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Por: Michel Levin Foto tomada de: Casa de nariño y El País «Si te echan por atacar la corrupción, algo has de estar haciendo bien» Una amiga muy querida me dijo esto en marzo de 2023. Me acababan de pedir amablemente y diplomáticamente que dejara mi trabajo en Colombia y que hiciera el favor de regresarme a mi país. Yo no entendía bien qué pasaba, pero estaba seguro de algo: «Lo que propusimos no era perfecto, pero no estaba mal y —sin dudas— no era para tanto, ¿no?». La historia completa tiene intrigas dignas de telenovela mexicana, pero eso en otro momento. Lo importante hoy es que en febrero de 2023 Pares propuso la creación de un juicio nacional anticorrupción; una institución nueva en Colombia que tomara los casos de corrupción más tóxicos y graves, los investigara con ayuda de expertos internacionales y los juzgara en la Corte Suprema. Pero la propuesta no cuajó. La presentación oficial del proyecto fue en febrero de 2023, pero desde diciembre de 2022 personalmente estuve en contacto con Andrés Idárraga hablando sobre ella. Nos imaginamos que si la propuesta tenía apoyo de un legislador y del secretario de transparencia, seguro iba a ser más popular. Con esa idea, durante dos meses Andrés Idárraga y yo estuvimos en contacto y, lo más importante, le compartimos a él y a su equipo borradores de nuestra propuesta para que conocieran nuestras ideas conforme las íbamos teniendo. Todo nos fue llevando hasta el 17 de febrero cuando recibí una oferta que, ahora que lo pienso, se pareció más a un ultimátum: Si queríamos el apoyo de Andrés Idárraga y de la secretaría de transparencia, entonces teníamos que aceptar que la propuesta saliera de nuestras manos («En el gobierno nacional soy quien la lidera») y, lo más importante, el entonces secretario me pidió modificar el texto de nuestra propuesta y que Pares presentara su texto como si fuera nuestro, ocultando que la secretaría de transparencia participó en él. La plata que nos ofreció Andrés Idarraga. Ahora mismo reflexionándolo parece que solo son nos exigieron dos cosas, pero creo que en realidad fueron tres. Nos pidió liderar el proyecto, nos pidió modificar nuestra propuesta y nos ofreció dinero. En ese momento hasta me pareció chévere que nos ofreciera recursos de la secretaría para hacer eventos sobre la propuesta y para darle difusión. Mis amigos ultracolombianos y ultrainteligentes me explicaron, con palabras muy bonitas y amables, que ni de broma podíamos aceptar sus condiciones y su dinero. No aceptamos (afortunadamente) y pasó algo muy curioso; Andrés Idárraga tomó molestia conmigo. En el lapso de 2 segundos se acabaron la afabilidad y amistad; cuánto se conoce a alguien cuando le dicen que no. Pares presentó la propuesta al público y, por decirlo de modo suave, no funcionó. Los periodistas preguntaron lo que hacía un mexicano opinando sobre Colombia; la Corte Suprema cuestionó los aspectos técnicos y de independencia de la propuesta —y, la verdad, tuvo razón— y la fiscalía llamó a la propuesta una «puñalada a la justicia» y a los que la propusimos —con muchísimo sarcasmo— «genios y marcianos». Además de esto, por razones que entran más en lo de telenovela mexicana, la propuesta nunca se radicó oficialmente como iniciativa legislativa. El resultado fue que el juicio nacional anticorrupción cayó en estado de coma. Importaba dar ese contexto, pero ahora vamos a lo técnico; el juicio nacional anticorrupción como solución. «Toda gran guerra termina con un gran juicio», repitió mi amigo Alejo un montón de veces (la verdad, tantas que dejé de contarlas por ahí de 200). Cuando presentamos el juicio y hasta hoy en Pares seguimos convencidos de que la realidad de Colombia tiene condiciones perfectas para que —aprendiendo de los aciertos y errores en otros países— se cree una institución temporal que sea la máxima autoridad en investigar y juzgar casos de macrocorrupción. Siempre vimos esto desde la perspectiva de la realidad legal, pero hoy también creemos que es cierto desde la realidad política del país. Presidente Petro, ¿no sería buena idea mostrar a propios y extraños que este gobierno no tolera la corrupción y le hace la guerra con instituciones de nivel mundial y no solo con retórica y buenas intenciones? De pronto no es tan mala idea escuchar a los marcianos. En Pares creemos que no ha existido mejor momento —en Colombia y en el mundo— para crear instituciones anticorrupción de este tipo. No ha existido mejor momento por dos razones: (1) la sociedad nunca había sabido tanto sobre cómo construir una institución anticorrupción exitosa; y (2) esta crisis es, en realidad, la oportunidad de mostrar que el Estado se toma en serio la corrupción Sobre las instituciones anticorrupción exitosas, gracias al trabajo incansable que se ha hecho en otros países —como Guatemala, Bolivia, Ecuador, México, Nigeria, Uganda, Kenia, Eslovaquia, Rusia, Ucrania, China, Francia, EE.UU. y un largo etcétera— hoy podemos ver con nitidez los errores y huecos en el camino que hay que evitar. Y no solo podemos conocer estos aprendizajes de forma anecdótica e indirecta, sino que este gobierno tiene de su lado al tesoro que es el cúmulo de experiencias que el ministro Iván Velázquez tuvo en su paso por la CICIG[1]. Y eso es en el aspecto empírico, pero, en materia de investigación teórica, hoy existen ¡cientos! de estudios cualitativos y cuantitativos que —con datos reales y no solo con hipótesis y teoría— identifican los errores y aciertos de instituciones anticorrupción de todo el mundo. Presidente Petro, los que más saben de anticorrupción en el mundo (1) nunca habían tenido tantas herramientas para hacerlo bien; y (2) ¡ya están en su gabinete! Sobre la oportunidad que esto presenta, impulsar el juicio nacional anticorrupción puede ser una bala de plata. Perdóneme por hablar en términos oportunistas, pero no quiero ser quien desaproveche oportunidades buenas. El escándalo que posiblementeimplica a Andrés Idárraga es especialmente pegajoso; quien debió ser como la esposa del césar —no solo ser intachable, sino también parecerlo— metió a extraños a la casa. Este problema tiene solución y no solo eso, sino que presenta un camino lleno de posibilidades. Desde luego, la fórmula de destituir al involucrado en el escándalo ya no es suficiente y la ciudadanía ya lo sabe. Pero, además, la izquierda vive una realidad muy accidentada —que no será nada nueva para quienes conocen la lucha feminista—; tiene que trabajar el doble para ser reconocida la mitad y sus errores se ven del doble de su tamaño real. Esta administración, por el solo hecho de ser el primer gobierno de izquierda de Colombia, ve que su oposición hace ruido desmedido de sus retos y desaciertos, sin importar de qué tamaño sean. Presidente Petro, si usted abre los brazos al juicio nacional anticorrupción mandará un mensaje claro a la ciudadanía y a la oposición; este gobierno no es uno de medidas simples, sino de soluciones potentes y duraderas. No deje que este tropiezo se vea del doble de su tamaño. En su lugar, pise este escándalo; úselo para impulsar al gobierno al siguiente escalón, que es una institución moderna, fuerte, efectiva y ejemplar. Ya tiene la solución; nosotros— @parescolombia , @ LeonVaLenciaA , @aalvaradobe y @Michel_Levien — estamos prestos a ayudar. [1] Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

Por: Laura Bonilla No puedo encontrar una palabra más concisa para describir la situación que, según muchos, enfrentamos. Tanto mis colegas del gremio como yo compartimos una profunda insatisfacción con el estado actual de las cosas en cuanto a paz y seguridad. Esta sensación se asemeja más a una tristeza colectiva o a una fuerte desilusión. La sensación de 'sinsalida' surge cuando uno siente que ha intentado todo sin obtener resultados. El análisis de la situación actual en cuanto a seguridad y violencia a menudo cae en estos clichés. Frases como 'estamos peor que antes' o 'la paz no está funcionando' son comunes en eventos de análisis en los que coincidimos casi siempre. Sin embargo, en muchas ocasiones, no comprendemos realmente lo que está sucediendo. ¿Estamos siendo arrastrados por una desazón colectiva que, a su vez, está llevando a la opinión pública a considerar que cualquier opción de paz es inviable? Ésta, les confieso, es mi gran preocupación hoy. No creo que estemos equivocados, especialmente porque los datos, la evidencia y los testimonios respaldan nuestra afirmación de que estamos experimentando un aumento grave, preocupante y dramático de la violencia, que afecta especialmente a la vida y la dignidad mínima de las personas más vulnerables. Pero sí creo que la mayoría de los análisis se están equivocando en la causalidad. Y, además, que, en el ánimo de la desilusión, un resultado no esperado puede ser un viraje a una alternativa de guerra abierta y total contra unos sectores, mientras se congracian con otros, al estilo de Bukele. Por eso creo que es mucho mejor hacer más preguntas y menos afirmaciones. Por ejemplo: ¿produjo la paz total una oleada de violencia e inseguridad? ¿Y cómo lo medimos o demostramos? Probablemente los anuncios desordenados del 2022 y el establecimiento de negociaciones tuvieron un impacto en la violencia ejercida con los grupos, especialmente en la violencia orientada al disciplinamiento social y político de las comunidades, como lo es el asesinato de líderes sociales. ¿Pero y las demás? En el caso del EMC efectivamente lo que demuestran los datos y también los testimonios es que durante el período del cese al fuego se hicieron más fuertes en donde ya tenían presencia. ¿Pero no es posible que parte de esto se deba a la unificación – un tanto artificial – de diversos grupos disidentes para facilitar la negociación con el gobierno? En este caso, ese sí sería un efecto directo de la política de negociación del gobierno nacional. ¿Pero hubiera ocurrido lo contrario ante la ausencia de ella? Y si esto es así, ¿por qué el número de grupos armados pasó de 18 a 33 entre el 2018 y el 2022 cuando la política estaba absolutamente lejos de las negociaciones de paz? Finalmente se podría preguntar: ¿Es verdad que lo que está produciendo la violencia son las confrontaciones o combates entre grupos? O más bien no estamos entendiendo bien este ciclo de violencia. También sería un exabrupto decir que lo que ocurre se ha dejado campante al narcotráfico o a las economías ilícitas cuando registramos las mayores cifras en diez años de incautación de cocaína (aumentó en un 13%) o en la intervención de minas ilegales (46%). O incluso uno podría decir que es un error analítico establecer tantas consecuencias en el comportamiento de un solo actor (El Estado) e ignorar las de otro muy importante (el mercado, en este caso de drogas y bienes ilícitos). ¿No podría ser que nuestra nueva ola de violencia también está muy asociada a cambios en los mercados asociados a la criminalidad como la baja en los precios de la coca o el exceso de oro ilegal cuyas rutas son operadas por el Clan del Golfo? ¿Y qué tanto los mercados de la corrupción económica y política son hoy más patrocinadores de la violencia que el mismo narcotráfico? Lo que no podemos perder como país, pese a todos estos retos, es la necesidad de que alcanzar la paz sea el fundamento de un acuerdo nacional entre los sectores políticos democráticos, no violentos y alejados de la corrupción. Pero la narrativa de la 'sinsalida' no nos ayuda a hacerlo. No está de más recordar que cuando las sociedades llegan a este punto, les da por experimentar con el autoritarismo.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Lo más probable es que a partir de junio de este año, los hogares, pequeñas industrias y comercios en Colombia tendrán un aumento en el “recibo de la luz”; o si se quiere, habrá un incremento generalizado en el valor de las facturas de los servicios públicos domiciliarios en el país. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), quien es la organización encargada de fijar el precio de la energía eléctrica en Colombia, decidió ajustar las fórmulas tarifarias para “establecer un esquema diferencial que promueva el ahorro en el consumo de energía por parte de los usuarios”. Está medida la tomó el 20 de abril de 2024, usando la Resolución 101 042, “por la que se establece un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica para promover la recuperación de los niveles de los embalses del país y prevenir así eventuales desabastecimientos” (art. 1). El programa consiste en cobrarles a hogares, pequeñas industrias y comercios un valor extra por cada kilovatios-hora por día (kWh-día) de energía eléctrica que consuman, más allá del promedio de los últimos tres meses anteriores a la medida —antes del 15 de marzo de 2024—. Este cobro se hará dependiendo del estrato socioeconómico del usuario: para los estratos del 1 al 3 el sobrecosto por los consumos adicionales será del 30%, los estratos del 4 al 6 el Kvh-día extra se incrementará en 50% y para el comercio e industria regulada la unidad de energía adicional tendrá un costo doble —un 100 por ciento mayor—. Con esta regulación, la CREG busca incentivar el ahorro en el consumo de energía en el país, en los próximos seis meses —incluso podrá prorrogarse por seis meses más—. Es una medida con la que se intenta aportar a la estabilidad del sistema energético, en un momento crítico del sector eléctrico, donde el Fenómeno de El Niño ha provocado una reducción en los niveles de los embalses y donde es necesario tomar medidas para responder a la contingencia para evitar posibles racionamientos. Los incentivos, que pueden ser monetarios o no, son herramientas que usan los agentes reguladores de los mercados con el objetivo de generar cambios positivos en los hábitos y comportamientos de los actores económicos, sean estos oferentes o demandantes. En este caso, son acciones para controlar o reducir la tendencia creciente en el consumo de energía eléctrica en el país. Dado que es un programa nacional, a todo los agentes que participan en el mercado les debe quedar muy claro: primero, el comportamiento que se quiere cambiar —el consumo promedio diario creciente hasta el 15 de marzo de 2024—. Segundo, la meta ajustada para todos los usuarios —al usuario le debe llegar en la factura la meta de consumo mensual para que la tengan presente y trate de cumplirla—. Y tercero, los incentivos que se le entregarán—positivos para los que estén por debajo del consumo promedio, y negativos para los que estén por encima—. Frente a estas medidas se pueden hacer muchas críticas, lo que incidirá en que a partir de junio y hasta diciembre de este año, como mínimo, el pago de los servicios de electricidad aumentará para la ciudadanía en general. El incremento se producirá debido, entre otros, a los siguientes tres factores: Primero, a la tendencia creciente que viene presentando el consumo de energía en el país y que es difícil revertir, debido a las dinámicas del crecimiento económico. Según XM, quien es operador del mercado eléctrico, en los tres primeros meses del año, comparado con el anterior, se presentó una subida general de 7% en la demanda de la energía; y en marzo el aumento fue del  12%. Incluso en la misma resolución se dijo que “a la fecha la demanda de energía eléctrica presenta un crecimiento de 8.31 % comparado con los mismos días del mes del año inmediatamente anterior”. Segundo, al aumento de las lluvias a partir de abril, en muchas regiones del país. Este cambio en el clima está provocando que la gente se relaje con la responsabilidad frente al consumo de energía. El incremento en las precipitaciones está generando una sensación de que la carencia del recurso hídrico ha desaparecido, y, por tanto, la programación mental inicial de reducir el consumo de energía está desapareciendo. Finalmente, el tercer componente que afectará la efectividad del programa está en el agente que el regulador estableció como responsable de aplicar la medida. Según el artículo 7 de la resolución “Los comercializadores deberán hacer divulgación masiva a los usuarios regulados a través de todos sus canales de comunicación sobre el programa de incentivos al uso eficiente de la energía, a más tardar desde el quinto (5°) día hábil siguiente a la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta que finalice el presente programa”. Es decir, le corresponde a los comercializadores informar a los usuarios regulados sobre el presente programa de incentivos al uso eficiente de energía. A las empresas comercializadoras, que son las que nos entregan las facturas y a las que les pagamos, nos debe informar sobre las tarifas que aplicarán, hacer seguimiento a los consumos, hacer efectivo los castigos o sobrecostos y entregar los beneficios, si es que alguno lo cumple. Es decir, el regulador puso a los ratones a cuidar el queso. La CREG le entregó a los comercializadores la responsabilidad de realizar las campañas informativas para promover reducciones en el consumo de energía entre sus usuarios no regulados. A darle consejos prácticos a los usuarios para que no les compren más energía, a desincentivarlos para que bajen el consumo de electricidad. En breve, le entregaron a las empresas comercializadoras —que tienen intereses directos para que aumente el consumo y no para que caiga— la responsabilidad de ejecutar un programa de ahorro de energía. Y, aunque es cierto que las empresas comercializadoras manejan la información sobre consumo y son los más cercanos al usuario, también es cierto que sus ingresos y ganancias dependen de la demanda y consumo de energía. Además, los comercializadores verán aumentado los costos de operación de su actividad, al verse obligados por el regulador a responsabilizarse de implementar un programa que los perjudique. En síntesis, estamos ante un complejo programa de incentivos con el que se busca aumentar el ahorro de energía eléctrica en el país. Un programa que requiere del conocimiento de los usuarios para que los premios y castigos funcionen en el sentido deseado. Una regulación que ha puesto como responsable de la implementación del programa a la misma industria y, en especial, a un agente que le interesa más el crecimiento del negocio que su reducción. Finalmente, un sistema de incentivos que castiga más de lo que premia, pues el exceso de consumo se cobra de manera inmediata en la factura, entre un 30% y un 100%; mientras el ahorro se premiará con tan solo el 30% para todos y será efectivo solo al final del programa (art. 6) —que puede durar entre 6 y 12 meses—. Pregúntese como usuario-cliente entonces: ¿cuál es su meta de ahorro de energía mensual? ¿a partir de qué nivel de consumo le cobrarán más? ¿cuánto es su consumo mensual? ¿cuánto me están cobrando de más? y ¿cuándo me darán la recompensa, si es que tengo derecho? Por último, indague a la empresa comercializadora que lo atiende y diga si ella está realizando “una campaña educativa intensiva”, entregándole la información apropiada y suficiente para que el programa de ahorro de energía funcione y, además, de dónde está sacando el dinero para atender toda esta labor. *Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Iván Gallo Fotos tomadas de: El Espectador y Semana Olmedo López se regodeaba diciendo al que quisiera escuchar que era un hombre de izquierda. Si bien ha sido parte del Polo Democrático desde el 2006, y trabajó de la mano de la senadora Clara López, Olmedo es más cercano al partido Conservador de lo que quiere reconocer. Él nació en Itagui y trabajó en esta alcaldía cuando estaba al mando del actual senador Carlos Andrés Trujillo, uno de los grandes escuderos en Antioquia del ex alcalde Daniel Quintero. Olmedo, según reveló la W Radio, fue secretario de ambiente en esa alcaldía. Pocos conocían a Olmedo López antes del escándalo de los carrotanques con los que querían calmar la sed en La Guajira. Pero antes de estos hechos ocurrió a lo que no se le dio la dimensión necesaria. Poco después que la contraloría lo suspendiera el 5 de diciembre del 2023, surgió, prácticamente de la nada, una marcha al frente de las instalaciones de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos pronunciándose en torno a la decisión del ente de control. Aún retumban las consignas de “Olmedo, amigo, el pueblo está contigo” de una marcha de 3000 manifestantes que arrancaron a caminar desde la Contraloría hasta la UNGRD. Se quería presentar a Olmedo como un fenómeno de masas, un político con fuerte arraigo popular. W Radio indagó en su momento por el origen de los recursos de los manifestantes que llegaron de territorios de la Costa Caribe y, aunque el principio se habló de que se habían conseguido recursos a partir de la iniciativa y el empuje de lideres de juntas de acción comunal, hubo testimonios, como el del líder social Eliecer Polanco, que afirmó que esas manifestaciones habían sido financiadas con dinero público. Una vez suspenden el contralor a López este, en su delirio populista, decide entregar los carrotanques que calmarían la sed de la Guajira. El encargado de entregarlos fue Sneyder Pinilla, el ex subdirector de la UNGRD quien salió la semana pasada a echar al agua a funcionarios del gobierno Petro como la consejera presidencial de regiones Sandra Ortiz, de quien, Pinilla afirmó, le habría entregado 3.000 millones de pesos destinados a la UNGRD a Iván Name, presidente del Senado, para ayudar a gestionar las reformas en el Congreso. El próximo miércoles 8 de mayo Pinilla deberá asistir a una audiencia en donde deberá entregar pruebas de sus acusaciones. En la matriz donde entregó nombres de senadores presuntamente sobornados por Petro está el presidente de la Cámara Andrés Calle. Sandra Ortíz fue separada de su cargo por decisión presidencial al igual que su secretario de transparencia Andrés Idarraga. ¿En qué consiste el escándalo de los carrotanques?  ¿En qué consiste este escándalo en donde se perdieron más de cuarenta mil millones de pesos? Carlos Carrillo, el actual director de la Unidad de Gestión de Desastres -el cuarto que pone Petro en menos de dos años de su gobierno- encontró lo siguiente: el 12 de octubre del 2023 se contratan los primeros 40 -por 1.170 millones cada uno- con una empresa que se llama Impoamericana Roger SAS, su dueño, según Infobae, era un pastuso de 26 años de nombre Roger Alexandra Pastas Fuertes, de profesión veterinario. La compañía está radicada, desde el año 2017 en Cúcuta y, en teoría, según sus registros comerciales, es más una ferretería que cualquier otra cosa. No es fácil mandar a hacer cuarenta carrotanques y en Colombia hay pocas empresas con la capacidad para producir esos carrotanques. De los cuarenta carrotanques, según Carlos Carrillo, el director de la UNGRD que puso Petro después del escándalo, sólo nueve estaban debidamente construidos por la empresa Romarco. Era bastante improbable que las máquinas estuvieran listas en el tiempo que se les requirió. Los otros se mandaron a hacer con una empresa que se llama Incoltanques, la calidad era bastante inferior y 21 de otros carrotanques se mandó a hacer con una empresa que no tiene ningún tipo de trayectoria. Esos vehículos no llegaron nunca a estar listos. Lo que se encontró Carrillo en la UGRD fue espantoso. Era un organismo abierto al robo. “El atraso en la gestión documental era aterrador, los funcionarios podían subir y borrar lo que quieran. El desorden es así para meter las manos en ese baúl lleno de monedas de oro”. Le dijo Carrillo a María Jimena Duzán en una entrevista para su podcast. Petro ha encontrado en Carrillo la solución para uno de los entes en donde se ha presentando mayor corrupción desde gobiernos anteriores. En la confesión que le hizo Sneyder Pinilla al periodista Daniel Coronell le recomendó a su ex jefe, Olmedo López, quien se encuentra prófugo de la justicia, a que hable y cuente la verdad. En las últimas horas se conoció un audio de Olmedo López pidiéndole a la Fiscalia un principio de oportunidad ya que él no actuó por iniciativa propia sino que recibió órdenes. Su confesión salpicaría a gente poderosa del gobierno nacional. Desde comienzos de este año la Fundación Paz y Reconciliación ha propuesto un juicio nacional anticorrupción que en cabeza de una sala especial en la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de una comisión mixta de expertos de la sociedad civil colombiana y de la comunidad internacional y con un respaldo de la Fiscalía General de la Nación. Algunos funcionarios, como el saliente secretario de transparencia, intentaron manipular la propuesta tal y como lo denuncia el investigador mexicano Michel Levin en una columna que saldrá publicada en esta página. Olmedo López es un error que le puede salir muy caro a este gobierno.

Por: León Valencia Ahora que Iván Name, Sandra Ortiz y Andrés Idárraga aparecen involucrados en el grave escándalo de millonarios sobornos para el contrato de carrotanques para llevar agua a la Guajira, es más pertinente la propuesta que le hicimos desde la Fundación Pares al presidente Petro a principios de su gobierno: “Poner en marcha un juicio nacional anticorrupción a través de una sala transitoria en la Corte Suprema de justicia con el apoyo de una comisión especial mixta entre sociedad civil de Colombia y expertos internacionales". En esa oportunidad entramos en conversaciones con Andrés Idárraga, secretario de transparencia de la presidencia, quien en principio habló bien del proyecto, pero después, cuando aún no estaba completamente desarrollado y corregido con las anotaciones que nos hacían expertos juristas, lo filtró a la prensa con el ánimo de abortarlo. Ahora entendemos por qué. Entendemos también por qué la propuesta tuvo resistencias entre algunos parlamentarios incluido Name. La Corte Suprema de Justicia, en ese entonces, hizo críticas justas a la propuesta por el error que cometimos de agrandar innecesariamente el número de magistrados que debía integrar la sala transitoria y porque temían que en el desarrollo del proyecto se vulneraría el principio de independencia del organismo. Queremos llamar nuevamente la atención del presidente Petro, del Ministro de Justicia de la Fiscal General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia sobre la necesidad de poner en marcha un mecanismo extraordinario de justicia con apoyo internacional para investigar y juzgar los macro-casos de corrupción incubados por los clanes políticos que han sacudido al país en los últimos años y también están sacudiendo las entrañas del primer gobierno de izquierdas de Colombia. Tendrá que ser un mecanismo y un proceso concertado entre todas estas instancias del Estado, que no genere prevenciones y reciba el apoyo de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

Por: Guillermo Linero Montes La historia de las marchas populares en Colombia, es de estragos civiles, es de crímenes de estado, es de gente desaparecida y es de empresarios malsanos, que en venganza política empeoraban la esclavitud de sus empleados después de cada marcha. Las marchas del 1 de mayo, por ejemplo, sirvieron en los dos gobiernos de Álvaro Uribe para gritarle paraco, que es un calificativo envolvente de delitos atroces; y a Juan Manuel Santos, en las marchas del 1 de mayo le cuestionaban “la orientación neoliberal de su gobierno que se caracterizó por “la mercantilización de la salud y la educación, por su empeño en ahondar el modelo de acumulación basado en la extracción de materias primas, principalmente minerales, y por la promoción a la inversión por parte de multinacionales”[1]. Y ni qué decir de las marchas contra Duque, pues la historia ya las tiene registradas como batallas campales entre una población juvenil, que ejercía su libre derecho a protestar, y un estado represivo e infame que se los prohibía. En contraste, las marchas del 1 de mayo, ahora bajo la presidencia de Gustavo Petro -que fue elegido por la incuestionable voluntad popular- no hubo ni siquiera pliegos de peticiones laborales, y los profesores, y los trabajadores de la banca y de la salud, no salieron tras reivindicaciones. Tampoco los indígenas salieron a exigirle al gobierno que les devuelva sus territorios históricamente arrebatados, ni a pedir que les rediman la dignidad menoscabada; sino salieron a reafirmarle su apoyo incondicional. Los estudiantes tampoco salieron a protestar con máscaras ni escudos para su protección, sino salieron con tambores a agradecerle al presidente por su firme decisión de ampararlos educativa y laboralmente. En fin, esta vez la gente se reunió, en un coro de voces sensatas, de voces telúricas, para manifestar su credibilidad y compromiso con el presidente Gustavo Petro; y salieron a exigirle al régimen -no al gobierno- que ceda en sus egoísmos; pues, de no hacerlo el pueblo hará sus reformas a través de una constituyente. Una constituyente que le restaría al régimen su poder político desmedido e infame o, en el peor de los casos, un levantamiento popular espontaneo que extinga esa anomalía; pues, como lo exige el modelo de la democracia, sólo debe regir el poder popular, es decir, el poder de las mayorías. No obstante, la oposición y sus medios de comunicación comprados, se han puesto de acuerdo en afirmar que el presidente usurpó a los trabajadores el derecho histórico de salir a protestar cada 1 de mayo, contra los empresarios esclavistas y contra los gobiernos corruptos. No les cabe en la cabeza, y ni siquiera en el sentido común, que las marchas de este 1 de mayo, por su propia cuenta hicieron a un lado sus peticiones consuetudinarias para darle espacio a su respaldo incondicional al gobierno de Gustavo Petro. No en vano, en su discurso de agradecimiento al pueblo por su respaldo, el presidente señaló dos caminos a seguir: el camino del respeto por la dignidad humana de nuestros nacionales, al proponer la constituyente; y el camino de la lucha por la dignidad humana de todas las personas del planeta, al romper relaciones con un gobierno y un gobernante -no con el pueblo de Israel- que parecieran divertirse asesinando niños y niñas con bombas lanzadas a la población civil de Palestina. Una población inocente, blanco de descerebrados que están actuando igual a los paramilitares en nuestro país, que incapaces de confrontar a sus verdaderos enemigos, se desahogaban arremetiendo contra los campesinos: a quienes les violaban sus  mujeres, les degollaban  sus hijos y a ellos los decapitaban o los arrojaban a los hornos crematorios; repito, sólo y únicamente, porque no podían y temían confrontar a sus verdaderos enemigos. Con todo, frente a la multitudinaria presencia de la gente, muchos colombianos y colombianas se preguntan ¿por qué el pueblo, ese que en sus marchas del 1 de mayo siempre les ha reclamado a los gobiernos y a los gobernantes por sus injusticias, elegían como presidentes a sujetos que terminaban ligados judicial o extrajudicialmente a crímenes de lesa humanidad, como los  expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, que auspiciaron por acción o por omisión los denominados “falsos positivos”; es decir, el asesinato por la espalda a más de siete mil jóvenes humildes sin que estos hubieran cometido un solo delito? Y se preguntan también ¿por qué ese pueblo mayoritario, en las elecciones del periodo presidencial de 2018 a 2022, no eligió al candidato Gustavo Petro -de expresa sensatez e inteligencia- y optó por Iván Duque -de palmaria y crasa ignorancia-? ¿Por qué prefirieron a un presidente que no tuvo miramientos para aplastar a quienes se atrevieron a protestar contra sus burdas reformas? Y se preguntan con justa indignación ¿por qué ese pueblo que sale a protestar multitudinariamente los 1 de mayo, y del cual se surte la tasa electoral del país, ha sido capaz de elegir -en los periodos presidenciales anteriores al presidente Petro- a individuos con apellidos de familias pudientes, a corruptos y a delincuentes, y no a honestos candidatos de su raigambre social? La respuesta a estas preguntas es una sola y es muy elemental: porque las elecciones se compraban y los tarjetones y los formularios se adulteraban. Esa es la realidad de nuestra historia electoral: antes del triunfo del presidente Petro, nunca ganó alguien por quien el pueblo hubiera votado. [1] Rodríguez, E. (2014). La protesta social en el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Jurídicas CUC, 10 (1), 233 - 281.

Por: Katerin Erazo, Periodista Tras las recientes declaraciones explosivas de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde afirmó haber entregado millonarios sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes para agilizar la aprobación de reformas gubernamentales, el Gobierno Nacional ha respondido con determinación. A través de un comunicado de prensa emitido desde la Casa de Nariño, se informó que el presidente Gustavo Petro ha ordenado la creación de una Mesa Técnica de Coordinación dedicada específicamente a documentar casos de mal uso de recursos públicos. Este equipo, liderado por una dependencia especializada, contará con la participación de la Presidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Judicial y auditores externos especializados. Enfatizando en su política de "cero tolerancia" hacia la corrupción, la Presidencia anunció que cualquier indicio de corrupción será identificado, documentado y enfrentado, facilitando la acción independiente de la Fiscalía. La Mesa Técnica también establecerá una estrecha colaboración con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, enfocada en la identificación de capitales internacionales derivados de actos corruptos. Además, se ha solicitado la colaboración de la Contraloría y la Procuraduría, asegurando su independencia y competencia en la supervisión de las actuaciones gubernamentales. La Agencia Nacional de Defensa Judicial desempeñará un papel clave al prestar toda la colaboración necesaria a la Fiscalía General de la Nación. Estas medidas se toman en respuesta a las acusaciones vertidas por Pinilla, quien afirmó haber distribuido $4.000 millones entre los presidentes del Congreso con el propósito de acelerar la aprobación de reformas. Según sus declaraciones, los pagos se realizaron en efectivo y en maletas, entre septiembre y octubre de 2023, con el supuesto objetivo de impulsar las reformas sociales del Gobierno Nacional. En el marco de estas acusaciones, se señaló la presunta participación de otras figuras gubernamentales, incluyendo al entonces director de la UNGRD, el ministro del Interior y la consejera para las Regiones. La Mesa Técnica se encargará de investigar a fondo estos alegatos y adoptar medidas para asegurar la integridad corporativa y la transparencia en todas las instancias del Gobierno. La gravedad de las acusaciones y el compromiso del Gobierno Nacional con la lucha contra la corrupción han llevado a la implementación de estas medidas sin precedentes, en un esfuerzo por restaurar la confianza pública en las instituciones y garantizar la rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno. Según Alejandro Char, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el establecimiento de una mesa técnica conlleva varias implicaciones significativas. En primer lugar, está la respuesta del gobierno ante las acusaciones de Sneyder Pinilla, funcionario de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, lo cual parece ser un intento de protegerse de las acusaciones de corrupción que han surgido recientemente. Estas acusaciones incluyen el manejo de fondos para campañas políticas, como el caso de Nicolás Petro, así como el destino de recursos destinados a proyectos específicos, como el caso de Laura Sarabia. Estos incidentes, junto con otros, están generando un impacto dentro del Estado y plantean dudas sobre la profundidad de la corrupción y la capacidad del gobierno para abordarla de manera efectiva. Char también menciona que la falta de claridad sobre la metodología y el alcance de la mesa técnica complica aún más las cosas. Sin conocer qué casos se investigarán, qué enfoque se tomará y qué instituciones participarán, es difícil evaluar el impacto real de esta iniciativa. Además, señala que la corrupción en Colombia es un problema sistémico que afecta todos los niveles del gobierno y que no se puede resolver únicamente mediante investigaciones. Se necesita una solución integral que aborde las dinámicas políticas y burocráticas que permiten la corrupción. Sin embargo, el investigador considera que esta iniciativa es una dinámica interesante, ya que representa un esfuerzo del Estado por abordar los casos de corrupción que están saliendo a la luz. Además, señala que aunque llega tarde, podría dejar un legado en cuanto a cómo el Estado enfrenta la lucha contra la corrupción. Además, añade que esta iniciativa también puede interpretarse como un intento de la rama ejecutiva del Estado por organizar y comprender mejor la profundidad y alcance de las acciones de los funcionarios públicos, incluso dentro de su propio gobierno. Esto sugiere que la creencia común de que el presidente está al tanto de todas las acciones de sus ministros y funcionarios de rango medio puede no ser tan cierta, lo que resalta la complejidad de rastrear y comprender completamente las intenciones y acciones de los actores dentro del servicio público. En este sentido, la mesa técnica también podría considerarse como un esfuerzo por mejorar la capacidad de seguimiento y control en este ámbito, más que solo un intento de cubrirse.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Tiempo y Caracol Radio Se nota la incomodidad desde hace unas semanas del ministro del interior Luis Fernando Velasco. Este jueves 2 de mayo sus declaraciones contra Olmedo López causaron una tormenta política al calificarlo de “raterito que cogen con las manos en la masa” haciendo referencia al caso de los carrotanques de la Guajira. En las últimas horas el subdirector de la Unidad para la Gestión de Desastres, Sneyder Pinilla, afirmó saber qué políticos del gobierno habrían participado en el escándalo de los 40 carrotanques de agua que llevaron para calmar la sed en La Guajira y que tuvo un costo de 46 mil millones de pesos. El precio en el mercado de cada carrotanque era de 664 millones de pesos pero en la Unidad de Gestión fueron comprados cada uno en 1.100 millones. La tajada que sacaban era casi del doble del precio. Lo dramático es que en medio de la sequía y del alto costo, los carrotanques permanecen quietos ya que no están aptos para el uso por el que fueron contratados. Pinilla, quien está enredado en el tema, afirmó que está dispuesto a hablar con la Fiscalía y dar nombres del ejecutivo que habrían participado en este torcido. Cuando Pinilla soltó esa bomba en el programa el Reporte Coronell de la W Radio, cientos de usuarios de la red social X empezaron a señalar al ministro del interior. Uno de ellos, que aparece como Silvio Ramírez, lanzó una temeraria acusación contra Velasco y afirmó que él había dado la orden de facturar los carrotanques a un precio mucho más alto de lo que habían costado: $1.300 millones de pesos. Velasco inmediatamente lo demandó. Hay que recordar que Velasco estuvo al frente de la Unidad antes de que aterrizara en ella Olmedo López. Sin embargo el gran protagonista de este, un nuevo descalabro del gobierno, es Olmedo López. ¿Cómo llegó al petrismo este funcionario? Nacido en Jardín Antioquia, economista de la Universidad Autónoma Latinoamericana, quiso dar un salto grande cuando pretendió ser gobernador de Antioquia en el 2019 a pesar de que sólo había sido concejal. El nombre de Olmedo López también estuvo al lado del de María José Pizarro y Gustavo Bolívar en la lista de la decencia con el que intentaron llegar al Senado en el 2018 pero tampoco lo logró. Pero su paso por la política ha sido efímero ya que trabajó más de 30 años en el sector privado, según La Silla Vacía trabajó en empresas como Practimax y Ecovid. En la política fue su paso de 1 año y 7 meses como secretario de despacho del entonces alcalde de Itagui, Carlos Andrés Trujillo, su paso más destacado. Con Petro se conocen desde hace muchos años ya que ambos militaron al mismo tiempo en el Polo Democrático. En el 2014 fue gerente de la campaña de Antioquia en el intento que tuvo la política Clara López de ser la primera mujer presidente del país. Según el periodista Melquisedec Torres en una información que entregó a la red social X, Melquisedec fue el mayor aportante de recursos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2018, lo afirmó de esta forma: “¿Saben quién fue la persona natural que más plata le prestó a la campaña presidencial de Gustavo Petro en la elección presidencial de 2018? Un tal Olmedo López (Olmedo de Jesús López Martínez) le prestó a la campaña $300 millones. En total, en ese 2018, recibió 16 créditos particulares por un total, para ambas vueltas, de $1.294 millones”. El presidente entró en un rifirrafe con Torres por esta acusación. Una vez fue destituido Olmedo López de su cargo en gestión de riesgo su reemplazo, Carlos Carrillo informó en su momento que había encontrado un contrato de 31.600 millones de pesos para vender veinte carros de bomberos. El contrato estaba firmado por Olmedo López y por Sneyder Pinilla. Olmedo López decepcionó a la gente del Pacto Histórico, era hombre de confianza de Petro y por eso diferentes voces de esta colectividad como Martha Peralta Epiayú, líder del MAIS, afirmó sobre el escándalo presentado en La Guajira: “Y le dije: estas concentrando las ayudas en un solo sector y vas a provocar un problema con las personas que no están recibiendo las ayudas. Y el me decía: me dejé llevar de la persona que dijeron en Presidencia que debía ser quien diera las directrices y cómo lo hacíamos que era en ese momento el gerente que había nombrado el presidente para La Guajira”. La lealtad de Petro con Olmedo se traduce en varias defensas públicas que hizo una vez suspendieron a Olmedo López cuando empezaron a estallar los escándalos. En un video el presidente criticó la medida de suspender a López de esta forma: “Hay un desastre natural promovido por la crisis climática, los incendios, la entidad que debe dirigir eso se llama la UNGRD, y ¿dónde está el director? Suspendido”. Cabe resaltar que Luis Fernando Velasco sólo estuvo un mes en la Unidad de Gestión de Desastres y alentó a Pinilla para que le contara a la Fiscalía todo lo que supuestamente sabe.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Agrofy News En el marco del foro 'Panorama de la conectividad rural y del desarrollo industrial en la era digital', organizado por la Contraloría General de la República, el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, presentó hoy los logros y desafíos del 'Plan Nacional de Conectividad Rural' de Colombia. El ministro destacó que este plan, que cuenta con una inversión de $1,7 billones, tiene como objetivo principal llevar Internet a las zonas más apartadas y necesitadas del país, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos en áreas rurales. "Estamos comprometidos en transformar los territorios a través de la conectividad. Con la participación activa de la comunidad, hemos trazado objetivos claros para garantizar que las oportunidades que ofrece la tecnología sean accesibles para todos", afirmó el ministro Lizcano durante su intervención. Una de las iniciativas destacadas es el programa "Conectividad para Cambiar Vidas", que tiene como objetivo llevar Internet de banda ancha a 400.000 hogares de estratos 1 y 2 en 178 municipios de diversas regiones del país, incluyendo Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, La Guajira, Amazonas y Vichada. Además, el Ministerio TIC está trabajando en la instalación de infraestructura necesaria para garantizar el acceso a Internet de alta velocidad en las cabeceras municipales de 1.122 municipios y áreas no municipalizadas del país. Hasta la fecha, 1.110 cabeceras municipales ya están conectadas a redes de Internet de alta velocidad, gracias a proyectos como el Nacional de Fibra Óptica y el Nacional de Conectividad de Alta Velocidad. Otro aspecto fundamental del plan es la oferta de soluciones de acceso comunitario a Internet para los municipios rurales. En este sentido, se están implementando programas como el Proyecto Zonas Comunitarias para la Paz, que tiene como objetivo instalar 1.262 soluciones de acceso comunitario a Internet a través de zonas Wi-Fi en zonas rurales de 162 municipios PDET, ubicados en 19 departamentos del país. El ministro Lizcano también resaltó el Memorando de Entendimiento firmado con el Gobierno de Brasil, que permitirá desplegar redes de fibra óptica en Leticia, facilitando así la conectividad en esta importante región fronteriza. En línea con la estrategia Potencia tu Vida, PotencIA Digital, el Ministerio TIC está trabajando en conjunto con la Comisión de Regulación de Comunicaciones para aumentar el mínimo de velocidad de conectividad por Internet permitido para la zona rural, lo que contribuirá a mejorar la calidad del servicio en todo el país. Según Diana Herrera, líder del equipo de tecnologías de la información de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en Colombia, la brecha digital entre áreas urbanas y rurales es notable. Aproximadamente el 60% de la población en áreas rurales carece de acceso a internet, en comparación con solo el 18% en áreas urbanas (MINTIC, 2022). Esta disparidad limita el desarrollo integral de las comunidades rurales y agrava las desigualdades socioeconómicas. Un estudio realizado por la Fundación Pares en 10 municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) identificó que el acceso limitado a la infraestructura de telecomunicaciones es una de las principales barreras para el desarrollo económico y social en estas áreas. El 70% de las comunidades encuestadas carecen de acceso a internet, lo que afecta su capacidad para acceder a oportunidades de educación, empleo y servicios de salud, así como su desarrollo comunitario. En respuesta a la propuesta del Gobierno Nacional de crear Juntas de Internet-Comunidades de Conectividad, la Fundación Pares presentó al Ministerio un proyecto que se enfoca en tres pilares fundamentales: - Implementación de Infraestructura Digital: En colaboración con proveedores de servicios de internet locales, instituciones gubernamentales y aliados institucionales, se habilitará infraestructura de telecomunicaciones para aumentar significativamente el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y mejorar la conectividad. Esto permitirá acceder a oportunidades de educación en línea, telemedicina, servicios financieros digitales y empleo remoto. - Capacitación y apropiación comunitaria: Se desarrollará una ruta pedagógica participativa y activa, junto con una caja de herramientas adaptada a las necesidades locales. Esto incluirá programas de formación en competencias digitales, capacitación en emprendimiento digital, promoción de tecnologías inclusivas y programas de educación digital y telemedicina. Se espera mejorar las competencias digitales y la apropiación tecnológica en los beneficiarios. - Gestión de sostenibilidad a mediano plazo: El proceso de gestión para la sostenibilidad a mediano plazo de las comunidades digitales implica un análisis detallado de su situación actual, la definición de objetivos claros en colaboración con las partes interesadas, la identificación de partes interesadas clave, la exploración de estrategias de financiamiento sostenible, la implementación de medidas eficientes y la creación de un plan de monitoreo y evaluación. Promover y difundir el proyecto, así como establecer alianzas estratégicas, son cruciales. Este enfoque integral garantiza el desarrollo continuo y sostenible de las comunidades digitales, beneficiando a todos los involucrados y asegurando su viabilidad a largo plazo. Esta propuesta busca fortalecer las redes existentes o adelantar la construcción donde no existan, para que estas proporcionen el servicio de Internet comunitario fijo a sus asociados con lazos de vecindad (Juntas de Acción Comunal, JAC; Comunidades Étnicas), mediante un cobro social y equitativo.

Por: León Valencia Este primero de mayo las izquierdas y las organizaciones sociales dieron una enorme demostración de fuerza y organización, pusieron multitudes pacificas en las calles del país y coronaron la jornada con el discurso más desafiante y comprometido del presidente Petro. Es el quinto gran evento del pulso democrático que libran las izquierdas y las derechas en la tercera década del siglo XXI: el primero, "El estallido social"  de abril de 2021, donde se movilizaron siete millones de personas en seiscientos municipios del país; el segundo, las elecciones presidenciales  de 2022 donde sorpresivamente Gustavo Petro conquistó por primera vez la presidencia para la izquierda; el tercero, el trámite de las reformas sociales en el Congreso de la República donde claramente van ganando las derechas en su negativa a conceder los cambios que promueve la izquierda; el cuarto, la gran movilización de las derechas, las fuerzas empresariales y su apoyo social, el 21 de abril de 2024 que llevó a más de cuatrocientas mil personas a las calles; y el quinto, este primero de mayo donde las izquierdas superaron con creces la movilización del 21 de abril. En estos eventos es manifiesta la polarización del país, promovida desde las dos orillas. Esta polarización política y democrática irrita y espanta a mucha gente, pero si nos podemos la mano en el corazón, si lo pensamos, tenemos que concluir que esto es mucho mejor que la violencia entre liberales y conservadores en los años cincuenta del siglo pasado y mucho mejor que los sesenta años de conflicto armado que libraron las guerrillas y las élites del país, hasta la firma del acuerdo de paz con las FARC. Este pulso democrático entre izquierdas y derechas es una tormentosa transición hacia la normalización de la democracia, hacia la alternación política pacifica, que tanta falta le ha hecho al país. Unos eventos los gana la derecha, otros la izquierda. Debo confesar que soy feliz con estas grandes demostraciones democráticas, más feliz aún, si no están empañadas por dolorosos episodios de vandalismo o de represión y de violencia policial y militar.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: Prensa latina El detonante de la nueva fase de la guerra Israel-Palestina no fue el injustificable ataque de Hamás a más de 3.000 personas que asistían a un festival de música justo en la frontera del lado israelí de la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre del 2023. La herida estaba abierta desde hace mucho tiempo atrás. Desde su creación en 1948 las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel han venido siendo señaladas de constantes crímenes de guerra, sin embargo la comunidad internacional, en cabeza de los Estados Unidos, ha sabido cubrirle muy bien las espaldas y, a pesar de las investigaciones de la Corte Penal Internacional, Israel sigue invicta en materia de sanciones sin que le hayan pesado las evidentes y constantes violaciones a los tratados de Ginebra, al Pacto de Roma, actos de guerra que se inscriben claramente en la categoría de genocidio.  La primera vez que se usó la palabra fue contra los criminales de guerra nazis durante los juicios de Nuremberg donde se condenaron a la horca o a penas interminables a los cerebros del holocausto que alcanzaron a encontrar vivos las tropas aliadas. ¿Qué es genocidio según el derecho internacional? el asesinato deliberado de personas de un determinado grupo nacional, étnico, racial o religioso, con la intención de destruir al grupo, ya sea total o parcialmente. En ese sentido el ataque de Hamás del 7 de octubre que dejó 1.300 israelitas muertos es genocidio. Después de la matanza de Ruanda en 1998 quedó estipulado que estos actos también constituyen genocidio: 1.Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 2.Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; 3.Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; 4.Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Si, el ataque de Hamás es completamente repudiable, pero es tan sólo una respuesta a la larga lista de crímenes de guerra de Israel. En la primera guerra de 1948 se reportaron 24 masacres que produjeron un total de 800 civiles árabes. En la primera intifada se registraron, hasta 1991, 1374 palestinos asesinados por la policía israelita. En el mismo periodo de tiempo cayeron 93 israelitas. Durante la segunda intifada, que se inició el 29 de septiembre del año 2000 fueron asesinados 3.733 palestinos de los cuales 767 eran menores de edad y 1812 no formaban parte de grupo extremista alguno. El contragolpe de Israel a Palestina que está ocurriendo desde el 7 de octubre del 2023 deja claro que los israelitas buscan y promueven genocidio. Ellos quieren arrasar al pueblo palestino. Las imágenes difundidas por la televisión internacional de madres llorando a sus bebes aplastados por las bombas que lanzan desde el lado de la frontera israelita, causan impotencia y rabia. Hay que tener una carga ideológica muy grande para aplaudir esta venganza sustentada acaso en valores bíblicos pero que van en contravía del Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional. Vale la pena aclarar que ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, ni Israel, han ratificado este estatuto. En el año 2021 Human Right Watch determinó que Israel había violado las leyes de guerra después de que fueran asesinados 62 civiles palestinos en tres incursiones de su ejército al otro lado de la frontera que no tenían objetivos claros. Pero lo peor estaba por venir. La venganza que sostienen desde octubre del 2023 tiene la ferocidad que describía el Viejo Testamento cuando un Dios sangriento se levantaba a sacar ojos y dientes entre sus enemigos. Los ataques son indiscriminados y la cantidad de niños caídos hielan la sangre. El secretario general de la UNRWA describió lo que sucedía con una frase demoledora: “Esta guerra es una guerra contra los niños”. Los datos son hasta el 12 de marzo del 2024. Hasta ese momento habían muerto 12.300 jóvenes palestinos por los bombardeos israelitas. El dato, que son fríos y a veces tienen el poder de un tratado, es que en todo el mundo, entre los años 2019 y 2022, habían sido asesinados 12.193 jóvenes. Está claro que la misión de los perros de guerra que soltó Netanyahu es aniquilar una generación de palestinos. Hasta marzo del 2023, en cuatro meses de venganza estos son los datos de algo que es tan desequilibrado que no puede ser llamado confrontación: Hasta la fecha, más de 31.184 palestinos han muerto y 72.889 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias locales. Hasta el 12 de marzo, 247 soldados israelíes habían muerto en Gaza y 1475 habían resultado heridos desde el comienzo de la operación terrestre, según datos del Ejército israelí. Los ataques a ONG’s como la Media luna roja, el asesinato a siete miembros de la ONG World Central Kitchen, el ataque sistemático a hospitales o centrales de comida, ha causado una crisis sanitaria sin precedentes y acaba con cualquier tipo de esperanza. Se estima que hay más de 500 mil personas en peligro de hambruna y que de los 36 hospitales que habían en Gaza solo 14 están funcionando. En ellos el hacinamiento y el hambre son una constante. No fue una pataleta del presidente Petro anunciar que cortará relaciones diplomáticas con Israel. Por supuesto que podrá tener un alto costo diplomático pero en su discurso que sirvió de colofón a la marcha del pasado 1 de mayo deja clara las razones: "Hoy la humanidad, en todas las calles, está de acuerdo con nosotros. No puede volver la época del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra humanidad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir". Los datos, a pesar de lo que digan los noticieros nacionales, le dan la razón. Es una cuestión de humanidad. El genocidio del pueblo israelita contra el palestino, que arrancó hace 76 años, debe parar ya.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En Colombia, según el artículo 22 de la Constitución Política de 1991, el inicio, continuidad o finalización de un proceso de paz, con las estructuras armadas ilegales, le corresponde a la Presidencia de la República. Es el presidente, como Jefe de Estado, quien determina si se sienta o no a negociar, y además, si firma o no un acuerdo de paz. También, la normatividad le permite al presidente delegar o entregar a otras organizaciones o agencias la ejecución de las diversas tareas que exige la construcción de la paz —como las asociadas al acercamiento, negociación o implementación—. Como ejemplo tenemos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) o las distintas comisiones de negociación que hoy buscan la paz en variados procesos. En este sentido, es la Presidencia de la República y no las agencias u organizaciones que se les ha delegado las tareas de la paz —como la OACP o las mesas de negociación— la que tiene la última palabra en materia de paz en el país. Por eso, fue correcto que Vera Grave, la Jefa de la Delegación del Gobierno Nacional, le enviara un comunicado, este 27 de abril de 2004, al presidente Gustavo Petro para solicitarle: “tomar la decisión que considere en torno a continuar desarrollando los trabajos de la mesa nacional de diálogos con el ELN, o adelantar una mesa de diálogo con la estructura de Nariño, o determinar que dicha estructura ha dejado de ser parte de la organización con la que se está negociando a nivel nacional, para desarrollar con ella un proceso autónomo” (punto 3 del comunicado). Este comunicado tiene de positivo que lo firma la Jefa de la Delegación del Gobierno en la Mesa con el ELN. Lo que significa que la misma representante del Estado está reconociendo la dificultad que se tiene en el proceso por culpa de que Petro haya permitido abrir dos frentes de trabajo con la misma agrupación. Lo cual está poniendo en riesgo la continuidad del proceso que se viene adelantando con el Comando Central (COCE) del ELN y, por tanto, el cumplimiento de la tarea que se le ha encomendado a Grave como agente del Gobierno. Igualmente, es muy significativo el comunicado porque también lo firma Iván Cepeda, otro miembro delegado del Gobierno ante la Mesa de Negociación y uno de los artífices de la política pública de Paz Total. Quien, con esta carta, le está diciendo al presidente que dé respuesta a la solicitud de aclaración que le realizó la Delegación del ELN sobre los diálogos regionales que se tienen en el departamento de Nariño y donde una disidencia de ellos participa. Finalmente, llama la atención que se deje por fuera del comunicado a Otty Patiño, el Alto Comisionado para la Paz, quien fuera, hasta hace varios meses, el Jefe Negociador del Gobierno en la Mesa de Diálogos con el ELN. Y a quien se le veía poniendo todo su esfuerzo para que este proceso de paz saliera adelante, incluso olvidando los demás frentes de trabajo de la Paz Total, como los diálogos socio-jurídicos con las estructuras armadas criminales. Ante este comunicado el presidente Petro tendrá que responder. Pues, como le dicen Vera Grave e Iván Cepeda en el comunicado: “es claro que el Gobierno no puede adelantar un proceso de negociación en dos instancias con una misma organización: en este caso, una mesa nacional de diálogos como la que hoy existe con el ELN, y otra en un proceso con un frente guerrillero”. En este sentido Petro está obligado a sentar posición, pero está tomándose su tiempo y además podrá sorprender con la respuesta. Él sabe muy bien que debe tomar un camino: o negociar con el Comando Central del ELN, quien representa a la mayoría de la organización armada subversiva —actualmente cuenta con más de cinco mil miembros— y tiene la Mesa de Negociación parada. O negociar con una fracción al sur del país, que, aunque ha ido creciendo, su accionar está focalizado en un pequeño territorio y sus integrantes son relativamente pocos —se habla de 200 combatientes—. En su balanza pondrá todo lo negativo y positivo de ambos procesos. Reconocerá que el proceso con el COCE avanza lento y tiene riesgos de no llegar a un acuerdo final durante su período presidencial. Pero también es consciente que los beneficios totales de la negociación con el COCE son mayores, además, es un proceso que cuenta con mayor legitimidad, tanto entre la comunidad internacional como entre la sociedad. Ante este balance, lo más probable es que la opción de continuar con los diálogos la gane la Mesa con el COCE. A este proceso el Gobierno le ha invertido muchos recursos —sobre todo políticos—: desde el primer día de gobierno Petro le apostó a negociar con ELN en pleno, lo puso como prioridad en la agenda de la Paz Total y le ha entregado sus mejores fichas o al menos las más cercanas ideológicamente —los excamaradas del M-19 Otty y Vera—. Frente a otra dinámica que —aunque está considerado como otro pilar de la Paz Total— la ha explorado poco. La iniciativa y desarrollo de los diálogos regionales la ponen los mandatarios locales, además es un proceso con pocas claridades operativas y bajos desarrollos legales. En breve, a pesar de la disposición a negociar la desmovilización como lo sostiene Gabriel Yepes, alias “HH”, el jefe del Frente Comuneros del Sur del ELN, es el proceso más incierto tanto política como jurídicamente. En conclusión, Petro le apostará a la paz grande con el Comando Central. Pero no renunciará a los otros componentes de la Paz Total. A regañadientes, el presidente decidirá continuar con el COCE, pero le hará exigencias; además, no olvidará la puerta medio cerrada con los Comuneros del Sur. Petro mantendrá el tono de presionar a la Mesa para exigir mayor celeridad en el proceso de paz, en especial, en un mandato que cruza por la mitad. Y recordará los esfuerzos que el mismo Gobierno está realizando para invertir en las transformaciones de los territorios, como parte de los acuerdos parciales de Mesa. Por último, Petro aprovechará la coyuntura para, por un lado, activar los otros componentes olvidados de la Paz Total —como la paz con estructuras criminales y los diálogos regionales—. Y, por el otro, presionar la discusión de los puntos 2 y 3 de la agenda de negociación con el ELN: Democracia para la paz y Transformaciones para la paz, luego del proceso que se ha vivido en el últimos meses donde las organizaciones de la sociedad civil han construido una metodología para su participación en este proceso de paz. *Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.