampliar la participación ciudadana en la toma de decisiones. En este contexto, la intervención de Iván Márquez cobra una relevancia especial. Como líder de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, Márquez representa una voz discordante en el escenario político colombiano, una voz que reclama atención y reconocimiento en un país marcado por la polarización y la violencia. Su llamado a defender los derechos del pueblo y a rechazar la privatización de los servicios públicos resuena en un país donde la desigualdad social y la exclusión son moneda corriente. Sin embargo, las circunstancias de su aparición han suscitado interrogantes sobre sus verdaderas intenciones y su capacidad para influir en el curso de los acontecimientos políticos en Colombia. El hecho de que su reaparición se produzca en un evento organizado por la Asamblea Departamental de Vichada, una región afectada por la violencia y el abandono estatal, ha llevado a algunos a cuestionar sus motivaciones y su legitimidad como líder político. En medio de las especulaciones y las interpretaciones divergentes, una cosa parece clara: la vuelta de Iván Márquez al escenario político colombiano añade un nuevo elemento de complejidad a un panorama ya de por sí convulso. Su presencia despierta tanto esperanzas como temores en un país que busca desesperadamente una salida a décadas de conflicto y violencia. La pregunta que queda en el aire es si Márquez será capaz de canalizar esas esperanzas en un proyecto político viable y sostenible o si su regreso solo contribuirá a profundizar las divisiones y las tensiones que aún persisten en Colombia. El futuro de Iván Márquez y su papel en la política colombiana dependerá en gran medida de su capacidad para articular una visión coherente y convincente que resuene con las aspiraciones y las necesidades del pueblo colombiano. Su regreso a escena plantea desafíos y oportunidades que no pueden ser ignorados en un país que aún busca consolidar la paz y la reconciliación después de décadas de conflicto y sufrimiento. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos en la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el reciente resurgimiento público de Iván Márquez, antiguo comandante de las FARC, subraya una serie de indicios que ya se vislumbraban desde el año pasado. El excomisionado de Paz, Danilo Rueda, reveló en una entrevista múltiples encuentros con Márquez, situándolo en el contexto previo a los diálogos con la denominada Segunda Marquetalia. Este acontecimiento, junto con los comunicados conjuntos firmados por Márquez durante los acercamientos para la negociación, generaron dudas sobre su supuesta muerte en un atentado en Venezuela. La especulación se alimentaba también de la desaparición de otros líderes de la Segunda Marquetalia, como Jesús Santrich, Romaña y El País, quienes, en su caso, fallecieron en enfrentamientos armados. Marín enfatiza la relevancia de la figura de Márquez, no solo como líder máximo de la Segunda Marquetalia, sino también como una voz con experiencia y trayectoria dentro de las antiguas FARC. Aunque no figure en los listados de personas con órdenes de captura, su reaparición pública mediante un video confirma su influencia y participación en los procesos de diálogo y negociación en curso. Esta presencia, según Marín, es fundamental para el desarrollo y la legitimidad de dichos procesos.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: Justicias en las Ámericas El jefe de propaganda de la Unión Patríótica, Jaime Salazar, asistió a una reunión en diciembre de 1986 en un lujoso hotel de Medellín. Estaba acostumbrado a la muerte, pero esa tarde le temblaban las piernas.Un año llevaba el partido político al que pertenecía. Se había creado a raíz de los acuerdos de paz a los que había llegado el gobierno de Belisario Betancur con las FARC. La UP sería la prueba de que era innecesaria la lucha armada para llegar al poder en un país con supuestas garantías democráticas como era Colombia. La mayoría de sus militantes jamás pertenecieron a la guerrilla. Eran comunistas convencidos de que la salida a los problemas de Colombia no las tenía la élite tradicional. Pero había gente como el ex ministro de Defensa, el general Fernando Landazabal, que veían con desconfianza a la Unión Patriótica. Las señaló de formar parte de las FARC. Esta era la excusa que necesitaban matones como Rodríguez Gacha para declararles la guerra. La destrucción sistemática de sus laboratorios de coca y el saqueo de alguna de sus fincas por parte de esa guerrilla, tenía a Gacha encolerizado. Quería venganza, y llevaba un año matando dirigentes del naciente partido. En diciembre de 1986 estaba dispuesto a llegar a acuerdos para detener la matanza. Así que el delegado de la UP fue Salazar. Primero se encontró con el abogado del capo y de ahí se fueron al hotel. Salazar, mucho tiempo después le diría al periodista Steven Dudley, creador del portal In Sight crime y autor del libro Armas y Urnas, que Gacha “parecía un tipo normal”. Ese día el Mexicano, como se le conocía por su pasión por las rancheras, le hizo una operación matemática: él exportaba dos mil kilos de cocaína por semana y vendía a 16 mil dólares el kilo. Eso era, en plata blanca, 32 millones de dólares a la semana, más de 120 millones de dólares al mes. Gacha lo amenazó, con ese billete podía armar un ejercito de dos mil hombres y exterminar cualquier vestigio de las Farc y, de paso, del partido comunista que hubiera. En ese momento, en el Magdalena Medio, Gacha y el paramilitar Henry Pérez tenían listo un ejército para darles con todo a la guerrilla. Era el germen de las Autodefensas Unidas de Colombia. Gacha era impredecible. A diferencia de Pablo Escobar -quien disfrutaba de la marihuana-le gustaban los efluvios de la coca. Era delirante y megalómano. Famoso fue su pasión por los caballos. Su semental favorito, Tupac Amarú, tenía hasta apartamento propio en Bogotá. Fue portada de Forbes y se estimaba que su fortuna llegaba a los USD$1.300 millones de dólares. En Pacho, Cundinamarca, era un monarca. La gente le hacía fila para pedirle favores y a diferencia de un Cristo de yeso él si los hacía: regalaba desde neveras hasta becas, pasando por fajos de plata. Esa supuesta bondad con el pueblo entraba en contradicción con su crueldad. A Gacha le encantaba la tortura, la sangre. Salazar escuchó con paciencia a Gacha. Le envió una razón con él al secretariado de las FARC, le pidió que “lo dejaran trabajar”, estaba seguro que llegarían a un acuerdo con esa guerrilla. Pero al frente de ella estaba Jacobo Arenas, viejo militante que, en 1986, y a raíz de los acuerdos de la Uribe, vivía una inusitada popularidad. Había sacado un libro de ideas enrevesadas en donde explicaba por qué se había alzado en armas. Se convirtió en un Best-sellers. Manuel Marulanda Vélez, con quien compartía la comandancia de las FARC, no se opuso cuando Arenas rechazó la propuesta de Gacha. El único que no estuvo de acuerdo del secretariado fue Alfonso Cano quien dijo, de manera profética: “Estamos empujando al Mexicano para que termine aliado con el Ejército y se puede volver un problema”. Las promesas que hacía Gacha las cumplía. Unos días después del rechazo de las FARC asesinó al senador de la UP Pedro Nel Jiménez mientras recogía a su hija del colegio. Empezó la matanza, el genocidio de más de cinco mil miembros de esta colectividad. Gacha murió en diciembre de 1989, en Barú, su cuerpo quedó irreconocible después del ataque que recibió desde un helicóptero. Su muerte no cesó la muerte sistemática de gente de la Unión Patriótica. Es obvio que radicales de derecha y de las Fuerzas Armadas estuvieron detrás del exterminio. Pero Gacha fue determinante para iniciarlo. La UP hoy en día renació en jóvenes líderes como Gabriel Becerra y ayudó a que Gustavo Petro fuera presidente. Pero nadie podrá olvidar el horror que tuvo que soportar. Afortunadamente siempre para de llover.

Por: Redacción Pares John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye,  a comienzos de diciembre del 2017 era mucho más que “el sicario de confianza de Pablo Escobar” como él mismo se presentaba. Era un youtuber con cientos de miles de seguidores que cobraba por saludar a quien se lo pidiera y servía de guía a los turistas de otras partes del mundo que visitaban Medellín con el anhelo de encontrarse con el fantasma del capo del Cartel. En ese momento no se tenía certeza de que siguiera delinquiendo desde que fue dejado en libertad. Pero un cumpleaños torcería su historia. La fiesta fue en la vereda El Guamito del municipio del Peñol, uno de los sitios turísticos más representativos de Antioquia, en una finca llamada La Casona de Biata. Como si no manejara en ese momento el 80% de la delincuencia en Medellín llegó burlando retenes en una Mitsubishi verde de placas APH 710. Cumplía cincuenta años y, como era diciembre, Tom se relajó. Los vecinos de la finca donde se realizaba la fiesta reportaron a las autoridades una inusual actividad que incluía grupos vallenatos y mujeres que llegaban en racimos. Tom quería botar la casa por la ventana. La actividad delictiva la arrancó muy joven, a los 21 años en Bello, el municipio donde creció. Allí formó y lideró la banda conocida por el nombre de “Los amigos de mi barrio”. Era sanguinario. Don Berna, entonces chofer de Kiko Moncada, se lo recomendó a su patrón. En ese entonces Moncada era uno de los hombres que llenaban de plata las arcas del Cartel de Medellín. Habían montado lo que se conocía en ese momento como “La oficina de Envigado” que no era una oficina ni quedaba en Envigado, era una especie de “Fiscalía” de narcos creada por Pablo Escobar en donde se aseguraba que cada uno de los cabecillas que traficaba en Medellín le pagara al capo 300 mil dólares por cargamento de cocaína enviado al exterior. Si no pagaban pues La oficina iba y pagaba con sus sicarios. El control de la oficina estuvo en manos de Kiko Moncada y de su amigo, el negro Galeano hasta 1992 cuando Pablo Escobar los mandó a llamar a la Catedral porque sus hombres habían encontrado una caleta con 20 millones de dólares que Moncada y Galeano le habían negado a su patrón. La orden de Escobar fue asesinarlos dentro de la cárcel que él había mandado a construir a gusto suyo. Esto rebozó la copa del gobierno de César Gaviria quien ya venía siendo cuestionado por la permisividad que tenía Escobar en su sitio de reclusión. Escobar fue asesinado en diciembre de 1993 pero la oficina pervivió en parte por la mano de Tom y de su jefe Don Berna. Hasta su extradición en el 2008 Diego Murillo, quien además fue un poderoso comandante paramilitar, llevó el pulso de la organización que controlaba el crimen en Medellín. Según In Sight Crime, a comienzos de este siglo el poder de Don Berna era tal que existía en Medellín lo que se consideraba una Don Bernabilidad: él era el que regía el curso de las cosas en la capital de Antioquia. “A principios del nuevo siglo, Don Berna, trabajando en conjunto con las élites de la ciudad, comenzó una pacificación de Medellín. Sus unidades de la Oficina, disfrazadas de paramilitares, aniquilaron a las milicias guerrilleras, sofocaron la rebelión de una de las redes de sicarios más temidas de Medellín —La Terraza— y destruyeron una facción rival de las AUC —el Bloque Metro— que desafió su hegemonía en la segunda ciudad de Colombia. Después de tomar el control total de Medellín, Don Berna ordenó a la Oficina reducir los asesinatos al mínimo, por lo que hubo una fuerte disminución en las tasas de homicidios y un período de la ciudad conocido como «donbernabilidad». Una vez se va Don Berna el que queda mandando es alias Tom. Su imperio criminal si cimentó con sangre. En el 2012, los últimos reductos de resistencia que tenía dentro de la organización fueron exterminados en una masacre de 10 personas en una finca en Envigado. Uno de sus socios, apodado Sebastián, quería quedarse con el control de la Oficina. Pero esto se acabó cuando, en el 2013, Sebastián fue extraditado a los Estados Unidos. La Oficina en el 2017 ya no tenía la misma importancia que en los tiempos de Don Berna. Había sido desplazada por el Cartel del Golfo quien se convierte en el grupo armado más poderoso en todo el país. Ese día de diciembre del 2017 Tom bajó la guardia. Tenía tres anillos de seguridad y se creía inexpugnable. Veinte años estuvo burlándose de la policía. Era intocable. Pero no. A las alertas que empezaron a dar los vecinos del Peñol estaba también la inteligencia de la policía quien venía rastreando sus llamadas. Una de ellas fue clave para llegar hasta él. La que le hizo a su hombre de confianza, Iván Suárez Muñoz, alias Barbas. El gobierno norteamericano se había obsesionado con Tom. Le habían puesto precio a su cabeza: dos millones de dólares. Cuando lo encontraron, además de estar con Popeye, estaba con doce de sus hombres más cercanos y contaba con 14 mil dólares en efectivo. Tom fue condenado a 16 años de prisión, aún paga esa condena en la cárcel de la Picota en Bogotá. Alias Tom es clave para La Paz Total que se ha trazado como bandera el gobierno de Gustavo Petro. Según Nicolás León de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación “Tom es muy importante para la Oficina, él está recluido pero no impide esto que siga siendo una de las principales cabecillas, la Oficina se articula en alianzas con grandes bandas del Valle de Aburrá”. Tom comparte mando con José Leonardo Muñoz alias Douglas, también recluido en La Picota y quien fue nombrado en diciembre del 2022 por el presidente Petro como Gestor de Paz, “Existen organizaciones más cercanas a Tom, como los Chatas, Niquia, Camacol, y esto le da una centralidad mayor en su ejercicio como cabecilla”. En la mesa de negociación ha sido muy importante los dos líderes para sentarse a hablar de paz con el gobierno. “Tanto para la articulación del crimen como para el desarrollo de la mesa, Tom es muy importante. Se conversa con la Oficina del Valle de Aburrá porque es la que artícula y reúne el mayor número de grupos del crimen organizado en donde el máximo líder es Tom”. La oficina ya no es lo que alguna vez fue con Don Berna a la cabeza, pero la condena que paga Tom en La Picota no es ningún impedimento para que su influencia, tanto en las calles de Medellín, como en la mesa de negociación con el gobierno, sea indiscutible.

Por: Guillermo Lineros Denunciar al presidente Gustavo Petro, por la existencia de supuestos indicios acerca de que sobrepasó los topes electorales, es democrático y lícito; pero no lo es que, fundado en tales hallazgos, cualquiera abra a la topa tolondra una investigación contra él, excepto que se trate de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Y esto es así, porque investigar al máximo administrador del Estado pone en riesgo la seguridad nacional, ya que esto implicaría: vigilancia y seguimientos, intervenciones, capturas, registros, incautaciones y pericias, que afectarían directamente al presidente, a su núcleo familiar y a la gobernabilidad. Aun menos podría alguien, o alguna institución estatal, juzgar al presidente por cualquier hecho punible que se le impute, excepto que se trate de la Corte Suprema de Justicia, que puede hacerlo, única y estrictamente, si el presidente es acusado por la Cámara de Representantes y por el Senado. El artículo 199 de la Constitución Política de Colombia es tajante en eso: “El presidente de la República, durante el período para el que sea elegido, o quien se halle encargado de la Presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa”. De modo que, si el Concejo Nacional Electoral, CNE, o alguno de sus magistrados, recibió información documental de un tercero anónimo, sobre indicios o pruebas contra el presidente de la república, ha debido trasladarlas inmediatamente a la Comisión Tercera de la Cámara, sin necesidad de ponencias ni declaraciones públicas. De hecho, cualquier estudiante de V semestre de Derecho, entiende que eso es así. Por tal razón, que los magistrados del CNE -la mayoría de ellos anti petristas- desconozcan ese procedimiento tan elemental, permite aseverar sin vacilaciones que se trata de una maniobra política de persecución y prejuzgamiento que, por inconstitucional, está destinada a un fin distinto muy claro: confundir malvadamente a la población ingenua y debilitar al presidente Gustavo Petro. En efecto, pretenden confundir a la población con la instrumentalización de los medios de comunicación tradicionales -hoy todos al servicio de la inescrupulosa oposición al gobierno- haciéndole creer a la ciudadanía que el presidente va a ser juzgado por el CNE, tras descubrirse, supuestamente, que en su campaña a la presidencia lideró actos de corrupción. Y pretenden a la par, debilitarlo, manteniéndolo ocupado en un asunto jurídico que, siendo burdamente engañoso (un lawfare), la oposición propaga como verdadero, y podrían usarlo para tumbar al presidente, si echan mano de sus modos delincuenciales y si reciben el respaldo del régimen, que como hoy se sabe, es una maquinaria de corrupción que tiene compradas o secuestradas a la prensa, a la radio, a la televisión y a la justicia. No obstante, luego de ser cuestionados por distintos expertos en derecho constitucional, algunos representantes de la oposición terminaron diciendo que lo hasta ahora realizado por el CNE, es recibir una ponencia de dos magistrados, y que la mayoría de los otros integrantes de dicho concejo, ni siquiera la han discutido ni validado con fines de investigar al presidente. Empero, han objetado que el presidente Gustavo Petro, haya denunciado públicamente que se está promoviendo una ruptura institucional, o que se está fraguando un golpe blando. Incluso, han calificado sus manifestaciones como un absurdo modo de victimizarse. Piensan o imaginan, esos opositores, que el presidente y la ciudadanía ignoran que todo golpe, blando o militar, es disimulado y engañoso. Si bien, distinto a como ocurría con los golpes militares, los golpes blandos evitan los propósitos violentos -pues no buscan el asesinato de los presidentes, como hicieron con Salvador Allende- pero son conspirativos y sus motivadores se reúnen a puertas cerradas -como quienes planean el robo de un banco- para encontrar o fabricar maneras de llevar a la cárcel al gobernante que no satisface sus intereses. En consecuencia, hacen acusaciones temerarias y buscan realizar juicios sumarios enmarcados en el llamado lawfare (una guerra legal) que consiste en un acoso judicial, para el cual utilizan abusivamente las instancias judiciales. Los golpes blandos no se mueven con verdades jurídicas -en tal caso no serían golpes- y para llevarlos a cabo, sus gestores deben cumplir con varias etapas que deben cometerse bajo una coraza de secretismos. Eso distingue a los golpes blandos de los golpes militares que se forjaban supliendo apenas dos etapas: planeándolo y ejecutándolo. Los golpes blandos, como lo hemos dicho, no aplican métodos violentos, siendo conspirativos tejen estrategias de debilitamiento y desprestigio de los presidentes, en una secuencia de acciones y procesos legales o inmorales, todas conducentes a su derrocamiento. Comparando la pertinencia de cada una de esas etapas y relacionarlas con hechos políticos contra el gobierno, puede cada lector por su propia cuenta sopesar si en efecto se está fraguando un golpe blando contra el presidente. Ablandamiento (chismes y calumnias donde el target es su propia familia), deslegitimación (lo acusan de castrochavismo, de consumidor de drogas, de comunista e incumplido, y lo acusan de cortar la libertad de expresión), inquietud social (le organizan marchas, plantones y cacerolazos, y lo culpan, como si los colombianos fueran idiotas, de todos los males que heredó de los expresidentes), desestabilización (guerra sicológica), fractura institucional (la intervención inconstitucional de la CNE en asuntos que le corresponden a la Cámara de representantes). Cinco pasos que, no fructificarían de no ser por el uso de estas armas puntuales: el arma de la falsedad y la calumnia (periodistas incitadores, que construyen y propagan falsas noticias); el arma sicológica (como la violenta captura de su hijo Nicolás por la fiscalía y las ofensas a su hija Antonella que conllevan elementos de tortura sicológica); las armas económicas (como, entre otras, la desaprobación de las emergencia para la Guajira, desmonte del ministerio de la igualdad y el freno a las reformas sociales) las armas políticas (las decisiones de las cortes y de la procuraduría que le han quitado ya seis curules al Pacto Histórico); las armas sociales (las marchas surrealistas de la oposición con gente que no sabe ni donde está parada); y las armas legales (como la ya citada intromisión del CNE en asuntos que no le corresponden). Así las cosas, no es descabellado, sino por el contrario de alta responsabilidad, que el presidente denuncie que la extrema derecha prepara un golpe blando, pues esto se deduce de algunos indicios que por inútiles o insignificantes que parezcan sus protagonistas -piensen en el concejal Guri Guri y en los marchantes que cargaron ataúdes para enviar mensajes sicariales de terceras personas en la marcha del 21 de mayo- no deben desestimarse, aunque el avasallante respaldo del pueblo a su presidente nos haga pensar, razonablemente, que tumbar al presidente Gustavo Petro, sería igual de difícil que tumbar al pueblo.

Por: Iván Gallo Fotos tomadas de: Centro democratico y Caracol Radio Le escuché a León Valencia en la presentación de su último libro decir que el más perjudicado con la parapolítica fue Horacio Serpa. El candidato liberal, en diciembre del 2001, era el favorito para ganar las elecciones presidenciales que se realizarían unos meses después. Se había formado un gran bloque liberal para apoyarlo. Uno de esos políticos que habían decidido respaldar al santandereano era Álvaro Uribe Vélez. Aunque terminó con una significativa imagen positiva su gobernación de Antioquia, Uribe era poco conocido en el país. En el año 2000 estaba en Inglaterra, tomando cursos en la universidad de Oxford, pero decidió regresar para apoyar a Serpa. Pronto cambiaría de planes. Su paso como gobernador no estuvo exento de críticas por decisiones como darle vía libre a las CONVIVIR o no escuchar la súplica que le hizo en su momento el defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien le alertó sobre las masacres del Aro y la Granja que después ocurrirían. Pocos meses duró Uribe apoyando a Serpa hasta que decidió poner sus tiendas en otra parte y aspirar a la presidencia. Las opciones eran pocas en diciembre del 2001. Apenas marcaba un 1% de favorabilidad. En ese momento se rompía en mil pedazos los diálogos del Caguan, la gente le pedía resultados al entonces presidente Andrés Pastrana pero la zona de despeje sólo sirvió para fortalecer a las FARC. Serpa respaldaba estos diálogos, Uribe no. Y así fue haciendo campaña, prometiendo una confrontación directa con esa guerrilla y devolverle las carreteras a los colombianos. En pocos meses arrasó. Ganó en primera vuelta con un 53.1% de la votación. Era la primera vez que un presidente colombiano ganaba una elección en primera vuelta. A Uribe, en esa carrera presidencial, lo apoyaron partidos que estaban metidos de lleno en la parapolítica. Uribe había tenido amplias votaciones en zonas de influencia paramilitar. Esto le serviría años después a analistas para sacar sus conclusiones. En la mañana que se está escribiendo este artículo arrancará el juicio a Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos. Esta historia arrancó diez años atrás. Uribe, adicto al poder, se lanzó al senado y ocupó una curul obteniendo una votación histórica. Encontró en Iván Cepeda un contradictor de peso, como nunca lo había tenido en su carrera política. En un debate en el senado del 2014 Iván Cepeda señaló que Uribe había recibido apoyo de los paramilitares. Dio cinco razones para argumentar su acusación. Presentó documentos que comprobarían que Uribe se había sentado a negociar con los comandantes paramilitares apoyo para esa campaña del 2002, respaldo económico, distribución de volantes coerción a otros candidatos y hasta movilización de votantes. Mancuso fue uno de los jefes paramilitares que habló con Cepeda. Mancuso afirmó en el 2012, ante jueces de Justicia y Paz, que las AUC simpatizaban “con los planteamientos ideológicos y las políticas de Uribe”. En una entrevista con Caracol Radio dijo, poco después, que los paras financiaron su campaña a la reelección en el 2006. En una diligencia, frente a la Corte Suprema de Justicia confesó, en el año 2010, que los paras también estuvieron ahí en la primera elección, la del 2002: “Nosotros para ese momento, el año 2002 e incluso desde 2001, hicimos una conferencia nacional de autodefensas donde acordamos, dentro de esa reunión de comandantes, cesar acciones con objetivos múltiples porque eso perjudicaba la campaña del presidente Uribe”. Y completaría su afirmación diciendo “Recibí directamente órdenes de mis comandantes de apoyar al presidente Uribe, candidato a la Presidencia en ese momento”. El ex mandatario en ese momento desplegó su acostumbrada ira santa, pero estas declaraciones no venían solas, estaban respaldadas por las de Freddy Rendón Herrera, El Alemán. Sobre el apoyo a Uribe en su primera campaña presidencial dieron declaraciones los siguientes nombres: Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’; Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’; Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’ y hasta la recientemente desaparecida empresaria del chance Enilce López. Cepeda, en ese debate del 2014, cuestionó incluso la reducción de masacres de los paras desde el año 2001 como parte de la estrategia para posicionar a Uribe. Afirmó que, a través de la congresista Eleonora Pineda, caso emblemático de la parapolítica, envió una respuesta positiva de apoyo a Uribe. El senador del Polo Democrático habló del constreñimiento electoral que hicieron los paras en la Costa Caribe y la presión que hicieron para que en las elecciones del 2002 al congreso ganaran los candidatos ungidos por ellos. Esto, que desembocó en el escándalo de la Parapolítica, fue la pita que haló León Valencia y sus investigadores en el año 2004 y que comprobó cómo los paras se tomaron el congreso. Veinte años después esta investigación ha arrojado los siguientes resultados: 187 políticos condenados entre los que se cuentan congresistas, alcaldes y gobernadores. La mayoría de estos políticos pertenecían a la órbita de Uribe. Incluso su primo, Mario, terminó condenado por esos hechos. León Valencia cuenta al principio de sus memorias, Mis años de guerra , como en un juzgado en Medellín Mario Uribe estuvo a punto de golpearlo. Jamás un presidente de la República estuvo metido en un escándalo de esas proporciones, siendo acusado de haber sido favorecido y tener el apoyo de un grupo armado ilegal. En su afán por defenderse quiso torcer el curso de la justicia, meterse en un lío sobre manipulación de testigos para atacar a Cepeda, y terminar en un juicio que arranca hoy. Al expresidente se le podrían empezar a caer varias máscaras. Una de ellas puede ser la de la parapolítica. ¿Cómo no se dio cuenta que había un elefante morado con pepas y luces de neón sentado en su sala?

Por: Redacción Pares Foto tomada de: RTVC Noticias Mario Calderón nunca tembló ante nada. En 1989 la Compañía de Jesús, orden a la que pertenecía, le encomendó una misión: regresar a Colombia a coordinar el programa por la Paz al Magdalena Medio. Tendría que vivir en una zona de alta presencia paramilitar, Tierralta Córdoba. Antes que ser sacerdote era un intelectual con doctorado en Sociología en la Escuela de Altos Estudios de París. Estaba convencido de su vocación. Si había que dar la vida pues así lo haría. En Tierralta era visto con desconfianza. Los jesuitas no son curas común y corrientes. Mario pertenecía al Centro de Investigación y educación popular CINEP, creado en 1988 por Javier Giraldo, su amigo y compañero en la orden. Alvarado se involucró en la comunidad. Sabía y denunciaba el horror. A la parroquia llegaban las noticias. Era seguido que aparecieran cuerpos tirados al lado de la carretera de campesinos. Alvarado usaba el jeep de la parroquia para irlos a recoger. Vinieron las amenazas. Estas se cumplieron el día en el que mataron, al pie de la iglesia al sacerdote y también investigador Sergio Restrepo Jaramillo. Calderón entró en una crisis profunda que lo llevó a dejar de un lado sus votos y convertirse en un civil. Eso sí, el interés por el otro nunca cesó. Se fue al Sumapáz a defender el agua, una actividad que puede llevar a la muerte en un país como Colombia. Elsa trabajaba en el CINEP. Periodista acuciosa, comprometida, se metía de lleno a indagar los hilos detrás de los medios de comunicación. En 1997, su último año de vida, trabajó con el ministerio de comunicaciones del gobierno Samper. Elsa y Mario eran una pareja muy conocida en Bogotá. Eran una fuerza de la naturaleza. Y los mataron. Una semana antes de su asesinato Elsa y Mario regresaban de la pequeña finca que tenían en Sumapaz cuando un retén del ejército los detuvo. El investigador se dio cuenta que los oficiales del ejército sabían demasiado sobre él y sus actividades en el Sumapaz. La defensa del páramo afectaba a gente poderosa. Ese retén, las preguntas, alertaron a Mario: había que exiliarse, no tenían otra posibilidad. Pero el tiempo no les dio. El 19 de mayo de 1997, pasada la medianoche, cuatro hombres se apostaron frente a su apartamento en el edificio Quintas de la Salle en Chapinero. Iban en un Renault 9 de color blanco. Vestían con overoles negros. Ante las preguntas del portero del edificio respondieron que eran hombres del CTI, cuando el portero los deja pasar, los hombres lo ponen en el piso y lo amarran. Luego suben al apartamento de Elsa y Mario.  Era el 702, irrumpen tumbando la puerta. En ese momento están en ese apartamento los dos investigadores, Iván, el pequeño hijo de ellos y los padres de Elsa. Los hacen arrodillar y les disparan a mansalva. La madre de Elsa sobrevive de milagro y es la que cuenta detalles de lo que sucedió. Poco a poco y no precisamente por las pesquisas judiciales se supo los determinantes del crimen. Después de su desmovilización Ever Veloza, alias H.H afirmó que la muerte de los investigadores empezó a gestarse en 1996, en una reunión entre Mancuso y Carlos Castaño en la hacienda San Nicolás. Ellos, según H.H, le dieron esta misión a la banda La Terraza. En el año 2021 la Fiscalía declaró este crimen como de lesa humanidad para que no prescribiera. Sin embargo le faltó rigor a este ente para dejar claro que se trataba de un crimen hecho con método y que correspondía al mismo tipo de crimen en el que cayeron Jaime Garzón, el abogado Eduardo Umaña Mendoza y el defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Su amigo Javier Giraldo, a quien aún le duele la muerte, le dijo hace unos a El Espectador que él no cree en que los paramilitares tuvieron algo que ver. Que todo fue un tema montado y perpetrado por el ejército: “Meses antes del crimen, Mario me contó que el Ejército pasaba y les preguntaba a los campesinos de Sumapaz de quién era la finca, cuándo iban, cómo se llamaban, dónde vivían, sus números de contacto (…) La teoría de los paramilitares es un montaje de la Fiscalía. El crimen va a quedar impune, la investigación sigue abierta, pero no avanza. Si la muerte de Gaitán no se descifró, imagínense qué va a pasar con este caso”. Sobre este caso sólo hay una condena. Se han absuelto a diez personas. En su compromiso con la paz Salvatore Mancuso podría ser una pieza clave para develar la verdad sobre un crimen que sigue pesando. La voluntad del ex comandante paramilitar es innegable. Esta semana anunció que se reunirá con otros ex comandantes de las AUC para dar con los lugares donde están enterrados más de doscientas personas en la frontera con Venezuela. Está listo además para entregar algunas de las propiedades que despojó de manera ilegal. Dar luz sobre el crimen de Elsa y Mario sería un gran paso a la verdad y a la justicia. Es una deuda que se tiene con Iván Calderón, el hijo que sobrevivió en esa noche aciaga y que vive en el exilio desde hace veinte años.

Por: Isabela Puyana Es cada vez más frecuente el término Transición Energética Justa. Se menciona en todas las alocuciones presidenciales, las siglas TEJ hacen presencia en redes sociales y hoy todo lo relacionado con medio ambiente, hidrocarburos o escasez de agua es imposible apartarlo del discurso de la Transición Energética. Esta es una breve explicación sobre la Transición Energética Justa y cuáles son los mitos y realidades que existen detrás de estas palabras que dicen ser un compromiso de todos, pero que pocos entienden. ¿Qué es la Transición Energética? Transición es pasar de un punto ‘a’ a un punto ‘b’. La transición energética implica el cambio de una forma de producción de energía a otra e incluye fuentes de energía renovables y no renovables. Entre los cambios se encuentra el reemplazo de combustibles fósiles (como el carbón y el petróleo) por fuentes renovables (como la Energía solar y eólica). ¿Por qué es justa? La transición energética no puede verse sólo como el cambio de una fuente de energía por otra. Una transición energética, para ser justa, debe asegurar que se salvaguarden (es decir, que se garanticen) la protección y respeto de aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales, y que los beneficios sean distribuidos equitativamente. Ahora, en un proceso de transición hay múltiples actores y, por tanto, visiones sobre qué constituyen los costos y los beneficios. Establecer reglas de juego claras y espacios de participación que permitan llegar a unos mínimos aceptables para todas y todos los actores es fundamental. Definiciones de la Guía Periodística para narrar la Transición Energética Justa de Consejo de Redacción Frente a un panorama global en el que es cada vez más necesaria y urgente la Transición Energética Justa, adicional a que este sea uno de los principales objetivos del gobierno actual y las confusiones que pueden generar los términos especializados detrás de este debate, ha abundado la desinformación sobre el tema. Estas son algunas de las ideas que se repiten en redes sociales, discursos políticos y medios de comunicación: Mito La Transición Energética Justa es un capricho del Gobierno de Gustavo Petro. verdad Aunque este gobierno ha puesto de manera prioritaria en la agenda el tema y la necesidad de adaptación y mitigación o reducción de las emisiones de carbono (descarbonización), la transición energética más que un capricho del presidente de turno es, desde 2015, un compromiso internacional que se alinea con acuerdos como el Acuerdo de París. Mito Colombia no debería asumir un compromiso en la transición porque no es un país contaminador. Verdad Colombia emite menos del 1% de gases de efecto invernadero a nivel mundial, lo que ha llevado a la percepción de que no es tan urgente hacer una transición energética. Sin embargo, la contribución de los países que emiten alrededor o menos del 1% de CO2 a la atmósfera suma alrededor de 22%. Colombia ocupa el puesto 41 en cantidad de emisiones contaminantes en el mundo, pero en Centro y Suramérica es el tercer mayor emisor. Otra razón por la que urge la Transición Energética Justa es porque aunque el país no es un gran contaminador, si es uno de los países más vulnerables ante los efectos. Un informe de la oficina del director nacional de inteligencia de Estados Unidos, incluyó a Colombia dentro de los 11 países más vulnerables a la crisis climática, junto con Nicaragua, Honduras, Guatemala, Haití, Afganistán, Birmania, Pakistán, India, Irak y Corea del Norte. Verdad hallada en el informe de Colombia Check, Aunque Colombia no sea un gran contaminador, sí es necesaria la Transición de Tomás Tello Monroy Mito La Transición energética justa aplica únicamente para el sector minero energético. Verdad En el caso de Colombia, el Programa Estratégico para la Transición Energética incluye la expansión de energías renovables en las que tiene en cuenta la energía solar, eólica, bioenergía, pequeñas centrales hidroeléctricas e hidrógeno verde como un despliegue para la interconexión nacional. Así mismo plantea una movilidad sustentable a través de transporte masivo terrestre por vías férreas e incluye al gas natural en su estrategia para la transición. Conocer el sector minero energético y darle un apoyo en la transición es solo uno de los muchos puntos que se plantean para lograr esta finalidad. Mito La Transición Energética Justa es una obligación del gobierno Verdad Aunque el gobierno debe conformar programas estratégicos con el fin de lograr sus acuerdos internacionales y compromisos hacia el 2030 en búsqueda de la disminución de la huella de carbono, así también, con proyectos como los que se han planteado como las comunidades energéticas, que busca llevar a más de 20.000 comunidades aisladas energía y democratizar el servicio, Esta puede ser una  de muchas oportunidades para involucrarse en el proceso de la transición con la que todos nos vemos beneficiados.

Por: Laura Bonilla, Iván Gallo En 1988 Carlos Castaño Uribe, entonces director de Parques Naturales, quería visitar Amacayu, una población en el extremo sur del país. Tomó una avioneta muy pequeña y en el aire la tormenta lo sorprendió. Se tuvieron que ir desviando, hacerle la gambeta al aguacero, de pronto entraron en un claro y descubrieron un mundo perdido. Era Chiribiquete. Carlos no era un vulgar marinero caza fortunas y despojador como Cristóbal Colón. Carlos era una antopólogo-arqueólogo con vasta experiencia. El hombre ideal para dimensionar la maravilla que se acababa de descubrir. Nadie estaba preparado para ver esos tepuyes, esas formaciones rocosas en medio de la llanura del Amazonas que tuvieron su formación hace 200 mil millones de años en el escudo guayanés. Parecía que hubieran sido puestos ahí, como huevos de un animal prehistórico. Lo primero que habría pensado Carlos Castaño-Uribe es que éramos más viejos de lo que pensábamos. Lo mejor es que todo estaba intacto. No sólo había descubierto América, también había descubierto la tumba de Tutankamón para la ciencia. Se hicieron varios sobrevuelos antes de ser declarado parque natural en 1989. Un año después hizo su primera expedición. Viajaron por uno de los ríos que lo surcan, el Ajaju y entonces descubrieron algo que cambiaría para siempre la concepción del hombre americano: los grabados que están en los tepuyes. Algunos, en sus paredes de 150 metros de alto, tienen 19.000 años. Esto cambiaba para siempre la concepción que teníamos de cultura. Eramos más antiguos que los propios egipcios, que a su vez ya eran antiguos para los antiguos. En las expediciones Castaño se dio cuenta, además, que a los alrededores de los tepuyes no habían asentamientos humanos. Desde hace 50 siglos han estado viniendo a este lugar miembros de tribus del Amazonas a rendirle culto a unos dioses que no entendemos y que los blancos hemos ido matando sin que tiemble el pulso: los jaguares. Las formaciones naturales más antiguas del planeta eran la maloka de los hombres jaguar. La prensa empezó a ponerle epítetos. Decían que era “La gran capilla sixtina del Amazonas” como si se pudieran comparar ambas cosas. Castaño-Uribe empezó a convertirse en el gran profeta de Chiribiquete y nos enseñaba algo: la mejor forma de preservarlos es no conociéndolo. Todo era muy frágil. Sobre todo lo que lo rodeaba. Flora, fauna y recursos hídricos que le traerían a la humanidad la seguridad de tener aire durante varios siglos más si esto se preservaba. Por eso una de las tareas de Castaño-Uribe fue ampliar el parque natural. En 1989 su extensión era de 1.250.000 hectáreas. Esta superficie se localiza entre los departamentos de Guaviare y Caquetá. Los cascos urbanos más cercanos y los que podrían afectar directamente a la zona son San José del Guaviare, Miraflores, Calamar, San Vicente del Caguan, Solano y Cartagena del Chairá. La lucha de Castaño -Uribe era poder ampliar esta zona para aumentar su protección. Porque a pesar de que la mano del hombre ya la estaba rodeando, aún, en el año 2018, seguía siendo la zona de extensión de selvas, humedales y recursos hídricos más grande del planeta. Estaba preservada también por la guerra. Este era un territorio FARC y la guerrilla se ocupó  de impedir que multinacionales mineras no llegaran a destruirla. El área se amplió en los últimos años. En el 2013 Santos decide que el parque tendrá 2.7 millones de hectáreas y en el 2016, después del boom que causó Colombia Magia Salvaje, se amplió a más de cuatro millones. Pero la gente quería ir. Sobre todo después de que terminó el conflicto con las FARC. Para ellos una selfie era más importante que el equilibrio de un ecosistema.  Algunos su único motivo fue el ego y tomarse fotos con las huellas de nuestros antepasados. Otros simplemente querían llevarse la riqueza. Hasta el 2.017 se tenían estos datos sobre su flora: había 2.138 especies de plantas, pertenecientes a 143 familias. 16 de estas familias sólo se dan en el área del parque. Si se destruyen jamás volveríamos a ver una. Este lugar además alberga el 15% de los mamíferos que hay en Colombia, 82 especies distribuidas en ocho órdenes, 18 familias, 10 subfamilias y 63 géneros. Este es el territorio del jaguar y el puma, considerados sagrados, este es el reino del mono araña, el cotudo y chucuco, de edentados como osos hormigueros, armadillos, pero además hay venados, marsupiales, murciélagos, 374 especies de ave y sus tres ríos, entre los que se cuenta el emblemático Apaporis tienen 63 especies de ave. Y todo esto está en peligro. Hace unos días nos llegó a la fundación Paz y Reconciliación una denuncia. A comienzos de esta semana la FDSC realizó un sobrevuelo por la zona y encontraron la evidencia que los apropiadores de tierra, quienes son en su mayoría pertenecientes a grupos armados, ya están desforestando muy cerca a los tepuyes de Chiribiquete. Las advertencias de Castaño-Uribe están lejos de haber sido escuchado. En Colombia se desforestan alrededor de 200 mil hectáreas, con el gobierno Petro se bajaron estas cifras a 160 mil. El gobierno celebró pero no hay muchas razones para hacerlo. Estas fotos demuestran lo cerca que están del Chiribiquete, el corazón de la Amazonía, el más protegido que hay en Colombia. Es vital para el tema del agua y para conectarse con la Orinoquía. Pero los aparadores de tierra ya están acá y sería el final de este paraíso. Según un funcionario de la Contraloría las acciones que ha tomado el gobierno han sido insuficientes: “Las últimas operaciones que se llamaban las burbujas donde la Fuerza Pública coordinaba con otras instituciones para parar la desforestación no se han vuelto a hacer y ya en la Amazonía hay evidencia de siembra de palma africana y eucalipto además de presencia de ganadería”. El fin estaría más cerca de lo que pensamos. Para Laura Bonilla, subdirectora de Pares, “detrás de la desforestación, de mover la frontera agraria, es que la gente, pese a la crisis del precio de la coca, extiende los cultivos de coca porque considera que ahorrar en pasta de coca es una especie de salvamento para cuando mejore el precio. Los grupos armados ilegales vienen detrás de esto y del comercio ilegal de madera que se suma a las ya fuertes economías que alimentan la guerra hoy”. Estas fotos demuestran el horror en el parque natural Tinigua: Fotos de parque natural Tinigua

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Blu Radio y Voz de América Hace veinte años eran pocas las personas dentro del gobierno de Alvaro Uribe que tuvieran más poder que el general Mauricio Santoyo. Compartía con el presidente la pasión por la madrugada. Antes de que clareara ya ambos estaban hablando sobre la situación del país, con un mapa encima de una mesa. Arrancaba el gobierno Uribe y con él su Seguridad Democrática. El sirirí de era arrasar con las FARC y “devolverle las carreteras al país”. Para esto Uribe usó la táctica de los consejos de seguridad. Santoyo, en esos espacios, era la sombra del presidente. Se le veía siempre tomar atenta nota de las órdenes que dispusiera su jefe. Pero, detrás de la imagen de oficial impoluto se escondían secretos. Santoyo fue condenado en Estados Unidos por los peores crímenes que podrían imputarlo a un miembro de las fuerzas armadas. El general Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad de Álvaro Uribe, se aferraba con uñas y dientes al último salvador con el que contaba: la JEP. En septiembre del 2021 este tribunal aceptó al ex oficial quien, según determinó la Corte de Alexandria, en Virginia, Estados Unidos, entre el 31 de octubre del 2001 y el 28 de noviembre del 2008 suministró, desde la mismísima Casa de Nariño, “apoyo y recursos a los paramilitares”. En ese momento el país vivió la expansión de las fuerzas de los hermanos Castaño y Mancuso. Según el fiscal que lo acusó, Neil H. MacBride, el general ayudaba desde su cargo a que llegaran a buen destino los cargamentos de coca enviados por los carteles de la mafia a los Estados Unidos. Santoyo fue condenado en los Estados Unidos a una pena de 85 meses por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se convertía con esto en el oficial con más alto rango condenado en EEUU. El propio general confesó haber recibido cinco millones de dólares por parte de los paras. La manera como ayudaba el general a los paras pone los pelos de punta: chuzaba de manera ilegal a la propia fuerza pública y así les iba advirtiendo de los operativos en contra de ellos. También era el encargado de poner en zonas de influencia paramilitar a oficiales que estuvieran de acuerdo con su causa. Tan sólo basta con recordar lo que se decía en el entorno de Uribe sobre el general Santoyo hasta el año 2010 para entender que era considerado poco menos que un héroe. Hijo de un humilde panelero boyacense, Santoyo era la clásica historia del que arranca desde abajo y se gana todo con las uñas bien limpias. Sus hermanos también fueron policías. A su hermano Julio lo mandaron en 1990 a Medellín. La misión que tenía era perseguir a Pablo Escobar. Lo hizo bien, el capo cayó en 1993. Su hermano Julio le allanó a Mauricio el camino para que aterrizara en el Gaula de Medellín en 1996, justo cuando el gobernador de Antioquia era Álvaro Uribe Vélez. Se convirtió en el oficial más eficiente para rescatar secuestrados. En Medellín no sólo liberó secuestrados. Empezó a tejer una compleja red con narcos como alias Rogelio quien, a finales del siglo XX, era el mandamás de la Oficina de Envigado. Este narco, Rogelio, fue el que, después de haberse entregado a la justicia en el año 2012, terminaría por salpicar a Santoyo contando todo lo que sabía. Sus métodos no eran los más éticos. Fue un experto en las chuzadas ilegales que aprovechó, además, para perseguir a defensores de derechos humanos. La Procuraduría pudo probar que interceptó, entre los años 1998 y 2001, 1808 líneas telefónicas. Eso no fue ningún impedimento para que Uribe lo promoviera y lo tratara como alguna vez hizo con Rito Alejo del Rio, también condenado por sus alianzas con grupos paramilitares, como un prócer. Uribe siempre estuvo ahí para salvar a Santoyo. Lo salvó cuando la Procuraduría lo destituyó por el escándalo de las chuzadas lanzándole un insólito salvavidas gracias a una decisión del Consejo de Estado. Incluso convenció al congreso para que ascendiera a Santoyo a general en el 2008. Lo quería tanto Uribe, le reconocía tanto su labor que en su autobiografía, titulada “No hay causa perdida” el nombre del general Santoyo aparece en los agradecimientos. Era la leal a Uribe, era lo único que le importaba al expresidente. Después vino su caída. Santoyo pagó su condena en Estados Unidos en silencio. Regresó a Colombia el 29 de abril del 2019. Una vez se bajó del avión fue esposado. Venía deportado con 100 personas más. Santoyo tenía una deuda con la justicia colombiana, el asesinato de dos activistas de derechos humanos ocurrido en septiembre del 2006. El CTI tenía una orden de captura contra él por el delito de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada. Mientras Uribe defenestra a la JEP, su ex hombre de confianza ingresó a este alto tribunal después de ser aceptado en septiembre del 2021. Pero sus aportes a la verdad han sido nulos. Supuestamente Santoyo iba a declarar en los macrocasos 06 y 08 que investigan la persecución a miembros de la Unión Patriótica y los crímenes cometidos por la Fuerza Pública y agentes del Estado, en asocio con paramilitares. Pero en marzo del 2024, en su última audiencia ante la JEP, negó sus nexos con paras como Diego Murillo, alias Don Berna y Francisco Javier Zuluaga “alias Gordolindo”. Santoyo le habría pedido a la JEP el beneficio de la libertad condicional pero un juez le acaba de cerrar esa posibilidad y además, debido a sus nulos aporte a la verdad, podría ser expulsado de este tribunal. Si Santoyo quiere salvarse debe quebrar algunos códigos y delatar si hubo superiores detrás de sus crímenes.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia Gabo tenía un sueño recurrente. A veces se levantaba en mitad de la noche y volvía a ser un niño. Tenía 8 años y estaba en la vieja casa de su familia materna. Reconocía el estuco, el bahareque, las ventanas grandes para que entrara el extraño frescor de la calle en Aracataca. Después del sueño venía la realidad, estando en las cuatro paredes de un hotel de lujo en París, Barcelona o Londres, y la amargura lo asfixiaba. Sí, a pesar de que era el escritor más famoso del mundo, que su obra, Cien años de soledad, era comparada con El Quijote, Gabo lo único que quería seguir siendo era el nieto de su abuelo. Las pocas entrevistas que el escritor dio tienen algo en común: la nostalgia por su pueblo. Afirmó varias veces que de nada le serviría escribir unas memorias porque a él las cosas importantes le dejaron de pasar a los ocho años. El personaje que más lo influenció fue su abuelo, Nicolas Ricardo Márquez, quien murió cuando él aún vivía en la vieja casa. El viejo militar que participó en la Guerra de los mil días fue la inspiración del Nobel para escribir su primera novela, La hojarasca, la novela que más le gustaba, El coronel no tiene quien le escriba y, sin duda, fue la inspiración para hacer su personaje más representativo, Aureliano Buendía. Nicolás es Aracataca. Gabo se fue del pueblo por primera vez a los ocho años. La vida disipada de su padre, Gabriel Eligio García, un aventurero que algunas veces fue telegrafista y otro boticario o simple “tegua”, como llamaban a los que aspiraban a ser médicos recetando menjunjes, lo sacó del terreno de sus fantasías. Volvería a Aracataca por primera vez en 1952, con 26 años, ya convertido en periodista y con el anhelo de ser escritor. Ese viaje fue crucial para tener en sus manos la atmósfera de La Hojarasca, su primera novela. Era regresar a la vieja casa. Lo hizo en compañía de su madre, Luisa Santiaga. Fue a comienzos de marzo de 1952 y el viaje tenía como fin vender el caserón de sus abuelos. En Vivir para contarla Gabo recuerda el estupor que le causó las trampas de la nostalgia. En el recuerdo la casa era mucho más grande que en la vida real. Vio los estragos del tiempo no sólo en su casa sino también en Aracataca. El esplendor que alguna vez habían dejado los gringos y su compañía bananera eran ya parte del pasado. El paisaje que vio fue el mismo que encontró Aureliano Segundo después de que el aguacero de cuatro años cesara en Macondo. Gabo convirtió sus recuerdos en la mina de donde sacó sus mejores joyas. Su biógrafo Gerald Martin dice que el universo de sus obras no son sólo Aracataca, también está Sucre, la ciudad a donde fueron en una de las aventuras de su padre y a donde conocería a esa diosa de rasgos egipcios llamada Mercedes. Pero la Macondo de Cien Años es la ciudad donde nació y a donde sólo volvería una vez. Gabo conseguiría fama internacional desde que Cien años de soledad explotó en 1967. Nunca volvería a ser el mismo. El taciturno muchacho que no paraba de fumar Piel rojas se convirtió en un seguro hombre de mundo, muy cercano a personajes de poder como Bill Clinton y Fidel Castro, al que muchos de sus amigos -entre los que incluso se cuentan Plinio Apuleyo Mendoza- le reprocharon la distancia que les puso. Nadie está preparado para ese tipo de fama, menos un escritor de cuarenta años. En Colombia García Márquez fue más importante que en cualquier otra parte del mundo. Fue idolatrado pero también duramente criticado. Em 1981 incluso tuvo que salir del país porque había un plan de la extrema derecha para asesinarlo o al menos para detenerlo. Desde entonces vivió en México. También le daban duro por el supuesto olvido en el que tenía al pueblo donde nació. El compositor Armando Zabaleta incluso le compuso una canción: “Al escritor García Márquez, hay que hacerle saber bien, que la tierra en la que nace es la que debe querer. Y no hacer como hizo él, que su pueblo abandonó y está dejando caer la casa donde nació. Al escritor García Márquez, le han regalado 2 premios, y no ha sido capaz de acordarse de Aracataca, su pueblo. Y en vez de darle un colegio, que necesita su tierra, lo que hizo fue darle un premio, que se ganó en Venezuela”. La canción fue compuesta en 1985 y se le reprochaba a Gabo el haber donado en 1972 la plata que recibió por el premio Rómulo Gallegos al MAS, un movimiento revolucionario venezolano. En ese momento Gabo estaba convencido que el único camino que le quedaba a la humanidad para salvarse era la revolución socialista. En el propio pueblo le reprochaban el supuesto olvido de Gabo. Incluso en los últimos meses su pueblo le hizo el último reproche a su hijo más destacado: ¿Por qué olvidaron a Aracataca en la serie que adaptará Netflix sobre su novela? En el 2006 se hizo una encuesta en Aracataca sobre si se iba a cambiar el nombre de ese pueblo al de Macondo. El resultado fue un no rotundo. Sin embargo Gabo regresaría por última vez a la ciudad donde nació. Fue el 30 de marzo del 2007. Se embarcó en un tren de los años cuarenta de tres vagones, cuidadosamente restaurado, al lado de su esposa Mercedes para arribar al verdadero Macondo. El mal del olvido ya lo había minado pero ahí estaba él, un poco ausente, levantando las manos como un campeón ante una multitud que le mostró adoración. La estación de tren fue adornada por las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. El Tiempo recuerda ese momento en el que la multitud adoró a su ídolo: “No lo podían bajar porque había mucha gente, y los escalones eran muy altos. Las personas que estaban en la organización corrieron a donde mi para que les prestara una silla, que fue donde él pisó, para apoyarse y poder bajarse”. En Aracataca está su casa, convertida en museo, aún crece el árbol que se llama Macondo, y los viejos fantasmas aún deambulan por sus pasillos. En Aracataca quieren que regresen sus cenizas. Aracataca sabe que la relación con su hijo predilecto ha sido problemática, pero ¿qué relación cruzada por el amor no lo es? En Aracataca nadie olvida a Gabo y saben, también, que Gabo nunca se olvidó de ella.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Blu Radio Hubo un momento, al comienzo de este gobierno, en el que la gente en Buenaventura comenzó a creer en la Paz Total. En ningún otro lugar de Colombia se respiró con más firmeza la oportunidad histórica a la que se aferraba este gobierno, el silencio total de los fusiles en zonas perseguidas por la maldición de la guerra. Pero el escenario de negociación entre Shottas y Espartanos vive en una constante fluctuación. El 5 de mayo volvió a renovarse la tregua pero es muy poca la gente que esto puede llegar a un final feliz. El optimismo con el que se inició poco a poco va cayendo en el mismo sopor de siempre. Desde los noventa la violencia a golpeado con firmeza a este puerto. Guerrillas, paramilitares y ahora las bandas criminales se han pegado a la historia de los últimos treinta años de Buenaventura como si fueran lapas. El secuestro masivo en la represa de Anchicayá, donde las FARC se llevó a más de cien personas a finales del siglo pasado, pudo haber sido el puntapie inicial en la escalada de terror. El informe de la Comisión de la verdad titulado «Violencia urbana, reconfiguración paramilitar y expansión portuaria en Buenaventura», explica que la violencia en este puerto, a donde llegan la mayoría de importaciones del país, tiene que ver con la desigualdad galopante. En la zona rural de Buenaventura la pobreza afecta al 91% de la población. La ampliación del puerto en 1966 se hizo de espalda a las necesidades de la gente. Para hacerlo desplazaron personas ya que tuvieron que demoler dos barrios, Balboa y Cristo Rey. En los ochenta ya se empezaban a ver escenarios de violencia como el que puso en la mesa un hombre al que se le conocía como Carlitos “El fusilero” que se dedicaba a hacer lo que mal se llama limpieza social en sus calles. Este hombre contó con el apoyo de autoridades y de comerciantes del puerto quienes buscaban ver sus calles libres de mendigos y ladrones potenciales. Pero la escalada de la violencia tendría su cumbre con la llegada del Frente 30 de las FARC. Nadie olvida la primera gran masacre que hubo en la ciudad, la de Zabaletas, donde fueron asesinados cinco jóvenes acusados de haber robado a turistas fueron asesinados en plena vía. A comienzos del siglo XXI, según el relato de la Comisión de la Verdad, Buenaventura era una zona de guerra en donde se usaban de armas hasta bombas pitadoras. La violencia de las guerrillas fue ripostada por el horror de los paramilitares. Tristemente célebre es la reunión que sostuvo Vicente Castaño con empresarios de Buenaventura para tomarse el puerto. Entre los años 2000 y 2003 se cometen 19 masacres que dejan un saldo de 118 víctimas. Se desplazan más de 36 mil personas. La desmovilización paramilitar no significó otra cosa que la fragmentación en otros grupos que derivaron en estos, los Shottas y los Espertanos, que en medio de una desconfianza mutua intentan cumplir sus treguas. Ellos son el remante de otro grupo, la Local, manejado por Diego Optra, quien después de su caída en el 2019 dejó a los sicarios de su banda en la anarquía por reemplazarlo. A los Shottas le tienen mucho miedo en Buenaventura. Ellos no sólo viven del narcotráfico sino de la extorsión a comerciantes y también a vecinos de cualquier barrio. La excusa que tienen los Shottas para cobrarle a los vecinos es que ellos garantizan la seguridad. Nadie denuncia, temen demasiado. En Buenaventura se respira miedo. Saben los métodos que tienen los Shottas para convencer a la gente de su poder, las casas de pique donde desmiembran a personas hace rato que no son un mito. Los Espartanos, quienes eran la contraparte de los Hottas dentro de La Local, ha sido su principal rival y la confrontación azuzó aún más la creación de las temibles fronteras invisibles. Se han podido sentar a hablar en este gobierno. El pasado 5 de mayo el comisionado de paz Otty Patiño llegó al puerto a hablar con representantes de ambos bandos. Lo acompañaba alguien confiable y respetable, Francisco de Roux, ex presidente de la Comisión de la Verdad. También viajó el jefe de la delegación del gobierno en estos diálogos, Alejandro Ocampo, quien anunció que Los Espartanos, quienes se habían levantado de la mesa de negociación en marzo, volvían a ella y extenderían la tregua hasta agosto. 90 días de paz. Además las bandas habían llegado a compromisos concretos como el de frenar el reclutamiento de menores en el puerto. Sin embargo hay preocupaciones. Una de ellas es que durante el 2023 el gobierno giró $2.900 millones de pesos para actividades de paz entre Shottas y Espartanos y nadie responde por ellos. Lo otro es que está estancado el marco jurídico para la paz en ambos bandos. Se firmaron acuerdos, la gente en el puerto lo sabe, pero no creen demasiado en el compromiso de silenciar los fusiles. La preocupación crece con los días.