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Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El Tiempo y Patrimonio Toda una polémica se desató sobre la decisión del presidente de entregarle a la Universidad Pedagógica el emblemático castillo de Marroquín, en lo que muchos contradictores del gobierno calificaron de “expropiación”. Cualquier persona que salga de Bogotá por su autopista norte le llamará la atención la construcción centenaria. Para el presidente este castillo representaba a una élite “corrupta y esclavista”. Construido en 1898 por el arquitecto Gastón Legarge, Petro dio una lección de historia a través de la red social que más usa: “Este Castillo lo hizo el hijo del expresidente Marroquín dicen que con los sobornos de la entrega de Panamá. Un castillo como impostura de una élite corrupta que se cree falsamente aristócrata, cuando en realidad fue esclavista. El gobierno del cambio entregará este Castillo a la Universidad Pedagógica para que se eduquen los maestros y maestras de las próximas juventudes”. Por su aire gótico, el castillo ha traído una serie de leyendas urbanas que tienen que ver con el mismo origen de su terreno. Este lugar era un sitio de adoración muisca. Luego estos terrenos fueron del presidente José Manuel Marroquín. Según una publicación de El Tiempo de 1999 en este castillo se habrían arreglado los pormenores de la venta de Panamá a los Estados Unidos. Desde entonces ha pasado sucesivamente de dueños, cada una llevando una historia más escabrosa que otra. Fue un hospital siquiátrico en los años cuarenta, dirigido y creado por el doctor Francisco Gómez. La clínica cerró después de que la tragedia se cerniera sobre él: el doctor Gómez se suicidó después de lo que hicieran dos de sus pacientes. Una década después fue un cabaret. En los años setenta fue adquirido por Guillermo Villasmil, petrolero venezolano, quien remodeló la propiedad. No pudo disfrutarla mucho tiempo porque murió en una avioneta que él mismo piloteaba. La propiedad tiene 79 mil metros cuadrados y han servido, incluso, para criaderos de caballos. Allí nació y ´dio sus primeros pasos Tupac Amarú, el caballo consentido de Gonzalo Rodríguez Gacha, un pura sangre ganador de todos los premios posibles y cuyo dueño atendió con la atención que lo haría siglos atrás Calígula con su caballo Iniciato. Uno de los presuntos socios de “El mexicano”, llamado Camilo Zapata, fue asesinado en un operativo del Bloque de Búsqueda en 1993 en Copacabana Antioquia, en una finca de su propiedad, mientras se cerraba el cerco contra el que las autoridades creían que era su jefe, Pablo Escobar Desde entonces el castillo se ha venido sumiendo en vericuetos judiciales. En el 2007 embargaron el castillo Marroquín y otras 58 propiedades de Camilo Zapata. Incluso la Dijin y la Fiscalía ocuparon el lugar. Diez años después, en el año 2017 un juez de extinción de dominio ordenó que los bienes fueran devueltos a los herederos del presunto narco. Se determinó que no había suficiente evidencia para comprobar que Zapata fuera el jefe de “El Cartel de Bogotá” delito que le sindicaban. Sin embargo echaron para atrás la medida y la propiedad quedó en manos de la SAE desde el 2022. Ahora será parte de la Universidad Pedagógica, así lo anunció, además de el presidente, el director de la SAE, Daniel Rojas Medellín, afirmó que en este lugar funcionaría la facultad de artes de la Pedagógica. ”El predio comprende una gran reserva ambiental de la capital de más de veinte hectáreas que la universidad ayudará a conservar” afirmó la SAE abriéndole también la posibilidad a la universidad de que allí funcionen además las facultades de Biología, Ciencias Natural y Educación Ambiental. Los rumores de expropiación son absurdos ya que el predio, desde hace dos años, ya no tiene nada que ver con la familia Zapata sino que fue completamente asumida por la SAE.

Por: Ivan Gallo Foto tomada de: Caracol Radio y El Tiempo El 26 de abril del 2022 Diego Molano, entonces altivo ministro de defensa, se presentó ante el Congreso después de ser citado a una moción de censura por el bombardeo a la vereda Alto Remanso, en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Tenía que responder por un operativo al que le habría faltado rigor a la hora de investigar y actuar y cuyos resultados afectaron directamente a la población civil tan sólo unas semanas atrás. El ejército quería dar de baja a dos de las cabezas de los Comando Frontera, conocido también como “Los Sinaloa”, llamado así por el alias de uno de sus líderes. Es un remanente de disidencias FARC con miembros de las antiguas AUC que intentan controlar el tráfico de cocaína hacia Ecuador y se han extendido por el Putumayo. El ejército tenía información sobre los alias “Bruno” y “Managua”. Sabían que el 11 de marzo del 2022 estarían en un bazar organizado por el líder de la Junta de Acción comunal de este caserío, habitado por 200 personas, Divier Hernández Rojas. El objetivo del bazar era conseguir fondos para construir una placa huella que necesitaban. Llevaban tres semanas haciendo constantemente este tipo de bazares para conseguir fondos que les ayudaran  a construir la escuela, vías. A falta de Estado lo que toca es meterle imaginación. Los estaban ayudando organizaciones como la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) y habían podido recaudar 11 millones de pesos. Como eran tan pocos los habitantes de esta vereda inevitablemente necesitaban la ayuda de vecinos de otras partes para que participaran en esa actividad. Hay que recordar que en este lugar el casco urbano más cercano está a seis horas. La comunidad no podía tener un control riguroso sobre las personas que entraban o salían de esa actividad.  Molano, en su argumentación ante la moción de censura, mostró en diapositivas el prontuario de las personas asesinadas. Se refirió a la actividad como un “Narco-bazar” y que alias “Bruno” había estado en ese lugar para reunir a la población civil y recibir de parte de ellos pasta de coca, en una gravísima acusación y estigmatización hacia uno de los lugares más golpeados por el olvido y el conflicto.  Insistió que las 11 personas asesinadas en el operativo tenían antecedentes judiciales. Una de ellas era el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche. A este hombre nacido en Puerto Leguízamo su familia y los que lo querían, que eran muchos, lo llamaban “Pantalones”. Panduro había sido elegido gobernador apenas en enero de ese año. Llevaba tres meses. Los amigos que conocieron a “Pantalones” afirman que uno de sus intereses principales era la conservación del medio ambiente. La vereda Alto Remanso está al lado de un río y la protección de este era vital para que sus condiciones de vida no desmejoraran. Antes de ser gobernador Panduro había ocupado todos los cargos que había en la escala, secretario, tesorero, alguacil mayor, además tenía una tradición familiar de liderazgo, según un perfil que sacó El Espectador sobre él, pertenecía a una familia que había estado comprometido a guardias indígenas y otros procesos étnicos en la región. Panduro, quien jamás había tomado un arma para alzarse contra autoridad alguna, cayó ese 11 de marzo del 2022 abaleado junto a otros inocentes, como el presidente de la junta de acción comunal Divier Hernández Rojas, una mujer embarazada, y una menor de edad, entre otras víctimas. Este hecho además produjo un masivo desplazamiento ya que las personas de esta vereda no encontraban garantías para seguir allí. Periodistas de El Espectador, Vorágine y Cambio constataron que, como había sucedido en otros casos parecidos, a los que les han llamado Falsos Postivos, los cuerpos fueron manipulados para tergiversar la escena del crimen. Una vez se efectúa el operativo se procede con el ocultamiento. Todo para hacerlos pasar como guerrilleros. El error lleva al crimen, en vez de reconocerlo lo que hacen es incriminar. Y el entonces ministro de Defensa incluso salió a defender la tesis ante las acusaciones de congresistas como Katherine Miranda quien le preguntó en su momento a Molano: “El Ejército entró disfrazado con prendas de color negro y diciendo que eran de las disidencias. ¿Está avalado que ustedes se idenficaran como miembros de disidencias? ¿Por qué se cambiaron de uniforme?”. Otra congresista, María José Pizarro, afirmó que se trataba de “Crímenes de guerra”: Otros congresistas afines al gobierno de ese momento, como José Jaime Uscátegi, defendieron a Molano. El entonces ministro no estaba solo. Iván Duque afirmó que todos los caídos en esa operación tenían vínculos con el grupo criminal "La operaciones militares y, en particular esta que ha desatado controversia, se adelantó con un trabajo de inteligencia y de identificación previa". Sin embargo José Guarnizo, director del medio Vorágine y quien estuvo investigando la masacre, afirma lo siguiente: "Hay versiones del Ejército que no coinciden", dice Guarnizo: "Una dice que antes de entrar, se dieron cuenta que Bruno ya no estaba en la vereda. Entonces, ¿por qué realizaron un operativo de estos en medio población civil, sabiendo que su objetivo principal no estaba?". Pero el presidente jamás cedió. Unos días después de el operativo seguía justificándolo: “El Ejército ha venido explicando punto por punto. Primero, la planeación de la operación. Segundo, ya salió evidencia del personal armado, de la droga, y fuera de eso, están las incautaciones y tenemos algunos de nuestros hombres heridos”. El entonces comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, también salió a defender a sus hombres y a justificar la barbarie: “Su actuar delictivo es así, vestidos de civil, con armamento, pretendiendo evitar las acciones de la Fuerza Pública. Enseñamos las armas largas, cortas, municiones, granadas, brazaletes, equipos de comunicación, chalecos y dinero en efectivo incautados en la operación” Poco a poco empieza a hacerse justicia. Molano, una vez salió del gobierno y se lanzó a la alcladía de Bogotá en 2023 cambió un poco su versión y admitió que ese bombardeo pudo haber sido un error fatídico del ejército. Este viernes 9 de mayo se conoció que el próximo 25 de junio serán imputados por la justicia ordinaria 25 militares por esta masacre. Según el informe de la Fiscalía General de la Nación entre ellos estarán un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados. A los mencionados se les acusará de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio en persona protegida. Algunos de los familiares de las víctimas celebraron la decisión. Esperan además que sea el inicio de la reparación por parte del Estado. Después de que les mataron a los que más querían tuvieron que dejar todo lo que tenían por miedo a lo que podría suceder. En la investigación de la Fiscalía quedó ratificado lo que en su momento denunciaron medios como Vorágine, El Espectador y Cambio: “los militares procedieron a modificar la escena del crimen, agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”. La pregunta que también se hacen es si el ex mandatario Iván Duque pedirá disculpas públicamente al igual que el general Zapateiro. Sus declaraciones no sólo justificaron una masacre sino que ayudaron a estigmatizar una población a la que lo único que le ha tocado es sufrir.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha querido que su proceso de paz sea muy distinto al que se vivió con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-ep). De allí que, desde el inicio de las negociaciones, en octubre de 2022, ha propuesto una serie de acciones con las que intenta construir un proceso de paz lleno de novedades. Entre las innovaciones están: primero, tener una mesa de negociaciones itinerante, que se mueva por distintos países, para acumular aliados al proceso de paz. Segundo, involucrar a la sociedad en todas las fases de la negociación, desde el inicio hasta el final, con el objetivo de ganar legitimidad ante este tercer actor. Finalmente, trabajar en la elaboración y firma de acuerdos parciales, con implementación inmediata. Está última novedad ha servido para que se construya un escenario muy distinto al que se tuvo con las Farc-ep, aquel que decía que “nada estaba acordado hasta que todo esté acordado”. En el proceso con el ELN, por el contrario, se defiende la idea de que “debe avanzarse en la implementarse mientras se llega a un acuerdo final”. Lo que ha provocado que durante este tiempo de diálogos se hayan alcanzado —en seis ciclos— 26 acuerdos parciales. Entre los acuerdos están el N0 3, sobre acciones y dinámicas humanitarias; que se complementa con el 12 y 13, sobre el Marco político y conceptual de acciones y dinámicas humanitarias y las Zonas críticas o de crisis humanitaria, respectivamente. El N0 9, sobre el Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz; que se ha complementado con otros —como el N0 11 de Alistamiento para el Proceso de Participación de la Sociedad y el N0 19 sobre la continuación del Diseño del Proceso de Participación—. También, el importante Acuerdo N0 10, sin precedente, de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (FBNT). Que se ha venido enriqueciendo y complementando con los acuerdos 11, 16 y 22, donde se logró, entre otras cosas, prorrogar FBNT por seis meses más. Al igual que avanzar en un acuerdo de la Suspensión de Retenciones con fines económicos, según la denominación del ELN, durante el CFBNT —N0 16—. Algunas de las ventajas que tiene el construir un tipo de proceso de paz como estos —donde las partes se comprometen a implementar lo acordado mientras se negocia— es que se genera una mayor confianza en lo que se hace. Sobre todo, se observa de forma inmediata y materializada en acciones las bondades de negociar la paz, lo que anima a que todas las partes, en especial la sociedad, a que se presione para que se continúe con los diálogos de paz. Sin embargo, implementar mientras se negocia tiene el problema de que si no se muestran resultados las partes se van desanimando en las negociaciones. Incluso, pueden considerar el no cumplimiento de la palabra puesta en el acuerdo como traición. De allí que se utilice la amenaza de parar el proceso si no se avanza en lo acordado. Situación que es muy distinta a cuando se tiene un proceso de paz finalizado y firmado, donde a lo único que se puede recurrir para lograr avances en la implementación es a la institucionalidad o la buena disposición del Gobierno de turno. Un claro ejemplo de este tipo de dificultades se vive en el momento actual con el Acuerdo N0 21 sobre la creación de Condiciones Económicas y Financieras para la materialización del Acuerdo de México; en particular, con la creación del Fondo Multidonante para la implementación. A este acuerdo, que se llegó en el VI Ciclo de Negociaciones, donde, además de prorrogar por seis meses el CFBNT, se logró la suspensión del secuestro con fines económicos por parte del ELN. Pero, desde aquel momento —6 febrero de 2024— hasta la actualidad —mediados de mayo de 2024— el avance en la creación del Fondo Multidonante ha sido casi nulo. Esto ha provocado que el Comando Central del ELN (Coce), en un Comunicado reciente, haya decidido unilateralmente suspender la implementación del Acuerdo N0 16 sobre las Retenciones con fines económicos, durante el CFBNT. Debido a que no se ha cumplido con el Acuerdo N0 21 de la creación del Fondo. Generando con ello, nuevamente, un momento de crisis o tensión entre las delegaciones de la Mesa de Negociación, del Gobierno y el Alto Comisionado Para la Paz (OACP) con el ELN y de la opinión pública frente al proceso de paz, en general. Todos presentan el anuncio del ELN como una muestra de no querer la paz y un gran retroceso en todo el proceso. Consideran, incluso, que no se debe seguir en el proceso si se retoman los secuestros extorsivos. Aunque son varias las razones que se tiene para no avanzar en la implementación del Acuerdo N0 21 —entre ellas, el asocio que se tuvo en la opinión pública entre el Fondo Multidonante y el secuestro, es decir, se piensa que el dinero del Fondo sería plata que se entregaría al ELN para que no secuestre—, lo cierto es que se ha perdido una buena oportunidad de conseguir recursos para “soportar y fundamentar el conjunto de la implementación de los acuerdos”. De allí que sea necesario recordar que la ejecución de los pactos de paz mientras se negocia exige varias acciones, entre ellas: la primera, tener un inventario muy claro de los acuerdos a los que se ha llegado, una lista de disposiciones a cumplir. Con un horizonte de ejecución temporal —de corto, mediano y largo plazo—; con claridad en la implementación administrativa y territorial; al igual que con indicadores de ejecución y realización. La segunda, una serie de organizaciones responsables de la implementación. Organismos que se encarguen de realizar las labores necesarias para cumplir los acuerdos. Y que estos cuenten con los recursos —humanos, financieros, organizativos, etc.— necesarios y suficientes para lograr el objetivo que se le asigne. Organizaciones que pueden ser las ya existentes —como la Oficina del Alto Comisionado para la paz (OACP) o el Departamento Nacional de Planeación (DNP)—, aunque también pensar en crear nuevas para que cumplan otras funciones en el posacuerdo. Y la tercera, una serie de organizaciones que realicen verificación y seguimiento a la implementación de los acuerdos parciales. Para que se equilibren los poderes, para que se hagan los respectivos chequeos y balances, y para que de manera imparcial presente informes que permitan mostrar el cumplimiento de lo acordado y dar tranquilidad con el registro de los avances a todas las partes en el proceso de paz. En conclusión, firmar acuerdos e implementarlos de forma inmediata implica enormes retos debido a la gran cantidad de recursos necesarios para su debida realización y por las numerosas organizaciones convocadas para lograr una ejecución efectiva de todo lo acordado. Pero ejecutar los acuerdos significa, crear las condiciones para avanzar con seguridad en la importante fase de negociación. Además, paso a paso se está suprimiendo las razones para la persistencia del conflicto armado en el país, y preparando el terreno para que se dé el anhelado momento de desarme, desmovilización y reinserción (DDR). * Desde la Plataforma de Seguimiento al Proceso de Diálogo entre el Gobierno y el ELN (Isegoría) se pueden encontrar una serie de análisis, columnas, boletines, documentos académicos, y reportajes periodísticos relacionados con este proceso. Toda esta información se puede consultar en el sitio https://isegoria.udea.edu.co/ ** Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. *** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Semando de la República El lunes 13 de mayo del 2024 Noticias Caracol reveló apartes del interrogatorio efectuado por la Corte Suprema al ex congresista Ciro Ramírez quien está preso en la cárcel La Picota. Pero esta evidencia podría hundirlo aún más. Según la revelación del noticiero el ex senador del Centro Democrático habría protagonizado incongruencias. La razón por la que el ex senador está preso es por el convenio 670 de 2021 firmado por el DPS y la Empresa para el Desarrollo Territorial del Quindío Proyecta por un valor de 48.660 millones de pesos. Según Noticias Caracol “El objetivo del convenio era desarrollar obras de infraestructura vial y superación de la pobreza en municipios del Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, el verdadero dueño de ese convenio era Ciro Ramírez”. En este escándalo está comprometido Pierre García Jaquier, subdirector de proyectos del DPS, hijo del ex senador Carlos García Orjuela a quien lo acusan de recibir casi 1.000 millones de pesos en coimas. Ramírez es hijo de un superpoderoso del Boyacá, Ciro Ramírez Pinzón, también caído en desgracia a comienzos de este siglo por cuenta de las AUC. En el libro Parapolítica 20 años después, La historia del mayor asalto a la democracia colombiana, que acaba de ser publicado por la editorial Planeta, hay un aparte sobre este clan que dominó durante tres décadas a Boyacá: En junio del 2023 el castillo de naipes en el que vivía el senador del Centro Democrático Ciro Alejandro Ramírez Cortés se empezó a desbaratar. El testimonio del exgerente de la empresa Proyecta Quindío, Pablo César Herrera, confesó que le entregó miles de millones de pesos a Ramírez para que le ayudara a gestionar negocios usando su poder como congresista. Así haría direccionado 15 contratos en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca. En la noche del 14 de diciembre del 2023 la Corte Suprema de Justicia lo capturó por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en celebración de contratos. Era un nuevo capítulo en la ya extensa novela del clan Ramírez. En el 2006 su papá, Ciro Ramírez Pinzón, había logrado poder y distinción en su departamento, Boyacá. Había sido, en los años setenta, director regional de Coldeportes, gerente de la Caja de Previsión Departamental y del instituto nacional de Tránsito a comienzos de los años ochenta. Se inició en la política en el partido Conservador y luego fue un activo colaborador de Álvaro Gómez en su Movimiento de Salvación Nacional, una especie de disidencia del partido Conservador, con el que intentó ser presidente de la nación en 1990 cuando perdió las elecciones con César Gaviria. Cuando su relación con Álvaro Gómez le demostró que no le daba la gasolina que necesitaba para llegar al senado, Ramírez se pasó a las toldas del ascendente ex alcalde de Bogotá Andrés Pastrana. Su edad de oro fue durante la presidencia de Pastrana. En el año 2000 se convierte en su hombre de confianza hasta el punto de que lo pone al frente del partido Conservador. Servil, Ramírez Pinzón incluso proponer unas reformas a la constitución para que su jefe, Andrés Pastrana, se quedara otros cuatro años como presidente. Como tantos otros políticos se cambió de partido cada vez que sus necesidades se lo exigían. Por eso en las elecciones del 2002 y ante el ascenso imparable de Álvaro Uribe se convierte en un uribista de culto. Llega al senado, pero lo hizo dándole el beso de la muerte a las AUC. Con un creciente poder regional, Ramírez estableció su hegemonía, según lo pudo probar la Corte Suprema de Justicia, aupado en el Bloque Central Bolívar. El Bloque Central Bolívar fue, territorialmente, la mega estructura paramilitar más grande que existió en el país. Se extendió como un cáncer por los Santanderes, Antioquia, Bolívar, Putumayo, Caquetá, Meta, Risaralda, Caldas, Nariño, Vichada, Huila y también compró consciencias y causó masacres en Boyacá. El comandante era el temible Carlos Mario Jiménez alias Macaco quien designó para que le diera manejo a la fuerte estructura militar a Rodrigo Pérez Alzate, mejor conocido como Julián Bolívar y en el ala política a Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, uno de los tres comandantes paramilitares que fueron vitoreados y recibidos como héroes por la mayoría de los senadores en julio del 2004 en la infaustamente recordada visita de las AUC al Congreso. Según la Unidad de Víctimas el Bloque Central Bolívar entre los años que respiró, 1997 y 2006 dejó 31.364 víctimas. Unas de las peores masacres que cometieron fue la de 1998 en el barrio El Campin de Barrancabermeja, un puerto en donde tradicionalmente habían sido fuertes los sindicatos y también la presencia guerrillera, un viejo sueño que tenían los afiebrados hermanos Vicente, Carlos y Fidel Castaño: darle duro a los guerrillos donde ellos eran fuertes. Además, usaron su influencia en políticos como el poderoso senador Ramírez Pinzón. La Fiscalía reunió las suficientes pruebas, reunidas en conversaciones extensas, grabadas y presentadas por dos testigos de lujo que acusaron al senador: Henry de Jesús Gómez alias Mi Sangre, narcotraficante que formó parte del Bloque Central Bolívar y otro narco de peso, Gilberto Saavedra, mejor conocido como El Doctor. Siendo presidente del Senado Ciro Ramírez se reunió con Mi Sangre en una urbanización llamada Yerbabuena, en las afueras de Bogotá, justo al lado del enigmático Castillo Marroquín. Después de esa reunión Ramírez quedó comprometido con las AUC para hablar en nombre de ellas con algunos de sus colegas. Es tristemente célebre la frase en donde Miguel Arroyave dice que “Ciro Rodríguez es el hombre que nos va a abrir a los paras las puertas del Congreso”. Cuando justamente estaba en el cenit de su poder, convirtiéndose en un hombre de confianza del todopoderoso presidente Uribe, cuando era capaz de mover él solo 40 mil votos en su departamento, Boyacá, en donde podría nombrar a dedo a un candidato a la gobernación o a la alcaldía de Tunja de su propia guardia pretoriana, la Corte lo acusó de estar vinculado y recibir ayudas de los paramilitares. No le quedó de otras que renunciar a su curul. En el año 2011 fue condenado a 90 meses de prisión por sus vínculos con el Bloque Bolívar. El 30 de julio del 2023 a sus 72 años murió el viejo cacique en su casa en Chía. Uno de los primeros políticos en lamentar su muerte fue Alvaro Uribe quien dijo en Twitter: “Falleció Ciro Ramírez Pinzón. Nuestra solidaridad con su señora, con sus hijos, con el Senador Ciro Alejandro. Los acompañamos en esta hora querida familia”. Fue el propio Uribe quien para las elecciones del 2014 reencauchó a su hijo, Ciro Ramírez Cortez, para que aspirara a la Cámara por Boyacá. De ahí, siempre en las toldas del Centro Democrático, paso al Senado en el 2018 en lista cerrada y cuatro años después obtuvo la décima votación con 50. 632 votos. Ahora, en una estrecha celda en La Picota, Ramírez Cortez esperará que se defina su situación judicial, algo que podría tardar meses.

Por: Laura Bonilla Hace algunos años, un alcalde de un municipio en la frontera colombo-venezolana me narró el funcionamiento del mecanismo de corrupción en su caso particular. Ilustró con un ejemplo claro: tenía la tarea de construir cinco kilómetros de placa-huella en una vereda, como parte de su promesa de campaña en el municipio. Dado que sus recursos eran insuficientes, necesitaba gestionar fondos a nivel nacional, contando con muy pocas opciones para hacerlo. Una de ellas era recurrir a los instrumentos presupuestales vigentes, como el Sistema General de Regalías, mientras que la otra era intentar obtener recursos a través de un cupo indicativo del Senado. Para resumir esta historia, nuestro municipio, con recursos y capacidad técnica limitados, carecía de la habilidad para formular correctamente estas solicitudes a nivel nacional, y aún si lo hiciera bien, no había garantía de aprobación. Por lo tanto, optó por los cupos indicativos, una decisión que desencadenó una serie de eventos conocidos. Los senadores negociaron estas asignaciones a cambio de votos de gobernadores y alcaldes, lo que a su vez se tradujo en inversiones donde ellos designaban contratistas y operadores. Esto creó no solo una política viciada y costosas campañas, sino también un mercado perverso, perezoso e ineficiente, que dependía de los vaivenes políticos. La placa huella finalmente se construyó a precios exorbitantes, dictados por el contratista designado por el Senador intermediario. Este mismo senador colocó a funcionarios y contratistas que llenaron las entidades públicas nacionales con una burocracia pesada y poco productiva. Aquellos que permanecían durante años junto a estos políticos eran precisamente aquellos que mejor sabían callar y ejecutar. Esta historia refleja la realidad de muchas alcaldías, es la cotidianidad de un sistema político en la sombra, aquel que funciona verdaderamente. Es el sistema que Ciro Ramírez y Pierre García aprovecharon para dirigir proyectos hacia sus apoyos políticos y, presumiblemente, hacia sus campañas. También es el sistema que permitió a Olmedo López tener a Sneyder Pinilla a su lado, experto en "manejo político" de la contratación y desvío de recursos para campañas políticas. Este mismo mecanismo facilitó que los paramilitares obtuvieran el 35% del Congreso de la República. Giramos en círculos, cambian los nombres, pero repetimos la historia en un bucle interminable. Además, en esta carrera contra el tiempo que es gobernar, donde todos los mandatarios, tanto locales como nacionales, llegan con su gente para intentar hacer lo que pueden en el tiempo limitado disponible y obtener los mayores beneficios posibles para mantener sus respectivos grupos políticos, nadie se preocupa realmente por ofrecer soluciones a largo plazo o duraderas a los problemas más urgentes de las poblaciones. Ese es el Estado que tenemos, con pocas excepciones donde hay recursos y capacidad para evitar la intermediación. Pero esto no ocurre en todas partes. Frente a la pregunta inicial, mi respuesta, aunque dolorosa, es sí. Ese sistema político en la sombra es opaco e intrínsecamente corrupto. Es tan perverso que cuanto más pobre sea un municipio, más fácil es desviar los recursos que deberían destinarse a quienes realmente los necesitan, convirtiendo a los congresistas en intermediarios financieros costosos y gestores de empleo público. Pero como todos vivimos dentro de ese sistema en la sombra, callamos y ejecutamos. ¿No es hora de comenzar a pensar en desactivar, aunque nos cueste, cosas como la intermediación de los congresistas en el empleo público? ¿No sería más lógico simplificar el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías para que sean efectivos, aunque esto signifique menos rédito político para los mandatarios de turno? ¿No es absolutamente necesario una reforma administrativa para que las regiones puedan tener sostenibilidad en sus iniciativas? ¿Y fortalecer el control local, incluyendo liberar a la gente de la dependencia de los políticos profesionales? Curiosamente, en la mayoría de las iniciativas anti-corrupción, no he visto respuesta o propuesta a estas preguntas. Sin embargo, la puerta está abierta para abordarlas.

Por: Iván Gallo Fotos tomadas de: ForbesMéxico y AP News La tormenta arrancó el pasado viernes 10 de mayo. A través de la red social X Petro lanzó un mensaje: «Netanyahu no detendrá el genocidio. Lo cual implica una orden de detención internacional de la Corte Penal». ¿En qué se basaba Petro para lanzar el mensaje? Desde el 9 de mayo, desoyendo a la ONU e incluso a Joe Biden, Netanyahu ordenó el ataque a la ciudad palestina de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, provocando el desplazamiento de 300 mil personas. La reacción del consejo de Estado fue afirmar que Israel estaba usando armas de manera “inconsistente” con el derecho internacional. Los refugios ya están vacíos. La gente se ha ido de este lugar en lo que puede, caminando o yéndose a lomo de burro. Después de la desproporcionada respuesta de Israel al ataque de Hamás a Israel del pasado 3 de octubre del 2023, cerca de 1.2 millones de Palestinos habían huido de Gaza hacia esta ciudad creyéndose a salvo de las bombas y la metralla que ha asesinado en los últimos siete meses a más de 35 mil personas -muchos de ellos niños- y ha dejado a más de 73 mil personas heridas. Pero Rafah ya no es segura para nadie. Rafah ya estaba azotada por males como el hacinamiento, la falta de alimento, las enfermedades. La ciudad no estaba preparada para recibir a esta cantidad de refugiados. Pero el anuncio de un inminente ataque israelita empeoró aún más las condiciones. Según la BBC “El mismo lunes, las FDI comenzaron a bombardear áreas del este de Rafah y poco después tomaron el control del cruce entre esa ciudad y Egipto, el único punto de acceso a la Franja que no estaba en manos de Israel y que desde el inicio de la guerra se había convertido en un punto de entrada de ayuda humanitaria, así como una puerta de evacuación de heridos”. El argumento de Netanyahu -quien ha sido calificado por el propio presidente de los Estados Unidos como el gobernante más conservador en la historia de Israel- es que en Rafah se esconde el último reducto de Hamas. Por esto Petro reaccionó en la red social que alguna vez se llamó Twitter. Netanyahu reaccionó el sábado 11 de mayo ante la frase del presidente colombiano y lo tildó de “antisemita”. Esta fue la reacción del primer ministro israelita: “Israel no se dejará sermonear por un partidario antisemita de Hamás, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre. ¡Qué vergüenza, presidente Petro!”. Petro ripostó recordándole el legado histórico del pueblo judío. Durante la segunda Guerra Mundial fueron víctimas del odio Nazi y cerca de cinco millones de judíos fueron asesinados por el III Reich. Ahora “los semitas no deben ser artífices de un genocidio porque lo sufrieron”. El presidente colombiano además afirmó no ser partidario de Hamás: «No soy partidario de Hamás, porque soy partidario de la democracia republicana, plebeya y laica. Mis principios democráticos, republicanos, plebeyos, laicos y religiosos me llevan a rechazar la barbarie que comete Netanyahu y que se llama genocidio y antihumanidad». El presidente colombiano rompió relaciones con Israel desde el pasado 1 de mayo. Las críticas a Israel por su desproporcionada reacción a los ataques de Hamás contra Palestina han ido desde la Unión Europea -exigió moderación para proteger a la población civil- hasta la propio ONU quien pidió un cese al fuego. El Papa Francisco aseguró que cualquier ataque a civiles es un crimen de guerra. ¿Por qué Israel está cometiendo crímenes de guerra contra Palestina? El detonante de la nueva fase de la guerra Israel-Palestina no fue el injustificable ataque de Hamás a más de 3.000 personas que asistían a un festival de música justo en la frontera del lado israelí de la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre del 2023. La herida estaba abierta desde hace mucho tiempo atrás. Desde su creación en 1948 las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel han venido siendo señaladas de constantes crímenes de guerra, sin embargo la comunidad internacional, en cabeza de los Estados Unidos, ha sabido cubrirle muy bien las espaldas y, a pesar de las investigaciones de la Corte Penal Internacional, Israel sigue invicta en materia de sanciones sin que le hayan pesado las evidentes y constantes violaciones a los tratados de Ginebra, al Pacto de Roma, actos de guerra que se inscriben claramente en la categoría de genocidio.  La primera vez que se usó la palabra fue contra los criminales de guerra nazis durante los juicios de Nuremberg donde se condenaron a la horca o a penas interminables a los cerebros del holocausto que alcanzaron a encontrar vivos las tropas aliadas. ¿Qué es genocidio según el derecho internacional? el asesinato deliberado de personas de un determinado grupo nacional, étnico, racial o religioso, con la intención de destruir al grupo, ya sea total o parcialmente. En ese sentido el ataque de Hamás del 7 de octubre que dejó 1.300 israelitas muertos es genocidio. Después de la matanza de Ruanda en 1998 quedó estipulado que estos actos también constituyen genocidio: 1.Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 2.Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; 3.Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; 4.Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Si, el ataque de Hamás es completamente repudiable, pero es tan sólo una respuesta a la larga lista de crímenes de guerra de Israel. En la primera guerra de 1948 se reportaron 24 masacres que produjeron un total de 800 civiles árabes. En la primera intifada se registraron, hasta 1991, 1374 palestinos asesinados por la policía israelita. En el mismo periodo de tiempo cayeron 93 israelitas. Durante la segunda intifada, que se inició el 29 de septiembre del año 2000 fueron asesinados 3.733 palestinos de los cuales 767 eran menores de edad y 1812 no formaban parte de grupo extremista alguno. El contragolpe de Israel a Palestina que está ocurriendo desde el 7 de octubre del 2023 deja claro que los israelitas buscan y promueven genocidio. Ellos quieren arrasar al pueblo palestino. Las imágenes difundidas por la televisión internacional de madres llorando a sus bebes aplastados por las bombas que lanzan desde el lado de la frontera israelita, causan impotencia y rabia. Hay que tener una carga ideológica muy grande para aplaudir esta venganza sustentada acaso en valores bíblicos pero que van en contravía del Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional. Vale la pena aclarar que ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, ni Israel, han ratificado este estatuto.     En el año 2021 Human Right Watch determinó que Israel había violado las leyes de guerra después de que fueran asesinados 62 civiles palestinos en tres incursiones de su ejército al otro lado de la frontera que no tenían objetivos claros. Pero lo peor estaba por venir. La venganza que sostienen desde octubre del 2023 tiene la ferocidad que describía el Viejo Testamento cuando un Dios sangriento se levantaba a sacar ojos y dientes entre sus enemigos. Los ataques son indiscriminados y la cantidad de niños caídos hielan la sangre. El secretario general de la UNRWA describió lo que sucedía con una frase demoledora: “Esta guerra es una guerra contra los niños”. Los datos son hasta el 12 de marzo del 2024. Hasta ese momento habían muerto 12.300 jóvenes palestinos por los bombardeos israelitas. El dato, que son fríos y a veces tienen el poder de un tratado, es que en todo el mundo, entre los años 2019 y 2022, habían sido asesinados 12.193 jóvenes. Está claro que la misión de los perros de guerra que soltó Netanyahu es aniquilar una generación de palestinos. Hasta marzo del 2023, en cuatro meses de venganza estos son los datos de algo que es tan desequilibrado que no puede ser llamado confrontación: Hasta la fecha, más de 31.184 palestinos han muerto y 72.889 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias locales. Hasta el 12 de marzo, 247 soldados israelíes habían muerto en Gaza y 1475 habían resultado heridos desde el comienzo de la operación terrestre, según datos del Ejército israelí. Los ataques a ONG’s como la Media luna roja, el asesinato a siete miembros de la ONG World Central Kitchen, el ataque sistemático a hospitales o centrales de comida, ha causado una crisis sanitaria sin precedentes y acaba con cualquier tipo de esperanza. Se estima que hay más de 500 mil personas en peligro de hambruna y que de los 36 hospitales que habían en Gaza solo 14 están funcionando. En ellos el hacinamiento y el hambre son una constante. A pesar de las exigencias de la ONU, los reproches de Francisco, la incomodidad de Biden, el apoyo de la liga panárabe a Palestina, la comunidad internacional tendría que ser más vehemente a la hora de exigirle que cese el horror israelita sobre Palestina. El ataque a Rafah deja al pueblo palestino completamente desprotegido, sin ningún lugar a donde ir más que Egipto. La lucha contra Hamás se estaría convirtiendo, acaso, en una excusa para acabar con el pueblo palestino.

Por. Iván Gallo En el año 2003 Víctor Gaviria, trabajador incansable, se movía por Colombia dando charlas en pequeñas ciudades buscando público para el evento que lo absorbía en ese momento, la cuarta edición del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. Paralelo a esto ya había terminado de rodar la película de acción que siempre había querido hacer. Una historia basada en la vida de un arquitecto llamado Hugo Restrepo -que incluso también colabora con el guion- que se deja tentar por un capo menor del narcotráfico que lo convierte en su arquitecto de cabecera. Al igual que Albert Speer, antes de construir las obras soñadas por su jefe, la guerra lo termina arrasando y a él mismo en su caída. En ese momento de la postproducción estaba buscando inversores, distribuidores. Era complicado para Víctor porque Erwin Goggel, talentosísimo empresario y documentalista, quién sacó adelante la producción de La vendedora de rosas, hacía comentarios sobre lo complicado que supuestamente era trabajar con Víctor, que los rodajes se alargaban demasiado y Goggel creía que el problema no lo generaba tanto poner a actuar a niños de la calle que jamás lo habían hecho, sino los espacio que debería dedicarle a los muchachos para mantener el ánimo arriba. Imaginen no más esperar al Zarco, con sus bruscos cambios de humor, a un ensayo. Había que hacer algo parecido a un santo. Y creo que Víctor lo es. Además es un santo punketo. En sus correrías por Colombia en el año 2003, los jóvenes se le acercaban con el respeto que se le tiene a un tótem, a pesar del desparpajo, la alegría con la que Víctor trata a quien se le acerque. Esa especie de éxtasis lo llevaba a invitar a cuánto desconocido le pidiera un autógrafo al Festival de cine de Santa Fe de Antioquia, que en esa edición estaría centrado en el cine Latinoamericano. La mayoría eran pelados y no tenían un peso y llegaban a la cita a comienzos de diciembre a ese lugar del Bajo Cauca que, a comienzos del siglo pasado, sentía la influencia de la arremetida paramilitar que ya entraba en negociaciones con el gobierno de Uribe. Así que había que escoger bien el lugar para acampar. Saber si era pertinente prender un porro mientras se veía, en copia restaurada, esa alucinación llamada Araya, de Margot Benacerraf, proyectada gratis en la plaza de la iglesia de Jesús de Nazareno. Ese año el pueblo se llenó de un muchachos que llegaban de todas partes del país siguiéndole los pasos a un andariego tan sabio y divertido como lo fue en los sesenta Fernando González. Hace 20 años no había un director en el país más reconocido. Sus dos largometrajes habían sido seleccionados en la competencia oficial por la Palma de Oro en Cannes. Esta hazaña no la consiguió ni la conseguiría jamás otro realizador colombiano. Rodrigo D produjo un impacto mundial al que ninguno de nuestros filmes estaba acostumbrado cuando se estrenó en 1990 también después de una larga postproducción. El maestro italiano Bernardo Bertolucci afirmó en varias entrevistas que era una de las películas latinoamericanas más desgarradoras jamás hechas. Víctor rodó en la Comuna del barrio El Diamante en Medellín, que era en 1988 una zona de guerra y mostrar la vida de un muchacho al que le gustaba el punk y sólo quería tener una batería. Estaba sumido en una profunda depresión, acababa de perder a su mamá y en la calle los amigos no ayudaban. Muchachos condenados al No Futuro. Personajes que, a los intereses hegemónicos, que controlan la narrativa en este país, como me dice Pedro Adrián Zuluaga, les parecen monstruosos, desechables. Víctor fue capaz de mirarlos con ternura, con amor. Son personajes reales. Y tienen miedo. Tienen más miedo del que nosotros podemos tenerles. Tienen miedo de que un jeep con los logos de las EPM, sin placas, se parquee al frente de sus casas y los saque y se los lleve y los torturen durante días y los dejen por ahí tirados. Lo máximo a lo que pueden esperar es a un velorio en casa de Mamá, que los amigos lo lloren mientras suena Whish your we here de Pink Floyd. Ese miedo que sentían esos pelados de las comunas se refleja muy bien en una película llamada El Paseo, que, creo, está desaparecida. Es el único intento de Gaviria por hacer cine de terror. Dos ladrones amigos son asesinados por grupos de limpieza en el cerro El Voladero. Sus almas quedan vagando por ahí, espantando a las parejitas que iban a besarse en las noches. En una de esas ven a unos novios comiéndose a besos dentro de un Renault 4, el par de espectros se van acercando con sigilo cuando en la carretera ven una camioneta blanca con hombres de gafas negras adentro. Los fantasmas son los que terminan asustados. Salen corriendo y se desvanecen. El peligro nunca fueron esos pelados. “Eso es lo que a Gaviria le interesa, demostrar que esos niños, esos jóvenes, esos sicarios, esos vendedores, son parte de esa cultura y tienen un mundo simbólico poderosísimo y que esa pérdida del arraigo cultural la expresan en el lenguaje como el lugar creador por excelencia y para llegar a ser ese creador necesitaba ser un poeta” Y eso es lo que siempre ha sido Víctor, un poeta. Nunca estuvo una persona menos dispuesta a la Academia. Empezó a estudiar sicología porque a mediados de los setenta ahí estaba la movida cultural. Le gustaba la poesía y publicó su primer libro, La luna y la ducha fría, a los 23 años. Por esa época acababa de llegar a Medellín un sacerdote claretiano que había pasado un largo trecho de su vida en Alemania. Llegó con la maleta llena de rollos de cine. Entonces hizo un ciclo larguísimo de nuevo cine alemán. Resultó captando la atención de un público universitario que estaba mamado del monopolio de Hollywood en las carteleras locales. Gaviria recuerda esos años “Ese cine, hecho por jóvenes, nos sacó del prejuicio que teníamos de que las películas la hacían solo los viejos… nos puso a pensar que también estaba a nuestro alcance” Durante todas las semanas en la sala del Colombo-Americano (el famoso Palo con Guayaquil) se presentaba un estreno de Fassbinder, de Herzog, de Win Wenders y, después de la película se armaba un debate. Ir a cine era mucho más que ver una película. Víctor nunca ha sido un cinéfilo encarnizado como su amigo Carlos Henao, con quien escribió el guion de La vendedora de rosas. Pero recuerda momentos en donde descubrió que el cine era una forma de hacer poesía. Había un cine club en 1975 en Medellín que se llamaba Mundo Universal y que funcionaba en las mañanas del domingo en el Teatro Avenida. Ahí vio una película que cambió su vida, Andrei Rubliov de Tarkovsky. Cuando tres años después ganara su primer festival de cine con una peliculita de siete minutos echa en super 8 llamada Buscando tréboles, el camino ya estaba hecho. Ese primer cine de Victor me lo describe Zuluaga en una conversación “El hace un cine de realidad, que la investiga, la entiende, reconoce sus fuerzas, es un cine que le permite a uno orientarse en lo real, esto no es una tarea fácil, porque lo real es caos, y lo organiza a través de un proceso costoso, complejo. En esas crónicas, en esas peliculitas, se dan señales de lo que vendrá, los niños que son los protagonistas de la primera parte de la obra ven la realidad con mucha lucidez. Es una mirada anterior a la caída y a la culpa sin contaminaciones”. A mediados de los ochenta se funda Teleantioquia y Víctor Gaviria nos regala las que pueden ser consideradas, sin asomo de exageración, las obras más bellas hechas para canales regionales en la historia del país. En Simón el mago es capaz de trasladar a la pantalla toda la oralidad de Carrasquilla, en Los habitantes de la noche muestra a los proscritos que viven en las calles de la ciudad mientras todos duermen. Y luego vinieron unas películas que creo, están perdidas y que los que las alcanzaron a ver hablan de su belleza: La lupa del fin del mundo, sueños de un mantel vacío, la jirafa del parque. Víctor no debe saber donde están. Archivar nunca fue su fuerte. En ese festival de cine del 2003 Víctor hizo lo que más le gusta, ver a sus amigos para hablar de cine y de la vida. Rever películas que no veía desde que era un niño, Enamorada y La Perla del Indio Fernández, la venezolana El pez que fuma que antecede todo ese universo atrevido, kitch, de Almodóvar, las siete horas de La hora de los hornos que vimos con Augusto Bernal bajo un calor infernal. En esa época la rumba y el cine era lo más importante. Lo único que importaba. Y Víctor encarnaba eso. Y por eso lo queremos tanto. Él tiene tantos amigos que ya no puede contar ni acordarse de cuántos son.  Es una lástima que Víctor haya tenido que salir por cuestiones personales de la organización de ese festival. Dos años después estrena Sumas y restras una película incomprendida por el público y la crítica, que jamás ha tenido el reconocimiento que se merece. Tiene varios proyectos que no puede concretar porque no encuentra productor que se le mida, un sobre un polizonte de un barco, otra sobre la emparedada del edificio Coltejer. La generación de lo políticamente correcto tampoco lo entiende. Acostumbrados a hablar sin saber ni ver, les parece que Rodrigo D y la Vendedora de Rosas dan una imagen del país con tanto niño diciendo “hombe gonorrea hombe” y, hay que decirlo, en los últimos años se le han cerrado las puertas. La mujer del animal, el último estreno de un largometraje suyo fue su primer fracaso de taquilla y también de crítica. Nadie entendió nada. Qué falta de respeto, que atropello a la razón. A Víctor lo acusan de no salvar a los actores de sus películas. Ya sabemos que pasó con los pistolocos de Rodrigo D, el drama y final del Zarco y la ordalía de Lady Tavares. Víctor es de esos amigos que escuchan, pero no dan consejo. Así es su modestia y su amor a la amistad. Es injusto pedirle a Víctor, quien se la pasa ocupado buscando financiación para sus proyectos, que también ponga una ONG para cuidar a estos muchachos después de que dejan de trabajar con él. La última vez que vi a Víctor Gaviria fue en el 2017, en una función doble que hicieron en el teatro del Externado en Bogotá. Se presentaba el documental Poner a cantar pájaros, que filmó Erwin Goggel mientras rodaban la Vendedora y luego proyectaron la película. Fue incómodo ver a Goggel hablando mal en público de la manera de rodar de Víctor y fue gratificante salir y conversar un rato con Gaviria, siempre riéndose, con su voz suave, abrazando a Natalia Reyes, protagonista de Lady, la novela que causaba impacto por esos años. Le comenté lo que estaba diciendo Erwin y él se rio. Le causó gracia. No hizo mayor comentario. Sé que sigue, a sus 69 años, enfrascado en sus proyectos. En el 2019 arrancó el rodaje de una película que se le está convirtiendo en una maldición, se titula Sosiego. En un principio el productor sería Gustavo Pazmín. Tenían todo listo para empezar a rodar en marzo del 2020 en la comuna nororiental cuando apareció la pandemia. Según una publicación de Semana del 2019 sobre esto trataría la historia: “Gaviria contará la historia de Bernardita, una madre cabeza de una familia humilde en la Comuna Nororiental de Medellín, quien se enfrenta a la realidad que viven sus tres hijos (cuyo padre desapareció quince años atrás). Edilberto, el mayor, de 21 años, hace parte de un “ejército” paramilitar que disputa el poder del barrio contra un grupo armado de milicianos; la del medio es una prostituta, con dos niñas pequeñas, que viven al borde de la desnutrición y la menor es una adolescente que no ha vuelto al colegio y se ha “tirado” a la calle con algunas amigas, “emborrachándose y consiguiendo novios para disipar el hambre físico y el otro más profundo de no ser nadie”. A sus ojos, según el guion, los tres representan su fracaso como madre”. Se tenía el respaldo económico de Dago García y Caracol Televisión pero el proyecto ha tenido una serie de reveses que no sólo debería preocupar a Víctor sino a todo el país. El proyecto está estancado. Víctor se sigue moviendo y, a veces, tiene como malla protectora la poesía. En la FILBO vino a Bogotá a leer algunos de sus poemas. Necesitamos más películas de Víctor. Cierro este artículo citando a Pedro Zuluaga, quien conoce como nadie su obra, explicando la importancia de Víctor.  “Cualquier persona del futuro, si es que hay futuro, si quiere entender cómo éramos, debe leer sus poemas, ver sus películas”.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Semana En un fallo histórico que ha sacudido los cimientos del panorama político colombiano, la Corte Constitucional ha determinado este miércoles, 08 de mayo, la anulación de la creación del Ministerio de la Igualdad de Colombia. Esta cartera ministerial, establecida durante el mandato del presidente Gustavo Petro, ha sido objeto de controversia desde su concepción, y su disolución por parte del tribunal constitucional ha generado reacciones encontradas en toda la sociedad colombiana. La decisión de la Corte se basa en una demanda interpuesta por un grupo de 11 congresistas de la oposición, incluyendo figuras prominentes como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, quienes argumentaron que el Congreso omitió un requisito procedimental crucial: obtener el aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Según la Corte, esta omisión invalida la norma que creó el Ministerio de la Igualdad, ya que no se realizó un análisis detallado del impacto fiscal durante el debate legislativo. El proceso en la Corte Constitucional fue complejo y prolongado, con múltiples intervenciones, revisiones exhaustivas de documentos y un cambio de ponente que marcó un punto de inflexión en el caso. La sustitución del magistrado originalmente designado, Alejandro Linares, por Vladimir Fernández, quien luego se declaró impedido para conocer el caso, prolongó aún más el proceso y añadió una capa adicional de controversia al asunto. La ponente de la decisión final fue la magistrada Paola Meneses, quien fundamentó su posición en la demanda presentada por los congresistas opositores. Según Meneses, la falta de un análisis detallado del impacto fiscal durante el debate legislativo constituyó el principal argumento para declarar la invalidez de la ley que creó el Ministerio de la Igualdad. Esta decisión representa una derrota jurídica para el Gobierno, evidenciando las tensiones y disputas en torno a la creación de esta cartera ministerial. Sin embargo, la Corte decidió posponer los efectos de su decisión hasta el año 2026, dando al Congreso la oportunidad de reformular la ley sin los errores procedimentales detectados. Esta medida busca evitar una desarticulación institucional que podría afectar la implementación de políticas públicas dirigidas a grupos vulnerables de la sociedad colombiana. La decisión de la Corte de postergar los efectos de su fallo ha generado controversia y debate en la opinión pública. La reacción a esta determinación ha sido diversa. Por un lado, figuras prominentes como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, senadoras del Centro Democrático y demandantes de la ley, han expresado su apoyo a la decisión de la Corte. Consideran que el Ministerio de la Igualdad era una medida burocrática sin un análisis fiscal adecuado, y que su creación reflejaba un populismo político que no contribuía a resolver los problemas estructurales de desigualdad en Colombia. En contraste, otros líderes políticos, incluyendo a Cielo Rusinque y Gustavo Bolívar, han criticado fuertemente la decisión de la Corte. Argumentaron que esta medida socava el mandato popular y representa un obstáculo para la justicia social y la equidad en el país. Para ellos, la anulación del Ministerio de la Igualdad es un revés en la lucha contra la desigualdad y la exclusión social en Colombia. La vicepresidenta Francia Márquez, quien encabeza el Ministerio de la Igualdad, ha mantenido una postura optimista a pesar de la decisión de la Corte. En sus declaraciones, ha reafirmado su compromiso con la búsqueda de la equidad y la justicia social, y ha instado a seguir trabajando en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana. La controversia y las reacciones continuarán en los próximos meses, mientras el Gobierno y el Congreso trabajan para subsanar los errores procedimentales detectados por la Corte. La resolución de este caso no solo tendrá implicaciones legales y políticas, sino que también reflejará las tensiones y los desafíos en la construcción de un país más justo y equitativo para todos sus ciudadanos. Según Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional constituye un revés para el Gobierno Nacional. Este fallo impacta directamente las promesas de campaña de Gustavo Petro, las cuales tenían como objetivo centralizar en un solo organismo las diferentes oficinas y consejerías dentro del Ejecutivo sobre la mayoría de las direcciones y consejerías encargadas de los temas de igualdad y equidad en el país, ampliando su capacidad para recibir recursos y ejecutar proyectos, y su incidencia en las comunidades. Chala señala que la transición desde estas consejerías y direcciones hacia el Ministerio de la Igualdad, concebido como el nuevo ente para centralizar el desarrollo de políticas relacionadas con género, equidad y juventud, carecía de claridad en su planificación por parte del Gobierno, lo que ha generado retrasos en su construcción y consolidación interna. El investigador explica que el Ministerio de la Igualdad fue invalidado debido a un defecto de procedimiento en el Congreso, donde no se presentó un estudio de impacto fiscal que justificara su viabilidad financiera. Sin embargo, esta invalidez no es definitiva. La Corte Constitucional indica que el Ministerio de la Igualdad solo requiere, como se había mencionado anteriormente, una nueva regulación y cumplimiento total de trámites legislativos para superar esta irregularidad y mantenerse en funcionamiento. Además, se establece que esta medida solo se ejecutaría hasta el 20 de junio de 2026, lo que plantea desafíos adicionales. La baja ejecución y establecimiento del Ministerio dentro de la burocracia colombiana han sido problemáticos, incluyendo la definición de su estructura y funciones, así como su relación con otras entidades como la Dirección de Prosperidad Social. La falta de diálogo previo para la eliminación de las consejerías estatales que se cruzan en sus funciones con el Ministerio de la Igualdad y su integración en el mismo también ha generado complicaciones, según explica Chala. A pesar de estos obstáculos, la decisión de la Corte brinda al Gobierno la oportunidad de reconfigurar el proyecto del Ministerio de la Igualdad en el Congreso, aunque enfrenta un panorama legislativo menos favorable en las próximas legislaturas venideras. A pesar de los problemas de ejecución presupuestal, el investigador de Pares menciona que el concepto detrás del Ministerio de la Igualdad, que pretende consolidar diversas políticas sociales dispersas en varias oficinas y direcciones en un solo ente, es visto como positivo por algunos analistas. Sin embargo, la falta de asesoramiento jurídico adecuado ha llevado a la caída de esta iniciativa, lo que representa una pérdida de oportunidad para abordar los desafíos sociales de grupos como mujeres, comunidades étnicas y jóvenes dentro de un marco coherente y eficiente.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Canal 1 y Periodismo Investigativo Este 9 de mayo el tribunal superior de Bogotá condenó a los coroneles en retiro Wilmer Torres Orjuela y Jerson Jair Castellanos por el escándalo de la Comunidad del Anillo, la red de prostitución que denunció en su momento el agente Ányelo Palacios y que tenía como epicentro la Escuela de Cadetes General Santander. Él fue quien grabó al entonces viceministro del interior, Carlos Ferro, en el 2014, sosteniendo una conversación sexual en su auto, destapando el entramado de prostitución que provocó la renuncia del general Rodolfo Palomino de la comandancia de la policía. Torres y Castellanos fueron condenados a 10 años de cárcel por el delito de constreñimiento a la prostitución. Los hechos ocurrieron entre el año 2005 y 2006 en la Escuela de Cadetes General Santander. Castellanos en esa época tenía renombre en la institución. Era el jefe de seguridad del Congreso. Se contó en su momento que el ex oficial tenía un álbum con fotos de jóvenes cadetes que eran ofrecidos como si se tratara de un menú. Por esos años conoció a Anyelo Palacios a quien, según contó en su momento, le ofrecía invitaciones a restaurantes de lujo, dinero y regalos como motocicletas. Incluso le prometió un futuro brillante si llegaba a “portarse bien”. En un artículo del 2016 Palacios le contó a Las 2 orillas que Castellanos lo habría drogado para poder acostarse con él. Así lo relata el medio: El segundo encuentro fue alrededor de unas cervezas. Le advirtió ya en la ruta, que habría una parada en un cajero automático, que el joven tomó con naturalidad. El coronel regresó al vehículo que manejaba él mismo con una botella de agua que le ofreció al cadete, quien después de los primeros sorbos se sintió mareado. Lo poco que recuerda Ányelo fue haberse detenido en una casa, subir unas escaleras del brazo del coronel y terminar acostado en una cama en la que ya había otra persona, así como del ojo vigilante de alguien, que como una sombra se movía detrás de una cortina. Y hasta allí, porque después cayó dormido. El amanecer lo sorprendió con un insoportable dolor en el coxis y huellas de sangre en las sábanas. Estaba solo en el cuarto. El Coronel regresó sin reparos a su sitio habitual en la escuela. Allí se lo encontró Ányelo y decidió frentearlo. La respuesta de Castellanos fue una sonrisa cínica acompañada de una supuesta broma: “De qué se queja si nos hicimos rico”, además le recordó que él no era más que una hormiga y él un superior que lo podía aplastar cuando se le diera la gana. Empezaron a llegar las denuncias contra Castellanos quien renunció a la policía en el 2007. Castellanos no le fue nada mal lejos de la policía. Se fue a Yopal e incluso terminó siendo gobernador encargado del Casanare en época de Juan Manuel Santos. Palacios siguió en la policía y, según aparece en su hoja de vida, su rendimiento era muy alto. Le llovían felicitaciones hasta que reveló el video con Carlos Ferro que acabó con su carrera. Desde el 2014, fecha en la que empieza a denunciar la existencia de la red de prostitución, a Palacios le abrieron 13 investigaciones disciplinarias. Una vez fue acusado de intentar sobornar al dueño de un establecimiento en Florencia Caquetá. Por eso salió de la policía con una inhabilidad de 12 años. Atendió una cigarrería en Cúcuta, trabajo como mesero, domiciliario y hasta cantante de Guaracha. Alcanzó a sacar dos canciones que se hicieron virales en Youtube, se titulan Cuentan de él y Se destapó. En su momento hasta lo tentaron para que apareciera en un programa de televisión. Le hicieron varios atentados y, según lo relató el mismo, este año, 2024, se escapó a un secuestro del que fue víctima en el sector de La Miguelera, en la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona. En el año 2023 la justicia Penal Militar lo absolvió de todos los cargos proferidos contra él. La sentencia absolutoria reza: “no se allegó evidencia probatoria alguna que señale que la entrega de dinero esté relacionada con algún tipo de exigencia en el desarrollo de (Palacios) como comandante de la Policía en Florencia”. Si quisiera Palacios podría ser reintegrado a la policía. Diez años después de que Anyelo Palacios denunciara a Castellanos la justicia le da la razón. La Fiscalía, en la condena, afirma que los coroneles Castellanos y Wilmer Torres Orjuela “en uso de la superioridad jerárquica sobre las víctimas, las constriñeron para salir de la Escuela e ir a sitios, en un contexto sexual, a cambio de dinero o dádivas. El elemento de coacción de mando para salir y acompañar a Castellanos fue ejercido por Torres. De Castellanos recibían ofertas de dinero o dádivas a cambio de tener sexo con él". Además la Fiscalía puntualizó lo siguiente: “Torres constriñó a las víctimas, obligándolas a contestar las llamadas y a ir a las salidas con Castellanos, y de manera directa, a (una persona cuyo nombre se protege) le pidió que accediera a tener sexo con Castellanos y de forma burlesca le dijo que pusiera la foto de una mujer en la pared (...) El bien de la libertad e integridad sexual se afectó porque por los constreñimientos de Torres, en las que siempre recalcó el poder de Castellanos, generó en las víctimas una presión indebida, infundiendo temor en relación con su carrera policial futura". Las condenas a Castellanos y Torres son apenas la punta de un iceberg de una investigación que continuará. Hay varios misterios relacionados con la Comunidad del Anillo que no han sido resueltos. Entre ellos la muerte de la cadete Lina María Zapata de la que ya pocos se acuerdan.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. El pasado domingo se firmó la ampliación de la tregua entre Shottas y Spartanos y debo decir que me indigna y me preocupa la poca presencia de las mujeres en el proceso para lograr la paz urbana en Buenaventura. ¿Y es que no se necesitan a las mujeres en la construcción de la paz? Fue inevitable no notar que la visita del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño a Buenaventura, en la que se anunció posteriormente la ampliación de la tregua, fue liderada sólo por hombres (como de costumbre). Es central involucrar a las mujeres en la construcción de la paz en Buenaventura y es un tema que no podemos dejar pasar. El anuncio reciente de la ampliación de la tregua por 90 días más, en el marco de la mesa de diálogo sociojurídico, es la oportunidad para resaltar la necesidad de considerar activamente las voces y experiencias de las mujeres en este proceso y también de las comunidades sexuales y de género diversas. Recordemos que la delegación del gobierno en la mesa de diálogo está conformada por 9 personas, sólo 2 de ellas mujeres: Alexander López, ahora director del DNP; Alejandro Ocampo, representante a la cámara del Valle del Cauca; Miladys Garcés Arboleda, presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura; Lucila Martínez Montaño, exconcejala de Buenaventura; Víctor Julio Gonzáles Riascos, director ejecutivo del Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura; Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio Familiar; Joaquín Garzón, docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; Jesús Alfonso Flórez López, decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Occidente; y William Mina, defensor de derechos humanos. Asimismo, cuenta con acompañamiento adicional de la comunidad internacional con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la MAPP-OEA. Resalto el número y los nombres, aun cuando sabemos que esta cuestión no se trata sólo de cantidad. Históricamente, las mujeres hemos sido las víctimas invisibles de conflictos armados y situaciones de violencia. A menudo, nos vemos afectadas de manera desproporcionada por la violencia sexual, el desplazamiento forzado y la pérdida de seres queridos. Nuestros cuerpos han sido territorio de guerra. Sin embargo, en el proceso de construcción de la paz, nuestras voces, organizaciones, procesos y perspectivas suelen ser apartadas e ignoradas. Es fundamental reconocer que la paz no será total si excluye a las mujeres. Tenemos un papel crucial en la prevención y resolución de conflictos, así como en la reconstrucción de comunidades afectadas por la violencia. Nuestra participación activa en la toma de decisiones políticas y en la implementación de medidas de justicia y reconciliación es esencial. Y claro que es alentador ver que la mesa de diálogo incluye a representantes de diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, es necesario garantizar que las voces y experiencias de las mujeres y diversidades sexuales sean escuchadas y tenidas en cuenta. La mesa de diálogo sociojurídico en Buenaventura debe incluir activamente a las mujeres en el proceso de construcción de paz y el Alto Comisionado para la Paz debería demostrar más preocupación para con Buenaventura. Y para esto cierro preguntándoles: ¿Por qué se demoró tanto Otty en venir a Buenaventura? ¿Qué tal si la delegación nos cuenta cómo están siendo escuchadas las mujeres y diversidades sexuales en la mesa sociojurídica? ¿No les parece que es hora de una delegación de conformación paritaria?

Por: Redacción Pares fotos tomadas de: W Radio y Semana En la Toma, Cauca, nacer era estar condenado al olvido. También a la muerte lenta. La muerte por envenenamiento. “En territorios como el mío, la gente no tiene agua potable, tiene que esperar a que llueva para tomar agua o tiene que ir hasta el río” Le dijo Francia Márquez en el 2018 a la BBC. Las mineras desviaban el agua, se apropiaban de ella, ninguneaban a una población que está asentada en este territorio desde 1619. Y también la envenenaban. El mercurio flotaba y arrasaba con la vida de estos ríos. La misma fiebre del oro con la que llegaron los españoles hace más de quinientos años, encendía los ánimos de los blancos que lo querían todo. Francia aprendió de sus mayoras a defender a su pueblo. A los 15 años su voz aparece por primera vez en un medio de comunicación. Estaba en pie de lucha, junto a ancianos y niños para evitar que una represa les quitara el río Ovejas. Y lo logró.  Francia fue el típico caso de David contra. Se enfrentó no sólo a los temibles grupos armados que sacaban el oro de su territorio de manera ilegal sino que, también, fue el palo en la rueda contra las grandes empresas mineras. La minería tan sólo fue suspendida en su territorio, no cancelada. Se ganó incluso la peligrosa estigmatización del entonces presidente  Álvaro Uribe cuando, en el 2009, se refirió a su comunidad en estos términos: "perturbadora de mala fe". Pasaron de ser en la Toma dueño y protectores de un territorio ancestral a criminales. Desde ese momento ha sido perseguida, calumniada, ridiculizada. Francia es el mejor ejemplo de que en este país no todos somos iguales. Francia es una nadie. Es la hija de una partera, estudió en el SENA, la puerta de la vida sólo se le abrió un poquito y por esa rendija se metió. El costo fue alto. El costo fue andar con un esquema de escoltas porque la querían matar. Las negras no hablan. La fiebre que produjo mundialmente la figura de Francia Márquez la ascendió al primer nivel de la política colombiana. Francia encarnaba un viejo sueño, el de salvar la brecha entre ricos y pobres que siempre ha caracterizado a este país. Por eso, una de sus iniciativas, desde que se vinculó a la campaña del Pacto Histórico y aceptó ser vicepresidente, fue crear el Ministerio de la Igualdad. Este sueño se ha roto en mil pedazos. Francia se aguantó todo el palo que dieron por usar un helicóptero para protegerse de los mismos enemigos que ahora la consideran tres veces más peligrosa por su cargo, se aguantó racismo soterrado de una sociedad que la vio siempre con desconfianza. Jamás se pareció a los políticos que alguna vez votaron por orden de las élites. Su gran proyecto era el ministerio de la igualdad. Un ministerio que ayudara a que una niña nacida en un lugar como la Toma tuviera las mismas posibilidades que una niña de Rosales en Bogotá. La vicepresidente ha tenido una semana durísima. El martes 7 de mayo fue llamada a declarar ante la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso para dar cuentas de cómo iban los avances del Ministerio de la Igualdad debido a que su ejecución presupuestal apenas estaba en un 1%. La explicación de Francia, por supuesto, le trajo problemas: “Si hoy no estamos ejecutando no es porque no podamos, sino porque hemos creado una institución desde cero. Esta no es una tarea fácil. En 100 años aquí no se había creado un Ministerio como el que estamos creando nosotros. Hacían 100 años, desde el siglo pasado, y nosotros llegamos aquí con esta tarea”. A Francia no le dieron tiempo para ir constituyendo su ministerio, ir creando los trámites de la creación de su cartera. El golpe más duro estaría por venir. La Corte Constitucional tumbó, por vicios de trámite, la creación del Ministerio de Igualdad y equidad. El Ministerio seguirá vigente hasta el 20 de junio de 2026, término en el cual se deberá tramitar ante el Congreso una ley que subsane o corrija los vicios de trámite detectados por el alto tribunal. Para Alejandro Alvarado, coordinador de la línea de Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación esto, más que una jugada política contra la presidenta, deja en evidencia la escasa capacidad técnica que han tenido los equipos de trabajo de este gobierno “Es que acá se cayeron los decretos de emergencia para ayudar a la Guajira por cuenta de errores de arquitectura jurídica, pero también decae el legado de Francia Márquez, porque una vez terminado su mandato se acaba el ministerio. Todo el esfuerzo económico de crear una planta de personal, de ordenar administrativamente se perderá, también pierde la población objetivo que iba a ayudar este ministerio. Es una muestra más de la falta que hace tener funcionarios que tengan estas experiencias de gobierno para que en el futuro no se vuelvan a cometer este tipo de errores”. El legado de Francia queda en entre dicho. Tendrá que buscarse una forma para ayudar a los que ella ha defendido a lo largo de su vida, los Nadie.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El Norte y Forbes Colombia Álvaro Hernán Prada tenía una fijación hasta hace muy poco contra Gustavo Petro en lo que antes se llamaba Twitter. El abogado del hoy presidente, Miguel Ángel del Río, recopiló una serie de publicaciones en esa red social en donde existe la evidencia de una animadversión del magistrado del CNE contra el líder del Pacto Histórico. En febrero del 2018 Prada publicó un trino en donde afirmaba lo siguiente: “Las FARC han manifestado, al igual que sus amigos Cepeda, Petro y Gustavo Bolívar, que su principal objetivo es meter preso a Uribe. Santos se presta, como el traidor que es”. Un año atrás, en el 2017, ante la decisión del Concejo de Estado anuló la decisión de la Procuraduría que había inhabilitado a Gustavo Petro para aspirar a cargos públicos. La respuesta de Prada fue de barra brava “Magistrados al servicio del comunismo, velan por dar derechos a una izquierda recalcitrante y corrupta”. Su admiración desbordada por Uribe incluso casi lo lleva a la cárcel y lo tiene investigado por la Corte Suprema. Una serie de acontecimientos llevó al ex congresista Álvaro Hernán Prada a ser magistrado del Consejo Nacional Electoral en agosto del 2022. Cuando fue anunciado el nombramiento lo primero que salió a la palestra pública fue que no tenía los pergaminos para serlo. En su hoja de vida se comprobó que no había cotizado salud y pensión durante 16 meses. Además, como lo denuncia La Silla Vacía “Esta inconsistencia en la hoja de vida de Prada se suma al hecho de que solo logró superar los 15 años de experiencia requeridos incluyendo como su experiencia profesional más larga la de haber sido representante legal de un centro deportivo (gimnasio-spa) en Neiva, del que él y su mamá eran accionistas”. Pero esto sólo era la punta del iceberg. Álvaro Hernán Prada estaba investigado por complicidad con Álvaro Uribe por manipulación de testigos. En el momento en el que fue elegido como Magistrado del Consejo Nacional Electoral ya se había expedido una resolución de acusación por parte de la Sala Pena de la Corte Suprema de Justicia por haber sido cómplice de compra y manipulación de testigos del expresidente Álvaro Uribe, en el entramado con el que quisieron enlodar a Iván Cepeda, el senador que acusó al expresidente de haber creado en su finca Las Guacharacas. La sala de la CSJ tiene pruebas que Prada buscó a un conocido suyo Carlos Eduardo López, mejor conocido como Caliche, para que fuera el puente con el principal testigo del caso Uribe-creación del Bloque Metro de las AUC, Juan Guillermo Monsalve. Hay mensajes vía wasap escritos los días 21 y 22 de febrero en donde López Callejas le dice a su amigo Monsalve que lo estaba buscando el entonces representante a la cámara Prada para, según reveló en su momento el portal Cuestión Pública “que por su intermedio consiguiera que Monsalve Pineda grabara un video, retractándose de las declaraciones que ha venido realizando en los procesos que se adelantan contra Álvaro Uribe y su hermano”. A cambio de esto recibiría beneficios judiciales tales como: presentar una acción de revisión a la condena que paga en prisión, sin costo alguno, además de gestionar beneficios carcelarios. Monsalve, quien no quería meterse en otro problema, rechazó esta propuesta. La Corte pudo probar que Caliche había actuado como emisario de Prada y no de Monsalve como quiso demostrar, en vano, la defensa del expresidente Uribe. La estrategia montada por el abogado Cadena -quien fue condenado por este hecho- apuntaba a demostrar que el senador Iván Cepeda había intentado sobornar a testigos para incriminar a Uribe en la supuesta creación de un grupo paramilitar en su hacienda Las Guacharacas. Prada, ante la investigación, renunció a su curul para no ser investigado por la Corte y su caso pasara a la Fiscalía. En ese momento el fiscal era Francisco Barbosa así que Prada se sentía jugando de local Con todo esto encima de Prada la bancada del Pacto Histórico presentó una recusación en contra del magistrado Álvaro Hernán Prada ante el CNE en el proceso que involucra a Petro por violación de tope de campaña. La recusación se fundamenta en lo que consideran una evidente vulneración al principio de imparcialidad y una presunta violación al régimen de conflictos. Prada, junto a otro magistrado, Benjamín Ortiz, radicaran una investigación y formular cargos contra Petro y su gerente de campaña Ricardo Roa. Para la senadora María José Pizarro el CNE, además no es competente para investigar al presidente. “El CNE no puede investigar al presidente es la comisión de acusaciones de la cámara la que lo tendría que hacer. Dijo Pizarro en una entrevista para W Radio. En términos de garantías, de equilibrio, está claro que alguien que ha profesado durante una década una animadversión tan marcada por el actual presidente, deja claro que lo que podría buscar Prada en este momento es cumplir algún tipo de revancha política que lleva enquistada desde hace años.