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Por: Nicolás Bohórquez e Iván Gallo Foto tomada de: Semana y Centro de Memoria Historica Mientras la mayoría de medios señalan la cercanía de Sneyder Pinilla, el exvice director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, con clanes políticos de Santander como los Aguilar -durante su campaña a la alcaldía de Sabana de Torres aparece en varias fotos abrazado con el patriarca familiar Hugo Aguilar- los Tavera o el ex alcalde de Floridablanca, el cuestionado Héctor Mantilla, a quien se le atribuyen delitos de corrupción durante su gestión, han olvidado un pequeño detalle: Sneyder Pinilla expandió su red con un super poderoso de Norte de Santander, su actual gobernador William Villamizar y además tuvo una importante relación con el clan emergente de Jhon Abiud Ramírez. Con Villamizar desarrolló su vida como contratista. Sus conexiones en Cúcuta son fuertes. Gracias a Villamizar, Sneyder conoció al contratista Germán Alberto Berbesí Barroso, quien, en palabras del portal La Silla Vacía “Es un recurrente contratista de la gobernación de Norte de Santander”. Berbesí está implicado en un escándalo que tiene que ver con el proyecto del Faro del Catatumbo, cuyos millonarios recursos han estado manejados por el gobernador Villamizar y sus amigos. Este proyecto pudo costar cerca de 80 mil millones de pesos salidos del erario público. Los lazos con Berbesí son claros. Durante su desastroso paso por la alcaldía de Sabana de Torres -está investigado por la Contraloría General de la República por un detrimento fiscal de más de 826 millones de pesos- Pinilla recurrió a la empresa Consorcio Constructora Cúcuta SA, propiedad de Berbesí Barroso, para suscribir varios contratos. Según una investigación de Oscar Jahir Hernández Rugeles, “Los sobrecostos de la obra en el municipio de Sabana de Torres son tan absurdos y descarados, que a pesar de haberse contratado en el año 2019, los precios unitarios del proyecto se encuentran en el mercado actual más baratos que cuando los cotizaron para el momento de contratar”. Es que Pinilla llegó a la subdirección del UNGRD precedido de un oscuro historial. En su mandato las irregularidades en contratos fueron una constante. W Radio entrevistó a Deiver Parra, líder de la Colombia Humana en Sabana de Torres y este afirma que Pinilla suscribió contratos para pavimentar las calles de su municipio por un valor de 13 mil millones de pesos. Aunque hubo un desembolso de 9 mil millones, las calles siguen destapadas, arenosas cuando hace sol, barrosas cuando llueve. Dice Parra a la W Radio: “Nos dejó únicamente elefantes blancos y sobrecostos. En el caso del contrato de pavimentación 259 de 2019, se presentaron varias irregularidades; parece que Pinilla adjudicó el contrato a la UT que ofreció el mayor valor, aunque el trabajo debía completarse en seis meses, y ya han transcurrido seis meses sin avances”. En ese contrato está implicado Berbesí. Este contratista también tiene conexiones con otro controvertido personaje que ha tenido participaciones en el gremio de las constructoras gracias a su cuñado, Wilder Pacheco. El representante a la Cámara Wilmer Carrillo, quien fue investigado por la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en la contratación mientras fue secretario de infraestructura de Norte de Santander. La relación con John Abiud Ramírez probablemente empezó gracias a la cercanía inicial de Pinilla con los Tavera, sin embargo, la conexión con el clan emergente que ha mantenido el poder de Girón en los últimos periodos fue más fuerte que con los Tavera. En 2022, tres días después de renovar su contrato en INVIAS, Pinilla recibió un contrato en la secretaría de vivienda, ciudad y territorio mientras seguía la casi diarquía de Carlos Román y Yulia Rodríguez en Girón. La relación mutualista no murió tras el nombramiento de Pinilla, poco antes de las elecciones regionales de 2023 la UNGRD entregó 400 mil millones de pesos en contratos en Santander, casi 350 mil millones fueron exclusivamente para obras en Girón. Otra de las investigaciones que tiene en curso Pinilla, durante su alcaldía en Sabana de Torres, es la de haber privatizado a la brava, con la ayuda de siete concejales, la secretaria de Tránsito y Transporte de ese municipio, además de contratos que buscaban rehabilitar el Jarillón de una vereda llamada Barraneo Colorado. Pinilla fue el designado por su jefe en la UNGRD, Olmedo López, para entregar los cuarenta carrotanques que estaban destinados a calmar la sed en La Guajira, de estos vehículos sólo nueve funcionaban a cabalidad. La empresa que se ganó el contrato para hacer los carrotanques se llama Impoamericana, propiedad de un joven veterinario nacido en Pasto llamado Roger Pastas Fuertes. Tanto Pinilla como Olmedo López le han pedido a la Fiscalía un principio de oportunidad a cambio de contar todo lo que saben sobre un escándalo que suma 46 mil millones de pesos. La UNGRD, en gobiernos anteriores, también ha sido foco de corrupción y escándalo como sucedió con la ayuda a la emergencia invernal que recibirían municipios de Gramalote -destruido por el invierno en diciembre del 2010- y Mocoa y sus inundaciones del 2016. En el escándalo podrían salir salpicados el presidente del Senado Iván Name -quien presuntamente habría recibido 3.000 millones de pesos en efectivo entregados por la ex consejera presidencial Sandra Ortíz- y el de la cámara Andrés Calle. El escándalo está encendido.

Por: Sebastian Solano Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La Fundación PARES ha dado un paso significativo hacia la construcción de un futuro más esperanzador en Colombia con el arranque de un programa dirigido a fortalecer las capacidades de jóvenes líderes y miembros de organizaciones de la sociedad civil en comunidades afectadas por el conflicto armado y la violencia. Las Escuelas de Liderazgo Juvenil para la Participación e Incidencia en la Construcción de Paz Territorial, es un programa que no solo representa un compromiso con la juventud colombiana, sino también un firme paso hacia la consolidación de la paz y la reconciliación en el país. El objetivo primordial de estas escuelas es empoderar a los jóvenes como agentes activos en la construcción de la paz en sus respectivos territorios. Esto se logra a través de un enfoque pedagógico participativo y contextualizado que busca promover el liderazgo juvenil, fomentar la participación ciudadana y estimular la incidencia en políticas públicas orientadas hacia la paz y la reconciliación. Es un programa que no solo busca formar líderes, sino también inspirar un cambio positivo arraigado en la resolución pacífica de conflictos y la promoción de una cultura de paz sostenible. Este esfuerzo transformador ha sido posible gracias al apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dentro del marco de la focalización territorial de la Cooperación Española para el período 2020–2024. Con un enfoque especial en la Zona del Pacífico colombiano y las zonas de frontera del país, el programa busca llegar a donde más se necesita, donde los desafíos de construcción de paz son más demandantes. Los beneficiarios de este programa son 64 jóvenes seleccionados de entre 31 organizaciones y procesos sociales y colectivos que representan la diversidad y amplitud de enfoques y agendas en Colombia. Desde organizaciones juveniles hasta corporaciones de comunicación, estos colectivos abordan una amplia gama de enfoques, incluyendo derechos humanos, equidad de género, cultura, medio ambiente, liderazgo y participación ciudadana, entre otros. Este diverso grupo de jóvenes, distribuidos en municipios como Buenaventura, Tumaco, Cúcuta y Tibú, refleja la riqueza de perspectivas y experiencias que enriquecen el tejido social del país. Es notable la diversidad presente entre los becarios del programa, no solo en términos de edad, género y origen étnico-cultural, sino también en cuanto a los grupos poblacionales a los que pertenecen, pues la priorización de grupos históricamente subrepresentados es indispensable para lograr una transformación real de las comunidades y de las historias de vida de estos jóvenes. Los primeros pasos de este programa ya están dando frutos con logros tangibles en cada municipio. En Buenaventura, por ejemplo, se ha establecido una base sólida para la implementación de la Escuela de Liderazgo Juvenil, con propuestas de jóvenes presentadas en espacios de construcción de planes de desarrollo municipales. En Tumaco, se ha trazado una ruta clara de incidencia que ha llevado a alianzas significativas con la Alcaldía Municipal y otras entidades público-privadas. Mientras tanto, en Cúcuta y Tibú, se estableciendo alianzas estratégicas con Instituciones de Educación Superior y organizaciones locales. La Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO y la Fundación para la Participación Comunitaria - PARCOMUN se han unido a este esfuerzo, brindando acompañamiento técnico y académico para la certificación del programa en Cúcuta, Tibú y Buenaventura. Este compromiso conjunto fortalece y cualifica aún más la capacidad de los jóvenes para liderar el cambio en sus comunidades y contribuir activamente a la construcción de un futuro más prometedor. El programa continúa su marcha con el primer módulo centrado en Planeación e Incidencia Territorial, con el objetivo de capacitar a los becarios en estrategias de incidencia ante autoridades locales para la inclusión de propuestas en los planes de desarrollo. Este módulo culminará con encuentros ciudadanos en cada municipio, donde actores clave del territorio se reunirán para gestionar alianzas e incidir en los planes municipales y departamentales de desarrollo. Es un paso indispensable hacia la transformación de nuestras comunidades, donde la voz y el liderazgo de la juventud inciden en el desarrollo territorial.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de:RCN En un giro significativo para el proceso de paz en Colombia, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió, el pasado jueves 2 de mayo, una orden histórica. Esta orden, dirigida a la Policía Nacional, Interpol, Dijín y la Registraduría Nacional, exige la eliminación de los antecedentes judiciales de 9,600 signatarios de paz de las extintas FARC-EP. Estas personas fueron beneficiarias de amnistías de iure concedidas mediante decretos de la Presidencia durante el mandato de Juan Manuel Santos, por delitos políticos cometidos en el contexto del conflicto armado. Este acto, aunque técnico en su naturaleza, tiene profundas implicaciones para la reconciliación nacional y la reintegración efectiva de excombatientes a la sociedad civil. La medida busca concretar los efectos de los beneficios jurídicos otorgados a los firmantes de paz, asegurando su reintegración sin obstáculos a la vida cotidiana. Es importante resaltar que estos individuos, de acuerdo con la JEP, no tienen vínculos con crímenes de guerra o de lesa humanidad, siendo su compromiso exclusivamente político, enmarcado en los términos del Acuerdo de Paz. El contexto de esta orden revela una compleja realidad post-conflicto en Colombia. A pesar de los avances en el proceso de paz, muchos exguerrilleros se enfrentan a barreras significativas para su reintegración social. Uno de los obstáculos más prominentes es la persistencia de sus antecedentes judiciales, que actúan como una marca indeleble impidiendo su plena participación en la sociedad civil. La eliminación de estos registros representa un paso crucial hacia la normalización de sus vidas, ofreciéndoles una segunda oportunidad libre de estigmas del pasado. La magistrada de la SAI, Diana Vega Laguna, destacó la importancia de esta medida al subrayar que las amnistías de iure, originalmente concedidas en 2017, no habían sido completamente implementadas. Esto dejó a muchos excombatientes en un limbo legal, enfrentando dificultades para dejar atrás su pasado y avanzar hacia un futuro pacífico y productivo. La eliminación de sus antecedentes judiciales no solo les otorga un nuevo comienzo, sino que también restablece su dignidad y les brinda la oportunidad de construir vidas libres de la sombra del conflicto armado. Sin embargo, esta decisión trasciende lo puramente legal. Refleja el compromiso de Colombia con la reconciliación y la construcción de una paz duradera. La eliminación de los antecedentes judiciales no solo beneficia a los exguerrilleros, sino que también contribuye a la reconciliación nacional al romper con el ciclo de estigmatización y exclusión que ha perpetuado décadas de conflicto armado. Al reconocer la capacidad de transformación y reinserción de los excombatientes, Colombia envía un mensaje poderoso al mundo sobre su compromiso con la justicia transicional y los derechos humanos. Es importante tener en cuenta que las amnistías de iure se concedieron exclusivamente para delitos políticos, como rebelión y sedición, según lo establecido en la Ley 1820 de 2016. Esta ley, diseñada para facilitar la transición de los excombatientes a la vida civil, busca extinguir cualquier acción penal relacionada con estas conductas delictivas. Esto significa que los beneficiarios de estas amnistías no solo están exentos de sanciones penales, sino también de cualquier condena civil o indemnización. Sin embargo, a pesar de estos avances legales, el proceso de reintegración sigue enfrentando desafíos significativos. La violencia persistente en algunas regiones del país ha puesto en peligro la seguridad de los excombatientes que buscan reintegrarse a la vida civil. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, decenas de exguerrilleros han sido asesinados en los últimos años, lo que subraya la urgente necesidad de proteger a aquellos que han optado por el camino de la paz. Alejandra Miller, directora general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ha expresado su preocupación por la lentitud de las investigaciones sobre estos crímenes. La impunidad prevaleciente no solo socava la confianza en el proceso de paz, sino que también pone en peligro la seguridad de los excombatientes y sus comunidades. Es fundamental que las autoridades colombianas redoblen sus esfuerzos para garantizar la protección y seguridad de aquellos que han optado por la vía del desarme y la reconciliación. Además, esta decisión de la JEP ha sido recibida con críticas por parte del antiguo secretariado de las FARC, quienes han cuestionado la eficacia del tribunal especial y han expresado su preocupación por la falta de avances en las investigaciones de crímenes contra excombatientes. Estas críticas subrayan la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la justicia transicional y la protección de los derechos humanos en Colombia. La orden de la JEP de eliminar los antecedentes judiciales de los firmantes de paz de las FARC-EP podría estar marcandobh un hito en el camino hacia la reconciliación en Colombia. Esta medida no solo ofrece una oportunidad única para los excombatientes de dejar atrás su pasado y construir un futuro pacífico, sino que también refleja el compromiso del país con la justicia transicional y los derechos humanos. Sin embargo, para que este proceso sea verdaderamente exitoso, es fundamental que las autoridades colombianas continúen trabajando para garantizar la protección y seguridad de aquellos que han optado por la vía del desarme y la reconciliación.

Por: Redacción Pares Foto Tomada de: X y Colombia Informa Horas convulsas ha tenido el proceso de paz con el ELN. En la noche del lunes 6 de mayo afirmaron que, al no aclararse como funcionaría el fondo multidonante que le permitiría a esta guerrilla recibir un incentivo económico para no retener de manera ilegal a las personas, ellos regresarían a la modalidad del secuestro. Inmediatamente uno de los negociadores del gobierno, José Félix Lafaurie, dio una declaración a Noticias RCN que crispó aún más los nervios: “Los diálogos tienen que ser suspendidos. No creo que se pueda seguir negociando con un grupo armado con secuestros de por medio”. Otty Patiño, alto comisionado de paz, le pidió al presidente suspender el cese al fuego en las zonas donde el ELN regrese al secuestro. Sin embargo esto no es tan fácil. El cese al fuego no puede romperse de manera parcial. Si se hace se haría en todos los frentes de guerra. La situación dentro del ELN es tan grave que no se veía desde 1994 cuando una fracción de la misma, la Corriente de Renovación Socialista, decidió salirse de esta guerrilla y firmar un acuerdo de paz con el entonces presidente César Gaviria. Treinta años después la historia se repite con el frente Comuneros del Sur en Nariño. El gobierno ha escuchado atentamente el pedido de este grupo para negociar lejos de las toldas del Comando Central lo que ha generado resquemor dentro de la delegación oficial de paz. Antonio García incluso ha dicho que estos se tratan de infiltrados del ejército y, a través de la red social que usa, Telegraph, ha descalificado a su comandante alias H.H. Este martes 7 de mayo el grupo anunció su ruptura con el Comando Central, contradiciendo lo que había declarado un día atrás Antonio García, máximo comandante del ELN, quien reafirmó la unidad que supuestamente vive este grupo. Uno de los voceros del frente, alias Roberto, dijo "De manera unánime la asamblea define declarar la ruptura con el comando central y con la dirección nacional, lo anterior conlleva a no aceptar el trato de agresión y el actual modelo de conducción desde el exilio político". Ya se habían encontrado varias veces con delegaciones del gobierno para reafirmar su compromiso con hechos, uno de ellos era ayudar al desminado en ese lugar del país. En el comunicado alias Roberto afirma "La asamblea manda a mantenernos en el proceso de negociación política entre el Frente Comuneros del Sur y el Gobierno nacional, bajo la política de 'paz total' del presidente Petro". El máximo dirigente de este grupo es Gabriel Yepes Mejía, alias H.H. Antonio García ha dicho sobre él que es un infiltrado del ejército, puesto allí para dinamitar los diálogos de paz. Su accionar es en Samaniego, Nariño. Aún no se revela el pie de fuerza de este grupo pero podría estar entre 200 y 300 efectivos. Yepes Mejía tiene 53 años, afirma haber conocido a Manuel “El Cura” Pérez. Su vida ha sido un trasegar por los frentes elenos. Estuvo en el Magdalena Medio, en el Sur de Bolívar y en el Catatumbo hasta llegar al sur del país. Esta escisión podría traer connotaciones muy graves para la mesa de diálogo. Según Francisco Daza, coordinador de la Línea Paz Territorial y Derechos Humanos “La mesa de negociación tomó la decisión de centralizar el proceso, lo que implica de toda iniciativa para hablar de paz con el ELN está supeditada a la decisión y avances que va a haber en la mesa, la primera, en clave del Frente Comuneros del Sur, hay que decir que el ELN se automutiló en Nariño, esto quiere decir que ante un eventual avance, y un eventual proceso de territorialización a través del comité nacional de participación en Nariño, no se ve virtualmente una representación del ELN, ósea que ¿En el mapa de presencia de grupos armados el ELN ya no existe en Nariño? Este es un llamado de atención interno del ELN sobre otros frentes que quieran separarse del COCE, esto puede suponer escenarios donde estén amarrados los bloques de guerra y que toda iniciativa de paz que se haya pensado en Arauca, Antioquia el Sur de Bolivar, Chocó, Catatumbo, no van a avanzar sin la aprobación del Comando Central”. Esto y el anuncio de reactivación de secuestros, sienta un mal precedente para el VII ciclo en Caracas que se va a hacer a mediados de mayo, el gobierno debe evitar que esto no se vuelva una bola de nieve con los otros grupos territoriales que querían avanzar en propuestas de paz con el gobierno pero que no tienen la bendición del Comando Central. La decisión de llevar al territorio la paz, está cada vez más lejana.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El Colombiano y Corrillos Los carrotanques que estaban destinados para calmar la sed de La Guajira fueron entregados por la mano derecha de Olmedo López, Sneyder Pinilla. En las últimas semanas este nombre ha provocado un verdadero terremoto político. Acusó a altos funcionarios del gobierno e incluso al presidente del senado, Iván Name, de recibir 3.000 millones de pesos de parte de la consejera presidencial Sandra Ortiz. Esta plata habría salido de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres y, según Pinilla, tenían como objeto ganarse votos para aprobar las reformas sociales de este gobierno. Desde entonces se ha conjeturado de dónde salió este funcionario. En su hoja de vida aparece como alcalde del municipio de Sabana de Torres en Santander. Como sucede con buena parte de la política de este departamento, su vida se cruza con el clan Aguilar. En la campaña que lo llevó a la alcaldía de ese municipio en el año 2015 se ven fotos de Pinilla con el ex gobernador Hugo Aguilar, condenado a nueve años de prisión por concierto para delinquir. Según reveló el diario El Tiempo aparecen grabaciones en donde Aguilar grita, en medio de una caravana "Agradecidos, ver el empuje, el entusiasmo que hay por el señor Sneyder, confiamos en Dios y Sabana de Torres que vamos a ganar”. En la pieza audiovisual revelada por este diario se les ve a ambos políticos abrazándose. No había duda que Pinilla era una ficha más del engranaje de los Aguilar. La esposa del ex vicedirector de la UNGRD es la actual gerente del hospital regional del Magdalena Medio. El nombramiento lo hizo Mauricio Aguilar, ex gobernador del departamento. Pero no sólo el clan Aguilar ha estado apadrinando a Pinilla. El clan Tavera también tiene hilos en esa marioneta según lo reveló en una columna en Vanguardia Liberal Miguel Ángel Pedraza. Durante la alcaldía se acercó a Didier Tavera, ex gobernador y ex director de la Federación Nacional de Departamentos quien no sólo enfrenta un proceso penal por parte de la Corte Suprema de Justicia por desvío de dineros del Programa de Alimentación Escolar en Santander sino que tendría 22 registros de noticias criminales de las cuales, según W Radio, “ocho están activas ante las fiscalías segunda, cuarta y decimoprimera delegadas ante la Corte suprema de justicia, la fiscalía especializada contra la corrupción y la fiscalía delegada ante el tribunal de Bucaramanga”. Todos los delitos los cometió mientras prestaba servicio como funcionario público. Sneyder habría beneficiado al clan Tavera en algunos contratos en Bucaramanga Además de Tavera, Pinilla tuvo acercamientos con el ex alcalde de Floridablanca Héctor Mantilla. Su paso por esta alcaldía fue, como mínimo, polémica. Él es ahijado de la ex vicepresidenta Martha Lucía Ramírez quien incluso, según el medio Infobae, fue madrina de su matrimonio. Mantilla ha sido señalado en varios escándalos que tienen que ver, como señaló una investigación de la revista Cambio, con lo que se denominó como el Cartel de Ruitoque, al convertir su alcaldía en un “contratadero” para beneficiar al megacontratista Fredy Anaya, el excongresista Bernabé Celis y el condenado Alirio Villamizar. Sobre él giran rumores terribles de amenazas, enriquecimiento ilícito, contrataciones a dedo y coimas. Pinilla ha pedido acogerse a un principio de oportunidad a cambio de aportarle a la Fiscalía información valiosa sobre cómo han usado la Unidad de Gestión de Riesgos como una caja menor. Los escándalos, en diferentes gobiernos, han sido una constante en esta entidad. Basta con repasar lo que sucedió con el cartel de las marionetas liderado por el congresista Mario Castaño, lo que ocurrió con los recursos para hacer casas en Mocoa y Gramalote después de la emergencia invernal de los años 2010 y 2016 y lo que sucedió con los recursos durante la emergencia del COVID. El jefe de Pinilla, Olmedo López, ha sido cercano al partido conservador a través del ex alcalde de Itagui y actual senador Carlos Trujillo.

Por: Álvaro Martínez Foto tomada de: El Nuevo Siglo Reuters – La empresa más importante del país, Ecopetrol, de propiedad mayoritariamente estatal, está evaluando la posibilidad de participar directamente en la primera subasta costa afuera (offshore) de energía eólica en el país. El anuncio lo hizo la empresa en un comunicado a la agencia de prensa Reuters. Desde el inicio del gobierno Petro, Colombia comenzó a posicionar con mayor fuerza el discurso de los beneficios de las energías renovables y la implementación de proyectos con energías alternativas a las fuentes fósiles. Esto, como una estrategia esencial para impulsar la transición energética. Con la designación del ministro Andrés Camacho en la cartera de Minas y Energía y de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol, los anuncios respecto a la necesidad de depender menos del petróleo (principal producto de Ecopetrol desde su fundación) y transitar hacia fuentes de generación de energía más limpias también se han incrementado, en concordancia con la línea política en materia energética del primer gobierno de izquierda en el país. Desde septiembre de 2023, otros comunicados de Reuters habían incluido a Ecopetrol como un actor fundamental en la participación y ejecución de megaproyectos de energía eólica, incluso vinculándolo como un socio obligatorio para las firmas interesadas en participar en la subasta. Pero, a la fecha, no se sabía si Ecopetrol estaría interesado en ser parte de dichos proyectos. Este lunes en entrevista a Reuters, Roa aseguró que la regulación de las energías renovables se ha venido desarrollado poco a poco para permitir que la compañía se convierta eventualmente en un gran actor de generación energética en el país. Algunos beneficios, señalados en el comunicado, del involucramiento de Ecopetrol en dichos proyectos serían: la reducción del riesgo en nuevos proyectos y consolidar la autosuficiencia energética del país. En este sentido, la empresa “está realizando los análisis técnicos, económicos y jurídicos de su potencial participación en el proceso de subasta de energía eólica costa afuera”, indica el comunicado. Los participantes de la subasta incluyen una amplia variedad de agentes. Sin embargo, los agentes públicos o de participación mixta que se unan a propuestas de compañías privadas no están sujetos a evaluación o calificación. Reuters indica que Ecopetrol estaría buscando su propio proceso de calificación y ya está hablando con algunas compañías sobre posibles alianzas para desarrollar este tipo de proyectos, aunque no ha mencionado el nombre de dichas compañías. En conjunto con los anuncios de participación en hidrógeno verde y derivados, el comunicado de este lunes confirma la intención de Ecopetrol en participar en proyectos de energía eólica y diversificar su portafolio de productos hacia las energías renovables. El proceso de subasta será supervisado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y su fecha límite de registro es junio 21 de 2024.

Por: Centro de pensamiento TEJ Oficina Caribe El infierno que se vive en el Caribe hace que Inevitablemente la gente gasta más luz que en cualquier otra región del país. Varios lugares llegaron a tener una sensación térmica de entre 45 y 50 °C. Con ese calor el aire acondicionado, las neveras y otros equipos gastan más energía para enfriar las cosas, pero la infraestructura eléctrica existente no es confiable ni suficiente para cubrir esa demanda. (Radio nacional, 2024). Otro factor que ha incidido es el crecimiento poblacional y el desarrollo económico, estos han generado un aumento en la demanda de energía, lo que ha puesto presión sobre el sistema eléctrico nacional. La devaluación frente al dólar ha encarecido los costos de importación de algunos insumos necesarios para la generación de energía, provocando el alza en los precios del carbón y el gas natural, utilizados para la generación térmica de energía, impactando así en los costos de producción. ¿CÓMO SE CALCULA LA TARIFA DE ENERGÍA? Se tienen en cuenta 6 costos: 1.     Lo que cuesta generar la energía. 2.     Lo que cuesta transportarla por cables a su ciudad o municipio. 3.     Lo que cuesta llevar la energía hasta cada una de las casas. 4.     Lo que cuesta llevar la energía por otro lado porque hubo alguna falla 5.     Lo que cuesta que un intermediario le compre energía a la compañía y luego le llegue a usted. 6.     lo que cuestan las pérdidas. Este último es lo más importante, porque por las pérdidas es que la gente de la costa Caribe paga mucho más que el resto de Colombia. ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE PÉRDIDAS? Hay pérdidas técnicas, es decir que dependen de la infraestructura, de la red eléctrica, de que las empresas inviertan en hacerle mantenimiento a todo esto. Y las pérdidas no técnicas, que tienen que ver con la mano humana: Como cuando la gente se conecta ilegalmente a la red o contrata “marañeros” para engañar al contador de energía. “Gracias al expresidente Duque y a los congresistas que aprobaron su plan de desarrollo, donde Air-e y Afinia tienen libertad para cobrarles las pérdidas a los usuarios como más les convenga. Y además les cobran por inversiones que todavía no han hecho. A lo anterior, hay de agregarle que el expresidente dejó endeudada a la gente. No a las ciudades, sino a las personas, porque aplicó durante la pandemia la “opción tarifaria” que básicamente congelaba o bajaba el precio que las personas pagaban por la luz. Pero con un detalle crucial, como las empresas estaban cobrando menos de lo que en verdad costaba la luz, la gente eventualmente iba a tener que pagar esa diferencia.” (La pulla, 2024). Hoy las empresas no han terminado de cobrar esa deuda y para el Caribe el faltante es de 2,5 billones de pesos. Para terminar de empatar, todo esto coincidió con un fuerte fenómeno de El Niño. Como hay sequía, los embalses están bajísimos y las hidroeléctricas no pueden generar tanta energía. Ahí entran a funcionar las termoeléctricas, que son mucho más caras y la gente está necesitando más energía. Entonces tenemos la mezcla perfecta, de poca energía disponible para mucha demanda lo que de por sí sube los precios. Pero hay más razones por las cuales la gente en la Costa paga más. Por ejemplo, en Barranquilla y en todo el Atlántico les dio por incluir en el Impuestos a la Luz recibo de la luz unos impuestos de alumbrado público y seguridad. (El espectador, 2024). Por último, falta un factor más para que el precio sea tan alto, después de tanto desastre y abuso, la gente está cansada, hay muchas personas que llevan meses o años sin pagar, y hay otros que contratan marañeros, es decir, personas que hacen conexiones ilegales o manipulan el medidor para que la factura llegue más bajita. Creando así un círculo vicioso. la luz está muy cara y eso hace que mucha gente no pueda pagarla o se la robe. Esto, a su vez, hace que se suban las pérdidas, y como las asumen los usuarios, el recibo termina llegando aún más caro para quienes sí están pagando. (La silla vacía, 2024) FUENTES BIBLIOGRÁFICA La luz está impagable en el Caribe y nadie hace nada | La Pulla https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/la-pulla/la-pulla-la-luz-esta-impagable-en-el-caribe-y-nadie-hace-nada/ ¿Por qué suben tanto las tarifas de energía en la región Caribe? https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/columnista-invitado-ee/por-que-suben-tanto-las-tarifas-de-energia-en-la-region-caribe/ En Medios – ¿Qué Está Pasando Con El Servicio De Energía En La Región Caribe? https://www.ccenergia.org.co/en-medios-que-esta-pasando-con-el-servicio-de-energia-en-la-region-caribe/ El círculo vicioso de robo de luz y tarifas impagables en el caribe EL CÍRCULO VICIOSO DE ROBO DE LUZ Y TARIFAS https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/el-circulo-vicioso-de-robo-de-luz-y-tarifas-impagables-en-el-caribe/ Consumos de energía han incrementado por ola de calor en el Caribe https://www.radionacional.co/noticias-colombia/ola-de-calor-genera-incrementos-en-consumos-de-energia-en-el-caribe

Por: Centro de pensamiento TEJ Oficina Caribe Foto tomada de: Colombia Inteligente Por estos días empieza la discusión a lo largo y ancho del país de los Planes de Desarrollo municipales, distritales y departamentales. Se inicia así una discusión clave para que las apuestas de intervención social y política pública de los mandatarios que fueron elegidos el 29 de octubre de 2023 se materialicen en una serie de programas, proyectos e indicadores. Y en esa discusión no solo deben ser protagonistas las Corporaciones Públicas, es decir, los Concejos y Asambleas; además, la ciudadanía debe velar porque las discusiones se caractericen por su transparencia, por concitar una deliberación verdaderamente pública, y lo más importante, porque recojan las principales problemáticas, retos y posibilidades de las comunidades. Ahora bien, los eventuales Planes de Desarrollo Territoriales deberán articularse, desde una perspectiva de planeación e intervención compartida, con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo -PND- Colombia, potencial mundial de la vida, 2022-2026, que, como uno de sus objetivos centrales, plantea: “impulsar la penetración de energías renovables en la matriz de generación y la respectiva disposición de infraestructura y tecnología avanzada en el sistema energético (DNP, 2023)”. De esta forma, no pueden dejar de lado una de las principales banderas del Gobierno Nacional, que traza, sin temor a exagerar, una de las mayores transformaciones en la historia reciente del país. Porque la transición energética no es el “capricho” del Gobierno -como suelen afirmar sectores de la oposición-, desde su concepción original, es una política de planificación y reconversión energética, sustentable y permanente que requiere de una adecuada articulación a escala veredal, municipal y departamental. Sin la participación de los territorios, la transición energética no tendrá futuro. De ahí que los Consejos, las Asambleas y la ciudadanía que vienen participando activamente en las discusiones que darán vida a más de 1.000 Planes de Desarrollo Territoriales, deban tener presente que desde el PND se habilita a las comunidades para que se puedan constituir en Comunidades Energéticas con la finalidad de generar, utilizar y comercializar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales; así como la diversificación energética a partir de la promoción del hidrógeno, la biomasa, la geotermia, la energía eólica y solar. En el PND se pusieron las primeras cartas sobre la mesa y ya lo que sigue es que ningún municipio, distrito o departamento quede por fuera de las posibilidades que ofrece la transición, siendo este un proceso que va más allá de la voluntad de un Gobierno, porque compromete, sin lugar a dudas, el esfuerzo de varias generaciones. Todos y todas nos debemos sentir convocados en esa apuesta trascendental por la transición energética. Por eso, las discusiones que actualmente se están dando en todos los rincones del país, desde el municipio más grande al poblado más pequeño, representan un importante punto de partida no solo para integrar los objetivos del PND a los esquemas locales de planeación, sino que, además, permiten aterrizar y profundizar las posibilidades de la transición. Porque de algo sí podemos estar seguros, habrá transición energética para rato, y los Planes de Desarrollo Territoriales, como aquellas cartas de navegación que se renuevan al vaivén de los diversos gobiernos cada cuatro años, deberán dar cuenta de ello.

Por: Línea de Convivencia y Seguridad Las ciudades colombianas se han convertido en el principal escenario de la violencia cotidiana, ya no por las dinamicas propias del conflicto armado,  ahora, debido a la reconfiguración del Crimen Organizado Transnacional como viene sucediendo en todo el continente. En este informe se muestra como la extorsión, el secuestro y el hurto han aumentado en el último año. El deterioro de la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía ha afectado directamente la propuesta más importante del presidente Petro, la Paz Total, unido a las dificultades en definir e implementar un marco jurídico propio para la implementación del sometimiento a la justicia bajo la lógica de la Paz Urbana propuesta por el Gobierno Nacional. Dando lugar a los discursos basados en políticas de “mano dura”, que han calado en la ciudadanía, una tendencia que podría ser decisiva en las próximas elecciones. En materia de homicidios el panorama sigue siendo desalentador ya que, aunque se mostró una baja del 1.46% con respecto al año anterior, en los últimos tres años se han registrado las cifras de homicidios más altas desde 2013, año en el que se reportaron 14.820 casos. Los departamentos donde se concentran mayores casos de violencia son: Valle del Cauca (2.316 casos), Antioquia (1.746), Bogotá D.C.  (1.082), Cauca (843) y Atlántico (726). Las cinco ciudades con más homicidios son Bogotá, con 1.082, Cali (1.005), Barranquilla (375), Cartagena (368) y Medellín (358). La razón de esta violencia es el surgimiento y consolidación del crimen organizado: 197 organizaciones criminales operan en siete ciudades. Las masacres en Barranquilla, o los cuerpos abandonados en calles de Bogotá, hablan de la guerra territorial para controlar mercados ilícitos que existe entre las bandas en las principales ciudades del país. El panorama general del delito de la extorsión parece no mejorar, dado que entre 2019 y 2023 estas han aumentado un 33,5%, esto se explica por que los grupos delincuenciales han diversificado sus rentas después del descenso que se ha presentado con el tráfico de cocaína. Es más rentable y menos riesgoso que el narcotráfico. Entre los departamentos con mayor cantidad de extorsiones se encuentra Antioquia (1.842), Bogotá D.C. (1.690), Atlántico (1.335), Valle del Cauca (1.142) y Norte de Santander (570). En Atlántico la extorsión está disparada: creció en el último año un 108%. Las ciudades con mayores casos de extorsión son , Bogotá (1.690), Medellín (894), Barranquilla (856), Cali (486) y Soledad (299). El secuestro es uno de los delitos que ha venido en aumento en los últimos cinco años. Solo en el último año, se registró un total de 343 casos a nivel nacional, lo que se traduce en un aumento del 53,8% con respecto al año anterior, y convirtiéndose en el año con más casos en los últimos catorce años. Antioquia (54), Norte de Santander (48), Valle del Cauca (47), Nariño (30) y Cauca (26), son los departamentos donde más secuestros se han dado. En cuanto a hurtos a personas, según datos del SIEDCO de la policía, se registró un incremento del 6% con respecto al 2022. Bogotá, con 148.578 casos, concentra el 40% de los robos en el país. Durante el 2023 se identificaron 11 Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) y 41 Grupos de Delincuencia Común Organizados (GDCO), algunos de ellos –principalmente GDCO- especializados en hurtos y atracos callejeros, como por ejemplo ‘Los Lucky’, ‘Los Maras’, ‘Los Erizos’, ‘Los de Puente Largo’, e incluso el ‘Tren de Aragua’ y ‘Satanás’. Por otro lado la amenaza es uno de los delitos que ha llegado a disminuir en el último año con un 9% menos con respecto al 2022. Estos datos, como se verá en este informe, pueden variar por diversas circunstancias. Las lesiones personales es otro delito cuyos indicadores están bajando. Para contrarrestar la ola delincuencial la Policía aumentó sus capturas en este último año en un 3.2%. El número de capturas es de 193.074 en todo el país. Paradójicamente la extorsión, que es el delito en alza en el país, es el que menos capturados registra. La incautación de armas en este 2023 presentó un aumento superior al 20%. A continuación, presentamos el balance en materia de seguridad ciudadana del 2023, evidenciando, una vez más, que la falta de control estatal ayuda a que el imperio del crimen se instaure en las grandes ciudades del país.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El País de Cali y Semana El caso de los carrotanques y de Olmedo López no es el primero donde se evidencia la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Basta con ver lo que sucedió con los recursos del COVID durante la pasada gestión de Iván Duque, o el saqueo de estos recursos que hizo el fallecido senador Mario Castaño denunciado en su momento por el periodista Daniel Coronell. Es inmoral que la plata que serviría para aliviar el dolor de miles de colombianos termine en el bolsillo de unos pocos. El aparato que sostiene a la UNGRD permite este entramado de corrupción que se ha convertido en una máquina de hacer plata. El que entre a la Unidad inmediatamente lo hace investido de superpoderes. Acá no hay ley 80, no hay Secop, acá no hay licitación, acá se debe contratar a dedo. Como su nombre lo indica la agencia está constituida para reaccionar de manera inmediata ante una tragedia o un desastre natural. El problema que se presentó con la UNRGD en tiempos de Duque fue que las obras que se empezaron a hacer con estos recursos eran previsibles y no de urgencia, para contratarse de manera más rápida se hizo bajo la modalidad de riesgo. Además acá contratar es ideal para burlar cualquier tipo de normas. En tiempos de Duque la contraloría encontró decenas de contratos con irregularidades en donde emergencias ambientales que fueron icónicas en Colombia, la de Mocoa y la de Gramalote. Según los análisis de la Contraloría el robo en el último gobierno pudo haber sido de 500 mil millones de pesos. Fue un saqueo. En la columna de Daniel Coronell titulada “El hoyo negro” se afirma lo siguiente: “Cuando el huracán Iota golpeó San Andrés y Providencia se embolataron cerca de 4.000 millones de pesos que debían destinarse a la compra de kits de ayuda inmediata y carpas para los damnificados. Una parte se entregó pero no coincide con las cifras de lo comprado, según el estimado de los investigadores fiscales”. Era un botín burocrático. La naturaleza misma de la unidad se presta para que todos metan la mano. Mocoa, San Andrés, el volcán Galeras, los recursos se evaporaron. En este último caso había que crearse albergues, refugios temporales y lo único que quedó fue una mula. En Mocoa, de 900 casas que se tenían que crear apenas se construyeron 12 casas. Cuando el nuevo director de la UNGRD Carlos Carrillo entró a ejercer su cargo fue como viajar al pasado. El atraso en la gestión documental, no hay trazabilidad de documentos, hay un desorden con la información que es doloso, y esto es deliberado para poder meter las manos en un cajón lleno de oro. Hay maneras de robarse la plata de manera directa. Una de ellas es el registro único de damnificados, es una mina de oro que sirve para meter allí a los amigos de los amigos de los amigos y que sirve para recompensar a los que hayan acompañado a una campaña, a quienes se necesiten que voten por alguien en un corregimiento, en un municipio apartado como Uribia o en cualquier lugar donde haya un desastre. Y para contratar impunemente. Por eso se decidió por un veterinario cuya empresa la tenía en Cúcuta para crear los carrotanques que calmarían la sed en La Guajira. El sistema se presta para la compra de votos, y la compra de consciencia. Acá se puede pagar favores y por eso un rumor como el de haber usado recursos de la UNDGRD para comprar a los presidentes de senado y cámara para apoyar las reformas puede tomar vuelo. Según palabras de Carrillo la corrupción que encontró en la entidad fue “asqueante”. Se tiene que cambiar desde los sistemas de control dentro de la UNDGRD hasta funcionarios enquistados en esta entidad, para evitar que esta siga siendo la caja de corrupción de los gobiernos colombianos.

Por: Redacción Pares En las últimas horas se conoció que el secretario de transparencia del gobierno, Andrés Idárraga, salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre se mantiene en su cargo. Esto ayudó a que la ola de indignación que hay en el país por el caso de los carrotanques para La Guajira, en donde se perdieron más de 46 mil millones de pesos se haga más grande. Las declaraciones del subdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, quien le pidió a la Fiscalía inmunidad a cambio de dar nombres claves en el congreso que estarían envueltos en una red de sobornos con recursos de la Unidad, a cambio de sacar adelante las reformas de Petro, encendieron el país. Olmedo López, destituido por el escándalo de los carrotanques y quien se encuentra prófugo de la justicia, ha hablado y a afirmado su voluntad de colaborar con la justicia a cambio de inmunidad. Carlos Carrillo, el cuarto director que ha designado este gobierno para la Unidad de Gestión de Riesgo, ha sido claro y ha afirmado que las condiciones que rigen en esta entidad, en donde se contrata a dedo y no por medio de licitación, y el sistema que controla el mismo, hacen que la corrupción sea una tentación constante. No se desconoce la responsabilidad de este gobierno, sobre todo del DAPRE, en el nombramiento de Olmedo López en esta unidad, pero tampoco se puede olvidar que el gobierno Petro no ha sido el único mandatario envuelto en estos problemas con la Unidad de Gestión de Riesgos. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación del 2021, en el que estuvo al frente Esteban Salazar, líder en ese entonces de la línea de Democracia y gobernabilidad, le quitó el velo al manejo que le dio el gobierno Duque, desde la UNGRD, a los recursos destinados al COVID. En su momento Salazar afirmó lo siguiente: “Mientras en Colombia superamos más de 50.000 muertos a raíz del Covid- 19, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se convierte en la auténtica caja negra del manejo de los recursos de la pandemia”. Lo que descubrió este informe, titulado Opacidad del Gobierno nacional ¿El mecanismo de corrupción en pandemia? queda resumido en estos puntos: 1.     Se identificó que el Gobierno Nacional ideó una estrategia que le permitiera la evasión de los mecanismos de contratación pública y la Ley de Transparencia.  Precisamente, este es uno de los hechos polémicos que resalta la investigación de Pares porque se evidencia cómo ‘artificiosamente’ se trasladaron las competencias del Ministerio de Salud a la UNGRD. 2.     Se identificó que la UNGRD se estaría convirtiendo en una entidad supremamente poderosa. Ahora la UNGRD está encargada de la contratación de la vacuna. 3.     La UNGRD se está convirtiendo en un fortín político  Detrás de la figura de la UNGRD como fortín político, la investigación de Pares encontró “serios indicios de participación de miembros de partidos políticos como el Centro Democrático, de sectores afines a Miguel Uribe Turbay o Enrique Peñalosa. Según denuncias hechas por Camilo Enciso y la veeduría que está haciendo sobre los recursos destinados para la pandemia”, señaló Salazar. 4.     e identificó que, si bien no existen los contratos, serían más de 1.2 billones de pesos que se estarían repartiendo dentro de la UNGRD. En ese momento Ariel Ávila era el subdirector de la Fundación Paz y reconciliación y en el momento en el que salió este informe calificó de una verdadera “tragedia” lo que estaba haciendo el gobierno Duque con los recursos destinados a la pandemia y calificó como “antro de corrupción” la UNGRD en esos momentos. Lo anterior no justifica en lo más mínimo lo que está sucediendo con recursos que iban a ser destinados para calmar la sed histórica que vive La Guajira pero si pone sobre la mesa la necesidad de revisar entidades como la UNGRD que se han convertido en lugares propicios para comprar consciencia. Desde la Fundación Paz y Reconciliación se ha venido proponiendo un juicio a la corrupción y se espera que este gobierno atienda una propuesta que podría ser el remedio a uno de los males endémicos que padece el país.

Por: Iván Gallo El juicio de Nuremberg paralizó al mundo entero. Antes de que se creara la televisión, a finales de 1945, los ciudadanos de a pie hacían filas en los cines para ver cómo las cabezas del Tercer Reich, que habían sobrevivido a la invasión rusa, eran condenados por sus crímenes. En 1985 la Junta Militar, encabezada por Videla, fue sentada en el lugar de los acusados en un juicio que tuvo tanta relevancia mediática que, casi cuarenta años después, se transformó en una película premiada en todo el mundo. Los juicios no deben ser cosa de un nicho de juristas. Los juicios deben ser grandes acontecimientos sociales, sobre todo en un país como este, azotado por la corrupción. Esta idea se le ocurrió en el 2022 -antes de la segunda vuelta presidencial- al abogado bumangués Alejandro Alvarado quien en ese momento trabajaba en el Instituto Anticorrupción. Él le presenta el proyecto al director del instituto, el mexicano Michel Levin quien decide apoyar con lo que puede la idea. Era un Acuerdo entre la organización de Naciones Unidas y el gobierno de la República de Colombia relativo al establecimiento de una Comisión internacional contra la Impunidad en Colombia. No importaba quien fuera el ganador en la contienda electoral, este juicio se implementaría. Alvarado contactó a la fundación Paz y Reconciliación que había trabajado en los últimos años el tema a profundidad, fruto de esto eran sus investigaciones sobre clanes políticos de la cual sacaron uno de los libros más consultados por académicos en Colombia. Pares ya había hecho acuerdos para implementar los remedios que requería la corrupción. Acababan de hacer incluso una investigación sobre la ineficiencia de las contralorías departamentales. Así que estuvieron de acuerdo en que había que tomar las máximas cabezas y, en palabras de Alvarado, quien hoy en día lidera la línea de Democracia de la fundación “hacer un juicio bien berraco” donde respondieran las máximas cabezas, los cerebros, no los mandaderos -tipo Sneyder Pinilla en la UNGRD- los líderes del saqueo. Había que pedir que en cada uno de los 32 departamentos escogieran el peor de los casos y luego ir por los 17 escándalos restantes más graves en todo el país. Arrancar con los 50 casos más representativos de corrupción serviría para restañar viejas heridas. Una de ellas pervive desde noviembre de 1985 cuando el M-19, en su toma al Palacio de Justicia, pensó en hacer un juicio al presidente apuntándole con un arma a los 11 magistrados que componían la Corte Suprema de Justicia. Una abominación. Una abominación que si tenía un simbolismo válido, la espada de Bolívar como símbolo de justicia. Por eso el Juicio nacional anticorrupción tenía como nombre La espada de Bolívar. El juicio era la reivindicación que necesitaba la sociedad colombiana. Volver a creer en las instituciones. El 20 de junio del 2022 ganó las elecciones Gustavo Petro. Tanto Pares como Alvarado y Levin creían que iba a ser más fácil que les apoyara la idea un gobierno progresista. Entre agosto y diciembre del 2022 prepararon los textos que incluían un acto legislativo para crear una sala transitoria en la Corte Suprema de justicia que se encargaría de los juicios. Esta idea surgió como una solución para no entorpecer ni llenar de trabajo a la Corte. Habría magistrados, debidamente seleccionados, que se encargarían de estos juicios. “Lo que queríamos, lo que le propusimos al gobierno era una experiencia histórica sin afectar la independencia de la justicia” El juicio nacional bien podría haberse realizado en un escenario imponente, en un estadio, ¿Por qué no? Transmitido en directo para todo el país. Se viviría con la intensidad de un evento deportivo. La propuesta parecía calar en el nuevo gobierno. En diciembre del 2022 hay una reunión entre Pares, el instituto anticorrupción, el ministro Néstor Osuna y el que fuera hasta hace muy poco el secretario de transparencia de este gobierno, Andrés Idárraga. El objetivo sería presentar la propuesta en la primera legislatura del 2024. El secretario de transparencia parecía muy entusiasmado “Idarraga nos ofreció desde el apoyo técnico hasta recursos para hacer la iniciativa” cuenta Alvarado. “Nosotros fuimos cautos y no quisimos entregar la iniciativa”. En un artículo publicado en esta página Levien contó como fue la experiencia con Idarraga: “desde diciembre de 2022 personalmente estuve en contacto con Andrés Idárraga hablando sobre ella. Nos imaginamos que si la propuesta tenía apoyo de un legislador y del secretario de transparencia, seguro iba a ser más popular. Con esa idea, durante dos meses Andrés Idárraga y yo estuvimos en contacto y, lo más importante, le compartimos a él y a su equipo borradores de nuestra propuesta para que conocieran nuestras ideas conforme las íbamos teniendo”. El 17 de febrero, cuenta Levin, recibió una oferta que parecía un ultimátum: “Si queríamos el apoyo de Andrés Idárraga y de la secretaría de transparencia, entonces teníamos que aceptar que la propuesta saliera de nuestras manos («En el gobierno nacional soy quien la lidera») y, lo más importante, el entonces secretario me pidió modificar el texto de nuestra propuesta y que Pares presentara su texto como si fuera nuestro, ocultando que la secretaría de transparencia participó en él”. Andrés Idarraga quería quedarse con el crédito. Una vez más el ego de un funcionario podía más que la necesidad de hacer justicia. Al decirles que no Alvarado y Levin se quedan en el aire. Incluso pierden su trabajo y, de paso, Colombia perdió una oportunidad histórica: tomar las riendas y darle la solución a uno de los problemas que genera más inequidad y violencia, la corrupción. El escándalo de los 46 mil millones que se perdieron en la UNGRD por el caso de los carrotanques, que terminó incluso con la destitución de Olmedo López y la pérdida del cargo de Idarraga, pone sobre el tapete la necesidad de concretar la iniciativa de estos dos jóvenes abogados y de la fundación PARES. Si el presidente Petro escucha, podría estar a tiempo de corregir lo que la historia catalogará como un error monumental: desaprovechar un gran juicio contra la corrupción.